Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 206/2016 de 16 de noviembre de 2016

Cuestión

Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por doña MBSS tras el fallecimiento de su madre, doña FASC, como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada por Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Contestacion

DICTAMEN Nº: 206/2016

TÍTULO: Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por

doña MBSS tras el fallecimiento de su madre, doña FASC, como consecuencia

de la asistencia sanitaria prestada por Osakidetza-Servicio vasco de salud

ANTECEDENTES

1. Por oficio de 11 de julio de 2016 del Director General de Osakidetza-Servicio

Vasco de Salud (Osakidetza), con entrada en esta Comisión el día 10 de agosto

del mismo año, se somete a consulta la reclamación de responsabilidad

patrimonial por daños sufridos por doña ? (MBSS) como consecuencia de la

asistencia médica recibida por su madre doña ? (FASC).

2. La indemnización solicitada, en su escrito de alegaciones, asciende a 300.000

euros, por los siguientes conceptos:

a) Daños y perjuicios y gastos por coste de las diligencias preparatorias, de los

abogados, llamadas por teléfono, viajes a Bilbao: 25.000 ?.

b) Gastos por el coste de asistencia derivado de los desplazamientos y pérdida de

tiempo y oportunidad: 25.000 ?.

c) Gastos médicos no cubiertos por el Servicio Vasco de Salud: 20.000 ?.

d) Valoración de indemnización por valor en concepto de daño moral y perjuicios

físicos imponderables por 50 años (eq. 333?/mes): 200.000 ?.

e) Indemnización por fallecimiento, por cada hijo (3):10.000 ?.

3. En cuanto al momento en el que se formuló la reclamación resulta difícil

establecer una fecha concreta, dado que doña MBSS remitió a diferentes

servicios de Osakidetza numerosos escritos en los que la pretensión de

indemnización por responsabilidad patrimonial no resultaba clara, pues pedía que

se le ayudara a investigar la muerte de su madre, que sospechaba se debía a una

intoxicación de litio, tras un ingreso hospitalario contra su voluntad, y solicitaba

copia de los informes médicos (v.gr.: correo electrónico de 18/10/2011, folio 223).

4. El historial médico de su madre le fue denegado por orden de un hermano suyo,

quien era el tutor de la madre, aunque lo obtuvo por Auto de 20 de mayo de 2014

del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao, dictado en las Diligencias

preliminares 407/2014.

5. La tramitación del procedimiento de responsabilidad se ordena por Resolución de

17/4/2015 del Director General de Osakidetza, constituyendo documentos

relevantes del expediente los siguientes: historia clínica de doña FASC del

Hospital Universitario ?; informe de la Sección de psiquiatría del mismo hospital;

informe del Inspector médico; escrito de alegaciones de la representante de doña

MBSS; y la propuesta de resolución del instructor, de carácter desestimatoria.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

6. Es preceptiva la intervención de esta Comisión al tratarse de una reclamación de

responsabilidad patrimonial por un importe superior a dieciocho mil euros,

conforme a lo que dispone el Decreto 73/2011, de 12 de abril, que actualiza el

límite mínimo de la cuantía en los asuntos a que se refiere el artículo 3.1.k) de la

Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

RELATO DE HECHOS

7. Siguiendo los recogidos en el informe del Inspector médico, los hechos relevantes

que se deducen del expediente son los siguientes.

8. Doña FASC era una mujer de ? años de edad en el momento del fallecimiento,

diagnosticada de trastorno afectivo bipolar ?iniciado en la juventud, por el que

había recibido asistencia psiquiátrica continuada y múltiples ingresos hospitalarios

a lo largo de su vida? y, más recientemente, deterioro cognitivo mixto.

9. Venía siendo tratada con varios neurolépticos, antidepresivos y ansiolíticos para

el control de sus síntomas.

10. Precisó un primer ingreso en el Servicio de psiquiatría del Hospital Universitario

?, que se prolongó del día 11 de abril al 3 de mayo de 2011, debido a

alteraciones conductuales. Se ajustó el tratamiento neuroléptico mediante la

suspensión de la risperidona y el aumento de la dosis de quetiapina con el fin de

controlar los síntomas disfóricos. Tras el alta hospitalaria se indicó seguimiento en

el Centro de Salud Mental de ?, en ?.

Dictamen 206/2016 Página 2 de 11

11. Mes y medio después acudió de nuevo a urgencias del Hospital Universitario ?

tras nuevo episodio de disforia en la residencia donde vivía y negativa a tomar la

medicación, como había ocurrido más veces. Se pautó media ampolla de

haloperidol, como tratamiento neuroléptico de primera elección. Unas horas

después estaba tranquila y colaboradora, por lo que no fue ingresada.

12. Vista por su psiquiatra extrahospitalarlo, este remitió de nuevo a la paciente para

ingreso en el Hospital Universitario ? por presentar alteración conductual con

episodios de heteroagresividad en su medio residencial, actitud oposicionista con

negativa a ingesta medicamentosa, así como trastorno de conducta alimentaria,

ingesta hídrica, etc.

13. Ingresó en urgencias del Hospital Universitario ? (HU) en fecha 15/06/2011.

14. Se consideró que se trataba de un cuadro de deshidratación hipernatrémica y

agitación psicomotriz en paciente con trastorno afectivo bipolar y deterioro

cognitivo.

15. Durante la noche presentó fiebre de 38,5°C, tratada empíricamente con

antitérmicos y antibioterapia con amoxicilina/clavulánico. Al persistir la fiebre de

38,5°C, se decidió descartar un posible síndrome neuroléptico maligno, por lo que

se suspendieron inmediatamente todos los neurolépticos.

