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09/02/2023
Dictamen de Consejo Consultivo del Principado de Asturias 23/2006 de 02 de febrero de 2006
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Órgano: Consejo Consultivo del Principado de Asturias
Fecha: 02/02/2006
Num. Resolución: 23/2006
Cuestión
Reclamación formulada por ?, por los daños sufridos al colisionar su vehículo con una piedra que se encontraba en la calzada de la carretera.Contestacion
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Expediente Núm. 16/2006
Dictamen Núm. 23/2006
V O C A L E S :
Fernández Pérez, Bernardo,
Presidente
Bastida Freijedo, Francisco
Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda
Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis
Fernández Noval, Fernando Ramón
Secretario General:
Fernández García, José Manuel
El Pleno del Consejo
Consultivo del Principado de
Asturias, en sesión celebrada el día
2 de febrero de 2006, con asistencia
de los señores y señora que al
margen se expresan, emitió el
siguiente dictamen:
?El Consejo Consultivo del Principado
de Asturias, a solicitud de V.E. de fecha 23 de enero de 2006, examina el
expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración del Principado de Asturias formulada por don ??, por los daños
sufridos al colisionar su vehículo con una piedra que se encontraba en la
calzada de la carretera AS-15.
De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
1. Con registro de entrada en la Administración del Principado de Asturias de
fecha 19 de octubre de 2004, don ?? presenta escrito sin data de reclamación
de responsabilidad patrimonial ante la Administración del Principado de
Asturias, por daños patrimoniales derivados de la colisión de su vehículo con un
piedra existente en la carretera AS-15.
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
En su escrito, expone que el día 3 de enero de 2004, cuando ?circulaba
al volante del vehículo de su propiedad (Renault 4F, Matrícula ??) por la
carretera AS-15 Cornellana-Puerto Cerredo, con dirección a esta última
localidad, y aproximadamente a la altura del punto Kilométrico 29.800, término
municipal de Tineo, fue sorprendido por una piedra de grandes dimensiones
que se había desprendido del talud de la margen derecha de la carretera,
impactando contra la parte derecha del vehículo, produciendo daños al vehículo
de su propiedad?.
Como consecuencia del accidente, el vehículo sufrió desperfectos cuya
reparación ascendió a la cantidad de mil setecientos veintiocho euros con un
céntimo (1.728,01 ?), que reclama.
Después de fundamentar en derecho su reclamación, solicita también la
apertura de procedimiento abreviado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por entender que en el presente asunto ?es
inequívoca la relación de causalidad entre la lesión y el daño?.
A su escrito inicial, el reclamante adjunta diversa documentación:
permiso de circulación; factura de reparación y presupuesto de los daños
ocasionados; copia del atestado; copia de la póliza de seguro; copia del recibo
en vigor; informe de la ITV y copia del carné de conducir. Sin citarla en su
escrito, incorpora también certificación expedida por la compañía aseguradora
??, en la que se afirma que el reclamante no ha sido indemnizado por el
accidente objeto de la reclamación ni puede ser indemnizado por carecer su
póliza de seguros de cobertura de daños propios.
2. El día 18 de enero de 2005, se notifica al interesado escrito del Jefe de
Sección de Régimen Jurídico I de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, de fecha 7 de enero de 2005, en el que se
tiene por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial y
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se indica el plazo para resolver la reclamación y los efectos del silencio
administrativo.
3. Durante la instrucción del expediente fueron incorporados los siguientes
documentos:
a) Copia de las Diligencias de Prevención ??, de fecha 3 de enero de 2004,
instruidas con motivo del accidente del que deriva la reclamación de
responsabilidad patrimonial; en ellas, los agentes actuantes de la Guardia Civil,
después de transcribir los datos de vehículo y conductor, así como las
manifestaciones de éste informan que ?comprobados los hechos denunciados,
coinciden con los manifestados por el conductor, señalando que además de la
piedra impactada en el vehículo que nos ocupa, el lugar presenta numerosas
piedras de diverso tamaño, producido todo ello por el argayo del
desprendimiento de la montaña? (adjuntan croquis del lugar). En sus
manifestaciones a la Guardia Civil, el reclamante dice que ?circulaba a una
velocidad de 60 km/h, cuando fue sorprendido por una piedra de grandes
dimensiones, que se había desprendido del talud de la margen derecha de la
carretera, impactando con la parte derecha de su vehículo, produciendo los
daños reseñados?. En las diligencias se pone de relieve que en el vehículo se
observan daños en la rueda delantera derecha, en el sistema de dirección y en
la aleta, defensa y capó delanteros.
