Centro de trabajo

El centro de trabajo en el ámbito laboral

El art. 1.5 del ET considera centro de trabajo «la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral». Sobre esta definición, la normativa configura una serie de derechos y obligaciones laborales en materia como movilidad geográfica de los trabajadores, prevención de riesgos laborales, representación social de los trabajadores en la empresa, superación del umbral numérico para la consideración de despido colectivo, criterios de representatividad extraíbles de la celebración de los correspondientes procesos electorales, subrogación de trabajadores, pago de dietas, etc.

De esta forma, los elementos susceptibles para calificar como tal a un centro de trabajo serían tres elementos materiales —la existencia de una unidad productiva, una organización específica  y un funcionamiento autónomo— y un elemento formal —el alta como tal ante la autoridad laboral—, derivándose de todo ello unos efectos concretos y específicos en el ámbito laboral. STSJ Castilla-La Mancha n.º 1344/2011, ECLI:ES:TSJCLM:2011:3374; STSJ de Asturias n.º 417/2016, de 7 de marzo de 2016, ES:TSJAS:2016:647

Nos encontramos ante un concepto abierto, susceptible de una notable variedad de concreciones. Partiendo de esto, la STSJ Galicia, rec. 12/2006, de 29 de diciembre de 2006, ECLI:ES:TSJGAL:2006:1422, enuncia e interpreta los elementos del concepto de centro de trabajo así:

1º. Una unidad productiva. Tal elemento, que es de carácter material, alude a una autonomía técnica, que se da tanto en la unidad productiva donde se producen de manera acabada los bienes o servicios objeto de la actividad empresarial -organización vertical: cada unidad productiva comprende toda la producción-, como en la unidad productiva dedicada a una parte de la actividad empresarial -organización horizontal: cada unidad productiva asume una fase de la producción, o una parte del trabajo en que se divide la actividad empresarial-.

2º. Con organización específica. Tal elemento, que es de carácter material, alude a una autonomía organizativa superpuesta a la autonomía técnica. De esta manera, si concurren varias unidades productivas con una única organización específica, hay un único centro de trabajo, y no tantos como unidades productivas. Para concluir si una unidad productiva ostenta una organización específica se atiende a indicios: separación geográfica del resto de la empresa; distribución de funciones entre unidades productivas; organigrama de personal de la unidad productiva -incluyendo, por ejemplo, a un responsable general-.

3º. Que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral. Tal elemento, a diferencia de los anteriores de carácter material, es de carácter formal, en cierta manera ajeno a la realidad del centro de trabajo. Por ello, se considera su eficacia no constitutiva, sin perjuicio de eventuales infracciones administrativas a causa de la ausencia del alta. Pero, aunque el alta no ostenta eficacia constitutiva, sí ostenta eficacia probatoria. De este modo, si el empresario no ha dado de alta el centro de trabajo, se puede acreditar su existencia si concurren los otros dos elementos materiales. Y si el empresario ha dado de alta el centro de trabajo, se presume iuris tantum su existencia, aunque se pueda probar en contrario la ausencia de los otros dos elementos materiales.

Centros de trabajo móviles o itinerantes

La definición de centro de trabajo móvil o itinerante está asociada con el desplazamiento de los trabajadores a los distintos lugares en los que la empresa debe prestar sus servicios, de tal forma que en este tipo de contratos de trabajo es consustancial la aceptación, por parte del trabajador, de la indeterminación del Centro donde han de prestarse los servicios (STS, rec. 4168/2009, de 14 de diciembre de 2011, ECLI:ES:TS:2011:8894). Según el art. 40 del ET, el traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas organizativas o de producción que lo justifique o bien contrataciones referidas a la actividad empresarial.

Del mismo modo, el régimen general de dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen será también aplicable a las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que perciban los trabajadores contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, siempre que aquellas asignaciones correspondan a desplazamientos a municipio distinto del que constituya la residencia habitual del trabajador (art. 9 del RIRPF).

Empresa o centro de trabajo como referencia para los umbrales numéricos del despido colectivo

Conforme a la Directiva 98/59 y desde la perspectiva puramente cuantitativa, solo puede aplicarse la normativa del despido colectivo en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 trabajadores, descartando la posibilidad de extender estas garantías a aquellos en los que presten servicios un número inferior. STS n.º 634/2017,  de 14 de julio de 2017

Así lo establece claramente la antedicha STJUE al excluir los centros de trabajo con un menor número de trabajadores, lo que "sería contrario al objetivo perseguido de garantizar una protección comparable de los derechos de los trabajadores en los diferentes Estados miembros y, por otro lado, daría lugar a cargas muy diversas para las empresas obligadas a cumplir las obligaciones de información y de consulta en virtud de los artículos 2 a 4 de esta Directiva en función de la elección del Estado miembro de que se trate, lo que sería igualmente contrario al objetivo perseguido por el legislador de la Unión, que es equiparar las cargas en todos los Estados miembros". STS n.º 506/2017, de 13 de junio de 2017, ECLI:ES:TS:2017:2480

Designación de delegado sindical en plantilla de más de 250 trabajadores por «empresas» o «centros de trabajo»

El art. 10.1 de la LOLS establece que «en las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo».

