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09/02/2023
Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 57/2007 de 02 de mayo de 2007
Relacionados:
Órgano: Consejo Consultivo de Aragon
Fecha: 02/05/2007
Num. Resolución: 57/2007
Cuestión
Proyecto de Decreto por el que se pretende la aprobación del Reglamento que regula la actividad de los centros de bronceado y la venta y alquiler deaparatos de broceado mediante radiaciones ultravioletas en Aragón.
Contestacion
Número Expediente: 45/2007Administración Consultante: Comunidad Autónoma
Materia: Proyectos de reglamentos ejecutivos
Comisión Jurídica Asesora
del Gobierno de Aragón
DICTAMEN 57/2007
Excmo. Sr. D. Juan Antonio GARCÍA TOLEDO
Presidente
Ilmo. Sr. D. Rafael ALCÁZAR CREVILLÉN
Ilmo. Sr. D. Javier DOMPER FERRANDO
Ilmo. Sr. D. Antonio EMIB IRUJO
Ilmo. Sr. D. Fco. Javier HERNÁNDEZ PUÉRTOLAS
Ilmo. Sr. D. Federico LARIOS TABUENCA
Ilmo. Sr. D. Carlos NAVARRO DEL CACHO
Ilmo. Sr. D Juan Fco SAENZ DE BURUAGA Y MARCO
El Pleno de la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de
Aragón, con asistencia de los
Consejeros que al margen se
expresan, en su sesión celebrada el
2 de mayo de 2007, emitió el
siguiente Dictamen:
El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón ha examinado el
proyecto de Decreto por el que se pretende la aprobación del Reglamento que regula la
actividad de los centros de bronceado y la venta y alquiler de aparatos de broceado
mediante radiaciones ultravioletas en Aragón.
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 15 de marzo de 2007 tuvo asiento en el Registro de entrada de
la Comisión Jurídica Asesora el proyecto de Decreto por el que se regula actividad de los
centros de bronceado y la venta y alquiler de los aparatos de bronceado mediante
radiaciones ultravioleta en la Comunidad Autónoma de Aragón. El proyecto fue remitido por
la Consejera de Salud y Consumo mediante oficio suscrito el 8 de marzo de 2007.
Segundo .- El proyecto de Decreto enviado consta de una disposición transitoria,
una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anexos, el primero de ellos
estableciendo la reglamentación en dieciocho artículos, agrupados éstos en seis capítulos.
El segundo anexo concierne a los datos que deben integrar la comunicación de actividades
de bronceado mediante radiaciones ultravioleta, y el tercero resulta atinente al contenido de
los Cursos de Formación.
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Tercero .- La documentación que acompaña al proyecto de Decreto, por el orden en
que ha sido cosida, es la siguiente:
1) Orden del Departamento de Salud y Consumo, de fecha 13 de julio de 2004, por
la que se acuerda iniciar la elaboración del proyecto de Decreto, encomendando su factura
a la Dirección General de Salud Pública.
2) Primer proyecto (no numerado), con un contenido de 18 artículos, remitido al
Secretario General del Departamento en fecha 3 de agosto de 2004.
3) Listado de Instituciones, Asociaciones, Federaciones, Cámaras, Sindicatos y
Colegios a los que se atribuye la condición de interesados con los que debiera ser
cumplimentado el trámite de audiencia.
4) Páginas 7836 y 7837 del ejemplar del BOA nº 95, de 13 de agosto de 2004, en
las que aparece publicada la Resolución de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Salud y Consumo mediante la cual se somete a información pública el
proyecto de Decreto.
5) Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud y
Consumo, de fecha 6 de agosto de 2004, mediante la cual se somete a información pública
el proyecto de Decreto.
6) Oficios remitidos a las Secretarias Generales Técnicas de los Departamentos,
trasladando el proyecto de Decreto.
7) Un segundo listado de Instituciones, Asociaciones, Federaciones, Cámaras,
Sindicatos y Colegios a los que se atribuye la condición de interesados con los que debiera
ser cumplimentado el trámite de audiencia.
8) Justificantes del Servicio de Correos, de fecha 12 de agosto de 2004,
acreditativos de la remisión del proyecto a las Instituciones, Asociaciones, Federaciones,
Cámaras, Sindicatos y Colegios
9) Alegaciones al contenido del proyecto presentadas por el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, Departamento de Salud y Consumo, Colegio Oficial de
Médicos de Huesca, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja,
Instituto Tecnológico de Aragón, Futuro Tecnológico, Asociación Española del Bronceado,
Departamento de Agricultura y Alimentación y Dirección General de Urbanismo.
Entremezcladas con ellas, aparecen también otras alegaciones presentadas por el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, ya en el año 2005, justificadas por tratarse
de un proyecto común entre ambos Departamentos.
10) Escrito del Servicio de Información y Documentación Administrativa y
certificados de las Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en Jaca y en Calatayud
expresivos de no haber sido consultado el proyecto ni presentado alegaciones durante el
periodo de información pública.
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11) Certificado, de fecha 29 de octubre de 2004, de haber sido expuesto el proyecto
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Zaragoza.
12) Segundo proyecto de Decreto (sin numerar), en el que se mantiene similar
estructura y extensión.
13) Escrito informativo de las modificaciones a las que fue sometido el proyecto de
Decreto previamente a su sometimiento a información pública.
14) Informes varios, de fecha 31 de enero de 2005, dando respuesta a las
alegaciones presentadas por los interesados en el periodo de información pública y
acogiendo aquellas que se estimaron procedentes en beneficio de la regulación.
15) Escrito del Jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Medioambiental al
Director General de Salud Pública, remitiendo ejemplar del proyecto significando reanudar
el trámite tras múltiples reuniones con el Departamento de Industria Comercio y Turismo
para distribuir competencias.
16) Escrito de mayo de 2006 remitiendo el proyecto a la Secretaría General Técnica
de Salud y Consumo.
17) Certificado del Director General de Salud Pública, de fecha 28 de julio de 2004,
expresivo de que el proyecto de reglamento no supone gasto público alguno para la
Diputación General de Aragón.
18) Memoria explicativa de la justificación de la necesidad de la norma y de su
inserción en el ordenamiento, fechada el 5 de junio de 2006.
19) Informe de los Servicios Jurídicos, de fecha 14 de febrero de 2007.
20) Escrito de la Jefatura de Sección de Relaciones Institucionales, de fecha 27 de
junio de 2006, con sugerencias de modificaciones y adiciones al proyecto.
21) Ejemplar del proyecto de Decreto, remitido por la Dirección General de Salud
Pública a la Secretaría General Técnica al objeto de que sea sometido al dictamen de la
Comisión.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I
Sobre la competencia de la Comisión
La competencia de la Comisión deriva de lo preceptuado en el art. 56.1 b) del Texto
Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto
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Legislativo 1/2001, de 13 de julio (TRLPGA), en cuanto dispone que la Comisión Jurídica
Asesora emitirá dictamen preceptivo sobre ? los proyectos de disposiciones de carácter
general que se dicten en ejecución de una ley, sea ésta estatal o autonómica, o de una
norma comunitaria, así como de sus modificaciones ?.
El proyecto de Decreto, como en su preámbulo se indica expresamente, se entiende
vinculado al desarrollo de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de
los Consumidores y Usuarios de Aragón, Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón,
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de
mejora de la protección de consumidores y usuarios, además de ser también desarrollados
el RD 1002/2002, de 27 de septiembre (venta y utilización de los aparatos de bronceado),
RD 7/1988, de 8 de enero, modificado por RD 154/1995, de 3 de febrero (seguridad del
material eléctrico), y RD 444/1994, de 11 de marzo (procedimientos de evaluación de la
conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de
los equipos, sistemas e instalaciones), este último derogado y sustituido por el RD
1580/2006, de 22 de diciembre, que incorpora la Directiva 2004/108 CE. En este ámbito
opera la Comunidad Autónoma dentro de sus competencias exclusivas reflejadas en el art.
71.26ª y 71.48ª del Estatuto de Autonomía vigente (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril), en
relación con los arts. 14 (protección de la salud y 17, que refuerza el derecho ala la
información y a la protección de la salud de los consumidores y usuarios.
Por ello, se presenta clara la competencia de la Comisión para emitir con carácter
preceptivo el presente Dictamen, que corresponde sea elaborado por el Pleno de este
Organo consultivo, según lo dispuesto en el art. 63.1.a) TRLPGA, en función de la
naturaleza normativa del texto remitido.
II
Sobre el trámite del proyecto
A) En general .- El expediente tramitado se inicia con la Orden de elaboración, del
Departamento de Salud y Consumo, de fecha 13 de julio de 2004 (art. 32.1 TRLPGA, art.
69.1 LRJAP), seguida del primer anteproyecto de fecha 9 de marzo, el cual incluye la
correspondiente preámbulo (art. 32.2 TRLPGA), correctamente intitulado, en seguimiento
de las Directrices de técnica normativa.
Se ha llevado a cabo, durante el plazo legal, el trámite de información y audiencia
públicas con arreglo a lo prevenido en el art. 33 TRLPGA, con participación de las
asociaciones representativas de intereses colectivos relacionados con la materia a
reglamentar, así como de los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales y
las corporaciones representativas de intereses económicos y sociales, dado que se está
regulando una forma de intervención administrativa en relación a unas actividades
industriales, de contenido económico. Igualmente ha sido dada la oportunidad de ser
escuchadas a las entidades locales a través de sus organizaciones representativas,
existiendo constancia de todo ello en el expediente, al igual que constan los justificantes
acreditativos de los emplazamientos efectuados, los informes emitidos por la Dirección
General de la Salud Pública dando cumplida y cabal respuesta a las alegaciones
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presentados por los interesados, y el emitido por la Dirección General de Servicios
Jurídicos, determinantes de los sucesivas propuestas del proyecto de norma. Y todo ello
enmarcado en un paquete documental debidamente foliado, aunque no siempre
cronológicamente ordenado y con ausencia de una explicación definida y concreta de las
causas que demoraron y paralizaron el trámite, sustancialmente, desde la fecha en que
fueron informadas las alegaciones, el 31 de enero de 2005, hasta que fue retomado el
mismo con la redacción de un nuevo proyecto en fecha 30 de mayo de 2006 (en la Memoria
se expresa que consensuado tras múltiples reuniones conjuntas, una vez superadas las
discrepancias en cuanto a la competencia o, más bien, en cuanto al defecto de competencia
en relación a la actividad desplegable por la Consejería de Industria).
B) Sobre la Memoria justificativa .- Los criterios de la Comisión, expresados en
dictámenes precedentes, han señalado que la Memoria es una pieza capital e ineludible en
el procedimiento elaborador de una disposición de carácter general y que debe
incorporarse a éste desde el inicio del expediente, sin perjuicio de que con posterioridad se
introdujeran en ella las modificaciones procedentes como consecuencia de las alegaciones
u observaciones que pudieran derivar del resultado del periodo de audiencia e información
pública o de los informes administrativos emitidos. No siendo ello solo una exigencia formal,
sino que atiende al principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la
Constitución, presentándose necesario que en la Memoria se reflejen puntualmente las
razones que motivan la nueva norma, de tal forma que permita constatar las actuaciones
realizadas e, incluso, pueda servir como parámetro de control en el modo de ejercer la
Administración la potestad normativa en caso de ejercicio de acciones judiciales frente a la
misma, amparando el derecho a la tutela judicial efectiva (dictámenes 53/99, 81, 88 y
176/2002 y 105/2005). Si la Memoria debe dar razón de los motivos que empujan al creador
de la norma para promulgarla -se dice en el dictamen 28/2003-, es oportuno que los futuros
destinatarios de la misma tengan elementos de juicio para apreciar aquella intención
confesada, para poder valorar si está en correlación con los específicos mandatos que
contiene, sin que sea suficiente una vaga descripción de lo que significará la norma y de las
consecuencias prácticas de la misma. De tal forma que, como ha declarado el Consejo de
Estado (por ejemplo, en su dictamen número 2.872/1999, de 28 de octubre), "una falta de
razonamiento explícito, amplio y claro en la Memoria puede generar la oscuridad de los
propósitos del órgano proponente del proyecto y la clausura de un debido control
jurisdiccional e incluso de la crítica social, que debe facilitarse en un concepto democrático
del funcionamiento de la Administración".
