Última revisión
11/12/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0562/23 del 19 de octubre de 2023
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 19/10/2023
Num. Resolución: 0562/23
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 19 de octubre de 2023, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido de oficio por la citada consejería con los titulares del derecho de propiedad sobre una plaza de garaje sita en la calle ??, de San Fernando de Henares (expediente RPO 75/22), por los daños derivados de las obras del tramo del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, en el que figuran como interesados D. ?? y Dña. ??.Tesauro: Daño efectivo
Daño. Valoración
Daños en edificio
Daño por ejecución de obra
Daño moral
Procedimiento administrativo. Iniciación
Procedimiento administrativo. Tramitación
Procedimiento administrativo. Terminación convencional
Vivienda
Prueba. Admisión e inadmisión
Prueba. Valoración
Ruina
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, en su sesión de 19 de octubre de 2023,
aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el
consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, al amparo del
artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento
de responsabilidad patrimonial promovido de oficio por la citada
consejería con los titulares del derecho de propiedad sobre una plaza
de garaje sita en la calle ??, de San Fernando de Henares
(expediente RPO 75/22), por los daños derivados de las obras del
tramo del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, comprendido entre
las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, en el que
figuran como interesados D. ?? y Dña. ??.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 26 de septiembre de 2023 tuvo entrada en el
registro de la Comisión Jurídica Asesora la solicitud de dictamen
preceptivo, cursada a través del consejero de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras, en relación con la reclamación de responsabilidad
patrimonial mencionada en el encabezamiento.
Dictamen n.º: 562/23
Consulta: Consejero de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 19.10.23
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La citada solicitud se ha formulado con carácter urgente. La
urgencia se justifica por la gravedad de los daños causados a los
inmuebles; la elevada cantidad de afectados; la alarma social causada
en el municipio de San Fernando de Henares; las graves
consecuencias personales, familiares y económicas que están
padeciendo los damnificados y, finalmente, porque ?la complejidad de
la tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,
debido a la dificultad de completar la documentación necesaria, al
elevado número de expedientes y a la singularidad técnica de los
mismos, ha supuesto un alargamiento en el tiempo de tramitación?.
A dicho expediente se le asignó el número 548/23, comenzando el
día señalado el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora,
aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de
Gobierno (en adelante, ROFCJA).
La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, al letrado
vocal D. Francisco Javier Izquierdo Fabre, que formuló y firmó la
oportuna propuesta de acuerdo, deliberada y aprobada por el Pleno de
esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 19 de octubre de
2023.
SEGUNDO.- Del expediente remitido resultan los siguientes
hechos, de interés para la emisión del presente dictamen que, a
continuación, se relacionan:
1.- El contrato de obras ?Infraestructura de prolongación de la
línea 7 del Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares.
Tramo 3: Coslada-San Fernando de Henares? fue adjudicado por el
ente de derecho público de la Comunidad de Madrid, MINTRA, Madrid,
Infraestructuras del Transporte, en septiembre de 2004 a la empresa
DRAGADOS, S.A. Dicho tramo pertenece a la línea 7B, que transcurre
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entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares y tiene
un total de siete estaciones.
El 25 de abril de 2006 se aprueba el modificado nº1 al ?Proyecto
de construcción de la infraestructura de prolongación de la línea 7 del
Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3:
Coslada-San Fernando?. Las obras finalizaron en 2007 y la línea entró
en servicio.
2.- Entre tanto, tuvo lugar la extinción de MINTRA, operada por
la Ley 4/2011, de 28 de julio, de extinción de MINTRA, en cuyo
artículo único, apartado 2, se establecía que el conjunto de bienes,
derechos y obligaciones resultantes de la extinción se integrarían en la
Dirección General de Infraestructuras, ?que prestará las funciones que
correspondían a dicha entidad?.
3.- Desde la puesta en funcionamiento del tramo de la línea 7 del
Metro de Madrid, que discurre entre las estaciones de Barrio del
Puerto y Hospital del Henares, se detectaron diversas incidencias,
tanto en la infraestructura misma del metro (túnel y pozo de bombeo
PK 2+890) como en las edificaciones del exterior, concentrándose la
mayor parte en la zona del pozo de ventilación del tramo del túnel
ubicado en la calle Rafael Alberti del municipio de San Fernando de
Henares, a consecuencia de filtraciones de agua, que provocaron
movimientos del terreno y daños a las edificaciones aledañas. Estas
incidencias obligaron a la realización de numerosas obras de
rehabilitación y consolidación desde prácticamente la puesta en
funcionamiento del servicio hasta la actualidad, conllevando en
algunos casos, como el presente, la demolición de determinados
inmuebles.
4.- Con la finalidad de encontrar el origen de las patologías
detectadas, se encargó un informe por DRAGADOS, S.A., como
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empresa contratista, sobre ?seguimientos hidrogeológicos en el túnel de
la Línea 7 de Metro de Madrid- Tramo III Coslada-San Fernando?, que
fue redactado por GEOCISA, en el mes de diciembre de 2011.
Ese informe apunta que las entradas de agua se producían por
filtraciones a través de fisuras y grietas en las paredes del pozo de
evacuación, que se había convertido en un pozo de extracción de agua
subterránea, en lugar de uno de recepción.
Con la construcción del túnel y posterior drenaje del agua
procedente de éste, se produjo la movilización de un flujo de agua
subterránea y con él, el inicio de un proceso de disolución del terreno.
A su vez, la entrada progresiva de agua ocasionó la karstificación del
terreno, que es un fenómeno producido en suelos de yesos y calizas,
que se disuelven por efecto del agua, dando lugar a la aparición de
oquedades, rellenas o no, que pueden conllevar a hundimientos
bruscos del terreno.
Estos hechos señalaban una conexión hidráulica entre el túnel y
el rio Jarama, dándose una inversión del flujo subterráneo
preexistente, actuando el rio como fuente de recarga del sistema
kárstico y el pozo de Metro como descarga artificial del mismo.
5.- A la vista de las deficiencias citadas, la Consejería de
Transportes e Infraestructuras acordó el inicio de un expediente de
exigencia de responsabilidad por vicios ocultos a la empresa
contratista Dragados, S.A., que se resolvió por la Orden de 18 de
noviembre de 2016, por la que se dispuso declarar a la empresa
DRAGADOS, S.A. responsable de los daños derivados de los vicios
ocultos detectados en las obras, y se le reclamó una cantidad en
concepto de indemnización por los perjuicios. Formulado recurso de
reposición, este fue desestimado por Orden de 20 de diciembre de
2016.
