Dictamen del Consejo Consultivo de Illes Balears núm 101/2015 del 09 de septiembre del 2015

Resumen

Dictamen núm. 101/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l?Administració sanitària presentada pel senyor E. P. P.

Ponente/s:

Maria Ballester Cardell

Contestacion

Dictamen núm. 101/2015,* relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial

de l?Administració sanitària presentada pel senyor E. P. P.**

I. ANTECEDENTS

1. El 7 de novembre de 2013 el senyor E. P. P. presenta un escrit en el Servei de Salut

on fa constar

Que pongo en conocimiento de este servicio que tengo la intención de interponer una

reclamación de daños y perjuicios de responsabilidad administrativa por defectuosa

asistencia sanitaria prestada en el Hospital Comarcal de Inca, que en la actualidad me

resulta imposible fijar la cuantía de la reclamación dado que las lesiones y secuelas no

están estabilizadas, al estar pendiente de una operación de retirada de colostomía y

restauración de hernias en el Hospital de Son Espases de la que estoy en lista de espera

desde el mes de octubre.

Los hechos acaecidos son muy graves, ya que a consecuencia de una operación de

próstata practicada el 11 de febrero de 2013 me perforaron la vejiga y el intestino, lo que

ha derivado en una estancia hospitalaria de más de dos meses, entre ellos diecisiete días

en la UCI, la colocación de una sonda urinaria y una bolsa de colostomía, la aparición de

hernias. Para la vida diaria necesito la ayuda de tercera persona, amén de las

consecuencias de tipo psíquico que padezco (ansiedad, depresión), derivadas de las

consecuencias del error médico.

Mediante la intervención quirúrgica practicada en fecha cinco de agosto de dos mil trece,

en el Hospital de Son Espases se me intervino de una reparación de fístula recto-uretral y

se ha podido retirar la sonda vesical y estoy en lista de espera (con preoperatorio

realizado) para que se me intervenga para la retirada de la colostomía y restauración de

las hernias[...].

2. El 28 d?abril de 2014 té entrada en el Servei de Salut la reclamació per responsabilitat

patrimonial presentada pel senyor E. P. P. per mal funcionament dels serveis anitaris a

partir del tractament d?un lòbul prostàtic que li fou diagnosticat. En l?escrit, el reclamant

explica

[...]

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2013 ingresé en el Hospital Comarcal de Inca

para la realización de una prostactomía radical por laparoscopia, realizándose la

intervención programada y según consta en el informe médico «sin complicaciones».

SEGUNGO. Transcurridos seis días de la referida intervención aparece un cuadro de

ABDOMEN AGUDO, como consecuencia de una complicación iatrógena, con

resultado de perforación del recto medio, observándose una fascitis necrotizante

localizada en la fosa ilíaca izquierda, por lo que tuve que ser intervenido de urgencia y

fue necesaria colostomía en asa en fosa ilíaca izquierda. Tuve que permanecer en la

Unidad de Reanimación pasando posteriormente a la UCI, debido a las repetidas

infecciones precisando incluso de inducción al coma con todas las medidas que lleva

consigo. Al salir del hospital llevaba sonda vesical permanente. Además he padecido,

* Aquest document està pendent de correcció lingüística

** Ponència de l'Hble. Sra. Maria Ballester Cardell, consellera.

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debido a la situación clínica, una taquicardia sinusal estudiada y controlada por el

Servicio de Cardiología del Hospital Comarcal de Inca.

TERCERO. En fecha 2 de abril de 2013, acudí de nuevo a Urgencias del Hospital

Comarcal de Inca, permaneciendo hasta el 4 de abril de 2013 por presentar bolsa

colectora de orina y colostomía con heces líquidas. Era evidente que había surgido otra

complicación debido a la mala praxis médica, la de una FÍSTULA RECTO URETRAL

(comunicación de forma anómala entre el recto y la uretra).

Posteriormente, fui tratado en el Hospital Universitario de Son Espases, y en fecha 5 de

agosto de 2013, y se me intervino para la reparación de la fístula recto uretral perineal.

CUARTO. Que he encargado un informe médico pericial al doctor J. G. A., y que

después de varias visitas e informes médicos aportados, ha concluido ?a la vista del

mecanismo lesional, la intensidad del mismo, la topografía, cronología y evolución de

sus complicaciones pélvico abdominales, sufridas a raíz de la prostatectomía radical por

la laparoscopia realizada el 11 de febrero de 2013 en el Hospital comarcal de Inca, hay

que aceptar que existe una relación cierta, directa y total de dicha iatrogenia médica?.

El perito médico fija a fecha 24 de febrero de 2014 como fecha de estabilización

lesional.

Es decir, que existe una responsabilidad patrimonial de la Administración por deficiente

prestación médica que ha producido una grave alteración del paciente producida por el

médico o médicos que realizaron la intervención quirúrgica.

