Dictamen del Consejo Consultivo de Illes Balears núm 007/2016 del 21 de enero del 2016

Resumen

Dictamen núm. 7/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora A. N. B., com a conseqüència de l?assistència sanitària que li fou prestada a l'Hospital Son Espases*

Ponente/s:

Antonio José Diéguez Seguí

Contestacion

Dictamen núm. 7/2016,1 relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial

formulada per la senyora A. N. B., com a conseqüència de l?assistència sanitària

que li fou prestada a l'Hospital Son Espases*

I. ANTECEDENTS

1. El 21 d'agost de 2014, la senyora A. N. B., presenta a través del Servei d'Atenció al

Pacient de l'Hospital Son Espases (full de reclamacions) una reclamació de

responsabilitat patrimonial mitjançant el qual demana una indemnització de

150.000,00 euros per «la mala ejecución del post-operatorio que tuvo lugar el 29 de

junio tal y como consta en mi historial y puede ser refrendado por cuanto testimonio

sean necesarios».

L?escrit de sol·licitud conté la següent descripció dels fets:

El día 29/05 me sometí en el Hospital Son Espases a una cirugía maxilofacial. La

intervención empezó a las 11:00h y finalizó a las 14:30h.

A las 16:30h cuando desperté de la anestesia general me indicaron que me llevarían

a una sala llamada «despertar». Siendo ya las 17:00 y sin experimentar mejoría

alguna, la enfermera indicó que al encontrarme mal seguiría permaneciendo en la

sala. Mi madre, ante tal desconcierto, se percató que es drenaje que me habían

puesto en quirófano (un redón de 10) no funcionaba, pues no salía nada. Enseguida

le preguntó a la enfermera si ese podía ser el motivo de mi mal estar e hinchazón.

La enfermera (siempre la misma) respondió que si no salía sangre o suciedad era

simplemente «porque no tenía que salir». [...] El comentario fue varia veces repetido

y la misma contestación fue recibida el mismo número de ocasiones. La enfermera

no le dio ninguna importancia a mi hinchazón ni a que el drenaje no funcionara. Así,

a las 18:00h y estando yo en la misma situación en la que entré, la enfermera decidió

subirme a planta.

Una vez en la habitación, mis familiares alarmados por mi aspecto volvieron a

repetirle a la enfermera de planta que no me encontraba bien y que mi aspecto facial

no era lógico. Volver a recordar que el drenaje debería estar funcionando y la

enfermera volvió a hacer caso omiso. Varias horas después yo no podía respirar, no

podía tragar saliva, el hinchazón iba a más [...] por lo que llamamos con urgencia a

la enfermera (asistió la misma que ya había sido avisada [...]). Entonces decidió

llamar al cirujano y cuándo éste llegó decidió que tenía que intervenir allí mismo en

la habitación y abrirme 2 cm de herida para sacar toda la sangre que tenía acumulada

porque efectivamente el drenaje no funcionaba [...]

[...] El cirujano mandó a la enfermera (siempre la misma) que me tapara la herida.

[...] para mayor inri, al taparme el corte realizado por el cirujano en la habitación, lo

hizo vendándome la cabeza, lo que volvió a obstruir los penrose y provocó que el

derrame volviera a subir en menos de 10 minutos.

De esta forma, el cirujano tuvo que volver acudir de urgencia y volver a abrir la

cicatriz, los 2 cm mismo que había abierto minutos antes.

[...]

1 Aquest dictamen està pendent de correcció lingüística.

* Ponència de l'Hble. Sr. Antonio José Diéguez Seguí, president.

Además después de 5 terribles días, el equipo quirúrgico maxilofacial decidió que el

martes 3 volverían a intervenirme en quirófano para limpiar todo lo que quedaba de

sangre con anestesia general.

[...] Mi denuncia va dirigida contra la enfermera de la sala «despertar» y a la de

planta por la poca colaboración que tuvo en mi caso [...]

[...] Doy gracias a los cirujanos que han estado en todo momento aconsejándome y

apoyándome [...] Soy una chica de 25 años que tengo un trauma gracias a que esta

enfermera no quiso ni supo atenderme como debía. Tenía prevista el alta hospitalaria

para el día 31 de mayo y salí del hospital el día 6 de junio. No es justo que

paguemos por sus problemas, un error lo tiene cualquiera y hasta ahí lo respeto, en

toda cirugía hay un riesgo y lo acepto, pero no el trato ni las pocas ganas de trabajar

que tienen, eso no, si ella hubiera hecho bien su trabajo y hubiera avisado a un

médico explicándole mi caso, porque es su trabajo si un enfermo no se encuentra

bien, esto no hubiera llegado a estos límites, no todos nos quejamos por vicio.

