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09/02/2023
Dictamen de Consejo Consultivo del Principado de Asturias 8/2006 de 19 de enero de 2006
Relacionados:
Órgano: Consejo Consultivo del Principado de Asturias
Fecha: 19/01/2006
Num. Resolución: 8/2006
Cuestión
Reclamación formulada por ?, como consecuencia de los daños y secuelas derivados de una caída en centro hospitalario.Contestacion
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Expediente Núm. 6/2005
Dictamen Núm. 8/2006
V O C A L E S :
Fernández Pérez, Bernardo,
Presidente
Bastida Freijedo, Francisco
Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda
Fernández Noval, Fernando Ramón
Secretario General:
Fernández García, José Manuel
El Pleno del Consejo
Consultivo del Principado de
Asturias, en sesión celebrada el día
19 de enero de 2006, con asistencia
de los señores y señora que al
margen se expresan, emitió el
siguiente dictamen:
? E l C o n s e j o C o n s u l t i v o d e l P r i n c i p a d o
de Asturias, a solicitud de V.E. de 23 de noviembre de 2005, examina el
expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración del Principado de Asturias formulada por don ?? como
consecuencia de los daños y secuelas derivados de una caída mientras
permaneció ingresado en el ?? .
De los antecedentes que obran en el expediente, resulta:
1. Con fecha 10 de enero de 2005, don ?? presentó, en las dependencias de
Correos, una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y
secuelas derivados de una caída en el baño de la habitación que ocupaba en el
Servicio de Cirugía del Hospital ?? (en adelante ??).
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Inicia su relato indicando que ?se encontraba ingresado en el servicio de
Cirugía (?) Cama ??, por un dolor abdominal, desde el día 4-1-04 al 16-1-04,
(y que) el día 9-1-04 sufrió una caída accidental en el baño, debida al mal
estado de conservación de dicho habitáculo, así como la escasa luz interior?.
A continuación detalla el reclamante las consecuencias de dicha caída,
que concreta en la ?(?) rotura completa de infla y supraespinoso, rotura parcial
del subescapular y derrame?, para acabar señalando que se encuentra en esa
fecha pendiente de la realización de una ?intervención quirúrgica sobre la zona
del accidente, razón por la cual no puede evaluarse en este momento el
importe de la indemnización?.
Finaliza su escrito solicitando la apertura del correspondiente expediente
de responsabilidad patrimonial y proponiendo la realización de pruebas
documentales ?incorporación al expediente de la historia clínica del reclamante
e informe del Servicio señalado sobre el accidente- y pericial, para que ?por un
perito médico especialista en valoración de daño corporal se realice informe de
valoración de las lesiones, secuelas, días impeditivos y curativos
correspondientes al accidente ahora reclamado?.
Debe destacarse que este escrito inicial, al que no se acompaña
documento alguno, no se encuentra firmado.
2. Mediante escrito fechado el día 3 de febrero de 2004 (acuse de recibo del
día 10 del mismo mes), el Servicio de Inspección Sanitaria de las Prestaciones
Sanitarias comunica al interesado la incoación del oportuno expediente,
señalándole que ?se tramitará en este Servicio de Inspección Sanitaria?. A su
vez, y mediante escrito de esa misma fecha, comunica a la Subinspectora de
Prestaciones Sanitarias, que ?ha sido designada para elaborar el preceptivo
informe técnico de evaluación?.
3. Al expediente se han incorporado, además de la historia clínica del paciente,
los informes de los servicios implicados en la atención sanitaria -Servicio de
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Cirugía General y del Aparato Digestivo I, de 21 de febrero de 2005, y Servicio
de Traumatología I, de 15 de febrero de 2005-, así como un informe de la
Supervisora de la Unidad de Hospitalización, de 18 de febrero de 2005, sobre
las condiciones del baño donde se produjo el accidente.
En el informe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo se
indica que ?El día 9.1.04 sufrió una caída accidental en el baño, refiriendo
desde entonces dolor en hombro derecho?, señalando finalmente que si bien el
paciente ?aduce que las condiciones del baño eran inadecuadas (?) debemos
destacar que precisamente el baño que correspondía a su habitación (??)
había sido remodelado pocos meses antes debido a la implantación del
programa de Cirugía de la Obesidad?.