Per això, sol·licita una indemnització de 117.583,07 euros, quantitat que desglossa en

5.531,68 euros per estada en l?hospital; 15.653,88 euros pel temps de baixa mèdica;

45.426,06 euros per seqüeles; 10.971,45 euros per perjudici estètic; i 40.000 euros per

«daños morales complementarios».

A la reclamació, hi adjunta informe mèdic pericial emès pel doctor J. G. A.; còpia de la

resposta del Servei de Salut a l?escrit de 7 de novembre de 2013, presentat amb la finalitat

de interrompre la prescripció; i documentació extreta de la seva història clínica. Finalment,

als efectes de citacions i notificacions designa el despatx del lletrat J. B. C.

3. El 2 de juliol de 2014, la Secretaria General del Servei de Salut incoa el procediment.

4. De la documentació clínica continguda en l?expedient, en destaca la informació

següent:

? Document de consentiment informat, signat pel pacient el 21 de novembre de 2012,

sobre la intervenció de prostatectomia radical, on consten, entre les complicacions que

es poden esperar en aquesta operació:

Complicaciones abdominales como consecuencia de la apertura del abdomen.

Parálisis intestinal pasajera o persistente.

Obstrucción intestinal que precise de la práctica de reintervención con resultados

imprevisibles que pueden llegar hasta la muerte.

Peritonitis (infección de la cavidad intestinal) con resultados imprevisibles que

pueden llegar hasta la muerte.

Infección en sus diferentes grados de gravedad.

Deshicencia de la sutura (apertura de la herida) que puede necesitar una intervención

secundaria.

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Eventración intestinal (salida del paquete intestinal) que puede necesitar una

intervención secundaria.

Fístulas permanentes o temporales.

Defectos estéticos derivados de algunas complicaciones anteriores o procesos

cicatrizantes anormales.

Intolerancia a los materiales de sutura que puede llegar incluso a la necesidad de

reintervención para su extracción.

Neuralgias (dolores nerviosos), hiperestesias (aumento de sensibilidad) o

hipoestesias (disminución de la sensibilidad).

Impotencia coendi (imposibilidad física de erección peneana).

Incontinencia urinaria, sobre todo nocturna en un elevado número de casos.

[...]

? Informe del doctor S. K. del Servei de Urologia de l?Hospital d?Inca:

El paciente don E. P. P. fue intervenido de una prostatectomía radical laparoscópica

el día 11/02/2013 por un tumor adenocarcinoma de próstata diagnosticado por

biopsia prostática el día 08/11/2012.

La cirugía se realizó según el protocolo estándar, no se produjeron complicaciones

intraoperatorias.

En el postoperatorio temprano el paciente desarrolló cuadro de sepsis con abdomen

agudo.

Ante la situación clínica, se decidió intervención quirúrgica urgente el día

17/02/2013.

Se evidenció, como probable causa de la peritonitis, una fístula rectouretral. La fístula

rectouretral es una complicación que puede producirse tras la realización de una

prostatectomía radical y puede ocurrir en hasta un 5% de los pacientes. El tratamiento

de dicha fístula es quirúrgico.

En el caso del paciente E. P. P. el manejo se informó a los familiares y a él mismo en

todo momento de la situación clínica y de los distintos pasos y procedimientos a

seguir, con los beneficios esperados y posibles complicaciones de los procedimientos

realizados.

Para ello se tuvo la colaboración de especialistas y colegas de cirugía general y de

cuidados intensivos.

El paciente fue de alta [sic] el día 02/04/2013 tras mejoría de su situación clínica.

La cirugía reparadora se realizó en el Hospital de referencia.

? Informe del doctor L. E. S., cap de Cirurgia General i Digestiva de l?Hospital

Comarcal d?Inca, que conté les valoracions següents:

Paciente de 67 años de edad, con los siguientes antecedentes: HTA, Sd. Ansioso

Depresivo, herniografía inguinal bilateral, valvuloplastia mitral por prolapso mitral en el

2001, artroscopia de hombro bilateral, prótesis de rodilla izquierda, sin alergias

medicamentosas conocidas, exfumador y con hábito enólico de 120 mg/diarios, que es

intervenido de forma programada por servicio de urología el día 11.02.2013, de su

carcinoma de próstata, realizándose una prostatectomía radical laparocópica.

El 17.02.2013, avisan de planta a cirugía de urgencia porque el paciente presenta dolor

abdominal. Es valorado por cirugía que solicita TAC abdomino-pélvico urgente. Dado el

empeoramiento clínico del paciente y resultados de las pruebas diagnósticas

complementares, se decide intervención quirúrgica conjuntamente con el servicio de

urología, con carácter de urgencia en el mismo día. Se procede a laparotomía exploradora,

objetivándose peritonitis purulenta generalizada secundaria a una perforación en cara

anterior del recto medio y fascitis necrotizante localizada en FII, se realiza desbridamiento

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de la zona necrófica y colostomía en asa.

