Última revisión
23/05/2007
Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 070/2007 de 23 de mayo de 2007
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
Fecha: 23/05/2007
Num. Resolución: 070/2007
Cuestión
Consulta 44/2007 sobre la reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por don P.L.A.Z. y doña M.I.A.I., don J.A.C.U. y doña C.G.Z., don L.M.C.G. y doña M.G.C.Z., y doña M.E.A. y don J.J.R. d. G. por los daños sufridos como consecuencia de un ascensor panorámico entre las calles¿.Contestacion
DICTAMEN Nº: 70/2007
TÍTULO: Consulta 44/2007 sobre la reclamaciones de responsabilidad
patrimonial formuladas por don P.L.A.Z. y doña M.I.A.I., don J.A.C.U. y doña C.G.Z.,
don L.M.C.G. y doña M.G.C.Z., y doña M.E.A. y don J.J.R. d. G. por los daños
sufridos como consecuencia de un ascensor panorámico entre las calles?.
ANTECEDENTES
1. El 2 de abril de 2007 ?con entrada en el registro de esta Comisión del día 11- el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Deba solicita a esta Comisión la emisión del
preceptivo Dictamen, en relación a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial
señaladas.
2. Se han presentado las siguientes reclamaciones de responsabilidad patrimonial:
- El 23 de julio de 2006 se registra en el Ayuntamiento de Deba el escrito de don
P.L.A.Z y doña M.I.A., quienes, en su calidad de propietarios de la vivienda sita
en la calle ? nº ?, ?, reclaman por la pérdida de valor de su vivienda y garaje
como consecuencia de la instalación del ascensor panorámico. La cantidad
reclamada es de sesenta y un mil seiscientos cuarenta y siete con cincuenta
(61.647, 50) euros, por la vivienda y dos mil ochocientos setenta y siete con
ochenta y cuatro (2.877, 84) euros por el garaje.
- El 28 de julio de 2006 se registra en el Ayuntamiento de Deba el escrito de don
J.A.C.U y doña C.G.Z, quienes, en su calidad de propietarios de la vivienda sita
en la calle ? nº ?, ?, reclaman por la pérdida de valor de su vivienda y garaje
como consecuencia de la instalación del ascensor panorámico. La cantidad
reclamada es de noventa y ocho mil novecientos euros y cuarenta centimos
(98.900,45) euros por la vivienda y seis mil ciento quince con sesenta y ocho
céntimos (6.115, 68) euros por el garaje.
- El 7 de agosto de 2006 se registra en el Ayuntamiento de Deba el escrito de
don L.M.C.G y doña M.G.C.Z, quienes, en su calidad de propietarios de la
vivienda sita en la calle ? nº ?, ?, reclaman por la pérdida de valor de su
vivienda como consecuencia de la instalación del ascensor panorámico. La
cantidad reclamada es de noventa y ocho mil novecientos euros y cuarenta
centimos (98.900,45) euros. Sesenta y un mil seiscientos cuarenta y siete con
cincuenta (61.647, 50) euros, por la vivienda.
- El 8 de agosto de 2006 se registra en el Ayuntamiento de Deba el escrito de
doña M.E.A. y don J.J.R. LL, quienes, en su calidad de propietarios de la
vivienda sita en la calle ? nº ?, ?, reclaman por la pérdida de valor de su
vivienda como consecuencia de la instalación del ascensor panorámico. La
cantidad reclamada es de sesenta y un mil seiscientos cuarenta y siete con
cincuenta (61.647, 50) euros, por la vivienda.
3. Se han remitido los expedientes tramitados por cada una de las reclamaciones
presentadas.
4. La identidad de los escritos de reclamación (cuya única diferencia se contrae a la
cantidad reclamada) ha motivado una tramitación conjunta, por lo que cabe señalar
que cada uno de los expedientes contiene la siguiente documentación relevante:
a) Solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial a la que se acompaña:
- Copia de las escrituras de compraventa de las respectivas viviendas que
acreditan la propiedad de los reclamantes (en el caso de don P.L.A.Z y doña
M.I.A.I se acredita, asimismo, la propiedad del garaje);
- Copia del Informe Pericial remitido por un arquitecto superior en el proceso
contencioso-administrativo (rca nº 1722/03 y su acumulado 1805/03), seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, por la impugnación de la Comunidad de Propietarios de la
Casa nº ? de la calle ? de Deba del Acuerdo, de 27 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Deba por el que se aprueba con carácter definitivo el proyecto
de reurbanización del polígono ?.
- Copia de la Sentencia, de 27 de julio de 2005, del Tribunal Superior de Justicia
dictada en el citado proceso proceso contencioso-administrativo nº 1805/03-2.
- Copia del Informe-valoración elaborado por un tasador de cada una de las
viviendas.
b) Informe jurídico elaborado por el letrado asesor del Ayuntamiento que analiza las
reclamaciones de responsabilidad.
c) Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda el 18 de
diciembre de 2006 en el que informa ?en el sentido de desestimar todas las
reclamaciones patrimoniales presentadas, ?hace suyo dicho informe [el señalado en el
apartado anterior] y acuerda remitirlo a la próxima reunión de la Junta de Gobierno Local
para que sea adoptado el acuerdo oportuno?.
d) Resolución del Alcalde por la que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia.
e) Escrito de alegaciones al que se adjuntan fotografías de la casa y el ascensor.
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f) Informe del Letrado-asesor del Ayuntamiento, que examina y contesta las
alegaciones presentadas por los reclamantes en el trámite de audiencia.
g) Informe del Director del Departamento de Urbanismo, Obras y Servicios del
Ayuntamiento en relación al ?Proyecto de Reurbanización. Zona ?. Instalación de
Ascensores?, emitido el 7 de febrero de 2007 con el siguiente contenido:
El proyecto de Reurbanización. Zona ? fue encargado a ... y ? con
objeto de proceder a la reurbanización y reordenación del conjunto del
Área residencial de ?, conteniendo propuestas tendentes a mejorar la
calidad ambiental de la zona y la accesibilidad desde el Casco Histórico,
paliando en la medida de lo posible sus déficits estructurales en una
operación de regeneración urbana de uno de los conjuntos de mayor
densidad residencial del municipio.
El proyecto fue aprobado en sesión plenaria el 17 de diciembre de 2002 y
expuesto al público durante un periodo de 15 días (BOG nº 36 de 24-2-
2003).
La topografía de la zona ordenada requería de una importante mejora de
las condiciones de accesibilidad. La diferencia de cotas a salvar entre el
Casco Histórico, ? kalea (+ 4) y ? kalea (+38) donde se ubican el
polideportivo municipal, centro escolar ? y próximo a éstos el Instituto
?, además del conjunto de mayor densidad residencial, como ya se ha
indiciado anteriormente, impulsaron la instalación de dos ascensores que
intercomunican las calles ?, ? y ?, resolviendo de esta forma el
problema de accesibilidad existente que afectaba con carácter específico
al polígono de ? y de forma generalizada al conjunto de la población
permitiendo una comunicación cómoda y fluida con los centros de
enseñanza y deportivos?.
h) Propuesta de Resolución desestimatoria.
CONSIDERACIONES
I. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN.
5. El artículo 3.1 k) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi, establece la consulta preceptiva en los supuestos de
reclamaciones de responsabilidad patrimonial que los particulares presenten contra
cualquier Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco cuya petición
indemnizatoria sea superior a 6.000 euros.
6. En el caso sometido a Dictamen el Ayuntamiento consultante ha acumulado cuatro
reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
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7. Como la cuantía de lo reclamado en cada una supera el mínimo legal, procede la
emisión del presente Dictamen.
II. CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS RELEVANTES.
8. Tomando en consideración el expediente remitido, son relevantes para la resolución
del caso las siguientes circunstancias fácticas.
9. Por Acuerdo de 27 de marzo de 2003, del Ayuntamiento de Deba se aprueba
definitivamente el Proyecto de Urbanización del Polígono de ?, en virtud del cual se
construye un ascensor panorámico ubicado entre las calles ? y ?.
10. La citada obra forma parte de las decisiones adoptadas por dicho Ayuntamiento para
la regeneración de uno de los conjuntos de mayor densidad residencial del municipio,
con la finalidad de mejorar la calidad ambiental de esa zona y la accesibilidad desde
el Casco Histórico.
11. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, de 27 de julio de 2005, declara que el citado proyecto de
urbanización es conforme a derecho.
12. Los reclamantes consideran que dicho Proyecto de Urbanización les ha ocasionado
un daño para cuyo resarcimiento instan una indemnización que, sin perjuicio de la
diferencia derivada del distinto valor que la tasación de sus viviendas arroja, cifran en
el 25% o el 20% de dicho valor, por el demérito sufrido en sus propiedades, como
consecuencia de la instalación del citado ascensor. Dos de las reclamaciones suman
a dicho concepto el del demérito de los garajes que cifran en un 7% del valor
otorgado a éstos en la tasación.
III. APLICACIÓN DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
A) Análisis del procedimiento:
13. El examen del procedimiento seguido ha de realizarse a la luz de lo que establece el
Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (en adelante,
LRJPAC) y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento
de los Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas (en adelante, el Reglamento).
14. Las reclamaciones se formulan por quienes están legitimados para ello.
15. Como viene reiterando esta Comisión, la instrucción de una reclamación de
responsabilidad debe ser la adecuada a los contornos que presente el caso.
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16. En el que aquí se examina, siendo de índole estrictamente jurídica la cuestión
suscitada, no hay discrepancia sobre los hechos y, por ello, cabe afirmar que la
instrucción practicada por el Ayuntamiento consultante ?con el contenido recogido en
los antecedentes- respeta lo que al efecto establece la LRJPAC y el Reglamento.
17. Basta, por tanto, dejar constancia del Informe del Servicio (artículo 10 del
Reglamento) que, en recta sintonía con los contornos del caso, es un informe jurídico
elaborado por el letrado asesor del Ayuntamiento en el que se examinan las
cuestiones que suscitan las reclamaciones. Obrando, también, Informe del Director
del Departamento de Urbanismo, Obras y Servicios del Ayuntamiento en el que se
resumen el contenido del Proyecto, con el contenido que ha sido recogido en los
antecedentes.
18. Asimismo, consta la práctica de la audiencia a los reclamantes con la puesta a su
disposición del expediente instruido, habiendo alegado lo que a su derecho han
estimado conveniente (artículo 11 del Reglamento).
19. Resta, no obstante, el examen de la cuestión atinente al plazo, toda vez que en la
propuesta de resolución remitida se esgrime como primer motivo de desestimación la
presentación extemporánea de las reclamaciones; razonamiento que no comparte la
Comisión.
20. Como es sabido, el artículo 142. 5 LRJPAC fija en un año el plazo para reclamar;
plazo que se configura legalmente como un plazo de prescripción.
21. La aplicación de este plazo está dominado en la doctrina y en la jurisprudencia por
una interpretación flexible, antiformalista y favorable al perjudicado que responde a la
necesidad de atenuar el rigor en la apreciación de la prescripción; institución que
supone una limitación para el ejercicio de los derechos en beneficio de la seguridad
jurídica y que, por tanto, al no encontrar fundamento en razones de justicia intrínseca,
excluye la interpretación rigorista y merece un tratamiento restrictivo.
22. La citada interpretación doctrinal del precepto legal se ha construido, así, sobre el
principio de la actio nata lo que, en síntesis, conlleva que dicho plazo no se considere
iniciado hasta que el perjudicado pueda tener cabal conocimiento del daño, así como
de los elementos fácticos y jurídicos que permitan el ejercicio de la acción de
responsabilidad (entre otras, STS de 16 de mayo de 2002).
23. Como es común a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la fijación del
día de inicio del cómputo del citado plazo ha de realizarse siempre atendiendo a las
circunstancias que presente el caso.
24. Y, en el que aquí se examina, ha de tomarse en consideración que, como acreditan
los hechos, los hoy reclamantes, en cuanto integrantes de la Comunidad de
Propietarios de la vivienda sita en el nº ? de la calle ? del municipio de Deba,
interpusieron recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo municipal que
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aprobó el proyecto de urbanización en cuya ejecución se construyó el ascensor;
actuación pública que, en sus reclamaciones, se identifica como la causante del daño
reclamado.
25. En dicho proceso judicial activaron una pretensión doble: instaron, con carácter
principal, la declaración de que dicho proyecto de urbanización no era conforme a
derecho y, subsidiariamente, que se acogiera la solución alternativa que
propugnaban (el retranqueo del ascensor).
26. Que la sentencia desestimara ambos pedimentos no resulta, a los efectos que ahora
examinamos, determinante.
27. Al contrario, en atención a las circunstancias señaladas, la aplicación de dicha
doctrina, permite considerar que la interposición del recurso contenciosoadministrativo
(con el contenido reseñado) tuvo efectos interruptivos del plazo de
prescripción, al tratarse de una actuación procesal cuyo objeto era precisamente
combatir la actuación pública causante del efecto lesivo.
28. En el caso, resulta claro que, de haber triunfado el recurso, el ascensor hubiera
debido demolerse o, cuanto menos, modificar su ubicación, cesando en ambos casos
la causa del perjuicio. Sin que tampoco, a lo que ahora centra nuestro examen,
pueda obviarse que es la propia sentencia la que, en abstracto, apunta la vía de una
posible responsabilidad patrimonial de la Administración municipal.
29. Por ello, estima la Comisión que, en el caso, el dies a quo es el día en que adquirió
firmeza la sentencia, dato que si bien no consta en el expediente remitido no impide
reconocer que las reclamaciones han sido presentadas en plazo, porque lo que sí
permite saber el expediente con certeza es que la sentencia se notificó a los
representantes legales de los reclamantes el 19 de septiembre de 2005, por lo que la
firmeza de aquélla hubo de producirse necesariamente en una fecha posterior.
30. En suma, como todas las reclamaciones han sido presentadas durante los meses de
julio y agosto de 2006, esto es, antes de cumplirse el año de la fecha de notificación
del citado pronunciamiento judicial, cabe concluir que se ha respetado el plazo legal
fijado en el artículo 142.5 LRJPAC.
31. El expediente, por lo demás, se somete al Dictamen de esta Comisión vencido el
plazo de seis meses que para resolver y notificar determina el artículo 13 del
Reglamento. No obstante lo cual, como viene reiterando la Comisión, tal
circunstancia no exime a la Administración de la obligación de dictar una resolución
expresa (artículo 42.1 LRJPAC) y, siendo negativo el sentido del silencio (artículo
142.7 LRJPAC), no existe vinculación alguna al sentido del mismo (artículo 43.4 b)
LRJPAC).
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B) Análisis del fondo:
Consideraciones previas
32. Para resolver el supuesto planteado estima la Comisión necesario realizar una serie
de consideraciones previas para centrar su posterior examen.
33. En primer lugar, conviene detenerse en el análisis del fundamento de las
reclamaciones, pues no es cuestión que aparezca con claridad.
