Dictamen del Consejo Cons...o del 2012

Última revisión
15/02/2012

Dictamen del Consejo Consultivo de Illes Balears núm 019/2012 del 15 de febrero del 2012

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Órgano: Consejo Consultivo de Illes Balears

Fecha: 15/02/2012

Num. Resolución: 019/2012


Resumen

Dictamen núm. 19/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor F. M. G., en representació de la senyora V. A. M. i el senyor C. I. N., davant el Servei de Salut de les Illes Balears*

Ponente/s:

Carmen Fernández González

Contestacion

Dictamen núm. 19/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial

formulada pel senyor F. M. G., en representació de la senyora V. A. M. i el senyor

C. I. N., davant el Servei de Salut de les Illes Balears*

I. ANTECEDENTS

1. El director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el 5 de desembre de 2011,

formula la consulta preceptiva sobre el procediment de responsabilitat patrimonial que

té origen en la reclamació presentada pel senyor F. M. G., en representació de la

senyora V. A. M. i el senyor C. I. N., el 9 de juny de 2010. La sol·licitud de dictamen

s?ha registrat d?entrada en el Consell Consultiu el 12 de desembre de 2011.

2. De l?escrit de reclamació del senyor F. M. G., se n?han de destacar les dades

següents:

Primera. A lo largo del año 2006 doña V. A. M. [?] embarazada acudió

regularmente al Área de Salud de Ibiza y Formentera [?] al objeto de que se

controlara su embarazo [?].

Segunda. El 23 de octubre de 2006 sobre las 13 horas, la misma ingresó en el

Servicio de Ginecología del Hospital Can Misses, llevando en su seno un feto

hembra sano, de peso aproximado 4,350 kg, adecuado a la edad de gestación, que

era de 43 semanas por ese entonces, 50 cm de longitud y plenamente viable,

encontrándose de guardia en ese momento la facultativa especialista, la cual a la

vista que la paciente, según constaba en la historia clínica, presentaba anticuerpos

VIH, decidió llevar a cabo la extracción del feto mediante cesárea y [?] logró

convencerla de que firmase el consentimiento informado para proceder a dicha

intervención [?].

Tercera. Iniciada la intervención la mencionada facultativa decidió practicar la

incisión en el abdomen de la paciente, en el mismo lugar que ya había sido

instaurada una cicatriz anterior por cesárea previa, [?] al practicar dicha incisión se

produjeron complicaciones motivadas por el hecho de que la pared del útero se

hallaba adherida fuertemente al abdomen de la paciente, lo que dio lugar a una serie

de distintos cortes y desgarros en el útero tratando de buscar una vía idónea de

extracción del feto [?], dando lugar todo ello a un gran sangrado que complicó

además las maniobras de extracción [?] lográndose finalmente después de un

tiempo que no se pudo precisar pero que necesariamente fue muy superior al

aconsejado para tal menester, extraer el feto [?]. El retraso en todas estas

maniobras provocó que la niña fuera extraída en estado de anoxia, con asistolia, sin

esfuerzo respiratorio atónico y cianótico por falta de aporte sanguíneo, con un test de

Apgar de 0-0-1, siendo reanimada tras 15 minutos de maniobras, recuperando su

pulso cardiaco y trasladada al Servicio de Neonatología, donde logró sobrevivir

durante 15 horas, falleciendo al cabo de las mismas el 24 de octubre de 2006.

Cuarta. Como consecuencia de la práctica quirúrgica descrita, doña V. S. A. resultó

con lesiones resultantes de los cortes y desgarros del útero de los que tardó cuarenta

días en curar, de los que 4 fueron de ingreso hospitalario, dejándole como secuela la

imposibilidad de un embarazo futuro por el altísimo riesgo que ello supondría tanto

para la vida del feto como de la madre.

* Ponència de l?Hble. Sra. Carmen Fernández González, consellera.

