Última revisión
17/01/2007
Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 006/2007 de 17 de enero de 2007
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
Fecha: 17/01/2007
Num. Resolución: 006/2007
Cuestión
Consulta 142/2006 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por don C.S.L. como consecuencia de una caída en la vía públicaContestacion
DICTAMEN Nº: 6 / 2 0 0 7
TÍTULO: Consulta 142/2006 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial
por los daños sufridos por don C.S.L. como consecuencia de una caída en la vía pública.
ANTECEDENTES
1. Con fecha 13 de diciembre de 2006, tiene entrada en la Comisión la solicitud de
consulta de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don C.S.L.
frente al Ayuntamiento de Bilbao por las lesiones sufridas a consecuencia de una
caída en el número ... de la calle ..., del barrio de ..., debido al mal estado de la vía.
2. El reclamante inicialmente no cuantificó la indemnización a la espera del alta, siendo
en las alegaciones del trámite de audiencia donde cuantifica los perjuicios en
cantidad no inferior a 40.000 euros. La indemnización fue valorada por el
Ayuntamiento mediante diligencia de valoración de 25 de octubre de 2006 en
dieciocho mil trescientos cuarenta y seis euros con treinta y un céntimos (18.346,31
?), que desglosa en los siguientes conceptos: 4 días de hospitalización, un total de
219,84 euros; 125 días impeditivos, un total de 5.581,25 euros; 78 días no
impeditivos, un total de 1.875,12 euros; y secuelas permanentes, un total de
10.670,10 euros.
3. El expediente remitido, además de escritos de comunicaciones, notificaciones y de la
propuesta de resolución, consta de la siguiente documentación:
a) La solicitud, presentada el 24 de agosto de 2004, incluyendo parte de asistencia
de la ambulancia, informe hospitalario e informe de los agentes de la Policía
Municipal, de fecha 29 de agosto de 2003, elaborado tras la denuncia del estado
del pavimento donde el día anterior sufrió la caída el reclamante.
b) Informe de 11 de septiembre de 2003 del Servicio de Seguridad Ciudadana.
c) Informe de 17 de febrero de 2004 de la Sección de Viabilidad y Alumbrado.
d) Decreto de 13 de octubre de 2004, por el que se concede plazo al reclamante
para que se ponga en contacto con el Servicio Médico Municipal en orden a la
valoración de las lesiones y aporte las pruebas e informes médicos que
considere oportuno.
e) Escrito del reclamante de 3 de noviembre de 2004, junto al que se aportan
fotografías y se propone prueba testifical.
f) Informe del Servicio Médico Municipal de 17 de diciembre de 2004, reseñando
que una vez examinados los informes médicos que acompaña y dado que la
indemnización puede superar la franquicia, es conveniente informar a la
compañía aseguradora antes de proceder a un examen por su parte.
g) Decreto de 19 de enero de 2005 por la que se acuerda citar a los testigos.
h) Escrito del reclamante de 4 de enero de 2005 solicitando copia del informe
médico elaborado por el Servicio Médico Municipal, ya que se le ha realizado la
inspección médica.
i) Declaraciones de los testigos de fecha 15 de febrero de 2005.
j) Escrito del reclamante de 20 de abril de 2005 solicitando nuevamente copia del
informe médico elaborado por el Servicio Médico Municipal y comunicación
sobre el estado del expediente.
k) Remisión al reclamante, el 9 de mayo de 2005, del informe médico emitido por el
Servicio Médico Municipal en fecha 17 de diciembre de 2004.
l) Varias solicitudes del reclamante efectuadas en abril, mayo y junio de 2005, para
que se le remita el informe del médico del Servicio Médico Municipal que elaboró
como perito.
m) Decreto de 24 de junio de 2005 por la que se concede plazo al reclamante para
que se ponga en contacto con el Servicio Médico de la compañía de seguros ...
n) Escrito del reclamante de 6 de julio de 2005 solicitando nuevamente copia del
informe médico elaborado por el Servicio Médico Municipal y comunicación
sobre el estado del expediente.
o) Remisión del expediente con fecha 6 de octubre de 2005 a la Compañía de
Seguros.
p) Escritos del reclamante de octubre, noviembre y diciembre de 2005, solicitando
información sobre el estado del expediente, dado que ha sido reconocido por el
médico del Ayuntamiento y por ... (Compañía de Seguros), y que se proceda a
su resolución expresa.
q) Escrito del ARARTEKO dirigido al Ayuntamiento el 22 de diciembre de 2005
solicitando remisión de copia del expediente como consecuencia de la admisión
a trámite de la queja efectuada por el reclamante.
