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09/02/2023
Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 10/2007 de 21 de febrero de 2007
Relacionados:
Órgano: Consejo Consultivo de Aragon
Fecha: 21/02/2007
Num. Resolución: 10/2007
Cuestión
Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital ClínicoUniversitario "Lozano Blesa" de Zaragoza.
Contestacion
Número Expediente: 229/2006Administración Consultante: Comunidad Autónoma
Materia:
Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios
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DICTAMEN 10 / 2007
Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de
la Administración derivada de la asistencia sanitaria dispensada en el Hospital Clínico
Universitario ?Lozano Blesa? de Zaragoza.
ANTECEDENTES
Primero .-R.C. en escrito fechado el día 24 de junio de 2004, dirigido al Consejero de
Salud y Consumo. que tuvo entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón el día
12 de julio del mismo año (folios 1 a 8), formuló una reclamación por responsabilidad
patrimonial de la Administración Sanitaria con motivo de la atención que le fue dispensada
en el Hospital Clínico Universitario ?Lozano Blesa? de Zaragoza,
Segundo .- En los hechos expuestos en el citado escrito de reclamación se hace
referencia, en su inicio, al proceso relacionado con las intervenciones quirúrgicas que le
fueron practicadas desde el día 2 de febrero de 2001, que describe de la forma siguiente:
?Fue intervenida quirúrgicamente, al habérsele diagnosticado un cáncer de mama
derecha, con posterior quimioterapia coadyuvante. Posteriormente presentó capsulitis
retráctil en la mama derecha que precisó recambio de prótesis mamaria derecha.
Tras la última intervención quirúrgica, concretamente el 10 de octubre de 2002 (sic), al
despertar de la anestesia, (el escrito está redactado en tercera persona) R.C. notó
una notable falta de sensibilidad y fuerza en la extremidad superior izquierda
acompañada de fuerte dolor.
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Fue valorada por el neurólogo con clínica de parestesia en 1º dedos de la mano
izquierda + paresia fuerza 1/5 y distal 3/5, bicipital, con abolición de reflejo tricipital.
Plexopatía braquial superior izquierda por compresión postural durante anestesia.
De los informes médicos que constan en el historial de la paciente, así como del
informe emitido por el Doctor G., experto en valoración de daño corporal, aportado
como doc. Uno, se colige sin lugar a dudas que la causa de los problemas
manifestados hasta el momento fueron debidos a una complicación posquirúrgica por
compresión postural durante la anestesia en la intervención del día 11 de octubre de
2002, derivándose de ello una plexopatía braquial superior izquierda.
Desde ese momento, podemos afirmar que sí que hubo una causa lesiva con
intensidad suficiente para provocar lesiones locales, lo que en definitiva nos
lleva a afirmar con rotundidad la existencia de un nexo de causalidad médicolegal
en este supuesto ?.
Esta situación ha dado lugar a que la paciente, hoy reclamante, haya necesitado de
tratamiento médico y rehabilitador, además de tener una limitación física causante de
múltiples complicaciones y molestias en su vida diaria, que ha afectado a su aseo personal
al precisar ayuda para ello, a las tareas domésticas, a sus desplazamientos urbanos, a la
posibilidad de llevar objetos de peso, incluso para su alimentación ordinaria, lo que ha dado
lugar a un déficit de su calidad de vida por otros problemas físicos sobrevenidos (cefaleas,
insomnio, problemas gástricos, etc).
El resultado de los daños para la paciente, según se especifica en el escrito de
reclamación, se ha traducido en: 1)- 470 días de incapacidad; 2)- Secuelas consistentes en
una plexopatía del miembro superior izquierdo, lo que ha conllevado déficit de movilidad,
déficit de fuerza, dolor neuropático, trastorno de adaptación y perjuicio estético; 3) ?
Pérdida parcial de su capacidad funcional global; 4) ? Daños psicológicos (que se
describen); 5) - daño moral, y 6) ? perjuicios económicos.
La indemnización solicitada aparece cuantificada, ?hasta la fecha de presentación de
esta reclamación?, en 210.000 ?.
Tercero.- En los fundamentos de derecho de la reclamación se alega la competencia
del titular del Departamento de Salud y Consumo y la legitimación de la reclamante, se
hace mención a la tramitación a seguir, y como derecho material se invoca, los artículos
106 de la Constitución, 139, 141,142 y concordantes de la Ley 30/1992 y la jurisprudencia
del Tribunal Supremo con cita de algunas sentencias.
En el mismo escrito se incluye una solicitud de ?práctica de prueba en la instrucción
del expediente para acreditar todas las cuestiones fácticas planteadas? en el cuerpo del
escrito.
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Cuarto.- Con el escrito de reclamación se ha aportado un informe del Médico G.,
Master en Valoración del Daño Corporal, fechado el día 21 de mayo de 2004 (folios 9 a 20),
cuya conclusión final es del siguiente tenor literal:
La informada a consecuencia de una malposición quirúrgica: ?...Plexopatía braquial
superior izquierda por compresión postural durante la anestesia...? (ya indicada por los
médicos intervinientes y justificada-argumentada en este informe médico precedente)
sufrió un afectación/compresión braquial izquierda (afectación motora y sensitiva del
miembro superior) que ha determinado una serie de deficiencias derivadas de dicha
complicación y que tras un periodo de incapacidad de 470 días tiene afectada su
capacidad laboral, y otras actividades habituales realizadas por la lesionada y también
secuelas de carácter físico y psíquico.
Analizado el proceso entendemos:
- Que estas secuelas no hubieran tenido lugar con haber evitado la posición y/o
maniobras quirúrgicas intempestivas.
- Que el daño causado ha sido externo a los propios actos de la cirugía prevista.
En el mismo informe se detallan los conceptos que se consideran han de servir de
base para la indemnización a través de la atribución de puntos a cada uno ellos y que son
los siguientes:
Incapacidad: 470 días (iniciación 11.10.02 ? estabilización 16.03.04, reduciéndose el
resultado por el cómputo del periodo de incapacidad subsiguiente a la intervención
quirúrgica de base).
Déficit de movilidad: 7 puntos;
Déficit de fuerza: 4 puntos.
Dolor neuropático: 8 puntos;
Trastorno de adaptación: 8 puntos y
Perjuicio estético: 5 puntos.
Por la fórmula que se aplica el resultado asciende a 26 puntos, más 5 puntos por el
perjuicio estético (31 puntos), a lo que ha de añadirse la valoración del sufrimiento físico (5
puntos) y el dolor psíquico soportados por la paciente.
Quinto.- El expediente remitido, correctamente ordenado y con un índice de
documentos, consta de 319 folios, de los que los comprendidos entre los números 61 y 261
corresponden a fotocopias compulsadas de la historia clínica aportada, que obra en el
Hospital Universitario Clínico ?Lozano Blesa?.