2. El 24 d'octubre de 2014, el secretari general del Servei de Salut resol iniciar el

procediment, nomena la instructora i li ho notifica a la interessada, a qui s?informa dels

tràmits del procediment, el termini per resoldre?l, la proposició de proves i la possibilitat

de proposar o presentar proves. El mateix dia 24, es comunica el cas a la companyia

d?assegurances ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal a Espanya, de la circumstància

de l?expedient i se n?hi tramet còpia de la reclamació.

3. El dia 27 d'octubre de 2014, la instructora demana la tramesa de la històrica clínica a

l'Hospital, actuació que ha de reiterar el 15 de gener de 2015. El 28 de gener de 2015, el

Servei de Cirurgia Oral y Maxilofacial emet un informe que exposa:

El pasado 29 de mayo de 2014, a la hora de la cena, enfermería de la planta 0N

llama al busca de guardia de CMF. Refiere que la paciente A. N. B., postoperada de

una tumorectomía pot recidiva de adenoma pleomorfo de parótida, presenta

tumefacción/sangrado en lecho quirúrgico.

Vista por el doctor V. H. L., presentaba tumefacción intensa de la zona intervenida.

Se observa a la paciente con alto estado de ansiedad e hiperventilando. Refería

disfagia y disnea con parestesias en EESS. El redón no era productivo. Se apreció

tumefacción cervical que impresionaba de hematoma a tensión en lecho quirúrgico.

Además presentaba hematoma sublingual que protuía levemente el suelo de boca.

Se intentó movilizar el redón sin éxito, por lo que se decidió abrir 2 cm de herida

quirúrgica explorando el lecho quirúrgico mediante un mosquito. Se obtuvo drenaje

de sangre que se autolimitó. Se dejaron dos drenajes de penrose que se fijaron con

seda. Ante la ausencia de autolimitación del sangrado se decidió revisión quirúrgica

varios días después. Cuando cedió el edema cervical se decidió dar de alta a la

paciente.

4. El 2 de febrer de 2015, la supervisora de UH0N tramet un informe subscrit el 18 de

desembre de 2014 per les infermeres de UH0N torn de tarda i horabaixa de dia 29 de

maig de 2014. En aquest informe, la professional que treballa per la tarda explica:

[...] sobre las 18h recibí a la paciente [...] A su llegada a la unidad de hospitalización

procedente de despertar, presentaba hematoma y edema en la zona intervenida,

compruebo el redon, el cual presentaba el vacío correctamente. Se queda de dolor

que remite con la administración de la analgesia pautada.

Posteriormente avisé a CMF de guardia, para que acudiera a valorar la zona

quirúrgica. Acudió, y en la propia habitación, procedió a movilizar el redon y

decidió abrir la herida quirúrgica, instauró dos penrose, fijándolos con seda para el

drenaje de la herida. A continuación realicé la fijación de los apósitos con venda

elástica siguiendo órdenes médicas. En ningún momento la paciente precisó medidas

de soporte de oxigenoterapia y sus constantes estaban mantenidas.

5. De la informació de la història clínica aportada es pertinent destacar:

a) La pacient va patir una recidiva d'adenoma pleomorf submaxilar esquerre, o

tumoració laterocervical esquerra, diagnosticat a partir de les consultes d'atenció

primària i d'especialistes, també de l'Hospital Universitari, el 10 d'abril de 2014.

b) El 26 d'abril de 2014, la senyora A. N. B. subscriu el document de consentiment

informat per a l cirurgia de glàndules salivals per la doctora B., incloent-la a la Llista

d'espera quirúrgica. El 9 de maig següent firma el DCI d'anestèsia.

c) El 29 de maig de 2014, la pacient avui reclamant és intervinguda per

submaxilectomia i resulta que durant l'operació, segons el cirurgià doctor E. C. «se

evidencia infiltración de músculo platisma por neoplasia» i «se evidencia tumoración

sobre músuculo digastrico que se envía a AP». Es fa constar que es posa un «redon 10».