b) Informe de 26 de enero de 2005 del Vigilante de Carretera, en el que,
luego de manifestar que no tuvo conocimiento del accidente y que no conoce
dato alguno para determinar la existencia de responsabilidad, dice que ?se
ignoran las posibles causas de la existencia de piedras?, que ?no existe ningún
tipo de señalización adicional?, que ?los recorridos de esta unidad de vigilancia
es de 1 ó 2 veces por semana? y que ?No se ha tomado ninguna medida de
protección?.
c) Por parte del Servicio de Conservación y Seguridad Vial se emite informe,
con fecha 3 de febrero de 2005, en el que se señala:
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- ? Por parte del personal de las brigadas de zona, existe constancia de que sí
se produjo un accidente el día 3 de enero de 2004 en el PK 29+800 de la
Ctra. AS-15, Cornellana-Puerto de Cerre d o , a l f i g u r a r e n e l l i s t a d o d e
incidencias y haber sido alertado el Celador de la zona, a las 8:00 horas, por
el Centro de Emergencias de La Morgal, comunicándole la existencia de
piedras caídas sobre la calzada entre los p.k. 29 y 30.
- Personado, el Capataz de Tineo, en el lugar indicado, constató la existencia
de un vehículo accidentado, marca ?? con matrícula ??
- La carretera, en el supuesto lugar del accidente, consta de una calzada de
9,00 m. de anchura, con carriles de 3,50 m., arcenes de 1,00 m.; en la
margen derecha izquierda existe una cuneta revestida de hormigón de 0,50
m. y una berma de 1,00 m., y en su margen derecha izquierda presenta
barrera de seguridad para protección del pantano de Soto la Barca, y se
encuentra protegido con malla metálica colocada posteriormente a la fecha
del accidente. El pavimento es de aglomerado asfáltico en caliente el cual se
encuentra en perfecto estado.
- El talud en roca, en dicho punto, tiene una altura de 20 m. con una
inclinación 1H/1V.
- El tramo de carretera, en las inmediaciones al supuesto lugar del accidente,
está formado por una alineación curva a la derecha y con una pendiente
longitudinal de la rasante del 3%.
- La visibilidad existente desde el PK 29+600 es de 160 m. en sentido a Puerto
de Cerredo y de 80 m. en sentido a Cornellana.
- La señalización vertical, en el sentido de circulación del vehículo, consiste en
señales R-502 de fin de prohibición del adelantamiento, y la señalización
horizontal se compone de marcas viales continuas de 15 cm. En los bordes y
en el eje marca vial discontinua adosada a otra continua, ambas de 10 cm.,
en el sentido de circulación del vehículo?.
Al informe se acompañan fotografías del lugar del accidente, tomadas en
ambos sentidos de circulación.
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4. Con fecha 16 de noviembre de 2005, registro de entrada en la
Administración del Principado de Asturias de 18 de noviembre de 2005, el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº ??de ?? solicita la remisión del
expediente ??, con motivo de la interposición de recurso contenciosoadministrativo
contra la desestimación presunta de la solicitud, de fecha 19 de
octubre de 2004, sobre responsabilidad patrimonial en el expediente
referenciado. Solicita, además, que por la Administración se proceda el
emplazamiento de los interesados, incluida la compañía de seguros, caso de
existir contrato de seguro que cubra la reclamación.
5. Con fecha 25 de noviembre de 2005, se dicta Resolución por el Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras ordenando la
r e m i s i ó n a l J u z g a d o d e l o C o n t e n c i oso-Administrativo nº ?? de ??, del
expediente original ??, acompañado del índice autentificado de documentos
que contiene. El mismo día de la Resolución, se remite por la Secretaria General
Técnica de la Consejería el expediente original al órgano judicial que efectuó el
requerimiento, haciendo constar la inexistencia de otros interesados que deban
ser emplazados. Con la misma fecha se remite, también, copia del expediente
al Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
6. Con fecha 28 de noviembre de 2005, se remite al Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº ??de ??escrito de la Jefa del Servicio de Asuntos Generales
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, de fecha 24 de noviembre de 2005, en el que se hace constar
la inexistencia de contrato de seguro en este caso, por lo que la propia
Administración del Principado de Asturias habría de hacerse cargo de la
indemnización.
