Dictamen del Consejo Consultivo de Illes Balears núm 151/2011 del 14 de diciembre del 2011

Resumen

DICTAMEN núm. 151/2011, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel senyor J. B. F. davant el Servei de Salut de les Illes Balears*

Ponente/s:

Carmen Fernández González

Contestacion

DICTAMEN núm. 151/2011, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial

formulada pel senyor J. B. F. davant el Servei de Salut de les Illes Balears*

I. ANTECEDENTS

1. El director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el 4 de juliol de 2011, ha

formulat la consulta preceptiva sobre el procediment de responsabilitat patrimonial que

té origen en la reclamació presentada pel senyor J. B. F. l'1 de juny de 2009. La

sol·licitud de dictamen s?ha registrat d?entrada en el Consell Consultiu l'11 de juliol de

2011.

2. De l?escrit de reclamació del senyor J. B. F., en cal destacar les dades següents:

Primero.- El día 18 de enero de 2006 fui intervenido de catarata del ojo derecho [?]

por el Servicio de Oftalmología del Hospital General [?].

Segundo.- Tras la buena evolución de la intervención anterior, el día 30 de marzo de

2006 fui intervenido de catarata del ojo izquierdo [?].

Con anterioridad a esa intervención, me presentaron la hoja de consentimiento

informado donde se describía que los riesgos personalizados de la operación, como

en la anterior, eran los habituales, nada más. Sin embargo, como es de ver en la

copia del expediente médico que se adjunta, tras la firma del consentimiento y una

vez realizada la operación se añadieron los riesgos de la intervención.

Existe en ese acto una vulneración expresa a mi derecho a la autonomía como

paciente. El consentimiento que suscribí no contenía los riesgos «infección, rotura

capsular, hemorragia» que a posteriori se incluyeron.

Como ya se puede imaginar el resultado de esta segunda intervención no fue el

esperado.

Tercero.- De conformidad con lo indicado en el Informe del Servicio de

Oftalmología del Complex Hospitalari Gesma, suscrito por el doctor J. B. A., el día

17 de agosto de 2006, lo acontecido en la intervención de cataratas de mi ojo

izquierdo fue lo siguiente: «Durante las maniobras de introducción de la LIO, se

produce rotura amplia de la cápsula posterior por lo que se decide extracción de la

LIO tras ampliar la incisión unos 2 mm. siendo preciso la realización de vitrectomía

anterior amplia, así como iridectomía. Se realiza cierre de la incisión mediante 3

puntos sueltos de Nylon 10/0 y se decide posponer la introducción de la LIO en un

segundo término».

No fue hasta junio de 2006, cuatro meses después de la intervención, cuando se nos

informa a mí y a mi esposa [?] de las complicaciones surgidas [?].

El informe del doctor [J.] B. [A.] continúa diciendo que: «Tras cuatro meses de

tratamiento el paciente presenta edema corneal que no se resuelve con el

tratamiento».

Cuarto.- [?] Así las cosas, el día 17 de agosto de 2006 se me entrega el informe del

doctor [J.] B. [A.] . Éste indica que en ese momento presentaba: «Queratopatía

bullosa OI, afaquía postquirúrgica e iridectomía en sector por lo que se considera

programar Queratoplastia penetrante OI, sutura reconstructora de iris e implante de

LIO secundario O. izquierdo [...]».

* Ponència de l?Hble. Sra. Carmen Fernández González, consellera.

2

Quinto.- Con los antecedentes anteriores, el día 5 de julio de 2006 acudí al Instituto

de Microcirugía Ocular de Barcelona [?]. El día 24 de agosto de 2006 me

intervinieron realizándose: queroplastia penetrante, vitrectomía anterior,

sinequiliosis anterior y posterior.

Según se indica en el informe [?], se observaron restos de cápsula posterior que

fueron conservados durante la curugía para posterior implante de lente intraocular en

sulcus (realizado el día 24/10/2006).