En el informe de Traumatología I nada se aclara sobre las circunstancias
del accidente, puesto que el día de la caída, se dice, el paciente estaba
ingresado en el Servicio de Cirugía General. Lo que sí detalla el informe son las
consultas externas de Traumatología y Ortopedia que realizó el reclamante, y el
tipo de lesión diagnosticada: ?Rotura completa de infra y supraespinoso
derechos (y) Rotura parcial del subescapular derecho?.
En el informe de la Supervisora de la Unidad de Hospitalización se indica
que el baño de la habitación ?? ?se encuentra en perfectas condiciones para
su utilización. Ya que ha sido reformado en el año 2003, sin que haya habido
ningun problema en su uso?.
Consta, además, en el expediente la Ficha de Accidentes de Pacientes
cumplimentada el mismo día del suceso, donde, en relación con las
circunstancias concretas, se afirma que a las 10 horas el paciente ?resbaló al
estar duchándose. Estaba solo?, que el ahora reclamante se encontraba
ingresado por un dolor abdominal, con ?buen estado general? y que no tenía
?factores de riesgo?. Consta también el documento de ingreso del paciente en
el Hospital, el día 4 de enero de 2004, en el que se indica, en el apartado
relativo a su estado físico, que no sufría ninguna dificultad para moverse, ni
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necesitaba ayuda alguna, que se encontraba consciente, con habla ?clara? y
visión ?normal?, detectándose únicamente una audición ?confusa?.
4. El día 28 de febrero de 2005 se elabora el Informe Técnico de Evaluación
por la Subinspectora de Prestaciones Sanitarias designada al efecto. En dicho
informe, una vez constatada la realidad del accidente y las lesiones producidas,
se propone la desestimación, por entender que ?dicha caída no puede atribuirse
a la actuación del personal sanitario (el paciente no presentaba factores de
riesgo), ni es consecuencia del estado de conservación del baño que, como ha
quedado documentado, había sido reformado pocos meses antes y se
encontraba en perfectas condiciones para su utilización?.
5. Mediante escrito de fecha 1 de marzo de 2005 (recibido el día 10 del mismo
mes), el Instructor del expediente comunica al interesado que debe concretar el
importe de la indemnización que solicita, para lo que se le concede un plazo de
10 días, ?de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992?. A
dicho requerimiento se responde, con el nombre del interesado, en un escrito
de fecha 14 de marzo (registrado el día 15) señalando que no le resulta posible
tal cuantificación por encontrarse pendiente de una intervención quirúrgica.
Este documento no está firmado por el interesado, sino por una tercera persona
que dice firmar por orden. No consta acreditada dicha representación.
6. Evacuado, mediante oficio recibido por el interesado el día 4 de abril de
2005, un primer trámite de audiencia, con vista del expediente, el día 10 de
mayo se presentó un escrito poniendo en conocimiento de la Administración
que el interesado ya había sido sometido a la intervención quirúrgica, debiendo
realizar a continuación un tratamiento de rehabilitación. Como el escrito
anterior, el documento aparece firmado por una tercera persona, sin que
conste la representación. Se acompaña un informe de Alta de Hospitalización
del Hospital ??, de fecha 7 de abril de 2005.
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7. Con fecha 2 de junio de 2005 (y acuse de recibo por el interesado el día 9
del mismo mes), el Instructor del expediente vuelve a requerir al interesado
para que cuantifique la reclamación y elabora, en esa misma fecha, una
propuesta de resolución desestimatoria, por entender que no existe nexo causal
entre el accidente y el servicio público sanitario, ya que la caída no puede
atribuirse ni a la actuación del personal sanitario, ni a deficiencias en el estado
de conservación de las instalaciones.
El interesado responde al requerimiento anterior mediante escrito
presentado el día 22 de junio, en el que dice encontrarse en proceso de
rehabilitación y que, no obstante, exclusivamente por días impeditivos, a dicha
fecha le corresponderían ?(?) 24000 ? sin poder evaluar las posibles secuelas,
puesto que podrían disminuir?. Concluye este escrito señalando que ?(?) sin
que sirva de límite de la reclamación, estimamos que a la fecha de hoy la
indemnización a reclamar sería de 36.000 euros, por los días impeditivos y por
secuelas, pendientes de fijar la cuantía definitiva una vez se produzca el alta
con curación o con secuelas?. Estas alegaciones figuran suscritas por el
reclamante.
