Bases de ayudas a proyectos empresariales de inversión en Castilla y León, cofinanciados por el FEDER.

1.COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.1. Bases Reguladoras
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN EYH/1080/2022, de 23 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER.

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (en adelante Instituto), ente público de derecho privado adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, tiene como finalidad promover la competitividad del sistema productivo en Castilla y León, así como favorecer y dar apoyo financiero a las actuaciones dirigidas a las empresas para el fomento del desarrollo económico de la Comunidad.

El Instituto ha venido desarrollando actuaciones de apoyo a las empresas con el objetivo de crear, potenciar y regenerar el tejido industrial de Castilla y León incidiendo positivamente en las variables socioeconómicas de su entorno geográfico.

La crisis sanitaria ha afectado a la economía y ha causado una significativa disminución de la actividad económica y un aumento muy importante del desempleo. Todo ello hace necesario que se prioricen actuaciones en empresas y actividades claves que puedan contribuir con mayor impacto a la reactivación de la economía y seguir apostando por el apoyo a la financiación de los proyectos desarrollados por las PYMES.

Entre los objetivos del Instituto está la creación de nuevas empresas y la mejora de la competitividad de las PYMES, con el fin de promover la creación y el crecimiento y consolidación de las PYMES y autónomos en particular, mejorando su financiación y la tecnología en los procesos de inversión productiva a través de la modernización y la innovación tecnológica, facilitando la financiación de los proyectos de inversión, haciendo especial referencia a fortalecer la competitividad de las empresas en entornos rurales.

El objetivo es crear nuevas empresas e incrementar el tamaño de las existentes, dimensionándolas de modo adecuado según el sector en el que operen y llevar a cabo reformas innovadoras e introducir nuevas tecnologías. Para ello es necesario poner en marcha programas de apoyo a proyectos de crecimiento de empresas, con objeto de garantizar su competitividad y continuidad en el mercado y maximizar la generación de valor añadido y creación de empleo en Castilla y León.

Con estas subvenciones, se priorizará la creación de empleo, la innovación, dinamización del proyecto, la contribución al cambio climático y las zonas rurales, despobladas o que hayan sufrido daños sobrevenidos, catástrofes naturales y de fuerza mayor, etc., en las que la Junta de Castilla y León considere la necesidad de poner en marcha un plan de recuperación socioeconómica, si así se establece en la convocatoria.

Por otro lado, debido a que las empresas beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden son autónomos y Pymes dotadas de la capacidad económica y técnica necesaria para garantizar su acceso y disponibilidad a los medios tecnológicos precisos, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica de estas subvenciones será obligatoria en todas las fases del procedimiento.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 9.2 que, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley.

Asimismo, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, establece en su artículo 6 que las bases reguladoras, con el carácter de disposiciones generales, deben desarrollar el régimen jurídico de cada subvención con el contenido mínimo establecido en las normas básicas y en el propio artículo 6.

El artículo 7.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León establece que, cuando las subvenciones hayan de ser otorgadas por entes integrantes de la Administración Institucional, las bases reguladoras se aprobarán mediante orden del titular de la Consejería correspondiente.

La Orden EYH/1029/2017, de 14 de noviembre, establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Resulta necesario establecer nuevas bases reguladoras para adecuar estas subvenciones a la nueva normativa europea publicada para el periodo 2021/2027, para contribuir a la consecución de los objetivos políticos marcados por la Unión Europea de conseguir una Europa más competitiva e inteligente, orientando esta actuación a contribuir con el objetivo específico de reforzar el crecimiento sostenible, la competitividad de las pymes y la creación de empleo de estas, mediante inversiones productivas, promoviendo una transformación innovadora e inteligente de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, en las actuaciones reguladas por estas bases se prestará especial atención a contribuir a corregir los principales desequilibrios territoriales, apoyando a las zonas más desfavorecidas y de baja densidad de población, y se tendrán presentes los principios horizontales establecidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, promoviendo la igualdad, evitando cualquier tipo de discriminación y teniendo en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad y respetando el medio ambiente, teniendo en cuenta el objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y el principio de «no causar un perjuicio significativo».

La presente orden se estructura en dos capítulos: en el primero se establecen las normas relativas a las empresas beneficiarias, tipos de proyectos, características de las ayudas e intensidades máximas, entre otros aspectos. En el segundo, se describe el procedimiento de gestión de las subvenciones.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 5/2008, de 25 de septiembre,

DISPONGO

Artículo único. Objeto.

La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, que se incorporan como anexo a esta orden.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes presentadas con anterioridad de la entrada en vigor de esta orden se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su iniciación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden EYH/1029/2017, de 14 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 23 de agosto de 2022.
El Consejero de Economía y Hacienda,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

ANEXO

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS
A FINANCIAR PROYECTOS EMPRESARIALES DE INVERSIÓN DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Base primera.– Objeto y ámbito de aplicación.
1. Las subvenciones reguladas por las presentes bases tienen por objeto facilitar la financiación de los proyectos empresariales de inversión, dentro del ámbito territorial de Castilla y León, con el fin de promover la creación de empresas y el desarrollo de la competitividad y la consolidación del tejido empresarial de las empresas existentes, mediante el fomento de la inversión, así como la creación de empleo vinculado a la misma y/o mantenimiento de puestos de trabajo.

2. No podrán optar a las subvenciones reguladas por esta Orden los sectores excluidos en el artículo 1 y 13 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) modificado por el Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión de 23 de julio de 2021 y las actividades excluidas del alcance de la ayuda FEDER en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2021/1058 Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

a) Sector de la producción agrícola primaria, pesca y acuicultura.

b) Sector de transportes e infraestructuras conexas.

c) Las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

d) El sector energético, la producción y distribución de energía y las infraestructuras de energía.

e) A los sectores del acero y el carbón, de la construcción naval, y de las fibras sintéticas.

f) Las ayudas a la transformación, comercialización de productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuando el importe dé la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos, o bien cuando la ayuda se supedite a su transmisión total o parcial a los productores primarios.

g) Las ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora.

h) Las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

i) La fabricación, transformación y comercialización de tabaco y productos del tabaco.

j) La inversión en eliminación de desechos en vertederos, la inversión en aumentar la capacidad de las instalaciones para el tratamiento de desechos residuales, excepto inversiones en tecnología para recuperar materiales de desechos con fines de economía circular.

k) Las empresas en crisis.

l) Empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda concedida por el mismo Estado miembro ilegal e incompatible con el mercado interior.

Base segunda.– Régimen jurídico.

1. Estas subvenciones se regirán, además de por las presentes bases, por la siguiente normativa:

a) Reglamento (UE) n° 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

b) Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa, y al Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de Acuicultura, así como a las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

c) Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) modificado el Reglamento (UE) 2017/1084 de la Comisión, de 14 de junio, por el Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión de 2 de julio y por el Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión de 23 de julio. En adelante, Reglamento de Exención.

d) Legislación básica del Estado en materia de subvenciones. (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

e) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

f) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

g) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020, o aquella que la sustituya.

h) Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

i) Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

j) Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras y legislación reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

2. Los proyectos susceptibles de ser elegibles por el fondo FEDER se podrán cofinanciar con un 60%, dentro del Programa Operativo 2021-2027 de Castilla y León, de conformidad con el objetivo político «Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las comunicaciones», dentro del Objetivo Específico 1.a) iii), el refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas, dentro de la categoría de intervención 021 «Desarrollo empresarial e internacionalización de las pymes, incluidas las inversiones productivas».

El indicador de realización para medir los frutos concretos que se prevén lograr con la ejecución del proyecto es el RCO 01 número de «empresas apoyadas» y en concreto RC02 número de «empresas apoyadas con subvenciones» y el indicador de resultados RCR 01 para medir los efectos del proyecto al que se presta apoyo, se refiere al número de «puestos de trabajos creados en entidades apoyadas».

3. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos FEDER se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por normas nacionales de desarrollo o trasposición de aquellas, teniendo la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, carácter supletorio en los procedimientos de concesión y de control de las mismas y todas las operaciones cofinanciadas serán acordes con los Criterios de Selección de Operaciones aprobados para el Programa Operativo FEDER, así como con la Decisión de la Comisión por la que se aprueba el PO FEDER de Castilla y León, disponibles en la web del ICE.