La STS, rec. 36/2009 de 24 de noviembre de 2009, aplica ese criterio a supuesto de empresa que cuenta en la misma provincia con siete centros de trabajo que, en conjunto, superan los 250 trabajadores y para los que se constituyó el correspondiente Comité de Empresa Conjunto en el que el Sindicato demandante cuenta con seis miembros y le reconoce el derecho a designar delegado sindical conforme a la LOLS.

Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo de los representantes legales de los trabajadores

Apertura de los centros de trabajo

JURISPRUDENCIA

STS 9 de junio de 2005 (recurso 132/2004), 14 de julio de 2006 (recurso 5111/2004), 14 de febrero de 2007 (recurso 4477/2005), 26 de octubre de 2007 (recurso 42/2007) o 14 de marzo de 2014 (rec. 119/2013 ). La STS 9 junio 2005 (rec. 132/2004)

«Hay que vincular, el artículo 10-1 de la LOLS a los criterios y modos de participación de los trabajadores en la empresa; por tanto, si en el caso de autos en las elecciones sindicales celebradas, se eligió, los representantes sindicales en la empresa, por provincias constituyéndose, los respectivos Comités de Empresa, la exigencia del artículo 10-1 de 250 trabajadores a efectos de constituir una Sección Sindical, tiene que venir referido a cada centro de trabajo, y no al conjunto de la empresa; no cabe, por tanto obviar dicha exigencia, como pretenden los recurrentes, por lo que deben rechazarse sus alegaciones. Como dice el Ministerio Fiscal en su informe si el ámbito electoral fue el provincial, y no el autonómico, no puede acudirse ahora a la empresa, entendida como cómputo global, a efectos de constituir una sección sindical, no respetando el criterio seguido para la elección de los órganos unitarios de representación de los trabajadores».

STS n.º 254/2018,  de 13 de junio de 2018, ECLI:ES:JSO:2018:3790

Abordando el concepto de centro de trabajo con ocasión del proceso para la elección de representantes de los trabajadores (Citando STS de 28-5-2009): 

«(...) el centro de trabajo constituye - art. 63.1 ET - la regla general de unidad electoral, con la única excepción del supuesto previsto en el art. 63.2 ET; debiendo entenderse por tal -centro de trabajo- la «unidad productiva, con organizacion especifica y funcionamiento autónomo, aun no siendo independiente del conjunto de la empresa, y que tiene efectos y repercusiones especificas en el ambito laboral» (STS 17/09/04 -rc. 81/03-). Razonaban al efecto las precitadas SSTS 31/01/01 y 19/03/01, que ello «se desprende: A) Del Estatuto de los Trabajadores. Y no solo de su articulo 62 ... sino también de los arts. 63, donde, pese a que el organo de representación se denomina 'comité de empresa', es obligada su constitución 'en cada centro de trabajo'; 67, que solo autoriza a promover elecciones a los 'trabajadores del centro de trabajo' y obliga a precisar en la comunicacion de la promocion de elecciones 'el centro de trabajo' en que se van a celebrar; 68, que al regular el credito horario lo atribuye al 'delegado de personal de cada centro de trabajo'; 74, que vuelve a hablar de las elecciones 'en centros de trabajo'; y 76.5 que alude a 'las candidaturas en el centro de trabajo en el que se hubiere celebrado la elección'. Y B) Del Reglamento de Elecciones aprobado por el Real Decreto 1.844/1994 de 9 de septiembre -y antes por el R. Decreto 1311/85 de 13 de junio- en el que es igualmente constante la mención del centro de trabajo como unidad básica. Así, el art. 1 preve la promoción de elecciones, a partir de la iniciación de actividades 'en el centro de trabajo'; el art. 2.2 establece que cuando la promoción se efectue por los trabajadores, esta corresponderá a los del 'centro de trabajo', salvo para el supuesto excepcional ya aludido del art. 63.2 ET ; el art. 5.1 define el centro de trabajo y no la empresa, en definición que habria que calificar de superflua, por limitarse a reiterar el contenido del art. 1.5 ET , salvo que se considere realizada para destacar que es aquel precisamente la unidad electoral básica; el numero 10 del mismo art. 5 reitera que el delegado de personal se elige 'en los centros de trabajo '; el art. 7 preve la constitución de una mesa itinerante cuando los trabajadores no presten su actividad 'en el centro de trabajo' salvo en el supuesto excepcional tantas veces citado del art. 63.2 ET ; y el art. 13 condiciona la elección necesaria para la 'adecuación de la representatividad' a que se produzca un aumento o disminución de plantilla, pero no en la empresa sino en el centro de trabajo».

