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11/12/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0556/23 del 19 de octubre de 2023
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 19/10/2023
Num. Resolución: 0556/23
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 19 de octubre de 2023, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido de oficio por la citada consejería con los titulares del local comercial, ??, sito en la calle ??, de San Fernando de Henares, por los daños derivados de las obras del tramo del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares (RPO 13-22), en el que figuran como interesados Dña. ?? y D. ?? .Tesauro: Daño efectivo
Daño. Valoración
Daños en edificio
Daño por ejecución de obra
Daño moral
Procedimiento administrativo. Iniciación
Procedimiento administrativo. Tramitación
Prueba. Admisión e inadmisión
Prueba. Valoración
Ruina
Lucro cesante
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, en su sesión de 19 de octubre de 2023,
aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero
de Vivienda, Transportes e Infraestructuras al amparo del artículo 5.3
de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial promovido de oficio por la citada consejería
con los titulares del local comercial, ??, sito en la calle ??, de San
Fernando de Henares, por los daños derivados de las obras del tramo
del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, comprendido entre las
estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares (RPO 13-22), en
el que figuran como interesados Dña. ?? y D. ?? .
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 2 de octubre de 2023 tuvo entrada en el registro
de la Comisión Jurídica Asesora la solicitud de dictamen preceptivo,
cursada a través del consejero de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras, en relación con la reclamación de responsabilidad
patrimonial mencionada en el encabezamiento.
Dictamen n.º: 556/23
Consulta: Consejero de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 19.10.23
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La citada solicitud se ha formulado con carácter urgente. La
urgencia se justifica en la gravedad de los daños causados a los
inmuebles; la elevada cantidad de afectados; la gran alarma social
causada al municipio de San Fernando de Henares; las graves
consecuencias personales, familiares y económicas que están
padeciendo los afectados y, finalmente, porque ?la complejidad de la
tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, debido
a la dificultad de completar la documentación necesaria, al elevado
número de expedientes y a la singularidad técnica de los mismos ha
supuesto un alargamiento en el tiempo de tramitación?.
A dicho expediente se le asignó el número 559/23, comenzando el
día señalado el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora,
aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno
(en adelante, ROFCJA).
La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la letrada
vocal Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán, que formuló y firmó la
oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de
esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 19 de octubre de 2023.
SEGUNDO.- Del expediente remitido resultan los siguientes
hechos, de interés para la emisión del presente acuerdo que, a
continuación, se relacionan:
1.- El contrato de obras ?Infraestructura de prolongación de la línea
7 del Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3:
Coslada-San Fernando de Henares? fue adjudicado por el ente de
derecho público de la Comunidad de Madrid ?MINTRA, Madrid,
Infraestructuras del Transporte?, en septiembre de 2004 a la empresa
?Dragados, S.A.". Dicho tramo pertenece a la línea 7B que transcurre
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entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares y tiene
un total de siete estaciones.
El 25 de abril de 2006 se aprueba el modificado nº1 al "Proyecto de
construcción de la infraestructura de prolongación de la línea 7 del Metro
de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San
Fernando?. Las obras finalizaron en 2007 y la línea entró en servicio.
2.- Ley 4/2011, de 28 de julio, de extinción de MINTRA (Madrid,
Infraestructuras del Transporte) y se estableció en artículo único
apartado 2, que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
resultantes de la extinción se integraban en la Dirección General de
Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, ?que prestará las funciones que correspondían
a dicha entidad?.
3.- Desde la puesta en funcionamiento del tramo que discurre
entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares se
detectaron diversas incidencias, tanto en la infraestructura del metro
(túnel y pozo de bombeo PK 2+890) como en las edificaciones del
exterior, concentrándose la mayor parte en la zona del pozo de
ventilación del tramo del túnel ubicado en la calle Rafael Alberti del
municipio de San Fernando de Henares, a consecuencia de filtraciones
de agua, que provocaron movimientos del terreno y daños a las
edificaciones aledañas. Estas incidencias obligaron a la realización de
numerosas obras de rehabilitación y consolidación desde prácticamente
la puesta en funcionamiento del servicio hasta la actualidad,
conllevando en algunos casos como el presente, la demolición de
determinados inmuebles.
4.- Con la finalidad de encontrar el origen de las patologías
detectadas, DRAGADOS, S.A., como empresa contratista, encargó el
informe ?Seguimientos hidrogeológicos en el túnel de la Línea 7 de Metro
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de Madrid- Tramo III Coslada-San Fernando?, redactado por GEOCISA
en diciembre de 2011.
Este informe apunta que las entradas de agua se producían por
filtraciones a través de fisuras y grietas en las paredes del pozo de
evacuación, que se había convertido en un pozo de extracción de agua
subterránea, en lugar de uno de recepción.
Con la construcción del túnel y posterior drenaje del agua
procedente de éste, se produjo la movilización de un flujo de agua
subterránea y con él, el inicio de un proceso de disolución del terreno. A
su vez, la entrada progresiva de agua ocasionó la karstificación del
terreno, que es un fenómeno producido en suelos de yesos y calizas,
que se disuelven por efecto del agua, dando lugar a la aparición de
oquedades, rellenas o no, que pueden conllevar a hundimientos bruscos
del terreno.
Estos hechos señalaban una conexión hidráulica entre el túnel y el
rio Jarama, dándose una inversión del flujo subterráneo preexistente,
actuando el rio como fuente de recarga del sistema kárstico y el pozo de
Metro como descarga artificial del mismo.
5.- A la vista de las deficiencias citadas, la Consejería de
Transportes e Infraestructuras acordó el inicio de un expediente de
exigencia de responsabilidad por vicios ocultos a la empresa contratista
Dragados S.A., que se resolvió por la Orden de 18 de noviembre de 2016
por la que se dispuso declarar a la empresa Dragados S.A. responsable
de los daños derivados de los vicios ocultos detectados en las obras y se
le reclamó una cantidad en concepto de indemnización por los
perjuicios. Formulado recurso de reposición, este fue desestimado por
Orden de 20 de diciembre de 2016.
