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09/02/2023
Dictamen de Consejo Consultivo del Principado de Asturias 60/2006 de 23 de marzo de 2006
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Órgano: Consejo Consultivo del Principado de Asturias
Fecha: 23/03/2006
Num. Resolución: 60/2006
Cuestión
Reclamación formulada por ?, por los desperfectos sufridos en las gafas de su hijo durante una actividad escolar en un colegio público.Contestacion
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Expediente Núm. 35/2006
Dictamen Núm. 60/2006
V O C A L E S :
Fernández Pérez, Bernardo,
Presidente
Bastida Freijedo, Francisco
Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda
Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis
Fernández Noval, Fernando Ramón
Secretario General:
Fernández García, José Manuel
El Pleno del Consejo
Consultivo del Principado de
Asturias, en sesión celebrada el día
23 de marzo de 2006, con asistencia
de los señores y señora que al
margen se expresan, emitió el
siguiente dictamen:
?El Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, a solicitud de V.E. de 1 de febrero de 2006, examina el expediente
relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del
Principado de Asturias formulada por doña ??, por los desperfectos sufridos en
las gafas de su hijo durante una actividad escolar en un colegio público.
De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
1. Con fecha 23 de junio de 2005, doña ?? suscribe un documento de
reclamación de responsabilidad patrimonial exponiendo que ?el día 6 (sic) de
junio de 2005, sobre las 12 horas en el centro público ?? de ??, y con
ocasión de educación física el referido alumno (??) sufrió un accidente como
consecuencia del cual se han producido lesiones que se especifican en el
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certificado médico adjunto y que se valoran en 193,84 euros, de acuerdo con
las facturas que se acompañan?.
Acompaña su reclamación, de la siguiente documentación: copia del
documento nacional de identidad; copia de hoja del Libro de Familia
correspondiente al menor; factura de un establecimiento de óptica, en concepto
de cristales y montura, por importe de ciento noventa y tres euros con ochenta
y cuatro céntimos (193,84 ?), y copia de informe del Área de Urgencias del
Hospital ??, de fecha 13 de junio de 2005, en el que se diagnostica al hijo de
la reclamante ?TCE leve?.
Esta reclamación, cuya fecha de presentación no consta, es remitida por
la Directora del centro a la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación y Ciencia, mediante oficio de 12 de julio de 2005, teniendo registro
de entrada en la Consejería el día 19 de julio de 2005.
2. Con fecha 2 de julio de 2005, la Directora del Colegio Público ??, de ??,
suscribe parte de accidente escolar con motivo de los hechos acaecidos al
alumno ?? el día ?20 de junio de 2005?, a las 12 horas; en el mismo, informa
que ?durante el juego en la clase de educación física, debido al mal estado de
las pistas, el alumno cae, recibiendo un fuerte golpe en la cara que le supuso
heridas en la frente y nariz producidas por la gravilla suelta; además de la
rotura de gafas?.
3. A petición del Servicio de Asuntos Generales de la Consejería, con el fin de
resolver la discordancia de fechas en que se dice producido el accidente, la
Directora del centro escolar emite informe complementario el día 6 de
septiembre de 2005. En el mismo, se dice que ?la fecha del accidente del
alumno ??, se produjo el día 13/06/2005 según consta en el informe médico
del Servicio de Urgencias del Hospital ??, y que por error de transcripción en
los partes enviados desde el Centro constan fechas diferentes?.
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4. Con fecha 13 de octubre de 2005, la Jefa del Servicio de Asuntos Generales
de la Consejería de Educación y Ciencia informa desfavorablemente la petición
del reclamante, señalando que ?en el supuesto de referencia no ha existido
nexo causal por tratarse de un golpe que no resulta imputable al insuficiente
cuidado de los encargados de vigilar, ni a la existencia de riesgo añadido alguno
al normal y propio del desarrollo de la actividad?. Manifiesta, también, que ?el
daño y perjuicio aunque tuvo lugar en la clase de educación física, no consta se
produjese durante la realización de un concreto ejercicio de educación física
que supusiese un peligro o destreza especial, sino cuando el alumno en un
lance de un juego cayó de su propio pie. Del relato de los hechos de la
directora se desprende que la caída se produjo debido `al mal estado de las
pistas´, circunstancia que no resulta imputable a esta Administración
autonómica, dado que corresponde a los Ayuntamientos la conservación y
mantenimiento de los colegios públicos, que son inmuebles de propiedad
municipal?.
En el mismo informe, no se considera procedente la apertura de periodo
probatorio, si bien se acuerda el inicio del trámite de audiencia, con carácter
previo a la redacción de la propuesta de resolución.
5. Con fecha 27 de octubre de 2005, se comunica a la reclamante que se le
pone de manifiesto el expediente, a fin de que pueda examinarlo durante el
plazo de 15 días, en el que podrá formular alegaciones y presentar los
documentos y justificantes que estime pertinentes. Se le adjunta una relación
de los documentos obrantes en el expediente y el informe del Servicio de
Asuntos Generales. No consta que la reclamante haya tomado vista del mismo
ni formulado alegación alguna.