34. Éstas aducen que la construcción del ascensor produce ?una congestión muy forzada
que rompe la relación normal y natural que antes había entre los edificios,? ??la separación
entre los edificios de viviendas o anchura libre de la calle debe tener relación con la altura de
los mismos..,? ??al reducir el espacio libre existente entre los edificios nº 7 y 9, mayores serán
las sombras y se crea una mayor sensación de congestión?, reduciendo así el valor de la
vivienda, en una depreciación de entre un 20% y un 30%.
35. Junto a ello, citan también en apoyo de su pretensión el artículo 14 CE y, si bien
asumen el interés general que motiva la obra (realizada en beneficio de toda la
comunidad) y reconocen que ?están obligados a sufrir un menoscabo en su derecho a la
intimidad así como una disminución de la calidad de vida?, finalizan su argumentación
señalando que ?Si realmente se acepta que ubicar el ascensor donde se emplaza supone un
beneficio para toda la comunidad, los reclamantes no tienen por qué sufrir una doble lesión
(menoscabo de la intimidad y depreciación de la vivienda) sin que exista una indemnización?.
36. Así formuladas las reclamaciones y a efectos de su examen cabe identificar un doble
fundamento: por un lado, la lesión al derecho de propiedad y, por otro, la del derecho
a la intimidad, en cuanto ambas otorgan sentido a su petición indemnizatoria,
finalmente concretada en el importe de la depreciación sufrida (25 % o 20%) en el
valor de mercado de su vivienda (apoyada en informe de tasador); importe al que, en
dos reclamaciones, se añade la cantidad estimada por el demérito de los garajes.
37. Siendo el descrito el fundamento de las reclamaciones, se suscita, en segundo
término, la necesidad de realizar una aproximación genérica a la vigente legislación
urbanística.
38. Y ello, porque la actuación municipal -en la tesis de los reclamantes, ?el funcionamiento
del servicio causante del daño padecido?- es precisamente una actuación urbanística, ya
que la obra municipal es ejecución de un Proyecto de Urbanización aprobado por el
Ayuntamiento.
39. Atendiendo a razones territoriales y temporales, ha de estarse a lo que dispone el
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, cuyo artículo 15.1 define los proyectos
de urbanización como aquellos ?proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la
práctica los Planes Generales Municipales en suelo urbano, los Planes Parciales y, en su
caso, las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento..?; definición legal que
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reitera el artículo 67.1 del Reglamento de Planeamiento urbanístico aprobado por
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio (en adelante, RPU).
40. De las reclamaciones resulta, asimismo, incontrovertido que es dicho proyecto de
urbanización (su diseño) el causante del daño padecido. En otras palabras, la causa
del daño es el propio Proyecto de Urbanización que explica por entero el perjuicio
reclamado, sin que existan otros daños distintos que se hayan evidenciado al ejecutar
la obra de instalación del ascensor. En forma sintética podemos decir, por tanto, que
se reclama el resarcimiento del efecto querido por el Proyecto de Urbanización
aprobado, sin que aparezcan otras consecuencias o afecciones negativas distintas.
41. Y, ya en fin, resta reiterar que, cuando se presentan las reclamaciones, el Proyecto
de Urbanización, combatido en vía judicial por considerar que vulneraba el
planemiento urbanístico vigente en el municipio y, subsidiariamente, por entender que
contravenía el principio de racionalidad que debe regir la ejecución de las obras
municipales, ha sido declarado por sentencia firme conforme a la Ley y el derecho.
42. De ahí que la cuestión que suscita el caso nos remita directamente al examen de la
normativa urbanística aplicable.
43. Como es sabido, en nuestro vigente ordenamiento jurídico el derecho de propiedad,
desde su propia enunciación constitucional (artículo 33.2 CE), queda definido en su
contenido, con carácter general, de acuerdo con las Leyes, en aplicación de su
función social. Se destaca, así, por la doctrina y la jurisprudencia su carácter de
derecho estatutario, al estar definido en gran medida por el planeamiento y los
instrumentos de ordenación urbanística.
44. En efecto, los distintos planes e instrumentos contemplados inciden por definición en
la propiedad privada, pero no para constreñir o limitar indebidamente el derecho de
propiedad, sino precisamente para delimitar y definir su contenido normal, de tal
forma que el contenido de aquél derecho es el que en cada momento derive de la
ordenación urbanística (entre otras muchas, SSTS de 5 de febrero de 1996, 16 de
julio de 1997, 24 de diciembre de 1998).
45. Concepción del derecho de propiedad inmobiliaria (cuya definición ?reiteramosresulta
de la ordenación urbanística) de la que deriva el principio general según el
cual el planeamiento -y los actos y actuaciones materiales que resultan conformes al
mismo- no dan lugar a indemnización por la reducción de utilidades o facultades que
puedan implicar, salvo los casos que encuentran una expresa previsión normativa (en
la clara dicción del artículo 2.2 Ley 6/1998, de 13 de abril también aplicable por
razones temporales y territoriales, ?la ordenación del uso de los terrenos y construcciones
establecida en el planeamiento no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización,
salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes?).
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46. Se aprecia a limine que el caso suscitado no es subsumible en ninguno de los
supuestos indemnizatorios que la normativa urbanística de aplicación ?
concretamente la citada Ley 6/1998, de 13 de abril- contempla expresamente.
47. Dicho esto, a continuación debe recordarse que, tal y como sostiene el conjunto de la
doctrina, la existencia de un régimen para supuestos indemnizatorios específicos en
la legislación urbanística no desplaza la aplicación del régimen general de la
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (artículo 106 CE y
artículo 139 y ss LRJPAC), del que aquél resulta ser una especialidad.
48. Si bien, tal y como destaca asimismo la doctrina, fuera de los casos expresamente
previstos por el legislador, los supuestos indemnizatorios basados en un daño cuyo
origen se vincula a la ordenación urbanística (o a los actos jurídicos y materiales que
en estricto cumplimiento de la misma se llevan a cabo por las administraciones
públicas competentes) van a tener carácter excepcional y, por ello, resultarán de
estricta interpretación.
49. La solución, por lo demás, no es privativa de la normativa urbanística, sino que puede
apreciarse una identidad de razón en las soluciones que ofrecen otras normativas
sectoriales que, al igual que aquélla, se proyectan sobre el derecho de propiedad
estableciendo limitaciones al mismo y, en definitiva, procediendo también a la
delimitación de su contenido normal (Vg.: Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y Caminos).
Los contornos del caso suscitado.
50. Hechas las precedentes consideraciones y ya en el caso, se vislumbra que la
cuestión a la que nos enfrenta su resolución consiste en dilucidar si el efecto que la
ejecución del proyecto de urbanización ha provocado en las viviendas de los
reclamantes es subsumible o no entre las limitaciones que, derivadas de la
ordenación urbanística y conformes con ésta, definen el contenido normal de su
derecho de propiedad.
51. O, si por el contrario, tal efecto se adentra indebidamente en el haz de facultades que
integra ese contenido normal del derecho y, por ello, resulta susceptible de ser
indemnizado por la Administración municipal.
52. Por tanto, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, el caso nos conduce, en
primer lugar y con carácter preferente, al examen del requisito de la antijuridicidad.
53. Porque basta observar las fotografías que obran en el expediente para comprobar
que efectivamente los reclamantes ?y, en realidad, todos los propietarios de las
viviendas de los edificios nº ? y ? de la calle ? que cuentan con habitaciones con
ventanas al lateral donde se ha construido el ascensor- han resultado afectados en
forma distinta que el resto de los propietarios de viviendas en los mismos edificios y,
desde luego, que el resto de propietarios de los edificios colindantes, no siendo, por
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el contrario, el beneficio obtenido por dicha obra distinto o, si se prefiere,
cualitativamente mayor.
54. Sin embargo, como es sabido y reitera la doctrina, en materia de responsabilidad
patrimonial no basta la mera identificación de un perjuicio, desventaja o afectación
negativa singular en el círculo jurídico de quien reclama, el daño cuya reparación se
pretende ha de ser lesión, concepto que queda reservado, en su sentido técnico
jurídico, para el daño antijurídico (artículo 141 .1 LRJPAC).
55. De ahí que, como venimos señalando, sólo si la afección negativa que esgrimen los
reclamantes puede residenciarse pacíficamente en el ámbito de facultades y deberes
que integran el contenido normal de su derecho de propiedad, podrá considerarse
que concurre el requisito de la antijuridicidad. No así, si el daño alegado se subsume
con naturalidad en el concepto ?limitación del derecho de propiedad?, función que, según
lo razonado, es propia y típica en nuestro ordenamiento jurídico de los instrumentos
de ordenación urbanística.
56. No es ajena la Comisión a la dificultad que, en ocasiones, comporta deslindar el
umbral a partir del cual el propietario no está obligado a soportar sin indemnización el
menoscabo o afección negativa de su derecho o interés. No se oculta a la Comisión
que la antijuridicidad es un requisito cuya apreciación en determinados casos no está
exenta de problemas; pero, en el que aquí se examina, no encuentra fundamento
para estimar que el perjuicio alegado revista las notas que reclama la lesión.
57. Así, cabe ya señalar que las sentencias que en apoyo de su pretensión citan los
reclamantes no guardan con su caso la identidad de hechos y razón que reclama su
aplicación.
58. Concretamente, la STS de 18 de diciembre de 1990 ?que citan en sus alegacionesse
refiere a la indemnización, en vía de responsabilidad patrimonial, de un efecto
lesivo no contemplado en la previa expropiación forzosa llevada a cabo para la
construcción de una carretera. Y, de la lectura de su fundamento jurídico cuarto, cabe
concluir que no era allí el daño reclamado el ocasionado por el diseño y construcción
de la carretera ?como aquí sucede- sino el revelado al ejecutar la obra que supuso
una elevación de la rasante ?no prevista en el expediente expropiatorio- que dejó la
vivienda de la reclamante con su ?fachada principal debajo del nivel de la calzada (?) con
los inconvenientes que se derivan de esta nueva situación en la accesibilidad y en el entorno
del edificio, no debiendo ser soportada por los propietarios, sin una reparación adecudada?.
59. El examen de la doctrina jurisprudencial sobre la posibilidad de acudir a la vía de la
responsabilidad patrimonial (al margen de la vía expropiatoria ?en nuestro caso,
improcedente-) en razón de los perjuicios que puedan sufrir los particulares en
supuestos asimilables al suscitado arroja, asimismo, un resultado negativo para los
reclamantes, pues los supuestos en que llega a reconocerse el derecho a
indemnización requieren, como presupuesto, un perjuicio de una intensidad que
permite identificarlo singularmente y desgajarlo de los efectos que la decisión
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planificadora (Vg.: en materia de carreteras, autopistas, etc.) tiene en los propietarios
más directamente afectados.
60. Así, sin ánimo exhaustivo, STS de 30 de octubre de 2003, (RJ 7971/2003); STS de
10 de junio de 2003 (RJ 5630/2003), STS de 6 de marzo de 2000 (RJ 2460/2000);
STSJ de Asturias, de 4 de marzo de 2005 (JUR 230411/2005); STSJ del País Vasco
de 9 de febrero de 2001 (JUR 298299/2001);o, ya en fín, dictámenes del Consejo de
Estado (entre otros, DCE 2976/2001).
61. Las reclamaciones que aquí se examinan adoptan una premisa que la Comisión no
puede compartir. El derecho de propiedad de los reclamantes -que es, según lo
dicho, el derecho sobre el que se proyecta el daño alegado- no tiene la extensión ni el
alcance que le otorgan: su condición de propietarios de las viviendas y su derecho de
propiedad sobre éstas no comprende, según lo antes expuesto, el derecho a que el
terreno en el que se ha ubicado el ascensor no albergara construcción alguna.
62. En efecto, a juicio de la Comisión, basta constatar que, si ya antes de la ejecución de
la actuación urbanística a la que se imputa el daño, no integraba el contenido normal
del derecho de los propietarios de las viviendas de la calle ? de Deba que el terreno
elegido para la ubicación del ascensor permaneciera en el mismo estado (esto es, sin
construcción alguna), difícilmente la obra municipal puede haber lesionado aquél.
63. Porque, de nuevo, han de retomarse dos de las circunstancias antes reseñadas que
resultan relevantes para la resolución del caso.
64. El perjuicio cuyo resarcimiento pretenden los reclamantes es el producido por el
Proyecto de Urbanización. Por ello, confirmada la legalidad de éste y, sin que ni los
reclamantes ni la documentación obrante en el expediente den noticia de un daño
distinto o diferenciable de aquél, el reconocimiento del derecho a indemnización en
este caso supondría a la postre considerar que el efecto normal y típico de una
actuación urbanística legal es antijurídico y, por ende, indemnizable, lo que, de
acuerdo con lo antes expuesto, no resulta procedente.
65. En efecto, no se identifica aquí un daño con entidad distinta (y que resulte así
separable) del efecto delimitador que la construcción del ascensor ha provocado en
parte de las viviendas de los reclamantes. No se trata de un perjuicio anudado a la
ejecución material de la obra que se haya revelado, una vez finalizada ésta, como
diferenciable y autónomo del efecto querido con la aprobación del proyecto de
urbanización consistente en instalar el ascensor y, por tanto, declarada la
conformidad a derecho del meritado Proyecto de Urbanización, no cabe reputar aquél
daño como daño antijurídico.
66. Y, en cuanto al otro posible fundamento de la pretensión (supuesto menoscabo de su
derecho a la intimidad), la Comisión concluye asimismo su improcedencia.
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67. De nuevo, tal menoscabo se anuda directamente a la instalación del ascensor según
el Proyecto de Urbanización.
68. Del expediente se colige que, incluso teniendo en cuenta lo preceptuado por el
artículo 584 del Código Civil que determina la no aplicación de las distancias mínimas
que establece el artículo 582 del mismo texto legal a los edificios separados por una
vía pública, la ubicación del ascensor ha respetado las distancias que establece el
citado Código Civil (artículo 582) para garantizar el derecho de luces y vistas que
corresponde a todo propietario de un inmueble, por lo que, en la medida en que,
según hemos señalado, pudiera considerarse que los reclamantes fundan su
pretensión también en un menoscabo de su intimidad, tal fundamento quedaría a
limine descartado, ya que no cabe considerar que integra el concepto de lesión a
dicho derecho una construcción que respeta la norma civil vigente, sin que haya
fundamento alguno para que la exigencia respecto de la Administración haya de ser
distinta de la que pesa sobre un privado.
69. En suma, respetadas las distancias mínimas que establece el Código Civil, dado que
los instrumentos de planeamiento y urbanísticos podrían haber previsto incluso la
construcción de otro edificio de viviendas a esa misma distancia, tampoco, desde la
perspectiva ahora acogida, resultará resarcible el efecto de la construcción del
ascensor, cuyo impacto sobre determinadas habitaciones de las viviendas de los
reclamantes puede, por otra parte, neutralizarse mediante la adopción de las medidas
habituales ?y no costosas- que pueden tomar los residentes en viviendas con
construcciones próximas.
70. Atendido lo hasta aquí expuesto, no procede el examen de la forma en que los
reclamantes cuantifican la indemnización, sin perjuicio de señalar que ello no significa
que la Comisión comparta ni la premisa adoptada (valor de las viviendas propuesto),
ni el porcentaje de demérito (25% vivienda y 7% garaje) aplicado.
CONCLUSIÓN
Estima la Comisión que procede desestimar las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial.
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DICTAMEN Nº: 70/2007
TÍTULO: Consulta 44/2007 sobre la reclamaciones de responsabilidad
patrimonial formuladas por don P.L.A.Z. y doña M.I.A.I., don J.A.C.U. y doña C.G.Z.,
don L.M.C.G. y doña M.G.C.Z., y doña M.E.A. y don J.J.R. d. G. por los daños
sufridos como consecuencia de un ascensor panorámico entre las calles?.
ANTECEDENTES
1. El 2 de abril de 2007 ?con entrada en el registro de esta Comisión del día 11- el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Deba solicita a esta Comisión la emisión del
preceptivo Dictamen, en relación a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial
señaladas.
2. Se han presentado las siguientes reclamaciones de responsabilidad patrimonial:
- El 23 de julio de 2006 se registra en el Ayuntamiento de Deba el escrito de don
P.L.A.Z y doña M.I.A., quienes, en su calidad de propietarios de la vivienda sita
en la calle ? nº ?, ?, reclaman por la pérdida de valor de su vivienda y garaje
como consecuencia de la instalación del ascensor panorámico. La cantidad
reclamada es de sesenta y un mil seiscientos cuarenta y siete con cincuenta
(61.647, 50) euros, por la vivienda y dos mil ochocientos setenta y siete con
ochenta y cuatro (2.877, 84) euros por el garaje.
- El 28 de julio de 2006 se registra en el Ayuntamiento de Deba el escrito de don
J.A.C.U y doña C.G.Z, quienes, en su calidad de propietarios de la vivienda sita
en la calle ? nº ?, ?, reclaman por la pérdida de valor de su vivienda y garaje
como consecuencia de la instalación del ascensor panorámico. La cantidad
reclamada es de noventa y ocho mil novecientos euros y cuarenta centimos
(98.900,45) euros por la vivienda y seis mil ciento quince con sesenta y ocho
céntimos (6.115, 68) euros por el garaje.
- El 7 de agosto de 2006 se registra en el Ayuntamiento de Deba el escrito de
don L.M.C.G y doña M.G.C.Z, quienes, en su calidad de propietarios de la
vivienda sita en la calle ? nº ?, ?, reclaman por la pérdida de valor de su
vivienda como consecuencia de la instalación del ascensor panorámico. La
cantidad reclamada es de noventa y ocho mil novecientos euros y cuarenta
centimos (98.900,45) euros. Sesenta y un mil seiscientos cuarenta y siete con
cincuenta (61.647, 50) euros, por la vivienda.
- El 8 de agosto de 2006 se registra en el Ayuntamiento de Deba el escrito de
doña M.E.A. y don J.J.R. LL, quienes, en su calidad de propietarios de la
vivienda sita en la calle ? nº ?, ?, reclaman por la pérdida de valor de su
vivienda como consecuencia de la instalación del ascensor panorámico. La
cantidad reclamada es de sesenta y un mil seiscientos cuarenta y siete con
cincuenta (61.647, 50) euros, por la vivienda.
3. Se han remitido los expedientes tramitados por cada una de las reclamaciones
presentadas.
4. La identidad de los escritos de reclamación (cuya única diferencia se contrae a la
cantidad reclamada) ha motivado una tramitación conjunta, por lo que cabe señalar
que cada uno de los expedientes contiene la siguiente documentación relevante:
a) Solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial a la que se acompaña:
- Copia de las escrituras de compraventa de las respectivas viviendas que
acreditan la propiedad de los reclamantes (en el caso de don P.L.A.Z y doña
M.I.A.I se acredita, asimismo, la propiedad del garaje);
- Copia del Informe Pericial remitido por un arquitecto superior en el proceso
contencioso-administrativo (rca nº 1722/03 y su acumulado 1805/03), seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, por la impugnación de la Comunidad de Propietarios de la
Casa nº ? de la calle ? de Deba del Acuerdo, de 27 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Deba por el que se aprueba con carácter definitivo el proyecto
de reurbanización del polígono ?.
- Copia de la Sentencia, de 27 de julio de 2005, del Tribunal Superior de Justicia
dictada en el citado proceso proceso contencioso-administrativo nº 1805/03-2.
- Copia del Informe-valoración elaborado por un tasador de cada una de las
viviendas.
b) Informe jurídico elaborado por el letrado asesor del Ayuntamiento que analiza las
reclamaciones de responsabilidad.
c) Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda el 18 de
diciembre de 2006 en el que informa ?en el sentido de desestimar todas las
reclamaciones patrimoniales presentadas, ?hace suyo dicho informe [el señalado en el
apartado anterior] y acuerda remitirlo a la próxima reunión de la Junta de Gobierno Local
para que sea adoptado el acuerdo oportuno?.
d) Resolución del Alcalde por la que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia.
e) Escrito de alegaciones al que se adjuntan fotografías de la casa y el ascensor.
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f) Informe del Letrado-asesor del Ayuntamiento, que examina y contesta las
alegaciones presentadas por los reclamantes en el trámite de audiencia.
g) Informe del Director del Departamento de Urbanismo, Obras y Servicios del
Ayuntamiento en relación al ?Proyecto de Reurbanización. Zona ?. Instalación de
Ascensores?, emitido el 7 de febrero de 2007 con el siguiente contenido:
El proyecto de Reurbanización. Zona ? fue encargado a ... y ? con
objeto de proceder a la reurbanización y reordenación del conjunto del
Área residencial de ?, conteniendo propuestas tendentes a mejorar la
calidad ambiental de la zona y la accesibilidad desde el Casco Histórico,
paliando en la medida de lo posible sus déficits estructurales en una
operación de regeneración urbana de uno de los conjuntos de mayor
densidad residencial del municipio.
El proyecto fue aprobado en sesión plenaria el 17 de diciembre de 2002 y
expuesto al público durante un periodo de 15 días (BOG nº 36 de 24-2-
2003).
La topografía de la zona ordenada requería de una importante mejora de
las condiciones de accesibilidad. La diferencia de cotas a salvar entre el
Casco Histórico, ? kalea (+ 4) y ? kalea (+38) donde se ubican el
polideportivo municipal, centro escolar ? y próximo a éstos el Instituto
?, además del conjunto de mayor densidad residencial, como ya se ha
indiciado anteriormente, impulsaron la instalación de dos ascensores que
intercomunican las calles ?, ? y ?, resolviendo de esta forma el
problema de accesibilidad existente que afectaba con carácter específico
al polígono de ? y de forma generalizada al conjunto de la población
permitiendo una comunicación cómoda y fluida con los centros de
enseñanza y deportivos?.
h) Propuesta de Resolución desestimatoria.
CONSIDERACIONES
I. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN.
5. El artículo 3.1 k) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi, establece la consulta preceptiva en los supuestos de
reclamaciones de responsabilidad patrimonial que los particulares presenten contra
cualquier Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco cuya petición
indemnizatoria sea superior a 6.000 euros.
6. En el caso sometido a Dictamen el Ayuntamiento consultante ha acumulado cuatro
reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
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7. Como la cuantía de lo reclamado en cada una supera el mínimo legal, procede la
emisión del presente Dictamen.
II. CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS RELEVANTES.
8. Tomando en consideración el expediente remitido, son relevantes para la resolución
del caso las siguientes circunstancias fácticas.
9. Por Acuerdo de 27 de marzo de 2003, del Ayuntamiento de Deba se aprueba
definitivamente el Proyecto de Urbanización del Polígono de ?, en virtud del cual se
construye un ascensor panorámico ubicado entre las calles ? y ?.
10. La citada obra forma parte de las decisiones adoptadas por dicho Ayuntamiento para
la regeneración de uno de los conjuntos de mayor densidad residencial del municipio,
con la finalidad de mejorar la calidad ambiental de esa zona y la accesibilidad desde
el Casco Histórico.
11. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, de 27 de julio de 2005, declara que el citado proyecto de
urbanización es conforme a derecho.
12. Los reclamantes consideran que dicho Proyecto de Urbanización les ha ocasionado
un daño para cuyo resarcimiento instan una indemnización que, sin perjuicio de la
diferencia derivada del distinto valor que la tasación de sus viviendas arroja, cifran en
el 25% o el 20% de dicho valor, por el demérito sufrido en sus propiedades, como
consecuencia de la instalación del citado ascensor. Dos de las reclamaciones suman
a dicho concepto el del demérito de los garajes que cifran en un 7% del valor
otorgado a éstos en la tasación.
III. APLICACIÓN DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
A) Análisis del procedimiento:
13. El examen del procedimiento seguido ha de realizarse a la luz de lo que establece el
Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (en adelante,
LRJPAC) y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento
de los Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas (en adelante, el Reglamento).
14. Las reclamaciones se formulan por quienes están legitimados para ello.
15. Como viene reiterando esta Comisión, la instrucción de una reclamación de
responsabilidad debe ser la adecuada a los contornos que presente el caso.
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16. En el que aquí se examina, siendo de índole estrictamente jurídica la cuestión
suscitada, no hay discrepancia sobre los hechos y, por ello, cabe afirmar que la
instrucción practicada por el Ayuntamiento consultante ?con el contenido recogido en
los antecedentes- respeta lo que al efecto establece la LRJPAC y el Reglamento.
17. Basta, por tanto, dejar constancia del Informe del Servicio (artículo 10 del
Reglamento) que, en recta sintonía con los contornos del caso, es un informe jurídico
elaborado por el letrado asesor del Ayuntamiento en el que se examinan las
cuestiones que suscitan las reclamaciones. Obrando, también, Informe del Director
del Departamento de Urbanismo, Obras y Servicios del Ayuntamiento en el que se
resumen el contenido del Proyecto, con el contenido que ha sido recogido en los
antecedentes.
18. Asimismo, consta la práctica de la audiencia a los reclamantes con la puesta a su
disposición del expediente instruido, habiendo alegado lo que a su derecho han
estimado conveniente (artículo 11 del Reglamento).
19. Resta, no obstante, el examen de la cuestión atinente al plazo, toda vez que en la
propuesta de resolución remitida se esgrime como primer motivo de desestimación la
presentación extemporánea de las reclamaciones; razonamiento que no comparte la
Comisión.
20. Como es sabido, el artículo 142. 5 LRJPAC fija en un año el plazo para reclamar;
plazo que se configura legalmente como un plazo de prescripción.
21. La aplicación de este plazo está dominado en la doctrina y en la jurisprudencia por
una interpretación flexible, antiformalista y favorable al perjudicado que responde a la
necesidad de atenuar el rigor en la apreciación de la prescripción; institución que
supone una limitación para el ejercicio de los derechos en beneficio de la seguridad
jurídica y que, por tanto, al no encontrar fundamento en razones de justicia intrínseca,
excluye la interpretación rigorista y merece un tratamiento restrictivo.
22. La citada interpretación doctrinal del precepto legal se ha construido, así, sobre el
principio de la actio nata lo que, en síntesis, conlleva que dicho plazo no se considere
iniciado hasta que el perjudicado pueda tener cabal conocimiento del daño, así como
de los elementos fácticos y jurídicos que permitan el ejercicio de la acción de
responsabilidad (entre otras, STS de 16 de mayo de 2002).
23. Como es común a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la fijación del
día de inicio del cómputo del citado plazo ha de realizarse siempre atendiendo a las
circunstancias que presente el caso.
24. Y, en el que aquí se examina, ha de tomarse en consideración que, como acreditan
los hechos, los hoy reclamantes, en cuanto integrantes de la Comunidad de
Propietarios de la vivienda sita en el nº ? de la calle ? del municipio de Deba,
interpusieron recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo municipal que
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aprobó el proyecto de urbanización en cuya ejecución se construyó el ascensor;
actuación pública que, en sus reclamaciones, se identifica como la causante del daño
reclamado.
25. En dicho proceso judicial activaron una pretensión doble: instaron, con carácter
principal, la declaración de que dicho proyecto de urbanización no era conforme a
derecho y, subsidiariamente, que se acogiera la solución alternativa que
propugnaban (el retranqueo del ascensor).
26. Que la sentencia desestimara ambos pedimentos no resulta, a los efectos que ahora
examinamos, determinante.
27. Al contrario, en atención a las circunstancias señaladas, la aplicación de dicha
doctrina, permite considerar que la interposición del recurso contenciosoadministrativo
(con el contenido reseñado) tuvo efectos interruptivos del plazo de
prescripción, al tratarse de una actuación procesal cuyo objeto era precisamente
combatir la actuación pública causante del efecto lesivo.
28. En el caso, resulta claro que, de haber triunfado el recurso, el ascensor hubiera
debido demolerse o, cuanto menos, modificar su ubicación, cesando en ambos casos
la causa del perjuicio. Sin que tampoco, a lo que ahora centra nuestro examen,
pueda obviarse que es la propia sentencia la que, en abstracto, apunta la vía de una
posible responsabilidad patrimonial de la Administración municipal.
29. Por ello, estima la Comisión que, en el caso, el dies a quo es el día en que adquirió
firmeza la sentencia, dato que si bien no consta en el expediente remitido no impide
reconocer que las reclamaciones han sido presentadas en plazo, porque lo que sí
permite saber el expediente con certeza es que la sentencia se notificó a los
representantes legales de los reclamantes el 19 de septiembre de 2005, por lo que la
firmeza de aquélla hubo de producirse necesariamente en una fecha posterior.
30. En suma, como todas las reclamaciones han sido presentadas durante los meses de
julio y agosto de 2006, esto es, antes de cumplirse el año de la fecha de notificación
del citado pronunciamiento judicial, cabe concluir que se ha respetado el plazo legal
fijado en el artículo 142.5 LRJPAC.
31. El expediente, por lo demás, se somete al Dictamen de esta Comisión vencido el
plazo de seis meses que para resolver y notificar determina el artículo 13 del
Reglamento. No obstante lo cual, como viene reiterando la Comisión, tal
circunstancia no exime a la Administración de la obligación de dictar una resolución
expresa (artículo 42.1 LRJPAC) y, siendo negativo el sentido del silencio (artículo
142.7 LRJPAC), no existe vinculación alguna al sentido del mismo (artículo 43.4 b)
LRJPAC).
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B) Análisis del fondo:
Consideraciones previas
32. Para resolver el supuesto planteado estima la Comisión necesario realizar una serie
de consideraciones previas para centrar su posterior examen.
33. En primer lugar, conviene detenerse en el análisis del fundamento de las
reclamaciones, pues no es cuestión que aparezca con claridad.
34. Éstas aducen que la construcción del ascensor produce ?una congestión muy forzada
que rompe la relación normal y natural que antes había entre los edificios,? ??la separación
entre los edificios de viviendas o anchura libre de la calle debe tener relación con la altura de
los mismos..,? ??al reducir el espacio libre existente entre los edificios nº 7 y 9, mayores serán
las sombras y se crea una mayor sensación de congestión?, reduciendo así el valor de la
vivienda, en una depreciación de entre un 20% y un 30%.