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Sexto.- En los informes emitidos por el Cirujano de la Unidad de Mama del Hospital
Clínico Universitario ?Lozano Blesa?, Dr. L. con fechas 10 de diciembre 2002 (folios 29 y 77)
y 24 de septiembre de 2004 (folios 59 y 60) se recoge el proceso que ha tenido la
enfermedad y los tratamientos de la paciente, ya que el segundo de estos informes
reproduce el texto del primero, pero adiciona las discrepancias que el informante sustenta
acerca del contenido del informe emitido por el Dr. G. de las que se destaca que ?la
posición quirúrgica de la paciente fue ortodoxa y es la que permite satisfacer las exigencias
de la intervención llevada a cabo (la misma que en las dos intervenciones previas ?se
refiere a las de 2 de febrero de 2001 y 18 de noviembre de 2001, previas a la de 11 de
octubre de 2002), añadiendo posteriormente que ?la posición quirúrgica adoptada está
estandarizada y avalada por la práctica quirúrgica habitual en todo el mundo? y que ?no
hubo ninguna maniobra quirúrgica intempestiva, sino todo lo contrario, exquisito y
meticuloso cuidado en las maniobras de disección, muy alejadas ?por cierto- de la
localización anatómica donde se produjo el daño (braquial, según los informes de
neurología)?. Además, continúa diciendo el informante, ?la afirmación de plexopatía braquial
izquierda por compresión postural durante la anestesia es poco verosímil, por la
localización y protección anatómica del plexo braquial, sin embargo, manifiesta, ?en lo que
estoy completamente de acuerdo es que se produjo un daño y que sido externo a los propios actos de la cirugía prevista>>?.
También se hallan en el expediente fotocopias compulsadas de informes de alta del
Servicio de Cirugía B fechados los días 13 de diciembre de 2000 (folios 47 y 113), 18 de
septiembre de 2001 (folio 101) y 13 de octubre de 2002 (folios 36 y 100), expedidos por el
mencionado Cirujano de la Unidad de Mama, Dr. L. si bien carece de firma el primero. Pues
bien, en el primero de estos informes de alta se señala que a la paciente se le practicó una
biopsia estereotáxica de mama y, como consecuencia del resultado, en el segundo de los
estos informes se indica que el día 2 de febrero de 2001 fue intervenida para practicarle
una mastectomía subcutánea bilateral axilar derecha con implantes de silicona; por los
dolores opresivos en la mama derecha se inicia clínica de este dolor y se lleva a cabo una
exploración que da como resultado ?capsulitis retráctil?, por lo que es intervenida el día 18
de septiembre de 2001 para efectuarle ?un recambio protésico derecho por ?capsulitis
retráctil?, lo que también se recoge en el tercero de los informes, habiendo sido nuevamente
intervenida quirúrgicamente el día 11 de octubre de 2002 procediéndose a la retirada de las
prótesis y a la exéresis subtotal del tejido fibroso de la ?capsulitis retráctil?. Es el apartado 5
??Actividad asistencial? donde se hizo constar que ?al despertar de la anestesia se
comprueba la ausencia de motilidad E.S.I., acompañada de parestesia. Valorada por
neurología corresponde clínicamente a un problema de plexo (arreflexia de extremidad
superior izquierda) de etiología no filiada: ¿Neurotoxicidad por QT +
compresión/elongación?, que va remitiendo, observándose hoy motilidad y fuerza normal
en la mano, movimiento de pronosupinación y actividad de tríceps braquial, así como
sensibilidad hasta tercio proximal de antebrazo?.
A requerimiento de la Inspección Médica (folio 242), aparece en el expediente la
copia, no firmada, de un informe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico
Universitario, ?Lozano Blesa? que tiene pié de firma de la Dra. V. (folio 243), con fecha 11
de junio de 2002, en el que se dice: ?Desde la capsulitis (repetida) a la paciente le quedará
una limitación funcional del hombro de unos 40º - 60º, tanto para la abducción como para la
flexión, lo que dificultará todas las maniobras que conllevan esa movilidad.- Al mismo
tiempo tiene contraindicados todos los movimientos repetitivos de mantenimiento de
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postura y de transporte y carga de objetos pesados?. Asimismo existe en el expediente otro
informe, no firmado, con pié de firma de la Dra. V., del citado Servicio de Rehabilitación, de
fecha 15 de enero de 2003 (folio 249), en el que se indica que la paciente, ahora
reclamante, ?en la actualidad sigue en tratamiento Cinesitarápico, persistiendo limitación de
los últimos 30º - 40º en ambos hombros para flexión y abducción. Persistiendo un balance
muscular deficitario en E.S.I.?.
En un posterior informe del mismo Servicio y de la misma Dra. (folio 227), igualmente
carente de firma, de fecha 3 de marzo de 2004, dirigido al Servicio de Atención al Paciente,
en el que, enlazando con el anterior, se recoge en los tres últimos párrafos:
?De nuevo se inicia cinesiterapia con ganancias discretas de movimiento y fuerza, el
31-01-03: E.M.G. baja amplitud N Circunflejo izqdo. Se mantiene tratamiento. Se
repite de nuevo E.M.G. 27-XI-03: amplitud potencia motor N. Circunflejo izqdo. Se
encuentra en límites inferiores a la normalidad.
Se mantiene tratamiento, vista el día 3-XII-03, por mejoría estacionaria estando en
ese momento el B.A. del hombro dock. Con limitación últimos grados de flexión y
abducción, igual que el izqdo. Con B.M. del dcho. Normal y B.M. de izqdo. 2/3.
Dada la patología de la paciente C.A. de mama dcha. Y paresia residual brazo izqdo.
La paciente tendrá contraindicados los movimientos repetitivos de mantenimiento,
postura, transporte y carga de objetos pesados y por E.S.I. Las limitaciones
consiguientes a su paresia?.
También existe en la documentación del expediente una fotocopia de un informe de la
Dra. L., Médico Adjunto de Neurocirugía, fechado el día 9 de junio de 2003 (folios 27, 28 y
74), según el cual en la fecha en que se emite ?la clínica ha mejorado de forma lenta
persistiendo cervicobraquialgia izda., junto con adormecimiento y dolor en dedos 2º y 3º de
mano izda., y disminución de fuerza en dicha extremidad?. En el apartado del informe sobre
la exploración neurológica se dice: ?paresia de predominio proximal en extremidad superior
izda., con incapacidad para separar el brazo > 40º, disminución de fuerza en flexión y
extensión de codo 4/5, conservando los movimientos de pinza de la mano (4+/5) y la
extensión de muñeca y dedos (5/5)?. En siguiente apartado -E.N.G.- se indica: ?Se aprecia
baja amplitud de la respuesta motora en circunflejo izdo. (a músculo deltoides), que es
claramente asimétrica respecto a la derecha? y, por último, bajo el epígrafe ?Impresión
diagnóstica?, se recoge la siguiente: ?Plexopatía braquial superior izquierda por compresión
postural durante la anestesia ?, con indicación de que la paciente debe seguir tratamiento
del dolor, diagnóstico que también aparece en el boletín de ?evolución clínica? (folios 70 a
72).
Con fechas 8 de enero de 2003 y 27 de noviembre de 2003, figuran en el expediente
dos informes de Electroneurografía de la Dra. A. del Servicio de Neurofisiología Clínica
(folios 244 y 245 y 246) cuyas conclusiones son las siguientes: en el primero se indica que
?no se observan anomalías excepto una baja amplitud en la respuesta motora de n.
circunflejo izquierdo (a.m. deltoides? que es claramente asimétrica respecto a la derecha?, y
en el segundo la conclusión tiene este texto: ?Evolución favorable respecto al control
anterior, de enero pasado. La amplitud potencial motor n. circunflejo izquierdo se encuentra
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en límites inferiores de la normalidad. El resto de los nervios explorados muestran
parámetros dentro de los límites fisiológicos?.
