Infracciones y sanciones graves por blanqueo de capitales

¿Cuáles son las infracciones graves en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

El artículo 52 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, dispone que constituyen infracciones graves:

Asimismo, constituirán infracciones graves de la Ley 10/2010, de 28 de abril:

En los términos previstos por los reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas de conformidad con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, constituirán infracciones graves de la Ley 10/2010, de 28 de abril:

• Incumplimiento de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
• Incumplimiento de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
• Incumplimiento de las obligaciones de comunicación e información a las autoridades competentes establecidas específicamente en los reglamentos comunitarios.

A TENER EN CUENTA. Constituirán infracciones graves de la presente ley el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4 a 14 y 16 del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006 (art. 52.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril).

¿Podrán tipificarse como leves, en algún caso, las infracciones tipificadas como graves?

Sí, de acuerdo con el artículo 52.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y salvo que concurran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, las siguientes infracciones podrán ser calificadas como leves cuando el incumplimiento del sujeto obligado deba considerarse como meramente ocasional o aislado a la vista del porcentaje de incidencias de la muestra de cumplimiento:

• Incumplimiento de obligaciones de identificación formal.
• Incumplimiento de las obligaciones de identificación e información del titular real.
• Incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios.
• Incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.
• Incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a los clientes existentes.
• Incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida.
• Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos.

¿Cuáles serán las sanciones por la comisión de infracciones graves?

En atención al artículo 57 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por la comisión de infracciones graves se podrán imponer las siguientes sanciones:

• Multa:
  • Importe mínimo será de 60.000 euros.
  • Importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 % del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50%, el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5.000.000 de euros. 
• Amonestación pública.
• Amonestación privada.
• Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la suspensión temporal de esta.

A TENER EN CUENTA. La sanción de multa, que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con una de las restantes previstas (amonestación pública, amonestación privada, tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la suspensión temporal de esta).

Las sanciones impuestas irán acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

Sanciones a los administradores, directivos o expertos externos

Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado, se podrán imponer las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargo de administración o dirección, o la función de experto externo, fueran responsables de la infracción:

• Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta 5.000.000 de euros.
• Amonestación pública.
• Amonestación privada.
• Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de 5 años.

A TENER EN CUENTA. La sanción de multa, que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con una de las restantes previstas (amonestación pública, amonestación privada, separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de 5 años).

Las sanciones impuestas irán acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

Incumplimiento de la obligación de declaración previa de realización de determinados movimientos de capital

En el caso de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, se impondrán las siguientes sanciones:

• Multa, cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el 50 % del valor de los medios de pago empleados.
• Amonestación pública.
• Amonestación privada.

A TENER EN CUENTA. La sanción de multa, que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con una de las restantes previstas (amonestación pública, amonestación privada).

Las sanciones impuestas irán acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

CUESTIÓN

En caso de imposición de una sanción de amonestación pública, ¿qué ocurre si esta puede perjudicar a una investigación en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros?

De acuerdo con el artículo 57.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, acordada la imposición de una sanción de amonestación pública, cuando se determine que aquella pueda perjudicar una investigación en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para resolver podrá:

- Retrasar la publicación hasta el momento en que cesen los motivos que justificaron la suspensión.

- Acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva, cuando la estabilidad de los mercados financieros no pueda garantizarse.