Última revisión
11/12/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0607/23 del 16 de noviembre de 2023
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 16/11/2023
Num. Resolución: 0607/23
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 16 de noviembre de 2023, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por Dña. ??, por el fallecimiento de su hermana, Dña. ??, que imputa a la administración de la medicación de otro paciente en la residencia en la que estaba ingresada en el municipio de Fuenlabrada.Tesauro: Daño moral
Daño. Valoración
Error médico
Relación de causalidad acreditada
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, en su sesión de 16 de noviembre de 2023,
aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por la consejera
de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, al amparo del artículo 5.3 de
la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial promovido por Dña. ??, por el
fallecimiento de su hermana, Dña. ??, que imputa a la administración
de la medicación de otro paciente en la residencia en la que estaba
ingresada en el municipio de Fuenlabrada.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 20 de julio de 2021, la persona citada en el
encabezamiento presenta en un registro de la Comunidad de Madrid un
escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial en el que relata
que su hermana se encontraba incapacitada judicialmente, siendo la
reclamante su tutora y que, en virtud de contrato de fecha 11 de
noviembre de 1998, su familiar fue ingresada en la Residencia Nuevo
Versalles, en Fuenlabrada, que forma parte de la red de residencias
públicas de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Dictamen n.º: 607/23
Consulta: Consejera de Familia, Juventud y Asuntos
Sociales
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 16.11.23
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Madrid, gestionadas por entidades privadas en virtud de sucesivos
contratos.
El escrito de reclamación detalla que, según el último plan de
atención individual, concretamente en lo referido al área psicológica, la
fallecida comprendía órdenes sencillas, reaccionaba a estímulos
sensoriales, se comunicaba a través de frases simples con un lenguaje
disártrico, tenía capacidad para deambular con andador y ayuda de
una tercera persona, manipulaba objetos con ambas manos, y
mantenía el control de esfínteres, si bien necesitaba ayuda en las
actividades básicas de la vida diaria, necesitando para la alimentación
una ayuda parcial.
En concreto, la reclamante relata que el 4 de agosto de 2020,
durante la cena, su hermana recibió por error, además de su
medicación habitual (300 mg de gabapentina y 10 mg de diazepam) la
de otro residente (quetiapina 300 mg, risperidona 1,5 mg y ácido
valproico 500 mg). Detalla que, apercibidos de su fatal error, el personal
de la residencia aumentó la ingesta hídrica de su familiar e intentaron
controlar las constantes, si bien a las 01:15 horas del día 5 de agosto se
objetivó cianosis central y periférica, con muy bajo nivel de consciencia
y escasa respuesta a estímulos dolorosos. Se pautó flumazenilo con
muy buena respuesta inicial y mejoría del nivel de consciencia, pero
luego volvió a presentar bajo nivel de consciencia, por lo que fue
traslada al Servicio de Urgencias, falleciendo a las 20:17 horas de ese
día 5 de agosto de 2020.
La reclamante subraya que antes de la ingesta del medicamento
equivocado, su hermana se encontraba asintomática, sin fiebre ni
clínica respiratoria y en la residencia no había casos recientes de
COVID-19.
Según el escrito de reclamación, el fallecimiento de la hermana de
la interesada tuvo como causa directa la negligencia por parte del
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trabajador encargado de administrar la medicina habitual de la fallecida
y como causa indirecta, la manifiesta carencia de medios personales en
ese turno de trabajo en el que un solo un enfermero se tenía que hacer
cargo de 120 residentes, generando con ello la posibilidad de cometer
errores como el acaecido. Por último, según la interesada, la causa
remota es la ausencia de control e inspección eficaz del cumplimiento
de los requisitos mínimos previstos en el pliego de condiciones técnicas
de la adjudicación del servicio de residencias por parte de la Comunidad
de Madrid.
El escrito acaba solicitando una indemnización de ?15.803,21 +
25 % (única hermana) + 400 euros, según las tablas del baremo de
Accidentes de Tráfico. A los que añadimos 20.000 euros en conceptos de
daños morales?.
