Última revisión
20/12/2001
Dictamen del Consejo Consultivo de Illes Balears núm 096/2001 del 20 de diciembre del 2001
Relacionados:
Órgano: Consejo Consultivo de Illes Balears
Fecha: 20/12/2001
Num. Resolución: 096/2001
Resumen
Dictamen nº 96/01 relativo a la revisión de oficio de los acuerdos adoptados por la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares de 25 de marzo de 1.985, de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Santanyí (sector de Cala Llombards).Ponente/s:
Josep Sala Torres
Contestacion
Dictamen nº 96/01 relativo a la revisión de oficio de los acuerdos adoptados
por la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares de 25 de marzo de 1.985, de
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Santanyí (sector de Cala
Llombards)1.
I. ANTECEDENTES
1. La Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares, en sesión celebrada el 25
de marzo de 1.985, aprobó definitivamente las Normas Subsidiarias de planeamiento de
Santanyí, en las que no se incluyeron como suelo urbano los terrenos con fachada a la
C/ Sa Garlanda, ubicada en Cala Llombards, de dicho término municipal, pese a que, al
parecer, reunían las condiciones exigidas para ello, si bien entre la documentación
remitida no figura copia o trascripción de dicho Acuerdo ni del expediente que dio lugar
al mismo, no constando tampoco que tal instrumento urbanístico fuera impugnado en
vía administrativa o jurisdiccional por las Administraciones afectadas o por particulares
interesados.
2. Posteriormente, el Ayuntamiento de Santanyí propuso una Modificación
puntual de las NNSS del municipio, tramitada con el nº 64, cuyo objeto era la creación
de un sector de suelo urbano al lado del núcleo 3 de Cala Llombards, con una superficie
de 28.954 m2, que incluía los terrenos con fachada a la C/ Sa Garlanda, que en el
instrumento de planeamiento objeto de modificación aparecían clasificados como suelo
no urbanizable, parte de ellas con la tipología excedente y parte en zona de protección
denominada Elemento Paisajístico Singular por estar comprendido en la franja de 100
m. junto a la costa.
La Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca, en sesión celebrada el 22 de
septiembre de 1.995, denegó la aprobación de la referida Modificación, fundándose en
que los terrenos en cuestión no disponían de los requisitos legales para ser considerados
como suelo urbano y que el camino para llegar a la urbanización de estos terrenos sería
su incorporación como suelo apto para urbanizar en el sector incluido en la
Modificación puntual nº 63. Es de destacar que la propia Comisión Insular de
Urbanismo, en sesión celebrada el 6 de octubre de 1.995, denegó asimismo la
aprobación definitiva de esta Modificación, aunque indicando que el instrumento para
la conversión de los terrenos integrados en ella en aptos para urbanizar era la revisión
del planeamiento y no su modificación puntual.
3. Don G. M. V., actuando en nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios ?Caló de?n Ferrà? de Cala Llombards (Santanyí), interpuso, el día 3 de
septiembre de 1.995 (según él mismo dice y admiten los Servicios Técnicos, sin duda
por error ya que el acuerdo recurrido es posterior), recurso ordinario contra el Acuerdo
de la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca de 22 de septiembre de 1.995,
1 Fue Ponente el Vocal Hble. Sr. D. Josep Sala Torres
denegatorio de la aprobación de la Modificación puntual nº 64 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Santanyí, solicitando que se dejase sin
efecto el acto impugnado y, en su lugar, se dictase otro por el que se aprobase
definitivamente la Modificación tramitada con el nº 64, o subsidiariamente, fuese
aprobada parcialmente la misma en relación a los terrenos integrados en ella con
fachada a la Calle Sa Garlanda. El recurso se sustenta en que la edificación en el sector
está consolidada en dos terceras partes, en el pago por los afectados de diversos tributos
(IBI, recogida de basuras, etc.) y en la disponibilidad de los servicios urbanísticos
exigidos por la normativa para otorgar a los terrenos la clasificación de suelo urbano.