d) En els controls postquirúrgics el doctor E. C. decideix practicar una segona

intervenció per «hematoma postquirúrgico» aplicant un procediment d'hemostàsia

intraoperatòria, segons la fulla quirúrgica del doctor V. H. L.

e) El 6 de juny de 2014, és alta hospitalària i segueix control en consulta d'especialista

l'11 de juny (amb el doctor V. H. L.). Després ha d'acudir a Urgències per dolor agut, i

per controls del procés evolutiu, el 13 de juny de 2014, el 16 i 27 de juny, també amb

especialista CMF, tots amb resultat positiu, indicant, en suma, la curació de la

senyora A. N. B.

6. El 23 de febrer de 2015, la instructora demana informe a la Inspecció Mèdica sobre el

cas i el 17 de març de 2015 demana a l'Hospital ampliació de la informació d'infermeria.

7. El 17 d'abril de 2015, el doctor L. N. G., especialista en estomatologia i cirurgia

maxilofacial, per compte de Dictamed I&I SL, emet un informe mèdic en el qual

conclou «la actuación médica y de enfermería ha sido la adecuada». L'esmentat

professional explica que:

El presentar un hematoma en la zona de la intervención es una evolución probable

que además está recogida en el consentimiento informado.

[...] La evaluación por lo tanto del drenaje y de un posible hematoma es por

experiencia y de manera subjetiva.

Las constantes que se registran en el postoperatorio, en caso de un hematoma a

tensión grave, pueden alterarse (disnea, hipotensión, dificultad para tragar, disfagia,

taquicardia...) En el presente caso no hubo alteración de las mismas.

8. El dia 28 d'abril de 2015, la doctora I. L. emet l'informe de la Inspecció Mèdica en el

qual conclou que:

La asistencia prestada fue correcta y se ajusta a la lex artis ad hoc.

Segunda. Presentó edema y hematoma postquirúrgico. Se había comprobado que el

drenaje realizaba correctamente el vacío. Horas después el drenaje se obstruyó y

presentó un hematoma a tensión.

Tercera. La complicación es propia de este procedimiento. Figura registrada en el

Documento de Consentimiento Informado que la paciente firmó. Fue correctamente

diagnosticada y tratada.

9. El dia 10 de juny de 2015, la instructora obre el tràmit d'audiència i, una vegada

notificat a la reclamant, després de facilitar-li còpia de l'expedient, presenta un escrit

d'al·legacions el 30 de juny de 2015 i insisteix en la reclamació argumentant que:

[?] Las complicaciones no fueron correctamente diagnosticadas y tratadas, se

trataron una vez se complicó el hematoma, se podía y tendría que haber

diagnosticado con antelación, tuvieron mala praxis el equipo de enfermería.

Dichas complicaciones se producen a pesar de la correcta asistencia y no como

consecuencia de la misma. La naturaleza de la fractura determina su elevada

probabilidad de presentar complicaciones y secuelas, tal como se le informó

reiteradamente.

10. El 30 de setembre de 2015, la instructora emet una proposta de resolució de caràcter

desfavorable a les pretensions de la reclamant perquè, considera, no hi ha infracció de la

lex artis ja que estam davant una complicació postquirúrgica, perfectament descrita i

exposada en el Document de Consentiment informat, que fou tractada correctament.

11. L'1 d'octubre de 2015, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears

formula la consulta preceptiva al Consell Consultiu. La sol·licitud de dictamen s?ha

registrat d?entrada a la nostra seu el dia 5 d?octubre de 2015.

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera

D?acord amb el que disposa l?article 18.12.a de la Llei 5/2010, de 16 de juny,

reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, el dictamen és preceptiu en els

procediments tramitats per les administracions públiques de les Illes Balears referits a

reclamacions per responsabilitat patrimonial la quantia de les quals és superior a 30.000

euros. És indubtable, per tant, el caràcter preceptiu d?aquest dictamen, ja que s?ha

demanat una indemnització de 150.000 Euros, i el Consell Consultiu és competent per

emetre?l.

Està legitimat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears per formular

aquesta consulta, d'acord amb la lletra c de l'article 21 de la Llei 5/2010, esmentada, atès

que els estatuts de l?esmentat Servei li atribueixen facultats de representació de l?ens

públic.