Aunque esta deficiencia (la tardía confección de la Memoria) no implique privar de
validez al procedimiento, debe resaltarse que el mandato del art. 32.2 TRLPGA tiene un
triple objeto, justificar la necesidad de promulgación de la norma, así como su forma de
inserción en el ordenamiento jurídico, y valorar los efectos que, a juicio del Departamento
proponente, puedan seguirse de su aplicación. Y dicho objeto no ha podido ser plenamente
satisfecho, cuando, como se ha advertido para el caso presente, el documento no se revela
existente de manera simultánea a la redacción del proyecto inicial, impidiendo ser conocido
por parte de los interesados e intervinientes en el procedimiento, al igual que ha impedido
que otros órganos o la propia Comisión evalúen la perspectiva de su evolución y las
explicaciones formalmente otorgadas a las modificaciones introducidas en el trámite hasta
obtener el proyecto que resulta finalmente propuesto.
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Ciertamente, en nuestro caso el contenido de la Memoria hace referencia a las
vicisitudes del trámite y a su paralización. Si bien, la descripción del trámite y de sus
accidentes, no debe integrar propiamente o, al menos, no solamente, el contenido de la
Memoria, dado que ésta debe ostentar como finalidad primordial la justificación de la
necesidad de la norma y, en su caso, el dar explicación de los diferenciados contenidos
normativos que finalmente se proponen en relación a los que inicialmente se preveían que
debieran haber configurado el ordenamiento, pues es ésta la prevención normativa que
contiene el art. 32 TRLPGA.
Adicionalmente y aunque sea por la normal evolución del ordenamiento en el
tiempo, cabe reseñar que tampoco le ha sido posible a la Memoria el adaptarse a las
normas actualmente vigentes, dado que el texto final refiere a la LARAG 8/1997, de 30 de
octubre, como es sabido, derogada por la LARAG 16/2006, de 28 de diciembre.
C) En relación a la Memoria económica .- En la medida en que el art. 32.2 TRLPGA
exige una Memoria económica si de la ejecución o aplicación de la norma hubieren de
derivarse efectos económicos, ha de resultar aceptable la constancia en el procedimiento
de un certificado del Director General de la Salud Pública, de fecha 28 de julio de 2004,
expresivo de que la aplicación de la norma no conlleva incremento de gasto para la
Diputación General de Aragón.
D) El preámbulo de la norma , mantiene un rigor equivalente al de la Memoria
justificativa, en la medida en que ambos se desenvuelven en la descripción del marco del
ordenamiento que posibilita, aconseja y determina la emisión de la norma, aunque podría
haberse prestado singular atención o profundizado en la explicación de lo que se entiende
que han de constituir las principales novedades introducidas por el texto reglamentario.
También por razón de la normal evolución del ordenamiento en el tiempo, no le ha
sido posible al Preámbulo el contemplar la derogación del RD 444/1994, de 11 de marzo
(procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a
compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones) y su sustitución
por el RD 1580/2006, de 22 de diciembre, que incorpora la Directiva 2004/108 CE. Y, lo que
es más importante, la norma a publicar debe mantener la referencia a los contenidos del
Estatuto de Autonomía hoy vigente (LO 5/07) y singularmente a los ya citados arts. 17 y
71.26ª. Desde estas líneas hemos de sugerir, pues, la modificación del preámbulo su
adaptación a la cita de la norma vigente al momento de la publicación del Reglamento.
III
Sobre el contexto y la concepción global del proyecto
Garantizar la defensa de los consumidores y usuarios constituye un principio rector
de nuestro ordenamiento jurídico que impone estructuralmente el art. 51 CE. En su
aplicación no tardó en dictarse la Ley 26/1984, de 19 de julio, que fue continuada,
desarrollada y, en su caso, desplazada, por las normativas autonómicas emanadas al
amparo de las competencias recogidas en los respectivos Estatutos. En nuestro caso, el
artículo 35.1.19ª del anterior Estatuto de Autonomía de Aragón (como lo hace el art. 71.26ª
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del Estatuto vigente) confería a la Comunidad Autónoma competencias exclusivas en
materia de comercio interior y defensa del consumidor y del usuario, posibilitando el que
fuese dictada la LARAG 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario
de la Comunidad Autónoma de Aragón, actualizada y sustituida por la LARAG 16/2006, de
28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, la
cual constituye el marco general que se proyecta a otras normativas y que de manera
particular da cobertura al proyecto de Decreto que cuya aprobación se pretende.