Ingresa en UCI desde el 18.02.2013 hasta el 02.03.2013.

Durante su estancia en planta de cirugía se solicitan interconsultas a varias especialidades;

cardiología, psiquiatría y medicina preventiva.

Dado de alta a domicilio el 28.03.2013, portador de sonda vesical y con infección de la

herida quirúrgica con indicación de curas en su centro de salud y controles posteriores en

consultas externas del HCIN de cirugía general, urología y cardiología.

El 11.04.2013 control en consultas externas de urología donde le diagnostican una fístula

colovesical.

El 15.04.2013 control en consultas externas de cirugía general, objetivándose hernia

paracolostómica y buena evolución de su herida quirúrgica.

Se le explica al paciente que posteriormente a la reparación de su fístula colovesical

procederemos a la reparación de su hernia paracolostómica y cierre de colostomía en el

mismo acto y que no se puede cerrar la colostomía hasta que no esté reparada la fístula.

Mantiene controles en nuestras consultas externas hasta el mes de mayo, que solicita

cambio de centro.

? Informe d?alta d?hospitalització de l?Hospital Universitari Son Espases, de 25 de

desembre de 2013:

HISTORIA ACTUAL/Historia actual

Paciente intervenido de cierre de fístula recto-uretral en agosto de 2013 valorado en

consultas externas. Presenta eventración importante de laparatomía media y

eventración colostomía.

El paciente reclama que lo operemos. Se explica la patología y el procedimiento al

paciente y pongo en lista de espera para cierre de colostomía+cura

eventración+malla.

Sin pruebas preoperatorias que lo contraindiquen y la autorización del serbio de

anestesia se programa para cierre de colostomía

EXPLORACIÓ FÍSICA A L?INGRÉS/Eploración física al ingreso

? Paciente consciente, orientado, en buen estado general

? Abdomen blando y depresible, ligeramente doloroso, sin focalidad. No signos de

irritación.

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES/Exploraciones complementarias

? Cistografía: (14/10/2013) No se aprecia comunicación con el recto.

? Enema opaco por Colostomía del 21-10-2013: Colón descendente con

divertículos, sin lesiones intraluminales ni estenóticas. Marco cólico y ciego

normales, con gran cantidad de heces.

RESUMEN: SIN HALLAZGOS RADIOLÓGICOS VALORABLES.

? Tc abdómino-pélvico con contraste del 19-12-2013. Se realiza estudio con

contraste endovenoso en fase parenquimatosa y en fase excretora. Nota: cirugía el

día 10.

Se confirma colección en pared abdominal: anterior dese zona subcostal hasta infraumbilical

con líquido y gas.

En FII asa de colon con sutura presenta pared engrosada y gas y líquido extraluminal

adyacente compatible con deshicencia, contacta con pared abdominal y podría estar

alimentando la colección de pared antes mencionada. No extravasación de contraste

en fase excretora que descarta urinoma.

ID: COMPATIBLE CON DESHICENCIA FII COLECCIÓN PARED ANTERIOR.

PROCEDIMENTS/Procedimientos

? Reconstrucción del tránsito intestinal.

? Reparación de eventración con malla proceed dual mesh.

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? Sonda vesical por RAO. Evaluación por urología.

? Limpiezas diarias de herida quirúrgica por seroma.

EVOLUCIÓN CLÍNICA/Evolució clínica

Paciente durante su estancia hospitalaria desarrolla seroma en herida quirúrgica que

precisó drenajes y curas diarias, con evolución favorable en planta, tolerando bien la

vía oral, con tránsito intestinal positivo, controlando el dolor con analgésicos

pautados, con herida quirúrgica de buen aspecto al alta y sin signos de irritación

peritoneal por lo que decidimos dar el alta hospitalaria el día 25.12.13.

5. El 8 de juliol de 2014, la instructora tramet a la part interessada un escrit en què

explica la acceptació dels mitjans de prova sol·licitats. Li recorda també que ha

d?aportar l?original de l?informe pericial de part. Aquest document, elaborat pel

doctor J. G. A., el 16 de març de 2014, sobre el tractament rebut a l?Hospital Comarcal

d?Inca s?incorpora a l?expedient el 17 de juliol de 2014. Pel que fa a la relació de

causalitat, l?informe conclou que:

A la vista del mecanismo lesional, la intensidad del mismo, la topografía, cronología

y evolución de sus complicaciones pélvico abdominales sufridas a raíz de la

prostatectomía radical por laparoscopia realizada el 11/02/2013 en el Hospital

Comarcal de Inca así como las secuelas resultantes de las mismas, hay que aceptar

que existe una relación cierta, directa y total con dicha iatrogenia médica.