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r) Informe médico elaborado a instancia de la Compañía (de Seguros) ... el 16 de
diciembre de 2005 y que se remite al Ayuntamiento el 20 de febrero de 2006.
s) Requerimiento de 14 de febrero de 2006 del ARARTEKO al Ayuntamiento para
que envíen la documentación solicitada.
t) Escrito del reclamante de 16 de febrero de 2006 solicitando información sobre el
estado del expediente, dado que ha sido reconocido por el médico del
Ayuntamiento y por ... (Compañía de Seguros), y que se proceda a su resolución
expresa.
u) Resolución de 1 de marzo de 2006 acordando el trámite de audiencia y traslado
de copia del expediente.
v) Remisión de documentación al ARARTEKO de fecha 6 de marzo de 2006.
w) Trámite de audiencia notificado con fecha 10 de marzo de 2006.
x) Solicitud de copia de ciertos documentos del expediente por parte del
reclamante con fecha 21 de marzo de 2006.
y) Remisión de copias el 7 de abril de 2006.
z) Escrito de alegaciones del reclamante de fecha 11 de abril de 2006,
cuantificando la indemnización en cantidad no inferior a 40.000 euros.
aa) Escrito del ARARTEKO de 15 de mayo de 2006, notificado el 18 del mismo mes,
por el que se comunica la suspensión de la intervención.
bb) Escrito del reclamante de 23 de octubre de 2006, solicitando se resuelva de una
vez el expediente.
cc) Diligencia de Valoración Económica, de fecha 25 de octubre de 2006, en función
del informe elaborado a instancia de la Compañía (de Seguros) ...
CONSIDERACIONES
I. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN.
4. De acuerdo con el artículo 3.1 k) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el presente dictamen se emite con carácter
preceptivo, al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial de un
Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo la cantidad
reclamada superior a 6.000 euros.
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II. RELATO DE HECHOS.
5. Tomando en consideración la instrucción practicada, son relevantes para la
resolución del supuesto planteado las siguientes circunstancias fácticas.
6. Según declara el reclamante, el día 28 de agosto de 2003 sufrió una caída en la vía
pública, a la altura del número ... de la calle ..., en el barrio de ..., como consecuencia
del defectuoso estado del camino.
7. Como consecuencia de la caída sufrió fractura del tobillo izquierdo y una ambulancia
le trasladó al Hospital de ..., donde fue intervenido quirúrgicamente ese mismo día,
realizándose reducción y osteosíntesis mediante placa en peroné y cerclaje con
agujas en maleolo interno.
8. Fue dado de alta hospitalaria el 1 de septiembre de 2003 y el 16 de septiembre de
2003 se le retiran los puntos y se coloca férula de yeso. Presenta úlceras en ambos
maleolos que requieren curas y retrasan el inicio de la rehabilitación.
9. El 4 de noviembre de 2003 se le extrae el material osteosíntesis del tobillo y se le
recoge muestra para cultivo en úlcera a nivel de cerclaje.
10. El informe médico de rehabilitación, de fecha 23 de marzo de 2004, señala que ha
recuperado balance articular y muscular del tobillo izquierdo, aunque refiere cierta
inseguridad al descender escaleras.
11. Con fecha 24 de noviembre de 2004 se decide el alta, destacando el informe de
consultas externas de traumatología que el paciente en enero de 2004 se encontraba
haciendo rehabilitación y no refería más que molestias ocasionales. Asimismo,
concluye que se encuentra bien, refiere molestias ocasionales y tiene buena
movilidad.
III. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
A) Análisis del procedimiento:
12. Para el examen del expediente instruido ha de estarse a lo que establecen el Título X
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) y el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los
Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas (en adelante, el Reglamento).
13. La reclamación ha sido presentada por persona legitimada dentro del plazo legal
establecido (art. 142. 5 LRJPAC), ya que los hechos se produjeron el día 28 de
agosto de 2003 y la reclamación se registra en el Ayuntamiento el 2 de agosto de
2004.
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14. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento,
incorporándose al procedimiento el informe del servicio a cuyo funcionamiento se
imputa el daño, el informe de la Sección de Viabilidad y Alumbrado, así como informe
de la Policía Local.
