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09/02/2023
Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 38/1996 de 17 de diciembre de 1996
Relacionados:
Órgano: Consejo Consultivo de Aragon
Fecha: 17/12/1996
Num. Resolución: 38/1996
Cuestión
Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de accidente de tráfico por desprendimiento de piedra sobre lacalzada.
Contestacion
Número Expediente: 39/1996Administración Consultante: Comunidad Autónoma
Materia:
Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Dictamen 38/1996
1
DICTAMEN 38/1996
D. Juan Antonio GARCíA TOLEDO,
Presidente
D. Rafael ALCAZAR CREVILLEN
D. Lorenzo CALVO LACAMBRA
D. Antonio EMBID IRUJO
D. Jesús SOLCHAGA LOITEGUI
La Comisión Permanente de
la Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón, con
asistencia de los Consejeros que al
margen se expresa, en reunión
celebrada el día 17 de diciembre
de 1996, emitió el siguiente
Dictamen:
"La Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón ha examinado el
expediente tramitado por el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas
y Transportes sobre reclamación de daños, formulada por la representación de C.
C. A..
De ANTECEDENTES resulta:
Primero.- Con fecha 25 de junio de 1996 tuvo entrada en el Registro General
de la Diputación General de Aragón la documentación remitida por la Demarcación
de Carreteras del Estado en Aragón, consistente en un escrito de reclamación
administrativa previa a la vía judicial formulada por ?, actuando en representación
de C.C.A., solicitando una indemnización por importe de 342.104 pts por los daños
ocasionados al vehículo de su propiedad marca Ford modelo Fiesta, matrícula ?
cuando circulando el día 25 de enero de 1996, a las 6 horas de la mañana, por la
margen derecha de la carretera A-1503 dicho vehículo, conducido por F.C.G.
colisionó en el p.k. 6,600 con una piedra de grandes dimensiones que se
encontraba en la calzada. A dicho escrito se acompañaba copia del poder notarial
otorgado a favor del reclamante, copia del atestado instruido por la Guardia Civil
que consta en las Diligencias Indeterminadas nº 7/96 incoadas por el Juzgado de
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Dictamen 38/1996
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Instrucción nº 2 de Calatayud, y factura de reparación del vehículo, expedida por
Automóviles Lahoz, S.L. con fecha 19 de marzo de 1996.
Segundo.- El Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes dio al escrito el tratamiento correspondiente a los procedimientos en
materia de responsabilidad patrimonial, tramitándose el correspondiente expediente
administrativo, cuya iniciación fue acordada por Orden de dicho Departamento,
dictada con fecha 28 de junio de 1996.
Por otra parte, en esa misma fecha se ordenó la práctica de las pruebas
interesadas por el reclamante en su escrito inicial de reclamación, consistentes en
la solicitud al Juzgado de Instrucción de La Almunia de Doña Godina el testimonio
de las Diligencias Previas incoadas, el testimonio escrito de O.H.V. y la reclamación
de la correspondiente factura a Automóviles Lahoz, S.L.
Remitido por el Juzgado, que por auto de 6 de febrero de 1996 había
acordado el archivo de las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de
infracción penal, dicho testimonio, figuran en el mismo las Diligencias instruidas por
la Guardia Civil el día 25 de enero de 1996, recogiendo la denuncia formulada a las
9,30 horas por el Sr. C.G. y la diligencia de inspección ocular practicada por el
instructor a las 11 horas del mismo día, de la que resulta que la vía cuenta con un
carril para cada sentido, con arcenes impracticables por su irregularidad y
deformación, y estado de rodadura regular, así como que la visibilidad, al producirse
la colisión en plena oscuridad, estaba condicionada por el sistema de iluminación
del vehículo, añadiendo que "la plataforma limita su margen derecho... y con talud
ascendente de composición arcillosa, de donde procedió el material desprendido".