4. El recurso ordinario fue desestimado por Resolución del Pleno del Consell
Insular de Mallorca de fecha 3 de junio de 1.996, previos los informes técnico y jurídico
pertinentes, de fechas 25 y 28 de marzo de 1.996 respectivamente. Contra dicha
resolución desestimatoria se interpuso recurso contencioso administrativo, dando lugar
a los Autos número 1.112 de 1.996, tramitados ante la Sala correspondiente del TSJB.
5. Mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2.000, con registro de entrada el día
20 siguiente, D. G. M., actuando en la indicada representación, solicitó a la Presidenta
del Consell Insular de Mallorca que procediera a la revisión de oficio del Acuerdo de
desestimación del recurso ordinario citado, por considerarlo nulo de pleno derecho, a
tenor del artículo 62.1.a) y c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1.992, al
tratarse de un acto de contenido imposible.
Dicha petición fue trasladada al Alcalde-Presidente de la Corporación Local de
Santanyí para que procediese, en su caso, a la presentación de alegaciones, mediante
oficio de fecha 3 de abril de 2.000.
6. En fecha 6 de abril de 2.000 (registro de entrada del día 18 del mismo mes), el
interesado presentó otro escrito aclarando y ampliando el inicial de petición de revisión
de oficio, al que se acompañaba abundante documentación anexa, justificativa de los
argumentos esgrimidos, para acreditar que, antes de la aprobación definitiva de las
Normas Subsidiarias de Santanyí, los terrenos con frente a la calle Sa Garlanda
contaban con servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y suministro de energía eléctrica. Según el interesado, resultaba claro que
cuando se aprobaron definitivamente las referidas Normas Subsidiarias, los terrenos de
la calle Sa Garlanda tendrían que haber recibido la clasificación de suelo urbano dado
que reunían las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico para ello y, en
consecuencia, ampliaba su solicitud de revisión de oficio al Acuerdo aprobatorio de las
mismas.
7. Con posterioridad a este escrito, D.G.M. presentó otro, fechado el día 29 de
mayo de 2.000, en el que reiteraba todo lo anterior y, con el fin de ampliar la
justificación del carácter urbano de los terrenos con fachada a la calle Sa Garlanda,
solicitaba que los Servicios Jurídicos de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell
de Mallorca declarasen que podían considerarse incluidos en los supuestos en los cuales
es aplicable la servidumbre de protección de 20 metros prevista en la disposición
transitoria 9.3 del Reglamento de la Ley de Costas de 1.988.
En respuesta a la petición, el arquitecto de los Servicios Técnicos de Urbanismo
y la T.A.G. del Área de Urbanismo informaron, en fecha 16/06/00, que en el supuesto
de acordarse la revisión de oficio, sería aplicable a aquellos terrenos la servidumbre de
protección fijada por la legislación vigente en el momento de la aprobación definitiva de
las NNSS de Santanyí, el 25 de marzo de 1.985, es decir, la de 20 metros previstos en la
DT 9.3 del Reglamento de la Ley de Costas. En la misma fecha el Secretario de la
C.I.U., con el VºBº del Presidente, certificó dicho informe.
8. Consta en el expediente sometido a consulta un oficio del director de la
Ponencia Técnica de la C.I.U. de fecha 5 de junio de 2.001, por el que se da traslado al
Ayuntamiento de Santanyí de la solicitud de revisión de oficio instada por el Sr. M.
contra el acuerdo de la C.P.U. de 25/03/85, de aprobación de las NNSS del municipio.