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6.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la
empresa contratista contra las anteriores resoluciones (Procedimiento
Ordinario 8/2017), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 3) dictó la Sentencia
de 9 de enero de 2019 que anuló las citadas órdenes. Según la citada
sentencia:
?La conclusión no puede ser otra que diseñado el pozo de bombeo
como permeable, el agua comenzó a filtrarse por el mismo cuando
MINTRA empezó a bombear agua, atrayendo más agua que
disolvió el terreno alrededor del pozo y por debajo del túnel, lo que
provocó el movimiento del mismo, abriéndose sus juntas al atacar
las aguas salinas el mortero del gap y acelerando el proceso de
karstificación que se desató, lo cual evidencia que la causa del
problema radicó, efectivamente, en el diseño de la permeabilidad
del pozo, cuya responsabilidad no puede atribuirse a Dragados,
S.A., sino a MINTRA que supervisó y aprobó el modificado del
proyecto que incluía la ejecución del pozo de bombeo como
permeable, lo que se reveló como el defecto de proyecto
determinante de la inundación del túnel. No cabe imputar
Dragados, S.A. una mala ejecución del túnel, que no solo no ha
quedado en modo alguno acreditada, sino además porque en el
proyecto de la obra tampoco se recogía la impermeabilización del
túnel, de manera que la causa de la ruina producida fue el defecto
del proyecto consistente en no tener en cuenta las singularidades
del terreno que exigía un pozo impermeable en lugar del que se
diseñó y ejecutó conforme al proyecto de la obra?.
El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto
por la Comunidad de Madrid contra la citada sentencia, por lo que
esta devino firme.
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7.- Desde la aparición de dichos daños, se efectuaron
inspecciones a las viviendas y auscultación y control de los edificios
que pudieran afectarse, para realizar un seguimiento constante de la
situación. Entre los años 2009 y 2021, se han realizado contratos de
emergencia para la estabilización de los terrenos del entorno como
consecuencia de los asentamientos y para la impermeabilización del
túnel de Metro de la línea 7B. Las diversas actuaciones realizadas en
la zona para solucionar estas afecciones en principio parecían haber
solucionado el problema.
No obstante, desde mediados de agosto 2018 y hasta octubre de
2019, se incrementaron las quejas de los vecinos, por lo que se
procedió a realizar nueva visita a las edificaciones, emitiendo informe
la Unidad de Seguimiento y Control del contratista de auscultación y
supervisión geotécnica (USAC).
Posteriormente, en enero del año 2020, se elaboró un informe
técnico por la UTE Servicios Comunidad de Madrid sobre ?la situación
de las edificaciones en el entorno de la línea 7 B de metro y su relación
con los movimientos del terreno?, en el que se determina que los daños
aparecidos en la calle de la Presa de San Fernando de Henares (según
inspecciones realizadas a lo largo del año 2019) podían calificarse de
graves en algunas viviendas, siendo muy posible su evolución a muy
graves.
8.- Debido a esta situación, se contrató por procedimiento de
emergencia a la empresa INES, Ingenieros Consultores, S.L. para la
ejecución del servicio de diagnosis y seguimiento geotécnico del
terreno en las inmediaciones de la línea 7B de Metro. La citada
empresa emitió una nota técnica el día 7 de diciembre de 2020, en la
cual se indicaba que, a partir de agosto de 2020, se observa una
aceleración del proceso, al haber nuevos descensos en el entorno del
pozo PK 2+890, lo que hacía necesario realizar nuevas actuaciones en
las calles Presa y Rafael Alberti, así como en el propio pozo.
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Estas actuaciones consistieron fundamentalmente en obras de
consolidación del terreno, que finalizaron en el mes de abril de 2021,
sin haberse observado durante ese período movimientos relevantes de
asientos diferenciales, hasta la primera semana del mes de mayo, en
la que se produjeron nuevos movimientos de asiento en las viviendas.
Dada la existencia de estos nuevos asientos del terreno cercanos
a las viviendas tras las obras de consolidación, se procede a buscar el
origen, detectándose una anomalía en el entorno del cruce de las
calles de la Presa y Rafael Alberti, donde se ubica el pozo PK 2+890,
por lo que se insta al Canal de Isabel II a su revisión, como
responsable del mantenimiento de la infraestructura y del
alcantarillado municipal, comprobándose que el pozo de registro, el PK
2+890, perteneciente a la red general, se encontraba averiado y su
fondo horadado, produciendo pérdidas de agua.
El Canal de Isabel II realiza unos primeros trabajos de reparación
del pozo y del colector municipal en mayo y junio de 2021 y,
posteriormente, efectúa el desvío definitivo del agua bombeada desde
el pozo reparado a un nuevo colector (en la calle Francisco Sabatini)
que acomete al colector principal (en la calle Ventura de Argumosa).
Mediante Orden de fecha 26 de julio de 2021, de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, se declara por emergencia la
realización de los trabajos especializados de rehabilitación estructural
del edificio sito en la calle de la Presa, número 33 y de refuerzo
estructural y reparación de elementos asociados del edificio sito en
calle de la Presa, número 4 y calle de Rafael Alberti, números 1 y 3 de
San Fernando de Henares. La citada Orden es ampliada el 14 de
septiembre del 2021, para incluir las actuaciones de realojo de los
ocupantes de las viviendas de los edificios situados en calle de la
Presa, número 4 y calle de Rafael Alberti, números 1 y 3, de San
Fernando de Henares.
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En fecha 22 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares emite el Decreto 1988/2021, por el que se
declara la situación de ruina física inminente de las edificaciones y se
ordena los propietarios y ocupantes de las viviendas, locales y garajes
ubicados en la Calle de la Presa, 4 y Calle Rafael Alberti, 1 y 3
desalojar las mismas.
En fecha 26 de enero de 2022, el Ayuntamiento de San Fernando
de Henares comunica el Decreto 171/2022, por el que se inicia el
expediente de declaración en estado o situación legal de ruina
urbanística de la calle de la Presa 4 y calle Rafael Alberti, 1 y 3 y el día
6 de abril de 2022 el Ayuntamiento de San Fernando de Henares emite
el Decreto 0645/2022, por el que se declara en estado o situación
legal de ruina urbanística de las edificaciones de la calle de la Presa, 4
y calle Rafael Alberti, 1 y 3, siendo el daño, por tanto, irreversible.