Asimismo se deja constancia de los restos de material arcilloso observados en el
carril derecho de circulación, con apariencia de haber sido fragmentados y
arrastrados por algún vehículo, encontrándose distribuidos dichos restos de forma
longitudinal, sin que se aprecien huellas de neumáticos. Finalmente, después de
recoger los daños que presentaba el vehículo accidentado, se hacía constar que
una pareja de motoristas de la Guardia Civil fueron los primeros en llegar al lugar de
los hechos, con el objeto de efectuar labores de auxilio.
En cuanto a la prueba testifical, O.H.V. declara que el día 25 de enero de
1996 se incorporaba al Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 1 de El Frasno en el
vehículo conducido por su compañero, el Sr. C.G., cuando a la altura del Km. 6,600
de la carretera A-1503 se encontraron con una gran piedra que estaba en la
carretera, caída del terraplén de la margen derecha, al no haber redes de
protección contra desprendimientos, contra la que chocaron, ya que cuando la
vieron no había tiempo para detener el vehículo ni para esquivarla, al ser una noche
con mala visibilidad.
Puesto de manifiesto el expediente al reclamante, mediante escrito
presentado el día 10 de julio de 1996, se ratifica en su reclamación inicial,
solicitando que por Automóviles Lahoz, S.L. se acredite el importe de la factura
abonada y se testifique por F.C.G., con arreglo al interrogatorio de preguntas
acompañado.
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La entidad mercantil Automóviles Lahoz, S.L. certificó que la factura, por
importe de 342.104 pts, por la reparación del vehículo ? fue abonada por caja con
fecha 13 de marzo de 1996. Por su parte, el testigo Sr. C.G. declaró ser cierto que
al circular por la carretera A-1503 (El Frasno-Cruce N-234) se encontró con la
presencia de una piedra de grandes dimensiones en la calzada, sin poder detener
el vehículo a pesar de accionar el sistema de frenado, por lo que colisionó con la
misma, causando al mismo numerosos daños.
En el expediente figura asimismo el informe de la División de Carreteras del
Servicio Provincial de Carreteras y Transportes de Zaragoza, fechado el 5 de
agosto de 1996, en el que se indica, en síntesis, que no existe constancia, ni por los
equipos de Vigilancia de Explotación ni por los equipos de Conservación, del
accidente denunciado, añadiendo que el punto en cuestión tiene visibilidad
suficiente, al tratarse de un tramo recto y con señalización adecuada, sin que la
Guardia Civil haya apreciado huellas de neumáticos.
Tercero.- El órgano instructor del expediente formuló propuesta de
resolución en sentido desestimatorio de la reclamación por falta de prueba de los
hechos constitutivos de la reclamación. Al efecto considera acreditado que la
visibilidad de la zona era suficiente, por lo que, aunque en el Servicio Provincial del
Departamento no existe constancia del accidente, al haberse admitido éste en las
declaraciones de la Guardia Civil, la desestimación se fundamenta en la falta de
nexo causal entre el accidente y el funcionamiento de un servicio público dado que
"por la propia naturaleza de un desprendimiento es impredecible e inevitable el
momento en que puede producir".
Cuarto.- De Acuerdo con lo establecido por el art. 12 del Reglamento antes
citado y por el art. 56 de la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del
Gobierno de Aragón, el Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes solicitó de la Comisión Jurídica Asesora el preceptivo dictamen,
mediante escrito de fecha 18 de octubre de 1996, registrado de entrada en la
Comisión el siguiente día 22, adjuntando borrador de la Orden resolutoria y copia
del expediente tramitado.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I
Procede, en primer término, declarar que el dictamen solicitado a la Comisión
Jurídica Asesora se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que
legalmente tiene atribuido. En efecto, el art. 56-2. a) de la Ley 1/1995, de 16 de
febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, dispone que cuando el
ordenamiento jurídico así lo disponga , la Comisión emitirá dictamen preceptivo
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sobre las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios en las que la
Comunidad Autónoma sea competente para adoptar la resolución final, precepto
que ha de ponerse en conexión con el art. 12.1 del Reglamento de los
procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por RD
429/1993, de 26 de marzo, y con el art. 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, del Consejo de Estado.