16. Valorada por neurología, se consideró que presentaba bien una hipersensibilidad

a neurolépticos, bien un síndrome neuroléptico maligno, complicaciones ambas

inevitables, que se pueden presentar en cualquier paciente que debe seguir un

tratamiento neuroléptico, y que no tiene más tratamiento que la suspensión de la

medicación y la aplicación de medidas de soporte vital.

17. Ante un empeoramiento respiratorio, se la ingresó en la Unidad de reanimación

por la posible necesidad de intubación orotraqueal y se informó a la familia de la

gravedad de su situación clínica.

18. Al día siguiente, 17/06/2011, la paciente se encontraba estable hemodinámica y

respiratoriamente. En consecuencia, se decidió su paso a planta de medicina

interna. Dados sus antecedentes se consideró que no era subsidiaria de más

ingresos en la Unidad de reanimación, siguiendo un criterio de limitación del

esfuerzo terapéutico correctamente adaptado a las patologías incurables que

presentaba la paciente.

19. En medicina interna se mantuvo un tratamiento paliativo y de soporte vital.

Dictamen 206/2016 Página 3 de 11

20. A pesar de todo, fue inevitable la evolución desfavorable como resultado de una

encefalopatía multifactorial (lesiones neurológicas previas, infección, hipoxia,

alteración hidroiónica, fármacos). Finalmente falleció durante el tercer día de

estancia en este servicio. No se solicitó autopsia clínica.

CONSIDERACIONES

I ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO

21. Para el examen del expediente instruido ha de estarse a lo que establecen los

artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

(LRJPAC), y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el

Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de

las administraciones públicas (en adelante, el Reglamento).

22. Aunque dicha normativa ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sigue

siendo de aplicación a los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor,

como es éste el caso, de acuerdo con lo establecido en su disposición transitoria

tercera, letra a).

23. La reclamación ha sido interpuesta por una hija de una paciente de Osakidetza, la

cual afirma haber sufrido daño como consecuencia del tratamiento médico

aplicado a su madre, por lo que ha de considerarse que está legitimada para ello.

24. En lo que respecta al plazo para la interposición de la reclamación de

responsabilidad, el artículo 142.5 LRJPAC y el artículo 4 del Reglamento

establecen que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el

acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo,

configurándose legalmente dicho cómputo temporal como un plazo de

prescripción.

25. En el presente caso, como se ha señalado en el apartado de hechos, la finalidad

de los numerosos escritos remitidos por doña MBSS a distintos servicios de

Osakidetza no parece ser la de exigir la responsabilidad patrimonial de la

Administración, sino la responsabilidad de los profesionales que atendieron a su

madre, aunque resulta acertada la tramitación del expediente de responsabilidad

en base al principio de interpretación antiformalista y pro actione que debe primar

en el análisis de los escritos dirigidos a los servicios de Osakidetza, por lo que hay

Dictamen 206/2016 Página 4 de 11

que entender que la reclamación fue interpuesta en el plazo legalmente

establecido.

26. La tramitación del procedimiento se ha acomodado en lo sustancial a lo

establecido al efecto en el citado Reglamento. Así, ha sido tramitado por el órgano

pertinente y constan en el expediente los numerosos escritos remitidos por la

reclamante; la historia clínica de doña FASC; los informes de los servicios

implicados (hospitalización y psiquiatría del HU; el informe del inspector médico;

la puesta de manifiesto del expediente y el trámite de audiencia a la reclamante;

las alegaciones presentadas por la reclamante y la propuesta de resolución del

instructor.

27. Resta señalar que en la tramitación del procedimiento se ha superado el plazo de

seis meses legalmente establecido, lo que no impide al órgano competente

cumplir con su obligación de resolver, por cuanto siendo el sentido del silencio

negativo (artículo 142.7 LRJPAC) la resolución tardía no se encuentra vinculada a

aquél.

II ANÁLISIS DEL FONDO

28. El régimen de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas

tiene su fundamento específico en el artículo 106.2 de la Constitución. En el

momento de iniciarse el procedimiento se encontraba regulado en los artículos

139 y siguientes de la LRJPAC y, en la actualidad, en los artículos 32 y siguientes

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público

(LRJSP).

29. Ese régimen resulta de aplicación también a las reclamaciones que se presenten

por los daños padecidos por el funcionamiento del servicio público de asistencia

sanitaria (conforme al artículo 21.3 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de

ordenación sanitaria de Euskadi).

30. En general, son requisitos exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad

patrimonial: el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en

relación a una persona o grupo de personas; que sea consecuencia del

funcionamiento normal o anormal ?es indiferente la calificación- de los servicios

públicos (voz que incluye a estos efectos, toda actuación, gestión, actividad o

tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o

pasividad con resultado lesivo), sin intervención de elementos extraños que

Dictamen 206/2016 Página 5 de 11

puedan alterar el curso causal; la inexistencia de fuerza mayor y que el

perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

31. No es fácil determinar las razones por las que la reclamante considera que ha

existido una mala praxis en la atención médica prestada su madre. En su escrito

de 22/5/2015 se recogen las siguientes extremos:

- ?Que dicho síndrome (Síndrome Neuroléptico Maligno, causa de la muerte

de su madre) no fue detectado a tiempo ni se pusieron los medios y

diligencia para prevenirlo, para detectarlo a tiempo o para evitar su

desenlace. Dicho síndrome, siendo un efecto adverso previsible y muy

grave, es motivo de obligado consentimiento informado del tratamiento, no

siendo válido en este caso el consentimiento verbal o tácito de paciente o

los familiares sino que se ha de manifestar en un escrito tras las

advertencias debidas. Se trató, por lo tanto, de un tratamiento no solo

improcedente, sino además no consentido?.

