Peticiones, actos y acuerdos

Uno de los capítulos del Título VIII ("Régimen jurídico") del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, es el rotulado "Peticiones, actos y acuerdos". Bajo tal genérica denominación, lo que hace la norma es referirse a las siguientes cuestiones singulares:

• Peticiones (art. 57 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre )
  
  
• Administración demandada en subrogación (art. 58 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre )
  
  
• Ejecución forzosa y vía de apremio (art. 59 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre )
  
  
• Revisión de oficio (art. 60 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre )

Por lo que respecta a la primera de las cuestiones, esto es, a las peticiones, el art. 57 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre dispone que "las entidades locales y organismos urbanísticos habrán de resolver las peticiones fundadas que se les dirijan".

Por su parte, el art. 58 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre ("Administración demandada en subrogación") señala lo siguiente: "Las decisiones que adoptaren los órganos autonómicos mediante subrogación se considerarán como actos del Ayuntamiento titular, a los solos efectos de los recursos admisibles".

En lo que concierne a la ejecución forzosa y vía de apremio el art. 59 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre recoge lo siguiente:

• Los Ayuntamientos podrán utilizar la ejecución forzosa y la vía de apremio para exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios, individuales o asociados, y a los promotores de actuaciones de transformación urbanística.
  
  
• Los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán ante todo contra los bienes de las personas que no hubieren cumplido sus obligaciones, y sólo en caso de insolvencia, frente a la asociación administrativa de propietarios.
  
  
• También podrán ejercer las mismas facultades, a solicitud de la asociación, contra los propietarios que incumplieren los compromisos contraídos con ella.

Por último, el art. 60 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre se refiere en estos términos a la revisión de oficio:  "Las entidades locales podrán revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo con arreglo a lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas".