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Dictamen de Consejo Consultivo del Principado de Asturias 159/2007 de 05 de diciembre de 2007
Relacionados:
Órgano: Consejo Consultivo del Principado de Asturias
Fecha: 05/12/2007
Num. Resolución: 159/2007
Cuestión
Reclamación formulada por ?, por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la vía pública.Contestacion
Fuente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias http://www.ccasturias.es
Expediente Núm. 69/2007
Dictamen Núm. 159/2007
V O C A L E S :
Fernández Pérez, Bernardo,
Presidente
Bastida Freijedo, Francisco
Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda
Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis
Secretario General:
García Gallo, José Manuel
El Pleno del Consejo
Consultivo del Principado de
Asturias, en sesión celebrada el día
5 de diciembre de 2007, con
asistencia de los señores y señora
que al margen se expresan, emitió
el siguiente dictamen:
?El Consejo Consultivo del Principado
de Asturias, a solicitud de V.E. de 8 de marzo de 2007, examina el expediente
relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de
Gijón formulada por doña ??, por las lesiones sufridas como consecuencia de
una caída en la vía pública.
De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
1. Con fecha 29 de agosto de 2006, tiene entrada en el registro del
Ayuntamiento de Gijón un escrito presentado por doña ?? en el que solicita
?responsabilidad patrimonial?, indicando únicamente ?caída en registro de
saneamiento que estaba roto. Lesiones en pie derecho y piernas. Calle en que
se produjo: ???.
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Adjunta al escrito dos informes del Área de Urgencias de ??: el primero,
de fecha 26 de agosto de 2006, se refiere a una ?contusión en pierna (I) tras
caída en la calle, al meter la pierna (por) una alcantarilla según refiere la
paciente?, y el segundo, del día 28 del mismo mes, alude a una ?contusión pie
(D)?, sin ninguna otra indicación sobre el origen del traumatismo.
2. Mediante escrito de 30 de agosto de 2006, el Director de la Asesoría Jurídica
municipal requiere a la interesada para que complete su escrito de reclamación.
3. Con fecha 27 de septiembre de 2006, la interesada presenta en el registro
municipal un escrito en respuesta al requerimiento anterior. Sobre los hechos,
afirma que ?el día 26 de agosto de 2006, sobre las diez de la mañana (?), por
la calle ?? de Gijón, a la altura del número ??, metió la pierna en la boca del
registro de saneamiento que se encontraba abierta (?). Posteriormente fue
informada de que momentos antes de la caída, una máquina de limpieza del
Ayuntamiento había pasado por dicho lugar provocando que saltara la tapa del
registro?.
Señala como testigos de lo sucedido a cinco personas, de las que aporta
sus nombres y domicilios. Concreta las lesiones o daños en una ?contusión en
pierna izquierda y erosión cutánea en muslo izquierdo? y una ?contusión de pie
derecho?, que, según dice, fue diagnosticada dos días más tarde, ?ante signos
de tumefacción y dolor? en dicho pie. Indica que ?necesitó 23 días para curar
(?), desde el día 26 de agosto de 2006 hasta el día 18 de septiembre de 2006,
durante los cuales estuvo impedida para realizar sus ocupaciones habituales?, y
que, a la fecha de la reclamación, persisten secuelas consistentes en ?molestias
en forma de dolor? y ?disminución de su capacidad funcional en lo que respecta
a la locomoción?.
Añade en su escrito que es ?una mujer viuda de 79 años (?), que vive
sola. Además (?) padece de diabetes y había sido recientemente operada de la
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cadera de cuya operación se encontraba ya prácticamente recuperada?,
ocasionándole la caída ?un retroceso? en su estado de salud.
En cuanto a la relación causal señala que ?la caída (?) tuvo lugar por
encontrarse rota y abierta una alcantarilla o registro de saneamiento, que
precisamente se había abierto tras pasar la máquina limpiadora que depende
de los servicios de limpieza del Ayuntamiento?. Indica como fecha de ?alta
médica definitiva? el día ?18 de septiembre de 2006?.