- ?El diagnóstico de trastorno bipolar en el curso de un tratamiento

neuroléptico es una negligencia en la praxis médica ya que los síntomas

que describen el trastorno bipolar podrían estar justificados por los efectos

adversos de la medicación psiquiátrica?.

- ?Que bien el diagnóstico, el tratamiento o ambos, no se ajustaban a las

necesidades de la salud de mi madre, ella sufría de un duelo emocional

causado por la negligencia de los médicos en el Hospital de ? en los años

60 por la muerte de su primer bebé en un parto sumamente traumático,

donde su primer bebé, mi hermana, murió en el parto con el cordón

umbilical al no estar presentes los empleados médicos durante el parto. El

duelo prolongado no constituye patología psiquiátrica ni justifica un

tratamiento experimental, y dicho diagnóstico psiquiátrico y tratamiento,

pude deberse a un error o negligencia, que en cualquier caso supone un

abuso y una mala praxis?.

32. La imputación del daño a la Administración en los supuestos de asistencia

sanitaria presenta una marcada peculiaridad, pues no es aquí el funcionamiento

del servicio el que crea el riesgo sino que este actúa una vez producido un evento

con potencialidad lesiva, a cuyo proceso causal el funcionamiento del servicio

Dictamen 206/2016 Página 6 de 11

concernido es ajeno, tratándose, por tanto, de una intervención pública a

posteriori cuyo objetivo es evitar que esa potencialidad se haga acto dañoso o

mitigar el alcance de este.

33. En estos casos, al igual que en los que se aduce un comportamiento omisivo del

servicio concernido, el daño únicamente podrá imputarse al servicio o actividad

pública cuando quede acreditado un funcionamiento anormal. Si el servicio o

actividad se ha desarrollado con normalidad, no podrá sostenerse su

incorporación al proceso causal incrementando el riesgo preexistente, resultando

ajeno a este y siendo, así, el daño padecido materialización exclusiva de tal

riesgo.

34. En efecto, puede sostenerse que el derecho impone a la víctima la obligación de

soportar los perjuicios derivados de eventos desencadenados por causas ajenas

al funcionamiento del servicio público concernido, aunque, con posterioridad a la

producción de dichos eventos, intervenga aquel sin éxito, siempre que tal

intervención pueda considerarse funcionamiento normal del servicio público.

35. Ese deber de soportar el daño deriva de la esencia misma de la institución de la

responsabilidad patrimonial de la Administración, pues, cualquiera que sea la

forma en que se explique su fundamento, no es coherente con el mismo que la

comunidad cubra los daños que, proviniendo de causas ajenas al actuar

administrativo, no hayan podido evitarse a pesar del funcionamiento normal del

servicio público concernido.

36. Si analizadas las características del concreto servicio público afectado por la

reclamación se concluye su funcionamiento normal, no podrá atribuirse a este el

daño alegado, pues no podrá afirmarse que tal funcionamiento se ha incorporado

al proceso causal incrementando el riesgo preexistente o, desde otra perspectiva,

podrá afirmarse que el particular tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, al

haberse producido este con ocasión (pero no como consecuencia) del

funcionamiento del servicio público.

37. Por ello, en estos casos la primera tarea suele recaer en la fijación para el

supuesto concreto de lo que haya de entenderse por funcionamiento normal.

38. Y, para examinar en cada caso la ?normalidad? del servicio de asistencia sanitaria,

la doctrina y la jurisprudencia acuden a lo que se expresa con la locución lex artis

ad hoc que, en síntesis, supone la observación detenida del concreto empleo de

la ciencia y técnica médicas exigibles atendiendo a las circunstancias de cada

caso, para lo cual deben valorarse los recursos disponibles en el servicio para

Dictamen 206/2016 Página 7 de 11

prestar la asistencia médica, la forma en que, atendidas las características

específicas del caso, fueron empleados dichos recursos y, en conclusión, analizar

si la actuación asistencial cuestionada responde o no al estándar razonable de

funcionamiento del servicio.

39. Tal entendimiento de la cuestión encuentra amparo en el artículo 141.1 LRJPAC y

hoy en el artículo 34 1 de la LRJSP, que establecen la obligación de indemnizar

sólo ??las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber

jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven

de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los

conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de

aquéllos.?

40. En esta aproximación general a las cuestiones que presentan las reclamaciones

por funcionamiento anormal del servicio público de asistencia sanitaria resta

apuntar dos últimas características.

41. La primera se refiere a que, con carácter general y sin perjuicio del carácter

eminentemente casuístico de la responsabilidad patrimonial, la acreditación del

estado del saber y de la ciencia es cuestión que, en cada supuesto, debe

acreditar la Administración sanitaria a la que se imputa la actuación generadora

de responsabilidad patrimonial.

42. Y, atinente la segunda, a resaltar la importancia que en estas reclamaciones

cobran los informes técnicos, ya que, si ?como hemos expuesto? el

reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria

exige en estos casos la acreditación de la infracción de la lex artis ad hoc (a salvo

los casos en los que el desproporcionado resultado evidencie per se una

infracción de aquélla), la prueba pericial deviene insoslayable, al margen de que

su valoración deba realizarse conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica

que rigen la misma.

