Última revisión
17/01/2007
Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 008/2007 de 17 de enero de 2007
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
Fecha: 17/01/2007
Num. Resolución: 008/2007
Cuestión
Consulta 134/2006 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por don I.S.A. como consecuencia de una accidente en la vía publicaContestacion
DICTAMEN Nº: 8/2007
TÍTULO: Consulta 134/2006 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial
por los daños sufridos por don I.S.A. como consecuencia de una accidente en la vía
publica.
ANTECEDENTES
1. Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, de 31 de octubre de 2006, con entrada en esta Comisión el 29 de
noviembre, se somete a consulta la reclamación de responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián formulada por don I.S.A. como
consecuencia de una caída padecida el día 3 de abril de 2004 en el ... esquina con la
calle ...
2. El reclamante solicita que se acuerde indemnizarle en la cantidad de 21.637,54 euros
(veintiuno mil seiscientos treinta y siete euros y cincuenta y cuatro céntimos),
cantidad que desglosa de la siguiente forma:
- 174,57 euros por tres días de hospitalización a razón de 58,19 euros por día.
- 16.311,60 euros por 345 días de baja impeditiva a razón de 47,28 euros día.
- 1.648,62 euros de factor de corrección (10%) por perjuicios económicos.
- 3.502,75 euros por 5 puntos por perjuicio estético a razón de 700,55 euros por
punto.
3. En el expediente constan, además del oficio de remisión del expediente y la
propuesta de resolución del mismo, los siguientes documentos:
a) Solicitud del reclamante, de fecha 19 de octubre de 2005, de indemnización por
el daño sufrido el día 3 de abril de 2004 por caída de la bicicleta cuando
procedente de la calle ... en dirección a la calle ... (en la intersección de esta
última calle con el ...) se encajó la rueda delantera en una rejilla situada en la
calzada, a la que acompaña partes de alta del Hospital ... de fechas 5 de abril de
2004 y 11 de marzo de 2005 donde fue atendido tras la caída, atestado de la
guardia municipal de fecha 15 de abril de 2004 y algunas fotografías.
b) Informe del Servicio de Vías Públicas de fecha 21 de marzo de 2006 que señala
que las rejillas corresponden a un elemento de ventilación del aparcamiento
del ... y que la reclamación se deberá remitir al concesionario.
c) Escrito de la Sección de Contratación y Compras por el que informa que la
concesionaria del aparcamiento subterráneo del ... es la empresa ...
d) Comunicación de la reclamación de fecha 5 de mayo de 2006, notificada el día
17 de mayo, concediendo trámite de audiencia por 15 días a la citada empresa.
e) Declaraciones de dos testigos del accidente.
f) Oficio dando trámite de audiencia al interesado, que cita la documentación que
obra en el expediente, notificado el día 1 de septiembre de 2006.
g) Escrito de alegaciones del reclamante de fecha 15 de septiembre de 2006.
CONSIDERACIONES
I. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN.
4. De acuerdo con el artículo 3.1 k) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el presente dictamen se emite con carácter
preceptivo, al tratarse de una reclamación sobre responsabilidad patrimonial de un
Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo la cantidad
reclamada superior a 6.000 euros.
II. RELATO DE HECHOS.
5. Tomando en consideración los documentos obrantes en el expediente, son
relevantes para la resolución del supuesto planteado las siguientes circunstancias
fácticas.
6. El día 3 de abril de 2004, sobre las 10:00 horas, el reclamante circulaba en bicicleta
procedente de la calle ... en dirección a la calle ... y al llegar a la intersección del ...
con ..., introdujo una de las ruedas en una rejilla que se encontraba en la calzada,
cayendo al suelo.
7. Como consecuencia de la caída Don I.S.A. fue atendido de urgencia en el Hospital ...
por fractura conminuta de olécranon del codo derecho, procediéndose el mismo día
del ingreso a reducción y osteosíntesis de la fractura según la técnica de ?OBENQUE? , y
fue dado de alta hospitalaria el día 5 siguiente. Ingresó nuevamente en el hospital el
día 11 de marzo de 2005 para extracción de material de osteosíntesis siendo dado de
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alta hospitalaria el mismo día, debiendo acudir a revisión el día 14 de marzo
siguiente.
8. Tras la curación presenta como secuela una cicatriz de 14 centímetros en el codo
derecho.
9. La rejilla en la que se trabó la bicicleta es un elemento de ventilación del
aparcamiento subterráneo del ... que es público siendo la concesionaria, según
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 31 de octubre de 1996, la empresa X.
III. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
A) Análisis de la tramitación:
10. Para el examen del expediente instruido ha de estarse a lo que establecen el Titulo X
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos en
materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (en
adelante, el Reglamento).
11. La reclamación ha sido presentada por persona legitimada, ya que es la propia
perjudicada. En cuanto al plazo previsto en el artículo 142.5 de la LRJPAC y en el
artículo 4.2, párrafo segundo, de su Reglamento hay que observar que habiendo
ocurrido el accidente el día 3 de abril de 2004 ha sido presentada el día 19 de octubre
de 2005.
12. A la vista de esas fechas se puede suscitar, por la escasa información que aporta el
reclamante sobre la evolución de la lesión que sufrió, la duda sobre la posible
prescripción de la acción.
13. El artículo 142.5 de la LRJPAC establece que ?EN TODO CASO, EL DERECHO A RECLAMAR
PRESCRIBE AL AÑO DE PRODUCIDO EL HECHO O EL ACTO QUE MOTIVE LA INDEMNIZACIÓN O DE
MANIFESTARSE SU EFECTO LESIVO. EN CASO DE DAÑOS, DE CARÁCTER FÍSICO O PSÍQUICO, A LAS
PERSONAS EL PLAZO EMPEZARÁ A COMPUTARSE DESDE LA CURACIÓN O LA DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DE LAS SECUELAS ?. Es sabido que cuando se produce una lesión como la que
nos ocupa tras la primera intervención, en un periodo más o menos breve, se produce
normalmente la curación completa de la lesión con o sin secuelas y que la posterior
intervención para la extracción del material de osteosíntesis se realiza una vez
transcurrido un plazo razonable desde la curación y sólo en algunos casos.