6.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la empresa
contratista contra las anteriores resoluciones (Procedimiento Ordinario
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8/2017), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección 3) dictó la Sentencia de 9 de enero de
2019 que anuló las citadas órdenes. Según la citada sentencia:
?La conclusión no puede ser otra que diseñado el pozo de bombeo
como permeable, el agua comenzó a filtrarse por el mismo cuando
MINTRA empezó a bombear agua, atrayendo más agua que disolvió
el terreno alrededor del pozo y por debajo del túnel, lo que provocó el
movimiento del mismo, abriéndose sus juntas al atacar las aguas
salinas el mortero del gap y acelerando el proceso de karstificación
que se desató, lo cual evidencia que la causa del problema radicó,
efectivamente, en el diseño de la permeabilidad del pozo, cuya
responsabilidad no puede atribuirse a "Dragados, S.A." sino a
MINTRA que supervisó y aprobó el modificado del proyecto que
incluía la ejecución del pozo de bombeo como permeable, lo que se
reveló como el defecto de proyecto determinante de la inundación del
túnel. No cabe imputar "Dragados, S.A." una mala ejecución del
túnel, que no solo no ha quedado en modo alguno acreditada, sino
además porque en el proyecto de la obra tampoco se recogía la
impermeabilización del túnel, de manera que la causa de la ruina
producida fue el defecto del proyecto consistente en no tener en
cuenta las singularidades del terreno que exigía un pozo
impermeable en lugar del que se diseñó y ejecutó conforme al
proyecto de la obra?.
El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto
por la Comunidad de Madrid contra la citada sentencia por lo que esta
devino firme.
7.- Desde la aparición de dichos daños, se efectuaron inspecciones
a las viviendas y auscultación y control de los edificios, para realizar un
seguimiento constante de la situación. Entre los años 2009 y 2021, se
han realizado contratos de emergencia para la estabilización de los
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terrenos del entorno como consecuencia de los asentamientos y para la
impermeabilización del túnel de Metro de la línea 7B. Las diversas
actuaciones realizadas en la zona para solucionar estas afecciones en
principio parecían haber solucionado el problema.
No obstante, desde mediados de agosto 2018 y hasta octubre de
2019, se incrementaron las quejas de los vecinos, por lo que se procedió
a realizar nueva visita a las edificaciones, emitiendo informe la Unidad
de Seguimiento y Control del contratista de auscultación y supervisión
geotécnica (USAC).
Posteriormente, en enero del año 2020 se elaboró un informe
técnico por la UTE Servicios Comunidad de Madrid sobre ?la situación
de las edificaciones en el entorno de la línea 7 B de metro y su relación
con los movimientos del terreno? donde se determina que los daños
aparecidos en la calle de la Presa de San Fernando de Henares (según
inspecciones realizadas a lo largo del año 2019) podían calificarse de
graves en algunas viviendas, siendo muy posible su evolución a muy
graves.
8.- Debido a esta situación se contrató a la empresa INES,
Ingenieros Consultores, S.L. por procedimiento de emergencia para el
servicio de diagnosis y seguimiento geotécnico del terreno en las
inmediaciones de la línea 7B de Metro, entidad que emitió una nota
técnica el día 7 de diciembre de 2020, en la cual se destacaba que a
partir de agosto de 2020 se observaba una aceleración del proceso, al
haber nuevos descensos en el entorno del pozo PK 2+890, lo que hacía
necesario realizar nuevas actuaciones en las calles Presa y Rafael
Alberti, así como en el propio pozo.
Estas actuaciones consistieron fundamentalmente en obras de
consolidación del terreno que finalizaron en el mes de abril de 2021, sin
haberse observado durante ese período movimientos relevantes de
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asientos diferenciales, hasta la primera semana del mes de mayo en la
que se produjeron nuevos movimientos de asiento en las viviendas.
Dada la existencia de estos nuevos asientos del terreno en torno a
las viviendas tras las obras de consolidación, se procede a buscar el
origen, detectándose una anomalía en el entorno del cruce de las calles
de la Presa y Rafael Alberti, donde se ubica el pozo PK 2+890, por lo que
se insta al Canal de Isabel II a su revisión, como responsable del
mantenimiento de la infraestructura y del alcantarillado municipal,
comprobándose que el pozo de registro, el PK 2+890, perteneciente a la
red general, se encontraba averiado y su fondo horadado, produciendo
pérdidas de agua.
El Canal de Isabel II realiza unos primeros trabajos de reparación
del pozo y del colector municipal en mayo y junio de 2021 y
posteriormente efectúa el desvío definitivo del agua bombeada desde el
pozo reparado a un nuevo colector (en la calle Francisco Sabatini) que
acomete al colector principal (en la calle Ventura de Argumosa).
Con la aparición de los nuevos asientos diferenciales, la situación
de los daños en las viviendas situadas en el entorno del pozo PK 2+890
se agravan, siendo necesario encargar por procedimiento de emergencia
a través de la Orden de la Consejería de Transportes e Infraestructuras
de 26 de julio de 2021, los trabajos de rehabilitación estructural del
edificio sito en la calle de la Presa número 33 y de refuerzo estructural y
reparación de elementos asociados del edificio sito en las calles de la
Presa número 4 y Rafael Alberti 1 y 3, ampliada el 14 de septiembre de
2021 para incluir el realojo de los vecinos de los inmuebles afectados.
Tras el estudio de las patologías detectadas y ante la imposibilidad
de rehabilitar los edificios afectados, la Subdirección General de
Concesiones, Patrimonio y Conservación insta del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares la declaración de ruina legal urbanística de los
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inmuebles situados en las calles de la Presa 4 y Rafael Alberti números
1 y 3, lo que se produce mediante Decreto 645/22 de 6 de abril de
2022, siendo el daño, por tanto, irreversible, ordenando la demolición
de las viviendas.
9.- Así, mediante Orden de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras de 7 de abril de 2022, segunda modificación y
ampliación de la Orden de 26 de julio de 2021, se procede a ordenar la
demolición de los edificios afectados y a garantizar el realojo de los
vecinos hasta la conclusión de las obras de demolición, con fecha de
finalización el 20 de septiembre de 2022.
TERCERO.? Con fecha 18 de febrero de 2022 la Dirección General
de Infraestructuras de Transporte Colectivo solicita, mediante petición
razonada a la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, el inicio de aquellos procedimientos de
responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en los daños derivados
de las obras de construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro
de Madrid, en el tramo comprendido entre las estaciones de Barrio del
Puerto y Hospital del Henares.
La Orden de 21 de febrero de 2022 de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras acordó el inicio de oficio de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en las obras de
construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro de Madrid.
La orden de inicio de oficio de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, después de efectuar una relación de los
hechos, contiene unos fundamentos de derecho, entre los cuales hay
que destacar el quinto, que individualiza los inmuebles afectados: calle
de la Presa, números 4, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 y 33; calle
Rafael Alberti, números 1 y 3; calle Pablo Olavide, números 9 y 11; calle
Ventura Argumosa, número 20 (F y G) y calle Nazario Calonge, número
5, ?sin perjuicio de la posibilidad de incluir nuevos inmuebles afectados
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en el caso de que se dieran las circunstancias y requisitos legales para
ello?.
