Última revisión
24/01/2024
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0630/23 del 29 de noviembre de 2023
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 29/11/2023
Num. Resolución: 0630/23
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 29 de noviembre de 2023, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por la consejera de Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por D. ?? y Dña. ??, por los daños y perjuicios sufridos durante el parto de su hija, ??, en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.Tesauro: Lex artis. Adecuación a protocolos
Legitimación activa. Inexistencia
Daño personalísimo
Plan de parto
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, en su sesión de 29 de noviembre de 2023,
aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por la
consejera de Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de
28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial
promovido por D. ?? y Dña. ??, por los daños y perjuicios sufridos
durante el parto de su hija, ??, en el Hospital Universitario de
Torrejón de Ardoz.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 28 de enero de 2022, las personas mencionadas en
el encabezamiento, en su propio nombre y en el de su hija menor de
edad, presentaron en el registro de la Consejería de Sanidad, un escrito
de reclamación de responsabilidad patrimonial sobre los hechos
acaecidos durante el parto ocurrido el 19 de noviembre de 2021 en el
Hospital Universitario de Torrejón.
El escrito de reclamación explica que, tras el ingreso de la
reclamante, a las 02:30 horas, del citado día, ya entendieron que el
plan de parto y nacimiento no iba a ser cumplido por los equipos de
Ginecología y Obstetricia del hospital.
Dictamen n.º: 630/23
Consulta: Consejera de Sanidad
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 29.11.23
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En concreto, el escrito de reclamación detalla que no se respetaron
los siguientes puntos:
- La matrona dejó sola en periodos largos a la parturienta.
- Antes de la fase de dilatación, a las 4 horas, ya estaban
ofreciendo la inducción con oxitocina y otras técnicas invasivas que no
deseaba la gestante.
- En la fase de dilatación activa:
- En cuanto a los tactos vaginales, en ocasiones se
realizaron con más de una persona en la sala.
- Hubo en un momento que dejaron sin carga el wifi del
Doppler limitando movimientos a la gestante.
- No ofrecieron óxido nitroso.
- En ningún momento la matrona guio a la parturienta en
técnicas de relajación por el dolor.
- La gestante en un momento avisó de un sangrado, al que
le contestaron que era normal, esto tras varias horas diciendo
que tenía ganas de empujar, a lo que contestaban que no era el
momento. Posteriormente el sangrado aumento y todo terminó
con una cesárea emergente.
- No permitieron al acompañante estar en la cesárea,
intentaron durante la misma abrir con la epidural Walking por
tres veces, llevando a un umbral del dolor tremendo a la
parturienta, administrando al final anestesia general.
- Tras el alumbramiento por cesárea el bebé pasó 1,5 horas
separada del padre y 6 horas separada de la madre, no
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permitiendo la piel con piel. Se excusaron en depresión
respiratoria pero las pruebas APGAR eran correctas 8/8/10. Aun
así, deberían de haber permitido al padre de la niña acudir a
Neonatología inmediatamente y no 1,5 horas después.
- La madre pasa 6 horas en reanimación innecesariamente,
realizando analíticas de sangre que podrían haber sido realizadas
en planta, la planta de Maternidad y Reanimación se encuentran a
20 metros. No permitieron a su acompañante verla.
- Durante la cesárea no se informó al padre de cómo se iba
desarrollando la misma, le dejaron en el paritorio solo y encerrado.
- El bebé estuvo alejado de los padres durante 1,5 horas,
cortando el cordón umbilical prematuramente.
- En cuanto a las solicitudes del COVID19, no permitieron
realizar prueba en sangre a la madre, realizando PCR en contra de
su voluntad, con la amenaza de tratarla como COVID positivo sin
serlo, ?lo que afianza la dictadura sanitaria en el estado español?,
recordando que, en esos momentos en la UCI del hospital, no
había ingresados, estaba completamente vacía. Entiende que, al
no creer en este plan de pandemia, el trato fue distinto.
- En cuanto al bebé:
- Se administró toda la profilaxis ocular sin estar consentido
por escrito, buscando el consentimiento del padre ?en un momento
en el que no estaba completamente cuerdo debido a la situación?.
- Se le realizaron sondados nasogástricos para vaciar el
estómago del bebé sin usar antes varias técnicas no invasivas,
casualidad que tras estas el bebé tuvo vómitos durante toda la
estancia y una semana posterior. Esto no estaba autorizado en el
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plan de nacimiento. ?Entendemos que les gusta hacer prácticas con
bebes recién nacidos pues entendimos que lo hacían
habitualmente?. Estos sondados pueden crear paros cardiacos
basales.
- En cuanto a la madre en la planta de Maternidad:
- Se le dejó con dolores insoportables durante 12 horas
nocturnas, al no inocularle morfina, manteniendo con paracetamol
y Enantyum el dolor postcesárea.
- Tras el ingreso, la madre tuvo una infección por la vía
intravenosa en la mano derecha.
- Se le administra una sola unidad de sangre, teniendo los
niveles de hemoglobina en mínimos, simplemente por el hecho de
su escasez. Se trata de una persona joven de 27 años, que a fecha
de la reclamación no ha recuperado el hierro en sangre.
La reclamación concluye solicitando el informe de Anatomía
Patológica sobre la placenta e informe del cuerpo médico que atendió al
parto, respecto a los sangrados que había avisado la gestante y que
aun así los consideraron normales, cuando se trataba de un
desprendimiento de placenta, así como la razón del desprendimiento.
Por último, indica que disponen de bastantes contactos
periodísticos, por lo que se reservan el derecho de hacer público el trato
recibido y terminar con la publicidad de parto respetado del hospital.
La reclamación solicita una indemnización de 60.000 euros por
daños morales y se acompaña con un estudio de la Comisión de
Estándares de la Sociedad Española de Neonatología titulado ?¿Está
indicado realizar un lavado gástrico a los recién nacidos sanos??;
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documentación médica del Hospital Universitario del Sureste y el plan
de parto y nacimiento de la reclamante (folios 1 a 26 del expediente).
SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes
hechos, de interés para la emisión del presente dictamen:
La reclamante, de 27 años de edad en el momento de los hechos,
contaba con antecedentes de psoriasis, síndrome depresivo en
tratamiento con Paroxetina 10 mg al día, un parto instrumentado con
ventosa en 2012 y legrado en 2020.