La reclamante solicita que se unan al procedimiento los
documentos aportados; se requiera a la empresa encargada de la
gestión de la residencia, VALORIZA, S.A. para que informe sobre la
identidad del enfermero encargado del cuidado de la residente fallecida
la noche del 4 de agosto de 2020; se requiera a la referida empresa para
que aporte el cuadrante de trabajo de esa noche, así como informe
sobre el ratio de residentes atendidos por cada uno de los enfermeros o
cuidadores esa noche; se aporte y una al expediente el pliego de
condiciones técnicas y el contrato referido a la adjudicación
administrativa del servicio de la Residencia Nuevo Versalles, de
Fuenlabrada, y se aporte y se una al expediente, el historial y las actas
de las inspecciones periódicas realizadas en la referida residencia a lo
largo de los ejercicios 2019 y 2020.
El escrito de reclamación se acompaña con la resolución judicial de
concesión de tutela a favor de la interesada; reconocimiento del grado
de minusvalía de la fallecida; dictamen del equipo de valoración n.º 4
del Centro Base n.º 7 de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de mayo
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de 2010; el contrato de ingreso en la Residencia Nuevo Versalles, de
Fuenlabrada, de fecha 11 de noviembre de 1998; comunicado del
cambio de entidad gestora de la residencia de fecha 15 de abril de 2013;
Plan de Atención Individual de la fallecida de fecha 16 de julio de 2020;
informe del Hospital Universitario de Fuenlabrada relativo a la
asistencia de 5 de agosto de 2020; el certificado de defunción de la
hermana de la reclamante y copia de la carta firmada por la reclamante
el 20 de noviembre de 2020 en la que solicita la revisión del pliego de
condiciones de la contrata de la residencia para que se amplíen sus
recursos y medios.
En el informe de la asistencia en el Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario de Fuenlabrada se recoge lo siguiente:
?Mujer de 63 años con antecedentes personales de discapacidad
intelectual con minusvalía del 85 %, encefalopatía congénita anóxica
perinatal, espondilitis y escoliosis secundaria a dismetría de MII que
acude al Servicio de Urgencias por deterioro del estado general con
disminución del nivel de conciencia y compromiso respiratorio en el
contexto de sobre ingesta de fármacos según refieren en residencia
(BDZ + quetiapina + risperidona + gabapentina + VAL). Se inicia
perfusión de flumazenilo con escasa mejoría del nivel de conciencia
por lo que se añade naloxana sin éxito. En GAV de control se
objetiva acidosis respiratoria con hipercapnea severa y se repite Rx
tórax con informe de radiología con sospecha de bronconeumonía
bilateral 1 probablemente broncoaspirativa. La paciente remonta
escasamente con reservorio manteniendo saturaciones (Sat02 85 %)
con trabajo respiratorio. No es candidata a UCI por lo que
planteamos iniciar en urgencias ventilación mecánica no invasiva
(pendiente de resultado PCR COVID) y medidas de confort. No
candidata RCP?.
El juicio clínico fue:
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?? Bajo nivel de consciencia en relación con poliingesta incidental de
fármacos según refieren en residencia (BDZ + quetiapina + risperido
na + gabapentina + VAL).
? Insuficiencia respiratoria aguda probablemente por inhibición del
centro respiratorio en relación con lo anterior.
? Acidosis respiratoria en el contexto de lo anterior.
? Encefalopatía hipercápnica.
? Bronconeumonía bilateral probablemente broncoaspirativa en el
contexto de deterioro del nivel de conciencia por lo previo.
? Bloqueo completo de rama izquierda del Haz de His de data
incierta?.
SEGUNDO.- Una vez presentada la anterior reclamación, se
requirió a la reclamante, el 28 de octubre de 2021, para que aportase
copia de su DNI y suscribiera una declaración responsable para la
aceptación del pago en caso de estimación de la reclamación de
responsabilidad patrimonial. Consta que dicho requerimiento fue
atendido el 4 de noviembre de 2021.