Finalmente, se halla incorporado al expediente un informe, fechado el día 3 de
diciembre de 2003, suscrito por el Dr. C. de la Unidad de Salud Mental ?Rebolería? (folio
49), en el que después de referirse al proceso de la enfermedad de la paciente, en el último
párrafo emite su criterio al decir:
?Desde el punto de vista psicológico en la exploración psicopatológica no se objetiva
un trastorno psiquiátrico en el sentido estricto presentando fundamentalmente una
REACCIÓN O TRASTRONO DE ADAPTACIÓN con sentimientos y emociones
reactivas a su limitación física y reacciones catastrofistas ante la evidencia de su
minusvalía física (hay que tener en cuenta es una persona muy independiente y como
resulta comprensible le ha constado aceptar su situación funcional; la cual por otra
parte impresiona que va mejorando progresivamente)?.
Séptimo.- Consta asimismo en el expediente un informe de la Inspección Médica,
emitido por R.L. y fechado el día 31 de mayo de 2005 (folios 266 a 271), en el que, después
de la introducción y antecedentes y del análisis del proceso asistencia, se emite un juicio
crítico de los hechos en el que, entre otros extremos, se recogen los siguientes:
La intervención se llevó a cabo con la paciente en decúbito supino y brazos en cruz
sin extensión, ya que no hubo que acceder a ninguna axila, y aunque el informe del
cirujano avala una adecuada posición quirúrgica y la inexistencia de maniobras
quirúrgica intempestivas, lo cierto es que la inmediata aparición del cuadro (nada más
despertarse de la anestesia) así como el diagnóstico sin ambages efectuado por el
Servicio de Neurología (?...por compresión postural durante la anestesia?) apoyan el
criterio de que existe una relación causal con la postura de la paciente en la mesa del
quirófano. En este sentido, debemos poner de manifiesto que en ningún momento se
recoge por los neurólogos la necesidad de destacar otros cuadros que pudieran
remedar dicha clínica. Tampoco se aprecia en la documentación obrante indicio
alguno que sugiera dicho tipo de maniobras (la única incidencia recogida aparece en
el Protocolo de Anestesia: intubación dificultosa + por tratarse de una glotis anterior y
estrecha, se intuba con fiador).
Coincidimos con el cirujano en que ?se produjo un daño..... externo a los propios actos
de la cirugía prevista? pero sólo en tanto en cuanto no se trata de un efecto
secundario previsible ligado a la cirugía propiamente dicha, por lo que su aparición
debe orientaros hacia una posible causa yatrogénica (sic) ya que en modo alguno
debiera soportar la paciente.
El informe de Electroneurografía de fecha 27-Noviembre-2003 destacaba una
evolución favorable de la plexopatía braquial izquierda, la amplitud del potencial motor
del nervio circunflejo izquierdo se encontraba en límites inferiores a la normalidad, el
resto de los nervios explorados mostraban parámetros dentro de los límites
fisiológicos.
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Por lo que respecta a la capacidad funcional de la paciente, el informe del Servicio de
Rehabilitación de fecha 3-marzo-2004 destaca las limitaciones ya apuntadas en su
informe de 2-junio-2002 (previas a la intervención que dio origen al problema objeto
de reclamación) a las que hay que sumar las limitaciones propias de la Paresia
residual izquierda .
y se aportan las siguientes conclusiones:
1. Debemos poner en relación directa la intervención quirúrgica de fecha 11 de
octubre de 2002 de la que fue objeto R.C. y la aparición de una Plexopatía
Braquial en el lado izquierdo de la paciente.
2. Sentado el diagnóstico de ? Plexopatía Braquial por compresión postural
durante la anestesia ?, es presumible la deficiente acomodación de la que fue
objeto la interesada en la mesa de operaciones, por cuanto no impidió la aparición
de una complicación previsible como es el cuadro finalmente sucedido.
3. La ubicación segura de la paciente en la mesa de operaciones constituye una
parte de la asistencia sanitaria y toma en consideración toda una suerte de
procedimientos y cautelas preestablecidos cuya estricta observancia no han tenido
lugar en su totalidad en el presente caso, de ahí que podamos hablar de una
práctica no ajustada a la Lex Artis.
4. El citado desajuste parece estar en relación directa con la aparición de dicha
neuropatía periférica, no habiéndose podido constatar otras concausas o factores
externos a la actuación del servicio Público de Salud que explicasen lo acaecido.
Finaliza el informe de la Inspección Médica con la siguiente ?propuesta?: Debemos
reconoce que existe responsabilidad patrimonial de la Administración Autonómica en
el cuadro resultante de Plexopatía Braquial Izquierda de la reclamante (....) como
consecuencia de la actuación del Servicio Público de Salud.
Octavo.- En el informe emitido por los Drs. D., I., O. y C., de la Asesoría médica
Dictamed, a solicitud de ASJUSA, de fecha 27 de julio de 2005, después de las referencias
al motivo de la demanda, de incluir un resumen de los hechos y de verter consideraciones
médicas, se formulan las siguientes conclusiones con los números 7 a 17 ?las seis primeras
están relacionas con el proceso anterior a la tercera intervención quirúrgica de la que se
deriva la reclamación- :
7. La paciente presenta dolor y disminución de la capacidad funcional por la
cicatrización y la inflamación asociada a la capsulitis ya antes de la intervención de
10/10/02 (sic), con necesidad de tratamiento rehabilitador.
8. Presenta una complicación infrecuente tras la tercera intervención (10/10/02):
plexopatía braquial izquierda.
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9. La etiología de este tipo de lesiones es multifactorial, siendo sólo uno de los
factores la posición en el quirófano, por presión y elongación del plexo (además de
condiciones anatómicas intrínsecas al paciente, factores metabólicos,
nutricionales, medicación, etc.).
10. No hay ningún dato en la historia ni en los protocolos anestésicos, quirúrgicos o de
enfermería que hagan pensar en alguna incidencia determinante de la lesión.
11. Por la clínica, la relación temporal en cuanto a la aparición de los síntomas y el
estudio ENMG podemos pensar en una posible relación causa-afecto entre la
intervención y la lesión del plexo braquial.
12. La complicación es detectada precozmente y se disponen los medios diagnósticos
y terapéuticos sin demora (incluyendo la valoración por los especialistas
adecuados: neurología y rehabilitación).
13. La lesión detectada en la EMG es parcial y de bajo grado, siendo inseparable una
adecuada recuperación.
14. En este caso se interrelacionan dos problemas que condicionan la impotencia
funcional que presenta la paciente: factores inflamatorios-cicatriciales y la lesión
del plexo braquial.
15. La recuperación del problema neurológico es casi completa en las últimas
revisiones, como demuestra la situación la EMG y el hecho de que el
funcionalmente es casi similar la situación del miembro superior izquierdo respecto
al derecho (en el que no hubo ningún tipo de lesión).
16. Dada la evolución de la enferma es esperable una recuperación ad integrum o
cuasi ad integrum, sin secuelas relevantes en cuanto a la plexopatía del braquial
se refiere.
17. Del estudio de la documentación remitida podemos concluir que los profesionales
que atendieron a R.C. en el HCULB de Zaragoza lo hicieron de acuerdo a la ?lex
artis?, no evidenciándose signos de ?mala praxis? en ninguna de sus actuaciones.
Noveno.- La reclamante, a su escrito fechado el día 31 de agosto de 2006, con
entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón el día 12 de septiembre siguiente,
ha adjuntado una fotocopia de un informe suscrito por M.C. Médico de Familia del Centro
de Salud Seminario (Atención Primaria ? Sector II de Zaragoza), fechado el día 28 de julio
de 2006 en el literalmente se dice (folio 319):
Paciente con antecedentes de parálisis plexo-braquial izquierdo posquirúrgica
(exéresis de prótesis de mama) en 20 de octubre de 2002 (sic).
Después de diversos tratamientos, la paciente mejoró parcialmente quedando paresia
residual.
