Jurisprudencia por Saavedra Ruiz, Juan.

Incluso descartando la aplicación del mencionado delito contra la Administración de Justicia, los hechos probados cuya autoría se imputa al recurrente resultarían igualmente punibles, tal y como reconoce la parte, por la vía del artículo 396 del Código Penal, encontrando acomodo en este último precepto la pena privativa de libertad impuesta en se

La amplia interpretación del concepto de trabajador que ha venido aplicando esta Sala de casación -entendido como cualquier ciudadano, español o extranjero, potencialmente apto para desarrollar una actividad productiva y que acceda a nuestro territorio para tal fin, con inclusión del ejercicio de la prostitución-, merece una nueva consideración tras la expresa mención de la explotación sexual en el apartado segundo del artículo 318 bis -cuya aplicabilidad, en caso contrario, sería ilusoria, a

No existe un derecho de la persona entregada a que se decida en un juicio de extradición la expulsión directa acordada por las autoridades gubernativas del país en el que se encuentra, de forma que las pretendidas vulneraciones de derechos constitucionales y ordinarios sólo podrán ser revisadas jurisdiccionalmente desde el momento en que se produce la entrega y puesta a disposición del sujeto a las autoridades españolas, incluso cuando un acuerdo de expulsión fuese declarado nulo por los Trib

Acumulación de condenas.

Delito contra la salud pública. Tráfico de drogas. Presunción de inocencia. Tipo subjetivo. Dolo eventual.

Delito de asesinato. Drogadicción y alteración de la personalidad. Alevosía. Ataque por sorpresa. Tipo objetivo deducido por la Audiencia de las pruebas periciales.

Abono de prisión provisional. Doble cómputo. S.T.C. 57/08.

Acumulación de condenas.

Revisión de condena para adaptarla al nuevo Código Penal. No procede puesto que el límite de cumplimiento sigue siendo el de 30 años teniendo en cuenta el delito más grave de los calificados (artículo 572.1.1º y 2 C.P.)

DELITO: Delito continuado de malversación de caudales públicos. Tutela judicial efectiva y derecho a un proceso con todas las garantías. Error de hecho en la valoración de la prueba documental.Infracción ordinaria de ley: concurrencia del elemento del tipo consistente en tener a su cargo los caudales en razón a sus funciones.