La evolución postoperatoria fue satisfactoria hasta que en octubre de 2007 se

observó un episodio de rechazo endotendial que fue tratado con corticoides tópicos y

sistémicos. [?]

Sexto.- En noviembre de 2007 se produjo un segundo episodio de rechazo

endotendial por el que acudí al servicio de urgencias de la Clínica de Son Llàtzer. El

29 de noviembre de 2007 se realiza queratoplastia penentrante en Ojo Izquierdo

derivada del rechazo de la córnea.

Séptimo.- El día 18 de febrero de 2008 acudí de nuevo a la clínica de Barcelona para

revisión en el ojo izquierdo [?].

Octavo.- El 16 de julio de 2008 fui intervenido del mismo ojo al padecer un

desprendimiento de retina. Esta intervención se llevó a cabo en el Hospital Son

Llàtzer [?].

Al día de la fecha, a pesar de seguir de baja médica, las secuelas que padezco por la

mala intervención de mi ojo izquierdo [?] son irreversibles.

Acompanya la seva reclamació amb diversa documentació mèdica i sol·licita «el

recibimiento del procedimiento a prueba», així com la indemnització corresponent,

sense quantificar-la.

3. El 24 de juny de 2009, es notifica al senyor J. B. F. el nomenament de la instructora

del procediment, se l?informa de diversos aspectes d'aquest procediment i se?l requereix

perquè quantifiqui la indemnització sol·licitada. En l?escrit de 30 de juliol de 2009, el

reclamant quantifica la indemnització per un valor de 51.282'60 euros, resultat de

considerar com a seqüeles 25 punts per pèrdua de visió de l'ull esquerre i 15 més per

col·locació de lent intraocular; tenint en compte l'edat del senyor J. B. F., cada punt es

valora en 854'71 euros, això suposaria un total de 25.641'30 euros. A aquesta quantitat,

el reclamant afegeix 25.641'30 euros més per «daños morales», «constantes atenciones

médicas», «molestias», «etc.».

4. L'informe del cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Son Llàtzer, de 19 de juny

de 2009, recorda que els facultatius d'aquest centre no han participat en la cirurgia a la

qual s'atribueixen determinades complicacions i que va tenir lloc el 30 de març de 2006.

La seva atenció va començar el dia 13 de novembre de 2007, després que el pacient fos

intervingut a un centre privat de Barcelona. L'evolució era favorable, amb conservació

de la viabilitat de l'ull esquerre, fins a l?11 de juliol de 2008, quan presenta un

despreniment de retina. En data 10 de febrer de 2009, la situació de senyor J. B. F. era

de «AV cuenta dedos a 1 mt, con una refracción -8 esf -3 cil 160º con córnea

trasplantada transparente y retina a plano».

5. L?informe mèdic de Dictamed I & I SL, emès a requirment de la unitat instructora, i

que signaren les especialistes oftalmòlogues doctora C. M. R. i doctora M. M. M. el 23

3

de setembre de 2010, després d'analitzar l'historial mèdic del senyor J. B. F. i d'explicar

amb deteniment diverses consideracions mèdiques sobre les cataractes, conclou el

següent:

Durante la cirugía ocurrió una rotura de la cápsula posterior del cristalino, optando

el cirujano por realizar vitrectomía anterior e iridectomía, y no implantar lente

intraocular en ese momento (se valoraría implantarla posteriormente, en un segundo

tiempo quirúrgico). Esta actitud es adecuada.

2. La rotura de la cápsula posterior del cristalino es una de las complicaciones más

frecuentes de la cirugía de catarata, oscilando su incidencia entre el 4.8 y el 9.9%.

No implica que la técnica fuera inadecuada, pues es una complicación inevitable que

surge en las manos más expertas y con una técnica correcta.