35. Junto a ello, citan también en apoyo de su pretensión el artículo 14 CE y, si bien
asumen el interés general que motiva la obra (realizada en beneficio de toda la
comunidad) y reconocen que ?están obligados a sufrir un menoscabo en su derecho a la
intimidad así como una disminución de la calidad de vida?, finalizan su argumentación
señalando que ?Si realmente se acepta que ubicar el ascensor donde se emplaza supone un
beneficio para toda la comunidad, los reclamantes no tienen por qué sufrir una doble lesión
(menoscabo de la intimidad y depreciación de la vivienda) sin que exista una indemnización?.
36. Así formuladas las reclamaciones y a efectos de su examen cabe identificar un doble
fundamento: por un lado, la lesión al derecho de propiedad y, por otro, la del derecho
a la intimidad, en cuanto ambas otorgan sentido a su petición indemnizatoria,
finalmente concretada en el importe de la depreciación sufrida (25 % o 20%) en el
valor de mercado de su vivienda (apoyada en informe de tasador); importe al que, en
dos reclamaciones, se añade la cantidad estimada por el demérito de los garajes.
37. Siendo el descrito el fundamento de las reclamaciones, se suscita, en segundo
término, la necesidad de realizar una aproximación genérica a la vigente legislación
urbanística.
38. Y ello, porque la actuación municipal -en la tesis de los reclamantes, ?el funcionamiento
del servicio causante del daño padecido?- es precisamente una actuación urbanística, ya
que la obra municipal es ejecución de un Proyecto de Urbanización aprobado por el
Ayuntamiento.
39. Atendiendo a razones territoriales y temporales, ha de estarse a lo que dispone el
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, cuyo artículo 15.1 define los proyectos
de urbanización como aquellos ?proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la
práctica los Planes Generales Municipales en suelo urbano, los Planes Parciales y, en su
caso, las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento..?; definición legal que
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reitera el artículo 67.1 del Reglamento de Planeamiento urbanístico aprobado por
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio (en adelante, RPU).
40. De las reclamaciones resulta, asimismo, incontrovertido que es dicho proyecto de
urbanización (su diseño) el causante del daño padecido. En otras palabras, la causa
del daño es el propio Proyecto de Urbanización que explica por entero el perjuicio
reclamado, sin que existan otros daños distintos que se hayan evidenciado al ejecutar
la obra de instalación del ascensor. En forma sintética podemos decir, por tanto, que
se reclama el resarcimiento del efecto querido por el Proyecto de Urbanización
aprobado, sin que aparezcan otras consecuencias o afecciones negativas distintas.
41. Y, ya en fin, resta reiterar que, cuando se presentan las reclamaciones, el Proyecto
de Urbanización, combatido en vía judicial por considerar que vulneraba el
planemiento urbanístico vigente en el municipio y, subsidiariamente, por entender que
contravenía el principio de racionalidad que debe regir la ejecución de las obras
municipales, ha sido declarado por sentencia firme conforme a la Ley y el derecho.
42. De ahí que la cuestión que suscita el caso nos remita directamente al examen de la
normativa urbanística aplicable.
43. Como es sabido, en nuestro vigente ordenamiento jurídico el derecho de propiedad,
desde su propia enunciación constitucional (artículo 33.2 CE), queda definido en su
contenido, con carácter general, de acuerdo con las Leyes, en aplicación de su
función social. Se destaca, así, por la doctrina y la jurisprudencia su carácter de
derecho estatutario, al estar definido en gran medida por el planeamiento y los
instrumentos de ordenación urbanística.
44. En efecto, los distintos planes e instrumentos contemplados inciden por definición en
la propiedad privada, pero no para constreñir o limitar indebidamente el derecho de
propiedad, sino precisamente para delimitar y definir su contenido normal, de tal
forma que el contenido de aquél derecho es el que en cada momento derive de la
ordenación urbanística (entre otras muchas, SSTS de 5 de febrero de 1996, 16 de
julio de 1997, 24 de diciembre de 1998).
45. Concepción del derecho de propiedad inmobiliaria (cuya definición ?reiteramosresulta
de la ordenación urbanística) de la que deriva el principio general según el
cual el planeamiento -y los actos y actuaciones materiales que resultan conformes al
mismo- no dan lugar a indemnización por la reducción de utilidades o facultades que
puedan implicar, salvo los casos que encuentran una expresa previsión normativa (en
la clara dicción del artículo 2.2 Ley 6/1998, de 13 de abril también aplicable por
razones temporales y territoriales, ?la ordenación del uso de los terrenos y construcciones
establecida en el planeamiento no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización,
salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes?).
Dictamen 70/2007 Página 8 de 12
46. Se aprecia a limine que el caso suscitado no es subsumible en ninguno de los
supuestos indemnizatorios que la normativa urbanística de aplicación ?
concretamente la citada Ley 6/1998, de 13 de abril- contempla expresamente.
47. Dicho esto, a continuación debe recordarse que, tal y como sostiene el conjunto de la
doctrina, la existencia de un régimen para supuestos indemnizatorios específicos en
la legislación urbanística no desplaza la aplicación del régimen general de la
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (artículo 106 CE y
artículo 139 y ss LRJPAC), del que aquél resulta ser una especialidad.
48. Si bien, tal y como destaca asimismo la doctrina, fuera de los casos expresamente
previstos por el legislador, los supuestos indemnizatorios basados en un daño cuyo
origen se vincula a la ordenación urbanística (o a los actos jurídicos y materiales que
en estricto cumplimiento de la misma se llevan a cabo por las administraciones
públicas competentes) van a tener carácter excepcional y, por ello, resultarán de
estricta interpretación.
49. La solución, por lo demás, no es privativa de la normativa urbanística, sino que puede
apreciarse una identidad de razón en las soluciones que ofrecen otras normativas
sectoriales que, al igual que aquélla, se proyectan sobre el derecho de propiedad
estableciendo limitaciones al mismo y, en definitiva, procediendo también a la
delimitación de su contenido normal (Vg.: Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y Caminos).
Los contornos del caso suscitado.
50. Hechas las precedentes consideraciones y ya en el caso, se vislumbra que la
cuestión a la que nos enfrenta su resolución consiste en dilucidar si el efecto que la
ejecución del proyecto de urbanización ha provocado en las viviendas de los
reclamantes es subsumible o no entre las limitaciones que, derivadas de la
ordenación urbanística y conformes con ésta, definen el contenido normal de su
derecho de propiedad.
51. O, si por el contrario, tal efecto se adentra indebidamente en el haz de facultades que
integra ese contenido normal del derecho y, por ello, resulta susceptible de ser
indemnizado por la Administración municipal.
52. Por tanto, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, el caso nos conduce, en
primer lugar y con carácter preferente, al examen del requisito de la antijuridicidad.
53. Porque basta observar las fotografías que obran en el expediente para comprobar
que efectivamente los reclamantes ?y, en realidad, todos los propietarios de las
viviendas de los edificios nº ? y ? de la calle ? que cuentan con habitaciones con
ventanas al lateral donde se ha construido el ascensor- han resultado afectados en
forma distinta que el resto de los propietarios de viviendas en los mismos edificios y,
desde luego, que el resto de propietarios de los edificios colindantes, no siendo, por
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el contrario, el beneficio obtenido por dicha obra distinto o, si se prefiere,
cualitativamente mayor.
54. Sin embargo, como es sabido y reitera la doctrina, en materia de responsabilidad
patrimonial no basta la mera identificación de un perjuicio, desventaja o afectación
negativa singular en el círculo jurídico de quien reclama, el daño cuya reparación se
pretende ha de ser lesión, concepto que queda reservado, en su sentido técnico
jurídico, para el daño antijurídico (artículo 141 .1 LRJPAC).