15. Se ha practicado la prueba testifical solicitada, y se ha cumplimentado el trámite de
audiencia con la reclamante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del
Reglamento, quien manifiesta su disconformidad con la valoración de daños.
16. En orden al plazo para resolver y notificar la decisión administrativa debe señalarse
que el expediente se somete a esta Comisión superado con creces el plazo legal de
seis meses establecido en el artículo 13.3 del Reglamento para resolver y notificar la
resolución, ya que la solicitud se presenta el 24 de agosto de 2004 y el 30 de octubre
de 2006 se acuerda remitir a consulta la propuesta de resolución.
17. Esta Comisión quiere reiterar que los plazos establecidos obligan a las autoridades y
personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación
de los asuntos, artículo 47 LRJPAC, sin que se encuentren sujetos a variables
difíciles de explicar, como sucede en este caso, en el que la instrucción sufre una
demora a todas luces excesiva, siendo especialmente llamativas las paralizaciones
que se producen entre algunos trámites; de hecho el reclamante solicitó la
intervención del ARARTEKO para que el expediente se resolviera.
18. Ello no obstante, como viene señalando esta Comisión en sus dictámenes, procede
continuar con el procedimiento, ya que tal circunstancia no exime a la Administración
del deber de dictar una resolución expresa (artículo 42.1 LRJPAC) y, tratándose de
un silencio desestimatorio, no existe vinculación alguna al sentido del mismo (artículo
142.7 LRJPAC).
B) Análisis del fondo:
19. El régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas tiene su
fundamento específico en el art. 106.2 CE que establece que los particulares, en los
términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que
la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
20. Dicho régimen se encuentra hoy contemplado en los arts. 139 y siguientes de la
LRJPAC y, según constante doctrina jurisprudencial, son requisitos exigidos para
apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial: la efectividad del daño o
perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o
grupo de personas; que el daño o lesión sufrido sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal ?es indiferente la calificación- de los servicios públicos, sin
intervención de elementos extraños que puedan alterar el curso causal; la
inexistencia de fuerza mayor; y, finalmente, que el reclamante no tenga el deber
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jurídico de soportar el daño por su propia conducta. Teniendo en cuenta que «el
carácter fortuito del hecho causante de una lesión no excluye la responsabilidad
patrimonial» (STS de 1 de diciembre de 1989).
21. En lo que se refiere a accidentes de peatones ocurridos en la vía pública, cabe
distinguir, como viene haciendo la jurisprudencia, las caídas ocasionadas por traspiés
con elementos consustanciales a las vías urbanas, como semáforos, señales de
tráfico, bordillos y demás mobiliario urbano, en las que, con carácter general, no se
aprecia la concurrencia del requisito del nexo causal con el funcionamiento del
servicio público, de aquellas otras caídas provocadas por otra clase de elementos,
tales como baldosas o losetas en estado deficiente de conservación, agujeros y
socavones producidos por esa misma deficiencia o por la realización de obras
públicas no señalizadas adecuadamente, las cuales pueden, siempre atendiendo a
las circunstancias del caso, comportar el reconocimiento de una actuación omisiva de
la administración determinante de responsabilidad.
22. Fijada así la doctrina de la Comisión, la cuestión nuclear ?como sucede en estos
supuestos- se ciñe, en realidad, a determinar si, atendidas las concretas
circunstancias concurrentes, el daño alegado ha sido o no consecuencia del
funcionamiento normal o anormal del servicio público, en la relación de causa a
efecto que resulta presupuesto imprescindible para el reconocimiento de la
responsabilidad patrimonial de la Administración.
23. Cuando el título de imputación ?como aquí sucede ? es el actuar omisivo de la
Administración, de acuerdo con la más reciente doctrina especializada, la relación de
causalidad reclama la acreditación de una prestación del servicio con deficiencias
relevantes -en el sentido de susceptibles de provocar la lesión por la que se reclama-.
En efecto, cuando se reclama por un comportamiento público omisivo sólo el
funcionamiento anormal del servicio resulta título suficiente de imputación.
24. Entrando ya en el análisis del supuesto, la propuesta de resolución señala que
procede reconocer la existencia de responsabilidad patrimonial, dado que el nexo de
causalidad ha quedado acreditado.
