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09/02/2023
Dictamen de Consejo Consultivo del Principado de Asturias 38/2006 de 23 de febrero de 2006
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Órgano: Consejo Consultivo del Principado de Asturias
Fecha: 23/02/2006
Num. Resolución: 38/2006
Cuestión
Reclamación formulada por ?, por el anormal funcionamiento del servicio sanitario.Contestacion
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Expediente Núm. 62/2006
Dictamen Núm. 38/2006
V O C A L E S :
Fernández Pérez, Bernardo,
Presidente
Bastida Freijedo, Francisco
Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda
Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis
Fernández Noval, Fernando Ramón
Secretario General:
Fernández García, José Manuel
El Pleno del Consejo
Consultivo del Principado de
Asturias, en sesión celebrada el día
23 de febrero de 2006, con
asistencia de los señores y señora
que al margen se expresan, emitió
el siguiente dictamen:
?El Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, a solicitud de V.E. de 14 de febrero de 2006, examina el expediente
relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del
Principado de Asturias formulada por don ??, en nombre y representación de
doña ??, por el anormal funcionamiento del servicio sanitario.
De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
1. El día 19 de octubre de 2005, don ?? presenta en el Servicio de Atención al
Paciente del Hospital ?? (en adelante ??) un escrito en el que alega que la
graduación de la vista realizada a su esposa, doña ??, en la consulta de
Oftalmología del Ambulatorio ?? ha sido incorrecta, razón por la cual, y previa
nueva consulta y correspondiente graduación, se han visto obligados a adquirir
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un segundo par de lentes. Solicita en dicho escrito que se le reintegre el
importe del primer juego de cristales, que han resultado inservibles.
2. Con fecha 18 de noviembre de 2005, registrada de salida el día 21 de
noviembre de 2005 y de entrada en el Servicio de Salud del Principado de
Asturias el día 22 del mismo mes y año, se remite por la Gerencia del Hospital
?? dicha reclamación al Servicio de Salud de Principado de Asturias, ?por si
fuera susceptible de reintegro de gastos?. Junto con el escrito del reclamante,
remite la Gerencia la siguiente documentación: graduación realizada en la
consulta de Oftalmología del Ambulatorio ??, el día 15 de junio de 2005;
graduación realizada en el mismo centro el día 7 de octubre de 2005; factura
de un establecimiento óptico, de 22 de septiembre de 2005, por importe total
de ciento treinta y cuatro euros (134 ?), de los que noventa y cuatro euros (94
?) corresponden a los cristales y el resto a la montura; solicitud, de fecha 19 de
octubre de 2005, reiterada el día 7 de noviembre, de informe a la especialista
de oftalmología y copia de dicho informe, sin fecha; y copia del escrito, de
fecha 11 de noviembre de 2005, en el que el Servicio de Atención al Paciente
contesta al reclamante y le comunica que ?una vez analizada la situación
presentada por Vd. (?) se ha procedido al envío de la reclamación a la
Dirección del SESPA para su conocimiento y resolución?.
3. Mediante escrito del Jefe del Servicio de Inspección de Prestaciones, de
fecha 2 de diciembre de 2005, notificado al reclamante el día 14 de dicho mes,
se comunica el inicio del procedimiento, las normas que lo regularán y el
servicio que habrá de tramitarlo. En esa misma fecha, se pone en conocimiento
del Inspector de Prestaciones Sanitarias ?que ha sido designado para elaborar
el preceptivo informe técnico de evaluación?.
4. El día 7 de diciembre de 2005, se emite el Informe Técnico de Evaluación, en
el que se afirma que ?en el presente caso, con arreglo a la documentación que
consta en el expediente, es notorio que se produjo inicialmente un error en la
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corrección óptica del defecto visual de la reclamante. Este error fue subsanado
posteriormente mediante la prescripción de unos cristales ajustados a sus
necesidades. Como consecuencia de esta equivocación la perjudicada sufrió un
daño patrimonial que no tiene el deber jurídico de soportar, pero solo en lo
referido a la cuantía correspondiente a las lentes, pues la montura es válida
para ambas graduaciones?. Por lo anterior, se entiende que ?debe excluirse del
reintegro de los gastos la cantidad de 40,00 euros, que corresponde a la
montura de las gafas, ya que ésta es válida para las dos lentes que adquirió.