14. Al analizar la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de la
Administración la doctrina y la jurisprudencia han venido distinguiendo los daños
permanentes y los daños continuados.
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15. Sin duda en el supuesto de lesiones físicas nos encontramos en el caso de los daños
continuados y para la determinación del día en que se debe iniciar el cómputo del
plazo de prescripción resulta de aplicación la regla actio nata que lleva al momento
en que se tiene cabal conocimiento de la trascendencia e importancia del daño, del
quebranto sufrido y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo
conocimiento es necesario para el ejercicio de la acción.
16. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras la Sentencia de fecha 26 de
marzo de 1999 (RJ 3164/1999) recordando otras, dice que los daños deben ser ?DE
CARÁCTER CONTINUADO E ININTERRUMPIDO? . Se utiliza también con frecuencia la expresión
?SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ? con referencia a un proceso continuado de agravamiento
de los efectos de la lesión.
17. En el caso que nos ocupa el reclamante pudo plantear la reclamación con pleno
conocimiento del resultado lesivo del accidente al ser dado de alta médica tras la
recuperación de la primera intervención y pudo evaluar y cuantificar aquel periodo de
baja y las secuelas (la cicatriz), sin perjuicio de dejar pendiente la posible
reclamación posterior por los perjuicios causados con la segunda intervención, si ésta
resultaba necesaria.
18. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que debe realizarse una interpretación
flexible del cómputo de plazo para reclamar la responsabilidad de la Administración y
que debe aplicarse un criterio favorable a la acción del perjudicado. Dado que está
acreditada la lesión que sufrió el reclamante en la caída y que la segunda
intervención se produjo antes del transcurso del año desde la primera, la Comisión
considera que en este caso no se ha producido la prescripción de la acción.
19. El Ayuntamiento a través de los servicios competentes ha elaborado un escueto
informe que se limita a determinar a quién corresponde la rejilla en que se trabó la
bicicleta. Esta Comisión viene reiterando que la labor instructora ha de ser la
adecuada a las específicas circunstancias que presente cada caso y en este caso se
puede afirmar que ha sido exigua y que resulta insuficiente como consecuencia, por
una parte, del error de planteamiento en la resolución del expediente en cuanto a la
responsabilidad del concesionario del aparcamiento público que luego analizaremos
y, por otra, de la escasez de datos que aporta el reclamante sobre la evolución de las
lesiones que sufrió.
20. La instrucción del expediente se ha limitado a constatar que la rejilla de constante
referencia es un elemento de ventilación del aparcamiento subterráneo y a la
identificación del concesionario, sin aportar dato alguno sobre las características de la
rejilla instalada y las condiciones de la concesión.
21. Es decir, hay que estimar que la instrucción realizada no ha sido suficiente para un
análisis completo de la determinación de la posible concurrencia de responsabilidad
de la concesionaria, ni para establecer si la rejilla instalada era adecuada para ese
lugar, ni para concretar los efectos lesivos del daño sufrido.
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22. En cualquier caso, tratándose de un daño que puede ser imputable a la empresa
concesionaria del aparcamiento es obligado constatar su participación en el
procedimiento. El expediente remitido acredita el traslado de la reclamación y de todo
lo actuado a la empresa para alegaciones en trámite de audiencia.
23. La empresa ante el traslado efectuado ha guardado silencio.
24. En el expediente consta la realización de la audiencia que, tal y como determina el
artículo 11 del Reglamento, debe practicarse una vez instruido el procedimiento e
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución con una relación de
documentos obrantes en el expediente y otorgándoles un plazo no inferior a diez días
para que puedan formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que
estimen pertinentes.
25. El expediente se somete a esta Comisión vencido con creces el plazo legal de seis
meses dado para resolver y notificar la resolución. Ello no obstante, como viene
señalando la Comisión en sus dictámenes, procede continuar con el procedimiento,
ya que tal circunstancia no exime a la Administración del deber de dictar una
resolución expresa (art. 42.1 LRJPAC) y, tratándose de un silencio desestimatorio, no
existe vinculación alguna al sentido del mismo (art. 142.7 LRJPAC).
26. En la actualidad el procedimiento se encuentra suspendido como consecuencia de la
petición de informe a esta Comisión, lo que se deriva directa e inmediatamente del
artículo 42.5.c) de la LRJPAC, es decir, es una consecuencia ope legis, no
dependiente de la voluntad de la administración.
27. No obstante, en aras de una mayor seguridad en la configuración del procedimiento y
de una más completa información al interesado, creemos oportuno señalar que
tendría que haberse declarado expresamente la suspensión del plazo y comunicado
al reclamante.
B) Análisis del fondo:
28. El régimen de responsabilidad patrimonial previsto en los artículos 106.2 de la C.E. y
139 y siguientes de la LRJPAC resulta también de aplicación a las Entidades locales
en virtud de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LBRL), y consiguiente artículo 223 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
(ROF).
29. Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas han sido concretados en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, por
todas, la sentencia de 28 de enero de 1999 (Arz. 1126), entre otras muchas, que
señala que: ?A) EL PRIMERO DE LOS ELEMENTOS ES LA LESIÓN PATRIMONIAL EQUIVALENTE A
DAÑO O PERJUICIO EN LA DOBLE MODALIDAD DE LUCRO CESANTE O DAÑO EMERGENTE; B) EN
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SEGUNDO LUGAR, LA LESIÓN SE DEFINE COMO DAÑO ILEGÍTIMO; C) EL VÍNCULO ENTRE LA LESIÓN Y
EL AGENTE QUE LA PRODUCE, ES DECIR, ENTRE EL ACTO DAÑOSO Y LA ADMINISTRACIÓN, IMPLICA
UNA ACTUACIÓN DEL PODER PÚBLICO EN USO DE POTESTADES PÚBLICAS; D) FINALMENTE, LA LESIÓN
HA DE SER REAL Y EFECTIVA, NUNCA POTENCIAL O FUTURA, PUES EL PERJUICIO TIENE NATURALEZA
EXCLUSIVA CON POSIBILIDAD DE SER CIFRADO EN DINERO Y COMPENSADO DE MANERA
INDIVIDUALIZABLE, DEBIÉNDOSE DAR EL NECESARIO NEXO CAUSAL ENTRE LA ACCIÓN PRODUCIDA Y
EL RESULTADO DAÑOSO OCASIONADO ?.
30. A la vista de la propuesta de resolución que plantea resolver la reclamación ?SIN
PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONCESIONARIA? , el expediente nos
enfrenta, en primer lugar, como cuestión jurídica relevante al examen del artículo 97
LCAP cuya interpretación y aplicación no es pacífica ni en la doctrina ni en la
jurisprudencia.
31. La Comisión ha abordado dicha cuestión en su Dictamen 99/2005 en el que realiza
un amplio y profundo análisis del marco normativo en el que se inserta el precepto,
de las distintas posiciones de la doctrina especializada y de los pronunciamientos
jurisprudenciales que han analizado el alcance del mismo y más recientemente en el
Dictamen 109/2006 emitido con ocasión de consulta efectuada por ese mismo
Ayuntamiento.
32. En esos dictámenes, con las cautelas que reclama una cuestión que se ha revelado
polémica, se concluyó que la Administración, en el marco del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, debe pronunciarse sobre la existencia o no de
responsabilidad del contratista o del concesionario y, si ésta procede, fijar la cuantía
de la indemnización.
33. En el Dictamen 109/2006 se decía que el hecho de que una Administración resuelva
gestionar un servicio público mediante concesión no afecta, en principio, a la relación
del ciudadano con el servicio público por lo que, a fin de mantener la plena virtualidad
de la garantía constitucional del artículo 106.2 CE, que debe guiar toda la actuación
administrativa, el régimen de responsabilidad será el mismo que en el caso de
gestión directa del servicio. Esa regla no se ve alterada por la opción que abre el
artículo 97.3 LCAP para que el perjudicado pueda plantear un requerimiento previo al
órgano de contratación para que se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los daños.
34. Además, en el presente caso concurre que la rejilla se encuentra en la calzada del ...
en la zona abierta a la circulación y que quien ha sufrido el accidente no hacía uso
del servicio público objeto de concesión con lo que la delimitación de responsabilidad
entre el Ayuntamiento y la concesionaria se presenta aún más compleja.
35. Efectivamente, por una parte, la pavimentación de la vías públicas urbanas es de la
competencia del municipio, de conformidad con el artículo 25.2. d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y dicha competencia incluye la obligación
de mantenimiento de la calzada en condiciones adecuadas para la circulación y, por
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otra parte, el Ayuntamiento hubo de intervenir en la elaboración o autorización del
proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo y en cualquier caso debió
vigilar especialmente la seguridad del acabado de la superficie transitable del ...
transformada con la construcción del aparcamiento.
36. En suma, aun sin conocer la participación del Ayuntamiento en la construcción del
aparcamiento subterráneo y en el diseño y remodelación del ..., ni los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen la concesión que no
se han incorporado al expediente, resulta difícil en el presente caso la exclusión de la
responsabilidad del Ayuntamiento puesto que el riesgo, en la versión del reclamante,
no lo provocó un elemento deteriorado de la calzada sino un elemento
defectuosamente diseñado sito en la misma.
37. Por tanto y en todo caso el Ayuntamiento debe resolver primero si existe
responsabilidad ?suya o del concesionario- y si estima que existe debe dilucidar en el
procedimiento de responsabilidad si ésta ha de derivarse al concesionario, pues es él
el que dispone de los medios para hacerlo. No basta, como hace la propuesta de
resolución, señalar que la responsabilidad no es del municipio sin perjuicio de la
responsabilidad de la empresa concesionaria. La posible imputación a la empresa
concesionaria ha de quedar establecida positiva o negativamente en la resolución
que ponga fin al expediente.
38. Pasando a analizar el fondo del asunto, hay que recordar que en accidentes
ocurridos en la calzada, la cuestión nuclear se ciñe, en realidad, a determinar si,
atendidas las concretas circunstancias concurrentes, el daño alegado ha sido o no
consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público, en la relación
de causa a efecto que resulta presupuesto imprescindible para el reconocimiento de
la responsabilidad patrimonial de la Administración.
39. Como ha tenido ocasión de señalar esta Comisión (entre otros, DDCJA 27/1999;
9/2000; 11/2000; 12/2000) la imputación del daño a la Administración presenta una
marcada peculiaridad en supuestos como el que ahora examinamos en los que el
nexo causal se construye sobre el funcionamiento anormal del servicio público,
consistente en una conducta omisiva cuya delimitación se hace a partir de una
determinada concepción de éste.
40. En efecto, volviendo al caso suscitado, se comprueba que en éste el título de
imputación para atribuir el daño padecido a la administración municipal sólo puede
ser, en definitiva, si la rejilla en la que se trabó el reclamante presenta algún defecto
de diseño, ubicación, etc.
41. De tal suerte que aquí, como en los casos a los que nos venimos refiriendo, sólo el
funcionamiento anormal del servicio resulta título de imputación. De no quedar éste
acreditado, el daño alegado no es antijurídico teniendo quien lo ha padecido la
obligación de soportarlo.
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42. Pronto se observa, por tanto, que la cuestión nuclear para la resolución de supuestos
como el que examinamos reside en la delimitación en el caso del funcionamiento
normal o anormal del servicio.