En su fundamento de derecho sexto determina quiénes tienen la
condición de interesados en los procedimientos que enumera:
?- Las personas físicas o jurídicas titulares de los bienes inmuebles
citados.
- Las personas físicas ocupantes de las viviendas situadas en los
edificios citados.
- Las personas físicas o jurídicas titulares de actividades
económicas desempeñadas en los edificios citados.
- Cualesquiera otros que acrediten ostentar un derecho o interés
legítimo, o bien que ello se deduzca de la tramitación del
correspondiente procedimiento?.
Finalmente, en el fundamento jurídico séptimo se establece lo
siguiente: ?Estos procedimientos de responsabilidad patrimonial se
inician sin perjuicio de la posible intervención de otros agentes en la
producción del daño cuyas responsabilidades se determinarán en la
tramitación de los expedientes y respecto a los cuales la Consejería de
Transportes e Infraestructuras se reserva las acciones legales necesarias
para exigir y resarcir los perjuicios que les sean imputables?.
La Orden de 21 de febrero de 2022 de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 7 de marzo de 2022, ?sin perjuicio de su
notificación individual a los interesados?.
Asimismo, con fecha 18 de marzo de 2022 se notificó el inicio del
procedimiento a los interesados, en su condición de titulares del local
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comercial y se les requirió para que aportaran documentación
acreditativa de su identidad; relación de los daños producidos en sus
bienes y derechos; documentación acreditativa de la titularidad de los
bienes y derechos afectados; cuantificación del daño producido y su
justificación; en caso de haber percibido cualquier prestación por parte
de alguna Administración Pública por el objeto de la reclamación,
señalar su importe, el concepto y la Administración otorgante; en caso
de haber presentado alguna reclamación por responsabilidad en vía civil
o administrativas por los mismos hechos, informar sobre la misma y,
finalmente, cualquier otra documentación que se considerara adecuada.
El día 22 de marzo de 2022, los interesados, asistidos por abogado,
presentan escrito, en calidad de afectados por la Línea 7B San
Fernando de Henares. En el citado escrito, firmado por ellos, solicitan
ampliación del plazo concedido por la Administración, por la dificultad
de obtener y elaborar los documentos requeridos por la Administración.
Por Resolución de 25 de marzo de 2022 del Área de Recursos y
Asuntos Contenciosos de la Subdirección General de Régimen Jurídico
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras se accede a la ampliación solicitada.
El día 4 de abril de 2022, el representante de los interesados
presenta escrito con el que adjunta el encargo efectuado a un arquitecto
para la valoración de los daños e insiste que ante el elevado número de
afectados y el escaso margen de tiempo concedido por la
Administración, no es posible aportar en ese momento.
Solicitan que el instructor del procedimiento acuerde la apertura
de la fase de prueba en la que, además de aportar los documentos
mencionados, proponen la declaración de los profesionales encargados
de la elaboración de dichos informes.
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Proponen como prueba, además de la documental pública y
privada que aportan, así como los informes obrantes en el expediente, la
documentación que se ha presentado ante el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares en relación con los daños; testifical del alcalde y
del coordinador de Urbanismo del citado municipio, testifical de dos
peritos, el primero en calidad de firmante del informe encargado al
Instituto de Valoraciones, S.A., para determinar el valor de tasación del
inmueble, así como la pericial de un arquitecto de San Fernando de
Henares con gran experiencia y conocedor de la tipología de los
inmuebles y de la evolución del mercado inmobiliario.
Además, aportan una nota simple registral relativa a la titularidad
del local por parte de los interesados con carácter ganancial, adquirido
mediante compraventa formalizada en escritura pública autorizada el
23 de noviembre de 1982.
Con fecha 13 de abril de 2022 se formuló consulta a la Abogacía
General de la Comunidad de Madrid en relación con las siguientes
cuestiones:
1.-La posibilidad de prorrogar la cobertura económica de los gastos
que se estaban sufragando en ese momento por la Comunidad de
Madrid una vez finalizados los encargos de emergencia.
2.- Si sería viable la opción de abonar tales gastos como anticipo de
las futuras indemnizaciones derivadas de los expedientes de
responsabilidad patrimonial en tramitación.
3.-En caso de no que resultase posible esa vía, si habría alguna
otra fórmula jurídica que pudiera amparar el mantenimiento de estos
gastos
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La Abogacía General de la Comunidad de Madrid emitió su informe
el 27 de abril de 2022, manifestando que, extinguida la vigencia del
encargo a TRAGSA, no cabía seguir asumiendo los gastos de realojo de
las familias afectadas al amparo del mismo. Asimismo, se señalaba que
la regulación legal del procedimiento de responsabilidad patrimonial no
contempla la posibilidad de realizar abonos a cuenta de futuras
indemnizaciones, sin perjuicio de tomar en consideración la posibilidad
de terminación convencional de los procedimientos, de conformidad con
el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Con fecha 14 de junio de 2022, los abogados actuantes aportan a
las actuaciones, copia de la escritura pública de poder para pleitos, de
13 de mayo de 2022, otorgada por los interesados en favor de los
citados abogados.
Consta en el expediente un nuevo requerimiento de aportación de
documentación a los interesados, notificado el 15 de julio de 2022.
Dicho requerimiento fue contestado el 27 de julio de 2022, adjuntando
la copia de la nota simple registral ya aportada en su día, y solicitando
una nueva ampliación de plazo, sin perjuicio de anticipar que forman
parte de la ?Asociación de Afectados Metro de Madrid Rafael Alberti y
Presa de San Fernando de Henares? (en adelante, asociación de
afectados), cuyos archivos dejan designados para lo que pudiera ser
necesario y que reclaman todos los conceptos indemnizatorios que
públicamente han puesto de manifiesto los afectados. Asimismo,
reiteran la práctica de las pruebas ya solicitadas.
Con fecha 1 de agosto de 2022, la asociación de afectados presenta
escrito con el que adjunta un certificado de tasación de diversas
viviendas y plazas de garaje, que realiza una valoración en conjunto por
importe de 5.710.941,92 euros.
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El 8 de agosto de 2022, el representante de los interesados aportó
diversa documentación entre la que se incluye, la declaración del IVA
correspondiente a los años 2016 a 2020 por el servicio de peluquería a
nombre de uno de los interesados; el recibo del IBI correspondiente al
año 2021 y la póliza del seguro multirriesgo del local. Además, se
cuantifica provisionalmente el importe de la indemnización en
310.775,68 euros, cantidad que incluye 60.000 euros en concepto de
daños morales.