El 19 de noviembre de 2021, a las 04:04 horas, acude al Servicio
de Urgencias del Hospital Universitario de Torrejón por sospecha de
rotura prematura de membranas desde las 02:00 horas. Presenta
tensión arterial sistólica 110 mmHg, tensión arterial diastólica 60
mmHg y frecuencia cardiaca 62 latidos por minuto. Se trata de una
gestante de 37+4 semanas con grupo sanguíneo 0 positivo. Serologías
negativas salvo rubeola inmune. Bajo riesgo de trisomía. La ecografía
realizada en la 20 semana de gestación fue normal. Analítica del tercer
trimestre no realizada. Estreptococo del grupo B: no realizado. Aporta
informe de Urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias
con fecha 17 de octubre de 2021 donde se realizó ecografía que
muestra crecimiento adecuado para edad gestacional, presentación
cefálica, placenta normoinserta y líquido amniótico normal.
Se coloca registro cardio-tocográfico(RCTG) para valorar bienestar
fetal y dinámica uterina. El RCTG muestra: frecuencia cardiaca fetal
120-130 latidos por minuto, variabilidad mayor de 5, ascensos
transitorios presentes, deceleraciones variables aisladas sin signos de
mal pronóstico en menos del 50% de las contracciones y dinámica
uterina irregular.
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Se ofrece exploración obstétrica que la paciente acepta: genitales
externos de aspecto normal, fluye abundante líquido amniótico claro a
la exploración con espéculo. Tacto vaginal (TV): cefálica insinuada,
sobre estrecho superior; cuello posterior, semiborrado, consistencia
media, permeable a dos dedos. Se recoge y cursa exudado vagino
rectal, previo consentimiento verbal de la paciente.
La reclamante aporta plan de parto en el que específica que no
desea realizarse PCR para la detección del virus SARS-CoV-2. Consta
que la enfermera le explica que el protocolo del Servicio de Ginecología
y Obstetricia es realizar PCR al ingreso tanto a la paciente como a su
acompañante, y que sin resultado de PCR serían considerados como
PCR positiva. Finalmente, accede a hacérsela, aunque refiere "sentirse
obligada y no confiar en esa prueba". La enfermera le explica que en
ningún caso se realizará ninguna técnica sin su consentimiento.
Se cursa ingreso en Unidad de Trabajo de Parto 2. Se coloca
monitor con telemetría y se le entrega a la paciente una hoja
informativa sobre sobre PCR para SARS-CoV-2. Se extrae y cursa
analítica completa.
A las 06:06 horas, una vez ingresada en la planta de Obstetricia,
Enfermería deja constancia en la historia clínica de que la paciente ha
realizado seguimiento de su embarazo en varios centros privados y en
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. También, le coloca
monitor con telemetría y le entrega hoja informativa de rotura
prematura de membranas e inducción de parto.
Consta que se recoge exudado vagino rectal, previo consentimiento
verbal de la paciente, se extrae y cursa analítica completa y grupo
sanguíneo. Se propone canalizar vía venosa periférica en el mismo
momento, pero desea esperar y canalizar posteriormente.
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A las 7:00 horas, Enfermería recoge exudado nasofaríngeo para
realizar la PCR y realiza test de antígenos, previo consentimiento verbal
del acompañante. El resultado del test de antígenos es negativo. Se
informa a paciente y acompañante.
A las 08:00 horas, RCTG: frecuencia cardiaca fetal 130-135 lpm,
variabilidad mayor de 5, ascensos transitorios presentes, sin
deceleraciones, dinámica uterina irregular percibida como molesta pero
bien tolerada. La paciente desea evolución espontánea. Afebril.
Solicitan alguna alternativa (tipo parche) al tabaco ya que la paciente
es fumadora. Previamente Enfermería le ha informado de que no puede
salir a fumar.
A las 08:13 horas, se escriben los resultados de analítica:
leucocitos 15.250, hemoglobina 9,4g/dl y plaquetas 353.000.
Coagulación normal. Es valorada por médico interno residente de
primer año de Ginecología, que solicita pruebas cruzadas.
A las 8:30 horas, se informa de indicación de canalizar vía venosa
periférica y extraer pruebas cruzadas. La paciente entiende y acepta. Se
canaliza la vía en miembro superior izquierdo, se extrae sangre y se
cursan pruebas cruzadas. Se entrega documento de consentimiento
informado de transfusión de hemoderivados.
A las 8:40 horas, RCTG: frecuencia cardiaca 120-130 lpm,
variabilidad mayor de 5, ascensos transitorios presentes, sin
deceleraciones y dinámica uterina irregular. Se retira RCTG.
A las 09.30 horas, se realiza cambio de turno de día. Ante la
presencia de olor a tabaco, acude el equipo de guardia, técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería y ginecólogas de guardia. Se les
informa que está totalmente prohibido fumar en el hospital. La gestante
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refiere que ha comenzado con dinámica uterina más dolorosa. Se
coloca RCTG de control con cables (telemetría sin batería).
A las 10.00 horas, RCTG: 120 lpm aproximadamente, ascensos
presentes, variabilidad conservada, sin desaceleraciones presentes.
Dinámica uterina espontánea irregular. Se cambia monitorización a
telemetría. Se ofrece exploración obstétrica previo consentimiento oral a
la gestante que acepta: cuello borrado 80 %, centrándose, 3
centímetros (cm). Líquido claro. Entrega el documento de
consentimiento de transfusión firmado.
Se dialoga con la paciente sobre las medidas de alivio del dolor que
se disponen. La gestante refiere que desearía analgesia epidural tipo
?Walking? pero en ese momento desea esperar.
A las 10.15 horas, la pareja de la paciente consulta si la gestante
puede tomar su medicación habitual (Paroxetina). Se realiza consulta a
ginecóloga de guardia (de consulta) que asiente y se informa a la
paciente.
A las 10:38 horas, se obtiene el resultado de PCR SARS-CoV-2, la
cual es negativa.
A las 10:57 horas, se solicita analgesia epidural. Se inicia
sueroterapia con ringer lactato 500 ml. Se entrega documento de
consentimiento de analgesia epidural que firma la paciente y entrega.
Se avisa al Servicio de Anestesia.
A las 11:18 horas, se monitorizan las constantes. Tensión arterial
109/62 mmhg, monitorizada cada 15 minutos. RCTG: 125 lpm
aproximadamente, ascensos presentes, variabilidad mayor de 5, sin
desaceleraciones en tramo anterior a técnica. Dinámica uterina
espontánea irregular. Se informa sobre los signos de alarma por los que
debe avisar.
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A las 11:23 horas, la gestante es valorada por anestesista de
guardia ya que la paciente presenta trabajo de parto y desea analgesia
epidural. Firma el documento de consentimiento informado. Analítica
sin alteraciones que contraindiquen técnica. Técnica combinada sin
incidencias.