43. La Comisión ha advertido de la gran dificultad que entraña la definición casuística del
estándar de funcionamiento, si bien ha avanzado algunas pautas orientativas.
44. Porque, tal y como señaló esta Comisión, en su temprano DCJA 27/1999:
?Para determinar si ha sido normal o anormal el funcionamiento de un servicio
público, hay que tener en cuenta no sólo las normas positivas de todo tipo que
lo disciplinan (leyes, normas de derecho comunitario, de derecho internacional,
reglamentos, circulares internas, etc.) sino también el deber de diligencia que
razonablemente requieren las circunstancias de cada realización concreta del
servicio y el número y grado de los riesgos que conlleva, valorándolas a la luz
de los estándares mínimos de seguridad socialmente establecidos respecto de
dicho servicio. De tal manera que debería calificarse de anormal, además del
funcionamiento que incumpliese dichas normas, aquél que, aún moviéndose en
el marco de las mismas, no respondiera a las exigencias del sobredicho deber
de diligencia en concreto (naturalmente esto no sería así en los excepcionales
casos en que las normas positivas reguladoras del desarrollo del servicio
tuvieran un grado de detalle y de rigidez tal que impidiesen la consideración de
las variaciones de la diligencia exigible derivadas de la individualidad de cada
caso).?
45. Y precisó con más detalle en su DCJA 11/2000:
?Al no haber normas precisas sobre los deberes de la Administración en los
casos como el que nos ocupa, esto es, al no poder aplicar estándares de
funcionamiento del servicio positivizados normativamente, hay que acudir a los
estándares sociales, frecuentemente usados por los tribunales.
Tal operación entraña gran dificultad, habida cuenta de la indefinición que
acompaña a tal concepto y de la variedad de criterios que pueden barajarse
para aplicar el mismo a cada caso. Sin embargo, sí se pueden fijar algunas
pautas orientativas; a saber:
a) Los estándares sociales no deben ser ajenos a la valoración de las
disponibilidades económicas del poder público, ni pueden establecerse de tal
manera que desvirtúen la facultad de opción que dicho poder conlleva en lo
tocante a la asignación de tales disponibilidades a fines concretos.
b) Dichos estándares no pueden fijarse en atención a lo deseable, sino en
consideración a lo razonablemente posible, no debiendo, por ende, confundirse
con la consecución de los objetivos máximos del servicio ni determinarse, con
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planteamientos ex post facto, en función exclusivamente de la gravedad del
daño.
c) Es, en definitiva, el test de razonabilidad, aplicado en consideración a la
naturaleza del servicio y las circunstancias del caso, el criterio que debe
alumbrar en todo caso las decisiones al respecto.?
46. A estos tres criterios materiales que sirven para obtener la siempre compleja
definición del estándar de funcionamiento del servicio de la que colegir si se ha
producido o no el funcionamiento normal del servicio, debe ahora sumarse otro
criterio de orden procesal que, no obstante tal carácter, puede tener asimismo
especial importancia para la resolución de supuestos como el que aquí se analiza.
47. En efecto, como ha señalado la jurisprudencia (por todas STS de 3 de diciembre de
2002 [RJ 293/2003], dictada en recurso para unificación de doctrina), corresponde a
quien reclama probar las cuestiones de hecho determinantes de la existencia de
responsabilidad ?en especial, los hechos fácticos que permiten establecer el nexo
causal-, así como el alcance y valoración económica de la lesión y a la
Administración, por el contrario, le corresponde acreditar la incidencia en el curso
causal, en su caso, de la conducta de la víctima o de terceros y asimismo le
corresponde probar las circunstancias de hecho que definen el estándar de
funcionamiento razonable del servicio público concernido para evitar las situaciones
de riesgo de lesión patrimonial para los usuarios del servicio o, en su caso, para
reparar o mitigar los efectos dañosos en el caso de que tales situaciones de riesgo
lleguen a materializarse.
48. En el caso que examinamos, acreditada la efectividad del daño así como su relación
causal con la rejilla, la total ausencia de la actividad instructora que corresponde
desplegar a la Administración -que nada ha hecho para acreditar el estándar
razonable de funcionamiento del servicio público concernido ?obliga a esta Comisión
a concluir que existe responsabilidad patrimonial.
49. Porque, asimismo, ninguna prueba ofrece el expediente sobre la posible existencia
de otros factores (conducta imprudente de la propia víctima o de la acción de
terceros) que pudiera alterar la imputación al servicio público del daño alegado que
deriva del expediente remitido.
50. Respecto a la entidad del daño sufrido, no puede aceptarse, con la escasa
documentación que aporta el reclamante, un periodo de baja impeditiva continuada e
ininterrumpida de 345 días, por lo que no queda justificado el perjuicio realmente
sufrido. Es cierto que, como hemos indicado, la carga de la prueba en este aspecto
recae sobre el perjudicado que lo alega, pero si acreditada la lesión la Administración
niega los efectos o perjuicios que pretende el reclamante está obligada a concretarlos
en el expediente realizando al efecto los actos de instrucción que considere
necesarios.
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51. En cuanto a la cuantía de la indemnización, la Comisión estima que, sin ser de
directa aplicación, se pueden tomar como referencia los que resultan de los criterios y
límites previstos en el Anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor, criterio que utiliza el perjudicado en su
reclamación, con referencia a la fecha del accidente que deberá ser actualizada, de
conformidad con lo establecido en el art. 141.3 LRJAP, hasta el momento en que se
dicte la resolución que ponga fin a este procedimiento con arreglo al IPC
correspondiente (Dictámenes 87/2005, 89/2005?).
52. En suma, estima la Comisión que concurre la responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en la cantidad que resulte de la aplicación
de los criterios de valoración citados a los daños o perjuicios que se determinen al
completar la instrucción del expediente.