Con fecha 7 de abril de 2022, se dicta Orden la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de declaración de emergencia de
modificación y ampliación del encargo relativo a los trabajos de
estabilización estructural del edificio sito en calle de la Presa, 33 y los
trabajos de refuerzo estructural y reparación de elementos asociados
del edificio sito en calle de la Presa, 4 y calle Rafael Alberti, 1 y 3, y por
la que se ordena que para la ejecución de los trabajos y actuaciones de
demolición resulta imprescindible ampliar el plazo del encargo hasta el
20 de septiembre. Asimismo, se ordena ampliar hasta esa misma
fecha las actuaciones siguientes del encargo respecto al edificio sito en
c/ Presa, 4 y c/ Rafael Alberti, 1 y 3: alojamiento y manutención,
guardamuebles, gastos de transporte entre alojamiento y puntos
dentro de San Fernando, vigilancia de los inmuebles desalojados,
suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía del alojamiento,
plazas de garaje en plazas de estacionamiento privado durante la
ejecución de los trabajos.
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Ante la evidencia de la irreversibilidad de la situación, el 21 de
febrero de 2022 se resolvió por Orden de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras iniciar de oficio los procedimientos de
responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en las obras de
construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro de Madrid. La
indicada Orden fue publicada el 7 de marzo de 2022 en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
Con fecha 3 de mayo de 2022 el Ayuntamiento de San Fernando
de Henares da conformidad a la solicitud de demolición del edificio sito
en la calle de la Presa, 4 y en la calle Rafael Alberti, 1 y 3, de acuerdo
con el proyecto presentado a tal fin.
TERCERO.- La Orden de 21 de febrero de 2022 de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras acordó el inicio de oficio de los
procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en
las obras de construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro de
Madrid, a tramitar de conformidad con las previsiones de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Se trata de una orden que dispone la incoación de expedientes de
responsabilidad patrimonial en favor de todos los posibles afectados,
en la que después de efectuar una relación de los hechos principales,
se recogen unos fundamentos de derecho, entre los cuales hay que
destacar el quinto, que individualiza los inmuebles afectados: calle de
la Presa, números 4, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 y 33; calle Rafael
Alberti, números 1 y 3; calle Pablo Olavide, números 9 y 11; calle
Ventura Argumosa, número 20 (F y G) y calle Nazario Calonge,
número 5, ?sin perjuicio de la posibilidad de incluir nuevos inmuebles
afectados en el caso de que se dieran las circunstancias y requisitos
legales para ello?.
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En su fundamento de derecho sexto determina quiénes tienen la
condición de interesados en los procedimientos, señalando a:
?- Las personas físicas o jurídicas titulares de los bienes inmuebles
citados.
- Las personas físicas ocupantes de las viviendas situadas en los
edificios citados.
- Las personas físicas o jurídicas titulares de actividades
económicas desempeñadas en los edificios citados.
- Cualesquiera otros que acrediten ostentar un derecho o interés
legítimo, o bien que ello se deduzca de la tramitación del
correspondiente procedimiento?.
Finalmente, en el fundamento jurídico séptimo establece lo
siguiente:
?Estos procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician
sin perjuicio de la posible intervención de otros agentes en la
producción del daño, cuyas responsabilidades se determinarán en
la tramitación de los expedientes y respecto a los cuales la
Consejería de Transportes e Infraestructuras se reserva las
acciones legales necesarias para exigir y resarcir los perjuicios que
les sean imputables?.
La Orden de 21 de febrero de 2022 de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras fue objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 7 de marzo de 2022, ?sin
perjuicio de su notificación individual a los interesados?.
En virtud de la indicada previsión, con fecha 27 de abril de 2022
se efectuó la notificación individual de la Orden a los interesados
referidos en el encabezamiento del presente dictamen, en su condición
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de propietarios de la plaza de garaje número ??, sita en la calle ??,
de San Fernando de Henares. Adicionalmente se les requirió que
aportaran documentación acreditativa de su identidad;
documentación acreditativa de la titularidad de los bienes y derechos
afectados; relación de los daños producidos en sus bienes y derechos;
cuantificación del daño producido y su justificación; en caso de haber
percibido cualquier prestación por parte de alguna Administración
Pública por el objeto de la reclamación, debían señalar su importe, el
concepto y la Administración otorgante; en caso de haber presentado
alguna reclamación por responsabilidad en vía civil o administrativas
por los mismos hechos, informar sobre la misma y, finalmente,
cualquier otra documentación que se considerara adecuada.
Tras la contestación de los perjudicados aportando únicamente el
poder notarial de representación, el 12 de julio de 2022 se les volvió a
solicitar la subsanación de la aportación documental completa.
Consta en el expediente un nuevo requerimiento, de fecha 26 de
septiembre de 2022, exigiendo la aportación: de la documentación
acreditativa de su identidad; en caso de haber percibido cualquier
prestación por parte de alguna Administración Pública por el objeto de
la reclamación, indicar el importe, el concepto y la Administración
otorgante; por último, en el supuesto de haber percibido alguna
compensación por el objeto de la reclamación por alguna compañía
aseguradora o entidad privada, señalar el importe, el concepto y el
sujeto otorgante.
El 20 de octubre de 2022 los titulares cumplimentaron el
requerimiento.
Mientras tanto, se habían seguido desarrollando actuaciones para
consolidar los suelos de la zona y efectuado estudios por encargo de la
administración madrileña que establecían que el terreno es inestable y
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susceptible de presentar disoluciones futuras, por lo que para
garantizar la estabilidad habría que implantar pilotes de gran
profundidad -de 55 a 60 metros- y de un diámetro muy considerable
y, por ello, según se concluye en la ?Nota Técnica?, de 16 de noviembre
de 2022, que se ha incorporado al expediente y que fue elaborada por
una consultora dedicada al control de calidad de proyectos, ejecución
de materiales y obras, la ejecución de estudios de patología y
rehabilitación de estructuras y la asistencia técnica en la
construcción: ?(?) desde el punto de vista técnico (ejecución de pilotes
de gran longitud y diámetro, que deben soportar cargas elevadas) y
desde el punto de vista económico (por la carga que supone el coste que
conlleva utilizar dicho tipo de pilotaje, el cual superaría con creces el
valor total de la edificación: vuelo y suelo) se considera que no es viable
la cimentación mediante pilotes, necesaria para poder realizar la
edificabilidad prevista o del recalce de las existentes?.
Consta un requerimiento de la jefa de Área de Recursos y
Asuntos Contenciosos de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, de 26 de septiembre de 2022, dirigida a la
Subdirección General de Concesiones, Patrimonio y Conservación, al
amparo del artículo 81.1 de la LPAC, interesando aclaración sobre los
siguientes extremos: relación de causalidad entre el daño y el servicio
público, concreción de los daños producidos y valoración de las
alegaciones y petición de los interesados.