25. La Comisión comparte esta afirmación, ya que estima que los informes de la Policía
Local y del Servicio de Viabilidad y Alumbrado, así como las testificales acreditan que
la caída se produjo en el lugar y de la forma manifestada por la reclamante, puesto
que reconocen el deficiente estado del pavimento para el tránsito de personas en el
lugar indicado.
26. Establecida la concurrencia de los requisitos exigidos para que nazca la
responsabilidad patrimonial, ya que se encuentra afectada la competencia municipal
de pavimentación de vías públicas urbanas, procede abordar a continuación la
extensión de la obligación indemnizadora.
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27. Esta Comisión, cuando se trata de daños físicos, viene admitiendo la aplicación del
sistema de cálculo de las cuantías indemnizatorias que se aplican a la valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor), como
una de las posibles vías a utilizar para el cálculo de la indemnización.
28. En este caso, a la vista de la discrepancia entre la reclamante y la Administración
sobre los días de hospitalización, la Comisión entiende que deben concretarse en 5
días de estancia hospitalaria (desde el ingreso hasta el alta hospitalaria).
29. Respecto a la discrepancia en los días de baja impeditivos, debemos tener en cuenta
que por día de baja impeditivo debe entenderse aquel en que la víctima está
incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual. Sin embargo, nada
se ha acreditado en el expediente sobre sus condiciones en los días de baja; tan sólo
consta que necesitó curas periódicas para que sus heridas cicatrizasen y
rehabilitación (aunque no se acredita la fecha de su inicio, ni expresamente se refleja
en ningún informe la fecha de finalización de la misma). De igual modo, cabe
destacar que el 4 de noviembre de 2003 se le realiza la retirada de 2 agujas y
cerclaje del tobillo y que en el informe de consultas externas de traumatología emitido
el 24 de noviembre de 2004, se destaca que el paciente en enero de 2004 se
encontraba haciendo rehabilitación y no refería más que molestias ocasionales. En
consecuencia, esta Comisión en una valoración conjunta de los datos obrantes en el
expediente y atendiendo al informe del perito de la Aseguradora, entiende que no es
razonable entender los días impeditivos más allá del 31 de diciembre de 2003, por lo
tanto se concretan en 121 días.
30. Por lo que respecta a los días no impeditivos, cabe señalar que el punto de referencia
debe ser el tiempo que ha necesitado el recurrente para la estabilización de las
lesiones, y en este contexto es el informe de rehabilitación de 23 de marzo de 2004 el
que marca la estabilización, ya que el de traumatología, de 24 de noviembre de 2004,
refiere una conclusión similar y únicamente constata que ha acudido a consultas
posteriores, sin que tenga que coincidir necesariamente visita con baja. Por tal razón,
los citados días ascienden a 82.
31. En relación con las secuelas, el reclamante alega que son muy superiores a las
consignadas y valoradas en el informe médico, adoleciendo de falta de detalle en el
cálculo indemnizatorio y efectuándolas sin apoyo técnico, ya que los informes
médicos aportados aunque pueden ser sometidos a valoración en sus aspectos
médicos, no son propiamente informes periciales valorativos; de hecho, no fijan los
días impeditivos y no impeditivos, ni la valoración de las secuelas.
32. Por ello, la Comisión otorga especial consideración al informe emitido por el
facultativo especialista de la aseguradora, que lo emite tras reconocerle y establece
unos parámetros objetivos que posibilitan a esta Comisión valorar el contenido de los
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restantes informes médicos y establecer una adecuada cuantificación económica del
daño en aplicación de las reglas de cálculo que la Comisión viene aplicando (Texto
Refundido de la Ley de responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos
a motor).
33. De este modo, dada la fecha del accidente y la edad del reclamante resulta
procedente tomar como referencia el baremo de valoración de daños personales
contenido en la Resolución de 20 de enero de 2003 de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones. Por lo tanto, la cantidad resultante es la siguiente a)
por 5 días de hospitalización, 274,8 euros; b) por 121 días impeditivos, 5.402,65
euros; c) por 82 días no impeditivos, 1.971,28 euros; d) por las secuelas, 10.670,10
euros. Lo que supone una indemnización de 18.318,83 euros.
34. Dado que de acuerdo con el artículo 141.3 LRJPAC ?la cuantía de la indemnización se
calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su
actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al
índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística?.?, las citadas
cantidades tendrían que ser actualizadas hasta el momento en que se dicte la
resolución que ponga fin a este procedimiento con arreglo al IPC correspondiente.
