Última revisión
09/02/2023
Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 41/1999 de 11 de mayo de 1999
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Órgano: Consejo Consultivo de Aragon
Fecha: 11/05/1999
Num. Resolución: 41/1999
Cuestión
Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de accidente de tráfico producido por especie cinegética(jabalí)
Contestacion
Número Expediente: 28/1999Administración Consultante: Comunidad Autónoma
Materia:
Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios
Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón
DICTAMEN 41/1999
Excmo. Sr. D. Juan Antonio GARCíA TOLEDO,
Presidente
Ilmo. Sr. D. Rafael ALCAZAR CREVILLEN
Ilmo. Sr. D. Lorenzo CALVO LACAMBRA
Ilmo. Sr. D. Antonio EMBID IRUJO
Ilmo. Sr. D. Jesús SOLCHAGA LOITEGUI
La Comisión Permanente de la
Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón, con asistencia
de los Consejeros que al margen se
expresa, en reunión celebrada el día
11 de mayo de 1999, emitió el
siguiente Dictamen:
"La Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón ha examinado el expediente
tramitado por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente por reclamación de
indemnización de daños formulada por B.J.A, en nombre y representación de H. E.P.y
L.P.S.
De los ANTECEDENTES resulta:
Primero.- Según resulta del expediente administrativo, con fecha 23 de octubre de
1998 se remitió a través de correo certificado al Servicio Provincial de Huesca del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, de la Diputación General de Aragón, un
escrito de B.J.A. en representación, acreditada mediante escritura de poder, de los Sres.
E.P. y P.S., solicitando el abono de 130.565 pts, en concepto de indemnización por los
daños sufridos por el vehículo marca Fiat, modelo Ulisse y matrícula ? cuando el día 5 de
abril anterior, sufrió un accidente de circulación en la carretera existente en el término
municipal de Estada, a la altura de la "Central del Ciego", al colisionar con un jabalí, que
había invadido la calzada.
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Con dicha solicitud acompañaba testimonio notarial del permiso de circulación del
vehículo y factura emitida por Comercial Oscense del Automóvil, S.A., con fecha 7 de abril
de 1998, a cargo de la Sra. P.S., por un importe de 130.565 pts, en concepto de reparación
y cambio de piezas afectadas por golpe (proyector, lámpara anterior y parachoques).
Segundo.- Requerido el correspondiente informe, fue emitido 1l 19 de noviembre de
1998 por Ingeniero Técnico Forestal adscrito a la Unidad de Caza y Pesca, indicando que
los terrenos colindantes al lugar en que se produjo el accidente pertenecen al Coto Privado
de Caza HU-10.468, cuyo titular era la Cámara Agraria Local, si bien aparece reclasificado
provisionalmente el 13 de marzo de 1998 a favor del Ayuntamiento de Estada, estando
pendiente de aprobación la reclasificación definitiva.
Acordada la incoación del correspondiente procedimiento, y efectuado el
nombramiento de instructor y secretario del mismo, se notificó a la reclamante la apertura de
un período de proposición de pruebas, en el que se instó la práctica de documental, por
reproducción de los ya aportados, y testifical, con ofrecimiento de tres testigos, que
depusieron en la fecha fijada. Dos de los testigos, ocupantes del vehículo accidentado,
confirmaron la versión del reclamante en cuanto a la causa de los daños y la imposibilidad
de esquivar la colisión; y el tercero, titular del taller donde se efectuó la reparación, dió fe de
su realización y del pago de su importe, señalando además el impacto con un jabalí como
causa de los daños, precisando, a preguntas de la instructora, que la identificación del
animal no le producía dudas "fundamentalmente por los restos de pelo encontrados en la
parte delantera del vehículo, como característicos de ese animal".
Por otra parte, se amplió el informe de la Unidad de Caza y Pesca, en el sentido de
que diversos factores han favorecido la expansión de especies como el jabalí en zonas
como la referida al presente asunto, estando obligados los animales a realizar
desplazamientos continuos en busca de alimentación; asimismo se indica que el Coto
Privado HU-10.468, con una superficie de 1.357 Has, es colindante con la carretera,
estando incluída en aquél parte de la zona de seguridad. y existiendo tablillas señalizadoras
en la margen derecha de la carretera en dirección a Olvena (aunque según el plano del
expediente del coto, éste rodea completamente el punto donde se produjo el accidente).
Puesto el expediente de manifiesto a la interesada, al efecto de formulación de
alegaciones, con fecha 16 de marzo de 1999 fue presentado el correspondiente escrito en el
que, habida cuenta de la justificación de los hechos alegados y de que los informes técnicos
"confirman la presencia de los animales en el Coto de Caza Mayor HU-10.468, cuya
extensión rodea completamente el punto en el que se produjo el accidente", se reitera la
solicitud de indemnización de los perjuicios ocasionados al vehículo.
La instructora del expediente formula, con fecha 22 de marzo de 1999, propuesta de
resolución en sentido desestimatorio de la reclamación, en atención a lo dispuesto por los
arts. 72 de la Ley 12/1992, de 10 de diciembre, de Caza en Aragón, y 39 del Decreto
108/1995, de 9 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se desarrollan los
Títulos I, II y VII de dicha Ley, dado que procediendo el animal de un coto privado de caza
corresponde a su titular responder de los daños producidos
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Tercero.- Finalmente, el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, y en el art. 12 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora, remite a este órgano
consultivo el expediente y la propuesta de Orden mediante escrito de 26 de marzo de 1999,
que tuvo entrada en la Comisión el siguiente día 7 de abril.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I
El dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que
legalmente tiene atribuído la Comisión Jurídica Asesora. Según el artículo 56.2 a) de la Ley
1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, cuando el ordenamiento
jurídico así lo disponga, la Comisión emitirá dictamen preceptivo sobre las reclamaciones de
indemnización por daños y perjuicios en las que la Comunidad Autónoma sea competente
para adoptar la resolución final, precepto que ha de ponerse en conexión con el artículo 12.1
del Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado
por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, y con el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril, del Consejo de Estado.