3. En el postoperatorio, se desarrolló un edema corneal severo, que no respondió al

tratamiento médico pautado [?], permaneciendo de forma crónica. Si dicho edema

corneal no responde [?], la única opción posible es el tratamiento quirúrgico,

mediante trasplante de córnea [?]. La cirugía que el paciente optó por realizar en la

sanidad privada está disponible y se realiza de forma habitual en la sanidad pública.

4. El primer trasplante de córnea evolucionó de forma favorable los primeros meses,

pero algún tiempo después ocurrió un rechazo agudo del mismo, que hizo necesario

realizar un segundo trasplante de córnea [?]. Este segundo [?] se realizó en la

sanidad pública. Desgraciadamente, algún tiempo después el paciente sufrió un

desprendimiento de retina, que fue intervenido quirúrgicamente en la sanidad

pública, consiguiéndose el éxito anatómico (la retina se volvió a aplicar, volvió a su

posición adecuada). En febrero de 2008 (última revisión de la que tenemos

constancia) la retina continuaba aplicada (en su posición adecuada), y la córnea

estaba transparente, sin haberse descrito nuevos rechazos corneales.

5. Las complicaciones que sufrió el paciente (rotura de la cápsula posterior del

cristalino, edema corneal establecido o queratopatía bulbosa; desprendimiento de

retina) están descritas de forma clásica en la cirugía de catarata, y pueden ocurrir a

pesar de una buena praxis médico-quirúrgica. En este caso, el seguimiento y

tratamiento de dichas complicaciones fue adecuado.

6. El 14 d'octubre de 2010, la inspectora mèdica analitza en el seu informe les diverses

al·legacions efectuades pel reclamant i considera que l'assistència prestada al

senyor J. B. F. va ser correcta en tot moment, que les complicacions que va patir no es

relacionen amb la tècnica quirúrgica emprada i que, amb els coneixements actuals,

«estas sucesivas complicaciones no pueden preverse ni evitarse», perquè es tracta de

«reacciones anómalas del organismo del paciente (rotura capsular, descompensación

corneal con queratopatía bullosa, rechazo al trasplante de córnea, desprendimiento de

retina). Estas complicaciones se presentan a pesar de la correcta asistencia y no como

consecuencia de la misma». Finalment, assenyala que «Las acusaciones de

manipulación de documentos y falta de información que se hacen en la reclamación

quedan desmentidas por la documentación correspondiente, cuyas copias están en poder

del reclamante».

7. S?obre el tràmit d?audiència amb un escrit de 20 de desembre de 2010. El dia 3 de

gener de 2011, el reclamant es persona en les dependències del Servei de Salut, atorga

la seva representació a la advocada V. C. i obté una còpia de l'expedient. No consta que

aprofitàs el tràmit per presentar al·legacions.

4

8. La proposta de resolució, de 29 de juny de 2011, conclou que s'ha de desestimar la

reclamació pels motius següents:

a) Perquè no s'ha vulnerat la lex artis ad hoc.

b) Perquè la informació facilitada al pacient va ser adequada, tal com demostren el

documents de consentiment informat signats. Al respecte, la instructora recorda que «El

paciente realiza una acusación de falsedad documental, delito tipificado en el Código

Penal, por el que no ha presentado denuncia alguna que le conste a la Administración.

Se trata de una grave acusación de la que no se ha aportado prueba alguna por le

reclamante, que es quien debe realizarla. A mayor abundamiento, en el trámite de

audiencia concedido al señor J. B. F., el mismo no realizó alegación alguna que

defendiese las pretensiones recogidas en su escrito inicial de reclamación. En efecto,

hay que poner de relieve la falta de actividad probatoria por parte del reclamante que, ni

siquiera en trámite de alegaciones, con asistencia letrada y con conocimiento de los

informes negativos de la inspección médica y de los peritos de la compañía aseguradora

[...], ha intentado argumentar nada en contra de tales informes».