2

Quinta. Interpuesta denuncia ante la jurisdicción penal por los mencionados hechos,

en el Juzgado de Instrucción n.º x se siguieron Diligencias Previas n.º X/2006, que,

posteriormente, tras la oportuna instrucción transformó en Procedimiento

Abreviado, remitido al Juzgado de lo Penal n.º x de Ibiza, donde se siguió con el

n.º X/2008.

En el citado procedimiento, por el Juzgado de lo Penal n.º x de Ibiza se dictó, el 28

de noviembre de 2008, Sentencia por la que se declaraban probados sustancialmente

los hechos transcritos anteriormente, si bien entendía que la conducta enjuiciada de

la facultativa no era constitutiva de infracción penal, absolviendo a la misma de las

acusaciones formuladas [?]. Recurrida dicha sentencia en apelación [...] la misma

fue confirmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de

Mallorca en su Sentencia de fecha 6 de mayo de 2010.

Acompañamos, al objeto de acreditar todo lo expuesto, los documentos que se

relacionan a continuación, designando no obstante ya desde ahora los archivos del

Juzgado de lo Penal n.º x de Ibiza [?] a los efectos probatorios oportunos.

[?]

Sexta. La condición de perjudicados de los reclamantes en el presente expediente se

deriva de su condición de padres de la recién nacida fallecida, y en el caso de

doña V. A. M., directamente además por la lesiones sufridas.

Ambos comparecientes tienen un hijo común, menor de edad, hermano de la

fallecida, llamado U. N. A., nacido el 28 de diciembre de 2002, sometido a su patria

potestad, actuando los mismos por tanto en el ejercicio de dicha patria potestad en

representación del mencionado menor perjudicado.

Acompanya la seva reclamació amb diversa documentació jurídica i mèdica i sol·licita

una indemnització de 189.985,98 euros, desglossada de la manera següent:

? 96.869,86 euros correspondrien al senyor C. I. N. i a la senyora V. A. M. per la

pèrdua de la seva filla.

? 17.612,70 euros, al menor U. N. A.

? 75.503,42 euros, a la senyora V. A. M per les lesions i seqüeles, més el 10 per 100

del factor de correcció.

3. El 30 de juliol de 2010, es notifica als reclamants el nomenament de la instructora i

se'ls informa de diversos aspectes del procediment.

4. L?informe mèdic de Dictamed I & I SL, emès a requeriment de la unitat instructora, i

signat pels especialistes en medicina interna doctors R. V., B. C., A. B. i R. J. el 23 de

febrer de 2007, després d'analitzar l'historial mèdic de la senyora V. A. M. i d'explicar

amb deteniment diverses consideracions mèdiques sobre la infecció per VIH i la

gestació, entre les quals cal destacar que la transmissió vertical del VIH es pot produir

en un 60-75 % dels casos durant el part, conclou:

4. Los actuales protocolos indican el parto por vía vaginal siempre y cuando la

gestante haya sido tratada durante la gestación y tenga una carga viral inferior a

1.000 copias, circunstancias que concurrían en este caso. Ahora bien, la evidencia

científica de esta recomendación no es contundente (nivel de evidencia B).

5. En este caso, existían otras circunstancias (cesárea anterior electiva, previsión de

parto largo) que hicieron cambiar la decisión a la profesional encargada del caso en

ese momento. Esta actitud en absoluto puede ser calificada como contraria a la lex

artis, pues está contemplada en numerosa documentación científica.

3

[?]

7. Durante la cesárea ocurrieron circunstancias totalmente imprevisibles (firme

síndrome adherencial) y no diagnosticable prenatalmente, que provocaron que al

abrir la pared abdominal se produjera una apertura simultánea de la pared uterina a

un nivel más alto que el habitual, por donde además se produjo una salida de parte

de la placenta, provocando un cuadro hemorrágico agudo y severo.

8. Las maniobras que la doctora realizó a la vista de las circunstancias que de forma

totalmente imprevisible acontecieron durante la cesárea fueron lógicas y razonables,

sin que pueda hablarse en ningún momento de impericia profesional. Los

lamentables resultados en el recién nacido no deben ser achacados, desde ningún

punto de vista, a unas maniobras incorrectamente indicadas o realizadas.