En cuanto a la evaluación económica del daño, solicita doce mil euros
(12.000 ?) por ?la incapacidad temporal y por los sufrimientos físicos, lesiones y
secuelas que padece (?), que aún siente un tremendo dolor (?), con una
importante limitación funcional que le impide moverse con normalidad como
hacía con anterioridad al accidente?.
Acompaña nuevamente copia de los informes médicos de la ?? Hospital
de ?? y de un informe del Centro de Salud ??, suscrito el 18 de septiembre
de 2006, donde se recoge que a dicha fecha persisten ?molestias en forma de
dolor y disminución de su capacidad funcional en lo que respecta a la
locomoción?.
A modo de ?otrosí?, solicita la práctica de las siguientes pruebas: la
?documental aportada?; más documental consistente en que se requiera a la
Policía Local de Gijón para que ?remitan al Ayuntamiento el parte nº ???, y el
interrogatorio de tres testigos, aportando los respectivos pliegos de preguntas.
4. Durante la instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial se
incorporan al mismo los siguientes documentos:
a) Oficios del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Gijón solicitando
informe sobre los hechos, con fecha 29 de septiembre de 2006, al Jefe de la
Policía Local y al Jefe del Servicio de Obras Públicas y, con fecha 4 de octubre
de 2006, a la Empresa de Limpiezas, S.A. (en adelante EMULSA) y a la Empresa
Municipal de Aguas, S.A., (en adelante EMA).
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b) Parte nº ??, remitido por el Jefe de la Policía Local de Gijón el día 2
de octubre de 2006, en el que se señala que dos agentes ?el día 26 de agosto
de 2006, a las 9:45 horas, se personaron en la calle ?? nº ??, donde una
mujer había caído en una arqueta de la EMA que tenía la tapa rota./ Se
comprueba el hecho, pasándose aviso a una ambulancia del 112, que traslada
al Hospital ??? a la ahora interesada, de la que también se aportan otros datos
personales y su dirección.
c) Informe del Jefe de la Sección Técnica de Apoyo del Servicio de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 3 de octubre de 2006, en el que
se indica que ?teniendo en cuenta el contenido de la presente petición de
responsabilidad patrimonial, el expediente debe ser remitido a (EMULSA) y a
(EMA)?.
d) Informe del Director Gerente de EMULSA, de fecha 6 de octubre de
2006, afirmando que ?no tiene constancia de los hechos, ni aparece en los
partes de trabajo incidencia alguna?, y que dentro de su actividad ?no se
encuentra incluido el mantenimiento de los registros de saneamiento?.
e) Informe del Director Gerente de EMA, fechado el 20 de octubre de
2006, en el que señala que, ?habiendo recibido en fecha 26 de agosto de 2006
un aviso por rotura de una tapa de registro en esa dirección, ese mismo día se
procedió a su reposición?.
f) Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de noviembre de 2006,
admitiendo la prueba testifical propuesta.
g) Actas, de fecha 9 de enero de 2007, que recogen el resultado de la
prueba testifical realizada.
La primera testigo propuesta, después de indicar que no conoce a la
interesada y que no tiene interés alguno en el asunto, relata que ?estaba
asomada a la ventana y siempre pasa por allí la máquina de limpiar las aceras y
justamente en ese momento oigo un ruido y veo que rompe una chapa. El chico
que iba en la máquina se paró y bajó a mirar lo que había pasado, miró la
chapa y se fue hasta el final de la calle (?). Cuando bajé a la calle estaba ya (la
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interesada) sentada en una silla esperando que llegara la ambulancia. Llegó
una chica de la limpieza en una furgoneta. Le comenté si podía hacer algo para
que viniera pronto la ambulancia y me dijo que ella precisamente venía a mirar
la tapa pues habían avisado de la rotura. Como quedaba gente con ella, incluso
estaba la Policía Local, me fui?.
La segunda testigo, que también dice no conocer a la interesada ni tener
interés en el asunto, afirma ?yo no la vi caer, yo la oí pedir socorro y auxilio.
Cuando llegué a donde se encontraba la señora tenía una pierna metida dentro
del registro, estaba boca abajo y pidiendo ayuda?. También indica que
?apareció una gerente de EMULSA, para comprobar el daño que había causado
la máquina de la limpieza y se encontró con que ya había pasado el accidente?.
Finalmente, la tercera testigo, que, según señala, tampoco conoce a la
interesada ni tiene interés alguno en el asunto, declara que ?estaba en casa y
(?) oí pedir auxilio, entonces me asomé a la ventana y la vi caída con una de
las piernas dentro del agujero. En ese momento no había nadie al lado de ella.
Entonces bajé por la escalera corriendo y al acercarme ya estaba una señora
con ella. Entre todos la recogimos, la sentamos en una silla, porque estaba
temblando. Llamaron a la Policía y a la ambulancia. (?) me fui para casa y
desde la ventana (?) vi como se la llevaba la ambulancia?.
5. Mediante oficio de 12 de enero de 2007, la Alcaldesa comunica a la
interesada que, finalizada la instrucción del procedimiento, dispone de un plazo
de quince días para la vista del expediente, formulación de alegaciones y
presentación de los justificantes que estime pertinentes. La comunicación se
acompaña de una relación de los documentos obrantes en el mismo que podrá
analizar en el plazo indicado.
6. El día 31 de enero de 2007, comparece ante el Servicio Jurídico del
Ayuntamiento de Gijón para dar vista al expediente una tercera persona
actuando en representación de la interesada, a quien se le facilita, el día 2 de
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febrero de ese mismo año, una copia de cuantos documentos integrantes del
mismo había solicitado. Se adjunta al expediente una autorización otorgada por
la interesada a favor de quien actúa en su representación para ?traslado y
puesta a disposición para el trámite de alegaciones?.
7. Con fecha 8 de febrero de 2007, la interesada presenta en las oficinas de
Correos de Gijón, un escrito de alegaciones, en el que, analizando la prueba
testifical practicada, reafirma su relato de los hechos y evaluación de los daños
y reitera su pretensión indemnizatoria. Añade que el 7 de febrero de ese año,
?al persistir el dolor en la pierna (?), ha continuado siendo asistida por los
médicos del (Servicio de Salud del Principado de Asturias) habiendo tenido
nuevamente consulta (?) con el traumatólogo?.
Junto con este escrito de alegaciones aporta copias del informe del
Servicio de Traumatología de ?? Hospital de ??, de fecha 7 de febrero de
2007, y del certificado de matrimonio y de defunción de su esposo, fallecido el
día 25 de junio de 2001.
8. Con fecha 27 de febrero de 2007, la Jefa del Servicio de Reclamaciones
Patrimoniales formula propuesta de resolución en el sentido de desestimar la
reclamación, señalando que ?las pruebas sólo acreditan las lesiones pero en
ningún caso ni el cómo ni el modo de producirse la caída?, y que ?no consta
acreditado por parte (de la) recurrente que la caída sufrida pueda ser atribuida
a la actuación administrativa. Los documentos aportados únicamente hacen
referencia a las lesiones y secuelas sufridas (?), pero en modo alguno ha
habido prueba directa del modo y lugar exacto donde se produjo, salvo la que
se deduce de la mera declaración (de la) recurrente, dado que las pruebas
testificales aportadas al expediente, no desvirtúan los informes técnicos
obrantes? en el mismo. Finalmente, afirma que ?no se puede deducir, conforme
a las reglas del criterio racional un enlace preciso y directo entre el
funcionamiento del servicio público y la lesión expresiva de esa dependencia
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entre ambos, del que resulte que la lesión es consecuencia inmediata, directa y
exclusiva del funcionamiento normal o anormal del servicio público, y sin que
en esa relación la causa a efecto intervenga la conducta del perjudicado?.
9. En este estado de tramitación, mediante escrito de 8 de marzo de 2007,
registrado de entrada el día 12 del mismo mes, V.E. solicita al Consejo
Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta
preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento de Gijón objeto del expediente núm. ??,
adjuntando a tal fin copia autentificada del mismo.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
consideraciones fundadas en derecho:
PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo de
conformidad con lo establecido en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del
Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo
18.1, letra k), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo,
aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a solicitud de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Gijón, en los términos de lo establecido en los artículos 17,
apartado b), y 40.1, letra b), de la Ley y del Reglamento citados,
respectivamente.
SEGUNDA.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), está la interesada
activamente legitimada para formular reclamación de responsabilidad
patrimonial, por cuanto su esfera jurídica se ha visto directamente afectada por
los hechos que la motivaron.
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El Ayuntamiento de Gijón está pasivamente legitimado en cuanto titular
de los servicios frente a los que se formula la reclamación.
TERCERA.- En cuanto al plazo de presentación de la reclamación, el artículo
142.5 de la LRJPAC dispone que ?En todo caso, el derecho a reclamar prescribe
al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de
manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a
las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la
determinación del alcance de las secuelas?. En el asunto ahora examinado, la
reclamación fue presentada el día 29 de agosto de 2006, y los hechos a que se
refiere se produjeron el día 26 de ese mismo mes, por lo que es claro que lo
fue dentro del plazo de un año legalmente determinado.
CUARTA.- El procedimiento administrativo aplicable en la tramitación de la
reclamación se encuentra establecido en los artículos 139 y siguientes de la
LRJPAC y, en su desarrollo, en el Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (en
adelante Reglamento de Responsabilidad Patrimonial), aprobado por Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
En aplicación de la normativa citada, se han cumplido los trámites
fundamentales de incorporación de informe de los servicios afectados,
audiencia con vista del expediente y propuesta de resolución.
No obstante, advertimos la concurrencia de determinadas irregularidades
formales en la tramitación del procedimiento. La primera de ellas consiste en
que, como ya hemos señalado en dictámenes anteriores (Núm. 18, 99 y 173 de
2006, y 55/2007, entre otros), no consta el órgano administrativo que tiene
encomendada la instrucción, actuando en ella distintas personas y órganos (del
Servicio Jurídico, de la Asesoría Jurídica y del Servicio de Reclamaciones
Patrimoniales). Todo ello se hubiese evitado de haber procedido a formalizar el
nombramiento del órgano instructor, tal y como establecen, en general, los
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artículos 78 y siguientes de la LRJPAC y, para este procedimiento en particular,
el artículo 7 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial, correspondiéndole
a dicho órgano la instrucción e impulso de oficio de todo el procedimiento.
También hemos de señalar que no se ha dado cumplimiento a la
obligación de comunicar a la interesada, en los términos de lo establecido en el
artículo 42.4 de la LRJPAC, la fecha en que su solicitud ha sido recibida por el
órgano competente, el plazo máximo legalmente establecido para la resolución
-y notificación- del procedimiento, así como los efectos que pueda producir el
silencio administrativo.
Asimismo, se aprecia que ha sido rebasado el plazo de seis meses para
adoptar y notificar la resolución expresa, establecido en el artículo 13.3 del
Reglamento de Responsabilidad Patrimonial. Recibida la reclamación en el
registro el día 29 de agosto de 2006, se concluye que, a la fecha de entrada de
la solicitud de dictamen en este Consejo Consultivo, el día 12 de marzo de
2007, el plazo de resolución y notificación ha sido sobrepasado. No obstante,
ello no impide la resolución del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 42.1 y 43.4, letra b), de la referida LRJPAC.