Con fecha 1 de septiembre de 2022 se formuló nueva consulta a la
Abogacía General de la Comunidad de Madrid en relación con la
posibilidad, en el marco de la tramitación de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, de efectuar acuerdos con los interesados,
que no tengan naturaleza de finalizadores del procedimiento, por una
duración determinada y solo en referencia al concepto susceptible de
indemnización por alojamiento, al ser un gasto en el que incurren los
damnificados como consecuencia de los derribos de sus viviendas y con
independencia de la resolución final del procedimiento. Además, se
cuestionaba en la petición de informe si, en el caso de que fuera posible
llevar a cabo el acuerdo parcial referido anteriormente, por una
duración determinada y cuyo importe no superaría 15.000 euros, sería
preceptiva la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora.
En informe de 9 de septiembre de 2022, la Abogacía General de la
Comunidad de Madrid concluye que ??el artículo 86.1 de la Ley
39/2015, resulta de aplicación a los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, pudiendo, conforme al mismo, adoptar acuerdos no
finalizadores del procedimiento administrativo, con carácter previo a la
resolución que le ponga fin?.Los eventuales acuerdos no finalizadores
del procedimiento que pudieran adoptarse no deben ser sometidos a
Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid,
pues dicho órgano consultivo solo emite dictamen, en su caso, una vez
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redactada la propuesta de resolución o de acuerdo de terminación
convencional?.
Con fecha 22 de septiembre de 2022 se requiere a los interesados
para que aporten la documentación ya requerida, respecto de la cual se
había dado cumplimiento parcial. Particularmente cabe reseñar que
entre otros aspectos se les requería para que aportaran la escritura de
compraventa del local; informe pericial acreditativo del lucro cesante; la
declaración del impuesto de la renta de las personas físicas en los
últimos tres años; el alta en el impuesto de actividades económicas y el
alta en la seguridad social, además de la declaración de no haber sido
indemnizados.
Con fecha 10 de octubre de 2022, el representante de los
interesados aporta escrito al que se adjunta, copia de la escritura
pública, de 23 de noviembre de 1982, de compraventa del local de
referencia por los interesados y diversa documentación fiscal, así como
la declaración de no haber sido indemnizados.
La secretaria general técnica de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras resuelve, con fecha 31 de octubre de 2022, la solicitud
de prueba formulada con la reclamación, admitiendo la documental y
pericial propuestas e inadmitiendo la testifical solicitada, al
considerarla innecesaria al no resultar idónea para la aclaración de los
hechos. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de alzada el
día 2 de diciembre de 2022.
Solicitado por el instructor del procedimiento informe a la
Subdirección General de Concesiones, Patrimonio y Conservación,
consta en el expediente un informe, de 25 de noviembre de 2022, de un
despacho jurídico acerca de los parámetros de cálculo que deben ser
tenidos en cuenta para el pago de las indemnizaciones en los
procedimientos de responsabilidad patrimonial.
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El 30 de diciembre de 2022 se solicitó informe a la Abogacía
General de la Comunidad de Madrid en relación con la conformidad a
Derecho de la compensación por la totalidad del valor de los inmuebles,
es decir, incluyendo la cuantificación de las construcciones y la
integridad del importe de los suelos, a pesar de que los interesados
vayan a mantener la titularidad de los mismos, pues pudiera producirse
un enriquecimiento injusto.
Por otro lado, se cuestionaba el órgano consultante sobre la
eventual imposibilidad jurídica de incluir en los acuerdos de
terminación convencional la transmisión de la titularidad de los
inmuebles y/o algún tipo de renuncia de los afectados referente a la
propiedad de los suelos o al ejercicio de acciones sobre el dominio de los
mismos, y sobre si, en caso afirmativo, cuál sería la figura jurídica
idónea, el procedimiento y el órgano competente.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid emitió informe de
9 de enero de 2023 refiriendo que, para determinar el alcance de la
responsabilidad patrimonial de la Administración y, por tanto, la
indemnización, la valoración del suelo debe realizarse en los términos
de los artículos 34 y siguientes del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana. De igual modo, el informe refiere que la
inclusión en la indemnización del valor de tasación calculado en los
términos del RDL 7/2015, comprensivo del terreno y la edificación, no
comporta, por sí mismo, un enriquecimiento injusto, siempre que ello
obedezca a criterios legales de determinación del daño producido en las
viviendas, a fin de conseguir la reparación de los mismos que es la
función propia del procedimiento de responsabilidad patrimonial, si
bien debería excluirse el valor residual si existiese. Por último, se
concluye que unir en un solo procedimiento la responsabilidad
patrimonial y la adquisición de la propiedad de unos bienes podría
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suponer una contravención de la regulación propia de una y otra
institución.
El día 10 de enero de 2023, la asociación de afectados presenta
escrito para comunicar el cambio de representante al haber causado
baja laboral el anterior letrado representante de la asociación.
La Dirección General de Infraestructuras del Transporte Colectivo
ha emitido informe con fecha 19 de enero de 2023. El informe se
pronuncia sobre la relación de causalidad y la responsabilidad de la
administración. Según el informe:
?Los acontecimientos geotécnicos que han provocado los asientos del
terreno afectando a las construcciones de la zona, derivan de las
obras de construcción de la Línea 7B, todo ello sin perjuicio de la
eventual intervención de otros factores como las deficiencias en el
mantenimiento de la red de saneamiento municipal gestionada por
el Canal de Isabel II desde el 2012 y con anterioridad por el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Por ello, existe una
relación de causalidad entre la actuación de la Comunidad de
Madrid y los daños sufridos en las edificaciones de la zona por lo
que esta Administración es responsable de los perjuicios, con
independencia de la posible concurrencia de otros agentes, cuya
participación y responsabilidad se determinará en el expediente
correspondiente.
En resumen, las causas han sido las siguientes:
Permeabilidad del pozo de ventilación y bombeo PK 2+890 que ha
favorecido el drenaje de la zona con la consiguiente disolución de
sales solubles, asentamientos del terreno y desestabilización de
todas las infraestructuras cercanas.
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Rotura de parte del saneamiento municipal que ha recirculado el
volumen de agua drenada multiplicando los efectos de disolución de
las sales solubles.
Comportamiento del túnel de Metro como un gran drenaje una vez
disuelto el relleno entre las dovelas que lo conforman y el terreno
como consecuencia del punto 1 que ha incrementado la capacidad
de disolución al facilitar el movimiento de un caudal superior de
agua.