8. El día 20 de septiembre de 2005 se notifica al interesado la apertura de un
nuevo trámite de audiencia con vista del expediente, a cuyos efectos se le
remite la preceptiva relación de documentos. Según consta en la
correspondiente diligencia, el día 22 de septiembre de 2005 se le hace entrega
de una copia íntegra del expediente, y el día 6 de octubre presenta con su
nombre un escrito de alegaciones, en el que insiste en que el accidente en el
baño fue debido ?(?) al mal estado de conservación de dicho habitáculo, así
como la escasa luz interior?. Concluye solicitando que se tome declaración, en
calidad de testigo, a don ??, quien, según indica, se encontraba con él cuando
se producen los hechos. Este documento, como otros anteriores, figura suscrito
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por una tercera persona, que lo firma por orden, sin identificar y sin acreditar la
representación.
9. Mediante Resolución de fecha 31 de octubre de 2005, el Instructor del
procedimiento rechaza la práctica de la prueba propuesta, considerando que los
hechos constan acreditados en el expediente y que, por tanto, la declaración
del testigo propuesto no tendría incidencia sobre el procedimiento que se
tramita. La Resolución denegatoria se notifica al reclamante, según oficio de
esa misma fecha incorporado al expediente, pero sin constancia de la recepción
por el interesado.
10. El día 10 de noviembre de 2005, el Instructor elabora una nueva propuesta
de resolución, en sentido desestimatorio, por considerar que no cabe apreciar
nexo causal entre el daño y el funcionamiento del servicio público sanitario, ya
que, si bien ha quedado acreditado que el reclamante sufrió una caída en el
baño durante su estancia en el Hospital, tal accidente no puede atribuirse a la
actuación del personal sanitario, ni es consecuencia de un deficiente estado de
conservación de las instalaciones, que, como ha quedado acreditado en el
expediente, habían sido reformadas meses antes y se encontraban en perfectas
condiciones de utilización.
11. En este estado de tramitación, mediante escrito de fecha 23 de noviembre
de 2005, registrado de entrada el día 25 de noviembre de 2005, V.E. solicita al
Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre
consulta preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración del Principado de Asturias, objeto del
expediente núm. ??, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
adjuntando a tal fin el original del mismo.
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12. El Consejo Consultivo, mediante escrito de su Presidente, registrado de
salida el día 5 de diciembre de 2005, solicitó que, por los servicios
correspondientes de la Administración, se informase si el testigo propuesto por
el reclamante se encontraba ingresado en la fecha de la caída en la misma
habitación en cuyo baño se produjo el accidente objeto de esta reclamación, y
que, si así hubiera sido, se procediese a tomarle declaración sobre las
condiciones del baño en cuestión.
13. Por oficio de V.E. de fecha 9 de enero de 2006, registrado de entrada el día
11 del mismo mes, se remite a este Consejo Consultivo el informe suscrito el
día 20 de diciembre de 2005 por el Secretario General del Servicio de Salud del
Principado de Asturias (en adelante SESPA), en el que se indica que ?en la
historia clínica (del testigo propuesto por el reclamante) (?) no consta ningún
ingreso en este Hospital (se refiere al ??), únicamente aparecen varias
asistencias en Consultas Externas, siendo la última de ellas del año 1998?.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
consideraciones fundadas en derecho:
PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo según lo
dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra k), del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a
solicitud del Presidente del Principado de Asturias, de conformidad con lo
establecido en los artículos 17, apartado a), y 40.1, letra a), de la Ley y del
Reglamento citados, respectivamente.
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SEGUNDA.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), está el interesado
activamente legitimado para solicitar la reparación del daño causado, por
cuanto su esfera jurídica se ha visto directamente afectada por los hechos que
originaron la reclamación.
TERCERA.- La reclamación por responsabilidad patrimonial se interpuso el día
10 de enero de 2005 y el reclamante sufrió el accidente el 9 de enero de 2004,
por lo que, en principio, podría considerarse interpuesta fuera de plazo. No
obstante, y con independencia de lo que más adelante señalaremos sobre la
presentación de la reclamación, consideramos que ha sido ejercitada dentro del
plazo de prescripción de un año establecido en el artículo 142.5 de la LRJPAC,
que deberá computarse, en el caso de daños de carácter físico o psíquico,
desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Entendemos
en este caso que la determinación de las secuelas no se produce, al menos,
hasta el día 7 de abril de 2005, fecha del alta de la intervención quirúrgica, por
lo que habiéndose antepuesto en realidad la reclamación a dicha fecha, no
procede plantearse duda sobre una posible prescripción.