QUINTA.- El artículo 106.2 de la Constitución dispone que ?Los particulares, en
los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos?.
A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC, ya citada, establece en su
apartado 1 que ?Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos?. Y, en su apartado 2, que ?En todo caso, el daño
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alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas?.
Por otra parte, el artículo 141 de la ley citada dispone en su apartado 1
que ?Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes
de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la
Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o
circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los
conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales
o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos?.
En el ámbito de la Administración local, el artículo 54 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL),
establece que ?Las Entidades locales responderán directamente de los daños y
perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de
sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la
legislación general sobre responsabilidad administrativa?.
Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el
deber de responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares,
sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando
las circunstancias concurrentes en cada caso.
En efecto, en aplicación de la citada normativa legal y atendida la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública será necesario que, no habiendo
transcurrido el plazo de prescripción, concurran, al menos, los siguientes
requisitos: a) la efectiva realización de una lesión o daño antijurídico, evaluable
económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de
personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
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normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea producto de fuerza
mayor.
SEXTA.- Los hechos objeto de reclamación son en síntesis los siguientes: en la
mañana del día 26 de agosto de 2006, la reclamante, cuando transitaba por
una acera, introdujo una pierna dentro de un registro de saneamiento, cuya
tapa se encontraba rota. Como consecuencia de la caída sufrió unas lesiones
para las que tuvo que requerir asisten c i a m é d i c a e l m i s m o d í a , t r a s s e r
trasladada en ambulancia al Hospital de ??, y también dos días después ante
la persistencia de los dolores, prolongándose dicha asistencia, según se señala
en el escrito de subsanación, hasta el 18 de septiembre de 2006, fecha del alta
médica definitiva.
Por lo que respecta al hecho dañoso, resulta acreditado, en primer lugar,
que la arqueta de saneamiento tenía la tapa rota como consecuencia del paso
sobre la misma de un vehículo de limpieza de aceras; servicio público que es
prestado por la empresa EMULSA. En segundo lugar, que la rotura se produce
momentos antes de caerse en la arqueta la interesada: según la primera testigo
compareciente, oyó un ruido, vio cómo se rompía la tapa y cómo el conductor
de la máquina se detuvo para ver lo sucedido; testimonio que es coherente con
lo declarado por la segunda testigo, cuando indica que ?apareció una gerente
de EMULSA, para comprobar el daño que había causado la máquina de limpieza
y se encontró con que ya había pasado el accidente?. Ante la contradicción de
estos testimonios con lo señalado en el informe del Director Gerente de dicha
empresa municipal el día 6 de octubre de 2006, que dice desconocer lo
sucedido, hemos de dar por probada la versión ofrecida por las testigos, dada
la coincidencia de esas declaraciones, junto con el hecho indudable, reconocido
por la Policía Municipal, de que la arqueta en cuestión tenía la tapa rota. En
tercer lugar, que la interesada se cae al introducir una de sus piernas en la
arqueta sin tapa. Si bien ninguna de las testigos observa directamente lo
sucedido en un primer momento, dos de ellas señalan haber visto a la
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interesada aún con una pierna dentro del registro, pidiendo ayuda, siendo ellas,
junto con otras personas, las primeras en socorrerla.
Ahora bien, la existencia del daño producido no puede implicar, sin más,
la responsabilidad de la Administración Pública, sino que ha de examinarse si,
en el presente caso, se dan las circunstancias que permitan reconocer a la
reclamante su derecho a ser indemnizada por concurrir los requisitos
legalmente exigidos; en concreto, si el daño o lesión ha sido o no consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de un servicio público en una relación de
causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que puedan influir
alterando el nexo causal.
