Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 41/2020 de 03 de marzo de 2020

Cuestión

Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en diversos centros

dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

Contestacion

Número Expediente: 20/2020

Administración Consultante: Comunidad Autónoma

Materia:

Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios

Consejo Consultivo de Aragón

DICTAMEN Nº 41 / 2020

Sr. D. José Manuel MARRACO ESPINÓS

Presidente, p.s.

Sr. D. Jesús COLÁS TENAS

Sr. D. Jesús Antonio GARCÍA HUICI

Sr. D. Gabriel MORALES ARRUGA

Sra. D.ª Elisa MOREU CARBONELL

La Comisión del Consejo Consultivo

de Aragón, con asistencia de los miembros

que al margen se expresan, en reunión

celebrada el día 3 de marzo de 2020, emitió

el siguiente Dictamen.

La Comisión del Consejo Consultivo de Aragón ha examinado el expediente remitido

por la Consejera de Sanidad sobre reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de

la Administración por la asistencia sanitaria, presuntamente incorrecta, prestada a ?X?, motivo

por el que sus familiares reclaman una cantidad indeterminada, en todo caso superior a

30.050 euros.

De los ANTECEDENTES resulta:

Primero.- Con fecha 7 de julio de 2016 se presentó escrito firmado por D.ª ?(esposa

del paciente), y D. ?, D.ª ? y D.ª ? (hijos del paciente), señalando como domicilio a efectos

de notificaciones el despacho del letrado ?, por el que formula reclamación por daños

derivados de la calificada como incorrecta asistencia sanitaria, que le fue prestada a su

esposo y padre, respectivamente, por el Servicio Aragonés de Salud, por lo que reclaman una

cantidad indeterminada, en todo caso superior a 30.050 euros.

En dicho escrito se manifiesta lo siguiente:

«(...)

SEGUNDO: que (...), en enero de 2.014, acude a su médico de cabecera (Dr. F.) del Centro de

Salud de Monzón (Huesca), quien le solicita una analítica rutinaria de control por su edad.

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TERCERO: que el resultado de la analítica, informada el 6 de febrero de 2.014, establece un nivel

doble del límite del PSA, indicativo de posible tumor en la zona de próstata/vejiga.

El médico de cabecera, alarmado por tal hecho, lo remite al Urólogo del Hospital de San Jorge de

Huesca, con consulta a principios de marzo de 2.014. Allí le hacen un tacto rectal al paciente y el urólogo

que le atiende manifiesta que los niveles de PSA no son indicativos de nada a la edad del paciente, por

lo que hace un informe para el médico de cabecera y manda a casa al paciente sin más.

CUARTO: que el médico de cabecera no queda conforme con tal hecho y repite la analítica que se

informa el 19 de junio de 2.014 en la que se refleja el nivel del PSA triplicado y dolor abdominal

inespecífico (descartar LOES).

El paciente, con esta analítica, acude de nuevo al Hospital San Jorge de Huesca, en donde el

Urólogo le dice lo mismo que la vez anterior (se desconoce si fue el mismo Urólogo que lo atendió en

marzo de 2.014) que a su edad el nivel del PSA no tiene importancia y lo manda para casa sin más. Todo

ello sin realizar biopsia ni pruebas para determinar si existen células cancerígenas que estén provocando

los niveles del PSA alterados.

QUINTO: que en octubre de 2.014 el paciente inicia sangrado en la orina y problemas para orinar,

después de un tratamiento por el médico de cabecera, es remitido al Urólogo del Hospital de Barbastro.

SEXTO: que el 21 de noviembre de 2.014 los síntomas empeoran, mostrando malestar general con

fuertes dolores de huesos fundamentalmente en las caderas, y acude a Urgencias del hospital de

Barbastro en donde es sondado, con alta hospitalaria al día siguiente sin prueba alguna.

SEPTIMO: que a principios de diciembre de 2.014 acude a la Uróloga del Hospital de Barbastro

(Dra. C.), quien efectúa un tacto rectal y solicita cistoscopia.

Esta prueba se efectúa en enero de 2.014 en el Hospital de Barbastro, siendo que el Dr. C. no se la

puede hacer, indicando que sea operado de la próstata cuanto antes y requiriendo preoperatorio que se

hace a finales de enero, quedando pendiente de fijar fecha de operación.

OCTAVO: que la situación del paciente empeora con palidez, falta de apetito, pérdida importante de

peso, malestar- general, etc.

NOVENO: que el 3 de febrero de 2.015 es derivado por el médico de cabecera a Urgencias del

Hospital de Barbastro, el paciente no orinaba, tenía dificultades para respirar, expulsaba sangre por la

boca, abdomen hinchado y color amarillento.

Es ingresado hasta el 13 de febrero de 2.015 que es dado de alta hospitalaria y remitido a casa

indicando a la familia que se trata de un proceso anémico y tiene que tomar hierro para coger fuerzas

antes de la operación.

Todo ello sin realizar TAC, RESONANCIA, NI OTRA PRUEBA PARA CONOCER EL ESTADO

INTERNO DEL PACIENTE. Incluso los familiares se quejan, expresamente, a la Dra. C. y ésta contesta

que no pasa nada.

El traslado del Hospital a casa se efectúa en ambulancia, pues el paciente no podía andar, y se

fatiga con mucha facilidad, mostrando síntomas de asfixia.

En los días posteriores, a petición de la familia, el médico de cabecera acude al domicilio del paciente

para realizar seguimiento del estado del paciente, así como del tratamiento prescrito.

DECIMO: que el 23 de febrero de 2.015 el médico de cabecera ve al paciente muy mal, detectando

valores muy bajos de saturación de oxígeno en sangre y requiere ambulancia para llevarlo a Urgencias

del Hospital de Barbastro, donde permanece durante 24 horas en observación y conectado con mascarilla

de oxígeno, al día siguiente 24 de febrero de nuevo es dado de alta, todo ello sin realizar TAC,

RESONANCIA, NI OTRA PRUEBA PARA CONOCER EL ESTADO INTERNO DEL PACIENTE.

El día 25 de febrero por prescripción del médico de cabecera es enviado de nuevo con ambulancia

a Urgencias del Hospital de Barbastro con malestar general, abdomen hinchado, síntomas de asfixia y

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valores muy bajos de saturación de oxígeno en sangre, en donde se efectúa TAC con contraste,

detectando encharcamiento del abdomen y queda ingresado.

En el Hospital, el día 9 de marzo de 2.015 se indica a la familia que es un posible cáncer de próstata

con metástasis. Y el 10 de marzo de 2.015 que no hay solución para el paciente y quieren sedarlo, todo

ello sin contar con una prueba concluyente que pueda aclarar donde está ubicado el hipotético cáncer y

el estado del mismo, para poder determinar si existe un posible tratamiento.

El fallecimiento se produjo el 11 de marzo de 2.015.

DECIMO PRIMERO: que ante la negativa del Hospital de realizar la autopsia al paciente, el hijo del

paciente (...) interpuso una denuncia instando la misma, que fue concedida por el Juzgado de Guardia.

Se adjuntan:

- Informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

- Informe forense que evidencia que el cáncer ha sido un factor coadyuvante en el fallecimiento.

- Auto de archivo en la vía penal a fecha de 30 de mayo de 2.016.

DÉCIMO SEGUNDO: que de todos estos hechos se deduce la posible existencia inicial de un cáncer

de próstata/vejiga, sobre el que no se ha hecho caso a las solicitudes constantes del médico de cabecera,

derivando la desatención, tanto del Hospital San Jorge de Huesca como del Hospital de Barbastro, en el

crecimiento del cáncer y su diseminación por metástasis, con el consiguiente fallecimiento del paciente.

DÉCIMO TERCERO: que no se puede cuantificar la presente reclamación debido a los siguientes

conceptos:

* No se conoce el porcentaje a aplicar sobre el criterio de pérdida de oportunidad. Criterios ambos

(pérdida de oportunidad y porcentaje sobre el mismo) que son utilizados por el Gobierno de Aragón en

sus Resoluciones. Véase como ejemplo la Resolución de 22 de agosto de 2011 (...), en el que el Gobierno

de Aragón aplicó un porcentaje reductor del 70% al valorar la pérdida de oportunidad en el 30% (todo ello

después de realizar el Expediente hasta su final) (...).

(...)

*Desde el punto de vista de la LJCA, el art. 71.1.d autoriza la petición de cuantía indeterminada, al

establecer: ?Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el

derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará

también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados

en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación

de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia?. Ello

implica que, en casos de pérdida de oportunidad, en donde será a lo largo del procedimiento, con el

desarrollo de las pruebas, cuando se puedan fijar las bases para la determinación de la cuantía y no

antes, pues no puede fijarse una cuantía si se desconoce el porcentaje a aplicar sobre el criterio de

pérdida de oportunidad.

(...)

DÉCIMO CUARTO: que el paciente no fue debidamente atendido (...).»

Acompañan al escrito los siguientes documentos:

1.- Escritura de poder general para pleitos, otorgado por los reclamantes a favor de

procuradores y del abogado ?

2.- Denuncia presentada por uno de los hijos del paciente ante el Juzgado de Huesca,

solicitando la realización de la autopsia de su padre para averiguar la causa del fallecimiento.

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3.- Certificado de defunción del paciente.

4.- Documentos pertenecientes a la historia clínica del paciente.

5. Informe del Servicio de Histopatología del Instituto Nacional de Toxicología y

Ciencias Forenses de fecha 26 de abril de 2016, en el que manifiestan que los principales

hallazgos histopatológicos han sido:

«? Corazón con hipertrofia y dilatación asociada. Moderada miocardioesclerosis.

No se observan cambios dependientes de isquemia aguda miocárdica ni procesos inflamatorios

asociados.

? Pulmón con múltiples pequeños focos tumorales compatibles con metástasis por carcinoma

con imágenes de invasión vascular tumoral (véase descripción) Marcados cambios de edema y

congestión asociados.

? Hígado con moderada fibrosis periportal y cambios de congestión asociados.

? Bazo con cambios de congestión.

? Leve nefroangioesclerosis. Cambios de autolisis y congestión sobreañadidos.

? Fragmento de vejiga urinaria con lesiones compatibles con úlceras epiteliales y cistitis crónica

asociada.»

6.- Informe complementario de autopsia forense, emitido por médico del Instituto de

Medicina Legal de Aragón, en fecha 10 de mayo de 2016, en el que se hace constar lo

siguiente:

«Los resultados de los estudios son anodinos. No hay un trastorno o afectación claro que pueda

explicar la muerte. Ciertamente aparecen pequeños focos tumorales dispersos (metástasis de cáncer de

próstata). Parece evidente que hay un cáncer de próstata, pero los cambios morfológicos que presenta

la vejiga no son de origen canceroso por lo que no hay invasión local del mismo. A nivel renal y cardiaco

hay patología degenerativa no llamativa y acorde con la edad.

Con toda la información disponible se infiere que se trata de una muerte natural en el contexto de

un cáncer de próstata no invasivo, pero con metástasis pulmonares que no explica la causa de la muerte

por sí mismo. Es por ello que entiendo que la causa fundamental de la muerte tiene un origen biológico

normal (vejez) y que el mencionado cáncer ha sido un factor coadyuvante más pero no con un papel

primordial en este suceso.»

6.- Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Barbastro, de fecha

30 de mayo de 2016, por el que se decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias

previas iniciadas por denuncia de los familiares.

Segundo.- Por oficio de fecha 22 de julio de 2016, la Directora del Servicio Provincial

de Sanidad de Huesca comunica al abogado de la reclamante la entrada y la incoación de la

tramitación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.

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Tercero.- Mediante escritos de fecha 22 de julio de 2016, se solicita a la Gerencia del

Sector de Barbastro la remisión del Parte de Reclamación del Seguro de Responsabilidad

Sanitaria, la copia de la historia clínica del paciente obrante en el Hospital de Barbastro y en

el Centro de Salud de Monzón, así como los informes de los médicos intervinientes; y a la

Dirección del Hospital San Jorge la remisión del Parte de Reclamación del Seguro de

Responsabilidad Sanitaria, la copia de la historia clínica del paciente obrante en dicho

establecimiento sanitario y los informes de los médicos intervinientes.

Cuarto.- Por escrito de fecha 27 de julio de 2016, el Director del Hospital San Jorge

remite copia del Parte de reclamación del Seguro de Responsabilidad Sanitaria.

Quinto.- El 29 de julio de 2016, la Directora del Servicio Provincial comunica a la

Secretaría general Técnica del Departamento de Sanidad la presentación de la reclamación

de responsabilidad patrimonial, remitiéndole copia del Parte de reclamación del Seguro de

Responsabilidad Sanitaria.

Sexto.- El 29 de julio de 2016, la Directora del Servicio Provincial de Huesca comunica

a la Correduría de seguros de la Administración, Aon, Gil y Carvajal, S.A., para su traslado a

la aseguradora, la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Séptimo.- Por nota interior de fecha 29 de julio de 2016, se remite copia de la

documentación obrante en expediente al inspector médico para que emita el pertinente

informe.