CONCLUSIÓN
Existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Bilbao en relación con la
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don C.S.L., por cuantía de
18.318,83 euros.
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TÍTULO: Consulta 142/2006 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial
por los daños sufridos por don C.S.L. como consecuencia de una caída en la vía pública.
ANTECEDENTES
1. Con fecha 13 de diciembre de 2006, tiene entrada en la Comisión la solicitud de
consulta de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don C.S.L.
frente al Ayuntamiento de Bilbao por las lesiones sufridas a consecuencia de una
caída en el número ... de la calle ..., del barrio de ..., debido al mal estado de la vía.
2. El reclamante inicialmente no cuantificó la indemnización a la espera del alta, siendo
en las alegaciones del trámite de audiencia donde cuantifica los perjuicios en
cantidad no inferior a 40.000 euros. La indemnización fue valorada por el
Ayuntamiento mediante diligencia de valoración de 25 de octubre de 2006 en
dieciocho mil trescientos cuarenta y seis euros con treinta y un céntimos (18.346,31
?), que desglosa en los siguientes conceptos: 4 días de hospitalización, un total de
219,84 euros; 125 días impeditivos, un total de 5.581,25 euros; 78 días no
impeditivos, un total de 1.875,12 euros; y secuelas permanentes, un total de
10.670,10 euros.
3. El expediente remitido, además de escritos de comunicaciones, notificaciones y de la
propuesta de resolución, consta de la siguiente documentación:
a) La solicitud, presentada el 24 de agosto de 2004, incluyendo parte de asistencia
de la ambulancia, informe hospitalario e informe de los agentes de la Policía
Municipal, de fecha 29 de agosto de 2003, elaborado tras la denuncia del estado
del pavimento donde el día anterior sufrió la caída el reclamante.
b) Informe de 11 de septiembre de 2003 del Servicio de Seguridad Ciudadana.
c) Informe de 17 de febrero de 2004 de la Sección de Viabilidad y Alumbrado.
d) Decreto de 13 de octubre de 2004, por el que se concede plazo al reclamante
para que se ponga en contacto con el Servicio Médico Municipal en orden a la
valoración de las lesiones y aporte las pruebas e informes médicos que
considere oportuno.
e) Escrito del reclamante de 3 de noviembre de 2004, junto al que se aportan
fotografías y se propone prueba testifical.
f) Informe del Servicio Médico Municipal de 17 de diciembre de 2004, reseñando
que una vez examinados los informes médicos que acompaña y dado que la
indemnización puede superar la franquicia, es conveniente informar a la
compañía aseguradora antes de proceder a un examen por su parte.
g) Decreto de 19 de enero de 2005 por la que se acuerda citar a los testigos.
h) Escrito del reclamante de 4 de enero de 2005 solicitando copia del informe
médico elaborado por el Servicio Médico Municipal, ya que se le ha realizado la
inspección médica.
i) Declaraciones de los testigos de fecha 15 de febrero de 2005.
j) Escrito del reclamante de 20 de abril de 2005 solicitando nuevamente copia del
informe médico elaborado por el Servicio Médico Municipal y comunicación
sobre el estado del expediente.
k) Remisión al reclamante, el 9 de mayo de 2005, del informe médico emitido por el
Servicio Médico Municipal en fecha 17 de diciembre de 2004.
l) Varias solicitudes del reclamante efectuadas en abril, mayo y junio de 2005, para
que se le remita el informe del médico del Servicio Médico Municipal que elaboró
como perito.
m) Decreto de 24 de junio de 2005 por la que se concede plazo al reclamante para
que se ponga en contacto con el Servicio Médico de la compañía de seguros ...
n) Escrito del reclamante de 6 de julio de 2005 solicitando nuevamente copia del
informe médico elaborado por el Servicio Médico Municipal y comunicación
sobre el estado del expediente.
o) Remisión del expediente con fecha 6 de octubre de 2005 a la Compañía de
Seguros.
p) Escritos del reclamante de octubre, noviembre y diciembre de 2005, solicitando
información sobre el estado del expediente, dado que ha sido reconocido por el
médico del Ayuntamiento y por ... (Compañía de Seguros), y que se proceda a
su resolución expresa.
q) Escrito del ARARTEKO dirigido al Ayuntamiento el 22 de diciembre de 2005
solicitando remisión de copia del expediente como consecuencia de la admisión
a trámite de la queja efectuada por el reclamante.