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera

D?acord amb el que disposa l?article 18.12 a de la Llei 5/2010, de 16 de juny,

reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, aquest Dictamen és preceptiu en

els procediments tramitats per les administracions públiques de les Illes Balears referits

a reclamacions per responsabilitat patrimonial la quantia dels quals sigui superior a

30.000 euros. És indubtable, per tant, el caràcter preceptiu d?aquest dictamen, ja que

s?ha demanat una indemnització de 51.282'60 euros.

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears està legitimat per formular

aquesta consulta, d'acord amb l'apartat c de l'article 21 de la Llei 5/2010, esmentada.

Segona

El senyor J. B. F., com a perjudicat directe, té sens dubte la condició de titular d?un dret

subjectiu i està inclòs en l?article 31.1 a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Respecte del termini de presentació de la reclamació, aspecte que la instructora no s?ha

plantejat, el Consell Consultiu ha de considerar que l?atenció hospitalària oftalmològica

posada en qüestió pel reclamant s?allargà fins al novembre de 2008, mentre que la

reclamació va ser interposada l'1 de juny de 2009. Per tant, la sol·licitud està dins el

termini d?un any previst per la Llei 30/1992.

5

El procediment s?ha tramitat de manera adequada, amb totes les garanties,

principalment per les possibilitats que ha tingut el reclamant per aportar documents i

proves ?que no ha aprofitat?, inclòs el tràmit d?audiència.

Tercera

Hem de recordar que la competència per resoldre aquest procediment, segons

s?estableix en el Decret 39/2006, de 21 d?abril, pel qual s?aproven els Estatuts de l?ens

públic Servei de Salut de les Illes Balears, correspon al director general (article 12.1 l).

Aquesta previsió s?incardina perfectament en la normativa bàsica que conté l?article

142.2 de la Llei 30/1992.

Quarta

A partir de l?article 106.2 de la Constitució espanyola i els articles 139 i següents de la

Llei 30/1992, són ja molts els dictàmens i les sentències ?en són un exemple, entre les

més recents, les de 10 de juliol de 2003, 21 de novembre de 2006 i 12 d?abril de 2007

del Tribunal Suprem? que estableixen els elements coincidents en el reconeixement de

responsabilitat de les administracions públiques. Són aquests:

a) La realitat efectiva de la lesió o del perjudici causat, avaluable econòmicament i

individualitzat respecte d?una persona o un grup de persones.

b) La lesió és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics en

una relació de causa i efecte, sense intervenció d?elements estranys que puguin influir-hi

i alterar-ne el nexe causal.

c) No hi concorre força major.

d) El perjudicat (o lesionat) no té el deure jurídic de suportar el mal.

En el cas de la responsabilitat de l?Administració sanitària o en ocasió de l?atenció

prestada per serveis públics de salut, la doctrina i la jurisprudència han elaborat criteris

que permeten concloure que en el camp de la medicina curativa els usuaris o ciutadans

no poden exigir del funcionament dels serveis públics un resultat conforme a allò que

esperaven o de curació absoluta, sinó que únicament poden exigir:

? Una aplicació correcta de tots els mitjans i remeis sanitaris a l?abast en el lloc i el

moment de l?assistència mèdica.

? La informació al pacient o, quan pertoqui, als familiars del diagnòstic de la malaltia

o la lesió, el pronòstic que del tractament es pugui esperar, els mitjans de curació i els

riscs que se?n puguin derivar i, si escau, la insuficiència dels mitjans disponibles, per

donar opció a continuar el tractament a un altre lloc.

? La continuació del tractament fins que es pugui donar l?alta i informar dels possibles

riscs d?abandonar-lo voluntàriament.