[...]

10. Por todo lo anteriormente expuesto, pensamos que la actuación de [doctora] la

fue absolutamente correcta y conforme a la lex artis ad hoc. Las complicaciones

surgidas sólo deben relacionarse con un sangrado masivo y muy rápido relacionado

con circunstancias totalmente imprevisibles.

5. La inspectora mèdica, el 9 d'agost de 2010, analitza en el seu informe les diverses

al·legacions efectuades pels reclamants i considera que l'assistència prestada a la

senyora V. A. M. va ser correcta en tot moment, que la indicació de cesària electiva

també ho va ser, considerant el conjunt de condicions generals i obstètriques que

presentava la pacient, i que davant la complicació sorgida ?«el músculo abdominal se

hallaba firmemente adherido a la cara posterior del útero»?, amb risc vital per al fetus i

per a la mare, la decisió d'extracció fetal va ser la millor. Explica, així mateix, que la

presència d'aquestes adherències no pot ser anticipada amb els mitjans actualment

disponibles. El fatal desenllaç es produeix malgrat la correcta assistència. Finalment,

proposa la desestimació de la reclamació.

6. S?obre el tràmit d?audiència amb un escrit de 23 d'octubre de 2010. No consta que

s'aprofitàs per presentar al·legacions.

7. La proposta de resolució, de 30 de novembre de 2011, conclou que s'ha de desestimar

la reclamació perquè, en tot moment, l'actuació dels facultatius que tractaren la pacient

es va ajustar a la lex artis ad hoc exigida.

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera

D?acord amb el que disposa l?article 18.12.a de la Llei 5/2010, de 16 de juny,

reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, el dictamen és preceptiu en els

procediments tramitats per les administracions públiques de les Illes Balears referits a

reclamacions per responsabilitat patrimonial la quantia de les quals sigui superior a

30.000 euros. És indubtable, per tant, el caràcter preceptiu d?aquest dictamen, ja que

s?ha demanat una indemnització de 189.985,98 euros.

4

Està legitimat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears per formular

aquesta consulta, d'acord amb la lletra c de l'article 21 de la Llei 5/2010, esmentada.

Segona

La senyora V. A. M., com a perjudicada directa, per les lesions patides, té sens dubte la

condició de titular d?un dret subjectiu i està inclosa en l?article 31.1.a de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú. Igualment, tant ella com el seu espòs, el

senyor C. I. N., estan legitimats de manera directa per la pèrdua de la seva filla i

exerceixen, en nom del seu fill menor d'edat, la reclamació corresponent.

El procediment s?ha tramitat de forma adequada, amb totes les garanties, principalment

per les possibilitats que han tingut els reclamants per aportar documents i proves, inclòs

el tràmit d?audiència, que no ha estat aprofitat.

Tercera

Hem de recordar que la competència per resoldre aquest procediment, segons

s?estableix en el Decret 39/2006, de 21 d?abril, pel qual s?aproven els estatuts de l?ens

públic Servei de Salut de les Illes Balears, correspon al director general (article 12.1.l).

Aquesta previsió s?incardina perfectament en la normativa bàsica que conté l?article

142.2 de la Llei 30/1992.

Quarta

A partir de l?article 106.2 de la Constitució espanyola i els articles 139 i següents de la

Llei 30/1992, són ja molts els dictàmens i les sentències que estableixen els elements

coincidents en el reconeixement de responsabilitat de les administracions públiques.

Són aquests:

a) La realitat efectiva de la lesió o del perjudici causat, avaluable econòmicament i

individualitzat respecte d?una persona o un grup de persones.

b) La lesió és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics en

una relació de causa i efecte, sense intervenció d?elements estranys que puguin influir-hi

i alterar-ne el nexe causal.

c) No hi concorre força major.

d) El perjudicat (o lesionat) no té el deure jurídic de suportar el mal.