Y en particular, dado su objeto, compete emitir el presente dictamen a la
Comisión Permanente de este Órgano Consultivo (art. 64.1 de la citada Ley 1/1995,
de las Cortes de Aragón).
I I
La Comisión Jurídica Asesora ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del
expediente tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica,
procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en
relación con daños ocasionados, según se alega, por la prestación deficiente del
servicio público de carreteras, debiendo concretar específicamente, por mandato
del art. 12-2 del Reglamento aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, la
existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión producida, con valoración, en su caso, del daño causado y la
cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios legales de
aplicación.
Por lo que se refiere a la normativa aplicable, ha de recordarse que en el
Derecho español vigente la institución de la responsabilidad patrimonial de la
Administración, constitucionalizada en el art. 106.2 de la Constitución, atribuye a los
particulares derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de
sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y
se cumplan los demás requisitos dispuestos por el ordenamiento jurídico (art. 139
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la
Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial del
régimen de Derecho Positivo sobre la materia, pueden resumirse del siguiente
modo: 1º) la efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e
individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o
lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin
intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio
no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a
reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción
del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto
lesivo).
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Dictamen 38/1996
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I I I
En el supuesto que nos ocupa, no hay nada que objetar sobre el
cumplimiento de los requisitos formales, al haberse presentado la reclamación
dentro del plazo legalmente establecido y haber sido dirigida a la Administración
Pública competente por persona que ostenta suficiente legitimación para ello.
Por lo que se refiere a las cuestiones de fondo, debe examinarse si
concurren acumulativamente todos los requisitos que han sido enunciados con
anterioridad.
A este respecto, parece incuestionable la realidad de unos daños materiales
sufridos por el vehículo conducido por el reclamante, tratándose de unos perjuicios
efectivos, individualizados y económicamente evaluables (como resulta acreditado
con la aportación de la correspondiente factura y el testimonio de las diligencias
instruidas por la Guardia Civil).
Sin embargo, el órgano instructor del expediente parece titubear sobre las
circunstancias del supuesto accidente (que el reclamante presenta como producido
por el desprendimiento de una gran piedra sobre la calzada, ocasionando daños en
el vehículo), por cuanto, si bien en su Considerando decimonoveno da por probado
que el accidente se produjo, califica de inviable la reclamación por ausencia de una
condición básica, el nexo causal entre el accidente y el funcionamiento normal o
anormal del servicio público de la carretera, por lo que se propone la desestimación
de la reclamación "por falta de prueba de sus hechos constitutivos".
En relación con este punto, considera la Comisión suficientemente acreditada
la versión del reclamante, ya que resulta probada no sólo por la inequívoca versión
de los testigos, sino también, y muy cualificadamente, por la diligencia de
inspección ocular practicada por la Guardia Civil a las pocas horas de la producción
del accidente.
Por otra parte, hay que examinar a continuación, y ello constituye una
cuestión diferenciada, como se ha señalado con anterioridad al resumir los
requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la existencia de
relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios administrativos de
conservación de la carretera y los daños producidos al vehículo, en cuya ausencia
se fundamenta el sentido desestimatorio del proyecto de Orden objeto de consulta,
por considerar que el desprendimiento es, por naturaleza, impredecible e inevitable,
y que las condiciones de visibilidad eran suficientes. En relación con dicha
fundamentación. la Comisión considera adecuado efectuar las precisiones que a
continuación se exponen.
De entrada, debe señalarse que, como la jurisprudencia y la doctrina del
Consejo de Estado han señalado reiteradamente, la Administración debe responder
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de los daños ocasionados por desprendimiento de rocas o piedras sobre una
carretera, por tratarse "de un hecho perfectamente previsible, aunque su
acaecimiento no sea reiterado ni frecuente" y evitable si no hubiera mediado "la
omisión de las medidas precautorias adecuadas", lo cual "excluye la calificación de
fuerza mayor, por otra parte reservada para los acaecimientos realmente insólitos y
extraños al campo normal de las previsiones típicas de cada actividad o servicio...",
siendo la fuerza mayor la única categoría excluyente de responsabilidad en nuestro
Derecho Positivo.