D?una altra manera i com ha dit reiteradament aquest Consell Consultiu:

6

Arribats a aquest punt, podem afirmar que la condició perquè hi hagi responsabilitat

patrimonial sanitària és que l?actuació del metge o del professional hagi produït una

infracció de les normes de precaució i cautela que les circumstàncies del cas

requereixen per evitar danys a la vida, la salut o la integritat física del pacient. En

canvi, quan la prestació sanitària s?hagi aplicat respectant els paràmetres de la lex

artis, el dany que pugui produir-se en la salut del pacient no podrà imputar-se a la

prestació assistencial, sinó que procedirà del mateix fet de la salut, considerada

aquesta com un bé respecte del qual no es poden oferir, lamentablement, garanties

de manteniment, i per tant s?ha de considerar que el mal no és antijurídic i que

existeix el deure jurídic de suportar-lo.

Cinquena

El reclamant ha perdut part de la visió a l?ull esquerre després de múltiples atencions

mèdiques especialitzades, consultes i intervencions quirúrgiques, tal com hem relatat en

els antecedents. No hi ha dubte que ha patit danys efectius en la seva salut. Ara bé, no hi

ha cap prova que aquests danys siguin imputables a les actuacions dels serveis sanitaris

de la Comunitat Autònoma.

Contràriament, queda clar que les seqüeles que pateix són conseqüència, primer, de la

ruptura de la càpsula posterior del cristal·lí i, després, del despreniment de retina, és a

dir, de circumstàncies alienes a l'actuació sanitària pública i sí directament relacionades

amb la malaltia de base que pateix el senyor J. B. F. A més a més, atès l'estat actual de

coneixements mèdics, ha quedat acreditat que aquelles seqüeles són inevitables i

imprevisibles. En aquest resultat lesiu, per tant, no hi ha hagut intervenció del Servei de

Salut; ans al contrari, per part d'aquest Servei s?ha intentat pal·liar les patologies que

sofria el reclamant, amb una atenció especialitzada i reiterada en diverses ocasions

(intervenció de cataracta, vitrectomies, trasplantaments de còrnia, etc., per mencionar

els exemples més evidents), fins i tot quan el pacient havia optat per acudir,

voluntàriament, a la sanitat privada.

Cal afegir que les proves que s?han incorporat a l?expedient, particularment l?informe

mèdic de les doctores C. M. R. i M. M. M., permeten concloure que no es pot parlar

d?infracció de la lex artis ad hoc en l?atenció clínica i quirúrgica prestada.

D?altra banda, consten per escrit els consentiments informats de la cirurgia de cataracta

i de la implantació corneal, prova de la informació que va rebre el senyor J. B. F. al

llarg de tot el procés, i les afirmacions realitzades sobre la manipulació dels mateixos

són simples apreciacions personals, orfes de qualsevol base fàctica.

Tots aquests elements d'exoneració de la responsabilitat de l'Administració no han estat

rebatuts en cap moment pel reclamant, al qual correspon l'aixecament de la càrrega de la

prova com hem reiterat en nombrosos dictàmens.

En resum, en el marc d'una instrucció adequada, no ha quedat demostrada, en aquest

cas, la contravenció de la lex artis ad hoc ni l'existència de cap altre element que

permeti afirmar raonablement la relació de causa a efecte entre la prestació de l'atenció

7

sanitària pública i els danys que al·lega el reclamant. Cal concloure, per tant, que no es

pot declarar la responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears.

III. CONCLUSIONS

1a. El director general del Servei de Salut de les Illes Balears està legitimat per formular

la consulta i el Consell Consultiu és competent per emetre?n el dictamen, amb caràcter

preceptiu.

2a. El procediment s?ha tramitat conforme a dret i ha de ser resolt pel director general

del Servei de Salut de les Illes Balears.

3a. Pertoca desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut

de les Illes Balears formulada pel senyor J. B. F.

4a. Les conclusions anteriors són substancials a l?efecte de la resolució que es dicti en

aquest procediment, que ha d?incloure les fórmules solemnes exigides per l?article 4,

apartat 3, de la Llei 5/2010, de 16 de juny.

Palma, 14 de desembre de 2011