Octavo.- Mediante escritos de fechas 28 de julio y 4, 5 y 12 de agosto de 2016, el

Director de Gestión y Servicios Generales del Sector de Barbastro remite la documentación

que le había sido solicitada, en la que se incluyen los informes siguientes:

1.- Informe emitido por la Dra. C., especialista del Área de Urología (folios 261 y 262),

en el que hace constar lo siguiente:

«Paciente evaluado por nuestro Servicio por primera vez, a los 84 años de edad el día 21/11/2014

durante su presencia en Urgencias del hospital de Barbastro, sin ser conocedores de los hechos 1 a 4

que se mencionan en la reclamación.

El 21 de noviembre de 2014 acude a urgencias del Hospital de Barbastro por retención urinaria y

hematuria, tras la realización de cistoscopia en centro privado de Monzón. El paciente refiere hematuria

en los días previos.

En urgencias se coloca sonda vesical y es valorado por el Dr. C. (F.E. de Área de Urología del

Hospital de Barbastro), que recoloca sonda vesical, y ante la presencia de orina levemente hematúrica

remite a Consultas Externas de Urología en el plazo aproximado de 15 días para estudio.

El 16 de diciembre de 2014 es valorado por la Dra. C. (F.E. de Área de Urología del Hospital de

Barbastro) en la consulta. Pregunta por antecedentes médicos generales, apuntando entre ellos el

antecedente de ACxFA en tratamiento con Xarelto y el antecedente urológico de adenomectomía

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trasvesical de próstata hace 23 años, como posibles motivos de hematuria. El paciente no refiere otros

antecedentes urológicos ni hematuria previa, así como, micción confortable.

Se anota ecografía realizada el 31 de julio de 2014 solicitada por su Médico de Atención Primaria

ante dolor abdominal inespecífico: riñones normales sin dilatación de la vía excretora. Vejiga a media

repleción no valorable. Imagen nodular retrovesical de 6.4 cm.

Se realiza tacto rectal observando próstata de tamaño grado II irregular, con lóbulo izquierdo más

indurado compatible con posibles crecimientos prostáticos tras la adenomectomía previa, sin poder

descartar Ca de próstata.

Se solicita urocultivo (negativo) y citología de orina (negativa para células malignas), así como

cistoscopia.

La cistoscopia se realiza el 20 de enero de 2015 por el Dr. C. con cistoscopio flexible observando:

"celda cerrada a nivel de cuello vesical por esclerosis, adenómeros o Tm, que imposibilita el paso del

cistoscopio flexible a la vejiga"; por lo que en ese mismo momento se apunta en lista de espera para la

realización de exploración bajo anestesia y resección transuretral de cuello con intención diagnósticoterapéutica.

Quedando pendiente, y ya valorado por el Servicio de Anestesia, acude a urgencias por tos y

expectoración hemoptoica, con hematuria en los días previos, en el contexto de INR: 4, por lo que se

retira el tratamiento con Xarelto.

Presenta hemoglobina 8.1g/dl y plaquetopenia 46000.

Se decide ingreso a cargo del Servicio de Urología con sistema lavador vesical y se trasfunden 2

concentrados de hematíes. A las 24h del ingreso presenta orina clara y recuperación del Hcto: 30.3% y

Hb: 10.4 g/dl.

Durante todo el ingreso el paciente presentó orina clara, persistiendo la hemoptisis y

trombocitopenia, por lo que fue valorado por los Servicios de Neumología y Hematología, descartando

patología aguda.

El 13 de febrero de 2015 se da de alta hospitalaria de acuerdo con los Servicios de Neumología y

Hematología. Ya reintroducido el tratamiento con Xarelto presentan orina clara, por lo que se programa

la intervención quirúrgica diagnóstico-terapéutica pendiente tras la recuperación del paciente en

domicilio.

El 25/02/2015 el paciente ingresa en el Servicio de Medicina Interna por cuadro de disnea de

mínimos esfuerzos, que mejoró al principio, pero "posteriormente presentó alteración súbita del

metabolismo del calcio. Se realizó estudio de posibles causas siendo la más probable un origen tumoral

con afectación metastásica del hueso"

El resultado de la radiografía ósea del 09/03/2015 confirma múltiples lesiones osteolíticas en el

esqueleto óseo como posibles metástasis, así como múltiples densidades focales de aspecto

pseudonodular en ambos campos pulmonares". Cabe mencionar que las lesiones osteolíticas es muy

poco probable que sean consecuencia de un teórico Ca de próstata, ya que este tumor produce

metástasis óseas osteoblásticas.

El paciente fallece el 11/03/2015.»

2.- Informe emitido por el Dr. C., médico especialista del Área de Urología (folio 266),

que indica lo siguiente:

«Paciente de 84 años en tratamiento con anticoagulante por AC x FA y antecedentes Urológicos

de adenomectomia prostática hace más de 20 años, que es valorado por vez primera en consulta de

Urología del Hospital de Barbastro el 16/12/2014 por Hematuria. En la última analítica solicitada por su

médico de cabecera (julio-14) el PSA era de 12 ng/ml (no particularmente preocupante en un paciente

de su edad) y en la ecografía se describía imagen nodular retrovesical, sin signos de uropatía obstructiva.

En dicha consulta se solicita citología urinaria y se incluye al paciente en lista de espera para cistoscopia.

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En la cistoscopia, que se realiza el 20/1/2015, se apreciaba estenosis de la celda prostática-cuello

vesical (por imágenes compatibles con adenómeros prostáticos vs tm) que impedía visualizar el interior

de la vejiga. En ese momento se apunta preferente para reserción endoscópica de la celda-cuello y

exploración vesical. La cistoscopia urinaria solicitada es negativa para células malignas.

El 03/02/2015 ingresa en la planta de Urología por hematuria. Tras solución de la hematuria y

corrección de la anemia concomitante mediante transfusión sanguínea, y previas valoraciones también

por parte del Servicio de Neumología (por esputo hemoptoico) y por el Servicio .de Hematología (por

plaquetopenia), es dado de alta el 13/2/2015, pendiente de la intervención quirúrgica programada.

El paciente vuelve a ingresar el 25/2/2015 en el Servicio de Medicina Interna por disnea de esfuerzo

e insuficiencia cardiaca. Durante el ingreso es valorado por nuestro Servicio por elevación del PSA (65

ng/mL) y sospechas analíticas (hipercalcemía) de metástasis óseas vs mieloma. En dicha valoración,

ante la duda, iniciamos tratamiento empírico para posible Ca de próstata (antiandrógeno). El paciente

fallece durante dicho ingreso (11/3/2015).

