Jurisprudencia sobre Puertos.

Si a partir de 1 de Enero de 2001 la regulación de la Tarifa T-3 se hace por disposición con rango formal de ley, y se satisface así la exigencia constitucional de interposición del legislador que el Tribunal Constitucional ha venido recordando, señala la Sala sentenciadora que no cabe apreciar, entonces, motivo determinante de la anulación de la liquidación combatida en este proceso y girada por la Autoridad Portuaria en concepto de dicha Tarifa, que a este extremo litigioso se

Si a partir de 1 de Enero de 2001 la regulación de la Tarifa T-3 se hace por disposición con rango formal de ley, y se satisface así la exigencia constitucional de interposición del legislador que el Tribunal Constitucional ha venido recordando, señala la Sala sentenciadora que no cabe apreciar, entonces, motivo determinante de la anulación de la liquidación combatida en este proceso y girada por la Autoridad Portuaria en concepto de dicha Tarifa, que a este extremo litigioso se

Si a partir de 1 de Enero de 2001 la regulación de la Tarifa T-3 se hace por disposición con rango formal de ley, y se satisface así la exigencia constitucional de interposición del legislador que el Tribunal Constitucional ha venido recordando, señala la Sala sentenciadora que no cabe apreciar, entonces, motivo determinante de la anulación de la liquidación combatida en este proceso y girada por la Autoridad Portuaria en concepto de dicha Tarifa, que a este extremo litigioso se

Si a partir de 1 de Enero de 2001 la regulación de la Tarifa T-3 se hace por disposición con rango formal de ley, y se satisface así la exigencia constitucional de interposición del legislador que el Tribunal Constitucional ha venido recordando, señala la Sala sentenciadora que no cabe apreciar, entonces, motivo determinante de la anulación de la liquidación combatida en este proceso y girada por la Autoridad Portuaria en concepto de dicha Tarifa, que a este extremo litigioso se

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Si a partir de 1 de Enero de 2001 la regulación de la Tarifa T-3 se hace por disposición con rango formal de ley, y se satisface así la exigencia constitucional de interposición del legislador que el Tribunal Constitucional ha venido recordando, señala la Sala sentenciadora que no cabe apreciar, entonces, motivo determinante de la anulación de la liquidación combatida en este proceso y girada por la Autoridad Portuaria en concepto de dicha Tarifa, que a este extremo litigioso se

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