CONCLUSIÓN
Se estima la existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, sin perjuicio de que pueda repetir contra la empresa concesionaria del
aparcamiento, en relación con la reclamación formulada por Don I.S.A., para cuya exacta
cuantificación deberá proseguirse la labor instructora.
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TÍTULO: Consulta 134/2006 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial
por los daños sufridos por don I.S.A. como consecuencia de una accidente en la vía
publica.
ANTECEDENTES
1. Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, de 31 de octubre de 2006, con entrada en esta Comisión el 29 de
noviembre, se somete a consulta la reclamación de responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián formulada por don I.S.A. como
consecuencia de una caída padecida el día 3 de abril de 2004 en el ... esquina con la
calle ...
2. El reclamante solicita que se acuerde indemnizarle en la cantidad de 21.637,54 euros
(veintiuno mil seiscientos treinta y siete euros y cincuenta y cuatro céntimos),
cantidad que desglosa de la siguiente forma:
- 174,57 euros por tres días de hospitalización a razón de 58,19 euros por día.
- 16.311,60 euros por 345 días de baja impeditiva a razón de 47,28 euros día.
- 1.648,62 euros de factor de corrección (10%) por perjuicios económicos.
- 3.502,75 euros por 5 puntos por perjuicio estético a razón de 700,55 euros por
punto.
3. En el expediente constan, además del oficio de remisión del expediente y la
propuesta de resolución del mismo, los siguientes documentos:
a) Solicitud del reclamante, de fecha 19 de octubre de 2005, de indemnización por
el daño sufrido el día 3 de abril de 2004 por caída de la bicicleta cuando
procedente de la calle ... en dirección a la calle ... (en la intersección de esta
última calle con el ...) se encajó la rueda delantera en una rejilla situada en la
calzada, a la que acompaña partes de alta del Hospital ... de fechas 5 de abril de
2004 y 11 de marzo de 2005 donde fue atendido tras la caída, atestado de la
guardia municipal de fecha 15 de abril de 2004 y algunas fotografías.
b) Informe del Servicio de Vías Públicas de fecha 21 de marzo de 2006 que señala
que las rejillas corresponden a un elemento de ventilación del aparcamiento
del ... y que la reclamación se deberá remitir al concesionario.
c) Escrito de la Sección de Contratación y Compras por el que informa que la
concesionaria del aparcamiento subterráneo del ... es la empresa ...
d) Comunicación de la reclamación de fecha 5 de mayo de 2006, notificada el día
17 de mayo, concediendo trámite de audiencia por 15 días a la citada empresa.
e) Declaraciones de dos testigos del accidente.
f) Oficio dando trámite de audiencia al interesado, que cita la documentación que
obra en el expediente, notificado el día 1 de septiembre de 2006.
g) Escrito de alegaciones del reclamante de fecha 15 de septiembre de 2006.
CONSIDERACIONES
I. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN.
4. De acuerdo con el artículo 3.1 k) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el presente dictamen se emite con carácter
preceptivo, al tratarse de una reclamación sobre responsabilidad patrimonial de un
Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo la cantidad
reclamada superior a 6.000 euros.
II. RELATO DE HECHOS.
5. Tomando en consideración los documentos obrantes en el expediente, son
relevantes para la resolución del supuesto planteado las siguientes circunstancias
fácticas.
6. El día 3 de abril de 2004, sobre las 10:00 horas, el reclamante circulaba en bicicleta
procedente de la calle ... en dirección a la calle ... y al llegar a la intersección del ...
con ..., introdujo una de las ruedas en una rejilla que se encontraba en la calzada,
cayendo al suelo.
7. Como consecuencia de la caída Don I.S.A. fue atendido de urgencia en el Hospital ...
por fractura conminuta de olécranon del codo derecho, procediéndose el mismo día
del ingreso a reducción y osteosíntesis de la fractura según la técnica de ?OBENQUE? , y
fue dado de alta hospitalaria el día 5 siguiente. Ingresó nuevamente en el hospital el
día 11 de marzo de 2005 para extracción de material de osteosíntesis siendo dado de
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alta hospitalaria el mismo día, debiendo acudir a revisión el día 14 de marzo
siguiente.
8. Tras la curación presenta como secuela una cicatriz de 14 centímetros en el codo
derecho.
9. La rejilla en la que se trabó la bicicleta es un elemento de ventilación del
aparcamiento subterráneo del ... que es público siendo la concesionaria, según
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 31 de octubre de 1996, la empresa X.
III. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
A) Análisis de la tramitación:
10. Para el examen del expediente instruido ha de estarse a lo que establecen el Titulo X
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos en
materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (en
adelante, el Reglamento).
11. La reclamación ha sido presentada por persona legitimada, ya que es la propia
perjudicada. En cuanto al plazo previsto en el artículo 142.5 de la LRJPAC y en el
artículo 4.2, párrafo segundo, de su Reglamento hay que observar que habiendo
ocurrido el accidente el día 3 de abril de 2004 ha sido presentada el día 19 de octubre
de 2005.
12. A la vista de esas fechas se puede suscitar, por la escasa información que aporta el
reclamante sobre la evolución de la lesión que sufrió, la duda sobre la posible
prescripción de la acción.
13. El artículo 142.5 de la LRJPAC establece que ?EN TODO CASO, EL DERECHO A RECLAMAR
PRESCRIBE AL AÑO DE PRODUCIDO EL HECHO O EL ACTO QUE MOTIVE LA INDEMNIZACIÓN O DE
MANIFESTARSE SU EFECTO LESIVO. EN CASO DE DAÑOS, DE CARÁCTER FÍSICO O PSÍQUICO, A LAS
PERSONAS EL PLAZO EMPEZARÁ A COMPUTARSE DESDE LA CURACIÓN O LA DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DE LAS SECUELAS ?. Es sabido que cuando se produce una lesión como la que
nos ocupa tras la primera intervención, en un periodo más o menos breve, se produce
normalmente la curación completa de la lesión con o sin secuelas y que la posterior
intervención para la extracción del material de osteosíntesis se realiza una vez
transcurrido un plazo razonable desde la curación y sólo en algunos casos.