En fecha 15 de junio de 2.000, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Santanyí, oída la Comisión de Gobierno, resolvió informar favorablemente la nulidad
solicitada, en los siguientes términos literales:
7-a) Remitido por la Comisión Insular de Urbanismo, escrito de solicitud de revisión presentado
por G. M.V., respecto del acuerdo de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de fecha
23 de marzo de 1.985, respecto a la denegación de la inclusión como suelo urbano de los terrenos
ubicados en C/ Sa Garlanda de Cala Llombards; se dispone manifestar la conformidad de este
Ayuntamiento respecto a las alegaciones en que se fundamenta el recurso planteado, en este
sentido el Ayuntamiento tramitó la modificación 64 de las Normas Subsidiarias, para cambiar la
clasificación de suelo no urbanizable a suelo urbano de tal zona, en base a los informes de los
servicios técnicos municipales de 31 de noviembre de 1.994 que justificaba la consolidación por
la edificación en más de dos terceras partes, conforme al art. 21b del Reglamento de
Planeamiento, y otro de 3 de Agosto de 1.993 que justificaba la existencia de los servicios
urbanísticos, de suministro de energía eléctrica, agua potable, acceso rodado y evacuación de
aguas residuales, todo ello con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1.988.
9. El director de la citada ponencia se dirigió también a la Demarcación de
Costas de Baleares, el 19/06/00, comunicando la solicitud de revisión de oficio en
trámite y el día 19 del mismo mes tuvo entrada en el Consell Insular un escrito de
dicho organismo ratificando, a solicitud del Ayuntamiento de Santanyí, un informe
anterior emitido el 06/04/95 a requerimiento de la C.I.U., con ocasión de la tramitación
de las Modificaciones puntuales 63 y 64 de las NNSS del municipio, de carácter
favorable a esta última.
10. Completando su anterior escrito de alegaciones, el Ayuntamiento de
Santanyí, en sesión plenaria celebrada el 14/06/01, ratificó el informe favorable a la
revisión planteada, remitiéndolo a la C.I.U. junto a la documentación necesaria para la
subsanación consecuente de las NNSS.
11. A propuesta de la Ponencia Técnica en sesión celebrada los días 17, 18 y
19 de julio de 2.001, la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca, reunida el día 13
de septiembre de 2.001, acordó proponer al Pleno del Consell Insular de Mallorca, que
previo dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, adoptase el siguiente
acuerdo:
PRIMER.- Revisar d?ofici els acords adoptats per la Comissió Provincial d?Urbanisme de les
Illes Balears de data 25 de març de 1.985, d?aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de
Planetjament de Santanyí, en el sentit que s?haurà de reconèixer el caràcter de sòl urbà dels
terrenys confrontats al carrer denominat Sa Garlanda, situats entre els nuclis 1 i 3 de Cala
Llombards, i que es grafien com a tals en els plànols adjunts que formen part de l' informe tècnic
municipal de data 20 de desembre de 2.000, números 11, 21 i 11-J, que s?incorporen, tot això en
consideració a que, reunint en aquella data els condicionants de dotació dels serveis urbanístics
prevists a aquella normativa, havien de resultar inclosos dins aquesta categoría de sòl; amb la
subsegüent retroacció de l?expedient administratiu al tràmit d?aprovació provisional de les
Normes Subsidiàries de Planetjament.
L?ordenança urbanística aplicable als dits terrenys, considerats com a sòl urbà, constituirà el
nucli 4 de Cala Llombards, resultant ordenat en la seva xarxa viària per un vial central de 8,00
metres d?amplària (Perfil tipus II), idèntic als de la resta del lloc, resultant en el seu inici un
territori qualificat com a Zona Verda Pública de 360 m2 de superfície, i assignant als territoris
edificables la zonificació de ?Residencial Extensiva II, idèntica al dels territoris pròxims a nuclis
urbans colindants.
SEGON.- Comunicar l?anterior acord a l?Ajuntament de Santanyí, al Sr. M. V., a la Demarcació
de Costes a les Illes Balears, així como disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, als efectes prevists al Reglament de Planetjament Urbanístic.