7. Por el instructor del procedimiento, con fecha 17 de enero de 2005, se dicta
propuesta de resolución en sentido estimatorio de la reclamación presentada
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por considerar que concurren los requisitos necesarios para declarar la
responsabilidad de la Administración.
8. En este estado de tramitación, mediante escrito de fecha 23 de enero de
2006, registrado de entrada el día 24 de enero de 2006, V.E. solicita al Consejo
Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen por el procedimiento
de urgencia sobre consulta preceptiva relativa al procedimiento de reclamación
de responsabilidad patrimonial de la Administración del Principado de Asturias,
objeto del expediente número ??, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, adjuntando a tal fin copia
autentificada del mismo.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
consideraciones fundadas en derecho:
PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del
Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo
18.1, letra k), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de
julio, y a solicitud del Presidente del Principado de Asturias, de conformidad con
lo establecido en los artículos 17, apartado a), y 40.1, letra a), de la Ley y del
Reglamento citados, respectivamente.
En la solicitud de dictamen, se requiere a este Consejo que lo emita por
el procedimiento de urgencia. El artículo 19, apartado 3, de la Ley del
Principado de Asturias 1/2004, ya citada, establece que ?Cuando en la orden de
remisión del expediente se hiciese constar motivadamente la urgencia del
dictamen, el plazo máximo para su despacho será de quince días hábiles?. En la
orden de remisión se invoca el artículo citado ?habida cuenta de que el
reclamante ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo núm. ?? de ??, contra la desestimación
presunta de esta reclamación por silencio administrativo, y se ha fijado para el
día 14 de marzo de 2006 la vista, siendo necesario resolver expresamente la
reclamación en vía administrativa antes de dicha fecha?. En consecuencia, el
presente dictamen se emite dentro del plazo de quince días hábiles desde su
solicitud.
SEGUNDA.- Atendiendo a lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), está
el reclamante activamente legitimado para formular reclamación de
responsabilidad patrimonial, por cuanto que su esfera jurídica patrimonial se ha
visto directamente afectada por los hechos que la motivaron.
Por su parte, la Administración del Principado de Asturias está
pasivamente legitimada en cuanto titular de los servicios frente a los que se
formula reclamación.
TERCERA.- En cuanto al plazo de presentación de la reclamación, el artículo
142.5 de la LRJPAC dispone que ?En todo caso, el derecho a reclamar prescribe
al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de
manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a
las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o
determinación del alcance de las secuelas?. En el presente caso, se presenta la
reclamación con fecha 19 de octubre de 2004, habiendo tenido lugar los hechos
de los que trae origen el día 3 de enero del mismo año, por lo que es claro que
fue ésta presentada dentro del plazo de un año legalmente determinado.
CUARTA.- El procedimiento seguido en la tramitación del expediente se ajusta
a lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes de la LRJPAC, desarrollados por
el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en
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materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo (en adelante Reglamento de Responsabilidad Patrimonial).
Se cumple, pues, con los trámites fundamentales de incorporación de
informes de los servicios afectados, trámite de audiencia con vista del
expediente y propuesta de resolución.
No obstante, se observa la omisión del trámite de audiencia en la forma
legalmente procedente, una vez instruido el procedimiento; en este caso, una
vez incorporados al expediente los distintos informes emitidos durante su
tramitación. A pesar de la citada omisión, dado el sentido estimatorio de la
propuesta de resolución adoptada, por aplicación de un principio de economía
procesal, no cabe estimar necesaria la retroacción de actuaciones cuando, de
subsanarse los posibles defectos procedimentales, es de prever, en buena
lógica, que se produciría la misma propuesta de resolución.