El resultado de la serie ósea confirmó múltiples lesiones óseas osteolíticas y múltiples lesiones

focales pseudonodulares en ambos campos pulmonares.

Hay que alegar:

? Que el paciente es valorado por hematuria y que, correctamente, se solicitó la

cistoscopia (ecografía con vías superiores normales).

? Que tras los hallazgos cistoscópicos se apuntó preferente para intervención quirúrgica

(RTU).

? Que precisó enseguida de ingreso hospitalario por deterioro clínico y de su estado

general.

? Que la cirugía que se iba a realizar era eminentemente diagnóstica y que ante la

contraindicación de la intervención por su mala situación clínica, por no demorar la

atención terapéutica, se inició tratamiento empírico, para un posible Ca de próstata,

que es lo indicado en un paciente de su edad y situación.»

Noveno.- El 28 de septiembre de 2016, tuvo entrada en el Servicio Provincial de

Sanidad de Huesca la documentación clínica del Hospital San Jorge, en la que se incluyen

los informes siguientes:

1.- Informe emitido por la Dra. B. del Servicio de Urología (folios 295 y 296):

«(...) varón de 83 años, fue atendido en la consulta externa de Urología el 3 de marzo de 2015 [sic]

por el Dr. B. (médico adjunto del Servicio de Urología del Hospital San Jorge) y el 23 de julio del 2014 por

el Dr. S. (Jefe de Servicio de Urología en ese momento).

La primera consulta (3 de marzo de 2016 [sic] fue solicitada por su médico de atención primaria, por

una elevación del PSA (9,02 ng/ml), detectada en una analítica rutinaria. El paciente no mostró en la

anamnesis ninguna sintomatología relacionada con el tracto genitourinario y la exploración física realizada

por el Dr. B., no objetivó ninguna patología (véase copia de la historia clínica: abdomen, exploración

renoureteral, genitales externos, tacto rectal...). Se explicó al paciente y familiar acompañante, que la

realización de una biopsia prostática para detectar un posible carcinoma prostático, no aportaría beneficio

en ese momento, ya que el resultado anatomopatológico (positivo o negativo para cáncer), no implicaría

un cambio de actitud terapéutica en un varón mayor de 80 años asintomático. Además de la información

verbal, se transmitió la misma de forma escrita para su médico de atención primaria.

El 23 de julio de 2014, el Dr. S. reevalúa al paciente nuevamente remitido por su médico de atención

primaria por elevación de PSA (12,8 ng/ml). No detecta alteraciones en la exploración prostática ni

sintomatología del tracto urinario inferior que requiera tratamiento. Se vuelve a informar al paciente y

familiar del nulo beneficio, en ese momento, de la realización de una biopsia prostática, dado que fuera

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el que fuese el resultado anatomopatológico no conllevaría diferencias sustanciales en la actitud

terapéutica. También se remite opinión e informe por escrito para su médico de atención primaria, de la

nula utilidad del despistaje del carcinoma prostática en pacientes mayores de 75 años asintomáticos.

Asimismo, se le indican al médico de atención primaria pautas de control de los niveles de PSA.

La actuación de los dos profesionales del Servicio de Urología, en mi opinión, ha sido totalmente

correcta y fundada y respaldada por:

- Protocolo "Indicación de biopsia prostática" del Servicio de Urología del Hospital San Jorge de

Huesca, elaborado, revisado y en funcionamiento desde hace más de 10 años.

- Guías clínicas de las principales asociaciones urológicas (European Urology Association, American

Urological Association...).

Las principales sociedades urológicas concluyen, a día de hoy, que no resulta apropiado el cribado

colectivo del carcinoma prostático. Las pruebas para la detección precoz pueden ayudar a diagnosticar

más cánceres de próstata, pero aún no está claro si los beneficios de las pruebas superan a los riesgos

en la mayoría de los hombres, ni que reduzcan la mortalidad por carcinoma prostático.»

2.- Informe del Dr. B. (folio 297), del Servicio de Urología:

«Dicho paciente (...) de 83 años, fue valorado en consulta de Urología el 3 de marzo de 2014 al ser

remitido por su MAP por hallazgo, en analítica de rutina, de PSA de 9,02, y bajo el epígrafe de "valoración

si hace falta biopsia".

El paciente no refería clínica relevante y la exploración prostática resultó completamente normal.

Tal y como figura en historia clínica, se le explicó al paciente y a su hijo la ausencia de beneficio del

despistaje del cáncer de próstata en su caso (agravado por el tratamiento anticoagulante que recibía y

que aun en el supuesto de confirmación histológica no conllevaría actitud terapéutica alguna en ese

momento). Se le remitió informe por escrito a su MAP.

Los criterios utilizados en este caso se basan en la aplicación de las recomendaciones de las guías

clínicas urológicas (europeas, americana...) que desaconsejan el despistaje del cáncer de próstata en

pacientes asintomáticos de más de 75 años al suponer la realización de una biopsia de próstata una

exploración invasiva con improbable beneficio terapéutico.»

Décimo.- Se incorpora al expediente informe pericial de PROMEDE solicitado por

MAPFRE, S.A., aseguradora de la Administración, de fecha 3 de octubre de 2016, elaborado

por la Dra. E., especialista en Urología (folios 300 a 335), que dictaminó lo siguiente:

«(...)

IV.- ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA MÉDICA

Se trata de un paciente de 84 años que consulta en noviembre de 2013 por RAO y hematuria.

Valorado en consultas de Urología en diciembre de 2014, se solicita estudio mediante ecografía urológica

donde se evidenció imagen retrovesical sugestiva de tumor vesical y citología de orina que fue negativa,

Se realiza tacto rectal donde se detecta aumento de consistencia del lóbulo izquierdo de la próstata sin

poder descartar la presencia de un cáncer de próstata. El paciente aporta una analítica con PSA realizada

hace 6 meses que mostró un valor de 12 ng/ml.

Ante estos hallazgos se solicita cistoscopia que se lleva a cabo el 20 de enero de 2015 evidenciando

estenosis de celda prostática-cuello vesical compatible con adenómeros residuales vs tumor, que impiden

el paso del cistoscopio hacia la vejiga. Con la sospecha diagnóstica de adenómeros residuales versus

tumor vesical, se incluye en lista de espera para RTU de celda prostática.

En este punto es importante hacer ciertas consideraciones:

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1) El abordaje diagnóstico de la hematuria mediante ecografía urológica, citología de orina y

cistoscopia es adecuado.