Al no disponer de la hoja quirúrgica ni de otros documentos relevantes para el caso

no se puede determinar con certeza donde estuvo dicho fallo y por qué se produjo.

No existe lugar a duda de que se trató de una iatrogenia médica ya que en este tipo

de intervenciones nunca debe producirse ni una perforación intestinal (recto) ni

vesical.

6. El 28 d?agost de 2014, s?emet l?informe de DICTAMED I & I SL, amb les

conclusions següents:

1. El paciente fue diagnosticado de un carcinoma localizado de próstata y

correctamente se le indicó la realización de una prostatectomía laparoscópica.

2. Previamente firmó el documento de consentimiento informado donde se

especifican las siguientes posibles complicaciones: Peritonitis. Infección en sus

diferentes grados de gravedad. Eventración intestinal. Fístulas permanentes o

temporales. Defectos estéticos. Impotencia coeundi. Incontinencia urinaria.

3. Durante la cirugía se produjo una lesión, probablemente térmica de la cara

anterior del recto que produjo una fístula rectal y una peritonitis.

4. La perforación del recto durante una prostatectomía laparoscópica es una

complicación descrita en la literatura y estimada en el 1-8,4%.

5. Fue correctamente diagnosticado y tratado mediante derivación fecal (colostomía

izquierda).

6. Posteriormente presentó una fístula recto-uretral que precisó de una intervención

para su resolución.

7. La fístula recto-uretral es una complicación descrita en el 1-2% de los pacientes

tratados con prostatectomía y que aparece en el 15-25% después de una lesión rectal.

8. Posteriormente se le intervino quirúrgicamente para restablecer el tránsito

intestinal (cierre de la colostomía) y se le colocaron 2 mallas para la reparación de

las eventraciones.

9. Con respecto a la iatrogénia que reclama el paciente:

a) La perforación rectal, la fístula recto-uretral, la disfunción eréctil y las

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eventraciones son complicaciones descritas en la literatura y no son debidas a la

mala praxis.

b) Las cirugías que se le realizaron posteriormente fueron necesarias para solucionar

las complicaciones que ocurrieron.

c) En la documentación que se me ha remitido no existe constancia de que el

paciente presente una incontinencia fecal.

10. Basándome en la documentación analizada, la actuación fue totalmente correcta,

ajustándose al «estado del arte» de la medicina y cumpliendo don la «Lex Arts ad

hoc».

7. El 8 de setembre de 2014, la Inspecció Mèdica emet un informe en què arriba a les

conclusions següents:

PRIMERA. La asistencia prestada fue correcta en todo momento.

Siguiendo los protocolos de tratamiento recomendados para el cáncer de

próstata, se indicó una prostatectomía radical. El paciente fue informado

de sus riesgos y complicaciones, que aceptó firmando del DCI.

SEGUNDA. La intervención se realizó según el protocolo habitual, sin

incidencias, por facultativos especialistas del Servicio de Urología del Hospital

C. de Inca, personal sanitario cualificado y acreditado para realizar esta

intervención. A pesar de la correcta asistencia, el paciente presentó unas

complicaciones típicas de esta cirugía que fueron precoz y correctamente

diagnosticadas y tratadas.

TERCERA. El informe a instancia de parte confunde iatrogenia con mala praxis.

Realiza una valoración sesgada de la asistencia al carecer de la documentación

necesaria para dicha valoración y desconocer las complicaciones típicas de la

prostatectomía radical que figuran registradas en los DCI.

8. El 10 d?octubre de 2014, s?obre el tràmit d?audiència per un termini de 15 dies,

perquè la part reclamant pugui formular les al·legacions que tengui per convenients i

aportar els documents que estimi pertinents.

9. El 21 d?octubre, l?interessat compareix a la Unitat de Responsabilitat Patrimonial, on

li lliuren una còpia completa de l?expedient.

10. El 4 de novembre de 2014 té entrada al Servei de Salut l?escrit de la part reclamant

acompanyat de les «Aclaraciones médico-periciales» formulades pel doctor J. G. A. on

posa de manifest les seves discrepàncies envers els informes de la inspecció mèdica i de

Dictamed, per bé que no afegeix dades noves en relació al tractament mèdic rebut pel

senyor E. P. P.

11. El 10 de novembre es registren d?entrada dos escrits del reclamant adreçats al

Director del Servei de Salut, tot exposant les seves queixes sobre el tractament rebut a

l?Hospital d?Inca i les deficiències sobre la informació que li fou facilitada abans de la

intervenció, i diverses fotografies per posar de manifest les seqüeles estètiques del

pacient.

12. El 12 de gener de 2015, el senyor E. P. P. presenta un escrit en què exposa que el

seu estat de salut empitjora i sol·licita que es dicti una resolució expressa en el

procediment per responsabilitat patrimonial.

