Última revisión
09/02/2023
Dictamen de Consejo Consultivo del Principado de Asturias 80/2006 de 06 de abril de 2006
Relacionados:
Órgano: Consejo Consultivo del Principado de Asturias
Fecha: 06/04/2006
Num. Resolución: 80/2006
Cuestión
Reclamación formulada por ?, por daños sufridos como consecuencia de una caída en un parque público infantil.Contestacion
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Expediente Núm. 59/2006
Dictamen Núm. 80/2006
V O C A L E S :
Fernández Pérez, Bernardo,
Presidente
Bastida Freijedo, Francisco
Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda
Fernández Noval, Fernando Ramón
Secretario General:
Fernández García, José Manuel
El Pleno del Consejo
Consultivo del Principado de
Asturias, en sesión celebrada el día
6 de abril de 2006, con asistencia de
los señores y señora que al margen
se expresan, emitió el siguiente
dictamen:
?El Consejo Consultivo del Principado
de Asturias, a solicitud de V.E. de 25 de enero de 2006, examina el expediente
relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de
Oviedo formulada por doña ??, por daños sufridos como consecuencia de una
caída en un parque público infantil.
De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
1. Con fecha 14 de enero de 2005, registrado de entrada el día 19 en el
Registro General del Ayuntamiento de Oviedo, doña ?? presenta un escrito de
reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, describiendo
las circunstancias de una caída sufrida en el Parque Infantil de la Calle ??, de
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Oviedo, que se produjo, según relata, el día 6 de junio de 2004, al ir a coger a
su hijo de seis años de edad, que se encontraba en los columpios.
Expone en su escrito que ?dicha caída tuvo lugar como consecuencia del
mal estado de las baldosas del parque, que se encontraban levantadas 2
centímetros por encima del pavimento, y que motivó que la reclamante,
tropezase y cayese?. Añade que, ?como consecuencia de dicha caída, fue
atendida inicialmente en el Centro de Salud ??, siendo trasladada al Servicio
de Urgencias del Hospital ??, donde fue diagnosticada de ?traumatismo
craneoencefálico sin repercusión neurológica más contusión en rodilla izquierda
más herida incisa en región frontal´? y que ?como consecuencia de dichas
lesiones, la reclamante estuvo impedida para sus ocupaciones habituales hasta
el día 10 de julio de 2004, fecha en la que fue dada de alta médica, quedándole
como secuelas del accidente, cicatriz en cuero cabelludo, y ligera gonalgia de
carácter residual?. Señala que ?la indemnización reclamada se desglosa en los
siguientes conceptos:
- 1.603,35 euros de los 35 días en que la reclamante estuvo incapacitada
para el trabajo.
- 3.093,85 euros, correspondientes a 3 puntos por la gonalgia en la
rodilla y 2 puntos por la cicatriz en el cuero cabelludo.
- 200,00 euros por la factura de gastos médicos?.
A continuación, analiza la reclamante la competencia para conocer de la
reclamación, así como la concurrencia de los requisitos jurídico materiales
exigidos para declarar una eventual responsabilidad de la Administración. En
particular, señala que ?existe un daño o perjuicio efectivo, que se concreta en
las lesiones padecidas por la reclamante como consecuencia de la caída sufrida,
y que se sintetiza en los 35 días que ha estado incapacitada para el ejercicio de
sus ocupaciones habituales y en las secuelas que le ha dejado dicha caída, la
gonalgia de carácter residual y la cicatriz en la cabeza?. Continúa relatando que
?dicho daño ha sido sufrido por la reclamante como consecuencia del
2
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
funcionamiento de los servicios públicos, dado que, las baldosas situadas al
lado justo de los columpios estaban elevadas por encima del pavimento más de
2 centímetros y en una posición que originaron el tropiezo que provocó la caída
de la reclamante?. Y añade que ?el estado anormal de colocación de las
baldosas en ningún modo fue producida por una situación de fuerza mayor y la
reclamante no tenía porque haber soportado ese funcionamiento anormal de
los servicios públicos, pues hubiese bastado una mínima diligencia para tener
en las debidas condiciones las baldosas que provocaron la caída de la
reclamante?.