Tan solo procede estimar, por tanto, la cuantía correspondiente a la adquisición
de las lentes, que asciende a 94,00 euros?.
Por ello, propone el informante que la reclamación formulada ?debe ser
estimada parcialmente en una cuantía de 94 euros?.
5. A la vista de lo actuado, con fecha 12 de diciembre de 2005, el órgano
instructor acuerda la ?suspensión del procedimiento general y el inicio de un
procedimiento abreviado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial?. Con fecha 14
de diciembre del mismo año, se notifica al reclamante la incoación de un
procedimiento abreviado y la apertura del trámite de audiencia, adjuntándole
una relación de los documentos obrantes en el expediente, a fin de que pueda
obtener copia de los mismos, y concediéndole un plazo de cinco días para
formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
6. Con fecha 23 de diciembre de 2005, el reclamante se persona en las
dependencias administrativas al objeto de examinar el expediente, haciéndosele
entrega de una copia del mismo, si bien no formula alegación alguna dentro del
plazo concedido.
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7. El día 26 de enero de 2006, el órgano instructor elabora propuesta de
resolución en la que se afirma ?que se produjo un error inicial en la graduación
de la vista de la perjudicada del que derivó un daño patrimonial que no tiene el
deber jurídico de soportar, si bien la cuantía de dicho error se refiere
únicamente al importe de las lentes y no al de la montura de las mismas, al ser
válidas también para los cristales prescritos posteriormente?. Por ello, se
propone la estimación parcial de la reclamación y que se indemnice a la
interesada en la cantidad de noventa y cuatro euros (94 ?), correspondientes al
coste de los cristales graduados.
8. En este estado de tramitación, mediante escrito de 14 de febrero de 2006,
registrado de entrada el día 16 de febrero de 2006, V.E. solicita al Consejo
Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta
preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración del Principado de Asturias, objeto del
expediente número ??, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
adjuntando a tal fin original del mismo.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
consideraciones fundadas en derecho:
PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo según lo
dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra k), del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a
solicitud del Presidente del Principado de Asturias, de conformidad con lo
establecido en los artículos 17, apartado a), y 40.1, letra a), de la Ley y del
Reglamento citados, respectivamente.
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SEGUNDA.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), advertimos, en
relación con la legitimación activa, que no consta debidamente acreditada en el
expediente la representación con que actúa don ?? a favor su esposa, doña
??, en los términos de lo establecido en el artículo 32.3 de la LRJPAC, cuyo
tenor literal dispone que ?Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir
de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá
acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje
constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado?. El artículo 71 del Código Civil establece que ?Ninguno de los
cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido
conferida?; en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4
de la referida LRJPAC, que permite subsanar la falta o insuficiente acreditación
de la representación, antes de dictarse la resolución que ponga fin al
procedimiento, deberá ser subsanado dicho defecto dentro del plazo de diez
días, que habrá de conceder al efecto el órgano instructor, o de un plazo
superior si las circunstancias lo requieren. Observación ésta que tiene la
consideración de esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.6 de la Ley
del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, y en el artículo 6.2 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.
El Principado de Asturias está pasivamente legitimado en cuanto titular
de los servicios frente a los que se formula reclamación.
TERCERA.- La reclamación se interpuso el día 19 de octubre de 2005 y los
hechos que la motivaron tienen su origen en la graduación de la vista realizada
a doña ?? el día 15 de junio de 2005. La reclamación, por tanto, se presenta
dentro del plazo establecido en el artículo 142.5 de la LRJPAC, que dispone que
?En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o
el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo?.
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CUARTA.- El procedimiento que rige la tramitación de los expedientes de
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es el regulado en el
Título X de la LRJPAC, desarrollado por el Reglamento de los procedimientos de
las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial,
aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante,
Reglamento de Responsabilidad Patrimonial). Procedimiento al que, en virtud
de la disposición adicional duodécima de la LRJPAC, están sujetas las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sean estatales o
autonómicas, así como las demás entidades, servicios y organismos del Sistema
Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas. En esta
materia, ambas normas tienen el carácter de legislación básica para el
Principado de Asturias.