2) El tratamiento ante la sospecha de un tumor vesical es llevar a cabo una RTU.

3) Ante el hallazgo de un tacto rectal sospechoso está indicado realizar una biopsia prostática

independientemente del valor del PSA en pacientes menores de 75 años. Sin embargo esta

indicación es discutible en pacientes de edad avanzada debido a que como se explicó

anteriormente, el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes no ha demostrado un

aumento de la supervivencia.

4) En este caso, la RTU de la celda prostática tendría un carácter diagnóstico y terapéutico

tanto de posible patología vesical como prostática (en este punto no es posible determinar

si se trata de una lesión vesical que infiltra la próstata o por el contrario una lesión prostática

que invade la vejiga (o no) y provoca hematuria, por lo que la realización de la misma es

clave a la hora de avanzar en el proceso diagnóstico.

El 3 de febrero de 2015 ingresa a través de Urgencias por presentar hematuria y esputos

hemoptoicos en el contexto de tratamiento anticoagulante (Xarelto) con INR de 4. Se realiza tratamiento

conservador de la hematuria y valoración por los Servicios de Neumología y Hematología por esputos

hemoptoicos y plaquetopenia, siendo dado de alta el 13 de febrero, pendiente de intervención quirúrgica.

Posteriormente, el 25 de febrero de 2015 consulta al Servicio de Urgencias del Hospital de Barbastro

por presentar disnea de mínimos esfuerzos de tres semanas de evolución. Es ingresado a cargo del

Servicio de Medicina interna llevando a cabo analítica completa que pone de manifiesto anemia,

plaquetopenia leve, empeoramiento de la función renal con Cr de 1,25 mg/dl, coagulopatía con actividad

de protrombina de 25. Igualmente se lleva a cabo TAC de tórax informado como: cardiomegalia a

predominio de cavidades izquierdas, derrame pleural bilateral con atelectasia de ambos lóbulos inferiores

y ecocardiograma que muestra dilatación de cavidades izquierdas e insuficiencia aortica leve.

Se realiza toracocentesis con extracción de 1200 cc de líquido del pulmón derecho y 1050 cc de

líquido del pulmón izquierdo. La citología del líquido pleural no muestra signos de malignidad. Durante el

ingreso el paciente presenta alteración del metabolismo del calcio, cuyo origen más. probable obedece a

afectación tumoral metastásica. Se lleva a cabo frotis de sangre periférica compatible con infiltración de

médula ósea.

Respecto a la actitud diagnóstica y terapéutica adoptada, es necesario hacer ciertas

consideraciones:

1) El paciente consultó por disnea a mínimos esfuerzos, en relación cuadro de derrame pleural

bilateral con compromiso de la función respiratoria, por lo que la estrategia diagnóstica

durante este ingreso se centró en el diagnóstico y tratamiento de dicha condición, relegando

el estudio de hematuria a un segundo plano.

2) En el contexto del estudio del derrame pleural, se llevaron a cabo radiografía y TAC torácico,

electrocardiograma y ecocardiograma. En ninguna de las pruebas de imagen realizadas se

evidenció la presencia de metástasis. Asimismo el análisis anatomopatológico del líquido

pleural no mostró signos de malignidad.

3) Respecto al estudio de hematuria, el paciente estaba pendiente de llevar a cabo una

resección transuretral, que en este momento se encontraba contraindicada, debido a su

situación respiratoria.

4) Considerando el valor de la última determinación de PSA (12 ng/ml) llevado a cabo en junio

de 2014, si bien es cierto que este pudiera sugerir la presencia de un cáncer de próstata,

éste valor es altamente improbable que se asocie con un tumor diseminado.

Durante el ingreso el paciente presenta alteración del metabolismo del calcio, cuyo origen más

probable obedece a afectación tumoral metastásica. Se lleva a cabo frotis de sangre periférica compatible

con infiltración de médula ósea.

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Se amplía el estudio y se solicita nueva determinación de PSA, cuyo valor es de 65 mg/dl, TAC de

cráneo que es normal y serie ósea informada como múltiples lesiones osteolíticas en esqueleto óseo a

predominio de columna vertebral, pelvis y arcos costales. En este punto es importante mencionar que las

metástasis óseas del cáncer de próstata característicamente son osteoblásticas y no osteolíticas como

en este caso.

Ante la sospecha de neoplasia de origen prostático y ante el deterioro clínico del paciente que

contraindica la realización de maniobras diagnósticas invasivas, se decide iniciar tratamiento empírico

con bicaglutamida.

En este punto es necesario comentar que el tratamiento de primera línea del cáncer de próstata

diseminado es la deprivación androgénica mediante bloqueo hormonal, suponiendo que se trata de

un adenocarcinoma, que es el tipo histológico más frecuente.

El paciente presenta un deterioro progresivo del estado general y fallece el 11 de marzo de 2015.

Tras el fallecimiento, la familia interpone una denuncia solicitando una orden judicial para llevar a

cabo una autopsia por sospecha de mala praxis médica. El informe de la autopsia basándose en el

análisis de los órganos y tejidos del paciente, determinó que, si bien es cierto que se habían encontrado

indicios de enfermedad metastásica en el pulmón, la causa del fallecimiento había sido por motivos

naturales (vejez).

V.- CONCLUSIONES GENERALES

1) En varones menores de 75 años, ante el hallazgo de un tacto rectal sospechoso, está

indicado realizar una biopsia prostática transrectal, independientemente del valor del PSA,

sin embargo, en pacientes ancianos esta indicación es discutible.

2) NO se aconseja realizar determinaciones de PSA en varones mayores de 75 años debido a

que su expectativa de vida es inferior a 10 años.

3) El abordaje diagnóstico de la hematuria mediante ecografía urológica, citología de orina y

cistoscopia se ajusta a lex artis ad hoc.

4) Ante la sospecha de tumor vesical, el tratamiento mediante RTU de vejiga se ajusta a la lex

artis ad hoc.

5) El tratamiento del cáncer de próstata diseminado es la deprivación androgénica mediante

bloqueo hormonal.

6) Independientemente de la co-existencia de un tumor prostático metastático, el informe de la

autopsia llevada a cabo determinó que el fallecimiento del paciente se produjo por causas

naturales.

VI.- CONCLUSIÓN FINAL

Tras el análisis de la historia clínica del paciente, este perito concluye que la atención médica que

ha recibido ha sido en todo momento acorde a la lex artis y a lo estipulado en las guías clínicas y las

directrices vigentes, tomando en cuenta su edad y la ausencia de beneficio de las maniobras de screening

sobre la supervivencia en este grupo de pacientes.