Mediante oficio de 10 de diciembre de 2021 de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social
se solicitaron los informes de la Dirección General de Atención a
Personas con Discapacidad y de la Dirección General de Evaluación,
Calidad e Innovación.
La jefa del Área de Atención a Personas con Discapacidad emite
informe el 23 de diciembre de 2021, indicando, con referencia a los
pliegos que rigen la contratación, que entre el daño producido y la
actuación de la Administración no se produjo una relación de
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causalidad al no mediar una orden inmediata y directa de la
Administración, de modo que no le resulta imputable el resultado
dañoso.
Con dicho informe se adjuntó diversa documentación, como es, la
relativa a la adjudicación de plaza residencial a la hermana de la
interesada; el informe de la directora del centro residencial relativo al
personal dedicado a la atención de la fallecida el 4 de agosto de 2020 y
otros datos relativos a los medios disponibles en esa fechas; declaración
del trabajador que administró la medicación erróneamente de otra
residente, señalando que lo comunicó de inmediato al doctor del centro,
que tomó las constantes vitales, dentro de rango, encontrándola
orientada en las tres esferas y quedando la residente en su habitación
con buen estado general; los pliegos que rigieron la contratación y copia
del contrato de gestión del centro residencial suscrito con VALORIZA
SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L., e informe de la directora del
centro residencial sobre los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2020 en
términos coincidentes con lo señalado en el escrito de reclamación,
entre otros documentos.
El director general de Evaluación, Calidad e Innovación emitió
informe el 17 de enero de 2022 indicando que, a la fecha de realización
del informe, la residencia denominada Nuevo Versalles, inscrita en el
Registro de entidades, centros y servicios de acción social, tenía 125
plazas autorizadas con la siguiente tipología: 125 plazas aptas para
personas dependientes, y de éstas 47 con movilidad reducida. En
cuanto a los profesionales, según indicó la residencia, la plantilla a
fecha 4 de agosto de 2020 se componía por 1 médico en el turno de
mañana y 1 médico en el turno de tarde, 1 DUE en cada turno,
(Diplomados Universitarios de Enfermería); 20 auxiliares en turno de
mañana, 20 en turno de tarde y 4 en turno de noche. A continuación, el
informe da cuenta de las actuaciones inspectoras realizadas en los años
2019 y 2020, ninguna relativa a los hechos por los que se reclama. El
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informe se acompaña con las actas de inspección levantadas en las
citadas fechas.
El director general de Atención a Personas con Discapacidad emite
informe el 14 de junio de 2022 en el que refiere que de acuerdo con el
informe del centro y la declaración del DUE que obran en el
procedimiento, resulta reconocido que la medicación se administró
erróneamente a la hermana de la reclamante. El informe explica que el
personal con el que contaba la residencia en la fecha de los hechos se
ajustaba a las exigencias de los pliegos de contratación. Añade que
según la información remitida por la residencia ?durante todo el proceso
se ha admitido por parte de la Dirección del centro y de los trabajadores
implicados el error humano del trabajador (?) en la administración de la
medicación a la residente, sin embargo, entiende que no necesariamente
el fallecimiento pudo deberse a esta ingesta sino a las complicaciones
posteriores durante el ingreso en el hospital?.
Con el mencionado informe, entre otra documentación, se adjunta
el informe de la directora de la residencia en el que se indica lo
siguiente:
?Durante todo el proceso se ha admitido por parte de la Dirección del
centro y de los trabajadores implicados el error humano del
trabajador (?) en la administración de la medicación a la residente,
sin embargo, entendemos que no necesariamente el fallecimiento
pudo deberse a esta ingesta sino a las complicaciones posteriores
durante el ingreso en el hospital puesto que:
- La paciente es estabilizada en la residencia por los servicios de
urgencia. La derivación se realiza sin medidas de soporte vital salvo
la administración de oxigenoterapia iniciada en la residencia.
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- (?) permanece en todo momento en un box de urgencias sin
precisar medidas especiales para el mantenimiento de constantes.