55. De ahí que, como venimos señalando, sólo si la afección negativa que esgrimen los
reclamantes puede residenciarse pacíficamente en el ámbito de facultades y deberes
que integran el contenido normal de su derecho de propiedad, podrá considerarse
que concurre el requisito de la antijuridicidad. No así, si el daño alegado se subsume
con naturalidad en el concepto ?limitación del derecho de propiedad?, función que, según
lo razonado, es propia y típica en nuestro ordenamiento jurídico de los instrumentos
de ordenación urbanística.
56. No es ajena la Comisión a la dificultad que, en ocasiones, comporta deslindar el
umbral a partir del cual el propietario no está obligado a soportar sin indemnización el
menoscabo o afección negativa de su derecho o interés. No se oculta a la Comisión
que la antijuridicidad es un requisito cuya apreciación en determinados casos no está
exenta de problemas; pero, en el que aquí se examina, no encuentra fundamento
para estimar que el perjuicio alegado revista las notas que reclama la lesión.
57. Así, cabe ya señalar que las sentencias que en apoyo de su pretensión citan los
reclamantes no guardan con su caso la identidad de hechos y razón que reclama su
aplicación.
58. Concretamente, la STS de 18 de diciembre de 1990 ?que citan en sus alegacionesse
refiere a la indemnización, en vía de responsabilidad patrimonial, de un efecto
lesivo no contemplado en la previa expropiación forzosa llevada a cabo para la
construcción de una carretera. Y, de la lectura de su fundamento jurídico cuarto, cabe
concluir que no era allí el daño reclamado el ocasionado por el diseño y construcción
de la carretera ?como aquí sucede- sino el revelado al ejecutar la obra que supuso
una elevación de la rasante ?no prevista en el expediente expropiatorio- que dejó la
vivienda de la reclamante con su ?fachada principal debajo del nivel de la calzada (?) con
los inconvenientes que se derivan de esta nueva situación en la accesibilidad y en el entorno
del edificio, no debiendo ser soportada por los propietarios, sin una reparación adecudada?.
59. El examen de la doctrina jurisprudencial sobre la posibilidad de acudir a la vía de la
responsabilidad patrimonial (al margen de la vía expropiatoria ?en nuestro caso,
improcedente-) en razón de los perjuicios que puedan sufrir los particulares en
supuestos asimilables al suscitado arroja, asimismo, un resultado negativo para los
reclamantes, pues los supuestos en que llega a reconocerse el derecho a
indemnización requieren, como presupuesto, un perjuicio de una intensidad que
permite identificarlo singularmente y desgajarlo de los efectos que la decisión
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planificadora (Vg.: en materia de carreteras, autopistas, etc.) tiene en los propietarios
más directamente afectados.
60. Así, sin ánimo exhaustivo, STS de 30 de octubre de 2003, (RJ 7971/2003); STS de
10 de junio de 2003 (RJ 5630/2003), STS de 6 de marzo de 2000 (RJ 2460/2000);
STSJ de Asturias, de 4 de marzo de 2005 (JUR 230411/2005); STSJ del País Vasco
de 9 de febrero de 2001 (JUR 298299/2001);o, ya en fín, dictámenes del Consejo de
Estado (entre otros, DCE 2976/2001).
61. Las reclamaciones que aquí se examinan adoptan una premisa que la Comisión no
puede compartir. El derecho de propiedad de los reclamantes -que es, según lo
dicho, el derecho sobre el que se proyecta el daño alegado- no tiene la extensión ni el
alcance que le otorgan: su condición de propietarios de las viviendas y su derecho de
propiedad sobre éstas no comprende, según lo antes expuesto, el derecho a que el
terreno en el que se ha ubicado el ascensor no albergara construcción alguna.
62. En efecto, a juicio de la Comisión, basta constatar que, si ya antes de la ejecución de
la actuación urbanística a la que se imputa el daño, no integraba el contenido normal
del derecho de los propietarios de las viviendas de la calle ? de Deba que el terreno
elegido para la ubicación del ascensor permaneciera en el mismo estado (esto es, sin
construcción alguna), difícilmente la obra municipal puede haber lesionado aquél.
63. Porque, de nuevo, han de retomarse dos de las circunstancias antes reseñadas que
resultan relevantes para la resolución del caso.
64. El perjuicio cuyo resarcimiento pretenden los reclamantes es el producido por el
Proyecto de Urbanización. Por ello, confirmada la legalidad de éste y, sin que ni los
reclamantes ni la documentación obrante en el expediente den noticia de un daño
distinto o diferenciable de aquél, el reconocimiento del derecho a indemnización en
este caso supondría a la postre considerar que el efecto normal y típico de una
actuación urbanística legal es antijurídico y, por ende, indemnizable, lo que, de
acuerdo con lo antes expuesto, no resulta procedente.
65. En efecto, no se identifica aquí un daño con entidad distinta (y que resulte así
separable) del efecto delimitador que la construcción del ascensor ha provocado en
parte de las viviendas de los reclamantes. No se trata de un perjuicio anudado a la
ejecución material de la obra que se haya revelado, una vez finalizada ésta, como
diferenciable y autónomo del efecto querido con la aprobación del proyecto de
urbanización consistente en instalar el ascensor y, por tanto, declarada la
conformidad a derecho del meritado Proyecto de Urbanización, no cabe reputar aquél
daño como daño antijurídico.
66. Y, en cuanto al otro posible fundamento de la pretensión (supuesto menoscabo de su
derecho a la intimidad), la Comisión concluye asimismo su improcedencia.
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67. De nuevo, tal menoscabo se anuda directamente a la instalación del ascensor según
el Proyecto de Urbanización.
68. Del expediente se colige que, incluso teniendo en cuenta lo preceptuado por el
artículo 584 del Código Civil que determina la no aplicación de las distancias mínimas
que establece el artículo 582 del mismo texto legal a los edificios separados por una
vía pública, la ubicación del ascensor ha respetado las distancias que establece el
citado Código Civil (artículo 582) para garantizar el derecho de luces y vistas que
corresponde a todo propietario de un inmueble, por lo que, en la medida en que,
según hemos señalado, pudiera considerarse que los reclamantes fundan su
pretensión también en un menoscabo de su intimidad, tal fundamento quedaría a
limine descartado, ya que no cabe considerar que integra el concepto de lesión a
dicho derecho una construcción que respeta la norma civil vigente, sin que haya
fundamento alguno para que la exigencia respecto de la Administración haya de ser
distinta de la que pesa sobre un privado.
69. En suma, respetadas las distancias mínimas que establece el Código Civil, dado que
los instrumentos de planeamiento y urbanísticos podrían haber previsto incluso la
construcción de otro edificio de viviendas a esa misma distancia, tampoco, desde la
perspectiva ahora acogida, resultará resarcible el efecto de la construcción del
ascensor, cuyo impacto sobre determinadas habitaciones de las viviendas de los
reclamantes puede, por otra parte, neutralizarse mediante la adopción de las medidas
habituales ?y no costosas- que pueden tomar los residentes en viviendas con
construcciones próximas.
70. Atendido lo hasta aquí expuesto, no procede el examen de la forma en que los
reclamantes cuantifican la indemnización, sin perjuicio de señalar que ello no significa
que la Comisión comparta ni la premisa adoptada (valor de las viviendas propuesto),
ni el porcentaje de demérito (25% vivienda y 7% garaje) aplicado.
CONCLUSIÓN
Estima la Comisión que procede desestimar las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial.
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