6. El día 16 de enero de 2006, la Jefa del Servicio de Asuntos Generales elabora
propuesta de resolución en sentido desestimatorio, considerando que no ha
quedado acreditada la existencia de relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público educativo y el daño producido y reiterando
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los argumentos ya recogidos en su informe de 13 de octubre de 2005, antes
referido.
7. En este estado de tramitación, mediante escrito de fecha 1 de febrero de
2006, registrado de entrada el día 3 de febrero de 2006, V.E. solicita al Consejo
Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta
preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración del Principado de Asturias objeto del
expediente número ??, de la Consejería de Educación y Ciencia, cuyo original
adjunta.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
consideraciones fundadas en derecho:
PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo según lo
dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra k), del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a
solicitud del Presidente del Principado de Asturias, de conformidad con lo
establecido en los artículos 17, apartado a), y 40.1, letra a), de la Ley y del
Reglamento citados, respectivamente.
SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), y
habiendo sufrido el accidente una persona menor de edad, está legitimada para
actuar en su representación la reclamante, madre del menor, a tenor de lo
actuado por el centro en el procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 162
del Código Civil sobre representación legal de los hijos.
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La Administración del Principado de Asturias está pasivamente legitimada
en cuanto titular de los servicios frente a los que se formula reclamación.
TERCERA.- En cuanto al plazo de presentación de la reclamación, el artículo
142.5 de la LRJPAC dispone que ?En todo caso, el derecho a reclamar prescribe
al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de
manifestarse su efecto lesivo?. En el presente caso, se presenta la reclamación
de forma que es tramitada por el centro escolar con fecha 12 de julio de 2005,
habiendo tenido lugar los hechos de los que trae origen el día 13 de junio del
mismo año, por lo que es claro que fue presentada dentro del plazo de un año
legalmente establecido.
CUARTA.- El procedimiento administrativo aplicable en la tramitación de la
reclamación se encuentra establecido en los artículos 139 y siguientes de la
LRJPAC y, en su desarrollo, en el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado
por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante, Reglamento de
Responsabilidad Patrimonial). En aplicación de la normativa citada, se han
cumplido los trámites fundamentales de incorporación de informe de los
servicios afectados, trámite de audiencia con vista del expediente y propuesta
de resolución.
No obstante, hemos de destacar la precaria información sobre las
concretas circunstancias en que se produjo la caída objeto de este
procedimiento -acaecida durante el juego en clase de educación física-, que ha
aportado la Dirección del centro y no ha sido ampliada durante la fase de
instrucción. En tal sentido, observamos que en el único informe sobre los
hechos se contiene una conclusión (sin duda conveniente, pero no
imprescindible en un informe previo), pero no las premisas para llegar a ella
(éstas sí imprescindibles por no poder ser suplidas por ningún otro órgano). Tal
precariedad en la información no respeta, a nuestro juicio, la exigencia de
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documentar con rigor todas las circunstancias de un hecho que puede dar lugar
a responsabilidad de la Administración.
En cuanto al plazo para resolver el procedimiento, apreciamos que ha
sido rebasado el de seis meses para adoptar y notificar la resolución expresa,
establecido en el artículo 13.3 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial.
En efecto, registrada de entrada la reclamación en la Consejería competente el
día 19 de julio de 2005, a la fecha de entrada de la solicitud de dictamen en
este Consejo Consultivo, el día 1 de febrero de 2006, el plazo de resolución y
notificación ha sido sobrepasado. No obstante, ello no impide la resolución, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43.4, letra b), de la referida
LRJPAC.
Asimismo, hemos de señalar que no se ha dado cumplimiento a la
obligación de comunicar a la interesada, en los términos de lo establecido en el
artículo 42.4 de la LRJPAC, la fecha en que su solicitud ha sido recibida por el
órgano competente, el plazo máximo normativamente establecido para la
resolución -y notificación- del procedimiento, así como los efectos que pueda
producir el silencio administrativo.
QUINTA.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que ?Los particulares,
en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos?.
A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC, ya citada, dispone en su apartado
1 que ?Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos?. Y, en su apartado 2, que ?En todo caso, el daño
alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas?.
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Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el
deber de responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares,
sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando
las circunstancias concurrentes en cada caso.
En efecto, en aplicación de la citada normativa legal y atendida la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública será necesario que, no habiendo
transcurrido el plazo de prescripción, concurran, al menos, los siguientes
requisitos: a) la efectiva realización de un daño o lesión antijurídica, evaluable
económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de
personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea producto de fuerza
mayor.