12. El día 26 de septiembre del año en curso tuvo registro de entrada en la sede
de este Consell Consultiu la petición de dictamen preceptivo formulada por la
Presidenta del Consell Insular de Mallorca y, el día 28 del mismo mes, el Presidente de
este superior órgano de consulta encomendó la elaboración de la correspondiente
ponencia.
Con posterioridad a la recepción del expediente, tuvo entrada en el Consell
Consultiu otro escrito de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca, acompañando la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de 21 de septiembre del
año en curso, por la que se resuelve el recurso contencioso administrativo 1.112/96 a
que se ha hecho referencia anteriormente que, estimando parcialmente las pretensiones
del recurrente, anula el acto objeto de impugnación y reconoce el derecho de los actores
a que los terrenos de su propiedad con fachada a la calle Sa Garlanda, con una
superficie de 17.639 m2, sean clasificados como suelo urbano, a fin de que el dictamen
que se emita se adapte a dicha Sentencia.
II. CONSIDERACIONES JURIDICAS
Primera.- El art. 102 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero, dispone literalmente que ?Las
Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiese, declararán de oficio la nulidad
de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan
sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1?.
Por su parte, el art. 10.6 b) de la Ley autonómica creadora del Consell Consultiu,
antes de su modificación por la Ley 6/00, de 31 de mayo, señala que éste será
consultado preceptivamente en los expedientes que se refieran, entre otras materias, a la
revisión de oficio de los actos administrativos. Aunque con dicha reforma no se haya
alterado el carácter preceptivo del dictamen, no resultan de aplicación al expediente
sometido a consulta las novedades introducidas, dado que se trata de un procedimiento
iniciado con anterioridad a su entrada en vigor el día 11 de junio de 2.000.
Resulta indiscutible, por lo expuesto, la necesaria intervención del superior
órgano autonómico de consulta con carácter previo a la resolución que se adopte, cuyo
dictamen, además de preceptivo, deberá ser favorable para que pueda prosperar la
revisión de oficio instada.
Segunda.- La Ley 30/92 recoge el principio tradicional de que los actos propios
declarativos de derechos subjetivos sólo pueden ser objeto de revisión acudiendo a los
procedimientos previstos para ello, dado que la rectificación por la Administración de
un error de derecho no puede ser considerada válida de cualquier manera por razones de
seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), en virtud del principio general prohibitivo ?venire
contra factum propium non valet?, elevado hoy a rango de ley.
El Consell Consultiu, en su dictamen 84/99, de 25 de noviembre, señaló que:
(...) la potestad de anulación de oficio, por el riesgo que comporta para la seguridad jurídica de
los ciudadanos, ha sido siempre interpretada de forma restrictiva en sus presupuestos y en su
ejercicio, ya que la ?intangibilidad de los actos constituye un factor esencial de la seguridad
jurídica y de la estabilidad de las situaciones jurídicas. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, de 27 de febrero de 1.992).
Por otra parte, el principio de conservación de los actos administrativos, dada la
presunción de legitimidad que ostentan, obliga a quien los produce a mantenerlos, sin
que pueda dejarlos sin efecto, a menos que sea a través de los mecanismos que el
ordenamiento jurídico tiene establecidos para ello. Los actos administrativos que
generan derechos subjetivos sólo pueden ser dejados sin efecto por revisión o
revocación, en los términos, por el procedimiento y por las causas tasadas en la Ley,
extremos estos que serán objeto de estudio en las Consideraciones Jurídicas que siguen.