En el cas de la responsabilitat de l?Administració sanitària o en ocasió de l?atenció

prestada per serveis públics de salut, la doctrina i la jurisprudència han elaborat criteris

que permeten concloure que en el camp de la medicina curativa els usuaris o ciutadans

no poden exigir del funcionament dels serveis públics un resultat conforme a allò que

esperaven o de curació absoluta, sinó que únicament poden exigir:

5

? Una aplicació correcta de tots els mitjans i remeis sanitaris a l?abast en el lloc i el

moment de l?assistència mèdica.

? La informació al pacient o, quan pertoqui, als familiars del diagnòstic de la malaltia

o la lesió, el pronòstic que del tractament es pugui esperar, els mitjans de curació i els

riscs que se?n puguin derivar i, si és el cas, la insuficiència dels mitjans disponibles, per

donar opció a continuar el tractament a un altre lloc.

? La continuació del tractament fins que es pugui donar l?alta i la informació dels

possibles riscs d?abandonar-lo voluntàriament.

D?una altra manera i com ha dit reiteradament aquest Consell Consultiu:

Així les coses, podem afirmar que la condició perquè hi hagi responsabilitat

patrimonial sanitària és que l?actuació del metge o del professional hagi produït una

infracció de les normes de precaució i cautela que les circumstàncies del cas

requereixen per evitar danys a la vida, la salut o la integritat física del pacient. En

canvi, quan la prestació sanitària s?hagi aplicat respectant els paràmetres de la lex

artis, el dany que pugui produir-se en la salut del pacient no podrà imputar-se a la

prestació assistencial, sinó que procedirà del mateix fet de la salut, considerada

aquesta com un bé respecte del qual no es poden oferir, lamentablement, garanties

de manteniment, i per tant s?ha de considerar que el mal no és antijurídic i que

existeix el deure jurídic de suportar-lo.

Cinquena

En el cas que ens ocupa, aplicant allò que s'ha explicat en la consideració jurídica

anterior, el Consell Consultiu s'ha de plantejar, en primer lloc, la possible antijuridicitat

del dany produït, perquè, com és sabut, només quan el dany pel qual es reclama té la

condició d'antijurídic pot néixer l'obligació de rescabalament per part de les

administracions públiques. Aquesta antijuridicitat, en el supòsit de reclamacions en

l'àmbit sanitari, com ja s'ha dit, troba el seu mòdul rector en la lex artis ad hoc. Si els

professionals que intervenen adeqüen la seva actuació a aquesta lex no és possible

considerar el dany antijurídic i aquest haurà de ser suportat. Així ho assenyala la

Sentència del Tribunal Suprem de 21 de novembre de 2006, quan afirma:

La recurrente se apoya en una concepción del carácter objetivo de la responsabilidad

patrimonial que no se corresponde con la doctrina de esta Sala, que, tratándose de la

responsabilidad patrimonial derivada de la prestación sanitaria, viene declarando que

no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad

objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio

de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta,

independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya

que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso,

ese resultado.

En el mateix sentit, la Sentència de 16 de febrer de 2011 del Tribunal Suprem explica:

La responsabilidad de las administraciones públicas es objetiva al residenciarse en el

resultado antijurídico. Ya, en el ámbito sanitario, su evidencia constituye una

6

obligación de medios. Y así a los servicios públicos de salud no se les puede exigir

más que una actuación correcta y a tiempo conforme a las técnicas vigentes en

función del conocimiento de la práctica sanitaria.

O, amb unes altres paraules, el compliment diligent dels protocols mèdics és la ratio per

decidir l'existència de responsabilitat, de tal manera que resulta necessària una desviació

de la lex artis ad hoc perquè neixi la responsabilitat.