A las 13:30 horas, la gestante avisa a Enfermería porque ha
comenzado con sangrado coincidente al levantarse e ir al baño. A la
llegada de enfermera, se encuentra a la gestante en el baño. La
paciente refiere que se ha levantado y ha realizado micción. La
enfermera visualiza restos de sangre entremezclados con líquido
amniótico. Se acompaña a la paciente a la cama para realizar
exploración, que acepta: dilatación completa. Se visualiza salida de
sangre entremezclada con líquido amniótico. Al colocar a la gestante en
decúbito supino acontece bradicardia fetal de 1 minuto de duración
que se resuelve con estimulación táctil. Se avisa a ginecólogo de
guardia que acude de inmediato para valoración. No se visualiza
sangrado espontáneo ni al Valsalva. Se indica actitud expectante ante
monitor posterior que es satisfactorio. Se cambian empapadores y se
realiza observación estrecha.
A las 13:53 horas, la gestante avisa a Enfermería porque ha
comenzado con presión e inicio de dolor. Se ofrece exploración, que
acepta. Durante la exploración se produce salida de abundantes
coágulos y líquido amniótico sanguinolento. Se avisa a Ginecología de
guardia que acude de inmediato.
A las 13:55 horas, se indica cesárea emergente por sospecha de
desprendimiento de placenta. En ese momento, no se consigue
escuchar latido fetal en monitoreo fetal no estresante. Se activa
protocolo, avisando a celador por parte de matronas. Se traslada a la
gestante junto con personal de apoyo a quirófano.
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A las 14:04 horas, nace mujer viva mediante cesárea emergente
por abruptio de placenta. Tras realizar pinzamiento de cordón precoz,
se traslada a la recién nacida a cuna de reanimación. Reanimación
neonatal tipo III. APGAR 8- 8-10. PH arterial 7.35, PH venoso 7.35. Se
traslada a la recién nacida a la unidad de neonatos en cuna de
transporte conectada a presión positiva continua en la vía respiratoria.
La paciente precisa anestesia general por lo que tras la cesárea se
trasladada a Unidad de Recuperación Post-anestésica (URPA).
Posteriormente, se informa a su acompañante del estado materno y de
la recién nacida. Se le acompaña a unidad de neonatos a conocer a su
hija.
Se remite la placenta a Anatomía Patológica para estudio
histológico, se cita en agenda de correo para revisar resultado en 6
semanas.
A las 15:30 horas, se acompaña al padre a la habitación asignada
en planta de Obstetricia. La parturienta permanece en URPA y la recién
nacida ingresada en Unidad de Neonatos.
A las 19:35 horas, Ginecología informa a la paciente sobre el
procedimiento de cesárea emergente. Se le tranquiliza y resuelven
dudas. Se deja pedido el control analítico postransfusional para el día
siguiente (previo al paso de la paciente a la planta de hospitalización).
A las 20:16 horas, Enfermería escribe en la historia clínica la
valoración del puerperio tardío:
?Puérpera que ingresa, consciente y orientada, procedente de URPA
tras cesárea bajo anestesia general. Cuando entramos a la
habitación nos reclama que la tenemos desatendida y la hemos
dejado mucho tiempo esperando. Han sido menos de diez minutos,
el tiempo de terminar de ver otro ingreso y llegar a su habitación. Se
muestra enfadada y manifiesta que no se la está atendiendo
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correctamente. Comento a supervisora de guardia. Niega reacciones
alérgicas medicamentosas (RAM). Antecedente personal de
psoriasis y síndrome depresivo en tratamiento con Paroxetina
10mg/día (desde hace un año y medio). Se explican normas de la
Unidad y se facilitan también por escrito cuidados del puerperio y
fundamentos de lactancia materna. Constantes registradas en
gráfica, afebril. Portadora de vía periférica con elastómero de
analgesia. Para buen control del dolor precisa analgesia de rescate.
Tolera dieta. Portadora de sonda vesical (300 cc de orina.). Desea
lactancia materna. Iniciada en paritorio. En sala precisa ayuda?.
El 20 de noviembre de 2021, a la 01:34 horas, Enfermería anota
en la historia clínica:
?Bienestar general (BEG). Palidez cutánea, refiere encontrarse bien.
A primera hora, a las 22.30h pasamos a la habitación. Nos
comentan que el bebé no ha comido desde que nació. Se le ofrece
ayuda, pero no se consigue una toma efectiva. RN tendente al
sueño. El padre insiste que él lo intentara después. A la 1:00 h
pasamos de nuevo a preguntar, el padre está dormido, ayudamos a
la madre, pero tampoco se consigue toma efectiva?.
A las 1:30 horas avisa el padre por dolor. Elastómero no
funcionante que se retira y se pauta analgesia intravenosa cada 4
horas. Se observa en ese momento que la niña ha vomitado y tiene
arcadas. El padre la tiene en brazos y dice que no le pasa nada, que es
por el oxígeno que le han metido. No deja valorar. Se dice que vigilen y
que, si lo vuelve a hacer, avisen. Se vuelve a ofrecer ayuda para
lactancia, pero dicen que lo intentaran en un rato.
A las 3:30 horas, avisan, la recién nacida ?está enganchada?, se
supervisa toma.
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A las 6:00 horas, avisan porque la recién nacida ha vomitado. El
padre se encuentra dormido, y la bebé en la cuna con un vómito
abundante de líquido claro y calostro. Se limpia a la niña en presencia
de la madre. Se administra Clexane pautado, al principio el padre se
muestra reacio, después acepta.
A las 07:00 horas se saca analítica sanguínea, se retira sondaje
vesical y apósito quirúrgico.
A las 10:18 horas, la paciente presenta buen estado general y
constantes normales. Dolor mal controlado con analgesia intravenosa.
No lleva elastómero porque no le funcionaba correctamente, analgesia
pautada cada 4 horas. A la exploración, presenta abdomen blando y
depresible, útero bien contraído. Herida quirúrgica con buen aspecto.
Loquios normales. Sin signos de trombosis venosa profunda. Se
propone como plan terapéutico el iniciar elastómero y 2 ampollas de
hierro intravenoso (Feriv) ese día y otras dos al día siguiente. Durante
la visita, la paciente y su pareja le preguntan a la ginecóloga si puede ir
a fumar. Ella misma les explica que no debería fumar, además tiene
anemia importante por lo que no debe salir de la habitación.
A las 13:39 horas, Enfermería escribe en la historia clínica que la
paciente refiere que plan de control del dolor no es efectivo; se
encuentra llorando en la habitación pidiendo a su acompañante que
por favor haga algo frente a la situación. Se comenta el caso con
Ginecología, que indica la colocación de un nuevo elastómero.
La paciente pregunta a Ginecología si puede ir a fumar a la calle.