CUARTA.- El procedimiento aplicable en la tramitación de la reclamación se
encuentra establecido en los artículos 139 y siguientes de la LRJPAC y, en su
desarrollo, en el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo (en adelante Reglamento de Responsabilidad
Patrimonial), procedimiento de tramitación al que, en virtud de la Disposición
adicional duodécima de la LRJPAC, están sujetas las entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicas, así
como las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de
Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas.
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
En aplicación de la normativa citada, se han cumplido los trámites legal y
reglamentariamente establecidos de incorporación de informe de los servicios
afectados, audiencia con vista del expediente y propuesta de resolución.
No obstante, se observa que el escrito inicial no figura suscrito por el
interesado y que, a lo largo del expediente, tres de los cuatro escritos
presentados por el reclamante efectuando diversas alegaciones, han sido
firmados por una tercera persona, cuya identidad se desconoce y de la que no
consta poder de representación alguno. Sin embargo, pese a esos evidentes
defectos formales, la Administración admitió la reclamación y no cuestionó la
inexistencia del poder de representación al que nos referimos. Además, y
puesto que el reclamante no concretó hasta su escrito, registrado el día 22 de
junio de 2005 (único documento suscrito por el propio interesado), la cuantía
de la indemnización, se produjo una tramitación administrativa atípica, que
desembocó en un doble trámite de audiencia y en la elaboración de dos
propuestas de resolución. No obstante la irregularidad formal de tal actuación,
debemos concluir que no se ha producido indefensión al particular, puesto que
se duplicaron trámites, lo que a la postre supuso una ampliación de las
garantías del procedimiento desde el punto de vista del derecho del afectado.
Debemos señalar, así mismo, en cuanto al plazo de resolución del
procedimiento, que se ha excedido ampliamente el de seis meses establecido
en el artículo 13.3 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial, puesto que,
habiéndose registrado la solicitud en el Servicio de Salud del Principado de
Asturias el día 20 de enero de 2005, el plazo de resolución y notificación ha sido
ya rebasado en el momento de la solicitud de dictamen, que fue registrada en
el Consejo Consultivo el día 25 de noviembre de este año. No obstante, ello no
impide la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43.4,
letra b) de la referida LRJPAC.
Finalmente, en relación con la tramitación e instrucción del
procedimiento, debemos llamar la atención sobre el hecho de que el reclamante
manifiesta en su escrito inicial de reclamación que aún no conoce las secuelas
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
que dicha lesión pueda llegar a producirle. En efecto, en ese primer momento,
alegó el interesado encontrarse a la espera de una intervención quirúrgica, y
cuando ésta se realizó, terminó por señalar que aún se encontraba pendiente
de un proceso de rehabilitación. Por tanto, nos hallamos ante un supuesto de
ejercicio anticipado de la acción de reclamación, movido acaso el interesado por
la tesis, errónea, de que era necesario evitar la prescripción, necesidad que, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 142.5 de la LRJPAC, no existe. La
anticipación de la reclamación produjo, a nuestro juicio, un efecto perturbador
en toda la tramitación e instrucción del expediente, puesto que es un dato
cierto que el particular se situó, desde el principio, en relación con los daños, en
el terreno de la hipótesis y, posteriormente, en el único de sus escritos donde
fija la indemnización (el ya citado de fecha 22 de junio), se reservó el derecho a
reclamar por unas posibles secuelas futuras ?pendientes de fijar la cuantía
definitiva una vez se produzca el alta con curación o con secuelas?.
La anticipación de la reclamación pudo haber dado lugar a una
propuesta de resolución en la que se declarase la inadmisibilidad de la
reclamación, por incumplimiento del artículo 6 del Reglamento de
Responsabilidad Patrimonial, remitiendo al reclamante a un momento posterior,
en el que ya se hubiese producido la curación total o se hubiesen determinado
las secuelas a las que, en hipótesis, se refiere. Con ello se habría evitado, a
juicio de este Consejo Consultivo, la atípica tramitación a la que ya nos hemos
referido.