Tras señalar que en el caso que se examina se produce la vulneración
del criterio de la ?lex artis? como delimitador de la responsabilidad de la
Administración, refiere para la valoración económica del daño la aplicación del
baremo establecido en la Resolución de 9 de marzo de 2004, por la que se da
publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones
permanentes e incapacidad temporal.
Finalmente, solicita que se ?reconozca el derecho de la que suscribe a
ser indemnizada en la cuantía de cuatro mil ochocientos noventa y siete euros
veinte céntimos de euro (4.897,20) por los días que la reclamante ha estado
incapacitada para sus ocupaciones habituales, las secuelas producidas como
consecuencia de las lesiones ocasionadas por la caída y los gastos que dichas
lesiones le han originado?.
Por último, como primer Otrosí, solicita la apertura de un período
probatorio, a fin de probar los siguientes hechos:
?1.- Que el día 6 de junio de 2004, y cuando la reclamante acudió a
coger a su hijo de 6 años del columpio en el que estaba montado en el Parque
de la Calle ?? de Oviedo, tropezó con las baldosas que estaban indebidamente
colocadas justo a la altura del columpio y cayó al suelo.
2.- Que como consecuencia de dicha caída la reclamante sufrió
?traumatismo craneoencefálico, contusión en rodilla izquierda y herida incisa en
3
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
región frontal´, y estuvo de baja médica desde el día 6 de junio hasta el día 10
de julio de 2004.
3.- Que dicho accidente le ha dejado como secuelas una gonalgia
residual y una cicatriz de cuero cabelludo?.
Aporta adjunto a su escrito los siguientes documentos: 1) Fotografías de
las baldosas y 2) Dos Informes médicos, elaborados por el doctor ??, de la
Clínica ??, fechados respectivamente los días 23 de junio y 12 de julio de
2004. En el primero de ellos, tras relatar los hechos, señala que la reclamante
?se encuentra en situación de incapacidad temporal desde el día del accidente,
según los partes vistos? y añade que ?tiene prevista una consulta con el
Servicio de Rehabilitación del Hospital ?? para el 23/08/04?. Por su parte, el
informe datado el día 12 de julio de 2004, señala que ?refiere evolución muy
favorable desde su última visita, habiendo reanudado ya su actividad laboral a
partir del pasado sábado 10 de julio. Refiere solo ligero dolor al arrodillarse
sobre la r. derecha?.
2. Sin que pueda apreciarse la fecha (por haberse realizado una fotocopia sobre
otra), el Jefe de la Sección Jurídica de Medio Ambiente dicta providencia por la
que se acuerda ?la incoación de expediente de responsabilidad y de su traslado
a ?? (compañía aseguradora) de la fotocopia de la reclamación para que (?),
alegue lo que a su derecho convenga y proponga prueba. Así mismo al
reclamante por si quiere ampliar su reclamación a cuyo término se acordará lo
procedente?. Dicha providencia fue remitida tanto a la reclamante como a la
compañía aseguradora mediante oficio fechado el 17 de febrero de 2005, y
notificada los días 23 y 24 de febrero de 2005.
3. Mediante oficio del Jefe de la Sección Jurídica de Medio Ambiente, fechado el
día 17 de febrero de 2005, notificado el 23 a ??, se remite a ésta fotocopia de
la reclamación interpuesta y se le requiere para que, conforme señala ?el
4
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17
de junio de 1955, presente en el Registro General de este Ayuntamiento los
documentos que considere oportunos para proceder a la resolución del
expediente?.
4. Con fecha 10 de octubre de 2005, mediante escrito presentado ante el
Ayuntamiento de Oviedo, señala la reclamante nuevo domicilio a efectos de
notificaciones.
5. Con fecha 9 de noviembre de 2005, el Jefe de la Sección Jurídica de Medio
Ambiente dicta propuesta de resolución en el sentido de que no procede iniciar
expediente de determinación de responsabilidad patrimonial, por cuanto la
reclamante debe dirigirse directamente a ??, por ser ésta la empresa
concesionaria del servicio de mantenimiento de juegos infantiles y, en su caso,
la responsable y contra la que podrá ejercitar la acción civil correspondiente.