Se le indica que no, debido a la hemoglobina que presenta. Cuando
salen de la habitación enfermera y ginecóloga, refieren las compañeras
de la planta de Obstetricia que la paciente se ha marchado diciendo
que le han dado permiso. Cuando regresa, Enfermería vuelve a
comentarle que no puede bajar a fumar. Se administran 2 ampollas de
hierro intravenoso (Feriv) por orden médica.
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A las 18:58 horas, la paciente se encuentra estable, afebril. Según
refiere, presenta sangrado fisiológico, algo más que una menstruación.
Precisa analgesia de rescate además de la bomba elastomérica para
control del dolor. Lactancia materna a demanda.
El 21 de noviembre de 2021 a las 00:38 horas, la paciente
presenta buen estado general. Se administró heparina de bajo peso
molecular a las 00:00h. Solicita analgesia de rescate, se administra
paracetamol intravenoso. Lactancia materna a demanda. Descansa en
turno.
En el segundo día tras la cesárea, a la exploración presenta útero
bien contraído, loquios normales, herida quirúrgica en buen estado,
abdomen blando y depresible. Mamas lactantes normales. La pareja
manifiesta su descontento con la evolución postparto. Desean alta a
domicilio. La ginecóloga les explica que tiene pendiente la segunda
dosis de hierro intravenoso. Tras la misma le harán control analítico
con hemograma a ver qué tal está. Si todo está bien, le podrán dar el
alta para irse esa tarde a su domicilio. Están de acuerdo.
El 21 de noviembre de 2021 a las 18:12 horas, en los resultados
del análisis de sangre presenta Hb 7,3 g/dl (sin cambios). La enfermera
le comenta a Ginecología que le han hecho análisis a la recién nacida
por vómitos persistentes, pero que si todo está bien la pareja sigue con
deseos de marcharse ese mismo día. La ginecóloga les comunica que, si
finalmente Pediatría les da el alta, pueden avisarle para darle el alta a
ella también, y si no, al día siguiente.
El 22 de noviembre de 2021 a las 08:23 horas, la paciente recibe
el alta hospitalaria tras ingreso en Obstetricia.
El día 24 de noviembre de 2021, la paciente acude a Urgencias del
Hospital Universitario del Sureste por dolor, aumento de volumen y
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signos de inflamación en la mano derecha, en el lugar donde tuvo vía
venosa periférica, la cual fue retirada 3 días antes. Niega traumatismo
o fiebre. Se diagnostica: celulitis en mano derecha secundaria punción
de vía venosa periférica, así como anemia de 8.2 g/dl secundaria a
cesárea sin sangrado activo en el momento del diagnóstico. Como
tratamiento al alta se aumenta la dosis de hierro oral (Ferplex 40 mg:
2-0-0). Se inicia tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico.
El día 29 de diciembre de 2021, la paciente acude a consultas
externas de Obstetricia donde se le entrega el resultado de la Anatomía
Patológica de la placenta:
- Placenta monocorial monoamniótica, de peso por encima del p50
para la edad gestacional clínicamente referida (37+4 semanas), que
muestra cambios hemorrágicos intervillositarios y preplacentarios, con
trombos periféricos organizados, compatibles con desprendimiento
prematuro de placenta (abruptio) de tipo marginal crónico.
- Cordón umbilical trivascular, con hemorragia periarterial.
- Membranas ovulares sin alteraciones reseñables.
TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción
del expediente, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante LPAC).
Consta que se notificó el inicio del procedimiento a los reclamantes
y al Hospital Universitario de Torrejón.
El centro hospitalario respondió el 28 de febrero de 2022
indicando que la asistencia sanitaria se había dispensado en virtud del
concierto con la Comunidad de Madrid y remitió la historia clínica y el
informe de los servicios implicados en el proceso asistencial reclamado.
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Así, se ha incorporado al procedimiento el informe conjunto de la
jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia y de la supervisora del
Área Materno-Infantil en el que señalan que han revisado la historia
clínica con los jefes de los servicios de Pediatría y Anestesia, para
analizar los potenciales incumplimientos de los protocolos de actuación
relacionados con la reclamación patrimonial interpuesta y no han
encontrado ningún desvío de los mismos, en todo momento se respetó
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, solicitando el consentimiento
libre e informado, en relación a las actuaciones necesarias para
preservar la vida tanto de la madre como de la recién nacida. Además,
el informe da contestación a cada uno de los reproches realizados en el
escrito de reclamación.
De igual modo, consta en el procedimiento el informe del jefe del
Servicio de Anestesia y Reanimación que da contestación a los
reproches que afectan a ese servicio.
Asimismo, consta un documento denominado resumen clínico de
la historia de la recién nacida que carece de fecha y firma.
Con fecha 23 de mayo de 2023, la Inspección Sanitaria emite
informe en el que, tras analizar la historia clínica de la reclamante, los
informes incorporados al procedimiento y efectuar las oportunas
consideraciones médicas, concluye que la asistencia prestada se ha
ajustado a la lex artis.
Una vez instruido el procedimiento, se confirió trámite de
audiencia a los reclamantes y al Hospital Universitario de Torrejón.
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Dentro del trámite de audiencia, formuló alegaciones el Hospital
Universitario de Torrejón que, el 2 de agosto de 2023, manifestó su
conformidad con el informe de la Inspección Sanitaria.
No consta que los reclamantes formularan alegaciones dentro del
trámite conferido al efecto.
Finalmente, el 19 de septiembre de 2023, se ha formulado
propuesta de resolución que desestima la reclamación de
responsabilidad patrimonial al no concurrir el requisito de la
antijuridicidad del daño.
CUARTO.- Por escrito de la consejera de Sanidad con registro de
entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 20 de septiembre de
2023 se formuló preceptiva consulta a este órgano consultivo.
A dicho expediente se le asignó el número 536/23, iniciándose el
cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal y como dispone el
artículo 23.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de
enero, del Consejo de Gobierno (en adelante, ROFCJA).
Estimándose que el expediente estaba incompleto, al amparo del
artículo 19.1 del ROFCJA se solicitó la documentación correspondiente,
con suspensión del plazo para la emisión del dictamen. El 17 de
noviembre de 2023 se dio contestación a la solicitud formulada por este
órgano consultivo, reanudándose el plazo suspendido.
Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente
a la letrada vocal Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán, que formuló y
firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada, por el
Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 29 de
noviembre de 2023.
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A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28
de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, y por solicitud de la
consejera de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de
Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 19 de enero, (en adelante,
ROFCJA).
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial se regula en la LPAC. Su regulación debe completarse con
lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP).
La reclamante ostenta legitimación activa para promover el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 4
de la LPAC y el artículo 32 de la LRJSP, en cuanto que recibió la
asistencia sanitaria objeto de reproche. De igual modo, ostenta
legitimación activa la hija menor de los reclamantes, en cuanto a los
reproches que le afectan de la asistencia sanitaria denunciada,
actuando representada por sus padres al amparo de lo establecido en el
artículo 162 del Código Civil.