La creciente generalización del uso de los aparatos de radiaciones ultravioletas, sea
directamente por consumidores o mediante una amplia oferta de centros específicos o, en
general, dedicados a la mejora de la estética personal, unido a la certeza de los efectos
fotobiológicos desencadenados por la radiación ultravioleta y la de los riesgos que implica
para la piel un exposición excesiva a dicha radiación -según expuso la Decisión 646/1997,
de 29 de marzo del Parlamento Europeo y del Consejo, luego sustituida por la 1786/2002,
de 23 de septiembre-, ponen de manifiesto la oportunidad del proyecto desde el punto de
vista jurídico, al igual que la dispondría cualquier otro de similar tenor y que insertado en el
marco del ejercicio de las competencias estatutarias y desarrollo de normas legales, fuera
dirigido a la consecución de objetivos y finalidades constitucionalmente prevenidas,
comunitariamente aconsejadas y estatutariamente reforzadas (art. 17 EAA). En este
sentido, el proyecto presentado se ubica en similar modo de comprensión de las cosas que
la llevada a cabo por el Decreto catalán 276/2003, de 21 de octubre, el Decreto vasco
265/2003, de 28 de octubre, el Decreto balear 14/2004, de 13 de febrero, el Decreto gallego
253/2004, de 7 de octubre, el Decreto castellano-manchego 88/2006, de 27 de junio, o el
Decreto madrileño 10/2007, de 22 de febrero, todos ellos dictados en ejecución de las
respectivas normativas autonómicas y en desarrollo del RD 1002/2002.
Ahora bien, desde el mismo punto de vista jurídico, pudiera ser cuestionable el
acierto en la estructura de la reglamentación propuesta, que en algunos fragmentos de su
contenido remite, creemos que con acierto, a la norma estatal que prioritariamente
desarrolla (el RD 1002/2002, de 27 de septiembre) en otros, se limita a reproducir
preceptos de dicha norma estatal (es el caso, por ejemplo del art. 1.a, que reproduce al
definición de centros de bronceado que contiene el art. 2.b del Decreto estatal, o el art. 3.2,
que establece al misma prohibición que el art. 7 de la norma estatal, o el art. 16.1,
coincidente con el art. 13 del Decreto estatal) o, en algún otro, incorpora redacciones de
similar significado pero con diferenciado texto y contexto o con alteraciones, más o menos
leves del precepto original, pudiendo llegar a generar interpretaciones no iguales o diversas
y quizá someter a deterioro el significado y alcance de la norma primitiva.
Es criterio de la Comisión, participado del previamente definido por el Consejo de
Estado (aunque no siempre coincidente con lo opinado por otros operadores jurídicos), que
cuando se acogen y se reproducen otros preceptos de las Leyes, ha de hacerse en sus
exactos términos, pero que tal reproducción sólo resulta procedente en la medida que
pueda contribuir a la inteligibilidad y claridad del desarrollo reglamentario llevado a cabo.
Dicho criterio puede entenderse en alguna medida trasladable, aunque con inferior rigor, a
la extrapolación de preceptos reglamentarios.
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IV
Sobre los contenidos materiales del proyecto
Atendiendo exclusivamente a criterios jurídicos, entiende la Comisión que el
proyecto que es sometido a su consideración pudiera ser objeto de mejora en función de
las siguientes anotaciones, valoraciones y precisiones:
1.- Convendría actualizar el Preámbulo de la norma en función de la cita de las
disposiciones legales vigentes, según ha sido señalado más arriba en el comentario
efectuado en relación a este texto introductorio y en cita concreta de las dos normas
afectadas.
2.- Debiera otorgarse coherencia terminológica al conjunto normativo en lo que
concierne a la denominación de los Departamentos , pues existen preceptos cuya redacción
alude al Departamento de Salud y Consumo (por ejemplo, art. 4, art. 7, art. 9, art. 10) y en
otros, sin embargo, creemos que con mayor acierto, se refiere al Departamento competente
en materia de salud o en materia de consumo, por otra parte, en coherencia con las
alusiones efectuadas por el mismo proyecto al Departamento competente en materia de
industria (en relación a éste sí es mantenida la coherencia terminológica en todo el texto,
con excepción de la DF 1ª, que utiliza la actual denominación completa de ?industria
comercio y turismo?).