43. Para continuar con el análisis del caso se hace necesario, según hemos

avanzado, el examen de los informes médicos que contienen los datos relevantes

en cuanto a la asistencia prestada, la valoración de los actos médicos y la relación

de causalidad entre los mismos y el daño por el que se reclama.

44. De inicio se advierte que la tesis que refleja la reclamación no ha sido apoyada en

ningún informe de carácter técnico.

45. Por otra parte, de los informes técnicos que obran en el expediente se deduce

que no ha existido mala praxis.

Dictamen 206/2016 Página 8 de 11

46. Así, el informe del Servicio de psiquiatría del HU recoge lo siguiente:

?Se trataba de una paciente con diagnóstico de Trastorno afectivo bipolar de

inicio en la juventud que precisó numerosísimos ingresos psiquiátricos en

diferentes centros (?, ?, ? y ?), siempre debidos a fases maniacas con

agresividad. Realizó seguimiento durante años en el Centro de Salud Mental de

? y fue tratada fundamentalmente con sales de litio y haloperidol.

El último ingreso psiquiátrico en el Hospital de ? fue el 11 de abril del 2011. Por

entonces la paciente estaba viuda desde hacía nueve años y vivía en una

residencia desde hacía doce. Estaba incapacitada y uno de sus tres hijos era el

tutor legal. El ingreso fue debido a graves alteraciones de conducta en la

residencia. Se tramitó el ingreso judicial por tratarse de una paciente

incapacitada, con demencia y descompensación afectiva. El tutor legal de la

paciente aportó una petición que había realizado a la residencia en el mes de

marzo en el que solicitaba que su hermana MBSS no pudiera visitar ni contactar

telefónicamente con la madre por considerar que no resultaba beneficioso para

ella (se adjunta copia de la nota).

Como antecedentes médicos constaban: Diabetes mellitus tipo II,

Hipotiroidismo, Diverticulosis en hemicolon derecho y una Demencia mixta

desde el año 2005 con neuroimagen en la que se objetivaba atrofia cerebral

mixta, valorada por neurología y tratada con prometax.

Al ingresar la paciente seguía tratamiento con Tegretol, Risperdal, Quetiapina y

Sertralina. Siguiendo los protocolos de tratamiento del Trastorno Bipolar se

retiró el antidepresivo (Sertralina) y se decidió ajustar la medicación con un solo

antipsicótico, retirando el risperdal. El 3 de mayo de 2011 la paciente fue dada

de alta habiendo cedido el episodio maniaco y la agresividad, aunque persistían

algunas alteraciones de conducta propias del proceso demencial.

El 14 de junio de 2011 la paciente es conducida al servicio de urgencias por su

hijo por agitación, agresividad y negativa a la ingesta. Precisó contención

mecánica de cintura por su propia seguridad y siguiendo guías de tratamiento

tanto del delirium como de la agitación en demencia se pautó media ampolla de

haloperidol. Se trata de un fármaco seguro que no deprime el centro respiratorio

y la paciente ya había sido tratada durante años con dicho fármaco sin

presentar alergia o intolerancia.

Dictamen 206/2016 Página 9 de 11

Se realizó hemograma, bioquímica y análisis de orina. Ante la normalidad de los

análisis y estando más sosegado de la paciente se-decide traslado a la

residencia en ambulancia. Se pautó media ampolla más de haloperidol para

asegurar que el traslado se realizara de forma segura. La paciente tenía prevista

cita al día siguiente con su psiquiatra habitual.

El día 15 de junio, tras valoración por su médico, fue remitida al servicio de

urgencias del Hospital de ? para ingreso. Llegó consciente, desorientada,

agitada y afebril. Durante su estancia en el servicio de urgencias sufrió una

crisis tónico clónico y comenzó con fiebre persistente.

El día 16 de junio, ante la persistencia de los síntomas a pesar de las medidas

terapéuticas se decidió ingreso en reanimación. El día 17 de junio fue trasladada

a la planta de Medicina Interna para continuidad de cuidados con los siguientes

diagnósticos: Síndrome febril de probable origen pulmonar, convulsión,

hipernatremia e insuficiencia renal aguda. La enferma evolucionó

desfavorablemente con disminución del nivel de conciencia que se consideró

como una encefalopatía multifactorial.

Finalmente falleció el 19 de junio. Los diagnósticos finales fueron: Infección del

tracto respiratorio agudo, Insuficiencia respiratoria aguda, Insuficiencia renal

aguda, Hipernatremia, Deterioro cognitivo, Trastorno bipolar y Diabetes mellitus

tipo II.?

47. El Inspector médico recoge como conclusiones de su informe las siguientes:

?La asistencia prestada ha sido en todo momento adecuada a la situación clínica

de la paciente, ya que se han aplicado correctamente los conocimientos

profesionales según el estado actual de la Medicina. La paciente presentaba

patologías severas y de larga evolución que evolucionaron negativamente a

pesar del tratamiento correcto y diligente que se le aplicó. No se aprecia

ninguna situación o tratamiento susceptible de consentimiento informado al

haberse aplicado medidas de sostén básico y tratamientos farmacológicos

semejantes desde hacía muchos años y sin alternativas terapéuticas que

pudieran evitar las posibles complicaciones.?

48. A la vista de los anteriores informes, la Comisión entiende que no ha existido

negligencia médica en la atención prestada a doña FASC, como señala la

reclamante.

Dictamen 206/2016 Página 10 de 11

CONCLUSIÓN

La Comisión considera que no existe responsabilidad patrimonial de la Administración

sanitaria en relación con la reclamación presentada por doña MBSS.