14. Al analizar la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de la
Administración la doctrina y la jurisprudencia han venido distinguiendo los daños
permanentes y los daños continuados.
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15. Sin duda en el supuesto de lesiones físicas nos encontramos en el caso de los daños
continuados y para la determinación del día en que se debe iniciar el cómputo del
plazo de prescripción resulta de aplicación la regla actio nata que lleva al momento
en que se tiene cabal conocimiento de la trascendencia e importancia del daño, del
quebranto sufrido y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo
conocimiento es necesario para el ejercicio de la acción.
16. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras la Sentencia de fecha 26 de
marzo de 1999 (RJ 3164/1999) recordando otras, dice que los daños deben ser ?DE
CARÁCTER CONTINUADO E ININTERRUMPIDO? . Se utiliza también con frecuencia la expresión
?SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ? con referencia a un proceso continuado de agravamiento
de los efectos de la lesión.
17. En el caso que nos ocupa el reclamante pudo plantear la reclamación con pleno
conocimiento del resultado lesivo del accidente al ser dado de alta médica tras la
recuperación de la primera intervención y pudo evaluar y cuantificar aquel periodo de
baja y las secuelas (la cicatriz), sin perjuicio de dejar pendiente la posible
reclamación posterior por los perjuicios causados con la segunda intervención, si ésta
resultaba necesaria.
18. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que debe realizarse una interpretación
flexible del cómputo de plazo para reclamar la responsabilidad de la Administración y
que debe aplicarse un criterio favorable a la acción del perjudicado. Dado que está
acreditada la lesión que sufrió el reclamante en la caída y que la segunda
intervención se produjo antes del transcurso del año desde la primera, la Comisión
considera que en este caso no se ha producido la prescripción de la acción.
19. El Ayuntamiento a través de los servicios competentes ha elaborado un escueto
informe que se limita a determinar a quién corresponde la rejilla en que se trabó la
bicicleta. Esta Comisión viene reiterando que la labor instructora ha de ser la
adecuada a las específicas circunstancias que presente cada caso y en este caso se
puede afirmar que ha sido exigua y que resulta insuficiente como consecuencia, por
una parte, del error de planteamiento en la resolución del expediente en cuanto a la
responsabilidad del concesionario del aparcamiento público que luego analizaremos
y, por otra, de la escasez de datos que aporta el reclamante sobre la evolución de las
lesiones que sufrió.
20. La instrucción del expediente se ha limitado a constatar que la rejilla de constante
referencia es un elemento de ventilación del aparcamiento subterráneo y a la
identificación del concesionario, sin aportar dato alguno sobre las características de la
rejilla instalada y las condiciones de la concesión.
21. Es decir, hay que estimar que la instrucción realizada no ha sido suficiente para un
análisis completo de la determinación de la posible concurrencia de responsabilidad
de la concesionaria, ni para establecer si la rejilla instalada era adecuada para ese
lugar, ni para concretar los efectos lesivos del daño sufrido.
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22. En cualquier caso, tratándose de un daño que puede ser imputable a la empresa
concesionaria del aparcamiento es obligado constatar su participación en el
procedimiento. El expediente remitido acredita el traslado de la reclamación y de todo
lo actuado a la empresa para alegaciones en trámite de audiencia.
23. La empresa ante el traslado efectuado ha guardado silencio.
24. En el expediente consta la realización de la audiencia que, tal y como determina el
artículo 11 del Reglamento, debe practicarse una vez instruido el procedimiento e
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución con una relación de
documentos obrantes en el expediente y otorgándoles un plazo no inferior a diez días
para que puedan formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que
estimen pertinentes.
25. El expediente se somete a esta Comisión vencido con creces el plazo legal de seis
meses dado para resolver y notificar la resolución. Ello no obstante, como viene
señalando la Comisión en sus dictámenes, procede continuar con el procedimiento,
ya que tal circunstancia no exime a la Administración del deber de dictar una
resolución expresa (art. 42.1 LRJPAC) y, tratándose de un silencio desestimatorio, no
existe vinculación alguna al sentido del mismo (art. 142.7 LRJPAC).
26. En la actualidad el procedimiento se encuentra suspendido como consecuencia de la
petición de informe a esta Comisión, lo que se deriva directa e inmediatamente del
artículo 42.5.c) de la LRJPAC, es decir, es una consecuencia ope legis, no
dependiente de la voluntad de la administración.
27. No obstante, en aras de una mayor seguridad en la configuración del procedimiento y
de una más completa información al interesado, creemos oportuno señalar que
tendría que haberse declarado expresamente la suspensión del plazo y comunicado
al reclamante.
B) Análisis del fondo:
28. El régimen de responsabilidad patrimonial previsto en los artículos 106.2 de la C.E. y
139 y siguientes de la LRJPAC resulta también de aplicación a las Entidades locales
en virtud de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LBRL), y consiguiente artículo 223 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
(ROF).
29. Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas han sido concretados en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, por
todas, la sentencia de 28 de enero de 1999 (Arz. 1126), entre otras muchas, que
señala que: ?A) EL PRIMERO DE LOS ELEMENTOS ES LA LESIÓN PATRIMONIAL EQUIVALENTE A
DAÑO O PERJUICIO EN LA DOBLE MODALIDAD DE LUCRO CESANTE O DAÑO EMERGENTE; B) EN
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SEGUNDO LUGAR, LA LESIÓN SE DEFINE COMO DAÑO ILEGÍTIMO; C) EL VÍNCULO ENTRE LA LESIÓN Y
EL AGENTE QUE LA PRODUCE, ES DECIR, ENTRE EL ACTO DAÑOSO Y LA ADMINISTRACIÓN, IMPLICA
UNA ACTUACIÓN DEL PODER PÚBLICO EN USO DE POTESTADES PÚBLICAS; D) FINALMENTE, LA LESIÓN
HA DE SER REAL Y EFECTIVA, NUNCA POTENCIAL O FUTURA, PUES EL PERJUICIO TIENE NATURALEZA
EXCLUSIVA CON POSIBILIDAD DE SER CIFRADO EN DINERO Y COMPENSADO DE MANERA
INDIVIDUALIZABLE, DEBIÉNDOSE DAR EL NECESARIO NEXO CAUSAL ENTRE LA ACCIÓN PRODUCIDA Y
EL RESULTADO DAÑOSO OCASIONADO ?.