Todo ello ha ocasionado la aparición de asientos diferenciales en las
cimentaciones de las edificaciones y, en algunos casos, estos
asentamientos han provocado la ruina de las edificaciones?.
El informe valora el local comercial, de acuerdo con la tasación
efectuada por la empresa Tinsa, en 53.100 euros. Señala que no
constan datos sobre muebles y enseres del local y que, desde el 14 de
septiembre de 2021 hasta el 20 de septiembre de 2022, con cargo a la
actuación de emergencia no constan gastos de alquiler del local
comercial alternativo.
El informe se acompaña con toda la documentación citada en el
mismo.
Con fecha, 26 de enero de 2023, la Administración concedió
trámite de audiencia a los interesados (notificado el día 31 de igual mes)
para que formularan las alegaciones y presentaran los documentos que
estimaran pertinentes, con la advertencia de que, en el caso de que
solicitaran los gastos de alojamiento, habría que cuantificarlos y
acreditarlos. Asimismo, se le daba traslado de una propuesta de
acuerdo de terminación convencional finalizador del procedimiento de
responsabilidad patrimonial en relación con el artículo 86.1 y 5 de la
LPAC, en el que la Consejería de Transportes e Infraestructuras se
18/46
comprometía a abonar la cantidad de 122.572,3 euros, correspondiendo
53.100,00 euros por el bien inmueble, 31.770,36 euros por los bienes
muebles, 15.701,94 euros por lucro cesante y 20.000 euros por daño
moral.
El día 1 de febrero de 2023, la representante de la asociación de
afectados presenta escrito en el que solicita con carácter general para
todos sus asociados la suspensión del procedimiento y sus plazos hasta
que se resuelva el recurso de alzada formulado contra la denegación de
las pruebas, así como formula alegaciones en relación con la
tramitación del procedimiento.
Consta, igualmente, que se ha concedido el trámite de audiencia,
por escritos de 2 y 6 de febrero de 2023 al Canal de Isabel II, al
Ayuntamiento de San Fernando de Henares y a la asociación de
afectados.
La secretaria general técnica de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, por Resolución de 8 de febrero de 2023, desestima las
peticiones de suspensión del plazo de trámite de audiencia, así como de
resolución del procedimiento solicitada.
El 21 de febrero de 2023, el representante de los interesados
presenta escrito en el que solicita que, previa práctica de las pruebas
solicitadas y que le han sido denegadas se procede a ?indemnizar a los
interesados por todos los conceptos manifestados y los que se todavía
acrediten en el proceso, conforme a un criterio de restitución íntegra por
todos los daños y perjuicios ocasionados y con arreglo a las valoraciones
efectuadas por esta parte en el seno del expediente?. Además, rechaza
provisionalmente la terminación convencional del procedimiento y
aporta un informe pericial que valora el lucro cesante en 43.527,46
euros y la pérdida del valor de fondo de comercio en 82.341,27 euros.
19/46
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, con fecha 27 de
febrero de 2023, presenta escrito de alegaciones en el que, partiendo del
reconocimiento de responsabilidad patrimonial por parte de la
Comunidad de Madrid, señala que no hay un problema de
mantenimiento del pozo por parte del ayuntamiento anterior a 2012,
?dado que esa filtración de agua con componentes corrosivos derivada de
las obras de Metro excedía con mucho cualquier labor ordinaria de
mantenimiento?. El escrito de alegaciones añade que el citado
ayuntamiento ha costeado con el Plan Sanea una obra que se justifica
única y exclusivamente en el deterioro del colector al que se estaban
vertiendo las aguas del pozo de bombeo, debido a la naturaleza
corrosiva de los vertidos y a su alto volumen. El Ayuntamiento de San
Fernando de Henares reclama, finalmente, los daños sufridos por dicho
ayuntamiento como consecuencia de las obras de la línea 7B de Metro
en las infraestructuras urbanas; en la recogida de residuos urbanos (al
ser necesarios los itinerarios de recogida, instalación de cubos móviles
para poder realizar la recogida de manera regular); en vallas y
palenques; afecciones sobre servicios municipales como la atención
personalizada y gestión de expedientes urbanísticos, servicios de
emergencia y servicios sociales; tasas e impuestos dejados de percibir y
conexión del colector con cargo al Plan Sanea.
En relación con los expedientes de responsabilidad patrimonial
tramitados por la Comunidad de Madrid dice que las indemnizaciones
previstas son demasiado bajas, al considerar que no están completas ni
contemplan el coste de reposición de los bienes. Además, considera que
la indemnización de los propietarios debería comprender el coste del IBI
y de las tasas municipales suspendidas en el ejercicio 2022.
El escrito de alegaciones del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares concluye solicitando la apertura de un expediente específico
con la finalidad de valorar el importe del resarcimiento que le
20/46
corresponde por los perjuicios sufridos por dichas obras en los bienes y
servicios municipales y la apertura del período de prueba para la
evaluación de tales daños.
Con fecha 3 de marzo de 2023, la asociación de afectados presenta
escrito de alegaciones en las que, manifestando la disconformidad con
la valoración efectuada por la Administración, manifiesta ?la
disponibilidad de los afectados y de la Asociación para la terminación
convencional de los expedientes mediante acuerdos satisfactorios para
los perjudicados que cubran los conceptos y las cuantías reclamados? y
la disconformidad con las valoraciones presentadas por la
Administración. Reclama, además, ?los gastos y desembolsos asumidos
por la Asociación por cuenta de los perjudicados?, entre otros, gastos de
dirección jurídica y técnica, así como de auscultaciones periciales sobre
la evolución de los daños. Reitera que se practiquen todas las pruebas
solicitadas. Finalmente solicita la apertura de nuevos expedientes para
todos los miembros de la asociación sin necesidad de esperar al derribo
o al colapso de nuevos edificios.
El día 13 de marzo de 2023 la instructora del procedimiento
solicita a la Subdirección General de Concesiones, Patrimonio y
Conservación, a la vista de las diferencias observadas entre las
valoraciones elaboradas por TINSA y las presentadas por la asociación
de afectados, aclaración del informe de tasación de los inmuebles
aportado, ?con análisis de los criterios de valoración y metodologías
empleadas en los informes de tasación?.
Con fecha 28 de marzo de 2023 presenta alegaciones la entidad
Canal de Isabel II en su condición de interesada y perjudicada en el
procedimiento de responsabilidad patrimonial. Alega que la autoría y
ejecución del proyecto fue redactado por la empresa contratada por
MINTRA; que hubo un error del proyecto; falta de impermeabilidad del
túnel, del pozo y de las estaciones; entrada de agua por las paredes del
21/46
pozo de bombeo; falta de detección temprana del problema concurrente
y, finalmente, incorrecto diseño de las infraestructuras proyectadas.