3.- En relación al Disposición final segunda , concerniente a la entrada en vigor de la
norma , ha de observarse que desde el primer proyecto ha sido prevenida la eficacia del
reglamento a partir del día siguiente al de la publicación en el BOA. A la Comisión compete
recordar el consejo otorgado por las Directrices de Técnica Normativa aprobadas por
acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 (regulación de las Disposiciones
finales), que sugiere que las normas jurídicas establezcan con normalidad una vacatio legis ,
asumiendo el carácter excepcional del hecho consistente en que las disposiciones
generales entren en vigor al momento de su publicación. Al igual que le cabe llamar la
atención sobre el hecho de que la norma estatal (RD 1002/2002) mantuviera un vacatio
legis de tres meses.
4.- La Comisión comparte el criterio emitido por la Dirección General de Servicios
Jurídicos en lo que atañe a la precisión de clarificar y deslindar en el proyecto el
diferenciado cuadro obligacional que afecta a los distintos sujetos que pudieran ser
afectados por la norma, de una parte, los titulares o los que realizan su actividad en centros
de bronceado , de otra, los que efectúan solamente el alquiler de aparatos de bronceado, y
por último, los sujetos dedicados exclusivamente a la venta de estos aparatos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El proyecto que es sometido a nuestra consideración pretende regular los tres
aspectos que acabamos de relatar. De manera prevalente (y en armonía con las restantes
normativas autonómicas), la mayoría de los preceptos a establecer van dirigidos a regular
la operativa de funcionamiento de los denominados centros de bronceado. Un segundo
aspecto del bloque normativo concierne al establecimiento de obligaciones para los
denominados ?responsables de la actividad de bronceado? que son, según el art. 3 del
proyecto, los titulares de los centros de bronceado y los de la actividad de alquiler de
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aparatos [art. 4 (comunicación de la actividad), art. 5 (requisitos de la actividad), art. 12
(condiciones de utilización y revisión de los aparatos) arts. 14.1 y 14.4 (información al
usuario), art. 15 (hojas de reclamaciones)]. Y un tercer fragmento de la norma debiera
teóricamente responder a la regulación de la venta de los aparatos de bronceado. Pero, a la
hora de la verdad, a pesar del título y de las referencias de los arts. 1.b y 2 del proyecto a la
regulación de la venta, el único precepto del proyecto que afecta al vendedor de aparatos
de radiaciones ultravioleta lo constituye el art. 14.2, que le impone la obligación de entregar
al comprador un documento con la información especificada en el art. 9.1 del RD 1002/2002
concerniente a la información al usuario (en coherencia con ello, tampoco se establecen
prevenciones normativas específicas para el usuario adquirente de los aparatos mediante
compra).
Esta situación (defecto de prevenciones normativas en relación a la regulación de la
venta -la Comisión ha de hacer notar que, según el actual proyecto, los vendedores ni
siquiera se hallan obligados a comunicar el ejercicio de la actividad, lo que podría quizá
dificultar el control administrativo de los centros de venta prevenido en el art. 17.2 del
proyecto-) debiera hacer reflexionar sobre el título del proyecto, el objeto y finalidad
prevenidos para el mismo y el esquema articulado para la regulación.
5.- El art. 4.1 del proyecto requiere que los centros de bronceado y los locales en los
que se ejercite la actividad de alquiler de aparatos para el bronceado, efectúen la
correspondiente declaración ante el Departamento de Salud y Consumo, previamente al
inicio de su actividad, entre otras cosas para poder posibilitar la confección del censo al que
refiere el art. 17.1 del proyecto. Pero, tal como acaba de señalarse en el parágrafo
precedente, debe de ser tomado en consideración que el art. 17.2 del proyecto prevé
también la vigilancia e inspección, no solo de los locales de alquiler de aparatos para el
bronceado, sino también de los de venta, por lo que, a efectos de facilitar este control
administrativo prevenido por el art. 17.2, no sobraría imponer a los establecimientos de
venta el deber de declarar su actividad previamente al inicio de la misma.
También el art. 4.1 del proyecto, al referir a la descripción técnica de los aparatos,
alude a la CE >>. La Comisión entiende que, en
seguimiento de la propia terminología de la Directiva y las disposiciones españolas que
aluden a ella, sería más correcto aludir a la >.