Pero lo cierto es que la Administración admitió la reclamación y tramitó
el procedimiento, formulando propuesta de resolución desestimatoria al
entender que no existe el necesario nexo causal entre el daño alegado y la
actuación de la Administración sanitaria. Ello nos aboca, en aplicación de los
principios de eficacia, eficiencia y economía de medios, a pronunciarnos, con
carácter previo, acerca de si procede entrar a valorar el fondo de la cuestión
planteada pese a las irregularidades advertidas en el procedimiento. Para ello,
deberemos analizar el motivo desestimatorio alegado por la Administración
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
recordemos, la inexistencia de nexo causal- puesto que, si considerásemos
acertada la propuesta de resolución, ningún sentido tendría que
dictamináramos ahora la inadmisibilidad de la reclamación, obligando al
particular a presentar una ulterior basada en los mismos hechos, aunque ya con
las secuelas perfectamente determinadas. Porque, insistimos en la hipótesis, si
la Administración hubiese realizado un juicio correcto sobre la cuestión, debería
reiterar, en su día, la falta de nexo causal y, en consecuencia, desestimar
también esa reclamación por idéntico motivo al que ahora propone. De modo
que, si nos pronunciásemos hoy por la declaración de inadmisibilidad, no
haríamos sino forzar al particular y a la Administración a repetir, en la práctica,
la tramitación íntegra del mismo expediente.
En coherencia con lo anterior, y pese a los defectos formales evidentes
que venimos analizando, procede analizar el fondo de la cuestión controvertida.
QUINTA.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que ?Los particulares,
en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos?.
A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC, ya citada, dispone que ?1.- Los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos. 2.- En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas?.
Estos preceptos sientan el derecho de los particulares a ser indemnizados
por la Administración de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el deber de
responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares, sino que,
para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública,
deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando las
circunstancias concurrentes en cada caso.
En efecto, en aplicación de la citada normativa legal, y atendida tanto la
jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina del Consejo de Estado,
para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública será
necesario que, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, concurran, al
menos, los siguientes requisitos: a) la efectiva realización de un daño o lesión
antijurídica, evaluable económicamente e individualizado en relación con una
persona o grupo de personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea
producto de fuerza mayor.
SEXTA.- Al no resultar controvertidos el hecho físico de la caída del
reclamante, el lugar y momento en el que se produjo, ni las consecuencias que
tuvo, procede que analicemos el nexo causal que dicho suceso tiene con el
funcionamiento normal o anormal del servicio público sanitario.
Como razona la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera, Sección
6ª) de 28 de noviembre de 1998 ?el concepto de relación causal a los efectos
de poder apreciar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, se resiste a ser definido apriorísticamente, con carácter general,
puesto que cualquier acaecimiento lesivo se presenta normalmente no ya como
el efecto de una sola causa, sino más bien como el resultado de un complejo de
hechos y condiciones (?) reduciéndose el problema a fijar entonces qué hecho
o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir
el resultado final?.
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En el análisis del nexo causal debemos determinar, en consecuencia, si
mediante un comportamiento activo, o la omisión de un deber, se han causado
por la Administración daños al particular por los que, al no tener el deber
jurídico de soportarlos de acuerdo con la Ley, debe ser indemnizado. En el
supuesto que analizamos, se imputa por el reclamante la omisión de un deber
de la Administración sanitaria, el de mantener las instalaciones del hospital (en
este caso el baño) en debidas condiciones de uso, de modo que no se lesione
su derecho, como usuario de esos servicios públicos, a la integridad física,
derecho fundamental garantizado por el artículo 15 de nuestra Constitución.
Hay que tener presente, además, que el nexo causal alegado ha de ser
real, es decir, debe estar suficientemente acreditado, y que tal acreditación
corresponde al particular que reclama, si bien la jurisprudencia ha atemperado
esta conclusión mediante el principio de la buena fe procesal, acuñando el
criterio de la ?facilidad?, mediante el cual la carga de probar los datos
relevantes sobre la situación fáctica puede alterarse cuando tal prueba resulte
de singular facilidad para la Administración y de difícil prueba para el particular
que reclama (por todas, las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera,
Sección 1ª, de 29 de enero, y de 5 y 19 de febrero de 1990).
Finalmente, si se acreditara alguna supuesta deficiencia en las
instalaciones, habría que analizar en último término lo que la Jurisprudencia
denomina el estándar de actuación jurídicamente exigible a la Administración,
puesto que, enfrentándonos a un concepto jurídico indeterminado (que las
instalaciones se encuentren en unas condiciones de uso adecuadas, de modo
que su utilización no genere un riesgo específico para los usuarios de esos
servicios), el análisis no podría realizarse desconociendo el contexto cultural,
social y económico en el que se presta el servicio sanitario; porque,
efectivamente, el óptimo deseable en relación con las condiciones de unas
determinadas instalaciones sanitarias puede no resultar exigible en atención a
las circunstancias en las que se desenvuelve el servicio público del presente.