Segona

Quant al procediment i la seva tramitació es formulen les consideracions següents:

? La reclamant, en tant que afectada directa pel procés mèdic i quirúrgic que analitzam

té, sens dubte, la condició d?interessada, atès el que disposa l?article 31.1.a de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú.

? Pel que fa a la legitimació passiva, no hi ha dubte de què aquesta concorre en el

Servei de Salut de les Illes Balears, organisme públic regulat per la Llei 5/2003, de 4

d?abril, de Salut de les Illes Balears, atès que l?atenció sanitària objecte de reclamació

fou prestada en l'Hospital Universitari de Son Espases, propi de la xarxa d?aquest ens

públic.

? La competència per resoldre aquest procediment correspon a la consellera de Salut,

segons es desprèn de la modificació de l'article 70.4 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de

salut de les Illes Balears, operada pel Decret llei 10/2012, de 31 d'agost. Aquesta

previsió s?incardina perfectament en la normativa bàsica que conté l?article 142.2 de la

Llei 30/1992.

? Quant al procediment administratiu, s?ha tramitat de manera adequada, seguint el que

està previst en el RD 429/1993, amb totes les garanties, principalment per les

possibilitats que han tingut els reclamants per aportar documents i proves del seu

interès. Així mateix, i pel que fa al tràmit d?audiència, aquest s'ha atorgat de forma

prèvia a la proposta de resolució, tal com estableix l?article 84.1 de la LRJ-PAC i, s'ha

entregat còpia de l'expedient a la reclamant, la qual ha presentat també al·legacions

finals. Per tot l?anterior cal concloure que el procediment s?ajusta a dret.

? La reclamació, que té entrada en el Servei de Salut el 21 d'agost de 2014, s?ha

interposat dins el termini anual, sense cap classe de dubte, perquè la intervenció

quirúrgica i l'atenció d'infermeria objecte de discussió es situa en el 29 de maig de 2014,

resultant idò que l'acció no està prescrita.

Tercera

A partir de l?article 106.2 de la Constitució espanyola i els articles 139 i següents de la

Llei 30/1992, són ja molts els dictàmens i les sentències que estableixen els elements

coincidents en el reconeixement de la responsabilitat de les administracions públiques.

Són els següents:

a) La realitat efectiva de la lesió o del perjudici causat, avaluable econòmicament i

individualitzat respecte d?una persona o d'un grup de persones.

b) La lesió és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics en

una relació de causa i efecte, sense intervenció d?elements estranys que puguin influir-hi

i alterar-ne el nexe causal.

c) L'absència de força major.

d) El perjudicat (o lesionat) no té el deure jurídic de suportar el mal.

En el cas de la responsabilitat de l?Administració sanitària o en ocasió de l?atenció

prestada pels serveis públics de salut, la doctrina i la jurisprudència han elaborat criteris

que permeten concloure que en el camp de la medicina curativa els usuaris o ciutadans

no poden exigir del funcionament dels serveis públics un resultat conforme a allò que

esperaven o de curació absoluta, sinó que únicament poden exigir:

? Una aplicació correcta de tots els mitjans i remeis sanitaris a l?abast en el lloc i el

moment de l?assistència mèdica.

? La informació al pacient o, quan pertoqui, als familiars del diagnòstic de la malaltia

o la lesió, el pronòstic que del tractament se'n pot esperar, els mitjans de curació i els

riscs que se?n poden derivar i, si és el cas, la insuficiència dels mitjans disponibles, per

donar opció a continuar el tractament en un altre lloc.

? La continuació del tractament fins que es pugui donar l?alta i la informació dels

possibles riscs d?abandonar-lo voluntàriament.

D?una altra manera i com ha dit reiteradament aquest Consell Consultiu:

Així les coses, podem afirmar que la condició perquè hi hagi responsabilitat

patrimonial sanitària és que l?actuació del metge o del professional hagi produït una

infracció de les normes de precaució i cautela que les circumstàncies del cas

requereixen per evitar danys a la vida, la salut o la integritat física del pacient. En

canvi, quan la prestació sanitària s?hagi aplicat respectant els paràmetres de la lex

artis, el dany que pugui produir-se en la salut del pacient no podrà imputar-se a la

prestació assistencial, sinó que procedirà del mateix fet de la salut, considerada

aquesta com un bé respecte del qual no es poden oferir, lamentablement, garanties

de manteniment, i per tant s?ha de considerar que el mal no és antijurídic i que

existeix el deure jurídic de suportar-lo.