Tercera.- Con carácter previo y antes de analizar el supuesto concreto que
plantea el presente expediente, procede poner de manifiesto distintas cuestiones
generales que actualmente plantea la revisión de oficio por la propia Administración de
los actos que inciden en causa de nulidad de pleno derecho y que ya han sido puestas de
relieve en numerosas ocasiones por el Consell Consultiu. Entre otras, resultan relevantes
las siguientes:
a) La relativa a la eficacia de las modificaciones que la Ley 4/99, de 13 de enero,
ha introducido en relación a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en concreto, en la
regulación de la revisión de oficio de actos y disposiciones nulas de pleno
derecho que se contiene en su artículo 102. A este respecto procede tener en
cuenta que la disposición transitoria segunda de la citada Ley 4/99 enseña que
?A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley
no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior. No
obstante, si resultaría de aplicación a los mismos el sistema de revisión de
oficio y los recursos administrativos regulados en la presente Ley?. En el
presente caso no cabe duda que la Ley 4/99 resulta aplicable al presente
expediente y ello porque hay que considerar a la revisión de oficio como un
procedimiento distinto al que dio lugar al acuerdo a que se refiere y no como una
simple continuación de éste.
Por tanto, aunque en el presente expediente se pretende la revisión de oficio de
la Resolución desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la
denegación de la aprobación de la Modificación puntual nº 64 de la NNSS de
Santanyí de 03/06/96 y el propio Acuerdo de aprobación definitiva de las
mismas, de fecha 25 de marzo de 1.985, resulta plenamente aplicable lo
dispuesto por la Ley 4/99, ya que la revisión de oficio constituye un
procedimiento distinto, que se inició a instancias de parte interesada el 20 de
marzo o el 18 de abril de 2.000, según se trate de uno u otro acto.
b) La supresión, realizada por la Ley 4/99, de 13 de enero, de la remisión expresa al
procedimiento administrativo regulado en el Título VI que contenía la anterior
redacción del art. 102 de la Ley 30/92, no puede llevarnos a la apresurada
conclusión de su inaplicación a los procedimientos de revisión de oficio.
Contrariamente, debe entenderse que, al constituir un nuevo procedimiento
administrativo, resulta superflua tal remisión a las normas (arts. 68 y siguientes
de la Ley 30/92) que la regulan con carácter general y que, por ello, resultan
aplicables a todos, de modo que el procedimiento de revisión de oficio ha de
contener, como mínimo, los siguientes trámites esenciales: acuerdo de
iniciación, audiencia de los interesados, propuesta de resolución, dictamen
favorable del Consell Consultiu y resolución por el órgano competente.
No puede decirse que en el presente caso se hayan cumplido los trámites aludidos,
pues no existe acuerdo de incoación del expediente y por tanto, ante la complejidad de
la doble solicitud, no se ha precisado desde el primer momento el acto objeto de
revisión ni se han añadido como causas de nulidad del mismo o de los mismos, a
instancias de la propia Administración las del art. 62.2 de la Ley 30/92, únicas por las
que en definitiva se informa favorablemente la revisión; y sobre todo, se ha omitido el
trámite esencial de audiencia al interesado en el momento inmediatamente anterior a la
redacción de la propuesta de resolución, dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/92, pese a
que no concurren las circunstancias previstas en su apartado 4 para que pueda
prescindirse del mismo, ya que se han tenido en cuenta, entre otras, las alegaciones del
Ayuntamiento, que, aún siendo favorables a las revisiones instadas, modifican
sustancialmente las pretensiones de sus promotores al reducir o al menos concretar la
superficie de terreno que según éstos debía quedar clasificado como suelo urbano (8.432
m2. frente a los 11.160 m2 que se deducen de las solicitudes de los interesados) .
Las deficiencias expuestas tienen trascendencia suficiente para propiciar la nulidad
del procedimiento, pero las conclusiones que se atisban aconsejan entrar en el análisis
del fondo del asunto a fin de no retrasar innecesariamente la resolución que haya de
adoptarse.
Cuarta.- El art. 102.3 de la Ley 30/92 proclama que ?el órgano competente para la
revisión de oficio podrá acordar motivadamente...?, sin especificar cual sea el referido
órgano competente para la resolución del procedimiento de revisión de oficio.