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Desde entonces presenta:
- falta de movilidad.
- pérdida de fuerza
- dolor continuo en el brazo izquierdo.
Este proceso también repercute en región cérvico-dorsal, presentando algias y
contracturas que le obligan a coger IT de larga duración con frecuencia.
En la actualidad está en tratamiento rehabilitador.
Décimo.- En relación con el trámite de audiencia aparece en el expediente un escrito
encabezado con el nombre de la reclamante, con firma muy distinta a la de ella y
marginado en la primera hoja con la de su Abogada (folios 303 a 310).
En este escrito se solicita la nulidad como prueba del informe de Dictamed, sin
perjuicio de verter alegaciones relacionadas con el contenido de este informe, y se
reconocen únicamente como válidos los informes del Dr. G. y del Inspector Médico,
finalizando con la reiteración de la declaración de la responsabilidad patrimonial de la
Administración Sanitaria.
Undécimo.- La Consejera de Salud y Consumo con escrito de fecha 10 de noviembre
de 2006, que tuvo entrada en el Registro de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de
Aragón el día 14 siguiente, remitió el expediente y una propuesta de Resolución ?de
conformidad con el artículo 12 del Reglamento por el que se regula el procedimiento de las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, aprobado por el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo?, parcialmente estimatoria de la reclamación.
En la aludida propuesta se recogen, en primer lugar, los antecedentes, la tramitación
seguida y los hechos que se consideran acreditados, y, a continuación, se efectúan
consideraciones jurídicas en cuatro ?fundamentos de derecho?, en los que, después de
aludir a la competencia de la titular del Departamento de Salud y Consumo para adoptar la
resolución que ponga fin al procedimiento instruido y a los requisitos legales para que
pueda ser reconocido el derecho a una indemnización por responsabilidad patrimonial de la
Administración, se recogen los criterios jurisprudenciales y del Consejo de Estado sobre la
relación de causalidad entre los hechos y los daños alegado, y es en el tercero de estos
fundamentos se examinan los motivos en los que se fundamenta la reclamación, que se
contrastan con los citados requisitos legales y criterios jurisprudenciales, llegándose a la
conclusión de que ?si bien ha existido una buena praxis médica en lo referente al
tratamiento del carcinoma así como su precoz detección y seguimiento de la enfermedad, lo
cierto es que del acto quirúrgico de 11 de octubre de 2002 derivó un daño externo a los
propios de la cirugía prevista, no tratándose de efecto secundario en la realización de la
capsulotomía, sino que debe considerarse, y de esta forma lo indica el médico inspector,
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como causa yatrogénica (sic) cuyas consecuencias no deben ser soportadas por la
paciente. Por lo que existiendo una relación causal entre la plexopatía braquial izquierda y
la postura adoptada en la mesa quirúrgica, al no existir otra causa explicable en la aparición
de la patología, debe reconocerse la existencia de una responsabilidad patrimonial de la
Administración?.
Como consecuencia de este reconocimiento, en el último de los fundamentos de
derecho de la propuesta se efectúa una cuantificación de la indemnización, estimada en un
10 % sobre la puntuación máxima (45 puntos ? 73.000 ?, a razón 1.481,03 ? el punto) que
para la plexopatía braquial aparece fijada en el capítulo 7 del Anexo de valoración de la Ley
30/1995, por lo que la indemnización a favor de la reclamante reconocida en la propuesta
asciende a 7.300 ?, porcentaje basado en la existencia previa a la intervención quirúrgica
de 11 de octubre de 2002 de una limitación funcional, agravada en esta intervención, ?si
bien se da una importante mejoría en su evolución, de tal manera que puedan considerarse
mínimas las secuelas que puedan quedar en la reclamante?, todo ello con apoyo en los
informes del Servicios de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario ?Lozano Blesa? de
11 de junio de 2002 y 1 de marzo de 2004 y en el resultado de la electroneurografía que el
fue efectuada el día 27 de noviembre de 2003.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I
El Dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que
legalmente tiene atribuido la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, y según el
artículo 56.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón (en
lo sucesivo LPGA), aprobado por el Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, esta Comisión
habrá de emitir Dictamen preceptivo en los procedimientos que se instruyan sobre
?reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios? cuando el importe de la
indemnización reclamada exceda de 1.000 ? (art. 24 de la Ley 26/2001, de 28 de
diciembre), precepto que ha de ponerse en relación con los artículos 12.1 del Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial, aprobado por el R.D. 429/1993, de 26 de marzo (RPRPAP), y 12.2.a) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica, aprobado por el
Decreto 132/1996, de 11 de julio (en adelante ROFCJA).
Por tratarse de una reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de
la asistencia sanitaria prestada en un centro hospitalario público, corresponde la emisión
del Dictamen a la Comisión Permanente en virtud de lo dispuesto en los artículos 64.1, en
relación con el artículo 63.1 de la LPGA y 21.1 del ROFCJA.
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II
Como ha quedado indicado en el antecedente quinto de este Dictamen, el expediente
aparece foliado, se ha incluido un índice de documentos, y gran parte de éstos son
originales o fotocopias compulsadas.
Esta Comisión, a la vista del expediente remitido, en el que documentalmente constan
las actuaciones habidas en la instrucción del procedimiento, ha de pronunciarse acerca de
si procede o no estimar la reclamación de indemnización efectuada por R.C.. Por mandato
del artículo 12.2 del RPRPAP, se ha de concretar específicamente en este Dictamen, si
procede entrar a considerar las cuestiones de fondo, sobre la existencia o no de relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños alegados, con
estimación, en su caso, de las cuantías y modo de la indemnización, con base en los
criterios legales aplicables.
III
En el Derecho español vigente y en relación con la institución de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, el artículo 106.2 de la Constitución atribuye a los
particulares el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (Vid. S.T.S. de
24 de enero de 2006), y se cumplan los demás requisitos dispuestos en el Ordenamiento
Jurídico, constituido a estos efectos por los artículos 139 y ss. de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo
sucesivo LPAC), también citados en el escrito complementario del inicial de reclamación, y
las normas con ellos concordantes, así como las que los desarrollen, lo que constituye una
garantía fundamental de la seguridad jurídica, con entronque, como ha significado la
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2004, en el valor de la justicia, pilar del
Estado social y democrático de Derecho.
Como ha señalado el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 9 de noviembre de
2004 (f.d. tercero) y 27 de junio de 2006 (f.d. cuarto), ?a los fines del artículo 106. 2 de la
Constitución, la jurisprudencia (sentencias de 5 de junio de 1989, y 22 de marzo de 1995)
ha homologado como servicio público toda actuación, gestión o actividad o tareas propias
de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado
lesivo?, cuando la Administración tiene el concreto deber de obrar o comportarse de un
modo determinado (Vid. también la Sentencia del T. S. de 22 de noviembre de 1991).
El legislador ordinario, al ejercitar la potestad de configuración de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas que la Constitución le encomienda, extrae las
debidas consecuencias de los principios que el concepto de responsabilidad comporta. Así
es como se ciñe la obligación de soportar el daño a la existencia de algún elemento que
extraiga del ámbito de los deberes del perjudicado dicha carga. Con ello se integra el
elemento de antijuridicidad que debe acompañar a cualquier daño para que su producción
genere por parte de aquel sujeto al que puede imputarse causalmente la obligación de
resarcirlo.