Con independencia de ello, cabe también suprimir la referencia > que se consigna
en anterior línea del mismo párrafo, dado que es la declaración de conformidad del
fabricante la que garantiza el sometimiento a las normas de marcado ?CE?. O, también (y
en línea con la técnica normativa utilizada en párrafo siguiente del mismo precepto) pudiera
bastar el remitir a la norma estatal (RD 1002/2002), cuyo art. 5 creemos ostenta similar
significado y alcance que el inciso del art. 4.1 del proyecto que estamos cuestionando
6.- El art. 11.2 del proyecto (introducido, aunque con diferenciados matices, en
estimación de una alegación presentada por la Asociación Española del Bronceado al art. 9
de proyecto inicial ?y carente de parangón en otras normativas autonómicas-) prevé en la
actualidad que los titulados superiores y medios en el ámbito sanitario, y los titulados
técnicos superiores en estética puedan solicitar la convalidación directa de sus títulos
siempre que acrediten tener conocimiento sobre los temas que componen el programa
establecido en el anexo III.
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No parece ello una regulación impregnada de coherencia, dado que, a diferencia de
los requisitos, plazos y convalidaciones prevenidos para los no titulados, el proyecto no
efectúa regulación alguna y no contempla el modo o manera en que los titulados
anteriormente relacionados puedan acreditar el conocimiento de los temas que integran el
anexo III del proyecto. Y aunque la DF 1ª del proyecto habilita a los Consejeros
competentes en materia de Salud y Consumo e Industria, Comercio y Turismo para el
desarrollo de la norma que se apruebe, parece razonable asumir que, en congruencia con
los restantes contenidos de la norma, debiera haber sido el actual proyecto el que
estableciese, si es que procediere, el modo en que los titulados pudiesen acreditar los
conocimientos en cuestión.
No obstante ello, entiende la Comisión que es aconsejable la supresión o
eliminación de este apartado 2 del art. 11 del proyecto, dado que los cursos para la
formación deben ir dirigidos a quienes carezcan ella, pero no a quienes puedan acreditarla
con una titulación habilitante para el desempeño de la función. A juicio de la Comisión, no
es fácil defender la exigencia de exposición o prueba de conocimientos a quienes disponen
de una titulación que acredita legalmente el disponer de ellos y les habilita para la
manipulación y el manejo de los aparatos, como puede ser el caso de determinadas
especialidades médicas, o incluso más aún, el en caso de los titulados en estética, dado
que el RD 628/1995, de 21 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Estética y las correspondientes enseñanzas mínimas, declara expresamente que la
formación incluye el dominio profesional de los aparatos de rayos ultravioleta y materiales
anexos, así como el de la prueba previa de fotosensibilidad para el cálculo de los tiempos
de radiación.
7) Finalmente y en relación al art. 18 del proyecto , puede recordar la Comisión que
la misión del reglamento en el ámbito del Derecho administrativo sancionador es la de
especificar o graduar el cuadro de infracciones y sanciones prevenidos por las Leyes (art.
25. 1 CE, art. 129.3 LRJAP), con evitación de cualquier clase de formulación abierta,
vaguedad o indefinición (SSTC 113/2002, 100/2003, de 2 de junio, SSTS de 14 de marzo
de 2000 ?RA 2305-, 16 de mayo de 2001 ?RA 4849-), debiéndose establecer una
correlación entre la infracción descrita y la sanción a ella atribuida (SSTC 29/1989, 25/2002,
100/2003, STS de 14 de diciembre de 1992 ?RA9976-), estando vedadas cualesquiera
clase de veleidades hermenéuticas a este respecto (STC 182/1990, ATC 255/2002).
En el marco así descrito, se comprenderá que no parezca adecuado un precepto
meramente ornamental, como el cuestionado, que no innova el ordenamiento ni introduce
especificación, graduación o aclaración alguna respecto de otros contenidos normativos.
Mas, si se considera oportuno su mantenimiento, la alusión efectuada a la ?clasificación? de
las infracciones (1ª línea) debiera quedar sustituida por la referencia a la ?calificación?.
En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón emite
el siguiente DICTAMEN:
Informar favorablemente el proyecto de Decreto por el que se pretende la
aprobación del Reglamento que regula la actividad de los centros de bronceado y la venta y
alquiler de los aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioleta en Aragón, sin
COMISIÓN JUIRÍDICA ASESORA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
11
perjuicio de las sugerencias que se entienden efectuadas desde el punto de vista de la
técnica normativa.
En Zaragoza, dos de mayo de dos mil siete.
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