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09/02/2023
Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 9/1998 de 03 de febrero de 1998
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Órgano: Consejo Consultivo de Aragon
Fecha: 03/02/1998
Num. Resolución: 9/1998
Cuestión
Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de daños producidos a un vehículo por especie cinegéticaContestacion
Número Expediente: 111/1997Administración Consultante: Comunidad Autónoma
Materia: Reclamaciones administrativas de
indemnización de daños y perjuicios
Comisión Jurídica Asesora
del Gobierno de Aragón
DICTAMEN 9/1998
Excmo. Sr. D. Juan Antonio GARCíA TOLEDO,
Presidente
Ilmo. Sr. D. Rafael ALCAZAR CREVILLEN
Ilmo. Sr. D. Lorenzo CALVO LACAMBRA
Ilmo. Sr. D. Antonio EMBID IRUJO
Ilmo. Sr. D. Jesús SOLCHAGA LOITEGUI
La Comisión Permanente de
la Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón, con
asistencia de los Consejeros que
al margen se expresa, en reunión
celebrada el día 3 de febrero de
1998, emitió el siguiente Dictamen:
La Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón ha examinado el
expediente tramitado por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente por
reclamación de indemnización de daños formulada por ?X?.
De los ANTECEDENTES resulta:
Primero.- Según resulta del expediente administrativo, con fecha 19 de mayo
de 1997 tuvo entrada en el Registro del Servicio Provincial de Zaragoza del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, de la Diputación General de
Aragón, un escrito de ?X?, solicitando el abono de 201.884 pts, en concepto de
indemnización por los daños sufridos por su vehículo, matrícula ?, cuando el día 8
de septiembre de 1996 sufrió un accidente de circulación en el p.k. 331 de la
carretera estatal N-II, al colisionar con un jabalí, que murió tras el siniestro, habiendo
surgido, según las averiguaciones efectuadas, de un terreno cinegético libre.
Con dicha solicitud acompañaba certificado expedido por un número de la
Guardia Civil de Tráfico destinado en el Destacamento de Alfajarín, en el que se
acredita que el vehículo matrícula ? sufrió un accidente de circulación por el
atropello de un jabalí, a la altura del km. 331 de la carretera N-II, con daños
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materiales cuyo valor no puede determinar; asimismo se adjuntaba al escrito de
reclamación copias de la orden de reparación y consecuente factura, emitidas por el
titular del Taller Alcolea, de la La Puebla de Alfindén (localidad de domicilio del
reclamante), por un importe de 201.884 pts.
Segundo.- Con fecha 26 de mayo de 1997, el Jefe del Servicio Provincial de
Zaragoza del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente remitió la indicada
reclamación a la Dirección General del Medio Natural, informando, en cuanto a la
clasificación cinegética del lugar, "que pertenece al término municipal de Zaragoza y
se trata de terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, no estando sometido a
ningún otro régimen cinegético especial ni figura de protección alguna".
Sin que conste la práctica de otras diligencias y actuaciones, se formula,
prescindiendo del trámite de audiencia al interesado al no existir en el expediente
documento alguno objeto de contradicción, propuesta de resolución estimatoria de la
reclamación por la cuantía interesada, con fundamento en lo dispuesto por el art.
39-1-b) del Decreto 108/1995, de 9 de mayo, de la Diputación General de Aragón, y
por el art. 1902 del Código Civil, "ya que existe nexo causal entre el accidente y la
Administración autonómica por cuanto ésta es responsable legalmente de los daños
producidos por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos de
aprovechamiento cinegético común".
Tercero.- Finalmente el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de
las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, y en el art.
12 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica
Asesora, remite a este órgano consultivo el expediente y la propuesta de resolución
mediante escrito de 6 de noviembre de 1997, que tuvo entrada en la Comisión el
siguiente día 13.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I
El dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo
que legalmente tiene atribuído la Comisión Jurídica Asesora. Según el artículo 56.2
a) de la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón,
cuando el ordenamiento jurídico así lo disponga, la Comisión emitirá dictamen
preceptivo sobre las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios en las
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que la Comunidad Autónoma sea competente para adoptar la resolución final,
precepto que ha de ponerse en conexión con el artículo 12.1 del Reglamento de los
procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por R.D.
429/1993, de 26 de marzo, y con el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril, del Consejo de Estado.
Y dado su objeto, la emisión del dictamen corresponde a la Comisión
Permanente de este órgano consultivo (artículo 64.1 de la misma Ley 1/1995).
II
La Comisión, a la vista del expediente tramitado, ha de pronunciarse acerca
de si procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada
en relación con daños ocasionados como consecuencia de la irrupción de un jabalí
en una carretera nacional, produciéndose una colisión con el vehículo, al que
ocasionó desperfectos materiales. Por mandato del artículo 12.2 del Reglamento
aprobado por RD 429/1993, de 26 de marzo, se ha de concretar específicamente la
existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público
y la lesión producida, con valoración en su caso, del daño causado y la cuantía y
modo de la indemnización, considerando los criterios legales de aplicación.
En el Derecho español vigente, y en relación con la institución de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, el artículo 106.2 de la Constitución
atribuye a los particulares el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos y se cumplan los demás requisitos dispuestos en el ordenamiento
jurídico, que a esos efectos está constituído por los arts. 139 y ss. de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes y desarrolladoras
de los mismos.