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13. El 21 de juliol de 2015, la instructora emet una proposta de resolució en sentit

desestimatori, perquè, tot i que hi ha nexe de causalitat entre els danys invocats i

l?assistència duta a terme pel Servei de Salut, l?actuació sanitària es va ajustar, en tot

moment, a la lex artis exigida i la informació proporcionada sobre les complicacions de

la intervenció quirúrgica fou adequada.

14. El director general del Servei de Salut de les Illes Balears ha sol·licitat el dictamen

preceptiu mitjançant un escrit que ha tingut entrada a la nostra seu el 29 de juliol de

2015.

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears està legitimat per sol·licitar

aquest dictamen, segons el que estableix l?article 21.c de la Llei 5/2010, de 16 de juny,

reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, en concordança amb allò que

disposa el Decret llei 10/2012, de 31 d?agost ?pel qual es modifica el Decret llei

5/2012, d?1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la

reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears i d?altres institucions autonòmiques, i s?estableixen mesures addicionals per

garantir l?estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat (BOIB núm. 129, d?1 de

setembre de 2012)?, perquè té la representació legal de l?ens públic, en virtut de

l?article 12.1.b dels Estatuts, tal com raonam de manera extensa en el Dictamen

105/2012, en l?anàlisi de les successives reformes normatives aprovades. El Consell

Consultiu és competent per emetre el present dictamen.

Els danys derivats del procés assistencial s?han quantificat en l?escrit de reclamació en

117.583,07 euros. Per tant, no hi ha dubte sobre l?aplicabilitat en aquest cas de l?article

18.12.a de la dita Llei, que exigeix que la quantitat reclamada superi els 30.000 euros

perquè el dictamen sigui preceptiu.

Segona

El reclamant té la condició d?interessat en aquest procediment com a titular d?un dret

individual legítim de conformitat amb el que estableix l?article 31.1.a de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú.

La reclamació s'ha formulat contra el Servei de Salut de les Illes Balears ?organisme

públic regulat d?acord amb la Llei 5/2003, de 4 d?abril, de salut de les Illes Balears?, ja

que l?objecte de reclamació fou l?atenció mèdica prestada en l?Hospital Comarcal

d?Inca, integrat en la seva xarxa hospitalària.

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La competència per resoldre el procediment correspon al consellera de Salut, de

conformitat amb l?article 70.4 de la Llei 5/2003, de 4 d?abril, en la redacció que en fa el

Decret llei 10/2012, de 31 d?agost. Segons aquest precepte, «els procediments de

responsabilitat patrimonial tramitats per la Secretaria General del Servei de Salut de les

Illes Balears, els ha de resoldre la persona titular de la conselleria competent en matèria

de salut.»

La competència per iniciar i tramitar aquests procediments és del secretari general del

Servei de Salut, de conformitat amb l?article 15.1.e dels Estatuts de l?ens públic.

L?acció de reclamació s?ha interposat en el termini establert. El pacient va ser

intervingut quirúrgicament l?11 de febrer de 2013 i les seqüeles per les quals se reclama

es varen consolidar, segons l?informe mèdic pericial emès pel doctor J. G. A., el 24 de

febrer de 2014. A més, cal tenir en compte que el reclamant dirigeix un escrit al Servei

de Salut, que fou rebut el 7 de novembre de 2013, on manifesta la seva intenció de

interposar una reclamació per dany i perjudicis, que interromp la prescripció. El 28

d?abril de 2014, es presenta la reclamació per responsabilitat patrimonial. No hi ha,

doncs, prescripció de l?acció, d'acord amb l'article 142.5 de la Llei 30/1992.

El procediment s?ha tramitat de manera adequada, amb totes les garanties,

principalment per les possibilitats que ha tingut la reclamant per aportar documents i

proves, inclòs el tràmit d?audiència, que l?ha aprofitat per presentar al·legacions.

Tercera

A partir de l?article 106.2 de la Constitució espanyola i els articles 139 i següents de la

Llei 30/1992, ja són molts els dictàmens i les sentències que estableixen els elements

coincidents en el reconeixement de la responsabilitat de les administracions públiques.

Són aquests:

a) La realitat efectiva de la lesió o del perjudici causat, avaluable econòmicament i

individualitzat respecte d'una persona o un grup de persones.

b) La lesió és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics en

una relació adequada de causa i efecte, sense intervenció d'elements estranys que puguin

influir-hi i alterar-ne el nexe causal.

c) L?absència de força major.

d) El perjudicat (o lesionat) no té el deure jurídic de suportar el mal.