30. A la vista de la propuesta de resolución que plantea resolver la reclamación ?SIN
PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONCESIONARIA? , el expediente nos
enfrenta, en primer lugar, como cuestión jurídica relevante al examen del artículo 97
LCAP cuya interpretación y aplicación no es pacífica ni en la doctrina ni en la
jurisprudencia.
31. La Comisión ha abordado dicha cuestión en su Dictamen 99/2005 en el que realiza
un amplio y profundo análisis del marco normativo en el que se inserta el precepto,
de las distintas posiciones de la doctrina especializada y de los pronunciamientos
jurisprudenciales que han analizado el alcance del mismo y más recientemente en el
Dictamen 109/2006 emitido con ocasión de consulta efectuada por ese mismo
Ayuntamiento.
32. En esos dictámenes, con las cautelas que reclama una cuestión que se ha revelado
polémica, se concluyó que la Administración, en el marco del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, debe pronunciarse sobre la existencia o no de
responsabilidad del contratista o del concesionario y, si ésta procede, fijar la cuantía
de la indemnización.
33. En el Dictamen 109/2006 se decía que el hecho de que una Administración resuelva
gestionar un servicio público mediante concesión no afecta, en principio, a la relación
del ciudadano con el servicio público por lo que, a fin de mantener la plena virtualidad
de la garantía constitucional del artículo 106.2 CE, que debe guiar toda la actuación
administrativa, el régimen de responsabilidad será el mismo que en el caso de
gestión directa del servicio. Esa regla no se ve alterada por la opción que abre el
artículo 97.3 LCAP para que el perjudicado pueda plantear un requerimiento previo al
órgano de contratación para que se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los daños.
34. Además, en el presente caso concurre que la rejilla se encuentra en la calzada del ...
en la zona abierta a la circulación y que quien ha sufrido el accidente no hacía uso
del servicio público objeto de concesión con lo que la delimitación de responsabilidad
entre el Ayuntamiento y la concesionaria se presenta aún más compleja.
35. Efectivamente, por una parte, la pavimentación de la vías públicas urbanas es de la
competencia del municipio, de conformidad con el artículo 25.2. d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y dicha competencia incluye la obligación
de mantenimiento de la calzada en condiciones adecuadas para la circulación y, por
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otra parte, el Ayuntamiento hubo de intervenir en la elaboración o autorización del
proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo y en cualquier caso debió
vigilar especialmente la seguridad del acabado de la superficie transitable del ...
transformada con la construcción del aparcamiento.
36. En suma, aun sin conocer la participación del Ayuntamiento en la construcción del
aparcamiento subterráneo y en el diseño y remodelación del ..., ni los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen la concesión que no
se han incorporado al expediente, resulta difícil en el presente caso la exclusión de la
responsabilidad del Ayuntamiento puesto que el riesgo, en la versión del reclamante,
no lo provocó un elemento deteriorado de la calzada sino un elemento
defectuosamente diseñado sito en la misma.
37. Por tanto y en todo caso el Ayuntamiento debe resolver primero si existe
responsabilidad ?suya o del concesionario- y si estima que existe debe dilucidar en el
procedimiento de responsabilidad si ésta ha de derivarse al concesionario, pues es él
el que dispone de los medios para hacerlo. No basta, como hace la propuesta de
resolución, señalar que la responsabilidad no es del municipio sin perjuicio de la
responsabilidad de la empresa concesionaria. La posible imputación a la empresa
concesionaria ha de quedar establecida positiva o negativamente en la resolución
que ponga fin al expediente.
38. Pasando a analizar el fondo del asunto, hay que recordar que en accidentes
ocurridos en la calzada, la cuestión nuclear se ciñe, en realidad, a determinar si,
atendidas las concretas circunstancias concurrentes, el daño alegado ha sido o no
consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público, en la relación
de causa a efecto que resulta presupuesto imprescindible para el reconocimiento de
la responsabilidad patrimonial de la Administración.
39. Como ha tenido ocasión de señalar esta Comisión (entre otros, DDCJA 27/1999;
9/2000; 11/2000; 12/2000) la imputación del daño a la Administración presenta una
marcada peculiaridad en supuestos como el que ahora examinamos en los que el
nexo causal se construye sobre el funcionamiento anormal del servicio público,
consistente en una conducta omisiva cuya delimitación se hace a partir de una
determinada concepción de éste.
40. En efecto, volviendo al caso suscitado, se comprueba que en éste el título de
imputación para atribuir el daño padecido a la administración municipal sólo puede
ser, en definitiva, si la rejilla en la que se trabó el reclamante presenta algún defecto
de diseño, ubicación, etc.
41. De tal suerte que aquí, como en los casos a los que nos venimos refiriendo, sólo el
funcionamiento anormal del servicio resulta título de imputación. De no quedar éste
acreditado, el daño alegado no es antijurídico teniendo quien lo ha padecido la
obligación de soportarlo.
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42. Pronto se observa, por tanto, que la cuestión nuclear para la resolución de supuestos
como el que examinamos reside en la delimitación en el caso del funcionamiento
normal o anormal del servicio.
43. La Comisión ha advertido de la gran dificultad que entraña la definición casuística del
estándar de funcionamiento, si bien ha avanzado algunas pautas orientativas.