4. Las subvenciones concedidas y cofinanciadas con cargo al FEDER, una vez aceptada la propuesta, aparecerán en la lista pública prevista en el artículo 49 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio.

Base tercera.– Definiciones.

A efectos de lo previsto en las distintas convocatorias que se aprueben al amparo de la presente orden de bases y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de exención, se entenderá por:

1. «Microempresa»: empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros; «Pequeña empresa»: empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros; «Mediana empresa»: empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no supera 50 millones o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. Todo ello según las especificaciones incluidas en el anexo al Reglamento de exención.

2. «Grandes empresas»: las empresas no contempladas en la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

3. «Empresa en crisis»: empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas. A estos efectos, por «sociedad de responsabilidad limitada» se entiende la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada (sociedades mencionadas en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013) y por «capital social» se entiende que incluye, cuando proceda, toda prima de emisión.

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad. A estos efectos, por «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se entiende sociedad colectiva y sociedad en comandita simple (sociedades mencionadas en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013).

c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores.

d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración.

4. «Intensidad de ayuda»: el importe bruto de ayuda expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas.

5. «Intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto (ESB)»: el importe de la ayuda si se ha proporcionado en forma de subvención a la empresa beneficiaria, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas.

En el caso de que la ayuda sea en forma de préstamo, se calculará como el valor actualizado de la ayuda, expresada en porcentaje, del valor actualizado de los costes de inversión subvencionables, calculado en el momento de la concesión de la ayuda en función del tipo de referencia aplicable en esa fecha.

6. «Fecha de concesión de la ayuda»: fecha en que se otorgue a la empresa el derecho legal de recibir la ayuda en virtud del régimen legal aplicable.

7. «Mapa de ayudas regionales»: las zonas aprobadas por la Comisión Europea sobre las regiones que pueden acogerse a las ayudas regionales a la inversión y establece los importes máximos (denominadas «intensidades de ayuda») para las empresas de las regiones subvencionables.

8. «Ayudas regionales a la inversión»: ayudas regionales concedidas para una inversión inicial o una inversión inicial en favor de una nueva actividad económica.

9. «Creación de empleo»: aumento neto del número de trabajadores en el establecimiento en cuestión en comparación con la media de los doce meses anteriores tras deducirse del número aparente de puestos de trabajo creados los puestos suprimidos en ese período.

10. «Número de trabajadores»: número de unidades de trabajo/año (UTA), es decir, número de personas empleadas a tiempo completo en un año; las personas que trabajan a tiempo parcial y las empleadas en trabajo estacional se cuentan como fracciones de UTA.

11. «Gran proyecto de inversión»: inversión inicial con unos costes subvencionables que superen los cincuenta millones de euros calculados a los precios y tipos de cambios vigentes en la fecha de concesión de la ayuda.

12. «Proyecto de inversión único»: toda inversión inicial comenzada por la misma empresa, a nivel de grupo, en un período de tres años a partir de la fecha de inicio de los trabajos en otra inversión que recibe ayuda en la misma región NUTS 3.

13. «Inicio de los trabajos»: se entiende por tal el inicio de los trabajos de construcción en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos, u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es anterior. La compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de los trabajos; en el caso de los traspasos, «inicio de los trabajos» es el momento en que se adquieren los activos vinculados directamente al establecimiento adquirido.

14. «Coste subvencionable»: activos materiales e inmateriales relacionados con una inversión inicial.

15. «Activos inmateriales»: activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual.

16. «Activos materiales»: activos consistentes en terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos.

17. «Inversión inicial»: la inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el establecimiento o una transformación fundamental en el proceso global de producción de un establecimiento existente. Se considera también inversión inicial una adquisición de activos vinculados directamente a un establecimiento, siempre que este establecimiento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y sea adquirido por un inversor no relacionado con el vendedor. La mera adquisición de las acciones de una empresa no se considera inversión inicial.

18. «Inversión inicial a favor de una nueva actividad económica»: la inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento o la diversificación de la actividad de un establecimiento siempre y cuando la nueva actividad no sea la misma o similar a la realizada previamente en el establecimiento o la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y es adquirido por un inversor no relacionado con el vendedor, siempre y cuando la nueva actividad que se vaya a realizar utilizando los activos adquiridos no sea la misma o una actividad similar a la realizada en el establecimiento antes de la adquisición.

19. «La misma actividad o una actividad similar»: será aquella con la misma categoría de la nomenclatura estadística de actividades económicas CNAE, establecida en el Reglamento (CE) N°1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) N°3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos.

20. «Comercialización de productos agrícolas»: la tenencia o exhibición con vistas a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario de productos a los consumidores finales se considerará comercialización sólo si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin.

21. «Producción agrícola primaria»: producción de productos derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sin llevar a cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos.

22. «Transformación de productos agrícolas»: toda operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, salvo las actividades agrícolas necesarias para preparar un producto animal o vegetal para su primera venta.

23. «Producto agrícola»: los productos enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

24. «Transporte»: el transporte de pasajeros aéreo, marítimo, por carretera, por ferrocarril por vía navegable, o los servicios de transporte de mercancías por cuenta ajena.

25. «Plazo de ejecución»: plazo establecido para la ejecución del proyecto o la actividad o la adopción del comportamiento objeto de la subvención.

26. «Plazo de justificación»: plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases, en la convocatoria y en la resolución de concesión.

27. «Empresa Innovadora»: toda empresa que pueda demostrar, mediante una evaluación realizada por un experto externo, que desarrollará, en un futuro previsible, productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica en su sector y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial, o empresas cuyos costes de investigación y desarrollo representen un mínimo del 10 % del total de sus costes de explotación durante al menos uno de los tres años previos a la concesión de la ayuda o, si se trata de una empresa nueva sin historial financiero, según la auditoría del ejercicio fiscal en curso, de conformidad con la certificación de un auditor externo.

28. «Reubicación»: traslado de la misma actividad o similar de o parte de la misma de un establecimiento en una Parte contratante del Acuerdo EEE (establecimiento inicial) al establecimiento en el que se lleve a cabo la inversión objeto de la ayuda en otra Parte contratante del Acuerdo EEE (establecimiento beneficiario). Existe traslado cuando el producto o servicio objeto de la ayuda en el establecimiento inicial y en el establecimiento beneficiario sirve, al menos en parte, para los mismos fines y satisface las demandas o necesidades del mismo tipo de clientes y cuando se pierden puestos de trabajo en el mismo sector de actividad o similar en uno de los establecimientos iniciales del beneficiario en el EEE.

29. «Ayudas de funcionamiento»: ayudas para reducir los gastos corrientes de una empresa; se incluyen categorías de costes tales como los de personal, materiales, servicios contratados, comunicaciones, energía, mantenimiento, alquileres y administración, pero se excluyen los gastos de amortización y los costes de financiación si se incluyeron en los costes subvencionables cuando se concedió la ayuda a la inversión».

Base cuarta.– Empresas Beneficiarias.

1. Podrán tener la condición de beneficiarias en las correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan, los autónomos y PYMES que realicen proyectos de inversión subvencionables en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, pertenecientes a los sectores económicos y a las actividades indicadas en cada convocatoria.

2. No podrán ser beneficiarias las personas, entidades o agrupaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias que podrán acreditarse mediante declaración responsable:

a) Estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) Aquellas empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda concedida por el mismo Estado miembro ilegal e incompatible con el mercado interior.

c) Las que tengan la consideración de “empresas en crisis” con arreglo a la definición recogida en la base tercera de esta orden, o normativa comunitaria que la sustituya.

d) La reubicación, el trasladado de la actividad idéntica o similar o de parte de la misma de un establecimiento en un país a otro dentro del Espacio Económico Europeo.

e) Las que no cumplan lo dispuesto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de personas con discapacidad.

f) Las que no cumplan con la cuota reservada de puestos de trabajo para persona con discapacidad y con la obligación de contar con un plan de igualdad, según lo dispuesto en el punto decimonoveno del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.

Base quinta.– Obligaciones de la empresa beneficiaria.