Tampoco cabría fundamentar la exoneración de responsabilidad en la
existencia de una debida y abundante señalización, advirtiendo del peligro de
desprendimientos, que en el presente caso ni siquiera existía al no hacerse
referencia a la misma en el informe de la División de Carreteras, ya que, aparte de
que por mandato del Reglamento General de Circulación, aprobado por RD
13/1992, corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en
las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y
conservación de las adecuadas señales (art. 139), la simple señalización de peligro
de desprendimiento no es suficiente ni apta para quebrar la relación de causalidad
entre el servicio público y los daños que se produzcan, habiendo señalado el
Tribunal Supremo, por ejemplo en la sentencia de 27 de octubre de 1990 (con
criterio reiterado por otras muchas, como las de 4 de junio de 1994 y 30 de
septiembre de 1995), que "la mera colocación de carteles o señales indicadoras de
peligro no exime de responsabilidad a la Administración", porque ello, que sólo sería
aceptable como solución provisional hasta la adopción de soluciones definitivas, de
aceptarse que descarga de responsabilidad a la Administración "permitiría a ésta
eludir con suma facilidad y sin apoyo legal una norma cuyo rango constitucional
está poniendo de manifiesto su carácter de obligación particularmente reforzada a
fin precisamente de evitar la pasividad de la Administración.....".
En definitiva, del expediente se deduce la concurrencia del requisito
indispensable del nexo causal entre la lesión y el funcionamiento normal o anormal
del servicio público de carreteras, existiendo título suficiente de imputación a la
Administración titular de la carretera de la responsabilidad por el daño ocasionado,
lo que debe conducir a la estimación de la reclamación formulada, por el importe
pretendido, ya que dicha cuantificación aparece asimismo suficientemente
acreditada.
I V
Finalmente, y en todo caso, aunque la reclamación formulada se califique
por el interesado como previa a la vía judicial para el ejercicio de acciones fundadas
en Derecho privado, con invocación específica al art. 120 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, es lo cierto que el Departamento de Ordenación Territorial,
Obras Públicas y Transportes la ha tramitado, correctamente, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por
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R.D. 429/1993, de 26 de marzo, por cuya razón en ningún caso resulta conforme a
Derecho indicar que contra la Orden resolutoria, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer "la correspondiente reclamación ante el órgano jurisdiccional que
corresponda, de acuerdo con las normas procesales del orden civil, y teniendo en
cuenta el plazo de prescripción de acciones previstas en el Código Civil y normas
concordantes de aplicación", ya que, en definitiva, la resolución administrativa de
los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de
relación, pública o privada, de que derive, pone fín a la vía administrativa (art. 142-6
de la Ley 30/1992), por lo que contra ella cabe la interposición de recurso
contencioso-administrativo (art. 110-3 de la Ley 30/1992, y demás preceptos
concordantes del ordenamiento jurídico vigente).
Asimismo ha de precisarse que el proyecto de Orden efectúa alusiones a
diversas normas jurídicas, tanto de textos legales como reglamentarios, sin guardar
la debida unificación de criterios, siendo conveniente, a estos efectos, recordar que
primero debe figurar el ordinal normativo anual para a continuación detallar su
definición material.
En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de
Aragón es de DICTAMEN:
Que concurren en el presente supuesto todos los requisitos exigidos por el
ordenamiento jurídico para el reconocimiento del deber de la Administración
Autonómica de indemnizar los daños materiales producidos al vehículo del
reclamante, en la cuantía por él justificada, en atención a las razones contenidas en
el cuerpo del presente dictamen.
En Zaragoza, a diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
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