La LRJPAC, en su artículo 143, establece la posibilidad de tramitación de
un procedimiento abreviado: ?Iniciado el procedimiento general, cuando sean
inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de
la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un
procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el
plazo de treinta días?. El Capítulo III del Reglamento de Responsabilidad
Patrimonial desarrolla dicho procedimiento.
Se cumple, pues, con los trámites fundamentales de incorporación de
informes de los servicios afectados, trámite de audiencia con vista del
expediente y propuesta de resolución, así como los correspondientes del
procedimiento abreviado seguido en la instrucción del expediente. Sin embargo,
en cuanto al plazo para adoptar y notificar la resolución expresa, debemos
señalar que se ha rebasado el de treinta días establecido en el artículo 17.2 del
Reglamento de Responsabilidad Patrimonial para el procedimiento abreviado,
pues éste se inició con fecha 12 de diciembre de 2005, y el escrito de consulta
preceptiva para dictaminar el expediente está fechado el 14 de febrero de
2006, y registrado de entrada en este Consejo el día 16 de febrero de 2006. No
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obstante, ello no impide la resolución de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 42.1 y 43.4, letra b), de la LRJPAC.
El presente Dictamen se emite dentro del plazo de diez días hábiles
establecido en el artículo 16 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial
para el procedimiento abreviado, cuya aplicación al presente caso resulta
procedente al cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 143 de la LRJPAC.
QUINTA.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que ?Los particulares,
en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos?.
A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC, ya citada, dispone en su apartado
1 que ?Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos?. Y, en su apartado 2, que ?En todo caso, el daño
alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas?.
Estos preceptos sientan el derecho de los particulares a ser indemnizados
por la Administración de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el deber de
responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares, sino que,
para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública,
deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando las
circunstancias concurrentes en cada caso.
En efecto, en aplicación de la citada normativa legal y, atendida tanto la
jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina del Consejo de Estado,
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para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública será
necesario que, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, concurran, al
menos, los siguientes requisitos: a) la efectiva realización de un daño o lesión
antijurídica, evaluable económicamente e individualizado en relación con una
persona o grupo de personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea
producto de fuerza mayor.
SEXTA.- A tenor de la documentación examinada, a este Consejo no le cabe
duda alguna acerca de la efectividad del daño patrimonial sufrido por doña ??.
Ahora bien, acreditada la realidad del daño, es preciso determinar si el mismo
ha sido producido como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin intervención de
elementos extraños que puedan influir alterando el nexo causal.
En el presente caso, el daño ha sido producido a consecuencia de la
utilización del servicio público sanitario, y los distintos informes obrantes en el
expediente y la propuesta de resolución ponen de manifiesto el error padecido
por el centro sanitario público en la corrección óptica del defecto visual que
padece doña ......, quien, siguiendo la prescripción de unos cristales con una
graduación incorrecta, adquirió unas lentes inadecuadas para corregir sus
defectos de visión. Existe, por tanto, un nexo causal evidente entre la actuación
administrativa y el daño sufrido, sin que se desprenda del expediente la
existencia de cualquier otro elemento que pueda interferir o desvirtuar dicha
relación de causalidad, y sin que tenga la interesada obligación de soportar
dicho daño.
En cuanto a la valoración del daño, consta en el expediente factura por
importe de ciento treinta y cuatro euros (134 ?), de los cuales corresponden
noventa y cuatro euros (94 ?) al coste de los cristales graduados,
desprendiéndose del Informe Técnico de Evaluación que la montura sirve para
los nuevos lentes.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias dictamina que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración del Principado de Asturias y, una vez atendida la observación
esencial contenida en el cuerpo de este dictamen, estimando parcialmente la
reclamación formulada por don ??, en nombre y representación de doña ??,
indemnizar en la cantidad de noventa y cuatro euros (94 ? )?.
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Gijón, a ......
EL SECRETARIO GENERAL,
V.º B.º
EL PRESIDENTE,
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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