Son obligaciones de la empresa las siguientes:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

2. Justificar ante el Instituto el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.

3. Aportar y acreditar el nivel de fondos propios que, en su caso, se exija en la resolución de concesión.

4. La empresa beneficiaria de las ayudas deberá aportar una contribución financiera mínima del 25% de los costes subvencionables, bien a través de sus propios recursos o bien mediante financiación externa exenta de cualquier tipo de ayuda pública.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Instituto, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes como la Intervención General de la Administración de Castilla y León, el Consejo de Cuentas y órganos comunitarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional o cualquier órgano que tenga competencias para ello. Igualmente facilitar todas las actuaciones necesarias para el anterior fin, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

6. Comunicar al Instituto la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

7. Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y previa la propuesta de pago de la subvención, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el Decreto 27/2008 de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones. Las certificaciones expedidas, tendrán validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de la expedición.

8. Acreditar, mediante declaración responsable, el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o de la exención de dicha obligación, o en su caso de la no sujeción a ella, en el momento de la solicitud de la subvención y presentar su justificación en el plazo previsto para justificar la subvención mediante la presentación de la documentación que se prevea en la convocatoria o en la resolución de concesión, conforme a lo previsto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre.

9. Colaborar con el Instituto y demás Administraciones Públicas en las obligaciones derivadas de la utilización de fondos estructurales de la Unión Europea en las subvenciones cofinanciadas.

10. Disponer de los libros contables en los términos exigidos por la legislación mercantil aplicable a la empresa en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en las convocatorias.

Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control, la empresa está obligada a llevar una contabilidad separada o código contable adecuado a todas las transacciones necesarias para la realización del proyecto. Se entenderá que se cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos y de sus correspondientes transacciones esté perfectamente identificados en la contabilidad de la empresa.

11. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento (EU) Reglamento (EU) n.º 2021/1060 de 24 de junio.

12. Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, evitar la doble financiación, falsificación de documentos, etc., así como proporcionar información para la detección de posibles señales de fraude.

13. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la subvención concedida, en los términos establecidos en el artículo 50 y Anexo IX del Reglamento (UE) n° 2021/1060 de 24 de junio.

14. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos en que proceda, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con el artículo 47 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

15. Mantener las inversiones subvencionadas en el establecimiento objeto de la ayuda, al menos durante tres años, a contar desde la finalización del plazo de ejecución, salvo que sea preciso sustituir las instalaciones o equipos que hayan quedado obsoletos debido a rápidas transformaciones tecnológicas, y la actividad económica se mantenga en la región en dicho plazo.

16. En el supuesto de adquisición, construcción y rehabilitación de bienes inscribibles en un registro público, el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un periodo de cinco años.

En el caso de bienes inscribibles, deberá hacerse constar en la escritura estas circunstancias, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro correspondiente.

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el apartado anterior cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por el Instituto.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado por el Instituto. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.

17. La empresa está obligada mantener los puestos de trabajo creados y aquellos que tenía antes de realizar la inversión, durante tres años después de finalizado el plazo de ejecución.

18. Cumplir con las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a España.

19. Cumplir con las obligaciones de carácter social incluidas en el punto vigesimoprimero del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre.

20. Aquellas que se deriven de las condiciones impuestas en la resolución de concesión o de cualquier normativa de obligado cumplimiento.

Base sexta.– Proyectos subvencionables y requisitos.

1. Se consideran proyectos de inversión subvencionables las inversiones iniciales en activos materiales e inmateriales que consistan en:

a) La creación de un nuevo establecimiento.

b) La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente.

c) La diversificación de la producción de un establecimiento hacia productos o servicios que anteriormente no se producían o prestaban en el establecimiento, o la diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la realizada anteriormente en el establecimiento.

d) La transformación fundamental en el proceso global de producción de un establecimiento existente.

e) La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado o que habría cerrado si no hubiera sido adquirido, y que es comprado por un inversor no vinculado con el vendedor. La mera adquisición de las acciones de una empresa no se considera inversión inicial.

Toda inversión inicial emprendida por la misma empresa (a nivel de grupo) en un período de tres años contado a partir de la fecha de inicio de los trabajos en otra inversión que recibe ayuda en la misma región de nivel 3 de la Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas (provincia) se considerará parte de un proyecto de inversión único. Cuando tal proyecto de inversión único sea un gran proyecto de inversión, el importe total de la ayuda para el proyecto de inversión único no superará el importe ajustado de la ayuda para grandes proyectos de inversión (Costes subvencionables superiores a 50 millones de euros).

Quedan excluidas del ámbito de los proyectos subvencionables los referidos a inversiones de sustitución. Se entienden por tales los proyectos que consistan en la actualización tecnológica de un parque de maquinaria ya amortizado.

2. Los proyectos de inversión deberán reunir los siguientes requisitos:

a) La empresa, para demostrar el efecto incentivador de la ayuda, debe presentar la solicitud de subvención antes de comenzar a trabajar en el proyecto.

En este sentido se entiende por inicio de las inversiones lo indicado en el punto 13 de la base tercera.

b) El proyecto tiene que ser viable desde el punto de vista técnico, económico, financiero y medioambiental, con arreglo a los criterios establecidos en la convocatoria.

b) El proyecto aprobado por el Instituto debe superar, en su caso, la cuantía mínima establecida en la convocatoria.

c) En los proyectos de inversión cuyo importe de subvención supere la cuantía de un millón de euros (1.000.000 €) podrán ser objeto de ayudas siempre que se declare el especial interés del proyecto por la Junta de Castilla y León, a iniciativa del Instituto, en base al fuerte impacto que pueda tener sobre el tejido industrial de la Comunidad.

e) La inversión debe responder a una composición equilibrada entre sus diferentes conceptos de acuerdo con la actividad de que se trate y de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

Base séptima.– Gastos subvencionables.

1. Con carácter general, se consideran costes o gastos subvencionables con la contribución de los Fondos, las inversiones y gastos realizados y abonados después de presentar la solicitud de ayuda, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en los plazos establecidos.

En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.

En base al artículo 66 del Reglamento (UE) 2021/1060, los gastos de reubicación no serán subvencionables.

2. Los costes o gastos subvencionables pueden consistir en la adquisición de activos fijos materiales e inmateriales y los gastos que sean necesarios para el proyecto, que consistan en:

I. Terrenos y bienes inmuebles en los que exista una relación directa entre la compra y los objetivos del proyecto.

Solo será subvencionable la adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados por un importe que no exceda del 10% del gasto total subvencionable del proyecto.

II. Obra civil y adquisición de bienes inmuebles, que puede incluir las siguientes inversiones:

a) Las traídas y acometidas de servicios.

b) La urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del proyecto.

c) La edificación y acondicionamiento de obra civil en: oficinas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, almacenamiento de materias primas, edificios de producción, edificios de servicios industriales, almacenamiento de productos terminados y otras obras vinculadas al proyecto.

III. Bienes de equipo, que puede incluir las siguientes inversiones:

a) Los bienes de equipo consistentes en maquinaria de proceso, generadores térmicos, elementos y equipos de transporte interior, adaptación de los vehículos especiales de transporte exterior, equipos de medida y control, medios de protección del medio ambiente y medios y equipos de prevención de riesgos laborales.

b) Los bienes de equipo necesarios para servicios de electricidad, gas, suministro de agua potable, instalaciones de seguridad, depuración de aguas residuales y otros ligados al proyecto.

IV. Los trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y dirección facultativa de los trabajos.

V. Otras inversiones en activos fijos materiales, tales como equipamientos informáticos, mobiliario de oficina, utillajes, utensilios necesarios para prestación del servicio, etc.

VI. Otras inversiones en activos inmateriales, consistentes en la adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos no patentados siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Serán explotados exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.

b) Se considerarán elementos del activo amortizable.

c) Serán adquiridos a un tercero no relacionado con el comprador en las condiciones de mercado.

d) Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento de la empresa beneficiaria de la ayuda durante un período mínimo de tres años.

Con carácter general, no son subvencionables las adquisiciones de activos, ya sea en forma de entrega de bienes o de prestación de servicios, realizadas a entidades vinculadas, salvo autorización expresa en la resolución de concesión, previa petición que deberá constar en la solicitud de ayuda a los efectos de su autorización y de tenerlo en cuenta en la determinación de la inversión subvencionable.

3. Con el fin de reducir los gastos corrientes de una empresa, cuando así se establezca en la convocatoria, podrán ser subvencionados los gastos de funcionamiento con el fin de reducir la despoblación en zonas pocos pobladas.