El subdirector general de Concesiones, Patrimonio y
Conservación de la Consejería de Transportes e Infraestructuras
emitió el informe solicitado con fecha 13 de enero de 2023, que se
pronuncia sobre la relación de causalidad y la responsabilidad de la
administración, indicando: ?Los acontecimientos geotécnicos que han
provocado los asientos del terreno afectando a las construcciones de la
zona, derivan de las obras de construcción de la Línea 7B, todo ello sin
perjuicio de la eventual intervención de otros factores como las
deficiencias en el mantenimiento de la red de saneamiento municipal
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gestionada por el Canal de Isabel II desde el 2012 y con anterioridad
por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Por ello, existe una
relación de causalidad entre la actuación de la Comunidad de Madrid y
los daños sufridos en las edificaciones de la zona, por lo que esta
Administración es responsable de los perjuicios, con independencia de
la posible concurrencia de otros agentes, cuya participación y
responsabilidad se determinará en el expediente correspondiente.
En resumen, las causas han sido las siguientes:
-Permeabilidad del pozo de ventilación y bombeo PK 2+890 que ha
favorecido el drenaje de la zona con la consiguiente disolución de sales
solubles, asentamientos del terreno y desestabilización de todas las
infraestructuras cercanas.
-Rotura de parte del saneamiento municipal que ha recirculado el
volumen de agua drenada multiplicando los efectos de disolución de las
sales solubles.
-Comportamiento del túnel de Metro como un gran drenaje una vez
disuelto el relleno entre las dovelas que lo conforman y el terreno como
consecuencia del punto 1 que ha incrementado la capacidad de
disolución al facilitar el movimiento de un caudal superior de agua.
Todo ello ha ocasionado la aparición de asientos diferenciales en
las cimentaciones de las edificaciones y, en algunos casos, estos
asentamientos han provocado la ruina de las edificaciones?.
El informe valora la plaza de garaje siniestrada de acuerdo con la
estimación efectuada por la empresa Tinsa, en un total de 13.600 ?, y
se acompaña de toda la numerosa documentación citada en el mismo.
Adicionalmente consta en el expediente otro informe técnico
jurídico, de fecha 25 de noviembre de 2022, encargado por la
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Consejería de Transportes e Infraestructuras a un despacho privado,
acerca de los parámetros de cálculo que debían ser tenidos en cuenta
para efectuar el pago de las indemnizaciones en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, que respalda los criterios de valoración
empleados.
El día 16 de enero de 2023 se notifica a los interesados el trámite
de audiencia, adjuntando el informe de la Dirección General de
Infraestructuras de Transporte Colectivo; el informe sobre valoraciones
y una propuesta de acuerdo de terminación convencional finalizadora
del procedimiento que reconoce una indemnización por importe total
de 16.422 euros, tras la actualización de la valoración efectuada por
Tinsa -documentos 8.1 y 8.2-.
El día 26 de enero de 2023 la representante de la asociación de
afectados presenta escrito en el que solicita con carácter general para
todos sus asociados la suspensión del procedimiento y sus plazos
hasta que se resuelva el recurso de alzada formulado contra la
denegación de las pruebas, así como formula alegaciones en relación
con la tramitación del procedimiento.
Con fecha 2 de febrero de 2023, se concede trámite de audiencia
al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, adjuntando el informe
técnico de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte
Colectivo -documento 18.1-.
Asimismo, se ha concedido trámite de audiencia al Canal de
Isabel II, constando su acuse de recibo el día 3 de febrero del 2023 -
documento 18.2-.
De igual modo, el 6 de febrero de 2023 se confiere el trámite d
audiencia a la Asociación de Afectados Metro Rafael Alberti y Presa de
San Fernando de Henares -documento 18.2-.
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El 30 de mayo de 2023 los interesados presentan escrito
aceptando la indemnización propuesta en el acuerdo de terminación
convencional, adjuntando el 9 de junio de 2023 los datos de la entidad
bancaria en que interesan que se les efectué el pago de la
indemnización -documentos 29 y 31- tras requerimiento efectuado el 6
de junio de 2023.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, con fecha 27 de
febrero de 2023, presenta escrito de alegaciones en el que, partiendo
del reconocimiento de la existencia de responsabilidad patrimonial,
afirma que la administración autonómica es la única responsable de
los daños producidos, por causa del defecto del proyecto de la obra,
que no tuvo en cuenta las singularidades del terreno, que exigía un
pozo impermeable y afirma que así se determinó en la Sentencia
34/2019, de 9 de enero de la Sala Tercera del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, incorporada al procedimiento, con efectos de cosa
juzgada. Adicionalmente niega cualquier defecto en el mantenimiento
de la red de saneamiento municipal que le resulte imputable y explica
que dicha labor luego se ha asumido por el Canal de Isabel II, aunque
considera que ?esa filtración de agua con componentes corrosivos
derivada de las obras de Metro excedía con mucho cualquier labor
ordinaria de mantenimiento?.
El escrito de alegaciones explica que el citado ayuntamiento ha
costeado con el ?Plan Sanea? una obra que se justifica única y
exclusivamente en el deterioro del colector al que se estaban vertiendo
las aguas del pozo de bombeo, debido a la naturaleza corrosiva de los
vertidos y a su alto volumen y, por todo ello, el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares finalmente reclama los daños sufridos por dicho
ayuntamiento como consecuencia de las obras de la línea 7B de Metro
en las infraestructuras urbanas; en la recogida de residuos urbanos
(al ser necesarios los itinerarios de recogida, instalación de cubos
móviles para poder realizar la recogida de manera regular); en vallas y
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palenques; afecciones sobre servicios municipales como la atención
personalizada y gestión de expedientes urbanísticos, servicios de
emergencia y servicios sociales; tasas e impuestos dejados de percibir
y conexión del colector con cargo al ?Plan Sanea?.
En relación con los expedientes de responsabilidad patrimonial
tramitados por la Comunidad de Madrid mantiene que las
indemnizaciones previstas son demasiado bajas, al considerar que no
son completas, ni incluyen el coste de reposición de los bienes.
Además, considera que la indemnización de los propietarios debería
comprender el coste del IBI y las tasas municipales suspendidas en el
ejercicio 2022 y que esas cantidades deberán ser resarcidas al
ayuntamiento o, en su caso, a los propietarios para que las abonen al
ayuntamiento.