I encara de manera més clara en el Dictamen 9/2012, en el qual argumentàvem el

següent:

Sin embargo, en el ámbito de las prestaciones médicas por los servicios públicos

sanitarios y tal y como de forma reiterada y ya clásica viene considerando la

doctrina jurisprudencial, no basta la mera concurrencia de la relación de causalidad

sino que se precisa que la actuación médica sea contraria al principio «lex artis», a

cuyo tenor la obligación es de medios y no de resultados, de tal forma que la

obligación del profesional de la medicina es la de prestar la debida asistencia médica

mediante la correcta aportación de los medios y técnicas que la ciencia médica pone

a su alcance en cada momento.

Y sí, por todas, considera la STS de7 de julio de 2008:

?La responsabilidad de las administraciones públicas, de talante objetivo porque se

focaliza en el resultado antijurídico (el perjudicado no está obligado a soportar el

daño) en lugar de en la índole de la actuación administrativa [por todas, véanse

las sentencias de esta Sala de 11 de mayo de 1999, 24 de septiembre de 2001, 23 de

noviembre de 2006, 31 de enero de 2008 y 22 de abril de 2008, se modula en el

ámbito de las prestaciones médicas, de modo que a los servicios públicos de salud

no se les puede exigir más que ejecuten correctamente y a tiempo las técnicas

vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria. Se trata, pues, de una

obligación de medios, por lo que sólo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que,

en ningún caso, pueda exigirse la curación del paciente. La Administración no es en

este ámbito una aseguradora universal a la que quepa demandar responsabilidad por

el sólo hecho de la producción de un resultado dañoso. Los ciudadanos tienen

derecho a la protección de su salud (artículo 43, apartado 1, de la Constitución), esto

es, a que se les garantice la asistencia y las prestaciones precisas [artículos 1 y 6,

apartado 1, punto 4, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE de

29 de abril)] con arreglo al estado de los conocimiento de la ciencia y de la técnica

en el momento en que requieren el concurso de los servicios sanitarios (artículo 141,

apartado 1, de la Ley 30/1992); nada más y nada menos.?

Es por ello que, en consonancia con dicha doctrina jurisprudencial y así lo ha venido

estimando este Órgano Consultivo, solo es antijurídico el daño que no supera el

criterio de la lex artis o «estado del saber» como recientemente ha sido identificado

por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pues la obligación de la Administración

sanitaria es que la asistencia del sistema Público de Salud sea la más adecuada a las

circunstancias y siempre dentro de los márgenes marcados por la lex artis.

Quarta

En el cas que ens ocupa, el motiu principal de la reclamació formulada per la

interessada se centra en un suposat retard de l'actuació d'infermeria en l'àrea de

reanimació o postquirúrgica de l'Hospital Son Espases i de la infermeria de l'àrea

d'Hospitalització 0N del mateix centre. La reclamant fonamenta aquest retard ? que

considera mala praxis professional? en que davant la indicació de la pacient i la família

del malestar d'aquella en el postoperatori no havien acudit d'immediat als especialistes

per revisar la situació de la pacient.

En primer lloc, no obstant això, hem d'analitzar quin és el dany o perjudici que invoca la

pacient. I el Consell Consultiu ha d'afirmar que és més que dubtosa l'existència d'un

dany real, perquè la invocació de tota casta de patiments psicològics de la pacient

relacionats amb l'atenció mèdica de 20 de maig de 2014 està òrfena de qualsevol prova.

Ni tan sols consta que la pacient acudís a cap especialista, psicòleg o psiquiatra, que

l'atengués per aquests motius. Tampoc és atendible l'al·legació que hauria escurçat la

seva estança hospitalària. Ella està hospitalitzada per una intervenció quirúrgica per a

«exéresis recidiva pleomorfo parótida» i «neoplasia benigna glándula submaxilar» que

va sofrir una complicació per «hematoma o hemorragia». Va entrar a l'hospital el 28 de

maig i va ser donada d'alta el 6 de juny. No hi ha cap dada mèdica o pericial que

permeti esbrinar quins són els suposats danys i perjudicis per una actuació o, millor dit,

omissió dels professionals d'infermeria que l'atenen en primera instància en el

postoperatori (tant a reanimació com a hospitalització). Prova concordant d'això és que

la valoració del dany (a preu fet, 150.000,00 euros) no es sustenta sobre cap element

probatori o informe mèdic o pericial ni s'aporta cap fórmula de càlcul que relacioni els

danys hipotètics amb la situació real patida per la pacient. L'exigència que el reclamant

aporti els fets i les proves (o almenys indicis que permetin arribar a una conclusió)

radica en una de les bases més sòlides de l'ordenament jurídic i té clara expressió en la