4. En ningún caso se consideran costes subvencionables los intereses de deuda y los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

5. Con carácter general los activos adquiridos deben ser nuevos, y excepcionalmente, cuando así esté establecido en la convocatoria, en el caso de la adquisición de los activos directamente vinculados a un establecimiento que haya cerrado o habría cerrado de no procederse a su adquisición, podrán subvencionarse los gastos de adquisición de maquinaria y bienes usados, siempre que se adquieran en condiciones de mercado y sean comprados por un inversor no vinculado al vendedor, salvo que un miembro de la familia o empleado se haga cargo de una pequeña empresa.

6. En todo caso, se consideran gastos subvencionables las inversiones y gastos realizados dentro del plazo de ejecución establecido y que han sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. Si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera pagado sólo una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del derecho al cobro, se aplicará el principio de proporcionalidad.

7. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías a las que se refiere el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la empresa deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien.

8. En el supuesto de adquisición de terrenos y bienes inmuebles el importe subvencionable no podrá superar el valor de mercado, extremo que deberá acreditarse mediante un certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

9. No serán subvencionables las adquisiciones de los terrenos o bienes inmuebles que pertenezcan o hayan pertenecido a la empresa beneficiaria o a una entidad vinculada.

10. Los importes de los costes subvencionable podrán calcularse con arreglo a las opciones de costes simplificados establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1060 de 24 de junio.

11. En la convocatoria se podrá establecer un importe mínimo de gasto subvencionable y limitaciones a los diferentes conceptos de gasto de acuerdo con la actividad de que se trate.

Base octava.– Clase y cuantía de las subvenciones.

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como un porcentaje en función de los costes del proyecto de inversión y los criterios de valoración, que serán concretados y ponderados en cada una de las convocatorias.

La intensidad de la subvención a fondo perdido, expresada en términos de equivalente subvención bruta, no podrá superar los máximos que se fijan en el Mapa Regional de Ayudas para Castilla y León conforme la última Decisión de la Comisión Europea de 17 de marzo de 2022, o la que la actualice o sustituya.

En base a esta última, la intensidad máxima de la ayuda, en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, es del 25% para medianas empresas, excepto en la provincia de Soria y Zamora que es el 30%, y Salamanca el 35%, y en el caso de las pequeñas empresas, Soria y Zamora es el 40%, Salamanca el 45% y el resto de las provincias el 35%.

Base novena.– Criterios de valoración.

1. Los criterios de valoración para determinar si el proyecto es subvencionable, así como para determinar el importe de la subvención, será alguno o algunos de los siguientes:

a) Empleo: hasta 20 puntos.

La creación y/o mantenimiento de empleo ligado a la inversión en función al tipo de proyecto, así como la creación de empleo perteneciente a colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral: mujeres, discapacitados, mayores, y aquellos incluidos en el Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre.

b) Incorporación de tecnología, sistemas de calidad, protección al medio ambiente y contribución al cambio climático: hasta 40 puntos.

Proyectos de inversión de empresas innovadoras, base tecnológica o propietarias de patentes nacionales o internacionales, así como los sectores incluidos en la Estrategia Regional de Investigación para una especialización inteligente (RIS 3) y, los proyectos en los que se incorporen nuevos procesos de producción, nuevas tecnologías, incluidas las de información y telecomunicaciones, y productos innovadores que contribuyan a su adaptación de la «Industria 4.0». La protección del medio ambiente valorando los proyectos que prevean actuaciones que contribuyan a la reducción de emisiones de efecto invernadero, al uso más eficiente del agua y otros recursos, que faciliten el uso de energías renovables, que mejoren la economía circular, minimicen la generación de residuos o mejoren la gestión de los mismos.

c) La capacidad de generar actividad económica y el efecto dinamizador del proyecto para la economía de la zona, y el carácter exportador de la empresa. Hasta 20 puntos.

d) La localización territorial del proyecto: 15 puntos.

– Poblaciones de la Comunidad de Castilla y León que no excedan de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes, si distan menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia. A efectos de determinar las poblaciones que cumplen las citadas condiciones, se tendrá en cuenta la relación de poblaciones actualizada y publicada por la consejería competente en materia de hacienda, en cumplimiento de la Disposición Final séptima del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.

– Municipios incluidos en el Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros de Castilla y León.

– Zonas de intervención de los Programas Territoriales de Fomento aprobados por la Consejería competente en la materia. Este supuesto se aplicará durante el periodo de vigencia que cada programa territorial determine.

– La provincia de Soria durante la vigencia del Plan Soria conectada y saludable 2021-2027.

e) Normativa sobre discapacidad y responsabilidad social: hasta 5 puntos

Superar los porcentajes de contratación de personas con discapacidad exigidos en la normativa vigente e implantación de sistemas y/o instalaciones específicas para facilitar la accesibilidad a los colectivos afectados por algún tipo de discapacidad o limitación.

En los proyectos del sector turismo se tendrán en cuenta estos criterios, pero en el punto b) se valorará, hasta 40 puntos lo siguiente:

La recuperación o rehabilitación del patrimonio histórico-artístico, conservación de edificaciones características o tradicionales de la zona, las instalaciones y actividades complementarias de ocio dentro de los alojamientos turísticos y el valor cultural valorando la localización dentro de rutas declaradas por órgano competente en materia de turismo como turística, cultural histórica o gastronómica y la inclusión de elementos de interés social o medioambiental: turismo para familias, guarderías infantiles, talleres, educación medioambiental, visitas guiadas, actividades deportivas relacionadas con el entorno, turismo ornitológico, etc.

Cuando así este establecido en la convocatoria, se podrá aplicar directamente el tope máximo de ayuda establecido para cada zona en la base anterior, a los proyectos que se localicen en los municipios incluidos en un plan de recuperación socioeconómica aprobados por la Consejería correspondiente. Este supuesto solo se aplicará durante el periodo de vigencia que se determine en cada plan.

La concreción de estos criterios se establecerá en cada una de las convocatorias.

2. Para poder acceder a las subvenciones reguladas en esta orden, el proyecto solicitado deberá alcanzar la puntuación mínima que se fije en la convocatoria.

Base décima.– Límites a la intensidad de ayuda.

1. La financiación pública total de la inversión, computada como suma de los recursos públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 75% sobre el total del presupuesto del proyecto de inversión que haya sido considerado subvencionable.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas para el mismo objeto y finalidad, supere, en términos de equivalente de subvención bruta, la intensidad máxima de ayuda establecida en el Mapa de Ayudas Regionales para cada zona en cuestión.

3. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas. Los importes de los costes subvencionables podrán calcularse con arreglo a las opciones de costes simplificados, siempre que el proyecto sea financiado, al menos parcialmente, mediante un fondo de la Unión Europea que permita el uso de esas opciones de costes simplificados y la categoría de costes sea subvencionable.

4. Los límites máximos de ayuda serán de aplicación con independencia de que el proyecto subvencionado se financie en parte con fondos públicos estatales, regional, locales o comunitarios.

Base decimoprimera.– Acumulación e incompatibilidades.

Todas las subvenciones podrán ser compatibles con cualesquiera otras de la misma naturaleza siempre que, de forma acumulada, no sobrepasen los topes establecidos en los distintos regímenes de ayudas.

Para determinar si se respetan las intensidades máximas de ayuda establecidas en el mapa de ayudas regionales que esté en vigor en el momento en que se conceda la ayuda, habrá que tener en cuenta el importe total de las ayudas estatales concedidas al proyecto.

Las ayudas con costes identificables podrán acumularse con:

a) cualquier otra ayuda estatal, siempre que dichas ayudas se refieran a costes subvencionables identificables diferentes;

b) cualquier otra ayuda estatal, correspondiente -parcial o totalmente- a los mismos costes subvencionables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda más elevado aplicable a dicha ayuda, en virtud del Reglamento de exención.

Estas ayudas estatales no se acumularán con ayudas de minimis relativas a los mismos costes subvencionables si tal acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida en el mapa de ayudas de finalidad regional vigente.

Asimismo, las convocatorias podrán establecer incompatibilidades con otras ayudas o subvenciones dirigidas a los mismos gastos subvencionados.

CAPÍTULO II
Procedimiento

Base decimosegunda.– Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones se tramitarán y resolverán en concurrencia no competitiva atendiendo a su orden de presentación conforme el artículo 34 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, en función de que la documentación esté completa y teniendo en cuenta las disponibilidades económicas.

Las convocatorias de subvenciones serán aprobadas mediante resolución de la Presidencia del Instituto.

