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09/02/2023
Dictamen de Consejo Consultivo del Principado de Asturias 24/2006 de 02 de febrero de 2006
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Órgano: Consejo Consultivo del Principado de Asturias
Fecha: 02/02/2006
Num. Resolución: 24/2006
Cuestión
Reclamación formulada por ?, por el anormal funcionamiento del servicio sanitario.Contestacion
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Expediente Núm. 19/2006
Dictamen Núm. 24/2006
V O C A L E S :
Fernández Pérez, Bernardo,
Presidente
Bastida Freijedo, Francisco
Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda
Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis
Fernández Noval, Fernando Ramón
Secretario General:
Fernández García, José Manuel
El Pleno del Consejo
Consultivo del Principado de
Asturias, en sesión celebrada el día
2 de febrero de 2006, con asistencia
de los señores y señora que al
margen se expresan, emitió el
siguiente dictamen:
?El Consejo Consultivo del Principado
de Asturias, a solicitud de V.E. de 24 de enero de 2006, examina el expediente
relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del
Principado de Asturias, formulada por doña ??, por el anormal funcionamiento
del servicio sanitario.
De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
1. El día 26 de mayo de 2005, con registro de entrada de la misma fecha, doña
??, presenta ante el servicio de Salud del Principado de Asturias un escrito en
el que solicita ?la devolución del pago de las monturas por error de traspaso de
datos erróneos en el centro sanitario ???.
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Acompaña su reclamación de la siguiente documentación: copia de
factura de unas gafas graduadas por importe de doscientos cuarenta y nueve
euros (249 ?); ficha de acreedor; justificantes de prescripciones de corrección
óptica, de fechas 4 de febrero y 18 de mayo de 2005; copias del documento
nacional de identidad y tarjeta sanitaria.
2. Con fecha 28 de septiembre de 2005, se comunica a la reclamante el inicio
del procedimiento, las normas que lo regularán y que la tramitación se llevará a
cabo por el Servicio de Inspección Sanitaria de las Prestaciones Sanitarias.
3. Por escrito del Inspector de Prestaciones Sanitarias, de 21 de octubre de
2005, se solicita a la reclamante factura en la que aparezcan desglosados los
importes correspondientes a la montura y a los cristales.
La factura solicitada, emitida con fecha 2 de marzo de 2005, consta en la
documentación remitida, si bien no resulta acreditada la fecha en que la misma
se incorporó al expediente. En la misma se señala un coste, sin IVA, de 41,12 ?
para la montura y 191,59 ? para los cristales graduados.
4. Al expediente se incorporan durante su tramitación: informe del Servicio no
Jerarquizado de Oftalmología, de 25 de octubre de 2005, e Informe Técnico de
Evaluación emitido por el inspector de prestaciones sanitarias designado al
efecto, de 15 de noviembre de 2005.
En el informe del Servicio no Jerarquizado de Oftalmología se manifiesta
que ?hubo un error al transcribir los datos a la receta, poniéndosele la
graduación del ojo derecho en el izquierdo y viceversa; cuando, con fecha de
18 de mayo de 2005, la paciente vuelve diciendo que no se adapta a la
graduación, comprobamos que había un error en la receta por lo que le
hacemos una nueva receta con la graduación que figuraba en la primera
consulta?. Se adjunta al informe fotocopia de la historia de la reclamante,
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donde consta que la graduación estaba bien hecha en la primera consulta, de
fecha 4 de febrero de 2005.
En el Informe Técnico de Evaluación se señala que ?En el caso que nos
ocupa se ha producido un error al transcribir a la receta la graduación
efectuada, del que se ha derivado que la paciente adquiriese unas lentes que
no se adaptaban a su defecto visual. Una vez constatado el error, se prescribió
una receta con la corrección adecuada. La consecuencia es que la reclamante
hubo de incurrir en unos gastos extras, correspondientes a las lentes, de 205
euros. La montura, cuya cuantía ascienda a 44 euros, sirve para ambas lentes,
por lo que no puede ser objeto de reintegro?.
Con base en lo expuesto, realiza la siguiente valoración: ?La reclamación
de reintegro de los gastos ha sido realizada dentro del plazo legalmente
establecido al efecto. La reclamante ha incurrido, como consecuencia de un
error en la transcripción a la receta de los datos de graduación de la vista, en
un perjuicio patrimonial que no tiene el deber jurídico de soportar. La cantidad
reintegrable a la reclamante es la correspondiente a la adquisición de las lentes,
que asciende a 205 euros.?
Por ello propone el informante que la reclamación formulada ?debe ser
estimada parcialmente en una cuantía de 205 euros? .
5. A la vista de lo actuado, con fecha 17 de noviembre de 2005, el órgano
instructor acuerda la ?suspensión del procedimiento general y el inicio de un
procedimiento abreviado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de
responsabilidad patrimonial?. Con fecha 23 de noviembre se notifica a la
reclamante la apertura de procedimiento abreviado, se le adjunta, también, una
relación de los documentos obrantes en el expediente a fin de que pueda
obtener copia de los mismos, y, por último, se le concede un plazo máximo de
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cinco días para formular alegaciones y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.
6. Con fecha 24 de diciembre de 2005, la reclamante toma vista del expediente
y se le hace entrega de una copia del mismo, si bien no formula alegación
alguna dentro del plazo concedido.
7. El día 26 de diciembre de 2005, el instructor elabora propuesta de
resolución, considerando que se ha constatado el error producido en la
transcripción a la receta de la graduación de la vista correctamente efectuada,
lo que conllevó que la paciente adquiriese unas lentes no adaptadas a su
defecto visual. Por ello se propone la estimación parcial de la reclamación y que
se indemnice a la interesada en la cantidad de 205 euros, correspondientes a
los cristales graduados, pues no resulta procedente abonar la montura al servir
para los nuevos cristales.