12
Esta Comisión de forma reiterada viene señalando que los requisitos para una
declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, según consolidada
formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen establecido por el Derecho positivo sobre
la materia (Vid. las Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000 ?f.d. cuarto-;
25 de junio de 2002 -f.d. cuarto-; 22 de octubre de 2004 ?f.d. tercero- y 9 de noviembre de
2004 ?f.d. tercero-), junto a la no prescripción del plazo para reclamar, pueden articularse
resumidamente, al igual que en la ya mencionada Sentencia del T. S. de 27 de junio de
2006, en la forma siguiente:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal ?es indiferente la calificación? de los servicios
públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin
intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su
propia conducta.
Pero antes de entrar a considerar las cuestiones directamente relacionadas con la
reclamación efectuada, se estima conveniente aportar a este Dictamen, en relación con los
requisitos señalados, que el Tribunal Supremo en recientes Sentencias ha expuesto su
consolidada doctrina en la forma siguiente (Sentencias de 24 de enero de 2004 ?antes
citada- y 14 de febrero de 2006):
La jurisprudencia viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que el particular sufra
una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea
real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la
Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el
funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor
(Ss. 3-10-2000, 9-11-2004, 9-5-2005).
Por lo que se refiere a las características del daño, que es el requisito cuestionado en
este recurso, la Ley 30/92, establece que el daño alegado habrá de ser efectivo,
evaluable económicamente e individualizado, concretando (art. 141.1) que sólo serán
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
La antijuridicidad del daño viene exigiéndose por la jurisprudencia, baste al efecto la
referencia a la sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio
1988 , 29 mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: «esa
responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la
lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el
deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la
13
Administración de indemnizar>> (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-
10-2003).
Cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación medica ó sanitaria, la
jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión
(que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los limites de lo razonable), sino
que es preciso acudir al criterio de la Lex artis como modo de determinar cual es la
actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o
en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración
garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente, de manera que en el caso
de que se produzca una infracción de dicha lex artis respondería la Administración de
los daños causados.
La sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de
2001, señala que «en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la
Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al
elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y
el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico
se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir,
de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la
intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado
del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está
ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición
legal de éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar
legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado
aquilatado en este precepto» (f.d. segundo de la S. de 14 de febrero de 2006) .
Habida cuenta de la referencia a la Constitución que se ha hecho al inicio de esta
Consideración Jurídica, se estima conveniente recordar que el artículo 41 de aquélla obliga
a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad y, de forma específica, en el artículo 43 se reconoce el derecho a la
?protección de la salud?, con la precisión de que ?compete a los poderes públicos organizar
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios?, algo muy distinto a conservar la salud o a recuperarla en caso de su pérdida,
dando lugar en caso contrario a la responsabilidad de la Administración sanitaria, pero este
derecho no está incluido entre los constitucionalmente calificados como fundamentales,
teniendo un contenido programático como uno de los principios rectores de la política social
y económica que ha trascendido al ordenamiento jurídico dando lugar a un conjunto de
Leyes de las que, por razón de materia, se destacan las Leyes estatales 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación
Clínica, y 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y
la Ley autonómica 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, debiendo distinguirse
aquellos supuestos en los que concurran prestaciones de servicios sanitarios que con
arreglo a los criterios legales anteriormente señalados den lugar a la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.
14
IV
Al no cuestionase la legitimación de R.C. para ejercer el derecho a reclamar,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 de la LPAC, la primera cuestión que ha de
examinarse al analizar la documentación remitida es si el escrito de reclamación ha sido
presentado en plazo. En este punto, el artículo 142.5 de la LPAC dispone: ?En todo caso, el
derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En el caso de daños, de carácter físico o
psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la
determinación de las secuelas?. Pues bien, habiendo presentado el escrito de reclamación
el día 22 de julio de 2004 y al estar los daños alegados especialmente referidos, como
máximo al día 3 de diciembre de 2003, fecha que el Servicio de Rehabilitación del Hospital
Clínico Universitario ?Lozano Blesa? reconoce que la mejoría de la paciente está
estacionaria y señala las secuelas (folio 227 del expediente y antecedente sexto de este
Dictamen), es evidente que no había transcurrido el plazo legal para el ejercicio del derecho
a reclamar ante la Administración sanitaria.
Desde la perspectiva formal, ha de señalarse que formuladas alegaciones en el
trámite de audiencia, consta en el expediente el rechazo de las mismas por el Secretario
General Técnico del Departamento de Salud y Consumo en escrito fechado el día 26 de
mayo de 2006 (folios 311 y 312).
A su vez, el artículo 6.1 del RPRP establece que el escrito de reclamación, con el que
se iniciará el procedimiento, irá acompañado de cuantos documentos e informaciones se
estimen oportunos y ?de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse el reclamante?, exigencia reglamentaria que ha de ponerse en correspondencia con
el artículo 9 del mismo Reglamento, vinculado con el anterior, e incluso con el artículo 11.
No obstante haberse propuesto en el escrito de reclamación una prueba tan genérica como
la expresada en éste, ?práctica de prueba en la instrucción del expediente (sic) para
acreditar las cuestiones fácticas planteadas?, se ha aportado al mismo la historia clínica de
la reclamante obrante en el Hospital Clínico Universitario ?Lozano Blesa? y además, se
destaca la existencia de un informe médico adjuntado con el escrito de reclamación como
medio de prueba de una mala praxis clínica y de valoración de la indemnización
relacionada con los daños sufridos (folios 9 a 20 del expediente y antecedente segundo de
este Dictamen).
V
Sin perjuicio de reconocer la existencia de un daño efectivo, individualizado, y
evaluable económicamente, la cuestión a considerar se centra en determinar si se produjo
una lesión como consecuencia del funcionamiento, normal o anormal de los servicios
sanitarios, que los reclamantes no tengan del deber de soportar y la existencia del
necesario nexo de causalidad entre la asistencia sanitaria dispensada y el daño alegado.
15
Sobre tales cuestiones se estima adecuado hacer referencia, en primer lugar, a los
abundantes pronunciamientos jurisprudenciales sobre los necesarios límites de la
responsabilidad patrimonial objetiva, y para ello se considera de interés reproducir el cuarto
párrafo del fundamento de derecho tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
octubre de 2004:
Conviene recordar aquí, cómo la Jurisprudencia de esta Sala ha matizado
declaraciones anteriores acerca de la responsabilidad patrimonial objetiva de las
Administraciones Públicas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos que llevaría a una situación insostenible por irreal. Y así en Sentencia de
catorce de octubre de dos mil tres declaramos, con cita de otras anteriores como las
de 30 de septiembre del mismo año, de 13 de septiembre de 2002, y en los
reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo, que la anterior cita como la
Sentencia de 5 de junio de 1998 (recurso 1662/94), que «la prestación por la
Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de
aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente
sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas,
convierta a éstas, en aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de
prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que
pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo
contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema
providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico». Y, en la
sentencia de 13 de noviembre de 1997 ( recurso 4451/1993), también afirmamos
que «Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la
Jurisprudencia de esta Sala, como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es
menos que ello no convierte a la Administración, en un responsable de todos los
resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones
públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean
consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla».
En consecuencia el motivo no puede prosperar porque la carga de la prueba no
puede pechar, como se pretende, sobre la Administración, sino que será quien
desea obtener la reparación que cree justa, como consecuencia de la a su juicio
inadecuada prestación del servicio público, quien acredite que se produjo un
acontecimiento que desencadenó un daño imputable al funcionamiento del servicio
en cualquiera de sus manifestaciones, para que de ese modo se pueda achacar ese
daño a la Administración como responsable de aquél.