2. El extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación.

Base decimotercera.– Solicitudes, forma, plazo de presentación y medios de notificación.

1. Conforme el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento.

En la solicitud se indicará el nombre y el tamaño de la empresa, la descripción del proyecto, la ubicación del proyecto, la lista de los costes del proyecto y el tipo de ayuda e importe de la financiación pública necesaria para el proyecto.

Si la solicitud se presenta presencialmente se requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica, careciendo de eficacia la presentada anteriormente. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que hay sido subsanada.

La solicitud, acompañada de la documentación, se presentará telemáticamente según el modelo previsto en el formulario que podrá obtenerse en la sede electrónica de Administración de la Comunidad de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es mediante firma electrónica avanzada en el registro electrónico de la Junta de Castilla y León. El certificado electrónico deberá corresponder al solicitante de la ayuda o su representante.

Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

El registro electrónico, una vez admitida la solicitud, escrito o comunicación emitirá automáticamente por el mismo medio un resguardo acreditativo de la presentación. Dicho resguardo estará integrado por:

a) Una copia autentica de la solicitud escrito o comunicación presentada que incluirá la fecha y hora de presentación y número de entrada de registro.

b) Un resumen acreditativo de la presentación de la solicitud y de los documentos que, en su caso, acompañen a la solicitud, escrito o comunicación, en el que se indicará:

i. Información de registro electrónico: fecha y hora de presentación, número de entrada de registro electrónico.

ii. Identificación de la unidad administrativa o del centro al que se dirige la solicitud, escrito o comunicación.

iii. Identificación de la persona que ha presentado la documentación.

iv. Identificación de la solicitud, escrito o comunicación.

v. En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos, seguida del identificador de cada uno de ellos, que permita garantizar su autenticidad e integridad.

vi. Información, en su caso, del plazo máximo establecido normativamente para la resolución del procedimiento y notificación de la resolución, cuando sea automáticamente determinable, así como de los efectos que pueda producir el silencio.

El resguardo de la presentación se entregará de manera automática por medios electrónicos al interesado, estará firmado electrónicamente y podrá ser impreso en papel o archivado electrónicamente. Dicho resguardo tendrá la consideración de recibo acreditativo de la fecha y hora de presentación de la solicitud, escrito o comunicación y de la documentación que en su caso se acompañe.

La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento.

El modelo de instancia, así como los anexos y los modelos de documentación a aportar se encontrarán disponibles en http://www.empresas.jcyl.es
y en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

2. La mera presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la inscripción en el Fichero Clientes ADE, creado por la Orden EYE/947/2006, de 24 de mayo, por la que se crea y regula el fichero de datos de carácter personal denominado Clientes ADE.

3. La presentación de la solicitud de subvención conlleva conforme el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga, de forma directa, información sobre su situación censal y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación correspondiente.

4. Medios de notificación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el medio de notificación será por medios electrónicos, de manera que todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico, incluida la consulta de situación de dicho expediente, se harán por vía telemática.

Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido y se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Se entenderá cumplida la obligación de notificación, a la que se refiere el artículo 40.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica del Instituto.

El ICE enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

5. Plazo de presentación. Las solicitudes se presentarán en el plazo que se señale en la convocatoria.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo se declararán no admitidas mediante resolución expresa.

Base decimocuarta.– Documentación.

1. La documentación exigida en cada convocatoria será aportada por los interesados, conforme establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. La convocatoria determinará qué documentos podrán sustituirse, en su caso, por una declaración responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión se deberá requerir la presentación, en un plazo no superior a diez días, de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.

3. Cuando los documentos que deban acompañar a la solicitud ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la entidad actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en la letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan los documentos.

Si resultara materialmente imposible obtener el documento, el órgano instructor deberá requerir al solicitante, con anterioridad a la evaluación de las solicitudes, su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento.

4. Igualmente, el solicitante podrá presentar, y el Instituto solicitar, cualquier documento necesario para verificar el cumplimento de los requisitos exigibles en orden a la resolución correspondiente del procedimiento, así como los que resulten precisos en virtud del ejercicio de las facultades de control que pueda efectuar el Instituto y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración de Castilla y León, auditorías del Consejo de Cuentas o a otro tipo de fiscalización posterior a la percepción de las ayudas concedidas.

5. Subsanación de defectos. Si la solicitud aportada no reúne los requisitos, fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. Datos de carácter personal. Los datos aportados quedarán incorporados a una base de datos que aporte información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a los registros previstos normativamente. Los datos de carácter personal de los titulares de expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/ CE (Reglamento general de protección de datos).

Base decimoquinta.– Instrucción del procedimiento.

1. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General del Instituto quien realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos, las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiaria descritas en la base cuarta, así como la adecuación del proyecto a los tipos de actuación descritos en la base sexta y en virtud de los cuales debe formular la propuesta de resolución.

2. La Comisión de Análisis, Evaluación y Operaciones evaluará las solicitudes de subvención, a fin de comprobar si alcanza la puntuación mínima, y en su caso la cuantía de la subvención aplicando los criterios de valoración fijados en la convocatoria, así como evaluará la capacidad administrativa, financiera y operativa de la empresa beneficiaria.

La composición de la Comisión de Análisis, Evaluación y Operaciones se establece en el Acuerdo de 4 de mayo de 2012, de la Comisión Ejecutiva de la ADE.

3. Antes de formular la propuesta de resolución, se comprobarán las subvenciones y ayudas solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto de lo que quedará constancia en el expediente.

Base decimosexta.– Resolución.

1. Las solicitudes serán resueltas por la Presidencia del Instituto, a propuesta del Dirección General del Instituto, sin perjuicio de la desconcentración o delegaciones que puedan efectuarse. Será necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León cuando la cuantía de la subvención sea superior a un millón de euros.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de seis meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico del Instituto.

El vencimiento del mencionado plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

3. Las resoluciones estarán motivadas y fundamentadas en el cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas beneficiarias previstos en esta orden de bases, así como en aquellas disposiciones específicas establecidas en cada convocatoria y expresarán, en su caso, el importe de la subvención que se concede en relación con el presupuesto de inversión o gasto objeto de la misma, así como las condiciones generales y particulares a que queda sujeta y sus plazos.

Igualmente, al tratarse de subvenciones concedidas y cofinanciadas con cargo al FEDER, se comunicará al beneficiario que, si acepta la subvención, aparecerá en la lista prevista en el artículo 49 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio.

4. Cuando se concedan subvenciones a una sociedad o entidad en proceso de constitución, la resolución concederá un plazo de cuatro meses, prorrogables por otros dos, para que se acredite la inscripción de la sociedad en el correspondiente Registro o la constitución de la entidad.

Finalizado el plazo establecido en el párrafo anterior, la sociedad dispondrá de un mes, en su caso, para presentar ante el Instituto la ratificación de la aceptación de la resolución de concesión. Transcurrido el plazo de cuatro meses para presentar la documentación acreditativa de las circunstancias registrales de la sociedad y el plazo de un mes para ratificar la aceptación de la subvención, sin haberse cumplimentado, se declarará sin efecto la concesión, con archivo de la misma y la liberación de los créditos que, en su caso, se hubieran autorizado o comprometido.

Base decimoséptima.– Recursos.

Contra la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Presidencia del Instituto, o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, contados ambos plazos desde el día siguiente de la recepción de la notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Base decimoctava.– Aceptación.

1. La empresa deberá aceptar expresamente la concesión de la subvención, así como sus condiciones, de forma telemática, en el plazo de quince días hábiles, computados desde el día siguiente a la notificación.

2. En el caso de no aceptación, o transcurrido el plazo señalado sin haber aceptado la concesión, se entenderá que la empresa desiste de la solicitud, declarándose mediante resolución expresa.

Base decimonovena.– Modificaciones de la resolución.

1. Las empresas beneficiarias de las subvenciones deberán comunicar al Instituto cualquier incidencia posterior a la concesión de la subvención que pueda afectar a ésta.