En cuanto a la legitimación activa del otro reclamante, cabe
señalar que no la ostentaría en cuanto a los daños que se reclaman que
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vienen referidos al incumplimiento del plan de parto y a la asistencia
sanitaria dispensada a la gestante, pues se trata de cuestiones que
afectan estrictamente a esta. En este sentido cabe recordar la doctrina
mantenida por el Tribunal Constitucional, así su Sentencia 66/2022,
de 2 de junio (rec.6313/2019) en la que se señala que:
?Todo lo relacionado con el embarazo y parto debe entenderse
vinculado, fundamentalmente, a la vida privada de la mujer y, por
tanto, a su derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), así como
a su derecho a la integridad física (art. 15 CE). El derecho a la
intimidad personal «?se configura como un derecho fundamental
estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin
ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el art.
10.1 CE reconoce? (STC 51/2011, de 14 de abril, FJ 8), y, por ello,
es patente la conexión entre ese derecho y la esfera reservada para
sí por el individuo, en los más básicos aspectos de su
autodeterminación como persona (STC 143/1994, de 9 de mayo, FJ
6)» (STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 9)?.
Además, recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos según la cual ?dar a luz es un momento único y delicado en la
vida de una mujer. Traer un hijo al mundo engloba cuestiones relativas a
la integridad física y moral, a la atención médica, a la salud genésica y a
la protección de las informaciones relativas a la salud. Estas cuestiones,
comprendida la elección del lugar de alumbramiento, están pues
fundamentalmente unidas a la vida privada de una mujer y conciernen a
esta noción a los efectos del artículo 8 de la Convención?.
La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid,
toda vez que la asistencia sanitaria fue dispensada por el Hospital
Universitario de Torrejón, en virtud del concierto suscrito con la
Comunidad de Madrid. En este punto cabe indicar que es imputable a
la Administración sanitaria la responsabilidad por el funcionamiento de
19/34
los servicios públicos en el seno de las prestaciones propias del Sistema
Nacional de Salud, sea cual fuere la relación jurídica que la une al
personal o establecimientos que directamente prestan esos servicios,
sin perjuicio de la facultad de repetición que pudiera corresponder. En
este sentido se ha manifestado esta Comisión Jurídica Asesora
(dictámenes 112/16, de 19 de mayo, 193/17, de 18 de mayo y 107/18,
de 8 de marzo, entre otros muchos) asumiendo la reiterada doctrina del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid expresada, entre otras, en las
sentencias de 30 de enero (recurso 1324/2004, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 8ª) y de 6 de julio de 2010 (recurso 201/2006,
Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 9ª).
En esta misma línea se sitúa la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 22 de mayo
de 2019 (rec. 68/2019) que, tras destacar que la LPAC no recoge una
previsión similar a la disposición adicional duodécima de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJ-PAC), considera que, en los casos en los que la asistencia
sanitaria a usuarios del Sistema Nacional de Salud es prestada por
entidades concertadas con la Administración (como era el caso), se
trata de sujetos privados con funciones administrativas integrados en
los servicios públicos sanitarios, por lo que no es posible que se les
demande ante la jurisdicción civil ya que actual en funciones de
servicio público.
En lo relativo al requisito temporal, las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año,
que se contará, en caso de daños de carácter físico o psíquico, desde
que el hecho aconteció o desde la curación o determinación del alcance
de las secuelas (artículo 67.1 de la LPAC).
20/34
En este caso, la asistencia sanitaria reprochada viene referida a la
atención dispensada durante el proceso de parto que tuvo lugar el 19
de noviembre de 2021 y a la atención postparto en los días posteriores,
por lo que no cabe duda que la reclamación, formulada el día 28 de
enero de 2022, está presentada dentro del plazo legal.
En cuanto al procedimiento, se observa que se ha recabado el
informe de los distintos servicios implicados en el proceso asistencial
del parto y el posparto en el Hospital Universitario de Torrejón, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de la LPAC, también se ha
incorporado el informe de la Inspección Sanitaria y se ha conferido el
oportuno trámite de audiencia a los interesados. Finalmente se ha
redactado la propuesta de resolución que junto con el resto del
expediente ha sido remitido a esta Comisión Jurídica Asesora para su
dictamen preceptivo.
En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la
instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido
trámite alguno que tenga carácter esencial o que resulte imprescindible
para resolver.
TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración
se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que
garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los
términos establecidos por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP.
La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la
Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, requiere la
concurrencia de varios requisitos:
21/34
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo
de personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos
extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Que exista una relación de causa a efecto entre el
funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por
fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el
daño. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de
2009 (recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí recogidas,
?no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino
que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible,
exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el
sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los
daños derivados de la actuación administrativa?.
En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que
presenta este instituto es que por las singularidades del servicio
público de que se trata, se ha introducido el concepto de la lex artis ad
hoc como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. En
este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de 11 de marzo de 2022 (recurso 771/2020), recuerda que, según
consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo:
«El hecho de que la responsabilidad extracontractual de las
Administraciones públicas esté configurada como una
22/34
responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste con
haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en
el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico
correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que
indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Antes, al
contrario: para que haya obligación de indemnizar es preciso que
haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el
daño recibido, y que éste sea antijurídico, es decir: que se trate de
un daño que el paciente no tenga el deber de soportar", debiendo
entenderse por daño antijurídico, el producido (cuando) no se actuó
con la diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc?.
En consecuencia lo único que resulta exigible a la Administración
Sanitaria " ... es la aplicación de las técnicas sanitarias en función
del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse
una responsabilidad basada en la simple producción del daño,
puesto que en definitiva lo que se sanciona en este tipo de
responsabilidad es una indebida aplicación de medios para la
obtención de resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea
absolutamente beneficioso para el paciente" ( STS Sección 6ª Sala CA
, de 7 marzo 2007).
En la mayoría de las ocasiones, la naturaleza jurídica de la
obligación de los profesionales de la medicina no es la de obtener en
todo caso la recuperación de la salud del enfermo, obligación del
resultado, sino una obligación de medios, es decir, se obligan no a
curar al enfermo, sino únicamente a dispensarle las atenciones
requeridas, según el estado de la ciencia (SSTS de 4 de febrero y 10
de julio de 2002 y de 10 de abril de 2003).
En definitiva, el título de imputación de la responsabilidad
patrimonial por los daños o perjuicios generados por el
funcionamiento normal o anormal de los servicios de asistencia
23/34
sanitaria, no consiste sólo en la actividad generadora del riesgo,
sino que radica singularmente en el carácter inadecuado de la
prestación médica llevada a cabo, que puede producirse por el
incumplimiento de la lex artis o por defecto, insuficiencia o falta del
servicio.