Señala que los daños en las viviendas y edificios comenzaron a
manifestarse en el año 2008 y que Canal de Isabel II comenzó a prestar
el servicio de alcantarillado en el municipio de San Fernando de
Henares, tras la firma del convenio suscrito con fecha 6 de junio de
2012 y que desconoce en qué términos el citado ayuntamiento autorizó
a MINTRA el vertido de las aguas freáticas bombeadas desde el pozo de
ventilación y bombeo PK 2+890 a la red de alcantarillado municipal.
El Canal de Isabel II no considera que la perforación lateral que
presentaba el pozo de la red de alcantarillado sea causa concurrente en
la aparición de los daños en las viviendas y edificios colindantes por los
siguientes motivos:
?1.- No es creíble que esa pequeña perforación lateral haya pasado
desapercibida en la multitud de informes periciales aportados a la
reclamación, tanto en vía administrativa como judicial.
2.- No se acepta, ni como mera hipótesis, que los procesos de
karstificación registrados en la zona tengan su origen en los vertidos
que, a juicio de INES, se pudieron producir desde la fisura del
colector afectado.
3.- Canal de Isabel II, SA tardó 48 horas en arreglar la perforación
lateral detectada.
4.- Aunque se desconoce la causa de la perforación, es muy
probable que se produjese por el desgaste al que se vio sometida
esa parte alta del pozo por unos vertidos continuados y con alta
concentración salina durante más de quince años.
22/46
5.- Los procesos de disolución de las sales del terreno operan
principalmente por en contacto con aguas limpias provenientes del
nivel freático del río Jarama, no por aguas con una alta
concentración de sales como las que se vertían al pozo de la red de
alcantarillado.
6.- Conforme al informe elaborado por la mercantil TÚNELES Y
GEOMECÁNICA, SL, en el peor de los casos analizados y a modo de
hipótesis, el colector podría haber generado un asiento máximo de
0,5 mm. Este asiento es prácticamente despreciable, y en ningún
modo puede considerase como responsable de ninguna patología
sobre los edificios próximos.
7.- Tras las rehabilitaciones de los colectores de la calle Presa y el
desvío de los caudales procedentes del freático bombeados desde el
pozo PK 2+890 a los que se ha hecho mención anteriormente, no se
ha reducido la evolución desfavorable de los movimientos verticales
y los asientos siguieron acusándose durante todo 2021, por lo que la
circulación del agua es totalmente ajena a la red de saneamiento?.
El escrito de alegaciones del Canal de Isabel II finaliza reclamando
los daños y perjuicios sufridos por dicha entidad, al haberse visto
afectada la prestación del servicio de depuración a través de la EDAR de
San Fernando de Henares. Refiere que ha recibido una reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares por los daños causados en distintas especies
arboladas y arbustivas y en superficies cespitosas del municipio como
consecuencia del uso para su riego del agua regenerada proveniente de
la EDAR comprometida por los vertidos de agua derivadas de la obra
ejecutada, y por la que reclama una indemnización de 431.277,45
euros. Además, la Confederación Hidrográfica del Tajo le ha requerido
para que ajuste el vertido procedente de la EDAR de Casaquemada a las
condiciones bajo las que fue otorgada la autorización de vertido y,
23/46
además, le ha incoado dos procedimientos sancionadores por
incumplimiento del parámetro ?conductividad?.
El escrito de alegaciones se acompaña de un informe pericial
relativo a los problemas detectados en la línea 7 de Metro y su eventual
relación con las infraestructuras del Canal de Isabel II, de la
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares contra el Canal de Isabel II
y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la
Comunidad de Madrid, del requerimiento efectuado por la
Confederación Hidrográfica del Tajo así como de los procedimientos
sancionadores.
El 19 de abril de 2023 se resuelve finalmente en sentido
desestimatorio el recurso de alzada interpuesto contra la inadmisión
parcial de prueba.
El 19 de mayo de 2023, la Dirección General de Infraestructuras
remite informe de TINSA que se pronuncia en términos generales sobre
la metodología empleada en los informes de valoración de inmuebles,
con la finalidad de obtener el margen de variación razonable medio de
los valores de tasación emitidos, en general por las empresas de
tasación homologadas por el Banco de España. Además, se elabora por
dicha entidad tasadora una auditoría de la tasación aportada por la
asociación de afectados en la que se incluye el local comercial de los
interesados.
Otorgado nuevo trámite de audiencia el 22 de mayo de 2023, la
asociación de afectados presentó escrito fechado el 28 de mayo
posterior manifestando su disconformidad con los nuevos informes de
TINSA incorporados al procedimiento que califica como una violación de
los derechos fundamentales de los interesados y una vulneración del
24/46
procedimiento establecido por lo que solicita se declare la nulidad de
dicho trámite.
Finalmente, con fecha 6 de septiembre de 2023, el órgano
instructor fórmula propuesta de resolución estimatoria parcial por la
que se indemnizaría a los interesados con un total de 140.353,04 euros,
correspondiendo: 53.100,00 euros al bien inmueble; 31.770,36 euros
por los bienes muebles; 35.482,68 euros, por lucro cesante y pérdida de
fondo de comercio y 20.000,00 euros por daño moral, para uno de los
interesados, sin perjuicio de su actualización.
Dicha propuesta de estimación parcial fue fiscalizada
favorablemente por la Intervención General de la Comunidad de Madrid
el 25 de septiembre de 2023.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28
de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, cursada a través de la
solicitud del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras,
órgano legitimado para ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por el
Decreto 5/2016, de 19 de enero, (en adelante, ROFCJA).
El dictamen se ha solicitado con carácter urgente de acuerdo con
lo establecido en el artículo 23.2 del Decreto 5/2016, de 19 de enero,
25/46
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora, según
el cual:? Cuando por razones de urgencia así se solicite, el plazo para la
emisión del dictamen se reducirá a la mitad.?. La urgencia se justifica en
el número de afectados, la repercusión personal y económica en los
afectados, la alarma social en el municipio y la complejidad del
procedimiento que ha llevado a alargarse su tramitación.
A este respecto, cabe recordar que el carácter urgente en la
solicitud de dictámenes tiene un carácter excepcional en tanto que la
limitación de medios impide emitir dictámenes en la mitad del plazo
cuando se acude a la utilización de esta previsión en numerosos
procedimientos. Por tanto, no resulta posible acceder a esas peticiones
cuando en breve espacio de tiempo se solicitan con tal carácter decenas
de dictámenes.
Llama la atención que la complejidad de la tramitación del
presente procedimiento que justifica ?el alargamiento en el tiempo de
tramitación? ?por la dificultad de completar la documentación necesaria,
al elevado número de expedientes y a la singularidad técnica de los
mismos? no se tiene en cuenta para este órgano consultivo al que se le
pretende exigir que emita el dictamen, incluso, en la mitad del plazo
ordinario.
Sobre la solicitud de dictamen con carácter urgente, esta Comisión
Jurídica Asesora ha declarado, entre otras ocasiones en sus dictámenes
394/22, de 21 de junio y 294/23, de 8 de junio, que el plazo de
urgencia previsto en el artículo 23.2 ROFJCA debe ponerse en relación
con el artículo 33.1 de la LPAC:
?Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar,
de oficio o a petición del interesado la aplicación al procedimiento de
la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los
26/46
plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los
relativos a la presentación de solicitudes y recursos?.
De esta forma, la tramitación urgente debe acordarse al inicio del
procedimiento y la reducción de plazos afectar a todos los trámites del
procedimiento.
En el presente caso se observa que se declaró su urgencia, una vez
iniciado el procedimiento y, además, que una vez acordada la
tramitación urgente el día 11 de abril de 2023, no se ha aplicado el
trámite de urgencia más que al plazo para emitir dictamen por la
Comisión Jurídica Asesora.
Como ha señalado reiteradamente esta Comisión Jurídica Asesora,
entre otros, en el ya citado Dictamen 294/23 y en el Dictamen 348/23,
de 29 de junio, debe resaltarse el carácter excepcional de la tramitación
urgente y, a tal efecto, resulta pertinente recordar el criterio del Consejo
de Estado expuesto en su Dictamen 779/2009, de 21 de mayo:
«Desde una perspectiva general, es preciso traer a colación las
observaciones realizadas tanto por el Tribunal Supremo como por
este Consejo a propósito de la urgencia (dictamen 2.268/98, de 28
de junio). A este respecto, cabe reiterar lo indicado por este consejo
en su Memoria de 1990 y reiterado con posterioridad en algunos
dictámenes, (entre ellos, el dictamen 2.268/98, citado):
?Es importante elevar al gobierno la preocupación del Consejo de
Estado respecto de la conveniencia ?si no necesidad- de que se haga
un uso meditado y prudente de las declaraciones de urgencia. Esta
observación se apoya, básicamente, en las siguientes razones:
- Las declaraciones de urgencia se suelen producir ?según acredita
una simple verificación estadística- en asuntos de especial
complejidad y envergadura, en los que, por lo mismo, puede padecer
27/46
más la calidad que el Consejo de Estado se esfuerza en mantener en
sus dictámenes.
- No es insólito que la declaración final de urgencia recaiga en
expedientes que ha experimentado notoria lentitud en su tramitación
anterior, ni lo es que se remita la documentación incompleta,
obligando a su devolución en petición de antecedentes.
- Es característica de la Administración consultiva clásica la de
operar con sosiego y reflexión, en un proceso no siempre rápido de
maduración, que puede quedar frustrado si se traslada al Consejo
de Estado, en demasía, las exigencias y apremios propios de la
Administración activa?».
A lo expuesto se une que, atender con carácter urgente a
determinados procedimientos implica darles preferencia frente a los
remitidos por otras consejerías o administraciones; dándose la
circunstancia que son numerosos los expedientes de responsabilidad
patrimonial en los que los daños vienen constituidos por lesiones físicas
de gravedad, que no merecen ser postergados por aquellos en los que se
trata de compensar daños materiales.
Por último, no cabe acudir a la urgencia cuando en la tramitación
del procedimiento se han producido dilaciones continuas por causas no
justificadas, tanto por el órgano instructor como por los propios
interesados, a los que se les ha tenido que requerir de manera
continuada para aportar documentación, lo que no denota un especial
interés, al menos de los representantes, en una rápida terminación del
procedimiento.
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial se regula en la LPAC, pues el procedimiento se incoó con
posterioridad a su entrada en vigor.
28/46
Según se expuso al relatar la secuencia de actuaciones del
procedimiento, nos encontramos ante un procedimiento iniciado de
oficio por la administración, ex. artículo 58 de la LPAC. Concretamente,
según consta, se trata de un supuesto que encaja en la situación
prevista en el artículo 67.1 de la LPAC que, como categoría particular
dentro de ese grupo referido a los procedimiento iniciado de oficio,
incluye los iniciados por petición razonada de otros órganos: ??
propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano
administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha
tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del
procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones
de inspección, averiguación o investigación?.
Efectivamente, en este caso, con fecha 18 de febrero de 2022, la
Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo solicitó,
mediante petición razonada a la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, el inicio de aquellos
procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en
los daños derivados de las obras de construcción y mantenimiento de la
línea 7B de Metro de Madrid, en el tramo comprendido entre las
estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares.
De esa forma, mediante Orden de 21 de febrero de 2022, de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras se resolvió iniciar de oficio
los procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa
en las obras de construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro
de Madrid. La indicada orden fue publicada el 7 de marzo de 2022 en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, además de comunicarse
singularmente a los afectados que constaban identificados.
La comunicación singular de esta orden iniciadora a los
interesados, se efectuó el 18 de marzo de 2022, reconociéndoles la
administración legitimación activa en el procedimiento, por su
29/46
condición de titulares del local comercial sito en la calle ??, de San
Fernando de Henares, afectado por la declaración de ruina subsiguiente
a los acontecimientos motivadores de este procedimiento.
Los interesados actúan representados por abogado, habiendo
presentado copia de la escritura de poder otorgada a favor de varios
letrados y procuradores. Se observa que, en ocasiones, se han
presentado escritos por la asociación de afectados en nombre de los
interesados. No obstante, en los citados escritos el representante de la
asociación de afectados dice actuar también en nombre de sus
asociados y, además, es alguno de los letrados a cuyo favor los
interesados otorgaron su representación por lo que, a pesar de la
confusión que generan algunos de los escritos presentados por la
asociación de afectados, debe concluirse no existe ningún defecto de
representación.
En cuanto al análisis de la legitimación pasiva, recordemos que se
plantea una responsabilidad patrimonial derivada de las complicaciones
subsiguientes a la parte ejecutada del contrato de obras ?Infraestructura
de prolongación de la línea 7 del Metro de Madrid a Coslada y San
Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San Fernando de Henares?, que
fue adjudicado por MINTRA, en septiembre de 2004 a la empresa
?Dragados, S.A." y que la Sentencia de 9 de enero de 2019, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sección 3) atribuyó las filtraciones de agua causantes de los
daños analizados a defectos de proyecto de la obra, no imputables a la
mercantil contratista.