Y ya sobre la asistencia sanitaria, la Sentencia del mismo Tribunal de 17 de mayo
de 2004 indicó (f.d. quinto):
Nos parece necesario recordar también ?conectando con lo que más arriba hemos
dicho sobre los riesgos de una exacerbación de esa naturaleza objetiva de la
responsabilidad que nos ocupa? que el hecho de que en el ordenamiento jurídico
español la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas esté
configurada como objetiva apunta al dato de que no es necesario la concurrencia de
dolo o culpa en el agente, y no permite extraer la consecuencia de que deba
declararse su existencia, sin más, por el mero hecho de que el resultado lesivo se
haya producido con ocasión de la actuación de un centro sanitario público. No sería
16
razonable ?antes al contrario: sería manifiestamente absurdo? entender que esa
objetivación determina que, por ejemplo, la Administración deba responder siempre
que en una clínica gestionada por ella y de ella dependiente fallece un enfermo .
Con posterioridad, el Tribunal Supremo en la Sentencia del de 10 de mayo de 2005 ha
señalado (f.d. cuarto. B):
Tal como está fundamentada la sentencia impugnada, podría entenderse que basta
con que no se consiga la finalidad que se pretende alcanzar con un acto sanitario
para que, sin más, haya que condenar a la Administración a indemnizar al reclamante.
No es así, y esto lo dicta el mismo sentido común. Porque, como este Tribunal
Supremo tiene dicho en jurisprudencia consolidada ?y que, por lo reiterada, excusa la
cita- el hecho de que la responsabilidad extracontractual de las Administraciones
Públicas esté configurada como una responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice,
que baste con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser cometido en el
mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico correspondiente haya
considerado pertinente, para que haya que indemnizar al paciente si resultase algún
daño para él. Antes al contrario: para que haya obligación de indemnizar es preciso
que haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el daño recibido, y
que éste sea antijurídico, es decir: que se trate de un daño que el paciente no tenga el
deber de soportar.
Y más recientemente, el mismo Tribunal en el fundamento de derecho cuarto de su
Sentencia de 21 de noviembre de 2006, además de reiterar lo ya recogido en la Sentencia
de 14 de febrero de 2006, precedentemente reproducida de forma parcial, ha señalado:
La recurrente se apoya en una concepción del carácter objetivo de la responsabilidad
patrimonial que no se corresponde con la doctrina de esta Sala, que tratándose de la
responsabilidad patrimonial derivada de la prestación sanitaria viene declarando que
no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad
objetiva mas allá de los limites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio
de la Lex artis como modo de determinar cual es la actuación médica correcta,
independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya
que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso.
VI
Cuando se actúa ante un proceso patológico, que por sí mismo supone un
encadenamiento de causas y efectos que hay que abordar para restablecer la salud o
conseguir la mejoría del enfermo, la interferencia de aquél en la salud convierte en
necesaria la asistencia y eleva a razón primera de la misma los medios que se emplean
para conseguir el mejor resultado posible, medios que como ha tenido ocasión de significar
la jurisprudencia no pueden ser ilimitados. El criterio normativo aplicable se centra entonces
en la diligencia y adecuación en la instrumentación de aquéllos, teniendo en consideración
las circunstancias. Los conocimientos científicos, técnicos o experimentales ni en medicina
17
ni, probablemente, en ningún sector de la actividad humana, pueden garantizar al ciento por
ciento un resultado determinado. La certeza absoluta debe tenerse por excluida de
antemano (Vid. Sentencias del T.S. de 3 de octubre y 27 de noviembre de 2000 en las que
se da acogida a estos criterios, así como la de 14 de febrero de 2006 ?f.d. segundo), pues
como ha precisa la Sentencia de 10 de noviembre de 2005 (f.d. segundo ? último párrafo),
la actividad sanitaria no permite exigir en términos absolutos la curación del enfermo u
obtener un resultado positivo ya que la función de la Administración sanitaria pública ha de
entenderse dirigida a la prestación de asistencia sanitaria con empleo de las artes que el
estado de la ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, sin desconocer
naturalmente los límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir en todo caso una
curación (Vid. asimismo las Sentencias del T.S. de 11 y 14 de abril de 2006 ?f.d. cuarto en
la primera y quinto en la segunda).
Como tantas veces ha indicado esta Comisión Jurídica en sus Dictámenes, y
recientemente el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de noviembre de 2006, es
jurisprudencia reiteradísima la que señala que el nexo causal se resiste a ser definido
apriorísticamente y se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado
relevante por sí mismo para producir el resultado final, como presupuesto o conditio sine
qua non, esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se
considere consecuencia o efecto del precedente, sino que es necesario además que resulte
normalmente idóneo para determinar el concreto resultado, teniendo en consideración
todas las circunstancias del caso (Vid. asimismo la doctrina jurisprudencia sobre la causa
adecuada o eficiente reiteradamente recogida en los Dictámenes de esta Comisión
Jurídica, e incluida en la Sentencia del T.S. ?Sala de lo Civil- de 27 de enero de 2006).
Ante esta cuestión ha de considerarse que la asistencia médica prestada a R.C.
según los informes médicos que obran en el expediente no fue realizada de acuerdo con el
estado del saber en la actualidad, de modo que se considera que se está ante unos hechos
que constituyen un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, recogida
en el artículo 141.1 de la LPAC, según el cual ?sólo serán indemnizables las lesiones
producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley?, y la adición a este texto introducida por la Ley 4/1999, de
13 de enero, que ha venido a incorporar al derecho positivo la doctrina jurisprudencial
tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto, al precisar que ?no serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiese
podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica
existentes en el momento de producción de aquéllos, sin que pueda perderse de vista,
como ha advertido, y recordado, el mismo Tribunal en la Sentencia de 28 de marzo de 2006
(f. d. segundo) que lo que excluye la antijuridicidad del daño, como título de imputación de
responsabilidad a la Administración, no es la falta de prueba de una aplicación incorrecta de
la técnica utilizada sino la acreditación y certeza de que dicha actuación sanitaria ha sido
correcta y ajustada a la lex artis .
En consecuencia, dado que no cabe partir de la acreditación y certeza de que la
prestación sanitaria no fue la causante del daño, sin distinguir para ello entre la intervención
quirúrgica en sentido estricto y las restantes actuaciones necesarias y complementarias de
la misma, no procede excluir la antijuridicidad del daño como título de imputación a la
Administración, ya que para que tal exclusión procediera sería necesaria la prueba y
justificación de que la actuación médica fue la adecuada con arreglo a lex artis, y recae
18
sobre la Administración sanitaria la carga de la prueba pues, como ha señalado el Tribunal
Constitucional en sus Sentencias 227/1991, de 28 de noviembre (f.j. 5), y 7/1994, de 17 de
enero (f.j. 6), ? cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes
del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del
proceso (art. 118 C.E.) conlleva que dicha parte es quien debe aportar los datos
requeridos, a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad ?, doctrina que
traspasada al procedimiento administrativo que nos ocupa trae consigo que la obligación de
probar debe conjugarse con el principio de facilidad de probar y esa facilidad es obvio que
en el supuesto que se dictamina la ha tenido la Administración sanitaria en lo referente a la
producción del daño causante de una lesión antijurídica, no así respecto a otros extremos
relacionados con la indemnización solicitada.