Igualmente, el informe de la autopsia realizada concluyó que la causa del fallecimiento es atribuible

a una muerte natural, en el contexto de un paciente con cáncer de próstata no invasivo aunque con

metástasis pulmonares que no explican por sí mismas la causa de la muerte, siendo el cáncer un factor

coadyuvante más no primordial en el desenlace.»

Undécimo.- El 17 de abril de 2017, el Director de Gestión y Servicios Generales del

Sector de Barbastro remite el informe de la médico especialista de Anatomía Patológica del

Hospital de Barbastro, en el que hace constar que no se realizó autopsia clínica del paciente,

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Dictamen nº 41/2020

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no teniendo constancia de que se solicitase y no pudiendo realizarse posteriormente al

haberse practicado autopsia forense.

Duodécimo.- Se incorpora al expediente (folios 350 a 429) Informe de la Inspección

Médica, elaborado por el Dr. ?, de fecha 24 de julio de 2017, en el que se hace constar lo

siguiente:

«(...)

El paciente presentaba patología urológica obstructiva en el contexto de una insuficiencia cardiaca.

Ya en 2009 acudió a Urgencias del Hospital de Barbastro por posible bradicardia sinusal con EV y se le

remite a consulta de Cardiología. Corno consta al folio 275. El paciente llevaba tratamiento con Xarelto y

Lanirapid. La patología urológica es la más preponderante recogida en su historia clínica, y también

manifestada en el escrito de la reclamación, pero ello no quiere decir necesariamente que sea la de mayor

entidad ni, por supuesto, que fuera la causante del fatal desenlace. De hecho, el último ingreso fue en

Medicina Interna y no en Urología. Y en este contexto es dónde se debe centrar el análisis de los hechos,

no se estaba tratando un síndrome prostático sino a un paciente.

Ciñéndonos, por llevar un orden, al aspecto urológico de la asistencia, contrastando la atención

recibida con lo referido anteriormente sobre las recomendaciones de la European Association of Urology

en sus guías, la asistencia recibida fue adecuada. No había datos para otras actuaciones. Respecto a los

nódulos pulmonares de la autopsia parece evidente que pudiesen ser metastáticos de origen prostático,

pero no como causa de la muerte.

Revisada la historia clínica del último episodio de ingreso en el Hospital de Barbastro se coincide

con el informe final del servicio de Medicina Interna en el sentido de que no es posible saber la causa del

fallecimiento. La historia clínica no aporta luz suficiente. La autopsia judicial realizada tampoco.

No podemos llegar más lejos en las estimaciones que a considerar que era un paciente de riesgo

por su patología basal, cardiópata y nefrópata, patologías que se potencian entre si, como señalan autores

en la bibliografía relevante. El cáncer de próstata es una patología severa, sin duda, pero no más que las

otras y, en este caso concreto, desde luego al menos no de más entidad.

Puede ser ésa la explicación de por qué los forenses no tomaron muestras de la próstata en la

autopsia cuando de un primer análisis pudiera parecer lógico. Un análisis detenido puede avalar esa

actuación y el que suscribe considera como actuación dentro de parámetros asumibles.

El paciente con insuficiencia cardiaca y renal añoso es siempre de riesgo, y este paciente lo era.

CONCLUSIONES

- No se está en condiciones de afirmar que el cáncer de próstata causase la muerte del paciente.

- El paciente era de alto riesgo en su último ingreso por su cardiopatía.

- Con los datos disponibles no se está en condiciones de aseverar más de lo dicho con

anterioridad. No es posible extraer luz suficiente del documento básico, historia clínica, para

llegar más lejos en las conclusiones, y tampoco llegó más lejos el Ministerio de Justicia en

su día por medio de su departamento profesional y profesionalizado, a saber, clínica forense,

máxima garantía en España.

- No se aprecia infracción de la lex artis, carencia de medios ni discordancia entre las

actuaciones llevadas a cabo y los consensos actuales citados por la bibliografía más

relevante.»

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Decimotercero.- De todos los documentos e informes que se han incorporado al

expediente, se ha ido dando traslado a la correduría de seguros, a la inspección médica y a

la Secretaría general Técnica del Departamento de Sanidad.

Decimocuarto.- Por oficios de fechas de 7 de mayo de 2018, se comunica al abogado

de los reclamantes y a la correduría de seguros la apertura del trámite de audiencia.

El 18 de mayo de 2018, el hijo de uno de los reclamantes, autorizado por este,

comparece en el Servicio Provincial de Huesca y retira copia del expediente.

El 24 de mayo de 2018 el abogado presenta escrito de alegaciones, confirmando las

peticiones de su escrito inicial y manifestando que «no se ha aportado al expediente la

documentación que se ha solicitado», sin especificar a qué documentos se refiere.

Decimoquinto.- Consta en el expediente la propuesta de resolución de fecha 20 de

diciembre de 2019, por la que se propone desestimar la reclamación, al considerar que la

asistencia sanitaria prestada al paciente fue acorde con la lex artis ad hoc.

Decimosexto.- La Consejera de Sanidad solicitó del Consejo Consultivo de Aragón

dictamen preceptivo, mediante escrito de fecha 15 de enero de 2020, registrado de entrada

el día 22 de enero de 2020, adjuntando propuesta de resolución, copia del expediente

administrativo y relación índice de los documentos que lo conforman.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

Competencia del Consejo Consultivo

1 El dictamen solicitado se encuentra comprendido en las competencias del Consejo Consultivo

de Aragón tal y como se regula en el artículo 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del

Consejo Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo

en el supuesto de «reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de

cuantía superior a 6.000 euros». Ello implica el carácter preceptivo del Dictamen que se emite

por este Consejo, dada la cuantía de la indemnización anunciada en el escrito de reclamación

(«en todo caso, superior a 30.050 euros»), a pesar de que posteriormente no se ha concretado

la misma durante la tramitación del procedimiento, ni siquiera cuando ya había sido finalizada

su instrucción, con ocasión del trámite de audiencia.

2 En función de lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la misma Ley 1/2009, resulta

competente la Comisión para la emisión del dictamen.

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II

Procedimiento aplicable

3 El procedimiento de responsabilidad patrimonial se inició por reclamación de fecha 7 de julio

de 2016, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante,

LPAC). De acuerdo con el apartado a) de su Disposición Transitoria Tercera:

?a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la

misma, rigiéndose por la normativa anterior.?

4 Por lo tanto, resulta de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante,

LRJPAC), así como el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de

responsabilidad patrimonial (RRP).

