Sentencia Penal Nº 1337/2005, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 62/2005 de 26 de Octubre de 2005

No existe un derecho de la persona entregada a que se decida en un juicio de extradición la expulsión directa acordada por las autoridades gubernativas del país en el que se encuentra, de forma que las pretendidas vulneraciones de derechos constitucionales y ordinarios sólo podrán ser revisadas jurisdiccionalmente desde el momento en que se produce la entrega y puesta a disposición del sujeto a las autoridades españolas, incluso cuando un acuerdo de expulsión fuese declarado nulo por los Tribunales del país de origen, los órganos judiciales españoles tienen el deber de seguir y ultimar el proceso penal correspondiente como obligación esencial derivada directamente del principio de soberanía del Estado español