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r) Informe médico elaborado a instancia de la Compañía (de Seguros) ... el 16 de
diciembre de 2005 y que se remite al Ayuntamiento el 20 de febrero de 2006.
s) Requerimiento de 14 de febrero de 2006 del ARARTEKO al Ayuntamiento para
que envíen la documentación solicitada.
t) Escrito del reclamante de 16 de febrero de 2006 solicitando información sobre el
estado del expediente, dado que ha sido reconocido por el médico del
Ayuntamiento y por ... (Compañía de Seguros), y que se proceda a su resolución
expresa.
u) Resolución de 1 de marzo de 2006 acordando el trámite de audiencia y traslado
de copia del expediente.
v) Remisión de documentación al ARARTEKO de fecha 6 de marzo de 2006.
w) Trámite de audiencia notificado con fecha 10 de marzo de 2006.
x) Solicitud de copia de ciertos documentos del expediente por parte del
reclamante con fecha 21 de marzo de 2006.
y) Remisión de copias el 7 de abril de 2006.
z) Escrito de alegaciones del reclamante de fecha 11 de abril de 2006,
cuantificando la indemnización en cantidad no inferior a 40.000 euros.
aa) Escrito del ARARTEKO de 15 de mayo de 2006, notificado el 18 del mismo mes,
por el que se comunica la suspensión de la intervención.
bb) Escrito del reclamante de 23 de octubre de 2006, solicitando se resuelva de una
vez el expediente.
cc) Diligencia de Valoración Económica, de fecha 25 de octubre de 2006, en función
del informe elaborado a instancia de la Compañía (de Seguros) ...
CONSIDERACIONES
I. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN.
4. De acuerdo con el artículo 3.1 k) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el presente dictamen se emite con carácter
preceptivo, al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial de un
Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo la cantidad
reclamada superior a 6.000 euros.
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II. RELATO DE HECHOS.
5. Tomando en consideración la instrucción practicada, son relevantes para la
resolución del supuesto planteado las siguientes circunstancias fácticas.
6. Según declara el reclamante, el día 28 de agosto de 2003 sufrió una caída en la vía
pública, a la altura del número ... de la calle ..., en el barrio de ..., como consecuencia
del defectuoso estado del camino.
7. Como consecuencia de la caída sufrió fractura del tobillo izquierdo y una ambulancia
le trasladó al Hospital de ..., donde fue intervenido quirúrgicamente ese mismo día,
realizándose reducción y osteosíntesis mediante placa en peroné y cerclaje con
agujas en maleolo interno.
8. Fue dado de alta hospitalaria el 1 de septiembre de 2003 y el 16 de septiembre de
2003 se le retiran los puntos y se coloca férula de yeso. Presenta úlceras en ambos
maleolos que requieren curas y retrasan el inicio de la rehabilitación.
9. El 4 de noviembre de 2003 se le extrae el material osteosíntesis del tobillo y se le
recoge muestra para cultivo en úlcera a nivel de cerclaje.
10. El informe médico de rehabilitación, de fecha 23 de marzo de 2004, señala que ha
recuperado balance articular y muscular del tobillo izquierdo, aunque refiere cierta
inseguridad al descender escaleras.
11. Con fecha 24 de noviembre de 2004 se decide el alta, destacando el informe de
consultas externas de traumatología que el paciente en enero de 2004 se encontraba
haciendo rehabilitación y no refería más que molestias ocasionales. Asimismo,
concluye que se encuentra bien, refiere molestias ocasionales y tiene buena
movilidad.
III. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
A) Análisis del procedimiento:
12. Para el examen del expediente instruido ha de estarse a lo que establecen el Título X
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) y el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los
Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas (en adelante, el Reglamento).
13. La reclamación ha sido presentada por persona legitimada dentro del plazo legal
establecido (art. 142. 5 LRJPAC), ya que los hechos se produjeron el día 28 de
agosto de 2003 y la reclamación se registra en el Ayuntamiento el 2 de agosto de
2004.
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14. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento,
incorporándose al procedimiento el informe del servicio a cuyo funcionamiento se
imputa el daño, el informe de la Sección de Viabilidad y Alumbrado, así como informe
de la Policía Local.
15. Se ha practicado la prueba testifical solicitada, y se ha cumplimentado el trámite de
audiencia con la reclamante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del
Reglamento, quien manifiesta su disconformidad con la valoración de daños.