Dictamen 206/2016 Página 11 de 11

DICTAMEN Nº: 206/2016

TÍTULO: Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por

doña MBSS tras el fallecimiento de su madre, doña FASC, como consecuencia

de la asistencia sanitaria prestada por Osakidetza-Servicio vasco de salud

ANTECEDENTES

1. Por oficio de 11 de julio de 2016 del Director General de Osakidetza-Servicio

Vasco de Salud (Osakidetza), con entrada en esta Comisión el día 10 de agosto

del mismo año, se somete a consulta la reclamación de responsabilidad

patrimonial por daños sufridos por doña ? (MBSS) como consecuencia de la

asistencia médica recibida por su madre doña ? (FASC).

2. La indemnización solicitada, en su escrito de alegaciones, asciende a 300.000

euros, por los siguientes conceptos:

a) Daños y perjuicios y gastos por coste de las diligencias preparatorias, de los

abogados, llamadas por teléfono, viajes a Bilbao: 25.000 ?.

b) Gastos por el coste de asistencia derivado de los desplazamientos y pérdida de

tiempo y oportunidad: 25.000 ?.

c) Gastos médicos no cubiertos por el Servicio Vasco de Salud: 20.000 ?.

d) Valoración de indemnización por valor en concepto de daño moral y perjuicios

físicos imponderables por 50 años (eq. 333?/mes): 200.000 ?.

e) Indemnización por fallecimiento, por cada hijo (3):10.000 ?.

3. En cuanto al momento en el que se formuló la reclamación resulta difícil

establecer una fecha concreta, dado que doña MBSS remitió a diferentes

servicios de Osakidetza numerosos escritos en los que la pretensión de

indemnización por responsabilidad patrimonial no resultaba clara, pues pedía que

se le ayudara a investigar la muerte de su madre, que sospechaba se debía a una

intoxicación de litio, tras un ingreso hospitalario contra su voluntad, y solicitaba

copia de los informes médicos (v.gr.: correo electrónico de 18/10/2011, folio 223).

4. El historial médico de su madre le fue denegado por orden de un hermano suyo,

quien era el tutor de la madre, aunque lo obtuvo por Auto de 20 de mayo de 2014

del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao, dictado en las Diligencias

preliminares 407/2014.

5. La tramitación del procedimiento de responsabilidad se ordena por Resolución de

17/4/2015 del Director General de Osakidetza, constituyendo documentos

relevantes del expediente los siguientes: historia clínica de doña FASC del

Hospital Universitario ?; informe de la Sección de psiquiatría del mismo hospital;

informe del Inspector médico; escrito de alegaciones de la representante de doña

MBSS; y la propuesta de resolución del instructor, de carácter desestimatoria.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

6. Es preceptiva la intervención de esta Comisión al tratarse de una reclamación de

responsabilidad patrimonial por un importe superior a dieciocho mil euros,

conforme a lo que dispone el Decreto 73/2011, de 12 de abril, que actualiza el

límite mínimo de la cuantía en los asuntos a que se refiere el artículo 3.1.k) de la

Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

RELATO DE HECHOS

7. Siguiendo los recogidos en el informe del Inspector médico, los hechos relevantes

que se deducen del expediente son los siguientes.

8. Doña FASC era una mujer de ? años de edad en el momento del fallecimiento,

diagnosticada de trastorno afectivo bipolar ?iniciado en la juventud, por el que

había recibido asistencia psiquiátrica continuada y múltiples ingresos hospitalarios

a lo largo de su vida? y, más recientemente, deterioro cognitivo mixto.

9. Venía siendo tratada con varios neurolépticos, antidepresivos y ansiolíticos para

el control de sus síntomas.

10. Precisó un primer ingreso en el Servicio de psiquiatría del Hospital Universitario

?, que se prolongó del día 11 de abril al 3 de mayo de 2011, debido a

alteraciones conductuales. Se ajustó el tratamiento neuroléptico mediante la

suspensión de la risperidona y el aumento de la dosis de quetiapina con el fin de

controlar los síntomas disfóricos. Tras el alta hospitalaria se indicó seguimiento en

el Centro de Salud Mental de ?, en ?.

Dictamen 206/2016 Página 2 de 11

11. Mes y medio después acudió de nuevo a urgencias del Hospital Universitario ?

tras nuevo episodio de disforia en la residencia donde vivía y negativa a tomar la

medicación, como había ocurrido más veces. Se pautó media ampolla de

haloperidol, como tratamiento neuroléptico de primera elección. Unas horas

después estaba tranquila y colaboradora, por lo que no fue ingresada.

12. Vista por su psiquiatra extrahospitalarlo, este remitió de nuevo a la paciente para

ingreso en el Hospital Universitario ? por presentar alteración conductual con

episodios de heteroagresividad en su medio residencial, actitud oposicionista con

negativa a ingesta medicamentosa, así como trastorno de conducta alimentaria,

ingesta hídrica, etc.

13. Ingresó en urgencias del Hospital Universitario ? (HU) en fecha 15/06/2011.

14. Se consideró que se trataba de un cuadro de deshidratación hipernatrémica y

agitación psicomotriz en paciente con trastorno afectivo bipolar y deterioro

cognitivo.

15. Durante la noche presentó fiebre de 38,5°C, tratada empíricamente con

antitérmicos y antibioterapia con amoxicilina/clavulánico. Al persistir la fiebre de

38,5°C, se decidió descartar un posible síndrome neuroléptico maligno, por lo que

se suspendieron inmediatamente todos los neurolépticos.