En el ámbito de las Corporaciones Locales, no cabe duda de que corresponde al
Pleno de las mismas adoptar la resolución que proceda, ya que, como afirma el Consejo
de Estado en su dictamen 1.420/93 de 2 de diciembre, ?... significa la instancia revisora
el ejercicio de una acción administrativa, con matices próximos a la acción judicial, y el
ejercicio de las acciones administrativas y judiciales está atribuido en la Ley 7/1.985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, al indicado Órgano Supremo en
el artículo 22, núm. 2.j...?. Esta argumentación se mantiene en su integridad tras la
reforma de la Ley 7/85 por la 11/99 de 21 de abril (BOE nº 96, de 22 de abril), al no
haber sufrido modificación el art. 22.2.j) citado.
Quinta.- Los actos administrativos susceptibles de revisión de oficio, por causa de
nulidad del art. 62.1 de la Ley 30/92, son únicamente aquellos que hayan puesto fin a la
vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, conforme expresa el art.
102.1 de la propia Ley.
En el supuesto ahora sometido a consulta, el objeto de la revisión de oficio es doble:
por una parte, la Resolución desestimatoria del recurso ordinario acordada por el Pleno
del Consell Insular de Mallorca en fecha 3 de junio de 1.996; y, por otra parte, el
Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares de fecha 25
de marzo de 1.985, de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Santanyí. Aunque la propuesta de resolución se refiere sólo a este
último, no se ha producido con respecto al primero la inadmisión motivada de la
solicitud, prevenida en el art. 102.3 de la Ley 30/92, que permita considerarlo excluido
del expediente, lo que obliga al Consell Consultiu a pronunciarse sobre ambos.
Sexta.- En cuanto a la Resolución de 03/06/96, es claro que cuando se instó la
revisión no se trataba de un acto firme, al haber sido recurrido ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y por tanto no había lugar a incoar expediente alguno para
lograr por aquél cauce extraordinario lo que aún permanencia sub judice en la vía
ordinaria, al estar pendiente de resolución por el TSJB el recurso interpuesto (1.112/96),
por aplicación analógica de la doctrina de la litispendencia sentada por el Tribunal
Supremo en sentencias como las de 08/11/95 (Aranz. 8483) y de 21/12/95 (Aranz.
9683), acogida por el propio Consell Consultiu en diversos dictámenes, entre ellos el
34/96 de 28 de noviembre. En efecto, durante la sustanciación de este procedimiento se
ha dictado Sentencia estimando dicho recurso, cuyo fallo a continuación se transcribe
literalmente y hace inocua la hipotética revisión de oficio, dejándola sin efecto alguno:
PRIMERO.- Estimamos parcialmente el presente recurso contencioso administrativo.
SEGUNDO.- Declaramos disconformes con el ordenamiento jurídico los actos administrativos
impugnados y, en su consecuencia, los ANULAMOS en cuanto a la condición objetiva de los
solares litigiosos, reconociendo el derecho de los actores a que los terrenos de su propiedad con
fachada a la calle Garlanda deben ser clasificados como suelo urbano.
Contra la presente sentencia no procede recurso ordinario.
A mayor abundamiento, tampoco podría prosperar esta revisión por cuanto, tal
como aducen los técnicos de la C.I.U. en su informe de 16 de julio de 2.000, no se
pretende simplemente anular la Resolución desestimatoria del recurso ordinario de
3/06/96 y con ella la denegación de la aprobación de la Modificación puntual nº 64 de
las NNSS de Santanyí, sino introducir, mediante el pedimento subsidiario, cuestiones
nuevas que no habían sido resueltas anteriormente, reduciendo su ámbito territorial a los
terrenos con fachada a la C/ Sa Garlanda y creando una situación urbanística nueva,
distinta de la evaluada en su conjunto en el expediente municipal y necesitada en todo
caso de documentación y planimetría propia, actuación de carácter positivo y no solo
anulatorio que excede a todas luces del ámbito del proceso revisorio.