La procedencia de reconocer la existencia de un nexo de causalidad entre la
asistencia sanitaria prestada a la reclamante en el Hospital Clínico Universitario ?Lozano
Blesa? y el daño alegado como consecuencia de la intervención quirúrgica que se le
practicó el día 11 de octubre de 2002, resulta probada, no tanto por las alegaciones de la
reclamante y por el informe médico por ella aportado junto al escrito de reclamación, sino
por una valoración conjunta del contenido de los documentos que obran en el expediente, y
más concretamente, el de los informes, mencionados en síntesis o reproduciendo los
extremos que a juicio de esta Comisión tienen mayor importancia a efectos de prueba,
recogidos en los antecedentes sexto y séptimo de este Dictamen, correspondientes a
distintos servicios de la Administración sanitaria, sin desconocer el citado en el antecedente
octavo.
Del conjunto de informes a los que se ha hecho alusión se desprende la falta de una
coincidencia sobre la admisión de la existencia del mencionado nexo de causalidad, pues
estando especialmente referido el nexo causal a la posición de la paciente durante la
intervención quirúrgica, en tanto que el cirujano que la practicó asegura en su informe de 24
de septiembre de 2004 que ?la posición quirúrgica de la paciente fue ortodoxa y es la que
permite satisfacer las exigencias de la intervención llevada a cabo? y que ?la posición
quirúrgica está estandarizada y avalada por la práctica quirúrgica habitual en todo el
mundo?, estimando que ?la afirmación de plexopatía braquial izquierda por compresión
postural durante la anestesia es poco verosímil?, en el informe del Servicio de
Rehabilitación de 9 de junio de 2003 la ?impresión diagnóstica? es ?plexopatía braquial
superior izquierda por compresión postural durante la anestesia?, y en el del Inspector
Médico se pone en relación directa ?la intervención quirúrgica de fecha 11 de octubre de
2002 (....) y la aparición de una plexopatía braquial en el lado izquierdo de la paciente?, y se
estima que, sentado el diagnóstico de plexopatía por compresión postural durante la
anestesia, ?es presumible la deficiente acomodación de la que fue objeto la interesada en la
mesa de operaciones, por cuanto no impidió la aparición de una complicación previsible
como es cuadro finalmente sucedido?, precisando que los procedimientos y cautelas
preestablecidos, ?cuya estricta observancia no han tenido lugar en su totalidad en el
presenta caso?, da lugar a que pueda hablarse de una práctica no ajustada a la lex artis, y
de todo ello se desprende, según este informe, la procedencia de reconocer que ?existe
responsabilidad patrimonial de la Administración Autonómica?.
Finalmente, una valoración conjunta de las pruebas aportadas que obran en el
expediente, reseñadas en los antecedentes a las que se ha hecho referencia en esta
Consideración que se acaban de reproducir parcialmente o de citar, lleva a esta Comisión a
19
estimar que se ha acreditado la existencia de una inadecuada praxis que permite concluir
que no fue observada la lex artis ad hoc, por lo que ha existido el nexo de causalidad
necesario para la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria
pueda prosperar.
En resumen, a la vista de los hechos que constan en el expediente y de las
consideraciones jurídicas precedentes se aprecia: 1)- que ha sido solicitada la
indemnización dentro del plazo legalmente establecido por persona legitimada; 2)- que se
han cumplido las exigencias del procedimiento, en el que tiene especial relieve la audiencia
a la reclamante; 3)- que la asistencia sanitaria prestada a la Sra. en el Hospital Clínico
Universitario ?Lozano Blesa??, de Zaragoza fue la adecuada; 4)- que tal asistencia se prestó
no observar a lex artis ad hoc ; 5)- ) - que existe antijuridicidad del resultado que no deba ser
soportado por la reclamante; 6)- que hay nexo de causalidad entre la atención sanitaria que
le fue dispensada y lesión alegada; y, 7)- estos extremos motivan, por las consideraciones
jurídicas anteriormente vertidas, la procedencia de estimar la reclamación de indemnización
formulada; 8)- que sobre la cuantía de la indemnización ha de ser emitido criterio en este
Dictamen.
VII
En el escrito de reclamación se ha cuantificado la indemnización por las lesiones
alegadas en 210.000 ?, y en el informe médico adjuntado con este escrito quien lo ha
emitido cuantifica las secuelas en 31 puntos por los conceptos detallados en el antecedente
primero de este Dictamen, a los que se añaden 5 puntos por el sufrimiento físico soportado
por la paciente y un periodo de incapacidad de 470 días (en el folio 20 el periodo de
incapacidad es de 523 días) a incluir en la valoración, al igual que daños morales por ?dolor
psíquico?.
La cuantía de indemnización reclamada no es asumida en la propuesta de resolución
del Secretario General Técnico del Departamento de Salud y Consumo ? Instructor del
procedimiento- por la concurrencia de dos factores:
1. Existencia previa a la intervención quirúrgica de 11 de octubre de 2002 de
una limitación funcional de la paciente (40-60 grados en un hombro)
derivada de una capsulitis repetida (según resulta de los informes del
Servicio de Rehabilitación del Hospital de 11 de junio de 2002 y 1 de marzo
de 2004), con dolores también previos a la citada intervención quirúrgica.
2. Mejoría importante de la plexopatía braquial izquierda por compresión que
agravó la discapacidad preexistente a la intervención quirúrgica, acreditada
con el informe de 27 de noviembre de 2003 del Servicio de Rehabilitación
del Hospital.
Por todo ello, la estimación de indemnización, según la propuesta, será la resultante
de aplicar un porcentaje del 10 % sobre la puntación máxima de 45 puntos indicada en el
capítulo 7 del Anexo de la Ley 30/1995 (sic), aplicable como norma orientadora, con el
20
importe de cada punto fijado en la Resolución de la Dirección general de Seguros y Fondos
de Pensiones de 7 de enero de 2007.
Esta Comisión entiende que el porcentaje aplicado en la propuesta de resolución para
determinar el importe de la indemnización responde al criterio subjetivo del Instructor, lo
que, por supuesto, no supone que se comparta la valoración pretendida por la reclamante
con base en el informe médico aportado, pues la indemnización ha de cumplir con el
principio de la indemnidad del daño, pero no más, y para dar cumplimiento a este principio
no es suficiente reconocer su producción, es decir, probada la producción de un daño, con
inobservancia de la lex artis, lo que hace procedente el reconocimiento de la
responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, su fijación cuantitativa precisa de
prueba, tanto por lo respecta a las secuelas físicas, permanentes o no, como a los daños
morales, y sólo después podrá entra esta Comisión a enjuiciar tanto la indemnización
solicitada por la reclamante como la fijada en la propuesta de resolución elaborada por la
Administración.
En el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
abril de 2005 se recoge el octavo de la Sentencia recurrida en casación en el que se dijo
que ?las cuantías que interesa, salvo en lo que atañe a las secuelas, carecen de una
mínima base probatoria. A estos efectos, la Sala tiene en cuenta el informe pericial
interesado por la Sala para la determinación de las secuelas del hijo de los actores. Ello es
así porque el informe, riguroso y fiable, no es un informe de parte (...)?. Al considerar el
Tribunal Supremo la Sentencia recurrida indica que ?una de las afirmaciones de la
sentencia en este fundamento y que la parte recurrente censura es ésta que volvemos a
transcribir ?ahora fuera de contexto-: las secuelas, carecen de un mínima base probatoria>>.- Lo que en esta frase leemos es
que si bien está probada la existencia de secuelas, la cuantía de las mismas, en cambio,
carece en absoluto de base probatoria.- (....) Si el baremo oficial que se utiliza como
parámetro es meramente orientativo, hay que probar por qué ?en el concreto caso
enjuiciado- ha de otorgarse la cuantía máxima, y la Sala de instancia, en uso de su libertad
estimativa, ha considerado que esa prueba no queda acreditada?.