16. Valorada por neurología, se consideró que presentaba bien una hipersensibilidad

a neurolépticos, bien un síndrome neuroléptico maligno, complicaciones ambas

inevitables, que se pueden presentar en cualquier paciente que debe seguir un

tratamiento neuroléptico, y que no tiene más tratamiento que la suspensión de la

medicación y la aplicación de medidas de soporte vital.

17. Ante un empeoramiento respiratorio, se la ingresó en la Unidad de reanimación

por la posible necesidad de intubación orotraqueal y se informó a la familia de la

gravedad de su situación clínica.

18. Al día siguiente, 17/06/2011, la paciente se encontraba estable hemodinámica y

respiratoriamente. En consecuencia, se decidió su paso a planta de medicina

interna. Dados sus antecedentes se consideró que no era subsidiaria de más

ingresos en la Unidad de reanimación, siguiendo un criterio de limitación del

esfuerzo terapéutico correctamente adaptado a las patologías incurables que

presentaba la paciente.

19. En medicina interna se mantuvo un tratamiento paliativo y de soporte vital.

Dictamen 206/2016 Página 3 de 11

20. A pesar de todo, fue inevitable la evolución desfavorable como resultado de una

encefalopatía multifactorial (lesiones neurológicas previas, infección, hipoxia,

alteración hidroiónica, fármacos). Finalmente falleció durante el tercer día de

estancia en este servicio. No se solicitó autopsia clínica.

CONSIDERACIONES

I ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO

21. Para el examen del expediente instruido ha de estarse a lo que establecen los

artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

(LRJPAC), y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el

Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de

las administraciones públicas (en adelante, el Reglamento).

22. Aunque dicha normativa ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sigue

siendo de aplicación a los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor,

como es éste el caso, de acuerdo con lo establecido en su disposición transitoria

tercera, letra a).

23. La reclamación ha sido interpuesta por una hija de una paciente de Osakidetza, la

cual afirma haber sufrido daño como consecuencia del tratamiento médico

aplicado a su madre, por lo que ha de considerarse que está legitimada para ello.

24. En lo que respecta al plazo para la interposición de la reclamación de

responsabilidad, el artículo 142.5 LRJPAC y el artículo 4 del Reglamento

establecen que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el

acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo,

configurándose legalmente dicho cómputo temporal como un plazo de

prescripción.

25. En el presente caso, como se ha señalado en el apartado de hechos, la finalidad

de los numerosos escritos remitidos por doña MBSS a distintos servicios de

Osakidetza no parece ser la de exigir la responsabilidad patrimonial de la

Administración, sino la responsabilidad de los profesionales que atendieron a su

madre, aunque resulta acertada la tramitación del expediente de responsabilidad

en base al principio de interpretación antiformalista y pro actione que debe primar

en el análisis de los escritos dirigidos a los servicios de Osakidetza, por lo que hay

Dictamen 206/2016 Página 4 de 11

que entender que la reclamación fue interpuesta en el plazo legalmente

establecido.

26. La tramitación del procedimiento se ha acomodado en lo sustancial a lo

establecido al efecto en el citado Reglamento. Así, ha sido tramitado por el órgano

pertinente y constan en el expediente los numerosos escritos remitidos por la

reclamante; la historia clínica de doña FASC; los informes de los servicios

implicados (hospitalización y psiquiatría del HU; el informe del inspector médico;

la puesta de manifiesto del expediente y el trámite de audiencia a la reclamante;

las alegaciones presentadas por la reclamante y la propuesta de resolución del

instructor.

27. Resta señalar que en la tramitación del procedimiento se ha superado el plazo de

seis meses legalmente establecido, lo que no impide al órgano competente

cumplir con su obligación de resolver, por cuanto siendo el sentido del silencio

negativo (artículo 142.7 LRJPAC) la resolución tardía no se encuentra vinculada a

aquél.

II ANÁLISIS DEL FONDO

28. El régimen de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas

tiene su fundamento específico en el artículo 106.2 de la Constitución. En el

momento de iniciarse el procedimiento se encontraba regulado en los artículos

139 y siguientes de la LRJPAC y, en la actualidad, en los artículos 32 y siguientes

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público

(LRJSP).

29. Ese régimen resulta de aplicación también a las reclamaciones que se presenten

por los daños padecidos por el funcionamiento del servicio público de asistencia

sanitaria (conforme al artículo 21.3 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de

ordenación sanitaria de Euskadi).

30. En general, son requisitos exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad

patrimonial: el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en

relación a una persona o grupo de personas; que sea consecuencia del

funcionamiento normal o anormal ?es indiferente la calificación- de los servicios

públicos (voz que incluye a estos efectos, toda actuación, gestión, actividad o

tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o

pasividad con resultado lesivo), sin intervención de elementos extraños que

Dictamen 206/2016 Página 5 de 11

puedan alterar el curso causal; la inexistencia de fuerza mayor y que el

perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

31. No es fácil determinar las razones por las que la reclamante considera que ha

existido una mala praxis en la atención médica prestada su madre. En su escrito

de 22/5/2015 se recogen las siguientes extremos:

- ?Que dicho síndrome (Síndrome Neuroléptico Maligno, causa de la muerte

de su madre) no fue detectado a tiempo ni se pusieron los medios y

diligencia para prevenirlo, para detectarlo a tiempo o para evitar su

desenlace. Dicho síndrome, siendo un efecto adverso previsible y muy

grave, es motivo de obligado consentimiento informado del tratamiento, no

siendo válido en este caso el consentimiento verbal o tácito de paciente o

los familiares sino que se ha de manifestar en un escrito tras las

advertencias debidas. Se trató, por lo tanto, de un tratamiento no solo

improcedente, sino además no consentido?.