Además y por último, no se trata de un acto imposible y por tanto no concurre la
única causa de revisión alegada, al amparo del art. 62.1.c) de la Ley 30/92, pues la
denegación de la aprobación definitiva de la Modificación puntual nº 63 no impedía
llegar a los mismos resultados mediante la revisión del planeamiento, con inclusión de
los terrenos comprendidos en la Modificación puntual nº 64, como se indica en los
informes que, solo parcialmente, invoca el interesado.
Séptima.- Idéntica conclusión ha de alcanzarse en cuanto a la revisión del
Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Urbanismo aprobando definitivamente
las NNSS de Santanyí, cuya fecha no consta indubitadamente en el expediente,
señalándose indistintamente por los interesados y por las Administraciones actuantes el
23 o 25 de marzo de 1.985, por las siguientes causas:
a) Conforme al art. 106 de la Ley 30/92, las facultades de revisión no podrán
ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo
transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la
equidad, la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
En este aspecto hay que tener en cuenta que el acto a revisar data del mes de
marzo de 1.985 y se trata de la aprobación de un instrumento de
planeamiento general que afecta a los derechos e intereses de todos los
ciudadanos de Santanyí, que con el transcurso del tiempo han quedado
plenamente consolidados, toda vez que aquel acuerdo devino firme y
definitivo por consentido, al no haberse impugnado en vía administrativa ni
jurisdiccional por los particulares ni por las Administraciones intervinientes,
no pudiendo ahora verse sorprendidos por una revisión que podría
acarrearles consecuencias desfavorables, atentando incluso al principio de
buena fe con que, sin duda, han desarrollado desde su aprobación las
previsiones de las NNSS del municipio.
b) Es indiscutido que dichas NNSS se aprobaron según la propuesta del
Ayuntamiento, sin que se produjeran, ni por lo tanto se desestimaran,
alegaciones tendentes a clasificar como suelo urbano los terrenos con
fachada a la C/ Sa Garlanda, por lo que no existió un acto positivo
rechazándolo, de tal forma que, al igual que en el caso anterior, lo que se
intenta no es en realidad anular aquel acuerdo, sino innovar el planeamiento
municipal incrementando el suelo urbano, por cauces totalmente irregulares,
evitando con ello los estudios, informes, proyectos y trámites en general
establecidos en la normativa urbanística vigente, actuación positiva ajena al
ámbito de la revisión de oficio, que por naturaleza ha de limitarse a declarar
la nulidad y en consecuencia la invalidez e ineficacia jurídica de los actos a
que se contraiga. Constituye buena prueba de ello que el informe favorable
del Ayuntamiento de Santanyí ha comportado la incorporación de la
planimetría y demás documentación necesaria para la modificación de las
NNSS que se produciría si la revisión de oficio prosperara.
c) Aunque en teoría se trate de actos distintos, en la práctica, con la revisión de
oficio del de aprobación de las NNSS de Santanyí se persigue el mismo
objetivo que con la de la Resolución desestimatoria del recurso ordinario
contra la denegación de la Modificación puntual nº 64, de tal modo que el
mantenimiento de un recurso contencioso administrativo contra ésta impide
que paralelamente se tramite la revisión de aquél, por aplicación de la
doctrina sentada por el Consell Consultiu en su dictamen 34/96 de 28 de
noviembre en relación con las Sentencias del TS de 08/11/95 y de 21/12/95
ya citadas, en el sentido de que la doctrina que inspira la excepción de
litispendencia ha de ser también tenida en cuenta si en vía administrativa se
plantea, con afanes de que se resuelva, la misma cuestión que, a la sazón,
esté pendiente ante los Tribunales. Se constata fácilmente lo expuesto al
observar que la estimación del recurso 1.112/96 produce en este acto los
mismos efectos que en el de desestimación del recurso ordinario que antes se
ha estudiado.
d) Por último hay que tener en cuenta que el interesado demanda la revisión de
oficio en base a los epígrafes a) y c) del apartado 1 del art. 62 de la Ley
30/92.