III

Plazo y cuestiones formales

5 En relación con las cuestiones formales, la reclamación ha sido planteada en plazo y dirigida

a la Administración Pública competente.

6 Este Consejo Consultivo considera que no se ha acreditado la legitimación activa que

ostentan los reclamantes, pues no aportan documento alguno que permita considerar probada

la relación de parentesco que dicen tener con el paciente fallecido. El instructor del

procedimiento debió haberles requerido para la subsanación de su solicitud por este motivo,

teniéndoles por desistidos, en caso de no subsanación.

7 En relación con la cuantía de la indemnización, esta no ha quedado fijada en la reclamación

porque, según aduce el abogado que representa a los reclamantes, no se conoce el

porcentaje a aplicar sobre el criterio de pérdida de oportunidad. Sin embargo, alega que la

indemnización será «en todo caso superior a 30.050 ?», sin efectuar ninguna precisión

adicional que justifique esa valoración, ni explicar los motivos por los que no es posible

calcularla.

8 El Consejo Consultivo viene observando, y así lo ha denunciado en otras ocasiones (por

ejemplo, en su Dictamen nº 56/2014), que es práctica habitual que determinadas

reclamaciones utilicen esa misma fórmula de indeterminación de la cantidad reclamada, pero

alegando que superan la cifra de 30.050 ?. Probablemente ello obedece a razones

procesales, si se tiene en cuenta que el criterio de la cuantía delimita la competencia objetiva

de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de las Salas de lo Contencioso-

Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de manera que serán estas últimas

las competentes para conocer de los recursos en materia de responsabilidad patrimonial de

la Administración Autonómica cuya cuantía sea igual o superior a 30.050 euros (artículos 8 y

10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). La cuantía

también tiene repercusión sobre el procedimiento, pues con arreglo al artículo 78.1 de la Ley

29/1998, los asuntos de cuantía que no supere los 30.000 euros en los que son competentes

los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, se tramitarán por el procedimiento abreviado,

en el que destaca la oralidad, frente al carácter predominantemente escrito del ordinario. El

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hecho de no concretar la cuantía, ni siquiera de forma aproximada, pero establecer sin

justificación alguna que en todo será superior a 30.050 euros, podría suponer una utilización

fraudulenta de este criterio para alterar la competencia y el procedimiento previstos en la ley.

9 Sin embargo, el artículo 6.1 del RRP dispone que la reclamación deberá «especificar las

lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del

servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible,

y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas

alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de

prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante». Esta disposición,

que deriva del art. 139.2 de la LRJPAC, resulta lógica y, por tanto, es necesario que la

reclamación de responsabilidad patrimonial incluya una evaluación económica del daño,

pues, para ser indemnizable, habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e

individualizado con relación a una persona o grupo de personas (artículo 139.2 LRJPAC). Así

lo confirma, por lo demás, la doctrina y la jurisprudencia. Por eso, resultaría aconsejable, en

orden a la regularidad del cauce procedimental de este tipo de reclamaciones, que el órgano

instructor reclamara del interesado la subsanación o mejora de su solicitud cuando se

presenten reclamaciones de cuantía indeterminada (art. 71 LRJPAC), exigiendo la concreción

de la cantidad que se reclama o la expresión motivada de las causas que hacen imposible su

determinación, siquiera aproximada, al tiempo de la reclamación. No es suficiente con invocar

-como hace en este caso el abogado de los reclamante- una selección de pronunciamientos

jurisprudenciales que admiten reclamaciones de cuantía indeterminada: es necesario motivar

las razones, fuera de formalismos genéricos, que impiden evaluar económicamente la

indemnización en este caso concreto. Porque, una cosa es que la definitiva concreción de la

cuantía de la indemnización quede fijada en ejecución de sentencia, o que se desconozca el

porcentaje a aplicar en concepto de pérdida de oportunidad -como alega el abogado de los

reclamantes-, y otra muy diferente que la reclamación no incluya ni una mínima valoración

objetiva de los daños físicos, morales o psíquicos y de los gastos causados al reclamante.

10 La tramitación realizada por la Administración Autonómica se ha atenido a lo que marca el

ordenamiento jurídico vigente, desarrollándose los trámites previstos por éste y ofreciéndose

el trámite de audiencia a los interesados.

11 Por último, en relación con el plazo máximo de seis meses para resolver expresamente este

procedimiento, se observa que ha transcurrido ampliamente, sin que se ofrezca explicación

alguna acerca de los largos periodos existentes entre trámites sucesivos del procedimiento

(transcurre aproximadamente un año y medio entre el trámite de audiencia a los interesados

y la emisión de la propuesta de resolución). Los reclamantes podrían haber entendido que su

reclamación ha sido desestimada por silencio administrativo. No obstante, este Consejo

Consultivo debe emitir su dictamen, pues, de acuerdo con el artículo 42 de la LRJPAC, la

Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los

procedimientos, sin vinculación alguna al sentido negativo de aquel silencio (artículo 43.3.b)

de la LRJPAC).

IV

Requisitos generales para la exigencia de responsabilidad patrimonial

12 Por lo que se refiere a la normativa aplicable, ha de recordarse que en el Derecho español

vigente la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración,

constitucionalizada en el art. 106.2 de la Constitución, atribuye a los particulares derecho a

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ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal

o anormal de los servicios públicos, y se cumplan los demás requisitos dispuestos por el

ordenamiento jurídico (art. 139 de la LRJPAC).

13 Los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración,

según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen de Derecho

Positivo sobre la materia, pueden resumirse del siguiente modo:

1º) La producción de una lesión, en el sentido de daño antijurídico, que los

reclamantes no tengan el deber jurídico de soportar.

2º) Que la lesión sea evaluable económicamente e individualizado en relación con

una persona o grupo de personas.

3º) Que la lesión sufrida por los reclamantes sea consecuencia del funcionamiento

normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a

efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal.

4º) Que la lesión no se hubiera producido por fuerza mayor.

5º) Que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un

año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la

indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo).

V

Presupuestos de la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario

14 En cuanto al fondo del asunto y siguiendo la doctrina consolidada y jurisprudencia sobre la

materia a la que este Consejo Consultivo se ha referido repetidamente en sus dictámenes, no

cabe duda de que en el ámbito de la sanidad la producción de responsabilidad administrativa

no siempre está ligada a un fracaso en la actuación de los medios personales y materiales de

la Administración, dado que en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca,

sino que la responsabilidad se vincula a una utilización conforme a los principios de buena

práctica médica (lex artis ad hoc) de dichos medios personales y materiales.