- ?El diagnóstico de trastorno bipolar en el curso de un tratamiento

neuroléptico es una negligencia en la praxis médica ya que los síntomas

que describen el trastorno bipolar podrían estar justificados por los efectos

adversos de la medicación psiquiátrica?.

- ?Que bien el diagnóstico, el tratamiento o ambos, no se ajustaban a las

necesidades de la salud de mi madre, ella sufría de un duelo emocional

causado por la negligencia de los médicos en el Hospital de ? en los años

60 por la muerte de su primer bebé en un parto sumamente traumático,

donde su primer bebé, mi hermana, murió en el parto con el cordón

umbilical al no estar presentes los empleados médicos durante el parto. El

duelo prolongado no constituye patología psiquiátrica ni justifica un

tratamiento experimental, y dicho diagnóstico psiquiátrico y tratamiento,

pude deberse a un error o negligencia, que en cualquier caso supone un

abuso y una mala praxis?.

32. La imputación del daño a la Administración en los supuestos de asistencia

sanitaria presenta una marcada peculiaridad, pues no es aquí el funcionamiento

del servicio el que crea el riesgo sino que este actúa una vez producido un evento

con potencialidad lesiva, a cuyo proceso causal el funcionamiento del servicio

Dictamen 206/2016 Página 6 de 11

concernido es ajeno, tratándose, por tanto, de una intervención pública a

posteriori cuyo objetivo es evitar que esa potencialidad se haga acto dañoso o

mitigar el alcance de este.

33. En estos casos, al igual que en los que se aduce un comportamiento omisivo del

servicio concernido, el daño únicamente podrá imputarse al servicio o actividad

pública cuando quede acreditado un funcionamiento anormal. Si el servicio o

actividad se ha desarrollado con normalidad, no podrá sostenerse su

incorporación al proceso causal incrementando el riesgo preexistente, resultando

ajeno a este y siendo, así, el daño padecido materialización exclusiva de tal

riesgo.

34. En efecto, puede sostenerse que el derecho impone a la víctima la obligación de

soportar los perjuicios derivados de eventos desencadenados por causas ajenas

al funcionamiento del servicio público concernido, aunque, con posterioridad a la

producción de dichos eventos, intervenga aquel sin éxito, siempre que tal

intervención pueda considerarse funcionamiento normal del servicio público.

35. Ese deber de soportar el daño deriva de la esencia misma de la institución de la

responsabilidad patrimonial de la Administración, pues, cualquiera que sea la

forma en que se explique su fundamento, no es coherente con el mismo que la

comunidad cubra los daños que, proviniendo de causas ajenas al actuar

administrativo, no hayan podido evitarse a pesar del funcionamiento normal del

servicio público concernido.

36. Si analizadas las características del concreto servicio público afectado por la

reclamación se concluye su funcionamiento normal, no podrá atribuirse a este el

daño alegado, pues no podrá afirmarse que tal funcionamiento se ha incorporado

al proceso causal incrementando el riesgo preexistente o, desde otra perspectiva,

podrá afirmarse que el particular tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, al

haberse producido este con ocasión (pero no como consecuencia) del

funcionamiento del servicio público.

37. Por ello, en estos casos la primera tarea suele recaer en la fijación para el

supuesto concreto de lo que haya de entenderse por funcionamiento normal.

38. Y, para examinar en cada caso la ?normalidad? del servicio de asistencia sanitaria,

la doctrina y la jurisprudencia acuden a lo que se expresa con la locución lex artis

ad hoc que, en síntesis, supone la observación detenida del concreto empleo de

la ciencia y técnica médicas exigibles atendiendo a las circunstancias de cada

caso, para lo cual deben valorarse los recursos disponibles en el servicio para

Dictamen 206/2016 Página 7 de 11

prestar la asistencia médica, la forma en que, atendidas las características

específicas del caso, fueron empleados dichos recursos y, en conclusión, analizar

si la actuación asistencial cuestionada responde o no al estándar razonable de

funcionamiento del servicio.

39. Tal entendimiento de la cuestión encuentra amparo en el artículo 141.1 LRJPAC y

hoy en el artículo 34 1 de la LRJSP, que establecen la obligación de indemnizar

sólo ??las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber

jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven

de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los

conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de

aquéllos.?

40. En esta aproximación general a las cuestiones que presentan las reclamaciones

por funcionamiento anormal del servicio público de asistencia sanitaria resta

apuntar dos últimas características.

41. La primera se refiere a que, con carácter general y sin perjuicio del carácter

eminentemente casuístico de la responsabilidad patrimonial, la acreditación del

estado del saber y de la ciencia es cuestión que, en cada supuesto, debe

acreditar la Administración sanitaria a la que se imputa la actuación generadora

de responsabilidad patrimonial.

42. Y, atinente la segunda, a resaltar la importancia que en estas reclamaciones

cobran los informes técnicos, ya que, si ?como hemos expuesto? el

reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria

exige en estos casos la acreditación de la infracción de la lex artis ad hoc (a salvo

los casos en los que el desproporcionado resultado evidencie per se una

infracción de aquélla), la prueba pericial deviene insoslayable, al margen de que

su valoración deba realizarse conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica

que rigen la misma.