El escrito de alegaciones del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares concluye solicitando la apertura de un expediente específico,
en el marco del expediente general de responsabilidad patrimonial por
los daños causados por la línea 7B de Metro, con la finalidad de
valorar el importe del resarcimiento que corresponde a ese
ayuntamiento por los perjuicios sufridos por dichas obras en los
bienes y servicios municipales; instando la apertura del período de
prueba en dicho procedimiento, para la concreta evaluación de tales
daños y todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones futuras que
procedan por la aparición de nuevos daños -documento 11-.
Con fecha 28 de marzo de 2023 presenta sus alegaciones la
entidad Canal de Isabel II, en su condición de interesada y
perjudicada en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Alega
que la autoría y ejecución del proyecto fue redactado por la empresa
contratada por MINTRA; que hubo un error del proyecto: la falta de
impermeabilidad del túnel, del pozo y de las estaciones, que motivó la
entrada de agua por las paredes del pozo de bombeo, mediando la
falta de detección temprana del problema concurrente y, finalmente, el
17/35
incorrecto diseño de las infraestructuras proyectadas. Señala que
resulta incontrovertido y establecido en la precitada sentencia firme
dictada, con efectos de cosa juzgada material y formal, que los daños
en las viviendas y edificios comenzaron a manifestarse en el año 2008
y que Canal de Isabel II comenzó a prestar el servicio de alcantarillado
en el municipio de San Fernando de Henares, tras la firma del
convenio suscrito con fecha 6 de junio de 2012 y añade que desconoce
en qué términos el citado ayuntamiento autorizó a MINTRA el vertido
de las aguas freáticas bombeadas desde el pozo de ventilación y
bombeo PK 2+890, a la red de alcantarillado municipal.
El escrito de alegaciones considera que no es posible que la
perforación lateral que presentaba el pozo de la red de alcantarillado
sea causa concurrente en la aparición de los daños en las viviendas y
edificios colindantes por los siguientes motivos:
?1.- No es creíble que esa pequeña perforación lateral haya pasado
desapercibida en la multitud de informes periciales aportados a la
reclamación, tanto en vía administrativa como judicial.
2.- No se acepta, ni como mera hipótesis, que los procesos de
karstificación registrados en la zona tengan su origen en los
vertidos que, a juicio de INES, se pudieron producir desde la fisura
del colector afectado.
3.- Canal de Isabel II, SA tardó 48 horas en arreglar la perforación
lateral detectada.
4.- Aunque se desconoce la causa de la perforación, es muy
probable que se produjese por el desgaste al que se vio sometida
esa parte alta del pozo, por unos vertidos continuados y con alta
concentración salina durante más de quince años.
18/35
5.- Los procesos de disolución de las sales del terreno operan
principalmente por el contacto con aguas limpias provenientes del
nivel freático del río Jarama, no por aguas con una alta
concentración de sales como las que se vertían al pozo de la red de
alcantarillado.
6.- Conforme a un informe pericial elaborado por una consultora
externa que adjunta, en el peor de los casos analizados y a modo
de hipótesis, el colector podría haber generado un asiento máximo
de 0,5 mm. Este asiento es prácticamente despreciable, y en
ningún modo puede considerase como responsable de ninguna
patología sobre los edificios próximos.
7.- Tras las rehabilitaciones de los colectores de la calle Presa y el
desvío de los caudales procedentes del freático bombeados desde
el pozo PK 2+890 a los que se ha hecho mención anteriormente, no
se ha reducido la evolución desfavorable de los movimientos
verticales y los asientos siguieron acusándose durante todo 2021,
por lo que la circulación del agua es totalmente ajena a la red de
saneamiento?.
El escrito de alegaciones del Canal de Isabel II finaliza
reclamando los daños y perjuicios sufridos por dicha entidad, al
haberse visto afectada la prestación del servicio de depuración a través
de la EDAR -estación depuradora de aguas residuales- de San
Fernando de Henares. Refiere que ha recibido una reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares por los daños causados en distintas especies
arboladas y arbustivas y en superficies cespitosas del municipio como
consecuencia del uso para su riego del agua regenerada proveniente
de la EDAR comprometida por los vertidos de agua derivadas de la
obra ejecutada, y por la que se le reclama una indemnización de
431.277,45 ?. Además, la Confederación Hidrográfica del Tajo le ha
requerido para que ajuste el vertido procedente de la EDAR de
19/35
Casaquemada a las condiciones bajo las que fue otorgada la
autorización de vertido y, además, le ha incoado dos procedimientos
sancionadores por incumplimiento del parámetro ?conductividad?,
puesto que se cuestiona que la EDAR haya reducido como debiera la
contaminación de las aguas residuales que recibe, hasta límites
aceptables para el cauce receptor.
El escrito de alegaciones se acompaña del informe pericial antes
aludido, relativo a los problemas detectados en la línea 7 de Metro y
su eventual relación con las infraestructuras del Canal de Isabel II, de
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares contra el Canal de Isabel
II y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la
Comunidad de Madrid, del requerimiento efectuado por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, así como de los procedimientos
sancionadores -documento 13-.
Con fecha 28 de mayo de 2023, la asociación de afectados
presenta escrito de alegaciones en las que, manifestando la
disconformidad con la valoración efectuada por la Administración,
muestra la ?disponibilidad de los afectados y de la Asociación para la
terminación convencional de los expedientes mediante acuerdos
satisfactorios para los perjudicados que cubran los conceptos y las
cuantías reclamados?. Reclama, además, ?los gastos y desembolsos
asumidos por la Asociación por cuenta de los perjudicados?, entre
otros, gastos de dirección jurídica y técnica, así como de
auscultaciones periciales sobre la evolución de los daños. Reitera que
se practiquen todas las pruebas solicitadas. Finalmente solicita la
apertura de nuevos expedientes para todos los miembros de la
asociación sin necesidad de esperar al derribo o al colapso de nuevos
edificios.
20/35
El 30 de mayo de 2023 los interesados presentan escrito
aceptando la indemnización propuesta en el acuerdo de terminación
convencional, adjuntando el 9 de junio de 2023 los datos de la entidad
bancaria en que interesan que se les efectué el pago de la
indemnización -documento 10- tras requerimiento efectuado el 6 de
junio de 2023.
El 21 de junio de 2023 emite informe el Interventor General de la
Comunidad de Madrid, que fiscaliza favorablemente la propuesta de
acuerdo de terminación convencional documento 33-.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28
de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, cursada a solicitud
del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, órgano
legitimado para ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18.3.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por
el Decreto 5/2016, de 19 de enero, (en adelante, ROFCJA).