En particular, señala que ?el pliego de condiciones que regula dicho
contrato establece que ?el contratista será, asimismo, responsable de los
accidentes, daños de cualquier naturaleza y perjuicios que pueda causar a
terceros o al Municipio, como consecuencia de la realización de los trabajos que
exige la prestación de este servicio?, y entre las obligaciones del concesionario
?indemnizar a terceros de los daños que les ocasionara el funcionamiento del
servicio concedido´?. Añade, asimismo, que ?el art. 97 del R.D. Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas dispone que `será obligación del
contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato? y
en el mismo sentido el art. 161 recoge como obligación del contratista la de
?indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio´?, por lo que la
5
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Administración queda exenta de responsabilidad solidaria cuando los daños y
perjuicios sean causados a terceros durante la ejecución de los contratos
celebrados para la prestación de servicios públicos.
Continua la propuesta de resolución señalando que, no obstante lo
anterior, se estima conveniente entrar en el fondo de la reclamación planteada
y concluye que ?por muy estricto concepto que se tenga de la función de
vigilancia de la Administración, no cabría imputar al Ayuntamiento
incumplimiento de aquella o cumplimiento defectuoso de la misma, por falta de
mantenimiento del parque? al no existir nexo causal alguno entre el actuar
administrativo y el perjuicio ocasionado.
6. En este estado de tramitación, mediante escrito de fecha 25 de enero de
2006, registrado de entrada el día 14 de febrero de 2006, V.E. solicita al
Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre
consulta preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento de Oviedo objeto del expediente ??, adjuntando
a tal fin copia compulsada.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
consideraciones fundadas en derecho:
PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo según lo
dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra k), del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a
solicitud de la Alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo, de conformidad con lo
6
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
establecido en los artículos 17, apartado b), y 40.1, letra b), de la Ley y del
Reglamento citados, respectivamente.
SEGUNDA.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), está la interesada
activamente legitimada para formular reclamación de responsabilidad
patrimonial, por cuanto que su esfera jurídica patrimonial se ha visto
directamente afectada por los hechos que la motivaron.
El Ayuntamiento de Oviedo está pasivamente legitimado en cuanto titular
de los servicios frente a los que se formula reclamación.
TERCERA.- En cuanto al plazo de presentación de la reclamación, el artículo
142.5 de la LRJPAC dispone que ?En todo caso, el derecho a reclamar prescribe
al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de
manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a
las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o
determinación del alcance de las secuelas?. En el presente caso, se presenta la
reclamación con fecha 19 de enero de 2005, habiendo tenido lugar los hechos
de los que trae origen el día 6 de junio de 2004, por lo que es claro que fue
ésta presentada dentro del plazo de un año legalmente determinado.
CUARTA.- El procedimiento que rige la tramitación de reclamaciones por
responsabilidad patrimonial se establece en los artículos 139 y siguientes de la
LRJPAC, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado
por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante, Reglamento de
Responsabilidad Patrimonial).
7
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
En el caso examinado, observamos la concurrencia de importantes
irregularidades formales, consistentes en la omisión de actos expresos de
tramitación e instrucción. En efecto, tras la presentación de la reclamación por
la interesada, registrada de entrada en el Ayuntamiento de Oviedo el día 19 de
enero de 2005, fue dictada (sin que sea posible conocer la fecha) providencia
de incoación de expediente de responsabilidad patrimonial, de la que se dio
traslado a la reclamante, a la compañía de seguros y a la contratista ????,
incumpliendo la obligación de comunicar al interesado, en los términos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la LRJPAC, la fecha en que su solicitud fue
recibida por el órgano competente, el plazo máximo legalmente establecido
para la resolución -y notificación- del procedimiento, así como los efectos que
pueda producir el silencio administrativo. Una vez iniciado el procedimiento, no
se practicó ningún acto de instrucción (prueba, incorporación de informes, bien
de parte, bien de los servicios implicados) hasta que el día 14 de noviembre de
2005, previa notificación por la reclamante del cambio de domicilio, se dicta
propuesta de resolución.