2. Una vez notificada la resolución de concesión, la empresa podrá plantear las modificaciones de su contenido en las siguientes circunstancias, siempre que, estando debidamente justificadas, no alteraren el objeto y la finalidad de la subvención, no supongan aumento de la subvención concedida, ni perjudique derechos de terceros:

a) Cambios de denominación o de las circunstancias societarias con o sin cambio de titularidad.

b) Cambio de ubicación del proyecto de inversión o actividad.

c) Modificaciones de los plazos para la ejecución de la actuación o de las condiciones particulares impuestas en la concesión.

d) Modificaciones de los diversos costes o gastos subvencionables, con la condición de que la variación total del proyecto aprobado no supere el 25%, admitiendo compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.

e) Modificaciones en el nivel de autofinanciación o en las previsiones de financiación externa siempre que no alteren la viabilidad financiera del proyecto.

f) Modificaciones de los puestos de trabajo a mantener por el titular como consecuencia de operaciones societarias.

No se aceptarán aquellas modificaciones que supongan una alteración sustancial del proyecto aprobado, o supongan un incremento de la cuantía de la subvención, ni aquellas modificaciones que afecten a los criterios para determinar la condición de beneficiaria, pudiendo aceptar únicamente aquellas que puedan afectar al importe de la subvención, en cuyo caso éste se verá reducido con la aprobación de la modificación.

Estas modificaciones serán resueltas por la Presidencia del Instituto, sin perjuicio de la desconcentración o delegación que pueda efectuarse.

3. Las modificaciones diferentes de las mencionadas o que rebasen los límites señalados en el apartado 2 se someterán a los mismos trámites que la solicitud inicial.

4. Todas las modificaciones a las que se refieren los apartados 2 y 3 deben ser presentadas antes de dos meses de finalizar el plazo de ejecución establecido en la resolución, excepto las modificaciones incluidas en el apartado 2.a) que se presentaran en cuanto se produzcan y, en todo caso, en el plazo de dos meses contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de modificación es de seis meses desde el día de la recepción de la solicitud en el registro electrónico del Instituto, debiendo resolver en todo caso antes del vencimiento del plazo que corresponda.

6. Transcurridos dichos plazos sin que se haya notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada la petición de modificación.

Base vigésima.– Renuncias.

La empresa podrá renunciar a sus derechos en cualquier momento mediante la correspondiente solicitud y será aceptada por la Presidencia del Instituto, sin perjuicio de la desconcentración o delegación que pueda efectuarse, una vez reintegrado, en su caso, el importe de la subvención y declarando el archivo del expediente.

Base vigesimoprimera.– Pagos a cuenta y anticipos.

1. Podrán realizarse pagos a cuenta de las subvenciones concedidas en función de los gastos justificados por la empresa, cuando así esté establecido en la correspondiente convocatoria. Dichos pagos supondrán el pago parcial previa justificación del importe equivalente como aplicación de la subvención concedida.

2. Igualmente podrán realizarse anticipos, que tendrán la consideración de pagos a justificar cuando esté establecido en la convocatoria junto con el régimen de garantías exigibles. Dichos anticipos podrán alcanzar un importe máximo de hasta el 80% de la subvención, siempre que se cuente con la autorización de la Consejería competente en materia de Hacienda, conforme al artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

3. Cuando sea necesario para percibir el anticipo constituir un aval, éste será de entidades financieras autorizadas para operar en España que cubra la totalidad del pago anticipado, más los intereses que pudieran devengarse en los siguientes términos:

a) El aval deberá ser otorgado solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos de la Comunidad.

b) El aval se establecerá por cuantía suficiente para asegurar el reintegro de la cantidad anticipada, más los intereses legales que le correspondan, incrementados en un 20% en previsión de oscilaciones del tipo de interés y de otros posibles gastos adicionales.

c) Para el cálculo de los intereses y gastos (I) se utilizará la siguiente expresión: I = (importe anticipado de subvención x d x c x 1,2)/36.500 (siendo «d» el interés legal del dinero correspondiente al año de constitución del aval; y «c» la diferencia en días entre la fecha de finalización del plazo de ejecución de la concesión incrementada en seis meses, y la fecha de constitución del aval).

d) Deberá acreditarse además el inicio de la inversión.

La modificación posterior de la resolución de concesión podrá dar lugar, en su caso, a la constitución de avales adicionales.

4.El anticipo deberá ser solicitado por la empresa conforme a modelo normalizado y momento que se establezca en la correspondiente convocatoria de ayudas. Si la solicitud se produce después de concedida la subvención habrá de ser resuelta en el plazo de un mes, desde que haya tenido entrada en el registro electrónico del Instituto, transcurrido el cual sin que se haya notificado la resolución expresa se entenderá desestimada.

5. No se realizarán anticipos a aquellas empresas que, habiendo transcurrido el plazo de justificación, no hayan presentado la documentación justificativa de otros librados con anterioridad.

6. Una vez finalizado el plazo de ejecución, la empresa sólo podrá solicitar la liquidación final de la subvención concedida.

7. Las garantías se cancelarán por acuerdo del órgano concedente conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Base vigesimosegunda.– Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos de la subvención concedida se podrá realizar:

a) Para subvenciones concedidas por importe menor a 100.000 €, mediante la cuenta justificativa simplificada, de acuerdo con el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y lo establecido en el artículo 63.a) del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la siguiente información:

– Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos y,

– Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del proveedor, descripción, tipo de documento, fechas de los documentos, importe sin IVA, importe con IVA, cuenta contable donde se haya registrado, fecha de pago y en su caso, cuenta bancaria en la que se ha producido la salida de tesorería.

Dicha relación debe indicar las desviaciones acaecidas y las compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención e identificar los documentos que justifiquen adquisiciones de activos realizadas por entidades vinculadas.

– Declaración responsable con el detalle de las subvenciones que hayan financiado el mismo proyecto subvencionado con indicación del importe y procedencia.

En este caso, el órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo estadístico, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la empresa la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.

b) Para subvenciones concedidas por importe igual o mayor de 100.000 €, mediante la rendición de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

a. Una relación clasificada de los gastos e inversiones con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, indicando las desviaciones acaecidas.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.

Se podrá eximir de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior de hasta 3.000 euros.

c. Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles, que acredite que el inmueble se ha adquirido a precio de mercado.

d. Declaración responsable con la relación detallada de las subvenciones que hayan financiado el proyecto subvencionado con indicación del importe y su procedencia, así como cualquier ayuda percibida en régimen de minimis en los últimos tres años.

Cuando esté establecida en la convocatoria la utilización de costes simplificados, y los costes de la operación se hayan calculado con un método predefinido, no será necesario presentar los documentos justificativos.

2. Otra documentación justificativa para el pago.

La empresa presentará, junto con la solicitud de cobro o en el plazo previsto para justificar la subvención, además de la cuenta justificativa establecida que corresponda en el punto 1 y 2 de la presente base, la documentación que acredite el cumplimiento de otras condiciones impuestas en la resolución de concesión:

a) Certificados que acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo autorización al Instituto para obtenerlas directamente por medios telemáticos. En el caso de comunidades de bienes y sociedades civiles, las certificaciones o autorizaciones anteriores lo serán de cada uno de los comuneros o socios.

b) de empresa beneficiaria señaladas en el apartado 3 de la base cuarta, podrá realizarse mediante una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.

c) Declaración jurada de no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con la Unión Europea.

d) Declaración censal, salvo autorización al Instituto para obtener directamente por medios telemáticos dicho certificado y el documento que acredite el pago del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso, de la anualidad en curso.

e) La comunicación preceptiva del inicio de actividad y, en la justificación de las obras de construcción o acondicionamiento de edificios, las licencias correspondientes para el proyecto, dentro del plazo de justificación.

f) En el caso de adquisiciones de activos a entidades vinculadas aprobadas, un informe realizado por experto independiente que acredite el precio que sería acordado en condiciones normales de mercado entre sociedades independientes.

g) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables e inscribibles en un registro público deberá aportar la escritura pública correspondiente haciendo constar en la misma, la obligación de destino de los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años, a contar desde la fecha de fin de ejecución señalada en la resolución de concesión o de la fecha en la que se pagó la subvención, si esta última fue anterior, y el importe de la subvención concedida.

h) Documentación justificativa del número de trabajadores con discapacidad y el porcentaje que representa sobre el total de la plantilla conforme el Decreto 75/2008, de 30 de octubre. La concreción de la documentación a aportar para justificar este punto se establecerá en la convocatoria.

i) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías a las que se refiere el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la empresa deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten, o suministren.

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Si, siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído, sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano concedente, en base al artículo 83 del Reglamento General de la Ley de subvenciones, podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo dé cuenta de la empresa los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por la empresa o el resultante de la tasación.

j) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de información impuestas a la empresa conforme el artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio.

k) Presentación de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.

l) En el caso de creación de empleo, certificado de vida laboral y/o el alta autónomos.

3. En el momento de la justificación se podrán realizar compensaciones entre los conceptos presupuestados y aprobados en la resolución de concesión o modificación, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.

4. Plazo de presentación de la justificación.

La empresa beneficiaria, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, justificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión y presentará en modelo normalizado la solicitud del pago total o parcial de la subvención.

Cuando el proyecto o actividad subvencionada no pueda justificarse en el plazo previsto, por causas debidamente justificadas, podrá concederse a la empresa, a solicitud de ésta, una prórroga del plazo establecido, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudique derecho de terceros.

La solicitud de prórroga del plazo de justificación y su concesión deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso, podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

La resolución sobre ampliación de plazo o su denegación, debe ser notificada a la empresa y no será susceptible de recurso.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá a la empresa para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso el reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá a la empresa de las sanciones que correspondan.

Base vigesimotercera.– Conservación de la documentación.

La presentación telemática de la documentación no exime a las empresas de las obligaciones de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, etc., por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano gestor de las subvenciones o al realizar las actividades de control legalmente previstas.

Conforme el artículo 82 del Reglamento (EU) N.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio, los documentos justificativos de los gastos se conservarán durante un plazo de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión efectúe el último pago al beneficiario y los documentos se conservarán o bien en forma de originales, o bien en soporte de datos comúnmente aceptados o documentos existentes únicamente en versión electrónica.

Base vigesimocuarta.– Aplazamientos de pago.

Para que la solicitud de pago de la subvención pueda ser atendida habrá de referirse a conceptos de inversión o gastos aprobados, que deberán haber sido adquiridos en propiedad dentro del plazo de ejecución y pagados por la empresa dentro del plazo de justificación.

No obstante, podrán admitirse en las liquidaciones parciales o pagos a cuenta, aplazamientos de pagos cuando así lo establezca la convocatoria.

Las inversiones que se efectúen mediante fórmulas de pago aplazado o de arrendamiento financiero (leasing) serán subvencionables, siempre que se justifique que se ha ejercitado la opción de compra dentro del plazo de ejecución establecido en la resolución de concesión de la ayuda. En ningún caso, serán subvencionables los gastos financieros derivados de la operación de leasing.

Base vigesimoquinta.– Comprobación de requisitos y condiciones.

La comprobación del cumplimiento de requisitos y condiciones se realizará por el Instituto, o por una entidad auditora contratada por la misma.

Para la comprobación de las inversiones, gastos y pagos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Se presentará factura definitiva y justificación bancaria del pago de la misma. Se considerará como fecha de realización de la inversión o gasto la fecha de la factura definitiva.

b) En ningún caso serán admisibles los pagos en efectivo. Se entenderá por efectivo:

– El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

– Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.

c) Si se paga mediante pagarés o letra de cambio deberá presentarse el justificante de su cargo en cuenta bancaria con fecha anterior al final del plazo de justificación.

d) La compra de terrenos se justificará mediante el justificante de pago y la escritura pública de compraventa o adquisición, debidamente liquidada del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados o del IVA según proceda.

e) Cuando el importe de gasto subvencionable supere las cuantías a las que se refiere el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se comprobará la existencia de los tres presupuestos indicados, salvo en las excepciones indicadas en el mismo.

f) La comunicación preceptiva del inicio de actividad, en su caso, y en la justificación de las obras de construcción o acondicionamiento de edificios, las licencias correspondientes para el proyecto, todo ello dentro del plazo de justificación.

g) Si se adquiere mediante contrato de leasing, se deberá presentar dicho contrato, junto con las facturas correspondientes a los productos adquiridos, para que pueda verificarse que la financiación corresponde precisamente a dichos productos.

Se considerará fecha de realización de la inversión la fecha de la opción de compra, que en todo caso deberá producirse antes de la finalización del período de ejecución de la subvención.

h) A efectos de inicio de las inversiones podrá considerarse como fecha de realización de inversión o gasto la del documento (albarán o similar) acreditativo de la entrega de la mercancía o prestación del servicio, sin perjuicio de la obligación de aportar la factura correspondiente en el plazo establecido legalmente.

i) Cuando exista vinculación entre la empresa beneficiaria de la subvención y quien preste los servicios o entregue los bienes que constituyan la inversión subvencionable conforme a lo dispuesto en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sólo serán subvencionables cuando cuenten con autorización expresa del Instituto, y dichas operaciones se valorarán según los precios que serían acordados en condiciones de mercado entre empresas independientes.

j) En todo caso, no sólo deberá justificarse la existencia del pago, sino que el destinatario del mismo deberá coincidir con la persona física o jurídica que emitió la factura.

k) El cumplimiento de las condiciones de creación y mantenimiento de empleo se acreditará mediante el certificado de vida laboral.

Cuando en la comprobación realizada se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la empresa, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

En todo caso, la justificación se entenderá realizada provisionalmente hasta que hayan transcurrido cuatro años contados desde la fecha en que se haya efectuado la misma, una vez haya concluido el plazo de justificación de la subvención, o bien desde el vencimiento de las condiciones que deban ser cumplidas o mantenidas por la empresa con posterioridad a dicho plazo.

Si la comprobación fuera realizada por una entidad auditora contratada por el Instituto, la empresa estará obligada a poner a disposición de dicha entidad los documentos originales que sean necesarios para la comprobación de los requisitos y condiciones establecidas, según el caso, en la convocatoria o en la resolución de concesión, facilitando a la misma las copias oportunas, sin perjuicio de la obligación de presentar ante el Instituto toda la documentación justificativa del proyecto.

Base vigesimosexta.– Informe de verificación.

El órgano gestor, examinados los documentos, realizadas las inspecciones físicas de la realidad del proyecto y realizadas las comprobaciones que resulten necesarias, emitirá un informe en el que acreditará el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles hasta ese momento conforme lo establecido en el artículo 35.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, formulándose la propuesta de liquidación total o parcial de la subvención.

Base vigesimoséptima.– Liquidación y pago.

Realizadas las comprobaciones y emitido el informe positivo de verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución, se realizará la liquidación correspondiente de la subvención, en su caso. De lo contrario se iniciará el procedimiento de incumplimiento correspondiente.

En el momento de la liquidación, siempre que no haya variado el objeto y la finalidad en que se sustentó la concesión de la subvención, se podrán aceptar reducciones o compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención, hasta el 25% de los costes o gastos aprobados e indicados en la base séptima, con la reducción proporcional del presupuesto total aprobado, siempre que la reducción no suponga que el presupuesto elegible quede por debajo del importe mínimo de presupuesto elegible que se establezca en cada convocatoria, en su caso, y se podrá proceder a la liquidación directa proporcional sobre los gastos o inversiones efectivamente realizados y aprobados, previa audiencia de la empresa.

Base vigesimoctava.– Incumplimientos y reintegros.

1. Los incumplimientos de requisitos establecidos en esta orden y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, darán lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o a la reducción de la cuantía de la misma y, en su caso, a la obligación de devolver la subvención percibida más los intereses de demora correspondientes previo el oportuno procedimiento de reintegro, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

2. Cuando la empresa ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente, sin perjuicio de la desconcentración o delegación que pueda efectuarse, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.

3. Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos incluidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en todo caso, en los siguientes:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las empresas beneficiarias con motivo de la concesión de la subvención.

d) Obtener la subvención por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, sobrepase los topes máximos de la inversión aprobada, o los límites de compatibilidad admisibles.

e) Cuando la empresa incurra en las situaciones de prohibición de acceso a las subvenciones.

f) Incumplimiento de las obligaciones de la empresa previstas en la base quinta de esta orden.

4. Cuando el cumplimiento por la empresa se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, para determinar el grado de incumplimiento se tendrá en cuenta el grado de ejecución de la acción subvencionable y el grado de consecución de la finalidad de la convocatoria aplicándose en todo caso los criterios de proporcionalidad siguientes:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la base vigesimoséptima, tratándose de condiciones referentes a la cuantía de la inversión el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente a la inversión dejada de practicar o practicada indebidamente, y en todo caso, será total si la inversión justificada se quedara por debajo del mínimo establecido en la convocatoria o no alcanzara el 50% sobre el presupuesto aprobado.

b) Tratándose de condiciones referentes al mantenimiento de la inversión en condiciones normales de funcionamiento, el alcance del incumplimiento se determinará de forma proporcional a la inversión no mantenida y al periodo durante el cual se hayan incumplido los requisitos.

c) Tratándose de condiciones referentes a la creación de empleo, el alcance del incumplimiento se determinará en función del nuevo porcentaje de subvención resultante de la valoración de los puestos de trabajo finalmente creados.

d) Tratándose de cuestiones referidas al mantenimiento de puestos de trabajo, el incumplimiento será total en los supuestos de destrucción de empleo, entendiéndose por tal, cuando la media de la plantilla de la empresa en el centro de trabajo objeto de subvención, durante el periodo de exigencia de esta condición, resulte inferior al nivel establecido en la concesión y, además, el empleo al final del periodo considerado sea inferior al exigido.

En todo caso, se analizarán de manera particular las disminuciones puntuales de empleo que se produzcan durante el período de mantenimiento exigido, pudiéndose admitir situaciones coyunturales de descenso del nivel de empleo, siempre que estén debidamente justificadas y no sean imputables a la empresa.

No obstante, cuando por situaciones coyunturales de mercado, sobrevenga un expediente temporal de regulación de empleo (ERE), que esté comunicado a la Autoridad Laboral competente y no dé lugar a la extinción de puestos de trabajo, podrá considerarse que no ha habido disminución de empleo en lo que afecta a las bajas temporales consecuencia de la aplicación del citado ERE.

e) Tratándose de condiciones referentes a los criterios de valoración tenidos en cuenta para la determinación de empresa beneficiaria y del porcentaje de subvención, el alcance del incumplimiento se determinará en función del nuevo porcentaje de subvención resultante.

f) Si se hubiere incumplido las medidas de publicidad se aplicarán las reglas incluidas en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:

a) Haber obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Cuando no se acredite el nivel de autofinanciación de la base quinta punto 4 o el nivel de fondos propios exigido en la resolución.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

d) Carecer de los permisos, licencias o autorizaciones exigidos por la normativa aplicable que resulten necesarios para realizar las inversiones comprometidas o para desarrollar la actividad subvencionada en condiciones normales de funcionamiento.

e) Cuando la empresa no haya acreditado con anterioridad al pago que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y el cumplimiento de la normativa para la integración laboral.

f) Cuando la empresa incurra en las situaciones de prohibición de acceso a las subvenciones.

g) La falta de colaboración con las actuaciones de comprobación y control a que se refiere la base quinta de esta orden.

h) Cuando no se comuniquen los cambios societarios posteriores a la concesión que afecten a las condiciones y requisitos que dieron lugar a la concesión de la subvención y posteriores a la ejecución del proyecto, en el plazo de dos meses desde la inscripción de la escritura pública en el Registro que lo recoja o en el plazo requerido para su justificación.

i) La no presentación del inventario de bienes cuando éste sea requerido.

6. En el supuesto de obtener subvenciones por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas sobrepase los topes máximos de compatibilidad se estará a lo previsto en el art 33 y 34 del Reglamento de la Ley 38/2003.

7. Si el incumplimiento derivara de la inobservancia de alguna condición formal de presentación de documentación y/o acreditación de licencias, autorizaciones o ampliaciones de capital, siempre que no afecte a la realización del proyecto, dará lugar a la graduación del incumplimiento, considerando el grado de incumplimiento del 10% si el retraso en la presentación o acreditación no es superior a tres meses, del 20% si el retraso no es superior a seis meses y del 30% si no es superior a ocho meses, siempre y cuando se hayan acreditado todas las condiciones.

8. Si el incumplimiento derivara de la inobservancia de alguna condición o supuesto distinto de los anteriores, su alcance, total o parcial, será determinado en función del grado y de la entidad de la condición incumplida, aplicando criterios de proporcionalidad.

9. La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación conjunta de las mismas para determinar el alcance del incumplimiento, que en todo caso se graduará conforme al principio de proporcionalidad.

A estos efectos, el alcance del incumplimiento, en tanto por 100, se obtendrá restando de 100 el producto del grado de cumplimiento, en tanto por cien, de todas y cada una de las condiciones.

10. Cuando el alcance del incumplimiento sea total aplicando lo establecido en los apartados anteriores, no procederá el pago de la subvención a la empresa, dando lugar, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia de los intereses de demora correspondientes.

En los demás casos, la subvención procedente a pagar a la empresa se obtendrá reduciendo la subvención concedida en el porcentaje del alcance del incumplimiento, dando lugar, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas en exceso y a la exigencia de los intereses de demora correspondientes.

11. La tramitación del procedimiento de incumplimiento se realizará conforme a la normativa vigente, correspondiendo su inicio y resolución a la Presidencia del Instituto, sin perjuicio de las desconcentraciones o delegaciones que puedan efectuarse, previo informe técnico del área competente por razón de la materia.

El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectada.

Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince días.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la iniciación del procedimiento. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

12. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la empresa sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando dicha devolución voluntaria se produzca por alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los intereses de demora se calcularán hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la empresa.

13. Contra las resoluciones de la Presidencia del Instituto podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante la Presidencia del Instituto o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado Contencioso Administrativo, a contar en ambos casos desde el día siguiente a la recepción de la notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Base vigesimonovena.– Medidas de información publicación y visibilidad destinadas al público.

1. Las empresas beneficiarias de las acciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional deberán cumplir los requisitos de información, publicidad y visibilidad establecidas en el artículo 47 y 50 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio, en relación con el anexo IX de comunicación y visibilidad sobre el apoyo procedente de los fondos y el Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. La empresa será responsable de informar al público de la ayuda obtenida de los Fondos, a través de las medidas siguientes:

a) En el sitio web del beneficiario, cuando dicho sitio exista, y en sus cuentas en los medios sociales harán una breve descripción del proyecto, con sus objetivos y resultados, y destacarán la ayuda financiera de la Unión.

b) Proporcionarán una declaración destacando la ayuda de la Unión, en los documentos y materiales de comunicación dirigidos al público relacionados con el proyecto.

c) Exhibirán en un lugar visible para el público un cartel de tamaño mínimo A3 o una pantalla electrónica equivalente con información sobre el proyecto donde se destaque la ayuda de los Fondos, indicando que el proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el objetivo de «Conseguir una Europa más inteligente y competitiva».

Base trigésima.– Obligaciones posteriores.

1. Comunicar al Instituto todas las incidencias en la titularidad de la empresa y cambio de ubicación del centro donde se llevó a cabo el proyecto objeto de subvención, producidas durante los tres años siguientes a la fecha del fin del plazo de ejecución.

La resolución de la incidencia de transmisión, fusión, absorción y escisión recogerá la responsabilidad solidaria tanto de transmisor, titular de la subvención, como del nuevo adquiriente respecto del cumplimiento de las condiciones pendientes teniendo en cuenta los plazos fijados respectivamente para el mantenimiento del empleo, actividad e inversión. Esta responsabilidad deberá ser aceptada expresamente por las dos sociedades. Serán atribuidas a la nueva sociedad beneficiaria solidariamente con el anterior titular de la subvención, las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las condiciones con independencia del responsable del incumplimiento.

2. Con objeto de realizar las comprobaciones de la obligación de mantenimiento de inversiones en condiciones normales de funcionamiento, se podrá aportar un nuevo inventario de los bienes objeto de subvención, en el cual se reflejará, en su caso las bajas de activos y las fechas en las que se produjeron, así como la identificación de los bienes sustituidos.

3. La empresa estará sometida a cualquier actuación de comprobación de la Administración concedente, así como el control financiero de la Intervención y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de subvenciones financiadas con fondos europeos o a cualquier otra que la normativa aplicable establezca, para comprobar la aplicación de las subvenciones a la finalidad que determinaron su concesión, el cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago de la ayuda y el mantenimiento de las condiciones establecidas en las bases reguladoras, la convocatoria y la resolución de concesión.

4. En cualquier acto de promoción deberá indicarse que el proyecto ha sido realizado con la cofinanciación de la Junta de Castilla y León y, en su caso, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

5. La empresa está obligada a mantener los documentos justificativos de los gastos del proyecto y las auditorias correspondientes, durante un periodo de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión efectúe el último pago al beneficiario.