Jurisprudencia sobre Cuestión de inconstitucionalidad.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación contra la desestimación presunta del Consejo de Ministros frente a la solicitud de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios morales y patrimoniales irrogados por la Dirección General de la Policía al acordar el pase del recurrente a la situación administrativa de segunda actividad por aplicación de la disposición adicional vigésima de la Ley 37/1988. En el caso que nos ocupa la acción de responsabilidad patrimonia

Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra desestimación presunta por el Consejo de Ministros de la reclamación de los demandantes, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de la indemnización, en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, formulada por los perjuicios derivados de su pase a la situación de segunda actividad. Se determina que, sin duda, la lesión se produjo, puesto que los demandantes de estar en situación de activo se les pasó a la situa

se impugnaba seis Ordenes Ministeriales del Ministerio de Fomento de 30 de diciembre de 2000, por las que se autorizan las tarifas y peajes máximos que habrán de regir a partir de 1 de enero de 2001.

Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia desestimatoria de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sobre impugnación de acuerdo de autorización de oficina de farmacia. La Sala declara que la razón y fundamento del recurso de casación es el concepto e interpretación que la Sala de Instancia hace sobre la Ley Foral 12/2000, con la que no está de acuerdo el recurrente, pero esa cuestión no puede resolverla ni val

Estima el TS el recurso del actor, procedente del extinto Cuerpo Superior de Policía, que se pasó a la situación de segunda actividad aplicando la DA 26 Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989-, interpuesto contra la desestimación presunta del Consejo de Ministros de la solicitud de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios morales y patrimoniales irrogados por la Dirección General de la Policía al acordar su pase a la si

Estima el TS el recurso del actor, procedente del extinto Cuerpo Superior de Policía, que se pasó a la situación de segunda actividad aplicando la DA 26 Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989-, interpuesto contra la desestimación presunta del Consejo de Ministros de la solicitud de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios morales y patrimoniales irrogados por la Dirección General de la Policía al acordar su pase a la si

Se desestima el recurso de casación interpuesto contra Sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sobre tarifa portuaria T-3. El Alto Tribunal señala que las retribuciones por la prestación de los servicios portuarios no son precios privados, sino prestaciones patrimoniales de carácter público. El Tribunal Supremo entiende que la tarifa portuaria T-3 es una tasa. El Alto Tribunal declara que la tarifa portuaria T-3 objeto de l

Se desestima el recurso de casación interpuesto contra Sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sobre tarifa portuaria T-3. El Alto Tribunal señala que las retribuciones por la prestación de los servicios portuarios no son precios privados, sino prestaciones patrimoniales de carácter público. El Tribunal Supremo entiende que la tarifa portuaria T-3 es una tasa. El Alto Tribunal declara que la tarifa portuaria T-3 objeto de l

Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra desestimación presunta de petición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, de reclamación de indemnización por responsabilidad del Estado legislador, sobre perjuicios derivados de su pase a la situación de segunda actividad. La Sala declara que la lesión se produjo, puesto que el demandante, de estar en situación de activo, pasó a la de segunda actividad, con las consecuencias profesionales y económicas que de ese hecho

Se desestima el recurso de casación interpuesto contra Sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sobre tarifa portuaria T-3. El Alto Tribunal señala que las retribuciones por la prestación de los servicios portuarios no son precios privados, sino prestaciones patrimoniales de carácter público. El Tribunal Supremo entiende que la tarifa portuaria T-3 es una tasa. El Alto Tribunal declara que la tarifa portuaria T-3 objeto de l