SEGUNDA.- Según se expuso al relatar la secuencia de
actuaciones procedimentales, nos encontramos ante un procedimiento
iniciado de oficio por la Administración, ex. artículo 58 de la LPAC.
Concretamente, según consta, se trata de un supuesto que encaja en
la situación prevista en el artículo 67.1 de la LPAC que, como
categoría particular dentro de ese grupo, incluye los procedimientos
21/35
iniciados a consecuencia de la petición razonada de un órgano distinto
al competentes: ??con propuesta de iniciación del procedimiento
formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia
para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las
circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien
ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección,
averiguación o investigación?.
Efectivamente, en este caso, con fecha 18 de febrero de 2022 la
Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo solicitó,
mediante petición razonada a la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, el inicio de aquellos
procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en
los daños derivados de las obras de construcción y mantenimiento de
la línea 7B de Metro de Madrid, en el tramo comprendido entre las
estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares.
De esa forma, mediante Orden de 21 de febrero de 2022, de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras se resolvió iniciar de
oficio los procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran
causa en tales obras de la línea 7B de Metro de Madrid. La indicada
Orden fue publicada el 7 de marzo de 2022 en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, además de comunicarse singularmente a los
afectados que constaban identificados.
La comunicación singular de esta orden iniciadora a los
interesados a los que se refiere este dictamen se efectuó el 27 de abril
de 2022, reconociéndoles la administración legitimación activa en el
procedimiento, por su condición de propietarios una plaza de garaje
sita en el inmueble de la calle ??, de San Fernando de Henares,
afectada por la declaración de ruina subsiguiente a los
acontecimientos motivadores de este procedimiento.
22/35
En cuanto al análisis de la legitimación pasiva, recordemos que
se plantea una responsabilidad patrimonial derivada de las
complicaciones subsiguientes a la parte ejecutada del contrato de
obras ?Infraestructura de prolongación de la línea 7 del Metro de
Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San
Fernando de Henares?, que fue adjudicado por MINTRA, en septiembre
de 2004 a la empresa ?Dragados, S.A.? y que la Sentencia de 9 de
enero de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 3) atribuyó las
filtraciones de agua causantes de los daños analizados a defectos de
proyecto de la obra, no imputables a la mercantil contratista.
Según todo ello, resulta que la legitimación pasiva corresponde en
primer término a la Comunidad de Madrid, puesto que desde la
extinción del ente de derecho público ?MINTRA, Madrid,
Infraestructuras del Transporte?, operada por la Ley 4/2011, de 28 de
julio, la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid ha asumido la totalidad del contenido de sus bienes,
derechos y obligaciones, según dispuso el artículo único, apartado 2,
de la norma últimamente citada, que previno que tal contenido
patrimonial se integraría en la Dirección General de Infraestructuras
de la referida consejería que, en adelante ?prestará las funciones que
correspondían a dicha entidad?.
La Administración madrileña considera que, junto con los
defectos del proyecto de la obra, concurren otras causas
determinantes de la producción de estos daños, de las que
responsabiliza al Ayuntamiento de San Fernando de Henares y al
Canal de Isabel II y, en previsión del eventual empleo de mecanismos
para intentar repercutirles las responsabilidades, les ha concedido
trámite de audiencia en el procedimiento.
Lo expuesto resulta conforme al criterio de esta Comisión
Jurídica Asesora que ha manifestado en múltiples ocasiones -por
23/35
ejemplo en referencia a los contratistas o a las aseguradoras- que, en
esos casos, la Administración madrileña debe responder en primer
término frente al ciudadano, sin perjuicio de su derecho a repetir,
posteriormente, exigiendo que esos eventuales responsables finales
tengan participación en el primer procedimiento, para salvaguardar
así su derecho de audiencia y a la integra defensa de sus intereses.
En cuanto al plazo de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial es de un año, contado desde que se produjo el hecho o el
acto que motive la indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo
(ex artículo 67 de la LPAC), siendo este límite temporal aplicable al
supuesto de la iniciación de oficio, según dispone el artículo 65.1 de la
LPAC.
En el caso sujeto a examen, con fecha 3 de mayo de 2022 el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares da conformidad a la
solicitud de demolición del edificio sito calle de la Presa, 4 y en la calle
Rafael Alberti, 1 y 3, de acuerdo con el proyecto presentado a tal fin,
por lo que la incoación de este procedimiento se ha producido en
plazo.
Respecto a la tramitación del procedimiento, ha de estarse a lo
establecido en la LPAC que, en referencia a su tramitación, para los
casos de inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, que dispone que ?el acuerdo de iniciación del
procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados,
concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas
alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su
derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el
reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque
los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo
establecido?.
24/35
Por lo demás, en estos casos, la tramitación del procedimiento
debe continuar por sus trámites ordinarios, como ha ocurrido en el
supuesto analizado, debiendo desarrollarse la instrucción del
procedimiento en su totalidad para permitir establecer si concurren o
no los presupuestos normativos de la responsabilidad patrimonial de
la administración.
En este caso, se ha solicitado informe del servicio al que se
imputa la producción del daño, conforme previene el artículo 81 de la
LPAC, habiéndose emitido por la Subdirección General de
Concesiones, Patrimonio y Conservación de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, el 13 de enero de 2023, en el que se
aborda la relación de causalidad y la responsabilidad de esta
administración, e incluso, la concreta valoración de la vivienda
siniestrada.
En coherencia, consta en el expediente un informe técnico
jurídico, de fecha 25 de noviembre de 2022, encargado por la
Consejería de Transportes e Infraestructuras a un despacho privado,
acerca de los parámetros de cálculo que debían ser tenidos en cuenta
para efectuar el pago de las indemnizaciones en estos procedimientos
de responsabilidad patrimonial.
A partir de todo ello, la administración madrileña elaboró una
propuesta de terminación convencional, que se acomoda temporal y
formalmente a las previsiones al efecto del artículo 86.1 de la LPAC,
que dispone que, ?las administraciones públicas podrán celebrar
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho
público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento
Jurídico, ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y
tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado,
con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso,
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la
consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o
25/35
insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin?. En definitiva, se impone que tales
acuerdos mantengan la debida observancia del Orden Público y la
particular defensa del interés público encomendado al ente
administrativo que los suscriba.
