El artículo 40.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, establece que "las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregarán a los Ayuntamientos respectivos en el momento en el que adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (hoy de Fomento), y será resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente podrá resolverlo el titular del citado Departamento cuando existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario".

Por su parte, el Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, tras reproducir en el apartado 1 de su artículo 127 lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley de Carreteras, añade en el apartado 2 que "a los efectos de este artículo, se considera que una carretera estatal o un tramo determinado de ella adquieren la condición de vía urbana si se cumplen las dos siguientes condiciones: a) Que el tráfico de la carretera sea mayoritariamente urbano. b) Que exista alternativa viaria que mantenga la continuidad de la Red de Carreteras del Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio." En los últimos años se han construido numerosas variantes de población en la Red de Carreteras del Estado que ha ocasionado que múltiples tramos de carreteras estatales hayan adquirido la condición de vías urbanas.

Por tanto, en aplicación de los citados preceptos de la Ley y el Reglamento de Carreteras, procede la entrega de tales tramos a los correspondientes Ayuntamientos.

El sistema seguido hasta ahora para proceder a estas entregas ha sido la previa ejecución por la Dirección General de Carreteras de las obras de mejora del correspondiente tramo en sus aspectos funcionales derivados de su uso como carretera, realizándose estas obras bien mediante proyectos específicos de acondicionamiento y mejora, o mediante partidas incluidas en el propio proyecto de construcción de la variante. Este tipo de actuaciones no comprenden las propias y específicas del tratamiento puramente urbano que la nueva funcionalidad del vial requeriría, ya que dichas obras de adecuación urbana no son competencia de la Dirección General de Carreteras.

El objeto de esta Orden es el de articular un medio más ágil para efectuar las entregas de los citados tramos urbanos de las carreteras estatales, que facilite a los Ayuntamientos la ejecución de las obras con una mayor rapidez y con una concepción más acorde a su nueva funcionalidad.

Estas obras se encontrarán recogidas en los oportunos proyectos de mejora, acondicionamiento o transformación del tramo para adaptarlo a las nuevas condiciones de uso, distintas de las prestadas en su antigua condición de carretera. La forma más rápida y adecuada de proceder a su ejecución consiste en que los proyectos y las obras sean realizados y contratadas directamente por el Ayuntamiento interesado, con la participación del Ministerio de Fomento en su financiación, mediante la correspondiente transferencia de crédito en una cantidad derivada de la aplicación de los baremos que en esta Orden se establecen. La participación del Ministerio de Fomento en la financiación de dichos proyectos será sustitutiva de la actuación de mejora que eventualmente debería realizar y que iría orientada exclusivamente a las actuaciones de mera conservación de firme, drenaje superficial, señalización, balizamiento y mejoras de la seguridad vial. De acuerdo con las actuaciones señaladas resultan los baremos establecidos, pudiendo el Ayuntamiento introducir en los proyectos a licitar las actuaciones que considere adecuado realizar en función de un tratamiento urbano del tramo y que, al suponer un incremento en relación con la aportación calculada del Ministerio, deberá ser asumido con cargo a los presupuestos municipales.

En su virtud, en uso de la autorización concedida por la disposición final única del Reglamento de Carreteras, dispongo: