Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0357-24 de 12 de marzo de 2024

Cuestión

Tributación de la operación.

Normativa

LIRPF. Ley 35/2006. Art 6.

TRLITPAJD. RD-Legislativo 1/1993, arts. 7,8 y 45.I.B .15.

Descripción

El consultante va a recibir de un particular un dinero mediante un préstamo sin intereses

y a devolver en unos días. El destino de dicho dinero será la adquisición de su nueva

vivienda.

Contestacion

I) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El artículo 7 del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24

de septiembre (BOE de 20 de octubre)- en adelante TRLITPAJD- establece que:

?1. Son transmisiones patrimoniales sujetas:

(?)

B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones

y concesiones administrativas, salvo cuando estas últimas tengan por objeto la cesión

del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en

puertos y en aeropuertos.

Se liquidará como constitución de derechos la ampliación posterior de su contenido

que implique para su titular un incremento patrimonial, el cual servirá de base para

la exigencia del tributo.

(?)

5. No estarán sujetas al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, regulado

en el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas

por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional

y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios

sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. (?)?.

A su vez, el artículo 8 del mismo texto legal establece que:

?Estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera que

sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario:

(?)

d) En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el prestatario.

(?)?.

Por otra parte, el artículo 45.I.B) 15 del TRLITPAJD determina que:

?Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen

a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley serán los siguientes:

I. (?)

B) Estarán exentas:

(?)

15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que

se instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos

análogos. La exención se extenderán a la transmisión posterior de los títulos que

documenten el depósito o el préstamo, así como el gravamen sobre actos jurídicos documentados

que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en

serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos

por los que se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho

en la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento, incluidos los préstamos

representados por bonos de caja emitidos por los bancos industriales o de negocios.

(?)?.

De los preceptos expuestos se deriva que los préstamos constituidos por quien no

tenga la consideración de empresario o profesional en el ejercicio de su actividad

y, en cualquier caso, cuando no constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios

sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, como parece ser en el presente caso en

el que se trata de un préstamo de carácter personal, estará sujeto al concepto de

transmisiones patrimoniales onerosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.B)

y 5 del TRLITPAJD, pero exento de dicha modalidad en virtud de la exención establecida

en el artículo 45.I.B)15 del mismo texto legal.

No obstante, esta exención no exime de la presentación de la declaración del impuesto,

ya que el artículo 51.1 del citado texto refundido establece dicha obligación en general

para todos los hechos imponibles, con independencia de que estén o no exentos del

impuesto. Este precepto tiene su desarrollo reglamentario en el artículo 98 del Real

Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio), por el que se aprueba el reglamento

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo

apartado 2 recoge diversas excepciones a la obligación de presentación de la declaración,

sin que ninguna de ellas sea aplicable al supuesto planteado.

II) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los préstamos entre particulares, con independencia de su destino, no tienen en el

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas un tratamiento distinto al que pudiera

corresponder a los otorgados por las entidades de crédito. Por tanto, el supuesto

de que el préstamo sea otorgado por un particular y con carácter gratuito, no altera

el carácter de financiación ajena que incorpora todo préstamo, no suponiendo su concesión

un supuesto de obtención de renta por parte del consultante, no produciéndose, por

tanto, el hecho imponible del Impuesto, definido como tal en el artículo 6 de la Ley

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y

de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta

de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).

Por otra parte, se debe precisar que las cuestiones relativas a la formalización

de un contrato de préstamo entre particulares personas físicas, corresponden al ámbito

del Derecho Civil. Por lo tanto, se estará a lo dispuesto en la normativa civil que

sea aplicable; es decir, las que resulten de lo previsto en los artículos 1.740 a

1.757 del Código Civil, que regulan el contrato de préstamo, y legislación concordante,

así como cualquier otra normativa que pueda resultar aplicable en función de las características

del contrato. Al respecto cabe mencionar que el artículo 1.740 del Código Civil dispone

que el simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés.

Por último, no se responden las cuestiones planteadas respecto al prestamista al

no constar este como consultante. Al respecto, el artículo 88 de la Ley 58/2003, de

17 de diciembre, General Tributaria, dispone que las consultas han de ser formuladas

por los obligados tributarios respecto al régimen, la clasificación o la calificación

tributaria que en cada caso les corresponda.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado

1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.