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En el caso concreto que nos ocupa, lo primero que debemos señalar es
que el particular, en su escrito inicial, no describe tan siquiera el modo y
circunstancias de la caída, lo que podría arrojar luz para poder valorar con
mayor rigor cuál pudo ser el hecho o condiciones causantes del resultado final;
ni aporta, ni propone prueba alguna sobre las deficiencias que denuncia, salvo
su apreciación subjetiva del estado del baño -?mal estado de conservación de
dicho habitáculo, así como la escasa luz interior?-. Frente a ello, la
Administración ha incorporado un informe del Jefe del Servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo I, donde se indica que el baño en cuestión
?había sido remodelado pocos meses antes debido a la implantación del
programa de Cirugía de la Obesidad?, y un informe suscrito por la Supervisora
de la Unidad, de fecha 18 de febrero de 2005, donde se indica que el baño ?se
encuentra en perfectas condiciones para su utilización. Ya que ha sido
reformado en el año 2003, sin que haya habido ningún problema en su uso?.
Ambos informes coinciden, por tanto, en señalar que el baño había sido
reformado en fechas cercanas al accidente y, además, del último de los
informes señalados se desprende que, desde el año 2003, fecha de la reforma,
hasta el día 18 febrero de 2005, fecha de la emisión del informe, el baño no
había experimentado alteración y ?se encuentra (?) en perfectas condiciones
para su utilización (?) sin que haya habido ningún problema en su uso?. Por
ello, si la reforma del baño tuvo lugar en 2003 y, sin haber sido objeto de
alteración, seguía en ?perfectas condiciones? en 2005, puesto que el accidente
que se denuncia ocurrió entre esas dos fechas, debemos concluir que el baño
se encontraba en condiciones adecuadas el día que se produjo la caída del
reclamante.
Por otra parte, también ha quedado acreditado en el expediente que el
reclamante era, en el momento del ingreso, una persona válida, perfectamente
capaz de desenvolverse por sí sola en esas labores de aseo personal, en el
transcurso de las cuales se produce la caída. Por ello, no cabe imputación
negativa alguna a los servicios sanitarios, no sólo en relación con las supuestas
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
deficiencias del baño, sino tampoco en relación con una hipotética omisión de
deberes de atención especial por el personal sanitario, deberes que, dada la
situación del paciente, no eran exigibles.
SÉPTIMA.- Finalmente, debemos valorar la incidencia de la prueba propuesta
por el reclamante y de su desestimación por parte de la Administración. La
prueba testifical se propuso por el interesado en la última fase del
procedimiento, cuando ya había tenido acceso al expediente y analizado la
propuesta de resolución desestimatoria, es decir, una vez que tuvo
conocimiento de los informes que, sobre las condiciones del baño en cuestión,
se habían incorporado al expediente. Pero, además, y según se acredita en el
informe del Secretario General del SESPA, de 20 de diciembre de 2005,
solicitado por este Consejo Consultivo como diligencia para mejor proveer, el
testigo propuesto por el reclamante no tiene conocimiento empírico del estado
del baño, menos aún de la ducha, ya que resulta probado que no estuvo nunca
ingresado en el Hospital; incluso resulta altamente improbable que haya
contemplado el accidente, pues ni el propio reclamante sugiere que estuviera
ayudándole a ducharse, sino que simplemente afirma que el testigo, ?en el
momento en el que se producen los hechos, se encuentra con él?. No obstante,
debemos reparar en que el accidente se produjo, según consta en la Ficha de
Accidentes de Pacientes, a las 10 de la mañana, fuera de las horas autorizadas
de visita y cuando, como figura en dicha Ficha, el reclamante ?estaba solo?. Por
todo ello, a juicio de este Consejo, las condiciones adecuadas del baño
aparecen acreditadas en el expediente a tenor de los informes citados, sin que
nos resulte posible cuestionarlas por el testigo propuesto por el reclamante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias dictamina que no procede declarar la responsabilidad patrimonial
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
solicitada y en consecuencia que debe desestimarse la reclamación presentada
por don ???
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
G i j ó n , a ? ?
EL SECRETARIO GENERAL,
V.º B.º
EL PRESIDENTE,
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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