En cuanto a la segunda causa, ser un acto de contenido imposible, procede
rechazarla frontalmente, como lo hacen también los informes que han dado
lugar a la propuesta de revisión de la C.I.U., ya que no existe razón ni
fundamento alguno que la justifique, mucho menos aun que en la revisión de
la Resolución desestimatoria del recurso ordinario, en que también se ha
desestimado su concurrencia. Respecto a la segunda, la presunta lesión del
derecho de igualdad por haberse clasificado como urbanos terrenos de
idénticas características urbanísticas, esta circunstancia no ha quedado
demostrada en absoluto a lo largo del procedimiento, en que la prueba
practicada se ha limitado a tratar de acreditar la situación y estado de las
propiedades de los interesados en la revisión, pero no las condiciones de las
restantes, de forma que la concurrencia de la causa ni siquiera ha sido
valorada en los informes de los técnicos de la C.I.U., que por el contrario,
han utilizado la vía del apartado 2 del art. 62 de la Ley citada para informarla
favorablemente, por considerar que el acto objeto de la misma, las NNSS de
Santanyí, es una disposición de carácter general y admitir que las
características de los terrenos afectados obligaban a clasificarlos como
urbanos.
No puede olvidarse el carácter tasado de las causas de nulidad absoluta que
permiten la revisión de los actos administrativos y su necesaria
interpretación restrictiva conforme se ha puesto de manifiesto en la anterior
consideración jurídica segunda, lo que obliga a descartar la concurrencia
tanto de las alegadas por el solicitante, no estimadas tampoco por la
Administración actuante, como las propuestas por ésta, puesto que las NNSS
de Santanyí no pueden considerarse norma de carácter general a los efectos
prevenidos en el art. 62.2 de la Ley 30/92, sobre todo cuando el debate sobre
las mismas se ciñe a un aspecto concreto y subjetivo, por omisión y no por
acción, derivado de circunstancias de hecho que incluso puede merecer
distinta valoración a lo largo del tiempo (más de 16 años) y cuando no se ha
producido acuerdo alguno, ni siquiera en el acto de incoación del expediente
(inexistente) en que se fije que éste se refiere también a esta posible causa
de nulidad.
Octava.- El objeto del dictamen ha de ceñirse a lo prevenido legalmente, es
decir, a informar la viabilidad de la revisión o revisiones de oficio objeto del expediente,
por lo que no puede entrar a valorar cuales han de ser las actuaciones de la
Administración como consecuencia de la Sentencia del TSJB en el recurso contencioso
administrativo 1.112/96.
III. CONCLUSIONES
1ª. Las observaciones reflejadas en la Consideración Jurídica III tienen carácter
sustancial, dando lugar a la nulidad del procedimiento instruido, con retroacción de
actuaciones a partir del momento de las solicitudes del interesado de 6/03/00 y de
6/04/00.
2ª. En cualquier caso, en atención a los razonamientos contenidos en las
Consideraciones Sexta y Séptima, con independencia del resultado de los trámites
omitidos, no habrá lugar a revisar de oficio la Resolución desestimatoria del recurso
ordinario interpuesto contra el acuerdo de denegación de aprobación de la Modificación
puntual nº 64 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Santanyí de 3/06/96, ni el
Acuerdo aprobatorio de dichas NNSS, de marzo de 1.985, procediendo incluso, en vista
de la Sentencia del TSJB de 21/09/01, la inadmisión motivada de ambas solicitudes al
amparo del art. 102.3 de la Ley 30/92, por carecer manifiestamente de fundamento.
3ª. El presente dictamen tiene carácter preceptivo y, al ser contrario a la revisión
de oficio tramitada, es también vinculante.
Palma, a 20 de diciembre de 2001
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