43. Para continuar con el análisis del caso se hace necesario, según hemos

avanzado, el examen de los informes médicos que contienen los datos relevantes

en cuanto a la asistencia prestada, la valoración de los actos médicos y la relación

de causalidad entre los mismos y el daño por el que se reclama.

44. De inicio se advierte que la tesis que refleja la reclamación no ha sido apoyada en

ningún informe de carácter técnico.

45. Por otra parte, de los informes técnicos que obran en el expediente se deduce

que no ha existido mala praxis.

Dictamen 206/2016 Página 8 de 11

46. Así, el informe del Servicio de psiquiatría del HU recoge lo siguiente:

?Se trataba de una paciente con diagnóstico de Trastorno afectivo bipolar de

inicio en la juventud que precisó numerosísimos ingresos psiquiátricos en

diferentes centros (?, ?, ? y ?), siempre debidos a fases maniacas con

agresividad. Realizó seguimiento durante años en el Centro de Salud Mental de

? y fue tratada fundamentalmente con sales de litio y haloperidol.

El último ingreso psiquiátrico en el Hospital de ? fue el 11 de abril del 2011. Por

entonces la paciente estaba viuda desde hacía nueve años y vivía en una

residencia desde hacía doce. Estaba incapacitada y uno de sus tres hijos era el

tutor legal. El ingreso fue debido a graves alteraciones de conducta en la

residencia. Se tramitó el ingreso judicial por tratarse de una paciente

incapacitada, con demencia y descompensación afectiva. El tutor legal de la

paciente aportó una petición que había realizado a la residencia en el mes de

marzo en el que solicitaba que su hermana MBSS no pudiera visitar ni contactar

telefónicamente con la madre por considerar que no resultaba beneficioso para

ella (se adjunta copia de la nota).

Como antecedentes médicos constaban: Diabetes mellitus tipo II,

Hipotiroidismo, Diverticulosis en hemicolon derecho y una Demencia mixta

desde el año 2005 con neuroimagen en la que se objetivaba atrofia cerebral

mixta, valorada por neurología y tratada con prometax.

Al ingresar la paciente seguía tratamiento con Tegretol, Risperdal, Quetiapina y

Sertralina. Siguiendo los protocolos de tratamiento del Trastorno Bipolar se

retiró el antidepresivo (Sertralina) y se decidió ajustar la medicación con un solo

antipsicótico, retirando el risperdal. El 3 de mayo de 2011 la paciente fue dada

de alta habiendo cedido el episodio maniaco y la agresividad, aunque persistían

algunas alteraciones de conducta propias del proceso demencial.

El 14 de junio de 2011 la paciente es conducida al servicio de urgencias por su

hijo por agitación, agresividad y negativa a la ingesta. Precisó contención

mecánica de cintura por su propia seguridad y siguiendo guías de tratamiento

tanto del delirium como de la agitación en demencia se pautó media ampolla de

haloperidol. Se trata de un fármaco seguro que no deprime el centro respiratorio

y la paciente ya había sido tratada durante años con dicho fármaco sin

presentar alergia o intolerancia.

Dictamen 206/2016 Página 9 de 11

Se realizó hemograma, bioquímica y análisis de orina. Ante la normalidad de los

análisis y estando más sosegado de la paciente se-decide traslado a la

residencia en ambulancia. Se pautó media ampolla más de haloperidol para

asegurar que el traslado se realizara de forma segura. La paciente tenía prevista

cita al día siguiente con su psiquiatra habitual.

El día 15 de junio, tras valoración por su médico, fue remitida al servicio de

urgencias del Hospital de ? para ingreso. Llegó consciente, desorientada,

agitada y afebril. Durante su estancia en el servicio de urgencias sufrió una

crisis tónico clónico y comenzó con fiebre persistente.

El día 16 de junio, ante la persistencia de los síntomas a pesar de las medidas

terapéuticas se decidió ingreso en reanimación. El día 17 de junio fue trasladada

a la planta de Medicina Interna para continuidad de cuidados con los siguientes

diagnósticos: Síndrome febril de probable origen pulmonar, convulsión,

hipernatremia e insuficiencia renal aguda. La enferma evolucionó

desfavorablemente con disminución del nivel de conciencia que se consideró

como una encefalopatía multifactorial.

Finalmente falleció el 19 de junio. Los diagnósticos finales fueron: Infección del

tracto respiratorio agudo, Insuficiencia respiratoria aguda, Insuficiencia renal

aguda, Hipernatremia, Deterioro cognitivo, Trastorno bipolar y Diabetes mellitus

tipo II.?

47. El Inspector médico recoge como conclusiones de su informe las siguientes:

?La asistencia prestada ha sido en todo momento adecuada a la situación clínica

de la paciente, ya que se han aplicado correctamente los conocimientos

profesionales según el estado actual de la Medicina. La paciente presentaba

patologías severas y de larga evolución que evolucionaron negativamente a

pesar del tratamiento correcto y diligente que se le aplicó. No se aprecia

ninguna situación o tratamiento susceptible de consentimiento informado al

haberse aplicado medidas de sostén básico y tratamientos farmacológicos

semejantes desde hacía muchos años y sin alternativas terapéuticas que

pudieran evitar las posibles complicaciones.?

48. A la vista de los anteriores informes, la Comisión entiende que no ha existido

negligencia médica en la atención prestada a doña FASC, como señala la

reclamante.

Dictamen 206/2016 Página 10 de 11

CONCLUSIÓN

La Comisión considera que no existe responsabilidad patrimonial de la Administración

sanitaria en relación con la reclamación presentada por doña MBSS.

Dictamen 206/2016 Página 11 de 11