La Audiencia de Lugo sentencia cárcel para directivos de una empresa de seguridad por abusos laborales

Según informa el poder judicial mediante un comunicado de prensa, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha dictado condena contra el exdirector de una empresa de seguridad y otros tres responsables por cometer delitos contra los derechos de los trabajadores. El exdirector ha sido condenado a cinco meses de prisión, mientras que el exjefe de servicios en Canarias y la exdelegada en Asturias y Cataluña han recibido tres meses como cooperadores necesarios, y una administrativa ha sido condenada a un mes como cómplice.

La sentencia establece que, desde 2011 hasta 2015, los condenados impusieron condiciones laborales que vulneraban los derechos de los trabajadores, como jornadas extenuantes sin respetar descansos y la firma de documentos en blanco o con contenido desconocido. Además, se les obligaba a renunciar a derechos como la antigüedad y se presentaban justificantes falsos de formación. En concreto, la SAP Lugo, rec. 27/2022, de 21 de febrero de 2024, relata conductas como:

«Exigencia a los trabajadores de firmar documentos en blanco o parcialmente cubiertos al tiempo de formalizar el contrato con la entidad o con posterioridad desconociendo éstos su contenido y efectos, tales como recibís, solicitud de anticipos, el modelo 145 del IRPF, manifestación de que no tenían nada que reclamar a la empresa, de haber recibido formación e información en relación con su puesto de trabajo o de conformidad con el convenio colectivo Algunos trabajadores desplegaban largas jornadas laborales con turnos de 24 horas sucesivos durante varios días sin respeto de los descansos establecidos, debiendo emplear dos códigos diferentes en los partes de servicio para ocultar los excesos de jornada.

Exigencia a los trabajadores, como requisito inexcusable para el cobro de las horas extraordinarias, que se venían abonando habitualmente en metálico o mediante talón bancario, sin reflejo en la nómina, de la obtención y entrega previa a la empresa de facturas de gastos de índole personal en las que debía figurar el nombre y CIF de la entidad.

Exigencia a los trabajadores que provenientes de una empresa previa debían ser subrogados por la entidad de formalizar nuevo contrato con Alcor, renunciando a la subrogación y consiguientemente a su antigüedad como requisito para realizar horas extraordinarias.

No realización de cursos de formación de obligado desarrollo, presentando la empresa justificantes inveraces firmados por los trabajadores acreditativos de haberlos realizado e instruyendo a los mismos a realizar manifestaciones en tal sentido si fueren requeridos por los servicios de inspección. Así el 20 de marzo de 2015 se procedió por funcionarios adscritos a la Unidad Central de Seguridad Privada a realizar una inspección a la oficina de la empresa Alcor Seguridad en Gijón, requiriendo a la acusada Gabino, delegada de la entidad en Asturias, diversa documentación. La acusada en connivencia con el acusado, Juliana, presentó 16 justificantes de asistencia a cursos de actualización del año 2014 firmados por los trabajadores pese a que los mismos no se habían realizado».

Los magistrados han calificado estas prácticas como engañosas y coactivas, subsumibles en el tipo penal de delito contra los derechos de los trabajadores. 

La resolución es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

Fuente: Poder Judicial