Precisamente, la Sala de instancia practicó una primera prueba pericial y,
posteriormente, suspendió el señalamiento para votación y fallo para practicar un nuevo
reconocimiento judicial por un especialista, que el propio Tribunal Supremo califica en su
Sentencia como ?detalladísimo, extenso, minucioso, e incluso añade un epígrafe final,
respecto a la valoración actual de las secuelas ?pese a que no se le había solicitado- y para
ello se apoya en la puntuación que la Ley 30/1995?, añadiendo seguidamente:
Pues bien, la Sala de instancia, que ha manejado ambos dictámenes, y a la que no
cabe negar que ha puesto la máxima diligencia en hacerse con datos suficientes para
formar su convicción acerca de la interpretación jurídica de los hechos; que los ha
analizado con un detalle encomiable en los fundamentos precedentes; la Sala de
instancia ?decimos?, en uso de su libertad estimativa, ha llegado a la conclusión de
que las secuelas están perfectamente probadas, y que, puesto que ? como la propia
parte reconoce? el baremo de la repetidamente citada Ley 30/1995 ?y cualquiera otro
que hubiere podido manejar, añadimos nosotros? no es vinculante y tiene un valor
meramente orientativo, (que es, por cierto, lo que este Tribunal Supremo tiene
reiteradamente dicho) ha hecho una valoración a tanto alzado. Y claro es que lo a
21
hecho teniendo a la vista la valoración hecha por el perito. Pudo muy bien haber
copiado la relación de secuelas, asignando a cada una de ellas un valor cuya suma
arrojara esa cifra de 50.000.000 de ptas. ¿Es que, acaso, si así hubiera procedido, la
parte recurrente se hubiera dado por satisfecha? Este Tribunal de casación ?que ha
estudiado el asunto como suele hacerlo siempre: con atención y esmero? ha obtenido
la convicción de que el Tribunal de instancia ha dado una solución arbitrada, hecha
según su libre arbitrio, pero no arbitraria. El ejercicio que ha hecho dicho Tribunal de
su arbitrio, es decir, de esa libertad estimativa que es inherente al juez, es
absolutamente correcto, y así lo declaramos.
No deja de plantear dudas conceptos no incluidos en la valoración del informe médico
aportado por la reclamante, como sucede con su patología y las posibles limitaciones
anteriores a la intervención quirúrgica que le fue practicada el día 11 de octubre de 2002, a
las que se alude en la propuesta de resolución, así como con el carácter permanente o
temporal de las secuelas, o con conceptos incluidos como el periodo de incapacidad, en el
que no se distinguen los días de baja impeditiva de los de baja no impeditiva, al mismo
tiempo que carece de una justificación basada en medios probatorios como han podido ser
los partes de baja y alta de la paciente, sin que resulte en principio adecuado el cómputo de
la totalidad del periodo, con la deducción señalada en el propio informe, pues en otro
informe, también aportado por la reclamante ?el de 28 de julio de 2006 emitido por el
Médico de Familia del Centro de Salud ?Seminario? (Vid. antecedente noveno de este
Dictamen)- se dice, que el proceso que le ha afectado ?repercute en región cérvico-dorsal,
presentando algias y contracturas que le obligan a coger IT de larga duración con
frecuencia?, y además, en el informe de 3 de diciembre de 2003, de la Unidad de Salud
Mental ?Rebolería? (Vid. antecedente sexto de este Dictamen), se indica que la pérdida de
fuerza y la torpeza motora en la mano izquierda de la paciente ?le ha limitado mucho en la
actividad laboral en la cual tiene que archivar, escribir a máquina....?
Por otra parte, a esta Comisión no le corresponde el análisis de las secuelas descritas
en el informe del Dr. G. emitido a petición de la reclamante, con limitada fuerza probatoria,
todas ellas incluidas dentro del epígrafe ?Plexopatía de miembro superior izquierdo?, lo que
hace necesaria la aportación de un informe que efectúe el correspondiente análisis,
extremo que no contiene el emitido por la Inspección Médica, ni los de los restantes
Servicios de la Administración sanitaria, y no estará de más recordar que, en
correspondencia con el artículo 82.1 de la LPAC, el artículo 10 del RPRPAP faculta a
instructor del procedimiento para ?solicitar cuantos informes estime necesarios para
resolver?.
A su vez en este informe no se indica el sistema de valoración en puntos aplicado,
habiéndose limitado el informante a relacionar conceptos atribuyendo puntuación a cada
uno de ellos, a excepción del ?dolor psíquico?, y a aplicar las fórmulas que detalla (la
primera de ella coincidente con la incluida en Anexo para las lesiones concurrentes), pero
sin tomar como referencia de forma clara el sistema y criterios contenidos en el Anexo del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de
Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en
gran manera coincidentes con los del de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, vigente en la
fecha en que el informe fue emitido, y sin indicar el valor de cada punto, ni la cuantía total
de la indemnización. Y si bien en el informe médico aportado como prueba de parte existe
esta omisión, si a la puntuación total se aplicara el valor para los puntos fijado en la
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Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones antes citada, el
resultado sería muy inferior al de la indemnización reclamada.
Sobre el mencionado sistema y su objetividad cabe efectuar la cita de las Sentencias
del Tribunal Supremo de 31 de enero (f.d. tercero) y 30 de mayo de 2006 (f.d. cuarto),
coincidentes en lo esencial, en las que se ha puesto de relieve que:
Tales baremos, según hemos declarado en nuestras sentencias de quince de abril de
dos mil cuatro ?recurso de casación 2168/1999? y cinco de julio de dos mil cinco ?
recurso de casación 3312/1999? tienen una función orientativa y no vinculante, pues
al ser su ámbito propio de valoración de daños en el ámbito de los seguros, sirven de
referencia por la seguridad y objetividad jurídica que implica, un sistema objetivo de
resarcimiento, razón por la que se suele invocar en el ámbito de la seguridad social;
por ello el importe de la indemnización ha de fijarse estimativamente por el Tribunal
teniendo en cuenta las cantidades reconocidas en casos análogos y las que pudieran
resultar aplicables, en su ámbito, como consecuencia de los criterios legales de la
tasación mencionada.
Estas y otras razones abundan el criterio señalado acerca de la necesidad de un
informe, o más, que con carácter complementario e imparcial contribuyan a fijar de forma
objetiva la indemnización, sin perjuicio de que para los daños morales pueda darse un
componente sujetivo pero ponderado, cuando estos daños no estén incluidos en la
valoración de las secuelas o de los puntos para el cálculo de las indemnizaciones por las
secuelas permanentes.
La insuficiencia, o incluso carencia, de una prueba detallada de las secuelas y de su
valoración impiden que esta Comisión Jurídica señale la cuantía de la indemnización que
estime procedente, por lo que no puede dar cumplimiento de forma plena a las exigencias
contenidas en el artículo 12 del RPRPAP respecto al contenido del dictamen que ha de
emitir este órgano consultivo, por lo que se ve obligado a suspender tal emisión.
Por cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón emite el
siguiente DICTAMEN:
?Por las razones contenidas en la Consideración Jurídica VII, dejar en suspenso la
emisión del preceptivo Dictamen relacionado con la solicitud de indemnización formulada
por R.C. por los daños relacionados con la inadecuada atención sanitaria que alega y que
le fue dispensada en el Hospital Clínico Universitario ?Lozano Blesa? de Zaragoza en el que
fue intervenida quirúrgicamente el día 11 de octubre de 2002?.
En Zaragoza, a veintiuno de febrero de dos mil siete.
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