A lo anterior hay que añadir que no son indemnizables los daños
que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen
podido evitar o prever según el estado de los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existentes en el momento que se producen
aquéllos, de suerte que si la técnica empleada fue correcta de
acuerdo con el estado del saber, el daño producido no sería
indemnizable por no tratarse de una lesión antijurídica sino de un
riesgo que el paciente tiene el deber de soportar y ello aunque
existiera un nexo causal.
En la asistencia sanitaria el empleo de la técnica correcta es un
dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el
resultado producido ya que cuando el acto médico ha sido acorde
con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si
a pesar de ello causó el daño o más bien pudiera obedecer a la
propia enfermedad o a otras dolencias del paciente».
CUARTA.- Como hemos visto en los antecedentes de este
dictamen, se reprocha el incumplimiento por el Hospital Universitario
de Torrejón del plan de parto y nacimiento suscrito por la interesada,
denunciando una larga lista de irregularidades que, a juicio de los
reclamantes, se produjeron durante el proceso de parto acaecido el 19
de noviembre de 2021. Entre esos reproches, se menciona un supuesto
retraso en la atención de la hemorragia que sostienen padecía la
gestante y que desembocó en una cesárea emergente por
desprendimiento de placenta.
24/34
Centrado así el objeto de la reclamación, vamos a analizar los
reproches de la reclamación partiendo de lo que constituye la regla
general y es que la prueba de los presupuestos que configuran la
responsabilidad patrimonial de la Administración corresponde a quien
formula la reclamación. En este sentido se ha pronunciado, entre otras,
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de
marzo de 2020 (recurso 829/2017), que además señala que ?las
alegaciones sobre negligencia médica deben acreditarse con medios
probatorios idóneos, como son las pruebas periciales médicas, pues
estamos ante una cuestión eminentemente técnica y este Tribunal carece
de los conocimientos técnicos-médicos necesarios, por lo que debe
apoyarse en las pruebas periciales que figuren en los autos, bien porque
las partes hayan aportado informes del perito de su elección al que
hayan acudido o bien porque se hubiera solicitado la designación judicial
de un perito a fin de que informe al Tribunal sobre los extremos
solicitados?.
En el presente caso, los reclamantes, más allá de sus
afirmaciones, no aportan prueba alguna que acredite la existencia de
mala praxis por los especialistas implicados en el proceso asistencial
reprochado, por el contrario, los informes médicos que obran en el
expediente, contrastados con la historia clínica examinada ponen de
manifiesto que la asistencia sanitaria dispensada fue conforme a la lex
artis. En este sentido, resulta relevante lo informado por la Inspección
Sanitaria, ya que como hemos señalado reiteradamente, actúa con
imparcialidad, objetividad y profesionalidad, como ha puesto de
manifiesto el Tribunal Supremo en multitud de sentencias, entre ellas
la dictada el 11 de mayo de 2021 (recurso 6479/2020) y el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, así su Sentencia de 23 de diciembre de
2021(recurso 980/2020). Pues bien, en este caso, la Inspección
Sanitaria concluye en su informe que la asistencia sanitaria
dispensada fue conforme a la lex artis ad hoc.
25/34
Entrando en el análisis de los reproches efectuados, y comenzando
por el relativo a la falta de cumplimiento del plan de parto, cabe señalar
que esta cuestión ha sido examinada con anterioridad por esta
Comisión Jurídica Asesora en sus dictámenes 38/17, de 26 de enero,
519/23, de 5 de octubre y 572/23, de 24 de octubre, que a su vez
citaban el Dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid 648/12, de 5 de diciembre, del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid en el que se declaró:
«Según el documento denominado ?Estrategia de Atención al Parto
Normal? elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, el plan de parto es ?un documento en el que la mujer
puede expresar sus preferencias, necesidades, deseos y
expectativas, sobre el proceso del parto y el nacimiento?. Según ese
mismo documento el plan de parto ?no contempla la posibilidad de
elección de prácticas no aconsejadas actualmente por la evidencia
científica por ser innecesarias o perjudiciales en el curso de un parto
normal? y además ?no tiene como objetivo planificar el desarrollo del
parto y nacimiento? pues pueden ocurrir circunstancias
imprevisibles, que obliguen al personal sanitario adoptar las
intervenciones más oportunas y ?el resto de cuidados y buenas
prácticas se seguirán realizando según las recomendaciones de las
guías de evidencia y protocolos, así como de las preferencias
expresadas por la mujer en su plan de parto?».
En este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de 9 de junio de 2023 (recurso contencioso
administrativo n.º 993/2021), el Plan de Parto no planifica el desarrollo
del mismo, de manera que, si surgieran circunstancias imprevisibles, el
personal sanitario aconsejará la intervención más oportuna, pidiendo el
consentimiento de la paciente y actuando luego según las
recomendaciones de las guías y protocolos.
26/34
Además, como tiene en cuenta la sentencia citada, ?las
Recomendaciones sobre asistencia al parto de la SEGO, la seguridad y
la salud de la madre y del feto son responsabilidad de los profesionales
sanitarios a partir del ingreso hospitalario, y deben prevalecer sobre los
deseos de aquella, máxime cuando el parto se ha medicalizado a partir
de la anestesia epidural, ya que implica actuaciones necesarias para
atajar los efectos no deseados de la anestesia sobre la evolución del
parto, pudiendo provocar hipertensión arterial en la madre, braquicardia
en el feto, disminución de la fuerza de pujo y de la intensidad y
frecuencia de la dinámica uterina, lentitud de descenso en la
presentación y prolongación del expulsivo, y aumentar la incidencia de
partos instrumentales?.
En el caso analizado, tal y como explica el informe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia, se da la circunstancia de que la gestante
acudió por primera vez al Hospital Universitario del Torrejón el 19 de
noviembre de 2021, fecha del parto, siendo así que la gestación se
había seguido en otros hospitales, de manera que fue en esa fecha
cuando se tuvo conocimiento por primera vez del plan de parto de la
interesada, cuando lo aconsejable es que dicho plan sea consensuado
de forma anticipada con el equipo que va acompañar en el proceso, y
en este caso, el referido plan, además, tenía varios puntos en contra de
los protocolos asistenciales del centro hospitalario. En cualquier caso,
como destaca el informe, ?se respetaron todos los deseos de la gestante
respecto al mismo?.
Por otro lado, tanto el informe de los servicios afectados como el de
la Inspección Sanitaria realizan un minucioso examen de todo el
proceso asistencial, tratando de dar respuesta a los múltiples
reproches que se formulan en el escrito de reclamación.