En definitiva, de los trámites fundamentales del procedimiento,
consistentes en la incorporación de informe de los servicios afectados, trámite
de audiencia con vista del expediente y propuesta de resolución, únicamente se
cumple el último. La omisión de dichos trámites, como ya ha tenido ocasión de
pronunciarse este Consejo, entre otros, Dictamen 23/2005 y 23/2006, se
considera, por sí solo, criterio bastante para ordenar la retroacción de las
actuaciones al momento procedimental oportuno.
Por otra parte, se advierte que la propuesta de resolución dictada, en la
que se propone que ?no procede iniciar expediente de determinación de
responsabilidad patrimonial?, resulta totalmente incongruente con la
providencia de incoación del expediente que, precisamente y ya en su día, dio
inicio al mismo. Incongruencia que se extiende, además, a la fundamentación
jurídica expuesta pues, a pesar de indicar que no procede iniciarlo,
8
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
argumentando que ?tratándose de un servicio concedido, no existe
responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento? y que ?la Administración
queda exenta de responsabilidad solidaria cuando los daños y perjuicios sean
causados a terceros durante la ejecución de los contratos celebrados para la
prestación de servicios públicos?, entra, no obstante, a conocer el fondo de la
reclamación, y propone su desestimación por inexistencia de nexo causal, lo
que resulta incluso más sorprendente habida cuenta de la mencionada falta de
instrucción del expediente y, por ende, de elementos de juicio bastantes para
dictarla.
Por último, observamos que ha sido ampliamente rebasado el plazo de
seis meses para adoptar y notificar la resolución expresa, establecido en el
artículo 13.3 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial. En efecto,
presentada la reclamación el día 19 de enero 2005, se concluye que a la fecha
de entrada de la solicitud de dictamen en este Consejo Consultivo, el día 14 de
febrero de 2006, el plazo de resolución -y notificación- ha sido ampliamente
sobrepasado. No obstante, ello no impide la resolución de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42.1 y 43.4, letra b), de la referida LRJPAC.
QUINTA.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que ?Los particulares,
en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos?.
A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC, ya citada, dispone en su apartado
1 que ?Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos?. Y, en su apartado 2, que ?En todo caso, el daño
9
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas?.
En el ámbito de la Administración local, el artículo 54 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL),
dispone que ?Las entidades locales responderán directamente de los daños y
perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de
sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la
legislación general sobre responsabilidad administrativa?.
Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el
deber de responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares,
sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando
las circunstancias concurrentes en cada caso.
Con carácter previo al análisis y exposición de los requisitos exigibles
para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración, dada la
particularidad, ya señalada, de la concurrencia de un contratista que desarrolla
el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas de juegos infantiles
en la ciudad, en una de las cuales sucedió el hecho que motiva la reclamación,
entiende este Consejo que resulta necesario efectuar algunas matizaciones
sobre la tramitación administrativa y el pronunciamiento que debe realizar la
Administración.
El artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
establece en su apartado 1 que es ?obligación del contratista indemnizar todos
los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato?. Por excepción a dicha regla
general, el mismo precepto dispone, en su apartado 2, que la Administración
únicamente responderá de tales daños y perjuicios -siempre dentro de los
límites señalados en las leyes- cuando hayan sido ocasionados como
10
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o se
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por
ella misma.
Una interpretación rigorista y acogida a la literalidad del precepto
ofrecería como conclusión que, mediando en la gestión de una actividad
administrativa un contratista, la Administración sólo responderá de los daños
que éste cause a un tercero en los dos supuestos del apartado segundo de
dicho precepto; es decir, daños que sean ?consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administración? o ?como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro
de fabricación?. En los demás casos, la responsabilidad sería del contratista
(apartado primero del artículo 97 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas), si bien el tercero damnificado tendría la posibilidad
legal de requerir a la Administración contratante para que, oído el contratista,
se pronunciase sobre cuál de las dos partes contratantes es la responsable
(apartado tercero del artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas). Sin embargo, esta interpretación, además de ser minoritaria en la
doctrina, no nos parece constitucionalmente adecuada, porque silencia el
principio de la responsabilidad objetiva de la Administración sentado en el
artículo 106.2 de la Constitución.