Jurisprudència reiterada ja que és unànime en aquest punt i així ho ha recollit sempre el

Consell Consultiu, que afirma, per exemple, en el Dictamen 178/2008:

Aquest Consell Consultiu, de conformitat amb reiterada jurisprudència (sentències,

entre d?altres, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de 12 de maig de 1999 i d'1 i

8 de febrer de 2000) dictada en aplicació dels principis sobre la distribució de la

càrrega de la prova, estableix la regla general (Dictamen 100/2007, de 16 de maig)

que el reclamant, llevat d'algunes excepcions, ha d'acreditar la realitat dels fets, i

també la dels danys efectius produïts ?siguin físics, psíquics o morals? i de la

relació de causalitat existent entre aquests i aquells, perquè prosperin les pretensions

de rescabalament al·legades per responsabilitat patrimonial de les administracions

públiques.

En una recent Sentència del Tribunal Suprem, de 27 d'abril de 2015, recurs de cassació

2114/2013, s'insisteix en la els principis que regulen la facilitat probatòria derivats de

l'article 217 de la LEC (F.J. 15è).

En segon lloc, cal examinar ? si s'admetés l'existència de dany? si aquest es relaciona

amb l'actuació del servei públic, aquí, el servei sanitari especialitzat propi d'un hospital i

de tota la seva estructura professional, tècnica i organitzativa al servei del tractament de

les dolències, d'acord amb la normativa de la cartera de serveis sanitaris públics i

aplicables a les Illes Balears. Juntament amb això s'ha de considerar si l'actuació

professional ? aquí ens trobam curiosament amb un cas en que es focalitza la discussió

sobre l'atenció d'infermeria? ha seguit els paràmetres de la lex artis d'acord amb els

mitjans propis de l'estat de la tècnica d'avui. La reclamació tampoc aporta elements ni

que siguin indiciaris de concórrer aquests factors de causalitat adequada i

d'antijuridicitat.

La voluntat de la reclamant és realment insòlita ?com es veu del seu escrit inicial?

perquè pretèn reclamar una indemnització per una actuació de dues professionals

d'enfermeria i perquè al seu parer no han seguit les seves indicacions i dels seus

familiars i suposadament això ha implicat un retard d'unes hores en l'atenció

especialitzada mèdica (que la reclamant considera del tot correcta i positiva).

Aplicant allò que s'ha explicat en la consideració jurídica anterior, el Consell Consultiu

s'ha de plantejar, la possible antijuridicitat del dany produït, perquè com és sabut només

quan el dany pel qual es reclama té la condició d'antijurídic pot néixer l'obligació de les

administracions públiques de rescabalar-lo. En el supòsit de reclamacions en l'àmbit

sanitari aquesta antijuridicitat, com ja s'ha dit, troba el seu mòdul rector en la lex artis

ad hoc. Si els professionals que hi intervenen adeqüen la seva actuació a aquesta lex, no

és possible considerar el dany antijurídic i el perjudicat haurà de suportar el dany. Així

ho assenyala la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de novembre de 2006 quan afirma:

La recurrente se apoya en una concepción del carácter objetivo de la responsabilidad

patrimonial que no se corresponde con la doctrina de esta Sala, que, tratándose de la

responsabilidad patrimonial derivada de la prestación sanitaria, viene declarando que

no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad

objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio

de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta,

independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya

que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso,

ese resultado.

En el mateix sentit, la Sentència de 16 de febrer de 2011 del Tribunal Suprem

manifesta:

La responsabilidad de las administraciones públicas es objetiva al residenciarse en el

resultado antijurídico. Ya, en el ámbito sanitario, su evidencia constituye una

obligación de medios. Y así a los servicios públicos de salud no se les puede exigir

más que una actuación correcta y a tiempo conforme a las técnicas vigentes en

función del conocimiento de la práctica sanitaria.