Determina igualmente el precepto cuál debe ser el contenido
mínimo de estos acuerdos: la identificación de las partes
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, el plazo de
vigencia, y las personas a las que estuvieran destinados y, en
particular, en los casos de procedimientos de responsabilidad
patrimonial -ex. artículo 86.5 LPAC- requiere que el acuerdo alcanzado
entre las partes establezca la cuantía y el modo de indemnización, de
acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el
artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Además de los expuesto, el planteamiento de una eventual
terminación convencional en el curso del procedimiento, se contempla
en el artículo 22.1.f) de la LPAC, como un posible motivo para acordar
la suspensión de su tramitación y, en consecuencia, determinante de
la paralización del cómputo del plazo máximo para resolver y notificar
su resolución finalizadora. Dicha suspensión no se ha adoptado en
este caso.
Continuando con el repaso del procedimiento, tras la formulación
de la propuesta de finalización convencional, favorable al
reconocimiento de la indemnización de los afectados y comprensiva de
todos los elementos que la LPAC le reclama, se ha dado traslado de la
misma a los directamente interesados, que la han aceptado.
Consta igualmente cumplimentado en el procedimiento el trámite
de la fiscalización del acuerdo propuesto, a la vista de su
trascendencia económica, en aplicación de lo dispuesto en los
26/35
artículos 16, 82 y siguientes de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; cuestión que
hay que poner en relación con el control de los límites aplicables a la
fórmula pactada que se ha empleado para finalizar este procedimiento.
El interventor general de la Comunidad de Madrid ha fiscalizado
favorablemente la propuesta cursada, el día 21 de junio de 2023.
También se ha concedido en ese momento el trámite de audiencia
y alegaciones al Ayuntamiento de San Fernando Henares y al ente
público Canal de Isabel II. Ambos han alegado ampliamente que no se
consideran responsables en ninguna medida del evento lesivo que
motiva la responsabilidad patrimonial, apelando especialmente a la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída con
ocasión de la impugnación de Dragados S.A. frente a la Orden
autonómica que le imponía responsabilidades por estos daños
producidos en el contexto del desarrollo y ejecución de un contrato de
obras; sentencia a la que atribuyen plenos efectos de cosa juzgada,
pese a la ausencia de la identidad subjetiva. Además, estos
interesados se han presentado expresamente como perjudicados frente
a la Administración autonómica, han aportado informes periciales en
sustento de sus argumentaciones y han instado la incoación de
singulares procedimientos de responsabilidad patrimonial en los que
se analicen sus pedimentos.
La determinación del elemento subjetivo necesario en estos
acuerdos con efectos finalizadores de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial puede resultar algo compleja en
ocasiones, como ocurre en el supuesto analizado, pues además de la
lógica intervención de la administración cuya responsabilidad se
discute y los perjudicados principales, no es infrecuente que
aparezcan terceros interesados -ex. artículo 4 de la LPAC-, con
expectativas propias, contrapuestas o no a las del promotor o principal
damnificado en el procedimiento, cuya posición no sea unívoca, como
27/35
ahora ocurre, donde la administración madrileña les considera
corresponsables y ellos mismos se presentan como damnificados.
En estos casos, lo único que parece obligado es su formal
participación en el procedimiento, para garantizar que se pronuncien
sobre el acuerdo propuesto, dado que les puede acabar afectando,
antes o después. Sin embargo, esa llamada a la participación, no pude
entenderse en el sentido de que puedan llegar a inviabilizar el acuerdo
entre las partes principales, pese a que no lo refrenden, como ocurre
en este caso.
Sea como fuere, en este caso la intervención de esos otros
interesados se ha producido en el curso del procedimiento, según lo ya
indicado.
Analizado así el desarrollo procedimental, cabe concluir que la
instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido
trámite alguno que tenga carácter esencial o que resulte
imprescindible para resolver, restando únicamente le emisión del
presente dictamen, dado que la terminación convencional del
procedimiento no excluye la necesidad de recabar el dictamen del
Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma, en los casos en que la reclamación supere el
límite cuantitativo aplicable en cada caso. Por eso el artículo 81.2 de
la LPAC, en sus párrafos segundo y tercero, dispone: ?A estos efectos,
el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la
finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente
para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará
a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por
el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento.
El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá
pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el
28/35
funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso,
sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la
indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley?.
Así las cosas, la terminación convencional del procedimiento de
responsabilidad patrimonial no hace variar sustancialmente el
carácter y el alcance de la intervención de esta Comisión Jurídica
Asesora en el análisis de esta propuesta que, como en los casos de
terminación no-convencional, deberá garantizar el control de los
elementos reglados de la responsabilidad patrimonial y, también de los
discrecionales, garantizando el ejercicio adecuado del poder
discrecional ya que, como es sabido, la discrecionalidad administrativa
no está exenta del posterior control judicial, en tres aspectos
concretos: a) el control de los elementos reglados del acto discrecional,
incluida la desviación de poder; b) el control de los hechos
determinantes del acto y, finalmente, c) el control de los Principios
Generales del Derecho y, en definitiva, de todo lo que separa la
frontera entre la discrecionalidad y la arbitrariedad.
TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración
se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que
garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los
términos establecidos por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP
en su título preliminar, capítulo IV, artículos 32 y siguientes. La
viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la
Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, requiere la
concurrencia de varios requisitos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo
de personas.
29/35
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos
extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Que exista una relación de causa a efecto entre el
funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por
fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el
daño.
Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de
2009 (recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí
recogidas, ?no todo daño causado por la Administración ha de ser
reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión
resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de
antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico
de soportar los daños derivados de la actuación administrativa?. Ha
destacado esa misma Sala (por todas, en Sentencia de 16 de marzo de
2016), que es el concepto de lesión el que ha permitido configurar la
institución de la responsabilidad patrimonial con las notas
características de directa y objetiva, dando plena armonía a una
institución como garantía de los derechos de los ciudadanos a no
verse perjudicados de manera particular en la prestación de los
servicios públicos que benefician a la colectividad y que, ese concepto
de lesión se ha delimitado con la idea de constituir un daño
antijurídico: ?(?) lo relevante es que la antijuridicidad del daño es que
no se imputa a la legalidad o no de la actividad administrativa -que es
indiferente que sea lícita o no en cuanto que la genera también el
funcionamiento anormal de los servicios- o a la misma actuación de
quien lo produce, que remitiría el debate a la culpabilidad del agente
30/35
que excluiría la naturaleza objetiva; sino a la ausencia de obligación de
soportarlo por los ciudadanos que lo sufren. Con ello se configura la
institución desde un punto de vista negativo, porque es el derecho del
ciudadano el que marca el ámbito de la pretensión indemnizatoria, en
cuanto que sólo si existe una obligación de soportar el daño podrá
excluirse el derecho de resarcimiento que la institución de la
responsabilidad comporta (?). Interesa destacar que esa exigencia de
la necesidad de soportar el daño puede venir justificada en relaciones
de la más variada naturaleza, sobre la base de que exista un título, una
relación o exigencia jurídica que le impone a un determinado lesionado
el deber de soportar el daño?.
CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica
precedente, se deduce que, sin la existencia de un daño real y efectivo
a quien solicita ser indemnizado, no cabe plantearse una posible
responsabilidad de la Administración. Tampoco procederá si el daño
no tiene la consideración de antijurídico, en el sentido de que el
administrado no tenga el deber de soportarlo.
Sobre la realidad del daño, la sentencia del Tribunal Supremo de
1 de febrero de 2012, consideró que ?(?) la existencia de un daño real
y efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas,
constituye el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial
traducible en una indemnización económica individualizada, de tal
manera que resulte lesionado el ámbito patrimonial del interesado que
es quién a su vez ha de soportar la carga de la prueba de la realidad
del daño efectivamente causado?.
En el caso que nos ocupa, resulta evidente que los propietarios de
la plaza de garaje número ?.., sita en la calle ??, de San Fernando
de Henares, se han visto privados de la misma, por la ruina derivada
de la actuación constructiva de las infraestructuras del Metro de
Madrid.
31/35
El nexo causal entre ese daño y la referida intervención del
Servicio Público se encuentra establecido en la Sentencia de 9 de
enero de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en
el Procedimiento Ordinario 8/2017, que ha ganado firmeza, que
explicó las causas principales del problema y atribuyó su causación a
MINTRA, puesto que fue quien supervisó y aprobó el modificado del
proyecto que incluía la ejecución del pozo de bombeo como permeable,
??ya que en el proyecto de la obra no se recogía la impermeabilización
del túnel, de manera que la causa de la ruina producida fue el defecto
del proyecto consistente en no tener en cuenta las singularidades del
terreno que exigía un pozo impermeable en lugar del que se diseñó y
ejecutó, conforme al proyecto de la obra?.
Tampoco ofrece ninguna duda la afirmación de que resulta
antijurídica la situación sufrida por los propietarios de estas plazas de
garaje, que se han visto privados de las mismas a consecuencia de las
fallidas obras referenciadas.
Concurren pues todos los elementos de la responsabilidad
patrimonial de la administración y el procedimiento tramitado,
incluido el mecanismo de terminación convencional, se ajusta a
Derecho.
QUINTA.- Resta por analizar el importe de la responsabilidad que
se ha establecido en el acuerdo de finalización convencional de este
procedimiento.
La reparación integral del daño es la finalidad esencial de la
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, en la
medida que el particular ha sufrido una lesión en sus bienes y
derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos, que no tiene el deber jurídico de soportar.
32/35
Ahora bien, la LRJSP no concreta los bienes y derechos cuya
lesión puede ser objeto de indemnización en un procedimiento de
responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, el primer objetivo será
identificar aquellos conceptos que pueden ser indemnizables en este
caso.
Respecto de su valoración, el artículo 34.2 de la LRJSP establece
que ?la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de
valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa
y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones
predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones
corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los
baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y
de la Seguridad Social?.
Por consiguiente, por un lado existe una remisión a los criterios
de valoración establecidos en la normativa que resulte de aplicación
ponderándose las valoraciones predominantes en el mercado (valor de
mercado o de sustitución). Por el otro, en los casos de muerte o
lesiones corporales se puede tomar como referencia los criterios de
valoración establecidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de
reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación.
Consta sobre el particular un cumplido informe elaborado por
una consultora a instancias de la Administración autonómica, de
fecha 25 de noviembre de 2022, incorporado al procedimiento y
basado en numerosa jurisprudencia, que cita. En el mismo se indica
que, si la lesión provoca la destrucción del inmueble, como es el caso,
se aplicará el artículo 34.1.d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, ?TRLSRU?), que indica que
la valoración de las instalaciones, construcciones y edificaciones se
rigen por lo dispuesto en esta ley cuando tenga por objeto la
33/35
determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública y, en concreto, su artículo 35.2 recoge para las edificaciones
legales situadas en suelo urbano, que se tasarán conjuntamente con
el suelo en la forma prevista en el artículo 37.2 y se tendrá en cuenta
su antigüedad y estado de conservación, para evitar el
enriquecimiento injusto.
Para supuestos de garajes, el informe diferencia el caso de que el
damnificado usara directamente la plaza o la tuviera arrendada. En el
primer caso, añade al valor del suelo el gasto de alquilar una
edificación de características análogas.
Por el contrario, si reclamaran sus propietarios, y la tuvieran
previamente alquilada a terceros, la valoración de la indemnización
considera la diferencia entre la renta que se les venía pagando y la que
se debe satisfacer para alquilar otra, de características análogas.
La valoración de la indemnización por daños morales carece de
módulos objetivos, como ha reconocido de forma recurrente esta
Comisión Jurídica Asesora, no obstante, el informe referenciado
destaca la posibilidad de reconocerlos en una pequeña proporción, en
el caso de las plazas de aparcamiento -a diferencia de su mayor
cuantía en casos de viviendas o locales de negocio-, al no ser
situaciones equiparables.
Aplicados los criterios anteriores al presente caso, se ha calculado
una cantidad total de 16.100 euros por todos los conceptos, según la
tasación del inmueble de la sociedad tasadora TINSA por el método de
comparación.
A la vista de todo lo expuesto, se observa, que se ha
proporcionado una amplia argumentación para sustentar la valoración
de los daños propuesta y, también, que todas las reclamaciones
34/35
suscitadas por el mismo motivo se han tratado en pie de igualdad y, a
la vez, teniendo en consideración sus circunstancias concretas, por lo
que a criterio de este órgano consultivo la cuantía indemnizatoria
resulta ajustada a Derecho.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 34.3 de la
LRJSP recoge que ?la cuantía de la indemnización se calculará con
referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio
de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de
responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad,
fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que
procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales
se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas
presupuestarias de las Comunidades Autónomas?.
En aplicación de lo expuesto, se actualiza la cantidad
indemnizatoria de 16.100 euros al Índice de Garantía de la
Competitividad, resultando un total de 16.422 euros.
En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
CONCLUSIÓN
La propuesta de acuerdo de terminación convencional del
presente procedimiento de responsabilidad patrimonial, aceptada por
los perjudicados, resulta conforme a Derecho.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
35/35
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de
conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 19 de octubre de 2023
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen nº 562/23
Excmo. Sr. Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
C/ Maudes, 17 - 28003 Madrid
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