En aplicación de la normativa vigente en materia de régimen local,
corresponde a las Corporaciones Locales el mantenimiento de la red de
saneamiento y el cuidado de los elementos que la integran. El artículo 74.1 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
establece que ?Son bienes de uso público local los caminos y carreteras, plazas,
calles, paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras
públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía
sean de la competencia de la Entidad local". Por su parte, la competencia, en
este caso del Ayuntamiento de Gijón, resulta de lo dispuesto en el artículo 25.2
de la LRBRL, que dispone que ?El Municipio ejercerá en todo caso,
competencias (?) en las siguientes materias: (?) d) (?) pavimentación de vías
públicas urbanas (?). l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de
limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales?.
Corresponde, por tanto, a los municipios el cuidado de los elementos
integrantes de los servicios públicos objeto de las competencias enumeradas en
el artículo 25.2 de la LRBRL con la diligencia adecuada para evitar riesgos
innecesarios a los viandantes. Una arqueta sin tapa o cubierta de manera
defectuosa, por desplazamiento o rotura de la pieza que la cubre, encierra un
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peligro que requiere de la Administración una actuación dirigida a la urgente
reposición de la misma. Cuando no es posible efectuar la reparación definitiva
de modo inmediato, resulta exigible a la Administración la adopción diligente de
medidas temporales de naturaleza preventiva, consistentes, bien en el
cubrimiento provisional del hueco correspondiente, bien en su vallado o
balizamiento completo o, en su defecto, en una señalización adecuada, y en un
control periódico de estos medios.
En el presente caso, la caída se produce inmediatamente después de la
rotura de la tapa por la máquina de limpieza municipal. Así lo afirma la propia
reclamante interesada (?momentos antes de la caída, una máquina de limpieza
del Ayuntamiento había pasado por dicho lugar provocando que saltara la tapa
del registro?). También lo corrobora la primera de las testigos, que declara que
vio romperse la chapa y cómo ?el chico que iba en la máquina se paró y bajó a
mirar lo que había pasado, miró la chapa y se fue hasta el final de la calle (?).
Cuando bajé a la calle estaba ya (la interesada) sentada en una silla esperando
que llegara la ambulancia?. Es perfectamente verosímil que dicho conductor
diese aviso a la empresa, puesto que la misma testigo afirma, acto seguido,
que ?llegó una chica de la limpieza en una furgoneta. Le comenté si podía hacer
algo para que viniera pronto la ambulancia y me dijo que ella precisamente
venía a mirar la tapa?; relato que coincide básicamente con el de otra de las
testigos, que manifiesta que, un poco antes de que apareciera la Policía Local,
se personó en el lugar una ?gerente de EMULSA para comprobar el daño que
había causado la máquina y se encontró con que ya había pasado el accidente?.
Todo indica que se trata de un lamentable accidente difícil de evitar, dada su
inmediatez, y no achacable a la falta de diligencia de la Administración, que
actuó con suma celeridad para verificar el desperfecto, aunque no fue suficiente
para balizar la zona de peligro -en tanto se reponía la tapa de la arqueta- antes
de que se produjese un accidente; cosa que, según el informe de EMA, se hizo
?ese mismo día?.
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El suceso concreto que examinamos puede calificarse de caso fortuito
porque cumple con las notas de ?indeterminación? y de ?interioridad? que lo
caracterizan según la doctrina científica y la jurisprudencia (por todas,
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2001, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 6ª). Cierto que al hecho no cabe atribuirle una
indeterminación en sentido estricto, ya que la causa que produce el daño es
conocida por el agente del servicio, el conductor, que es consciente de que ha
roto la tapa de la arqueta y de que es previsible que se produzca un accidente,
pero cuando, inmediatamente, da aviso del desperfecto ya ha sucedido la caída,
sin posibilidad material de evitarla. Por tanto, cabe entender asimilada esta
circunstancia a la ?indeterminación? de que pudiese producirse de manera tan
súbita el accidente. Obviamente, se cumple también la segunda característica,
la ?interioridad?, ya que la rotura de la tapa del registro está directamente
relacionada con el funcionamiento del servicio público, en este caso, el de
limpieza municipal.