O, amb unes altres paraules, el compliment diligent dels protocols professionals, en

aquest cas, d'infermeria hospitalària, és la ratio per decidir l'existència de

responsabilitat, de tal manera que resulta necessària una desviació de la lex artis ad hoc

perquè neixi la responsabilitat.

En aquest supòsit, comptam amb dos informes mèdics d'especialistes, amb l'informe de

l'especialista que va intervenir el mateix dia 29 de maig de 2014 i amb les explicacions

de dues professionals d'enfermeria, una del torn de tarda i una del torn de nit, sense que

s'hagi aportat cap dada sobre l'atenció d'enfermeria de l'àrea de reanimació.

El Consell Consultiu arriba a una conclusió desfavorable per les pretensions de la

reclamant en vista de tota la documentació esmentada no desvirtuada per cap informe,

document o al·legació indiciària de la part reclamant. En efecte, es desprèn d'aquesta

documentació que entre la sortida de reanimació (o «despertar» com diu ella) a les 18h a

l'atenció del doctor V. H. L., un dels cirurgians de guàrdia i que a més havien

intervingut, transcorren escassament dues o tres hores (el doctor diu «a la hora de la

cena» és quan l'avisen) i l'horari hospitalari és prou conegut de tothom. Després de

l'atenció mèdica a l'habitació (per espai d'una hora segons la reclamant), l'anotació en la

història clínica consta registrada a les 23:38 h. I és evident i admès en el relat fàctic de

la senyora A. N. B. que la infermera de tarda és la que va avisar al cirurgià i així també

ho va fer, al seu torn, la infermera de nit, acudint novament el cirurgià maxilofacial.

També consta que les dues infermeres (de reanimació i de planta) varen revisar el redon,

comprovant que «existe el vacío adecuado, como se hizo» (en termes de la inspectora

mèdica), independentment, és evident, que després no funcionés i produís un hematoma,

complicació prou coneguda en el període post-operatori que va ser atesa i solucionada

en qüestió d'hores per un dels cirurgians especialistes.

Reclamar una indemnització perquè un pacient consideri que hi ha un maltracte en els

professionals o per «las pocas ganas de trabajar que tienen» i això ho relacioni amb un

«trauma» que diu sofrir, és, com a mínim, inconsistent i totalment equivocat. Si un

pacient del Servei de Salut estima que no se l'ha tractat bé des del punt de vista d'atenció

a l'usuari o de qualitat del servei no és aquesta la via adequada. Dit d'una altra forma, no

és justificable exigir una indemnització a l'Administració si, sense cap dany o perjudici

perceptible, considera un ciutadà que no ha estat atès adequadament des de la

perspectiva de la qualitat del servei. Això pertany a un altre tipus de reclamació als

serveis públics, sigui d'atenció al pacient, d'inspecció mèdica o d'aplicació del règim

disciplinari de l'empleat públic.

Per tant, contràriament a allò que s?invoca en l?escrit de reclamació ? visió subjectiva

dels fets ocorreguts? i en els escrits d?al·legacions, no s?ha acreditat, a criteri d?aquest

Consell Consultiu, que en el cas examinat hi hagi infracció de la lex artis ad hoc com

tampoc s'ha acreditat durant el procediment cap tipus de dany o perjudici que pugui ser

imputable a l'Administració, mentre que consta clarament l'adequada intervenció

mèdica de la seva patologia i la satisfacció de la reclamant per la curació. Atesa aquesta

conclusió pertoca desestima íntegrament la reclamació de responsabilitat presentada el

21 d'agost de 2014.

III. CONCLUSIONS

1a. El director general del Servei de Salut de les Illes Balears està legitimat per formular

la consulta i el Consell Consultiu és competent per emetre el dictamen, amb caràcter

preceptiu.

2a. El procediment s?ha tramitat conforme a dret i ha de ser resolt per la consellera de

Salut.

3a. Pertoca desestimar íntegrament la reclamació per responsabilitat patrimonial del

Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora A. N. B., com a

conseqüència de l?assistència sanitària que li fou prestada, mitjançant escrit de 21

d'agost de 2014.

4a. Les conclusions anteriors són substancials a l?efecte de la resolució que es dicti en

aquest procediment, que ha d?incloure la fórmula «d?acord amb el Consell Consultiu» o

«oït el Consell Consultiu», de conformitat amb l?article 4.3 de la Llei 5/2010, de 16 de

juny.

Palma, 21 de gener de 2016