Así, y siguiendo las consideraciones médicas del informe de la
Inspección Sanitaria que respalda las contenidas en el informe de los
27/34
servicios implicados en el proceso asistencial, cabe destacar, en primer
lugar, en palabras de la Inspección Sanitaria, que la primera atención
en Urgencias ?fue correcta y acorde a la lex artis?. En este sentido, se
considera correcto que a la llegada a Urgencias se monitorizaran las
constantes vitales (que eran normales) y se colocara RCTG. Asimismo,
lo es, que se realizara exploración obstétrica y se cursara exudado
vagino-rectal, todo ello con el consentimiento verbal de la gestante,
según queda reflejado en la historia clínica. En cuanto a la no
realización de PCR para SARS-CoV-2 (Covid19) que figuraba en el plan
de parto, dicha previsión iba en contra del protocolo del hospital, y tal y
como explica la Inspección Sanitaria, el plan de parto no puede
contemplar la posibilidad de elección de prácticas no aconsejadas por
la evidencia científica en el momento de la atención a las pacientes. En
todo caso, tal y como queda reflejado en la historia clínica, la paciente y
el acompañante aceptaron hacerse la prueba.
En cuanto a la asistencia durante el proceso de dilatación activa,
cabe destacar las explicaciones ofrecidas por el Servicio de Ginecología
y Obstetricia que subraya lo siguiente en contestación a los reproches
de la reclamación:
?Presencia de matrona en dilatación de forma continua: -El control
de la monitorización materna y fetal se lleva a cabo fuera de la
habitación, de forma centralizada. En nuestros protocolos no se
contempla en ningún caso la presencia continua de una matrona en
paritorio, ni siquiera en los casos de asistencia 1/1 (como es
introducción en bañera). Es un recurso no contemplado por la
Comunidad de Madrid en la asistencia al parto ni existe ninguna
evidencia científica de que mejore la asistencia al parto de baja
intervención.
Ofrecer inducción: por protocolo y dado el riesgo de sepsis neonatal
y peor resultados obstétricos, debemos informar a los padres de que
28/34
la recomendación clínica y médica es la inducción del parto cuando
se ha producido una ruptura prematura de membranas. El ocultar
información científica y basada en la evidencia relevante, impide
una correcta toma de decisiones. Es nuestra obligación informar y la
paciente decide.
Tactos vaginales: la realización de tactos vaginales, en muchas
ocasiones, requiere la presencia de 2 miembros del personal
sanitario para su realización, la que la realiza y la que la asiste.
Como digo, si se hubiera presentado el plan de parto de forma
previa al ingreso, hubiéramos tenido la oportunidad de explicárselo
más detalladamente y consensuar este punto. Se le pidió
autorización para realizar todos los tactos vaginales, como de nuevo
consta en la historia clínica?.
También en relación con la fase de dilatación activa, cabe referirse
al informe de la Inspección Sanitaria que califica la asistencia sanitaria
dispensada como correcta. Así destaca que se realizó exploración
obstétrica siempre bajo el consentimiento verbal de la paciente y en los
momentos en los que el personal sanitario lo consideró necesario. Se
monitorizaron las constantes vitales con frecuencia (la tensión arterial
cada 15 minutos). Se realizó RCTG en 5 ocasiones desde su ingreso en
Obstetricia (a las 06:06h) hasta las 11:18h. Se respetó el deseo de la
paciente de canalizar vía venosa periférica en el momento preciso.
Además, según explica, la paciente tenía una hemoglobina baja (algo
frecuente durante el tercer trimestre de embarazo al existir una caída
de la cifra de hemoglobina en un gran porcentaje de pacientes), por
ello, tras firmar el documento de consentimiento informado, se
solicitaron pruebas cruzadas ante la posible indicación de transfusión.
También se administró anestesia epidural, tras la firma del documento
de consentimiento informado y se explicaron signos de alarma por los
que debería avisar. Todo ello conforme a la lex artis, según el informe
de la Inspección Sanitaria.
29/34
En cuanto al sangrado vaginal, el informe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia explica que puede ser debido a múltiples
situaciones, en la mayoría de ellas no relacionadas con patología
emergente y que la buena práctica clínica aconseja valorar el caso y
observación estrecha y toma de decisiones en función de la evolución
del mismo, estando preparados para cualquier complicación que pueda
ocurrir. Sostiene que en este caso el protocolo se cumplió
estrictamente. El caso fue valorado tanto por la profesional matrona
como por el equipo obstétrico facultativo de guardia. Dada la situación
clínica de bienestar fetal y la ausencia de otros signos, se decidió hacer
un control estricto puesto que estaba en dilatación completa y era
secundípara. Explica que incluso ante la sospecha de un pequeño
abruptio, puede ser más rápido o seguro un parto por vía vaginal que
por vía abdominal. No obstante, al detectar un sangrado más
abundante y que el parto no era inminente, el equipo de guardia,
decidió realizar cesárea emergente como mejor opción para
salvaguardar la vida materna y fetal. La extracción fetal se produjo en
menos de 7 minutos desde el diagnóstico y el pH arterial al nacimiento
en cordón umbilical fue de 7.35, lo que indica que la extracción fue tan
rápida que no se produjo sufrimiento fetal. Además, fue posible
controlar la hemorragia severa que tuvo la reclamante como
consecuencia de la atonía posterior al abruptio, y gracias a la
coordinación de todos los equipos, obstétrico, pediátrico, anestésico,
banco de sangre, reanimación y planta.
Además, el informe explica que se administró oxitocina como
tratamiento de la hemorragia obstétrica no como conducción del parto.
Y que esto fue necesario dada la emergencia vital, siendo también
necesaria la administración de otros tratamientos para controlar la
situación de hemorragia masiva, como fueron el ácido tranexámico,
fibrinógeno y concentrado de hematíes. Explica que en este tipo de
cesárea la prioridad es la rapidez en la extracción neonatal con
30/34
seguridad para la madre. En su caso se intentó llevar a cabo reforzando
la anestesia epidural que tenía ya la madre, pero dada la situación de
emergencia y la necesidad de actuar con rapidez para salvar la vida a
ambas, el anestesista que asistía la intervención valorando la mejor
opción para la paciente a tenor de las circunstancias administró
finalmente anestesia general.
Las consideraciones expuestas son avaladas por la Inspección
Sanitaria que destaca que la actuación expectante fue correcta ante
monitorización satisfactoria, con observación estrecha, y también lo fue
el momento de indicar la cesárea emergente ante la sospecha de
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que después fue
confirmada en el informe de Anatomía Patológica, la cual puede
implicar graves complicaciones tanto maternas como fetales y se debe
actuar lo más rápido posible. La atención durante la cesárea tampoco
merece ningún reproche por parte de la Inspección Sanitaria, para
quién todo el proceso se desarrolló conforme a la lex artis.