Tanmateix, en matèria d?imputació de responsabilitat patrimonial pel funcionament dels

serveis sanitaris, no basta, almenys en el camp de la medicina curativa, amb la sola

ocurrència de la relació de causalitat, sinó que és necessària, per a l?antijuridicitat del

dany, la concurrència, a més, d?una actuació mèdica contrària a la lex artis, entesa

aquesta com a paràmetre de valoració de la correcció o adequació de l?actuació mèdica

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al deure del professional sanitari d?actuar d?acord amb la diligència deguda, tenint en

compte, per modular aquesta, que l?obligació del professional de la medicina és de

mitjans i no de resultats; és a dir, l?obligació es concreta, no a garantir, en tot cas, la

curació del malalt, sinó a prestar la deguda assistència mèdica mitjançant la correcta

aportació de tots els mitjans i tècniques que la ciència mèdica posa al seu abast en cada

moment. D'aquesta manera, només en el cas que es produeixi una infracció de la lex

artis l?Administració respon dels danys causats; en cas contrari, els perjudicis esmentats

no són imputables a l?Administració ni tenen la consideració d'antijurídics i han de ser

suportats pel perjudicat. Segons la doctrina del Tribunal Suprem derivada, entre

d?altres, de les recents sentències de la Sala Contenciosa Administrativa de 18 de juliol

de 2007 i de 26 de juny de 2008:

Es doctrina jurisprudencial reiterada, por todas citaremos las Sentencias de 20 de

marzo de 2007 (Rec. 7915/2003), de 7 de marzo de 2007 (Rec. 5286/03) y de 16 de

marzo de 2005 (Rec. 3149/2001), que «a la Administración no es exigible nada más

que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la

práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple

producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en materia de

responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del

resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para

el paciente».

Quarta

La reclamació formulada pel senyor E. P. P. se fonamenta en una suposada actuació

contrària a la lex artis, per considerar que es va produir una errada mèdica i una

deficient atenció sanitària durant la intervenció quirúrgica per abordar el carcinoma de

pròstata; i que les seqüeles que presenta el pacient (particularment, la perforació

intestinal i vesical, però també altres complicacions posteriors, com la fístula recto

uretra, eventració abdominal i disfunció erèctil) són conseqüència de la mala pràctica

mèdica.

Examinada la història clínica i els informes mèdics incorporats a l?expedient no hi ha

dubte, i així es posa de manifest en la proposta de resolució, que com a conseqüència de

la intervenció de prostatectomia el pacient pateix una peritonitis, de la qual deriven

altres complicacions. Per tant, tot acceptant la existència de la relació de causalitat entre

el dany i l?atenció sanitària, als efectes d?establir si s?ha produït l?antijuridicitat del

dany, s?haurà de determinar, a més, si l?actuació mèdica s?ha ajustat als paràmetres de la

lex artis; si el dany produït constituïa un risc inherent al procés mèdic al que es sotmet

el pacient; i si el malat fou correctament informat de l?esmentat procés i dels seus riscs i

si hi va prestar el seu consentiment. Tal com deim al Dictamen 96/2015

La cuestión objeto de dictamen consiste en determinar si cuando un paciente sufre

secuelas consecuencia de un tratamiento quirúrgico concurre el elemento de

antijuridicidad en la actuación del servicio de salud o si trata de riesgos que han sido

asumidos por el paciente y que son consecuencia inevitable de la intervención, por

lo que en este caso no existiría el deber de indemnizar.

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Como es sabido, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS. 9 de octubre de

2012) viene entendiendo que

«[?] la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica

consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios,

más en ningún caso garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la

Administración sanitaria la aportación de todos los medios que la ciencia en el

momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la

prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; pero de ello en modo

alguno puede deducirse la existencia de una responsabilidad de toda actuación

médica, siempre que se haya adecuado a la lex artis y de la que resultaría la

obligación de la Administración de obtener un resultado curativo, ya que la

responsabilidad de la administración en el servicio sanitario no se deriva tanto del

resultado como de la prestación de los medios razonablemente exigibles.

[?] Cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica

correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que

las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se

realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también

correctamente resuelta esta incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no

constituye daño antijurídico.»

En consecuencia, de acuerdo con esta doctrina procede examinar:

1. Si la actuación de los profesionales fue conforme a la lex artis.

2. Si el daño producido constituía un riesgo inherente al proceso médico al que se

sometió la paciente.

3. Si la paciente fue correctamente informada de tal proceso y de los riesgos que

habitualmente conlleva y prestó su consentimiento.

Cinquena

A. Sobre l?actuació dels facultatius i la seva conformitat o no a la lex artis, el reclamant

considera que els cirurgians que participaren en l?operació prestaren una assistència

sanitària totalment inadequada. Tanmateix, la documentació clínica continguda a

l?expedient acredita que el diagnòstic de la patologia de base (carcinoma de pròstata)

fou correcte i que el tractament que es va aplicar (prostatectomia radical) fou l?adient.