8. En este estado de tramitación, mediante escrito de fecha 24 de enero de
2006, registrado de entrada el día 26 de enero de 2006, V.E. solicita al Consejo
Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta
preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración del Principado de Asturias, objeto del
expediente número ??/??, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
adjuntando a tal fin original del mismo.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
consideraciones fundadas en derecho:
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PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo según lo
dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra k), del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a
solicitud del Presidente del Principado de Asturias, de conformidad con lo
establecido en los artículos 17, apartado a), y 40.1, letra a), de la Ley y del
Reglamento citados, respectivamente.
SEGUNDA.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jrídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), está la interesada
activamente legitimada para solicitar la reparación del daño causado, por
cuanto su esfera jurídica se ha visto directamente afectada por los hechos que
originaron la reclamación.
El Principado de Asturias está pasivamente legitimado en cuanto titular
de los servicios frente a los que se formula reclamación.
TERCERA.- La reclamación se interpuso el día 25 de mayo de 2005 y los
hechos que la motivaron tienen su origen en la receta expedida el día 4 de
febrero de 2005. La reclamación, por tanto, se presenta dentro del plazo
establecido en el artículo 142.5 de la LRJPAC, que dispone que ?En todo caso,
el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños,
de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse
desde la curación o determinación del alcance de las secuelas?.
CUARTA.- El procedimiento que rige la tramitación de los expedientes de
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es el regulado en el
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Título X de la LRJPAC, desarrollado por el Reglamento de los procedimientos de
las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial,
aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante,
Reglamento de Responsabilidad Patrimonial). Procedimiento al que, en virtud
de la disposición adicional duodécima de la LRJPAC, están sujetas las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sean estatales o
autonómicas, así como las demás entidades, servicios y organismos del Sistema
Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas. En esta
materia, ambas normas tienen el carácter de legislación básica para el
Principado de Asturias.
La LRJPAC, en su artículo 143, dispone la posibilidad de tramitación de
un procedimiento abreviado: ?1. Iniciado el procedimiento general, cuando sean
inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de
la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un
procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el
plazo de treinta días?. El Capítulo III del Reglamento de Responsabilidad
Patrimonial desarrolla dicho procedimiento.
En aplicación de la normativa citada, se han cumplido los trámites legal y
reglamentariamente establecidos de incorporación de informe de los servicios
afectados, audiencia con vista del expediente y propuesta de resolución.
En cuanto al plazo para resolver este expediente por el procedimiento
abreviado, se ha sobrepasado ampliamente el de 30 días que establece el
artículo 143.1 de la LRJPAC. Acordado el inicio de tal procedimiento con fecha
17 de noviembre de 2005, la consulta que se eleva a este Consejo para el
preceptivo dictamen tiene registro de entrada de 26 de enero de 2006. No
obstante, ello no impide la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 42.1 y 43.4, letra b) de la referida LRJPAC.
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El presente Dictamen se emite dentro del plazo de diez días hábiles
establecido en el artículo 16 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial
para el procedimiento abreviado, cuya aplicación al presente caso resulta
procedente al cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 143 de la LRJPAC.
QUINTA.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que ?Los particulares,
en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos?.
A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC, ya citada, dispone en su apartado
1 que ?Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos?. Y, en su apartado 2, que ?En todo caso, el daño
alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas?.
Estos preceptos sientan el derecho de los particulares a ser indemnizados
por la Administración de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el deber de
responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares, sino que,
para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública,
deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando las
circunstancias concurrentes en cada caso.
En efecto, en aplicación de la citada normativa legal y, atendida tanto la
jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina del Consejo de Estado,
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública será
necesario que, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, concurran, al
menos, los siguientes requisitos: a) la efectiva realización de un daño o lesión
antijurídica, evaluable económicamente e individualizado en relación con una
persona o grupo de personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea
producto de fuerza mayor.
SEXTA.- A tenor de la documentación examinada, a este Consejo no le cabe
duda alguna acerca de la efectividad del daño patrimonial sufrido por la
reclamante. Ahora bien, acreditada la realidad del daño, es preciso determinar
si el mismo ha sido producido como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin
intervención de elementos extraños que puedan influir alterando el nexo causal.
En el presente caso, el daño ha sido producido a consecuencia de la
utilización por la reclamante del servicio público sanitario, y los distintos
informes obrantes en el expediente y la propuesta de resolución ponen de
manifiesto el error padecido por el centro sanitario público en la expedición de
la receta en que constaba la graduación de la vista de la reclamante y que ésta
utilizó, como prescripción facultativa, para adquirir unas gafas inadecuadas para
corregir sus defectos de visión. Existe, por tanto, un nexo causal evidente entre
la actuación administrativa y el daño sufrido, sin que se desprenda del
expediente la existencia de cualquier otro elemento que pueda interferir o
desvirtuar dicha relación de causalidad, y sin que tenga la interesada obligación
de soportar dicho daño.
En cuanto a la valoración del daño consta en el expediente factura por
importe de doscientos cuarenta y nueve euros (249 ?), de los cuales doscientos
cinco euros (205 ?) corresponden al coste de los cristales graduados, constando
en el Informe Técnico que la montura sirve para los nuevos lentes.
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
dictamina que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración del Principado de Asturias, y, estimando parcialmente la
reclamación formulada por doña ??, indemnizar a la reclamante en la cantidad
de doscientos cinco euros (205 ?).?
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Gijón, a ......
EL SECRETARIO GENERAL,
V.º B.º
EL PRESIDENTE,
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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