Ahora bien, el carácter objetivo de la responsabilidad de la
Administración incluye el caso fortuito, pues, de conformidad con el artículo
106.2 de la Constitución, sólo es ajena a esa responsabilidad la fuerza mayor,
caracterizada por la determinación irresistible y la exterioridad al servicio
público. En consecuencia debemos considerar responsable del daño acaecido a
la Administración municipal.
SÉPTIMA.- Fijados los hechos y establecida la relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y el daño producido, procede que
analicemos la cuantía de la indemnización solicitada por la perjudicada. La
reclamante no fundamenta la valoración de la reclamación indemnizatoria que
solicita, sino que se limita a exponer que considera ?ponderada? tal
indemnización ?para cubrir la totalidad del perjuicio causado (?) por la
incapacidad temporal y por los sufrimientos físicos, lesiones y secuelas que
padece?.
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Sin embargo, gran parte de los daños que alega carecen del necesario
soporte probatorio como para que sean tenidos en cuenta. En relación con la
interferencia en el proceso de recuperación de la implantación de la prótesis de
cadera, nada se ha probado. Tampoco que durante el periodo de convalecencia
la interesada haya necesitado la asistencia de una tercera persona para realizar
las funciones básicas de autocuidado. Según el informe médico de Atención
Primaria que aporta, la curación de sus heridas requirió dos atenciones de
urgencia en el Hospital de ??, donde se le habría aplicado un vendaje elástico,
y cuatro visitas a enfermería del centro de salud, para curas y revisión del
vendaje de las piernas, indicándose en el mismo que, a fecha 18 de septiembre
de 2006, persisten ?molestias en forma de dolor y disminución de su capacidad
funcional en lo que respecta a la locomoción?. Pero tampoco se ha acreditado
fehacientemente que la consulta a Traumatología, unos cinco meses más tarde
(el día 7 de febrero de 2007), guarde relación directa con las consecuencias del
accidente, y precisamente, dado el tiempo transcurrido, no cabe suponer tal
relación cuando no se documenta ninguna otra atención sanitaria desde el día
18 de septiembre de 2006; fecha que, recordemos, la propia interesada señala
como de ?alta médica definitiva?.
En consecuencia, deben valorarse los daños y perjuicios ocasionados a la
interesada considerando las lesiones sufridas y un periodo de curación que
media entre la fecha del accidente, el día 26 de agosto de 2006, y la indicada
como de ?alta?, el 18 de septiembre de ese mismo año. En orden a la
determinación del importe de la indemnización, tal y como ya hemos señalado
en dictámenes anteriores, ?parece apropiado valerse del baremo establecido al
efecto en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
Vehículos a Motor (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre), que, si bien no resulta de aplicación obligatoria,
viene siendo generalmente utilizado, con carácter subsidiario, a falta de otros
criterios objetivos?. Tratándose de un sistema de indemnización que se
actualiza anualmente de acuerdo con el índice general de precios al consumo,
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la utilización del último baremo publicado (Resolución de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, de 7 de enero de 2007) hace innecesaria la
aplicación del artículo 141.3, in fine, de la LRJPAC.
De todo ello resulta una indemnización de seiscientos cincuenta euros
con ochenta y ocho céntimos (650,88 ?), producto de asimilar, a efectos del
cálculo, el periodo de recuperación (24 días) a lo que dicho baremo señala
como indemnización básica, incluidos daños morales, para días de baja no
hospitalaria no impeditivos (27,12 ? por día).
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
dictamina que procede declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento
de Gijón y, estimando parcialmente la reclamación formulada por doña ??,
indemnizar a la reclamante en la cantidad de seiscientos cincuenta euros con
ochenta y ocho céntimos (650,88 ?).?
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
G i j ó n , a ? ?
EL SECRETARIO GENERAL,
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.
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