Casos prácticos de administrativo.

La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece cuáles son los requisitos que debe reunir una demanda de amparo para ser admitida.

El procedimiento para solicitar amparo al Tribunal Constitucional es gratuito, según el art. 95.1 de la LOTC. Esta gratuidad no comprende el pago de los honorarios de abogados y procuradores, salvo que se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que está garantizado por la Constitución.

El TSJ de Madrid dictamina que enviar recursos por correo electrónico no es válido, si no que debería realizarse la presentación a través de alguno de los medios regulados en el art. 16.4 de la LPAC.

Los plazos para presentar el recurso de amparo aparecen regulados en los artículos 42, 43 y 44 de la LOTC y variarán en función de la resolución que de origen al recurso. Si la vulneración del derecho fundamental se debe a una resolución administrativa, el plazo para interponer el recurso es de 20 días. Si esta es atribuida a una resolución judicial, el plazo es de 30 días. Si se trata de un ...

El auto de sobreseimiento libre dictado en un proceso penal no vincula a la Administración pública a la hora de imponer sanciones, porque, conforme ha declarado la AN, puede ser que unos mismos hechos no merezcan reproche penal, y sí administrativo.

La interposición errónea de recursos administrativos no interrumpe plazos para la vía contenciosa, salvo que el error se deba a la equivocada información que transmita la Administración.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de entender que el «amparo directo» recogido en el art. 42 de la LOTC no puede interpretarse de forma expansiva, ya que este artículo contiene una excepción al principio de subsidiariedad que debe entenderse de forma restrictiva.

Los residentes de la UE con estatuto de larga duración pueden obtener autorización de residencia temporal en España sin perder su estatus previo, para quienes deseen trabajar o estudiar.

Se plantea cómo retirar imágenes relacionadas con episodios de violencia de género cuya difusión en redes sociales no ha sido autorizada. La imagen es un dato personal y se ejerce el derecho de supresión o «derecho al olvido».

Cuando un dron realiza funciones de captación de imágenes para fines de videovigilancia, le resulta de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. La AEPD, como miembro del grupo de trabajo del artículo 29, analizó estas grabaciones por medio de drones en el Dictamen 01/2015.