Este Consejo considera que dicho principio permanece inalterable, con
independencia de si el servicio público es gestionado o prestado directamente
por la Administración, con medios propios o ajenos, o indirectamente por un
contratista, y que la interposición de éste no puede significar una merma de las
garantías del tercero. El mencionado artículo 97 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, como regla que rige la ejecución de los contratos
administrativos, no excluye la aplicación de las reglas generales de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, ni limita el ejercicio por los
11
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
particulares del derecho que les reconoce el artículo 106 de la Constitución
Española y el artículo 139 de la LRJPAC.
De lo hasta aquí dicho se desprenden las siguientes conclusiones. En
primer lugar, la Administración no puede desentenderse de lo que hagan las
empresas por ella contratadas y, por tanto, no puede inadmitir una reclamación
de responsabilidad patrimonial por el hecho y con el argumento de que el daño
alegado es imputable al contratista. En segundo lugar, y por la misma razón, la
Administración tampoco puede limitarse a admitir la reclamación para resolver
declarando simplemente a quién corresponde la responsabilidad del daño, si al
contratista o a la Administración (artículo 97, apartados 1 y 2,
respectivamente). La posibilidad establecida en el artículo 97.3 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, de que un tercero pueda requerir a
la Administración para que se pronuncie con carácter previo sobre a cuál de las
partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños, no tiene como
finalidad atribuir a la Administración una facultad de autoexclusión de
responsabilidad patrimonial caso de que determine que ésta recae en el
contratista. Entender así dicho precepto sería reducir el asunto a un problema
hermenéutico a resolver por la Administración sobre el sentido y el alcance de
las cláusulas del contrato firmado entre las partes con eficacia frente a terceros
que no son parte del contrato, con olvido del principio constitucional afirmado
en el artículo 106.2 de nuestra norma fundamental. En tercer lugar, entiende
este Consejo Consultivo que en aquellos supuestos, como el actual, en que el
particular opte por reclamar frente a la Administración responsable del servicio
público afectado, ésta habrá de pronunciarse, con los requisitos y de acuerdo
con el procedimiento establecido en los ya citados artículos 139 y siguientes de
la LRJPAC y en el Reglamento de Responsabilidad Patrimonial, sobre la
existencia de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño
causado y la cuantía de la indemnización, así como -por aplicación de lo
12
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
establecido en el artículo 89 de la LRJPAC- sobre su incidencia en el correcto
desenvolvimiento del contrato administrativo en ejecución y sobre el
cumplimiento de las obligaciones del contratista.
Queda por solventar una última cuestión. En el supuesto de que la
Administración decida estimar una reclamación presentada por daños que
atribuya a la acción u omisión del contratista, en los términos del artículo 97.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, entendemos que es la
propia Administración la que debe hacer frente a la indemnización fijada. Con
independencia de la posterior acción de regreso que ejerza el órgano de
contratación frente al contratista, lo cierto es que el derecho de los particulares
que establece el artículo 106.2 de la Constitución, y aún con mayor amplitud el
artículo 139.1 de la LRJPAC, no consiste sólo en que ?se declare responsable a
la Administración? por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sino en ?ser
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes? por este tipo
de lesión; derecho que no decae ni se debilita por quién sea declarado
responsable del daño causado.
En concreto, el apartado 3 del antes referido artículo 97 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas dispone que los terceros ?podrán
requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al
órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a
cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El
ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción?;
concluyendo el apartado 4 del mismo precepto que la reclamación de tales
terceros ?se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en
la legislación aplicable a cada supuesto?.