16. En orden al plazo para resolver y notificar la decisión administrativa debe señalarse
que el expediente se somete a esta Comisión superado con creces el plazo legal de
seis meses establecido en el artículo 13.3 del Reglamento para resolver y notificar la
resolución, ya que la solicitud se presenta el 24 de agosto de 2004 y el 30 de octubre
de 2006 se acuerda remitir a consulta la propuesta de resolución.
17. Esta Comisión quiere reiterar que los plazos establecidos obligan a las autoridades y
personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación
de los asuntos, artículo 47 LRJPAC, sin que se encuentren sujetos a variables
difíciles de explicar, como sucede en este caso, en el que la instrucción sufre una
demora a todas luces excesiva, siendo especialmente llamativas las paralizaciones
que se producen entre algunos trámites; de hecho el reclamante solicitó la
intervención del ARARTEKO para que el expediente se resolviera.
18. Ello no obstante, como viene señalando esta Comisión en sus dictámenes, procede
continuar con el procedimiento, ya que tal circunstancia no exime a la Administración
del deber de dictar una resolución expresa (artículo 42.1 LRJPAC) y, tratándose de
un silencio desestimatorio, no existe vinculación alguna al sentido del mismo (artículo
142.7 LRJPAC).
B) Análisis del fondo:
19. El régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas tiene su
fundamento específico en el art. 106.2 CE que establece que los particulares, en los
términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que
la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
20. Dicho régimen se encuentra hoy contemplado en los arts. 139 y siguientes de la
LRJPAC y, según constante doctrina jurisprudencial, son requisitos exigidos para
apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial: la efectividad del daño o
perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o
grupo de personas; que el daño o lesión sufrido sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal ?es indiferente la calificación- de los servicios públicos, sin
intervención de elementos extraños que puedan alterar el curso causal; la
inexistencia de fuerza mayor; y, finalmente, que el reclamante no tenga el deber
Dictamen 6/2007 Página 5. de 8
jurídico de soportar el daño por su propia conducta. Teniendo en cuenta que «el
carácter fortuito del hecho causante de una lesión no excluye la responsabilidad
patrimonial» (STS de 1 de diciembre de 1989).
21. En lo que se refiere a accidentes de peatones ocurridos en la vía pública, cabe
distinguir, como viene haciendo la jurisprudencia, las caídas ocasionadas por traspiés
con elementos consustanciales a las vías urbanas, como semáforos, señales de
tráfico, bordillos y demás mobiliario urbano, en las que, con carácter general, no se
aprecia la concurrencia del requisito del nexo causal con el funcionamiento del
servicio público, de aquellas otras caídas provocadas por otra clase de elementos,
tales como baldosas o losetas en estado deficiente de conservación, agujeros y
socavones producidos por esa misma deficiencia o por la realización de obras
públicas no señalizadas adecuadamente, las cuales pueden, siempre atendiendo a
las circunstancias del caso, comportar el reconocimiento de una actuación omisiva de
la administración determinante de responsabilidad.
22. Fijada así la doctrina de la Comisión, la cuestión nuclear ?como sucede en estos
supuestos- se ciñe, en realidad, a determinar si, atendidas las concretas
circunstancias concurrentes, el daño alegado ha sido o no consecuencia del
funcionamiento normal o anormal del servicio público, en la relación de causa a
efecto que resulta presupuesto imprescindible para el reconocimiento de la
responsabilidad patrimonial de la Administración.
23. Cuando el título de imputación ?como aquí sucede ? es el actuar omisivo de la
Administración, de acuerdo con la más reciente doctrina especializada, la relación de
causalidad reclama la acreditación de una prestación del servicio con deficiencias
relevantes -en el sentido de susceptibles de provocar la lesión por la que se reclama-.
En efecto, cuando se reclama por un comportamiento público omisivo sólo el
funcionamiento anormal del servicio resulta título suficiente de imputación.
24. Entrando ya en el análisis del supuesto, la propuesta de resolución señala que
procede reconocer la existencia de responsabilidad patrimonial, dado que el nexo de
causalidad ha quedado acreditado.
25. La Comisión comparte esta afirmación, ya que estima que los informes de la Policía
Local y del Servicio de Viabilidad y Alumbrado, así como las testificales acreditan que
la caída se produjo en el lugar y de la forma manifestada por la reclamante, puesto
que reconocen el deficiente estado del pavimento para el tránsito de personas en el
lugar indicado.