Los requisitos para una declaración de responsabilidad patrimonial de la
Administración, según reiterada formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen
establecido por el Derecho positivo sobre la materia, pueden articularse
resumidamente en la forma siguiente: 1º) Efectiva realización del daño o perjuicio
evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo
de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de
causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que
el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya
prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo legal se halla fijado en un año,
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computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o
desde la manifestación de su efecto lesivo).
En el presente supuesto, sin embargo, y al margen de la permanente
posibilidad del planteamiento de una responsabilidad patrimonial de la
Administración con fundamento en los principios anteriormente expuestos, se ha de
tener en cuenta la existencia de una normativa específica constituída por la Ley
aragonesa 12/1992, de 10 de diciembre, de Caza, cuyo art. 72.1 comprende una
serie de supuestos en los que la Administración Autonómica asume la indemnización
de los daños producidos por piezas de caza en función de lo previsto objetivamente
por ese mismo ordenamiento y, se insiste, con independencia de la aplicabilidad de
la institución de la responsabilidad patrimonial. En cualquier caso, examinaremos en
la siguiente consideración jurídica de conjunto la existencia en este supuesto de los
requisitos de la responsabilidad patrimonial y, también, la aplicación de lo previsto en
la Ley de Caza citada.
III
Conforme al método anunciado pasamos a examinar si los requisitos de la
responsabilidad patrimonial se han cumplido en el supuesto sometido a Dictamen de
esta Comisión Jurídica Asesora. El expediente tramitado, pese a su absoluta
simplicidad, ayuda a realizar esa tarea debiendo, por tanto, destacarse inicialmente
cómo se han cumplido todos los trámites formales que son la primera garantía del
ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas.
En efecto, a través del examen de este procedimiento se advierte
perfectamente la realidad de un daño producido, que ha sido evaluado
económicamente con las facturas presentadas inicialmente por el perjudicado y,
posteriormente, aceptadas por la Administración.
El daño sufrido es, además, consecuencia de la realización de una situación
objetiva prevista por el ordenamiento jurídico aplicable específicamente al caso y
que regula la asunción por la Diputación General de Aragón de los daños producidos
por las especies cinegéticas procedentes de una serie de terrenos enumerados en el
art. 72.1 de la Ley aragonesa 12/1992, de 10 de diciembre, de Caza, desarrollado a
estos efectos en el art. 39.1 del Decreto 108/1995, de 9 de mayo, cuyo apartado b)
impone a la Diputación General de Aragón la obligación de indemnizar, previa
instrucción del oportuno expediente, los daños ocasionados por las especies
cinegéticas procedentes, entre otros supuestos que aquí no interesan, "de los
terrenos cinegéticos de aprovechamiento común" .
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Es el mismo ordenamiento jurídico, así pues, el que establece un claro
supuesto de hecho y sus consecuencias indemnizadoras no debiendo
consiguientemente realizarse otra tarea que la de la subsunción de la actuación
concreta realizada en el tipo legal regulado. Es, entonces, perfectamente deducible
de la propia información sumistrada por el Servicio Provincial de Zaragoza del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente que el jabalí procedente de un
terreno cinegético de aprovechamiento común, es decir, no sometido a ningún
régimen especial, imputa objetivamente a la Administración Autonómica, en
aplicación de las normas indicadas, los daños de cualquier clase que haya podido
causar dicho animal.
En definitiva, estamos en presencia de una responsabilidad legalmente
impuesta si concurre el supuesto de hecho previsto, sin que sea necesaria la
presencia de una relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión
producida, razón por la cual debe suprimirse, en todo caso, de la propuesta de
resolución la alusión a la exigencia de nexo causal y a la aplicabilidad del art. 1902
del Código Civil, que construye el instituto de la responsabilidad extracontractual
precisamente sobre el basamento de la culpa o negligencia, elemento extravagante
cuando se está en presencia de una responsabilidad objetiva determinada ex lege.
Pero además y siguiendo con los requisitos de la responsabilidad patrimonial,
no hay ningún supuesto de fuerza mayor existente sino que, por el contrario, la
irrupción del jabalí se ha desarrollado dentro de los parámetros de lo que sería
actividad normal de dicho animal en función de unas necesidades de
desplazamiento no causadas por una voluntad irresistible, imprevisible, ajena al
orden natural de la vida de esta especie.
Por fin, se ha formulado la reclamación en plazo, en cuanto que, producidos
los hechos el 8 de septiembre de 1996, se formuló la petición de responsabilidad el
19 de mayo de 1997, cuando en modo alguno había transcurrido el plazo del año
que marca la Ley. Asimismo, se han respetado todos los requerimientos
procedimentales exigibles, aunque, al amparo de lo permitido por el art. 84-4 de la
Ley 30/1992, se haya prescindido del trámite de audiencia, al no haberse tenido en
cuenta hechos y pruebas distintas a las aducidas por el interesado.
En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de
Aragón formula el siguiente DICTAMEN:
Que, de acuerdo con la propuesta de resolución, y sin perjuicio de las
matizaciones que deben introducirse en la misma según lo indicado en el cuerpo del
presente dictamen, procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por ?X? ante la Diputación General de Aragón, a consecuencia de los
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daños en su vehículo producidos por colisión causada por la irrupción en la carretera
de un jabalí procedente de un terreno de aprovechamiento cinegético común
En Zaragoza, a tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
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