15 A estos efectos, el Consejo de Estado (Dictámenes 924/2012, de 22 de noviembre, y

924/2014, de 20 de noviembre, entre otros), la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de

Aragón (Dictamen 215/2009, de 20 de octubre, Dictamen 7/2010, de 12 de enero, entre otros)

y este Consejo Consultivo (Dictamen 97/2017, de 16 de mayo, y Dictamen 114/2017, de 6 de

junio) sustentan de forma reiterada que «para apreciar la existencia de responsabilidad

patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan sólo en caso

de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los

servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se

infrinja la ?lex artis?, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración

y han de ser soportados por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho a

percibir una indemnización». Al mismo tiempo el Tribunal Supremo tiene declarado que sólo

serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños antijurídicos,

es decir, que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, pues lo

contrario convertiría a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos

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los riesgos sociales, lo que no resulta acorde con el significado de la responsabilidad

extracontractual aunque sea objetiva o por resultado (Vid. Sentencia de la Sección 4ª de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2011, RJ

2011\4799).

VI

Sobre la concurrencia o no de un daño antijurídico

16 Tras lo expuesto, se considera que debe plantearse si la asistencia sanitaria prestada al

paciente fue la adecuada, de modo que pueda considerarse si se está o no ante hechos que

constituyen un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste recogida en el

artículo 141.1 de la LRJPAC, y si fueron suficientes los medios con los que la asistencia

sanitaria fue dispensada, dentro de los disponibles.

17 Para llegar a una conclusión sobre el fondo se considera necesario analizar y valorar los

hechos acreditados en el expediente y, de forma especial, los informes emitidos dado el

carácter técnico que los mismos tienen, que este Consejo Consultivo, por su composición y

estructura, no está en condiciones de contrastar con sus propios criterios.

18 Los reclamantes sostienen que no se le prestó a su esposo y padre la asistencia debida. En

concreto, se refieren, como causa de la responsabilidad del servicio público sanitario, a la

desatención por parte de los especialistas en Urología del cáncer de próstata que sufría el

paciente, lo que provocó el agravamiento de la enfermedad y su metástasis y, finalmente, el

fallecimiento. Sin embargo, más allá de su relato de los hechos, los reclamantes no aportan

documento médico alguno ni informe pericial que concluyan que ha existido una infracción de

la lex artis.

19 Al expediente se han incorporado la historia clínica del paciente y los informes emitidos por

los diversos especialistas en Urología que lo atendieron en el Hospital de Barbastro y el

Hospital San Jorge de Huesca, por el médico forense, por la Inspección Médica, y por el

especialista en Urología consultado por la aseguradora de la Administración. Y de todos ellos

se deduce que la actuación médica y la asistencia prestada al paciente fue totalmente

correcta y ajustada a la lex artis ad hoc, siendo atendido con continuidad y de manera

minuciosa y adecuada en cada fase de su evolución.

20 En primer lugar, es preciso destacar que no se ha acreditado que el paciente falleciese a

consecuencia de un cáncer de próstata. En efecto, en el informe de autopsia forense, se

establece que la causa fundamental de la muerte tiene un origen biológico normal (vejez) y

que el cáncer de próstata puede haber sido un factor coadyuvante más, pero sin tener un

papel primordial. Conclusiones a las que asimismo llegan los informes periciales de la

aseguradora de la Administración y de la Inspección Médica, transcritos parcialmente en los

antecedentes décimo y duodécimo.

21 Pero, además, tampoco se puede estimar el motivo principal de la reclamación, que es la

supuesta desatención del paciente durante los meses previos a su fallecimiento, en los que

los reclamantes consideran que debieron adoptarse decisiones distintas ante los valores

reflejados en una analítica de rutina indicada por su médico de cabecera. En concreto, se

refieren a los niveles de PSA, que arrojaron resultados altos en dos analíticas sucesivas.

22 En ambas ocasiones, el paciente fue derivado al Servicio de Urología, en donde se le

realizaron las exploraciones físicas y anamnesis adecuadas. Se observó que el paciente, más

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17

allá de la elevación del PSA, no presentaba sintomatología alguna relacionada con el tracto

genitourinario, por lo que, dada su edad (83 años) y la ausencia de síntomas, no procedía la

realización de una biopsia prostática para detectar un posible carcinoma. Según se explica

en los informes médicos incorporados al expediente, la biopsia de próstata es una prueba de

detección precoz que permite diagnosticar el cáncer de próstata; sin embargo, las principales

sociedades urológicas desaconsejan su uso en pacientes mayores de 75 años que se

encuentren asintomáticos, como ocurre en el caso sometido a dictamen, pues se trata de una

exploración de carácter invasivo, cuyo resultado anatomopatológico (aun siendo positivo para

cáncer) no implicaría un cambio de actitud terapéutica.

23 Unos meses después de estos episodios, el paciente comienza a presentar sintomatología,

y entonces se le practica una cistoscopia y se le apunta con carácter preferente para la

realización de exploración bajo anestesia y resección transuretral. Esta intervención no pudo

llegar a practicarse, debido al deterioro del estado clínico del paciente, por causas distintas;

sin embargo, ante la sospecha de la existencia de cáncer prostático, se inició el tratamiento

empírico habitual para este tipo de cáncer. Lamentablemente, a pesar de la correcta

actuación de todos los facultativos intervinientes, no puedo evitarse el fallecimiento del

paciente.

24 A juicio de este Consejo Consultivo, el proceso ha sido explicado de manera razonable en los

informes incorporados al expediente, sin quedar desvirtuados por las manifestaciones

efectuadas en la reclamación, carentes de argumentación y sin el más mínimo esfuerzo

probatorio, al no acompañar documentos ni informe pericial que acrediten posible infracción

de la lex artis ad hoc.

25 En conclusión, la valoración conjunta de las pruebas que obran en el expediente, reseñadas

en los antecedentes, que se han citado y reproducido, permite concluir a este Consejo que

no se ha acreditado la existencia de infracción de la lex artis ad hoc, por lo que no existe el

daño antijurídico necesario para que la pretensión de responsabilidad patrimonial de la

Administración sanitaria formulada pueda prosperar.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón formula el siguiente

DICTAMEN:

Que se informa favorablemente la propuesta de resolución, por la que se desestima

la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración por la

incorrecta asistencia sanitaria prestada a ?X?, debiendo, asimismo, tenerse en cuenta lo

indicado en relación con la legitimación activa en el parágrafo 6 y con la indeterminación de

la cuantía en los parágrafos 7, 8 y 9 del dictamen.

En Zaragoza, a tres de marzo de dos mil veinte.