En el caso que examinamos, la reclamante no ha ejercido la posibilidad
de requerir, con carácter previo a la reclamación, un pronunciamiento sobre a
13
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
cuál de las dos partes en el contrato le corresponde resolver sobre la
responsabilidad y, en su caso, indemnizar; por el contrario, como prevé el
apartado 4 del citado artículo 97, ha optado por formular directamente la
reclamación ante la Administración, con fundamento en el artículo 139 de la
LRJPAC. Por todo ello, dadas las razones expuestas, entendemos que la
Administración, como titular del servicio público afectado, no puede
desentenderse de su gestión y, con independencia de lo que decida acerca de a
quién corresponda la responsabilidad del daño y su indemnización, debe
resolver sobre si se cumplen los requisitos para que proceda declarar esa
responsabilidad patrimonial y, en su caso, la cuantía de la indemnización.
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, observamos que la propuesta
de resolución no resuelve adecuadamente todas estas cuestiones. Aunque se
pronuncia sobre la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y el daño producido, para concluir que no existe, su único fundamento
es que la responsabilidad, en la hipótesis de existir, habría de imputarse al
contratista. Según la interpretación que juzgamos adecuada a la normativa
vigente, tal pronunciamiento no es congruente con la solicitud que inicia el
procedimiento y no respeta el contenido mínimo que le es exigible a la
resolución de la reclamación presentada y que hemos dejado expresado en el
párrafo anterior.
Por ello, la propuesta de resolución dictada, por cuanto dispone que no
procede iniciar expediente de determinación de responsabilidad patrimonial,
debiendo la reclamante dirigirse directamente al contratista, no se ajusta a las
reglas que rigen la institución de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas en nuestro ordenamiento. En consecuencia, la
Administración deberá pronunciarse necesariamente sobre el fondo de la
reclamación, lo que, unido a la ya advertida falta de instrucción del
procedimiento, obliga a retrotraer el expediente a su momento inicial, a fin de
que, una vez haya sido oportunamente instruido el procedimiento de
14
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
responsabilidad patrimonial, se dicte nueva propuesta de resolución acorde con
la reclamación interpuesta.
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
dictamina que debe retrotraerse el procedimiento de responsabilidad
patrimonial a su momento inicial, para que, una vez instruido en los términos
legalmente establecidos, se dicte nueva propuesta de resolución que se
pronuncie sobre la existencia de la relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la
valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización, así como sobre
su incidencia en el correcto desenvolvimiento del contrato administrativo en
ejecución y sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista, todo ello
en los términos que hemos dejado expuestos en las consideraciones Cuarta y
Quinta del cuerpo de este Dictamen.?
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Gijón, a ......
EL SECRETARIO GENERAL,
V.º B.º
EL PRESIDENTE,
EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.
15
LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS
![Doctrina de los Consejos Consultivos de España (año 2021)](https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/erp-colex/imagenes/libros/resizedk8s_peque_5034.jpg)
Doctrina de los Consejos Consultivos de España (año 2021)
Consejo Consultivo de Andalucía
29.75€
28.26€
+ Información
![Administración sanitaria y responsabilidad patrimonial](https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/erp-colex/imagenes/libros/resizedk8s_peque_1565.png)
Administración sanitaria y responsabilidad patrimonial
María Jesús Gallardo Castillo
22.05€
20.95€
+ Información
![Responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas. Paso a paso](https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/erp-colex/imagenes/libros/resizedk8s_peque_6594.jpg)
Responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas. Paso a paso
V.V.A.A
14.50€
13.78€
+ Información
![FLASH FORMATIVO | Negligencias médicas: responsabilidad civil, administrativa y penal](https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/erp-colex/imagenes/libros/resizedk8s_peque_6613.jpg)
FLASH FORMATIVO | Negligencias médicas: responsabilidad civil, administrativa y penal
12.00€
0.00€
+ Información
![Baremo para calcular el valor de los daños provocados en accidentes de tráfico](https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/erp-colex/imagenes/libros/resizedk8s_peque_457.jpg)
Baremo para calcular el valor de los daños provocados en accidentes de tráfico
Dpto. Documentación Iberley
6.83€
6.49€
+ Información