SEXTA.- Del escrito de reclamación y de las manifestaciones de la Directora del
centro escolar en el parte inicial de accidente, complementado con su informe
de 6 de septiembre de 2005 (sobre la base del informe médico aportado por la
reclamante), se desprende que el día 13 de junio de 2005, durante la clase de
educación física, el hijo de la reclamante sufrió una caída, produciéndose
diversas heridas en la frente y la nariz y rompiendo las gafas. Por ello, aun
salvando las discrepancias iniciales entre el escrito de reclamación y el informe
del centro acerca de la fecha en que se ha producido, consideramos que ha
quedado acreditada la realidad y efectividad del daño en los términos
legalmente exigibles.
Ahora bien, que acaezca un daño patrimonial, en este caso la rotura de
unas gafas, con ocasión del funcionamiento del servicio público educativo y que
en nuestro ordenamiento la responsabilidad patrimonial de la Administración
sea objetiva no implica automáticamente la existencia de responsabilidad de la
Administración, puesto que para declararla ha de resultar probado que existe
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relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño
alegado, y que éste es consecuencia de aquél.
Tras el examen del expediente, este Consejo Consultivo no tiene otra
certeza acerca de lo sucedido que el hecho en sí de los daños, puestos de
manifiesto en el Informe del Área de Urgencias del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, y la conclusión que la Directora del centro emite en el
parte de accidente, de 2 de julio de 2005. No existe en el procedimiento
actividad probatoria alguna acerca de las circunstancias en que se produjo el
hecho que desencadena la reclamación: la reclamante no sólo no las describe
en su escrito de reclamación (circunstancia a la que sin duda ayuda el modelo
con membrete de la propia Administración que se ha empleado), sino que, a lo
largo de la tramitación, no aporta prueba alguna sobre ellas; tampoco durante
la instrucción se ha podido determinar la forma y circunstancias en que se
produjo la caída del alumno y la rotura de las gafas.
Ante el vacío expuesto, entendemos que no es suficiente el juicio de
valor de la Directora del centro, acerca del ?mal estado de las pistas?, que no
sabemos si es considerado la causa de la caída o la causa de los daños en la
cara del alumno. De los datos que constan en el expediente, este Consejo no
puede llegar a la conclusión de cómo y porqué se produjo la caída, ni de que la
misma se debiera al estado inadecuado de la instalación en que se desarrollaba
la actividad de educación física, en la que hemos de suponer que participaba
toda la clase, sin que se conozcan otras consecuencias dañosas. No se sabe
cómo cayó el alumno; no se tiene certeza acerca de en qué consiste el ?mal
estado? de las pistas; ni tampoco, en caso de ser cierto su mal estado, de que
éste fuera la causa de la caída del alumno, sin que a la misma coadyuvase su
propia actuación o la de otros compañeros de clase. En definitiva, existe una
carencia total, no ya en la prueba de los hechos, sino en la descripción de los
mismos, lo que, a nuestro juicio, impide considerar acreditado el nexo causal.
Por todo ello, debemos concluir que no apreciamos relación entre el
funcionamiento del servicio público educativo y el daño alegado. En
consecuencia, la Administración no debe, en este caso, responder
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patrimonialmente por el mero hecho de que se haya producido un daño del que
se ignoran todas sus circunstancias.
No obstante la conclusión expuesta, consideramos necesario dejar
constancia de nuestra discrepancia con la propuesta de resolución sobre la
motivación de su conclusión desestimatoria, basada, entre otras razones, en la
inexistencia de imputabilidad a la Administración educativa del mal estado de la
pista, por ser responsabilidad municipal la conservación y mantenimiento de los
colegios públicos, dado que se trata de inmuebles de su propiedad.
Consideramos que la actividad escolar se desarrolla bajo la organización y
dirección de la Administración educativa, sin que el régimen jurídico de los
bienes (muebles o inmuebles) que emplee para prestar el servicio pueda
afectar a la exigencia de la responsabilidad patrimonial cuando el
funcionamiento de dicha actividad educativa sea la causa de una lesión
antijurídica en la que concurran los demás requisitos legalmente exigibles. Ello,
sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudiera, en su caso, exigir
dicha Administración educativa por un incumplimiento de obligaciones ajenas
que determine un perjuicio patrimonial para ella.
En consecuencia, para resolver acerca de la no procedencia de declarar
la responsabilidad patrimonial en el caso que dictaminamos, no es posible
aducir la inexistencia de nexo causal entre los daños eventualmente causados
por el estado de la pista en que se desarrolla una actividad escolar, por
entenderlo imputable a la entidad local, y el funcionamiento del servicio público
educativo de la Administración autonómica. Observación ésta que tiene la
consideración de esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.6 de la Ley
del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, y en el artículo 6.2 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
dictamina que no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la
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Administración del Principado de Asturias y, en consecuencia, una vez atendida
la observación esencial contenida en el cuerpo de este Dictamen, debe
desestimarse la reclamación presentada por doña ???
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Gijón, a ......
EL SECRETARIO GENERAL,
V.º B.º
EL PRESIDENTE,
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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