26. Establecida la concurrencia de los requisitos exigidos para que nazca la
responsabilidad patrimonial, ya que se encuentra afectada la competencia municipal
de pavimentación de vías públicas urbanas, procede abordar a continuación la
extensión de la obligación indemnizadora.
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27. Esta Comisión, cuando se trata de daños físicos, viene admitiendo la aplicación del
sistema de cálculo de las cuantías indemnizatorias que se aplican a la valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor), como
una de las posibles vías a utilizar para el cálculo de la indemnización.
28. En este caso, a la vista de la discrepancia entre la reclamante y la Administración
sobre los días de hospitalización, la Comisión entiende que deben concretarse en 5
días de estancia hospitalaria (desde el ingreso hasta el alta hospitalaria).
29. Respecto a la discrepancia en los días de baja impeditivos, debemos tener en cuenta
que por día de baja impeditivo debe entenderse aquel en que la víctima está
incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual. Sin embargo, nada
se ha acreditado en el expediente sobre sus condiciones en los días de baja; tan sólo
consta que necesitó curas periódicas para que sus heridas cicatrizasen y
rehabilitación (aunque no se acredita la fecha de su inicio, ni expresamente se refleja
en ningún informe la fecha de finalización de la misma). De igual modo, cabe
destacar que el 4 de noviembre de 2003 se le realiza la retirada de 2 agujas y
cerclaje del tobillo y que en el informe de consultas externas de traumatología emitido
el 24 de noviembre de 2004, se destaca que el paciente en enero de 2004 se
encontraba haciendo rehabilitación y no refería más que molestias ocasionales. En
consecuencia, esta Comisión en una valoración conjunta de los datos obrantes en el
expediente y atendiendo al informe del perito de la Aseguradora, entiende que no es
razonable entender los días impeditivos más allá del 31 de diciembre de 2003, por lo
tanto se concretan en 121 días.
30. Por lo que respecta a los días no impeditivos, cabe señalar que el punto de referencia
debe ser el tiempo que ha necesitado el recurrente para la estabilización de las
lesiones, y en este contexto es el informe de rehabilitación de 23 de marzo de 2004 el
que marca la estabilización, ya que el de traumatología, de 24 de noviembre de 2004,
refiere una conclusión similar y únicamente constata que ha acudido a consultas
posteriores, sin que tenga que coincidir necesariamente visita con baja. Por tal razón,
los citados días ascienden a 82.
31. En relación con las secuelas, el reclamante alega que son muy superiores a las
consignadas y valoradas en el informe médico, adoleciendo de falta de detalle en el
cálculo indemnizatorio y efectuándolas sin apoyo técnico, ya que los informes
médicos aportados aunque pueden ser sometidos a valoración en sus aspectos
médicos, no son propiamente informes periciales valorativos; de hecho, no fijan los
días impeditivos y no impeditivos, ni la valoración de las secuelas.
32. Por ello, la Comisión otorga especial consideración al informe emitido por el
facultativo especialista de la aseguradora, que lo emite tras reconocerle y establece
unos parámetros objetivos que posibilitan a esta Comisión valorar el contenido de los
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restantes informes médicos y establecer una adecuada cuantificación económica del
daño en aplicación de las reglas de cálculo que la Comisión viene aplicando (Texto
Refundido de la Ley de responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos
a motor).
33. De este modo, dada la fecha del accidente y la edad del reclamante resulta
procedente tomar como referencia el baremo de valoración de daños personales
contenido en la Resolución de 20 de enero de 2003 de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones. Por lo tanto, la cantidad resultante es la siguiente a)
por 5 días de hospitalización, 274,8 euros; b) por 121 días impeditivos, 5.402,65
euros; c) por 82 días no impeditivos, 1.971,28 euros; d) por las secuelas, 10.670,10
euros. Lo que supone una indemnización de 18.318,83 euros.
34. Dado que de acuerdo con el artículo 141.3 LRJPAC ?la cuantía de la indemnización se
calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su
actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al
índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística?.?, las citadas
cantidades tendrían que ser actualizadas hasta el momento en que se dicte la
resolución que ponga fin a este procedimiento con arreglo al IPC correspondiente.
CONCLUSIÓN
Existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Bilbao en relación con la
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don C.S.L., por cuantía de
18.318,83 euros.
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