Doncs bé, de l'anàlisi del procediment tramitat se?n desprèn, sense dificultats, que el

procés de gestació de la pacient, i ara reclamant, va ser controlat en tot moment i de

manera correcta pel Servei de Ginecologia de l'Hospital Can Misses, que va ser tractada

amb antivirals a causa de la seva patologia de base i que, en el moment del part, es va

decidir la pràctica d'una cesària. Tots els informes continguts en l'expedient

coincideixen a assegurar que aquesta intervenció resultava perfectament indicada. Així

s'expressa en l'informe de la inspectora mèdica: «es posible dar a luz por vía vaginal

para las pacientes con VIH positivo en las condiciones señaladas si las condiciones

obstétricas y generales de la paciente lo permiten. En esta paciente existía un cúmulo de

condiciones que consideradas de una en una no suponían una contraindicación para el

parto vaginal pero que consideradas todas juntas suponían un aumento de riesgos que

hacían valorar como opción más prudente la práctica de la cesárea. Estas condiciones

eran: la edad materna, la existencia de una cesárea previa, su condición de primeriza a

efectos del parto vaginal puesto que su maternidad anterior fue por cesárea, su estado de

anemia y sus antecedentes de PTI, por otro lado el cuello del útero era inmaduro y hacía

prever una larga duración del parto. Además de existir un riesgo del 1 % de transmitir el

VIH a la recién nacida, en el parto por vía vaginal». És a dir, que la indicació d'efectuar

una cesària va ser correcta i ajustada a la lex artis.

Posteriorment, durant la pràctica de la cesària, va tenir lloc una complicació greu,

excepcional i imprevisible, l'adherència entre la paret abdominal i l'úter, que va ser

tractada amb tots els mitjans disponibles. Es va decidir l'extracció fetal per l'obertura

accidental de l'úter per no demorar més la intervenció i per intentar controlar

l'hemorràgia de gran magnitud que es va produir. Aquesta actuació també va ser

correcta i ajustada a la lex artis. S'ha d?assenyalar que, en el procediment penal obert

contra la doctora, que com ja s'ha dit va finalitzar amb sentència absolutòria, perquè no

es va demostrar contravenció de la lex artis, el forense afirma que la professional va

prioritzar la vida de la mare abans que l'extracció del fetus i que va actuar amb falta de

diligència. Ara bé, no especifica quins arguments fonamenten aquesta conclusió que, a

més, contradiu el relat dels fets efectuat pels testimonis, les actuacions registrades en el

full quirúrgic i la declaració de la ginecòloga actuant. Així, tal com explica la inspectora

mèdica:

Para salvar la vida del feto y de la madre se imponía su extracción inmediata. Para

evitar las demoras que se producen al cauterizar la vía abierta sangrante (que

difícilmente se hubiese conseguido dado su origen placentario) y posteriormente

abrir otra vía, es por lo que la ginecóloga intentó extraer el feto por la abertura

existente.

7

De la mateixa opinió és l'informe dels especialistes de Dictamed I&I, ja mencionat i

suficientment explícit, que conclou afirmant:

Las maniobras que la doctora realizó a la vista de las circunstancias que de forma

totalmente imprevisible acontecieron durante la cesárea fueron lógicas y razonables,

sin que pueda hablarse en ningún momento de impericia profesional. Los

lamentables resultados en el recién nacido no deben ser achacados, desde ningún

punto de vista, a unas maniobras incorrectamente indicadas o realizadas.

Arribats a aquest punt, i atesa la manca d'actuació probatòria de la part reclamant, la

qual li corresponia, el Consell Consultiu considera que no es donen els requisits exigits

perquè pugui prosperar la reclamació per responsabilitat patrimonial objecte d'aquest

dictamen.

III. CONCLUSIONS

1a. El president de les Illes Balears està legitimat per formular la consulta i el Consell

Consultiu és competent per emetre el dictamen, amb caràcter preceptiu.

2a. El procediment s?ha tramitat conforme a dret i ha de ser resolt pel director general

del Servei de Salut de les Illes Balears.

3a. Pertoca desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut

de les Illes Balears formulada pel senyor F. M. G., en representació de la

senyora V. A. M. i el senyor C. I. N.

4a. Les conclusions anteriors són substancials a l?efecte de la resolució que es dicti en

aquest procediment, que ha d?incloure la fórmula «d?acord amb el Consell Consultiu» o

«oït el Consell Consultiu», de conformitat amb l?article 4.3 de la Llei 5/2010, de 16 de

juny.

Palma, 15 de febrer de 2012

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