Volvió a precisar administración de flumazenilo en urgencias con
muy buena respuesta y se determina, como figura en el informe,
mantener perfusión de este fármaco inhibidor de las
benzodiacepinas.
- En informe de hospital se descarta traslado a UCI por no
considerar que el perfil sea el adecuado, a pesar de que la familia es
informada de su traslado a UCI tras resultado de prueba PCR. Es
importante destacar el momento en el que se encontraban los
hospitales con problemas en las UCI con ingresos por coronavirus,
en los que se decidía el ingreso en función del estado de salud y la
edad de las personas subsidiarias del tratamiento intensivo
descartando completamente a las personas diagnosticadas de
discapacidad intelectual.
Dicho error no puede ser achacable a:
- Falta de personal en la residencia, como hemos documentando en
requerimientos previos.
La tarde de los hechos la atención de (?) en el aula 2, donde se
administraba la cena debido a la necesidad de mantener grupos
burbuja con motivo de la pandemia, estaba ejercida por una auxiliar
de enfermería (?) y una educadora (?). El personal ese día en la
residencia era suficiente y adecuado para la ratio de residentes.
- Falta de formación / titulación de los trabajadores presentes en el
turno de trabajo en el que tuvo lugar el incidente. Como se ha
documentado también en requerimientos previos.
- Negligencia en las acciones posteriores del personal de enfermería
para con la salud de la residente. Tras la administración accidental
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de la medicación el enfermero responsable en el turno, (?), comunicó
los hechos al médico de turno, (?), quien consideró suficientes las
medidas de vigilancia y aumento de la ingesta hídrica. Dado el
empeoramiento del estado de vigilia de la residente el enfermero del
turno de noche, (?) pone en marcha el protocolo de traslado a
servicios de urgencia llamando a los servicios de emergencia,
redactando informe de traslado, supervisando con ayuda del
personal de noche la situación de la paciente y notificando a la
Dirección del Centro. La medicación es administrada a las 21 horas
por parte del enfermero, el seguimiento por parte de médico,
enfermero de noche y personal de noche es completamente normal
hasta las 0:00 horas, a la 1:00 de la madrugada se detecta
empeoramiento en las constantes y se avisa a los servicios de
emergencia a las 1:15 de la madrugada. A la 1:30 horas se avisa a
la Dirección del centro e inmediatamente se informa a la familia?.
De igual modo, el informe de la directora de la residencia alude a
que, en el seguimiento del caso tras el fallecimiento de la residente,
recibieron la llamada de una letrada, que identifica, y que es abogada
de la Fundación A.P.A.N.I.D. que informó de la entrevista mantenida
con la reclamante, a solicitud de la letrada, quién anualmente facilita la
rendición de cuentas a las familias de la residencia. Subraya que dicha
abogada les informó que la hermana de la fallecida no tenía intención
de iniciar acción penal contra la dirección o el profesional que cometió
el error en la administración puesto que estaba agradecida con el trato
recibido durante 23 años hacia su hermana y que le indicó su malestar
con el hospital considerando que no se hizo todo lo posible para
mantener con vida a su hermana puesto que le plantearon un soporte
vital en UCI a la espera del resultado de la PCR, que llegó al día
siguiente del fallecimiento.
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Tras la emisión de los anteriores informes, consta en el
procedimiento el emplazamiento a la entidad gestora de la residencia y
a su compañía aseguradora, el 15 de septiembre de 2022.
El 27 de diciembre de 2022, el representante de ambas formuló
alegaciones en la que señaló que en ningún momento se ha negado ni
ocultado por parte de la directora de la Residencia Nuevo Versalles, ni
por el resto del personal de la misma, el desgraciado error humano
cometido por el enfermero al suministrar la medicación que
correspondía a otra residente del centro, durante el turno de la cena del
día 4 de agosto de 2020. Sin embargo, cuestiona que dicho error pueda
considerarse como causa directa del fallecimiento, toda vez que, no
consta acreditado de forma suficiente el necesario nexo causal entre la
medicación suministrada por error y el resultado de muerte, a la vista
de los diferentes informes médicos que obran en el expediente. Añade
que, si bien le fue suministrada una dosis más alta de benzodiazepina
que la que tenía pautada para la hora de la cena, la realidad es que en
ningún informe médico de todos los que obran en el procedimiento se
afirma que la dosis total suministrada pudiera suponer, en ningún
caso, un riesgo letal para la residente.
Según el escrito de alegaciones, consta acreditado que, siendo
administrada la medicación en torno a las 21 horas, el seguimiento por
parte de médico, enfermero de noche y personal de noche en la
residencia arrojó un estado completamente normal de la residente hasta
horas después, no siendo hasta aproximadamente la 1 de la madrugada
cuando se detectó un cierto empeoramiento en sus constantes, siendo
entonces cuando se puso en marcha el protocolo de traslado a servicios
de Urgencias para el traslado de la residencia al hospital. De otra parte,
el propio informe de Urgencias del Hospital de Fuenlabrada, al que fue
trasladada la residente, no concluye en ningún momento que la
poliingesta de fármacos sufrida sea causa del fallecimiento, sin que se
contenga afirmación alguna en cuanto a la posible letalidad de la
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medicación suministrada por error, ni medida especial alguna
relacionada con dicha ingesta; no adoptándose ninguna medida
diferente a la pautada previamente en la Residencia Nuevo Versalles,
salvo la administración de flumazenilo para inhibir el efecto de la
benzodiacepina.
Añade que, lo que sí constata el informe de Urgencias del Hospital
de Fuenlabrada es la sospecha de una bronconeumonía bilateral,
probablemente aspirativa, pese a lo cual la residente permaneció en
todo momento en un box de Urgencias sin precisar ninguna medida
especial para el mantenimiento de sus constantes aparte de la
ventilación no invasiva con oxígeno que ya se había dispuesto en la
residencia (mascarilla), descartándose por el propio hospital su traslado
a UCI por no considerarla candidata adecuada para ello. El escrito de
alegaciones recuerda que en aquellas fechas nos encontrábamos en los
peores momentos de la pandemia COVID-19, y deteriorándose
progresivamente su estado hasta el hecho del fallecimiento, a la 20:27
horas del día 5 de agosto de 2020.
Por otro lado, rechaza cualquier reproche sobre la falta de medios
por parte de la residencia y subraya que los servicios relativos a la
gestión del Centro Residencial y Centro de Día ?Nuevo Versalles?, en
Fuenlabrada, fueron en todo momento prestados de conformidad con
las disposiciones de los pliegos que rigieron, en su día, la adjudicación
de dicho contrato.
Consta en el procedimiento que el 18 de enero de 2023 se dio
traslado del expediente tramitado a la reclamante para que formulara
alegaciones, si bien no figura en el expediente que la interesada hiciera
uso del trámite conferido al efecto.
El 28 de junio de 2023, la secretaría general técnica de la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social formuló propuesta de
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resolución desestimatoria de la reclamación al considerar que no se
había acreditado la relación de causalidad entre el fallecimiento por el
que se reclama y la administración errónea de la medicación.
El expediente fue remitido a esta Comisión Jurídica Asesora que
emitió el dictamen 387/23, de 20 de julio, en el que concluyó que
procedía requerir a la Consejería de Sanidad para que informase sobre
la posible reclamación de la interesada sobre la actuación del Servicio
de Urgencias del Hospital Universitario de Fuenlabrada el 5 de agosto
de 2020 y para que se recabase el informe de dicho servicio para que
diera cuenta de su actuación en relación con los hechos reclamados y la
posible conexión del fallecimiento de la hermana de la interesada con la
asistencia dispensada por el hospital.
TERCERO.- Tras la emisión del citado dictamen 387/23, consta
que por parte de la Secretaria General Técnica de la Consejería de
Familia, Juventud y Políticas Sociales se solicitó a la Consejería de
Sanidad la información solicitada por esta Comisión Jurídica Asesora.
El 22 de septiembre de 2023, la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad contestó en el sentido de no tener constancia de
la tramitación de un procedimiento de responsabilidad de patrimonial
en relación con la interesada en el ámbito de dicha consejería, dando
traslado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para que informara
en el ámbito de sus competencias.