La cirurgia es va desenvolupar segons els protocols i sense incidències, per facultatius

qualificats, tot i que es varen produir complicacions postoperatòries, que també foren

tractades de forma adequada i correcta. Aquesta és la conclusió dels informes de

DICTAMED i de la inspecció mèdica, que no ha quedat desvirtuada per l?informe

mèdic pericial aportat per la part reclamant. En relació a aquesta qüestió, les valoracions

del doctor J. G. A. no són prou concloents, en el sentit que?indica que «no se puede

determinar con certeza donde estuvo el fallo y porqué se produjo. No existe lugar a dudas

de que se trató de una iatrogenia médica»; certament, els danys derivats de la intervenció

tingueren la seva causa en l?actuació dels facultatius, circumstància que no ha estat negada

en cap moment ni pels especialistes que participaren en l?operació ni pels informes mèdics

incorporats a l?expedient a instàncies de l?Administració consultant; però acceptar que

l?alteració de l?estat del pacient ha estat causada pels metges que l?atengueren durant

l?operació no comporta, de forma automàtica, que aquesta alteració sigui causada per una

mala praxis. De fet, en l?esmentat informe de part no s?aporta cap dada que pugui provar la

11

suposada errada mèdica, la impericia dels cirurgians o la desatenció dels protocols mèdics

en aquesta intervenció.

Així doncs, davant la insuficiència del suport probatori de les al·legacions invocades pel

reclamant, el Consell Consultiu entén que l?actuació dels facultatius fou conforme als

protocols i ajustada a la lex artis.

B. Sobre els danys produïts i el risc inherent al procés mèdic al que es sotmet el pacient,

el senyor E. P. P. sosté que les seqüeles de la intervenció de prostatectomia són

conseqüència de la incorrecta realització de la cirurgia.

El malat va patir una peritonitis per perforació intestinal, que va ser tractada de forma

adequada. També va patir una fístula recto-vesical, que igualment va ser resolta

quirúrgicament; la fístula va generar disfunció erèctil i incontinència urinària. El

pacient, a més, es veu afectat per eventració de la paret abdominal, que va requerir

també cirurgia. S?ha de dir, tal com posen de manifest els informes de DICTAMED, de

la inspectora mèdica i dels facultatius que varen intervenir en l?operació, que totes

aquestes lesions son conseqüència inevitable de la prostatectomia, que estan descrites en

la literatura mèdica com a complicacions típiques per aquest tipus de intervenció i que

es troben recollides en el document de consentiment informat. L?informe mèdic pericial

elaborat a instància de la part recurrent no es refereix als riscs inherents del procés

mèdic a que es va sotmetre el pacient i, per tant, no ha desvirtuat les valoracions

contingudes en els documents mèdics abans esmentats.

Per tant, hem de concloure també que les seqüeles del pacient són conseqüència dels

riscs probables de la intervenció quirúrgica a la que es sotmet el pacient, donada la seva

situació clínica.

C. Sobre la suficient informació al malat sobre les riscs que assumia al acceptar la

intervenció pautada, la part reclamant sosté que no se li va explicar de forma clara les

complicacions de l?operació descrites en el document de consentiment informat.

En relació a l?exigència del consentiment informat, el Tribunal Suprem ha manifestat

(Sentencies de 19 de setembre de 2012, 29 de juny de 2011 i 18 de juny de 2004):

[...] debemos partir de lo que dispone la Ley General de Sanidad. Su artículo 10

expresa que toda persona tiene con respecto a las distintas Administraciones

públicas sanitarias, entre otros aspectos, derecho a que se le dé en términos

comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y

continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y

alternativas de tratamiento (apartado 5); «a la libre elección entre las opciones que le

presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento

escrito del usuario para la realización de cualquier intervención», (apartado 6)

excepto, entre otros casos que ahora no interesan, «cuando no esté capacitado para

tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas

a él allegadas» (letra b); y, finalmente, «a que quede constancia por escrito de todo

su proceso» (apartado 11).

12

Se da así realidad legislativa al llamado «consentimiento informado», estrechamente

relacionado, según la doctrina, con el derecho de autodeterminación del paciente

característico de una etapa avanzada de la configuración de sus relaciones con el

médico sobre nuevos paradigmas y que en la fecha en que se produce la intervención

quirúrgica que da lugar a este proceso constituye una institución recientísima en el

plano de nuestra legislación.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal pone de manifiesto el carácter consustancial que el elemento de la

información tiene con la prestación de consentimiento en relación con la disposición

de los datos personales, pues en el artículo 3.h se define el consentimiento del

interesado como «toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e

informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos

personales que le conciernen» y en el artículo 11.3 dispone que «Será nulo el

consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero,

cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad

a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de

aquel a quien se pretenden comunicar».