44. Porque, tal y como señaló esta Comisión, en su temprano DCJA 27/1999:
?Para determinar si ha sido normal o anormal el funcionamiento de un servicio
público, hay que tener en cuenta no sólo las normas positivas de todo tipo que
lo disciplinan (leyes, normas de derecho comunitario, de derecho internacional,
reglamentos, circulares internas, etc.) sino también el deber de diligencia que
razonablemente requieren las circunstancias de cada realización concreta del
servicio y el número y grado de los riesgos que conlleva, valorándolas a la luz
de los estándares mínimos de seguridad socialmente establecidos respecto de
dicho servicio. De tal manera que debería calificarse de anormal, además del
funcionamiento que incumpliese dichas normas, aquél que, aún moviéndose en
el marco de las mismas, no respondiera a las exigencias del sobredicho deber
de diligencia en concreto (naturalmente esto no sería así en los excepcionales
casos en que las normas positivas reguladoras del desarrollo del servicio
tuvieran un grado de detalle y de rigidez tal que impidiesen la consideración de
las variaciones de la diligencia exigible derivadas de la individualidad de cada
caso).?
45. Y precisó con más detalle en su DCJA 11/2000:
?Al no haber normas precisas sobre los deberes de la Administración en los
casos como el que nos ocupa, esto es, al no poder aplicar estándares de
funcionamiento del servicio positivizados normativamente, hay que acudir a los
estándares sociales, frecuentemente usados por los tribunales.
Tal operación entraña gran dificultad, habida cuenta de la indefinición que
acompaña a tal concepto y de la variedad de criterios que pueden barajarse
para aplicar el mismo a cada caso. Sin embargo, sí se pueden fijar algunas
pautas orientativas; a saber:
a) Los estándares sociales no deben ser ajenos a la valoración de las
disponibilidades económicas del poder público, ni pueden establecerse de tal
manera que desvirtúen la facultad de opción que dicho poder conlleva en lo
tocante a la asignación de tales disponibilidades a fines concretos.
b) Dichos estándares no pueden fijarse en atención a lo deseable, sino en
consideración a lo razonablemente posible, no debiendo, por ende, confundirse
con la consecución de los objetivos máximos del servicio ni determinarse, con
Dictamen 8/2007 Página 8. de 10
planteamientos ex post facto, en función exclusivamente de la gravedad del
daño.
c) Es, en definitiva, el test de razonabilidad, aplicado en consideración a la
naturaleza del servicio y las circunstancias del caso, el criterio que debe
alumbrar en todo caso las decisiones al respecto.?
46. A estos tres criterios materiales que sirven para obtener la siempre compleja
definición del estándar de funcionamiento del servicio de la que colegir si se ha
producido o no el funcionamiento normal del servicio, debe ahora sumarse otro
criterio de orden procesal que, no obstante tal carácter, puede tener asimismo
especial importancia para la resolución de supuestos como el que aquí se analiza.
47. En efecto, como ha señalado la jurisprudencia (por todas STS de 3 de diciembre de
2002 [RJ 293/2003], dictada en recurso para unificación de doctrina), corresponde a
quien reclama probar las cuestiones de hecho determinantes de la existencia de
responsabilidad ?en especial, los hechos fácticos que permiten establecer el nexo
causal-, así como el alcance y valoración económica de la lesión y a la
Administración, por el contrario, le corresponde acreditar la incidencia en el curso
causal, en su caso, de la conducta de la víctima o de terceros y asimismo le
corresponde probar las circunstancias de hecho que definen el estándar de
funcionamiento razonable del servicio público concernido para evitar las situaciones
de riesgo de lesión patrimonial para los usuarios del servicio o, en su caso, para
reparar o mitigar los efectos dañosos en el caso de que tales situaciones de riesgo
lleguen a materializarse.
48. En el caso que examinamos, acreditada la efectividad del daño así como su relación
causal con la rejilla, la total ausencia de la actividad instructora que corresponde
desplegar a la Administración -que nada ha hecho para acreditar el estándar
razonable de funcionamiento del servicio público concernido ?obliga a esta Comisión
a concluir que existe responsabilidad patrimonial.
49. Porque, asimismo, ninguna prueba ofrece el expediente sobre la posible existencia
de otros factores (conducta imprudente de la propia víctima o de la acción de
terceros) que pudiera alterar la imputación al servicio público del daño alegado que
deriva del expediente remitido.
50. Respecto a la entidad del daño sufrido, no puede aceptarse, con la escasa
documentación que aporta el reclamante, un periodo de baja impeditiva continuada e
ininterrumpida de 345 días, por lo que no queda justificado el perjuicio realmente
sufrido. Es cierto que, como hemos indicado, la carga de la prueba en este aspecto
recae sobre el perjudicado que lo alega, pero si acreditada la lesión la Administración
niega los efectos o perjuicios que pretende el reclamante está obligada a concretarlos
en el expediente realizando al efecto los actos de instrucción que considere
necesarios.
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51. En cuanto a la cuantía de la indemnización, la Comisión estima que, sin ser de
directa aplicación, se pueden tomar como referencia los que resultan de los criterios y
límites previstos en el Anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor, criterio que utiliza el perjudicado en su
reclamación, con referencia a la fecha del accidente que deberá ser actualizada, de
conformidad con lo establecido en el art. 141.3 LRJAP, hasta el momento en que se
dicte la resolución que ponga fin a este procedimiento con arreglo al IPC
correspondiente (Dictámenes 87/2005, 89/2005?).
52. En suma, estima la Comisión que concurre la responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en la cantidad que resulte de la aplicación
de los criterios de valoración citados a los daños o perjuicios que se determinen al
completar la instrucción del expediente.
CONCLUSIÓN
Se estima la existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, sin perjuicio de que pueda repetir contra la empresa concesionaria del
aparcamiento, en relación con la reclamación formulada por Don I.S.A., para cuya exacta
cuantificación deberá proseguirse la labor instructora.
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