El informe del Servicio de Ginecología y Obstetricia también da
cumplida contestación a los reproches relativos a la falta de presencia
del acompañante en la cesárea y a la falta de información reprochada.
Así, explica que por protocolo de seguridad y ante las situaciones de
emergencia vital, en cesáreas emergentes no está permitida la
presencia de acompañantes en quirófano, pues pueden interferir en las
actuaciones médicas necesarias. Respecto a la información, detalla que
una cesárea emergente por abruptio no permite la comunicación con
familiares hasta que no se completa la actuación, pues todo el personal
disponible estaba implicado en la solución de la emergencia. En cuanto
las doctoras salieron de la cesárea, se le informó de forma personal
tanto de la situación de la madre como del recién nacido, en dónde
estaba esperando, tal y como consta en el protocolo, para que tenga la
intimidad necesaria y no tenga que estar en una sala de espera general.
En ningún momento estaba encerrado y pudo abandonar si hubiera
31/34
querido la zona de paritorio. En cuanto se pudo, se le acompañó a la
Unidad de Neonatos a conocer a su hija.
Por otro lado, tal y como consta en el informe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia, y es avalado por la Inspección Sanitaria, el
abruptio placenta que sufrió la reclamante es una complicación severa
que consiste en que la placenta se separa del útero antes de que se
produzca el nacimiento, por lo que puede cesar el paso de oxígeno de la
madre al feto, provocando asfixia perinatal, así como producir una
grave hemorragia y complicaciones severas en la madre y el feto sino se
actúa con los medios adecuados. Su etiología o causa, en el caso de la
interesada, es desconocido e influyen muchos factores, sin que en
muchos casos llega a saberse la causa origen. La pérdida sanguínea
que fue provocada por el abruptio y la atonía posterior, así como la
anestesia general, hicieron imposible la realización inmediata de piel
con piel por parte de la madre. Por seguridad, tras una hemorragia
obstétrica, se mantiene a la paciente en la zona de reanimación
postquirúrgica, zona en la que no pueden estar presentes los
acompañantes y en el que la interesada estuvo durante el tiempo
habitual para este tipo de complicación.
En cuanto a la atención a la recién nacida, el informe de la
Inspección Sanitaria también avala su corrección, destacando que
precisaba reanimación neonatal tipo III (tal y como se llevó a cabo) al
presentar esfuerzo un respiratorio lento e irregular y un índice de
Apgar que indicaba la ausencia de bienestar total. Además, en el caso
de la paciente, existían varios factores de riesgo para producirse
sufrimiento fetal. La cuna de transporte conectada a presión positiva
continua en la vía respiratoria (CPAP), que se pautó a la niña, según el
informe, aumenta la capacidad residual funcional, evita el colapso
alveolar al final de la espiración y, además, aumenta el intercambio
gaseoso, con la mejora de la oxigenación. No obstante, puede ocasionar
32/34
secundariamente la acumulación de aire en el abdomen, por lo que se
colocó una sonda nasogástrica a la recién nacida con el fin de intentar
evitarlo, no para aspirar secreciones, ni lavados gástricos, como
sostiene el escrito de reclamación. A las 2 horas de vida, se retiró el
soporte respiratorio y la sonda nasogástrica, por la estabilidad clínica y
analítica de la niña, y se decidió el paso a la planta de Maternidad con
su madre.
Por otro lado, durante la estancia de la recién nacida en
Neonatología, se le administró profilaxis ocular y de la enfermedad
hemorrágica del recién nacido, bajo el consentimiento verbal del padre,
lo que se considera correcto, al no precisarse su formalización por
escrito, ya que no se trataba de procesos invasivos, y además no
constar documentado que el padre no estuviera en uso de sus plenas
facultades como aduce en el escrito de reclamación.
En cuanto a la atención a la madre tras la cesárea, respecto al
control del dolor, tal y como consta en la historia clínica y refieren los
informes médicos, durante el ingreso en la planta, se le administro
morfina, Enantyum y paracetamol en un elastómero continuo y con
analgesia de rescate, con indicaciones de más analgesia en caso de
dolor. Según consta en la historia, se cambió el elastómero por dolor y
se dio analgesia cuando la paciente la requirió. No consta que fuera
desatendida en sus peticiones, siendo valorada por Enfermería en
numerosas ocasiones a lo largo de la noche.
Por otro lado, como destaca la Inspección Sanitaria, se administró
un solo concentrado de hematíes ya que la paciente presentaba
bienestar clínico y no presentaba factores que hicieran considerar la
transfusión de más. Según indica, tal y como se explica en la ?Guía
sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados
plasmáticos? de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y
Terapia Celular (SETS), la transfusión debe restringirse a las etiologías
33/34
que carecen de un tratamiento alternativo (por ejemplo: hierro) o
tengan signos de hipoxia tisular. En el embarazo y parto, se
recomienda restringir la transfusión de hematíes mientras la cifra de
hemoglobina sea superior a 7 g/dL en los pacientes con anemia
poshemorrágica que permanezcan asintomáticos, hemodinámicamente
estables y con bajo riesgo de recidiva del sangrado. En el caso de la
paciente se transfundió un concentrado intraparto y se administraron
4 ampollas de hierro intravenoso durante el ingreso. La hemoglobina al
alta fue de 7.3 g/dl (superior a 7gr/gl). A su vez, se recomendó
continuar tomando hierro oral tras el alta hospitalaria.
Por último, en cuanto a la celulitis que presentó la paciente, el
informe de la Inspección Sanitaria explica que es una complicación
frecuente tras la utilización de accesos venosos periféricos, y está
ampliamente descrita en la literatura científica. Ocurre especialmente
cuando se administran antibióticos beta-lactámicos, como es el caso de
la paciente, que precisó tratamiento con ampicilina 2 gr y
posteriormente cefazolina 2 gr (según el protocolo de pre-medicación
ante cesárea emergente).
Por tanto, a la luz de lo expresado en los informes de los servicios
implicados en la asistencia sanitaria reprochada, contrastados con la
historia clínica y en particular, teniendo en cuenta el relevante criterio
de la Inspección Sanitaria, para quién, la asistencia sanitaria
dispensada no merece ningún reproche, debemos concluir, que la
actuación de los profesionales que intervinieron en el proceso se ajustó
a la lex artis y que en todo momento prevaleció el bienestar y la salud
de la madre y la niña.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
34/34
CONCLUSIÓN
Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
al no haberse acreditado la infracción de la lex artis ad hoc reprochada.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 29 de noviembre de 2023
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 630/23
Excma. Sra. Consejera de Sanidad
C/ Aduana, 29 - 28013 - Madrid
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