Se aprecia, asimismo, que el plazo de seis meses para adoptar y notificar
la resolución expresa, establecido en el artículo 13.3 del Reglamento de
Responsabilidad Patrimonial, se ha rebasado ampliamente. En efecto,
presentada la reclamación el día 19 de octubre de 2004, en el momento de la
entrada de la solicitud de dictamen en este Consejo Consultivo, el día 24 de
enero de 2006, el plazo legalmente establecido para resolver expresamente el
procedimiento administrativo no sólo se había sobrepasado con creces, sino
que el reclamante había recurrido jurisdiccionalmente la desestimación presunta
de su reclamación. Nada impide, sin embargo, la resolución tardía, ya que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.3, segundo inciso, de LRJPAC, en los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ?La desestimación por
silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que
resulte procedente?, de modo que, subsistente la obligación de la
Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los
procedimientos, la única condición que la Ley impone en casos como el que nos
ocupa, en el que por el vencimiento del plazo ha operado el silencio negativo,
es la de que la resolución expresa posterior se adopte ?por la Administración sin
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vinculación alguna al sentido del silencio? (artículo 43.4, letra b) de la referida
LRPJPAC).
QUINTA.- El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que ?Los
particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos?.
A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC, ya citada, dispone que ?1.- Los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos. 2.- En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas?.
Estos preceptos sientan el derecho de los particulares a ser indemnizados
por la Administración de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el deber de
responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares, sino que,
para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública,
deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando las
circunstancias concurrentes en cada caso.
En efecto, en aplicación de la citada normativa legal, y atendida tanto la
jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina del Consejo de Estado,
para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública será
necesario que, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, concurran, al
menos, los siguientes requisitos: a) la efectiva realización de un daño o lesión
antijurídica, evaluable económicamente e individualizado en relación con una
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persona o grupo de personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea
producto de fuerza mayor.
SEXTA.- A j u i c i o d e e s t e C o n s e j o , d e la documentación obrante en el
expediente resulta acreditada fehacientemente la efectividad del daño
patrimonial sufrido por el reclamante. La realidad y certeza del hecho lesivo se
deriva básicamente de las diligencias levantadas por los agentes de la Guardia
Civil, que, avalando la versión del reclamante, dejan constancia de que la
colisión que motiva la reclamación de responsabilidad patrimonial se produjo a
consecuencia del desprendimiento de piedras del talud de la carretera AS-15,
en la zona por la que circulaba el vehículo del reclamante.
Ahora bien, acreditada la realidad del daño, es preciso determinar si el
mismo ha sido producido como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin
intervención de elementos extraños que puedan influir alterando el nexo causal.
En el presente caso, el daño se produjo a consecuencia de la utilización
por el reclamante de un servicio público, la carretera AS-15, de titularidad del
Principado de Asturias, cuya Administración está obligada a mantener las
carreteras autonómicas abiertas a la circulación pública en condiciones tales
que la seguridad de quienes las utilicen quede normalmente garantizada. De las
actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y de los informes del Servicio
de Conservación y Seguridad Vial de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, se desprende que el origen del
daño fue la existencia de piedras en la vía, caídas del talud de la carretera, sin
que conste en el informe de la fuerza actuante ni en el resto de informes
obrantes en el expediente que se hubieran adoptado medidas precautorias ni
que el riesgo de desprendimientos estuviera señalizado, con el fin de evitar o, al
menos, reducir al máximo posible el riesgo de accidentes, garantizando así unas
condiciones mínimas de seguridad en la utilización de la red pública de
carreteras. Es precisamente la omisión de este deber de la Administración, el
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Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
que nos permite concluir la existencia de nexo causal entre el funcionamiento
del servicio público y las consecuencias dañosas cuya reparación solicita el
reclamante.
En cuanto a la valoración del daño, consta en el expediente factura por
importe de mil setecientos veintiocho euros con un céntimo (1.728,01 ?),
relativa a los daños derivados de la colisión, cuyos extremos coinciden con los
daños puestos de manifiesto por el reclamante.
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
dictamina que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración del Principado de Asturias y, estimando la reclamación
presentada, indemnizar a don ?? en la cantidad de mil setecientos veintiocho
euros con un céntimo (1.728,01 ?).?
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
G i j ó n , a ? ?
EL SECRETARIO GENERAL,
V.º B.º
EL PRESIDENTE,
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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