SJS Burgos n.º 413/2019, de 25 de noviembre de 2019, ECLI:ES:JSO:2019:5219

Respecto al requisito de alta ante la Autoridad Laboral 

«(...) no atribuye el art. 1.5 del ET a la autoridad laboral ninguna facultad autorizatoria, ni siquiera un mínimo control de legalidad. El artículo 6 del Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marz , derogando expresamente el artículo 187 de la LGSS/1974 , estableció que, en adelante, será suficiente la comunicación de la apertura del centro de trabajo, o, en su caso, de la reanudación de los trabajos.

Por producir debe entenderse (STSJ Madrid de 02/04/98) la acción por la que una entidad crea, procura o fabrica un objeto o presta un servicio; o dicho de otro modo, la capacidad de crear un objeto o prestar un servicio de valor económico. Mientras que organizar, consiste en la ordenación de bienes y personas para la obtención de un fin o función económica. Como el fin económico que se persigue y los medios -personales y materiales- que se poseen para su obtención son variados, y admiten multitud de formas; el concepto de «centro de trabajo», necesariamente tiene que ser abierto, siendo subsumible en él una variedad notable de posibles configuraciones (...).'

Y continúa diciendo dicha Sentencia que '(...) En cuanto al requisito de alta ante la autoridad laboral que expresa el propio artículo 1.5 del ET , hace notar igualmente, que en cualquier caso, este requisito formal no puede ser entendido como elemento constitutivo del concepto de centro de trabajo, en primer lugar porque la evolución legislativa ha eliminado el carácter obligatorio de la autorización administrativa de la apertura de los centros de trabajo (artículo 6 RD-L 1/1986, desarrollado hoy por Orden 1071/2010 de 27 de abril); y en segundo lugar porque, como ha destacado la doctrina científica, la omisión del cumplimiento de tales trámites por parte de la empresa no puede dejar en manos de la misma la calificación que haya de corresponder a sus distintas unidades productivas. E invocando la también STS de 28/05/2009 (recurso 127/2008 ), que cita a su vez numerosos precedentes, resume la doctrina jurisprudencial al respecto en los siguientes puntos: 1) los preceptos legales de los artículos 62.1 del ET y 63.1 del ET , que establecen en función de la dimensión de la empresa dos cauces de representación de los trabajadores -comités de empresa y delegados de personal-, son de derecho necesario, vinculando a las entidades sindicales que promueven tales elecciones de representantes unitarios; 2) la circunscripción electoral básica para dichas elecciones es el centro de trabajo, definido en los términos del artículo 1.5 del ET ; 3) la razón de ser de esta consideración como derecho necesario indisponible de las circunscripciones fijadas en la ley radica en que permitir la agrupación de centros de tamaño reducido por voluntad de los sindicatos promotores sería tanto como despojar a los trabajadores de los centros que ocupan entre 6 y 10 trabajadores de la facultad soberana que les otorga el artículo 62 del ET de ser ellos los únicos que pueden decidir por mayoría si celebran o no elecciones, para imponérselas desde fuera; y 4) (conclusión) no cabe agrupar centros de trabajo de entre 6 y 10 trabajadores para la elección de delegados de personal, y tampoco cabe agrupar los centros de trabajo para la elección del comité de empresa, salvo en los supuestos legalmente previstos».

SSTS de 06/04/1973 y de 26/01/1988

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del ET se define la la unidad productiva autónoma como la unidad de explotación claramente diferenciada que constituye una unidad socio económica de producción. Una definición que incluye las organizaciones empresariales verticales, horizontales o mixtas.

STS, rec. 140/2010, de 14 de julio de 2011

En un asunto en el que se ponía en duda que una tienda o punto de venta pudiera considerarse centro de trabajo a los efectos de la constitución de un comité de empresa, lo determinante es que se cumplan los requisitos del art. 1.5 ET. y se consideró que los cumplían porque constituyen unidades productivas "en cuanto que en ellas se desarrolla una parte sustantiva de la actividad empresarial", "encontrándose además todas ellas claramente diferenciadas desde el punto de vista geográfico o de localización", a lo que hay que unir 'que tales unidades productivas están dotadas de "organización específica", como pone de relieve la presencia al frente de las mismas de un "encargado" que desempeña determinados cometidos de organización del trabajo y de gestión de personal requisito éste de 'organización específica' que es compatible, desde luego, con el desarrollo de otros cometidos productivos o administrativos en otras sedes centrales o regionales, y con el sometimiento de la actividad del centro de trabajo a la política general de la empresa'. En cuanto al requisito de 'alta ante la autoridad laboral' no puede ser entendido como elemento constitutivo del concepto de centro de trabajo, en primer lugar porque la evolución legislativa ha eliminado el carácter obligatorio de la autorización administrativa de la apertura de los centros de trabajo (artículo 6 RD-L 1/1986 , desarrollado hoy por Orden 1071/2010 de 27 de abril) y en segundo lugar porque, como ha destacado la doctrina científica, la omisión del cumplimiento de tales trámites por parte de la empresa no puede dejar en manos de la misma la calificación que haya de corresponder a sus distintas unidades productivas.