Respecto del consentimiento informado en el ámbito de la sanidad se pone cada vez

con mayor énfasis de manifiesto la importancia de los formularios específicos,

puesto que sólo mediante un protocolo, amplio y comprensivo de las distintas

posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede garantizarse que se

cumpla su finalidad.

El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su

consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una determinada

terapia por razón de sus riesgos. No cabe, sin embargo, olvidar que la información

excesiva puede convertir la atención clínica en desmesurada ?puesto que un acto

clínico es, en definitiva, la prestación de información al paciente? y en un

padecimiento innecesario para el enfermo. Es menester interpretar en términos

razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de la

función médica ?no cabe excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos

excesivamente largos o inadecuados o el entendimiento de su entrega como una

agresión?, sin excluir que la información previa pueda comprender también los

beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos

que cabe esperar en caso contrario.

Por ello la regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye de

modo radical la validez del consentimiento en la información no realizada por

escrito. Sin embargo, al exigir que el consentimiento informado se ajuste a esta

forma documental, más adecuada para dejar la debida constancia de su existencia y

contenido, la nueva normativa contenida en la Ley General de Sanidad tiene

virtualidad suficiente para invertir la regla general sobre la carga de la prueba,

invocada en su defensa por la Administración recurrida (según la cual, en tesis

general, incumbe la prueba de las circunstancias determinantes de la responsabilidad

a quien pretende exigirla de la Administración).

La obligación de recabar el consentimiento informado de palabra y por escrito

obliga a entender que, de haberse cumplido de manera adecuada la obligación,

habría podido fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha

información. Es bien sabido que el principio general de la carga de la prueba sufre

una notable excepción en los casos en que se trata de hechos que fácilmente pueden

ser probados por la Administración. Por otra parte, no es exigible a la parte

recurrente la justificación de no haberse producido la información, dado el carácter

negativo de este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley 41/2002, aunque no aplicable por la fecha en

que ocurrieron los hechos, viene a confirmar la doctrina expuesta, al indicar que: «1.

El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito,

13

la información básica siguiente: a) Las consecuencias relevantes o de importancia

que la intervención origina con seguridad. b) Los riesgos relacionados con las

circunstancias personales o profesionales del paciente. c) Los riesgos probables en

condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o

directamente relacionados con el tipo de intervención. d) Las contraindicaciones».

Tal com s?ha recollit en els Antecedents, en el document de consentiment informat,

signat pel senyor E. P. P. el 21 de novembre de 2012, «[...] Complicaciones abdominales

como consecuencia de la apertura del abdomen. [?] Peritonitis (infección de la cavidad

intestinal) con resultados imprevisibles que pueden llegar hasta la muerte. Infección en

sus diferentes grados de gravedad. [?] Eventración intestinal (salida del paquete

intestinal) que puede necesitar una intervención secundaria. Fístulas permanentes o

temporales. Defectos estéticos derivados de algunas complicaciones anteriores o

procesos cicatrizantes anormales. [?] Impotencia coendi (imposibilidad física de

erección peneana). Incontinencia urinaria, sobre todo nocturna en un elevado número de

casos.[...]». En els antecedents també ha quedat reflectit el testimoni del cirurgià que

intervingué en l?operació sobre la informació proporcionada al pacient: «se informó a los

familiares y a él mismo en todo momento de la situación clínica y de los distintos pasos y

procedimientos a seguir, con los beneficios esperados y posibles complicaciones de los

procedimientos realizados.».

En conseqüència, i a pesar de les argumentacions de la part recurrent, sobre la manca de

informació o sobre el caràcter superficial o incomprensible de les referències contingudes

en el document de consentiment informat, aquest òrgan assessor entén que el pacient va ser

adequadament informat de les complicacions possibles de la intervenció quirúrgica i que

amb la signatura del document de consentiment informat acceptà els riscs inherents a la

mateixa.

Per tot això, aquest òrgan assessor considera que no pot prosperar la sol·licitud de

rescabalament presentada pel senyor E. P. P. pel procés assistencial seguit per l?Hospital

Comarcal d?Inca. En definitiva, s?ha de desestimar la reclamació de responsabilitat

patrimonial i no cal entrar en el debat del quantum indemnitzatori.

III. CONCLUSIONS

1a. El director general del Servei de Salut de les Illes Balears està legitimat per formular

la consulta i el Consell Consultiu és competent per emetre el dictamen, amb caràcter

preceptiu.

2a. El procediment s?ha tramitat conformement a dret i l?ha de resoldre la consellera de

Salut.

3a. Pertoca desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel

senyor E. P. P.

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4a. Les conclusions anteriors són substancials a l?efecte de la resolució que es dicti en

aquest procediment, la qual ha d?incloure la fórmula solemne fixada per l?article 4.3 de

la Llei 5/2010, de 16 de juny.

Palma, 9 de setembre de 2015