El día 27 de septiembre de 2023, el SERMAS informó que no
constaba la presentación de reclamación alguna, no se había tramitado
ningún procedimiento de responsabilidad patrimonial, ni se había
efectuado actuación alguna al respecto.
En relación con el ingreso en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada señaló que, únicamente consta que, tras la ingesta
farmacológica errónea, la residente fue trasladada al Servicio de
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Urgencias del Hospital Universitario de Fuenlabrada, donde falleció el
mismo día del ingreso por parada cardiorrespiratoria, constando en el
informe de alta el juicio clínico al que hemos aludido en líneas
anteriores.
Tras lo expuesto, el 20 de octubre de 2023, se ha formulado
propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación al considerar
que no se había acreditado la relación de causalidad entre el
fallecimiento por el que se reclama y la administración errónea de la
medicación.
CUARTO.- El 27 de octubre de 2023 se formuló la solicitud de
dictamen preceptivo de este órgano consultivo, registrada en la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid con el n.º
610/23.
La ponencia correspondió a la letrada vocal Dña. Ana Sofía
Sánchez San Millán que formuló y firmó la oportuna propuesta de
dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de esta Comisión Jurídica
Asesora en su sesión de 16 de noviembre de 2023.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28
de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, y por solicitud de la
consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, órgano legitimado
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para ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3.a) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016,
de 19 de enero, (en adelante, ROFCJA).
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante, LPAC). Su regulación debe completarse con lo dispuesto
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (en lo sucesivo, LRJSP), cuyo capítulo IV del título preliminar se
ocupa de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas.
La firmante del escrito de reclamación ostenta legitimación activa
para promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial, al
amparo del artículo 4 de la LPAC y el artículo 32 de la LRJSP, en
cuanto sufre el daño moral que provoca el fallecimiento de su hermana.
La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid por
sus competencias en materia de promoción y ayuda a la tercera edad,
emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de
especial atención, incluida la creación de centros de protección,
reinserción y rehabilitación conforme el artículo 26.1.23 de su Estatuto
de Autonomía e imputarse el daño a la actuación de una residencia de
la red asistencial de la Comunidad de Madrid.
En lo relativo al requisito temporal, las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año,
que se contará, en caso de daños de carácter físico o psíquico, desde
que el hecho aconteció o desde la curación o determinación del alcance
de las secuelas (artículo 67.1 de la LPAC).
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En este caso, el dies a quo viene dado por el fallecimiento de la
hermana de la reclamante, el 5 de agosto de 2020, por lo que la
reclamación presentada el día 20 de julio de 2021 debe entenderse
formulada dentro del plazo legal.
En materia de procedimiento, se ha recabado informe de las
direcciones generales competentes en materia de Servicios Sociales, y se
ha incorporado al procedimiento la documentación instada por la
interesada en su escrito de reclamación, así como los informes de la
dirección de la residencia. Tras el dictamen 387/23 de esta Comisión
Jurídica Asesora se ha incorporado al procedimiento la información
facilitada por la Consejería de Sanidad. Si bien hubiera sido deseable
contar con el informe del Hospital Universitario de Fuenlabrada en
relación con la asistencia sanitaria dispensada a la hermana de la
reclamante, sin embargo, considerando que, según la información
facilitada por la Consejería de Sanidad, la actuación de dicho centro
hospitalario no ha sido objeto de reproche por la reclamante, y, por otro
lado, al disponer de la historia clínica correspondiente a la asistencia
hospitalaria, contamos con elementos suficientes para resolver la
reclamación. Entendemos que la retroacción para obtener el informe
referido dilataría aún más un procedimiento, que ya excede en mucho el
previsto legalmente, en claro perjuicio de la reclamante.
Finalmente, se ha formulado la oportuna propuesta de resolución
en sentido desestimatorio de la reclamación de responsabilidad
patrimonial planteada.