Y dado su objeto, la emisión del dictamen corresponde a la Comisión Permanente de
este órgano consultivo (artículo 64.1 de la misma Ley 1/1995).
II
La Comisión, a la vista del expediente tramitado, ha de pronunciarse acerca de si
procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación
con daños ocasionados como consecuencia de la irrupción de un jabalí en una carretera,
produciéndose una colisión con el vehículo, al que ocasionó desperfectos materiales. Por
mandato del artículo 12.2 del Reglamento aprobado por RD 429/1993, de 26 de marzo, se
ha de concretar específicamente la existencia o no de relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y la lesión producida, con valoración en su caso, del
daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios legales de
aplicación.
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En el Derecho español vigente, y en relación con la institución de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, el artículo 106.2 de la Constitución atribuye a los
particulares el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y se cumplan
los demás requisitos dispuestos en el ordenamiento jurídico, que a esos efectos está
constituído por los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
normas concordantes y desarrolladoras de los mismos.
Los requisitos para una declaración de responsabilidad patrimonial de la
Administración, según reiterada formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen
establecido por el Derecho positivo sobre la materia, pueden articularse resumidamente en
la forma siguiente: 1º) Efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e
individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión
sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que
pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por
fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo legal se halla
fijado en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la
indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo).
En el presente supuesto, sin embargo, y al margen de la permanente posibilidad del
planteamiento de una responsabilidad patrimonial de la Administración con fundamento en
los principios anteriormente expuestos, se ha de tener en cuenta la existencia de una
normativa específica constituída por la Ley aragonesa 12/1992, de 10 de diciembre, de
Caza, cuyo art. 72.1 comprende una serie de supuestos en los que la Administración
Autonómica asume la indemnización de los daños producidos por piezas de caza en función
de lo previsto objetivamente por ese mismo ordenamiento y, se insiste, con independencia
de la aplicabilidad de la institución de la responsabilidad patrimonial. En cualquier caso,
examinaremos en la siguiente consideración jurídica de conjunto la existencia en este
supuesto de los requisitos de la responsabilidad patrimonial y, también, la aplicación de lo
previsto en la Ley de Caza citada.
III
Conforme al método anunciado pasamos a examinar si los requisitos de la
responsabilidad patrimonial se han cumplido en el supuesto sometido a Dictamen de esta
Comisión Jurídica Asesora. El expediente tramitado ayuda a realizar esa tarea debiendo,
por tanto, destacarse inicialmente cómo se han cumplido todos los trámites formales que
son la primera garantía del ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas.
En efecto, a través del examen de este procedimiento, instado por una representante
de los perjudicados, se advierte perfectamente la realidad de un daño producido, que ha
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sido evaluado económicamente con la factura presentada inicialmente por el perjudicado y,
posteriormente, aceptada por la Administración.
El daño sufrido es, además, consecuencia de la realización de una situación objetiva
prevista por el ordenamiento jurídico aplicable específicamente al caso en relación con los
daños producidos por las especies cinegéticas procedentes de una serie de terrenos
enumerados en el art. 72.1 de la Ley aragonesa 12/1992, de 10 de diciembre, de Caza,
desarrollado a estos efectos en el art. 39.1 del Decreto 108/1995, de 9 de mayo. Sin
embargo, ha de destacarse, como acertadamente ha hecho la instructora del expediente,
según que los daños hayan sido ocasionados, por una parte, por especies de fauna silvestre
no susceptibles de aprovechamiento cinegético o especies cinegéticas procedentes de
terrenos no cinegéticos, de terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, de cotos
sociales, de reservas de caza, de refugios de fauna silvestre y de espacios naturales
protegidos, en todos los cuales supuestos la obligación resarcitoria se impone por el
ordenamiento jurídico a la Diputación General de Aragón; o que los daños se hayan
producido por especies cinegéticas procedentes de cotos comerciales y deportivos de caza,
sea ésta mayor o menor, en cuyo caso la obligación de indemnizar corre a cargo del titular
del coto.
Es, pues, el propio ordenamiento jurídico el que obliga ineludiblemente a discernir
una previa calificación, a efectos cinegéticos, del terreno del que procede el animal que ha
originado los daños, para. en función del supuesto concurrente, imputar el daño a la
Administración Autonómica o al titular del coto. Por ello, la tarea que nos corresponde es la
de subsumir la actuación concreta realizada en el tipo legal regulado, a la vista de las
circunstancias concurrentes.
Es, entonces, perfectamente deducible de la propia información suministrada por el
Servicio Provincial de Huesca, del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, que en el
presente supuesto el jabalí procedió de un terreno cinegético de régimen especial,
concretamente un coto, pero no siendo éste de carácter social, sino privado, no cabe
imputar objetivamente a la Administración Autonómica los daños causados por el animal,
cuya reparación deberá exigirse, en su caso, de su titular.
En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón
formula el siguiente DICTAMEN:
Que, al no concurrir el supuesto de imputación administrativa exigido por la
legislación vigente, procede desestimar la reclamación formulada por B.J.A., en
representación de los Sres. E. P. y P. S., por daños producidos a su vehículo por un jabalí,
en atención a las razones contenidas en la propuesta de resolución remitida con el
expediente y en el cuerpo del presente dictamen.
En Zaragoza, a once de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
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