Debe concluirse, por tanto, que la instrucción del procedimiento ha
sido completa sin omisión de trámites esenciales o imprescindibles para
su resolución.
TERCERA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la
Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución Española
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a cuyo tenor: ?Los particulares, en los términos establecidos por la ley,
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos?. El
desarrollo legal de este precepto se encuentra contenido actualmente en
la LRJSP, completado con lo dispuesto en materia de procedimiento en
la ya citada LPAC.
Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la
Administración, de conformidad con constante jurisprudencia, se
precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de
personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos
extraños que pudieran influir, alterándolo, en el nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
La responsabilidad de la Administración es objetiva o de resultado,
de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la
Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, de forma
que aunque, como se acaba de decir, es imprescindible que exista nexo
causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y
el resultado lesivo o dañoso producido, sólo son indemnizables las
lesiones producidas por daños que el lesionado no tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
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CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica
precedente, se deduce que no cabe plantearse una posible
responsabilidad de la Administración sin la existencia de un daño real y
efectivo en quien solicita ser indemnizado. Pues bien, la existencia del
daño de la reclamante está acreditada por el solo hecho del
fallecimiento de su familiar, ?daño moral cuya existencia no necesita
prueba alguna y ha de presumirse como cierto? [Sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de noviembre de 2004 (recurso 7013/2000) y en similar
sentido la Sentencia de 25 de julio de 2003, (recurso 1267/1999)].
La existencia de un daño, sin embargo, como ya hemos visto, no es
suficiente para declarar la existencia de responsabilidad, por lo que ha
de analizarse si concurren los demás requisitos necesarios para
apreciarla.
Como hemos visto en los antecedentes, la reclamante reprocha que
el fallecimiento de su hermana se produjo, como causa directa, por la
administración de una medicación errónea en la residencia en la que se
encontraba internada.
No resulta controvertido que el 4 de agosto de 2020, durante la
cena, la hermana de la reclamante recibió por error, además de su
medicación habitual (300 mg de gabapentina y 10 mg de diazepam) la
de otro residente (quetiapina 300 mg, risperidona 1,5 mg y ácido
valproico 500 mg). Tampoco se discute que, una vez constatado el error,
el personal de la residencia aumentó la ingesta hídrica de la hermana
de la reclamante e intentaron controlar las constantes, si bien a las
1:15 horas del día 5 de agosto se objetivó cianosis central y periférica,
con muy bajo nivel de consciencia y escasa respuesta a estímulos
dolorosos. Se pautó flumazenilo con muy buena respuesta inicial y
mejoría del nivel consciencia, pero luego volvió a presentar bajo nivel de
consciencia, por lo que fue traslada al Servicio de Urgencias del
18/21
Hospital Universitario de Fuenlabrada, falleciendo a las 20:17 horas de
ese día 5 de agosto de 2020.
Ahora bien, la propuesta de resolución, aun reconociendo la
realidad de los hechos que acabamos de mencionar, sin embargo, niega
la relación causal entre el fallecimiento de la hermana de la reclamante
y la administración errónea de la medicación, al entender que existe
?una sospecha importante de que el fallecimiento se hubiera producido
por COVID, según se indica en los informes del hospital?.
No obstante, tenemos que discrepar de dicha consideración, pues
si bien es cierto que se realizó a la paciente la prueba PCR para la
detección del COVID-19, lo que no resulta extraño dada la fecha de
ocurrencia de los hechos en pleno apogeo de la pandemia, en los
informes médicos examinados, además de no constar el resultado
positivo de dicha prueba, no aparece ninguna referencia al posible
fallecimiento por COVID-19 y, por el contrario, se recogen diversas
apreciaciones que dificultan considerar dicha circunstancia como causa
del fallecimiento. Así en el informe del Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario de Fuenlabrada se hace constar en la anamnesis
que antes de la administración de la medicación errónea, la paciente se
encontraba bien y asintomática, y se recogen las manifestaciones de la
directora de la residencia en el sentido de que no existían casos
recientes de COVID-19 en el centro residencial y que la paciente estaba
asintomática antes del incidente, sin fiebre ni clínica respiratoria.
Además, lo que resulta más relevante, es que el juicio clínico del
informe del referido Servicio de Urgencias apunta claramente a la
ingesta de la medicación errónea como causa de las distintas
complicaciones que llevaron al fallecimiento: ?bajo nivel de consciencia
en relación con poliingesta accidental de fármacos?, ?insuficiencia
respiratoria aguda probablemente por inhibición del centro respiratorio en
relación con lo anterior?, ?acidosis respiratoria en el contexto de lo
19/21
anterior?, ?encefalopatía hipercápnica? y ?bronconeumonía bilateral
probablemente broncoaspirativa en el contexto de deterioro de nivel de
conciencia por lo previo?.
Así las cosas, resulta claro que, probada la irregularidad y
correspondiendo a la Administración ofrecer una explicación razonable,
no puede rechazarse la relación de causalidad, como pretende la
propuesta de resolución, en base a una hipótesis o sospecha que no
encuentra respaldo en la historia clínica, que por el contrario apunta
claramente a la ingesta de medicación errónea como causante de las
complicaciones que llevaron al fallecimiento de la hermana de la
interesada.
Como dijimos en nuestro dictamen 316/18, de 5 de julio, ?es
indiscutible que la administración errónea de un medicamento que no
había sido prescrito a la reclamante supone un caso de infracción de la
lex artis lo cual determina el carácter antijurídico de los daños que la
reclamante haya podido sufrir? que, en este caso, se concretan en el
daño moral derivado del fallecimiento de la hermana de la interesada, y
ello sin necesidad de entrar a analizar las causas indirectas a las que
apunta la reclamante en su escrito, que por otro lado han quedado
desvirtuadas por los informes que obran en el procedimiento.
QUINTA.- Acreditada la realidad del daño y su relación de
causalidad con los servicios públicos, procede pronunciarse sobre la
concreta valoración de los daños solicitados.
En el escrito de reclamación se solicita una indemnización de
?15.803,21 + 25 % (única hermana) + 400 euros, según las tablas del
baremo de Accidentes de Tráfico. A los que añadimos 20.000 euros en
conceptos de daños morales?.
20/21
En este caso, aplicando estrictamente el baremo establecido por la
Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación, con referencia a la fecha del fallecimiento
(2020), le correspondería a la reclamante la cantidad de 19.995,47
euros, desglosados en los siguientes conceptos: perjuicio personal
básico, más el 25 % por ser la perjudicada única en su categoría y
perjuicio patrimonial básico sin necesidad de justificación.
Ahora bien, teniendo en cuenta el carácter meramente orientativo
del citado baremo (así Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 29 de junio de 2017 (recurso 821/2016)) y la singularidad
del caso que nos ocupa, parece razonable apreciar la concurrencia de
un daño moral adicional al que ya resulta resarcido en el baremo con el
perjuicio personal básico y reconocer a la interesada una cantidad
global y actualizada de 30.000 euros.
En este sentido nos hemos pronunciado, entre otros, en nuestros
dictámenes 283/17 de 13 de julio y 494/17, de 30 de noviembre.
Valoración global admitida por la jurisprudencia, como pone de
manifiesto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
17 de marzo de 2016 (recurso contencioso-administrativo 586/2012)
que, con cita de otras sentencias, declara: ?La aplicación del baremo del
RD Legislativo 8/2004, sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos de motor, no tiene carácter vinculante, pues de
acuerdo con la doctrina consolidada de esta Sala, antes citada, su
aplicación se efectúa a efectos orientadores o analógicos, sin que limite
las facultades de la Sala en orden a la concreción de la indemnización
que estime aplicable para procurar la indemnidad del perjudicado, en
atención a las circunstancias concurrentes?.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
21/21
CONCLUSIÓN
Procede estimar parcialmente la reclamación y reconocer a la
interesada una indemnización por una cantidad global y actualizada de
30.000 euros.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 16 de noviembre de 2023
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 607/23
Excma. Sra. Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
C/ O?Donnell, 50 ? 28009 Madrid
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