Según todo ello, resulta que la legitimación pasiva corresponde a la
Comunidad de Madrid, puesto que, desde la extinción del ente de
derecho público ?MINTRA, Madrid, Infraestructuras del Transporte?,
operada por la Ley 4/2011, de 28 de julio, la Consejería de Transportes
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha asumido la totalidad
30/46
del contenido de sus bienes, derechos y obligaciones, según dispuso el
artículo único, apartado 2, de la norma últimamente citada, que previno
que tal contenido patrimonial se integraría en la Dirección General de
Infraestructuras de la referida consejería que, en adelante ?prestará las
funciones que correspondían a dicha entidad?.
En cuanto al plazo de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial es de un año, contado desde que se produjo el hecho o el
acto que motive la indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo (ex
artículo 67 de la LPAC), siendo este límite temporal aplicable al
supuesto de la iniciación de oficio, según dispone el artículo 65.1 de la
LPAC.
En el caso sujeto a examen, según se indicó, el día 6 de abril de
2022 el Ayuntamiento de San Fernando de Henares emitió el Decreto
645/2022, por el que se declaró en estado o situación legal de ruina
urbanística a las edificaciones de la calle de la Presa 4 y calle Rafael
Alberti 1 y 3, siendo de considerar al respecto que ya el 22 de
septiembre de 2021, la indicada Administración local había dictado el
Decreto 1988/2021 por el que se declaraba la situación de ruina física
inminente de la edificación de referencia, ordenando a los propietarios y
ocupantes de las viviendas, locales y garajes desalojar las mismas y de
igual modo que el 26 de enero de 2022 dicho ayuntamiento había
dictado el Decreto 171/2022 por el que se iniciaba el expediente de
declaración en estado o situación legal de ruina urbanística que
concluye en la apuntada fecha de 6 de abril de 2022, por lo que cabe
concluir que lógicamente, la incoación de este procedimiento se ha
producido en plazo.
Respecto a la tramitación del procedimiento, ha de estarse a lo
establecido en la LPAC, en referencia a su tramitación, para los casos
de inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,
que dispone que ?el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará
31/46
a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de
diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o
información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas
pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El
procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares
presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido?.
Por lo demás, en estos casos, la tramitación del procedimiento debe
continuar por sus trámites ordinarios, como ha ocurrido en el supuesto
analizado, debiendo desarrollarse la instrucción del procedimiento en
su totalidad para permitir establecer si concurren o no los presupuestos
normativos de la responsabilidad patrimonial de la administración.
En este caso, se ha solicitado informe del servicio al que se imputa
la producción del daño, conforme previene el artículo 81 de la LPAC,
habiéndose emitido por la Subdirección General de Concesiones,
Patrimonio y Conservación de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, en el que se aborda la relación de causalidad y la
responsabilidad de esta administración, e incluso, la valoración del
local comercial siniestrado.
Adicionalmente consta en el expediente un informe técnico
jurídico, de fecha 25 de noviembre de 2022, encargado por la Consejería
de Transportes e Infraestructuras a un despacho privado, acerca de los
parámetros de cálculo que debían ser tenidos en cuenta para efectuar el
pago de las indemnizaciones en estos procedimientos de
responsabilidad patrimonial.
Tratándose de unos expedientes que afectan a una pluralidad de
afectados se ha tratado de utilizar criterios uniformes de aplicación
objetiva para todos ellos, en los que se atiende a si la vivienda
siniestrada era, o no, la vivienda habitual, la condición de propietario,
arrendatario o titular de derechos reales sobre la misma, valoración de
32/46
los bienes muebles, valoración del daño moral para los ocupantes de la
vivienda y otras circunstancias.
En la tramitación del procedimiento, el instructor se ha
pronunciado sobre la prueba propuesta por los interesados acordando
inadmitir de manera motivada la testifical dado que no resultaba
controvertida la relación de causalidad. Contra el acuerdo de
inadmisión se interpuso recurso de alzada el día 2 de diciembre de
2022, respecto al que cabe señalar la tardanza en su resolución,
firmada el 19 de abril de 2023.
A partir de todo ello, la administración madrileña elaboró una
propuesta de terminación convencional, ajustada a las previsiones al
efecto de la LPCA que, en su artículo 86.1 determina tal posibilidad
pero que no ha sido aceptada por los interesados por discrepar los
conceptos indemnizables y su valoración.
Posteriormente se ha concedido el trámite de audiencia y
alegaciones a los afectados y al Ayuntamiento de San Fernando Henares
y al ente público Canal de Isabel II. En el caso de estos dos últimos han
alegado ampliamente que no se consideran responsables en ninguna
medida del evento lesivo que motiva la responsabilidad patrimonial,
apelando muy especialmente a la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, recaída con ocasión de la impugnación de Dragados
S.A. frente a la orden autonómica que le imponía responsabilidades por
estos daños, producidos en el contexto del desarrollo y ejecución de un
contrato de obras, sentencia a la que atribuyen plenos efectos de cosa
juzgada pese a la ausencia de identidad subjetiva y han aportado
informes periciales en sustento de sus argumentaciones. Además, estos
interesados se han presentado expresamente como perjudicados frente
a la administración autonómica y han instado la incoación de
singulares procedimientos de responsabilidad patrimonial en los que se
analicen sus pedimentos.
33/46
Sobre la alegación formulada por el representante de la asociación
de afectados y de los interesados relativa a la nulidad del procedimiento
por la incorporación de nuevos informes elaborados por TINSA en
relación con el método de comparación en las valoraciones inmobiliarias
y auditoría de la valoración realizada por Valum, de fecha 27 de abril de
2023, conviene tener en cuenta que, como hemos apuntado
anteriormente, la documentación aportada no tiene por objeto
desvirtuar los hechos y la existencia de responsabilidad patrimonial,
sino resolver la discrepancia existente en orden a la valoración de los
bienes.
Así, ante la existencia de informes periciales de tasación
contradictorios, el instructor del procedimiento ha estimado necesaria
la solicitud de aclaración a la entidad firmante de su informe sobre la
tasación aportada por la Subdirección General de Concesiones,
Patrimonio y Conservación y la presentadas por las interesadas, por lo
que se solicitó el día 13 de marzo de 2023 ?un análisis de los criterios de
valoración y metodología empleadas en los informes de tasación para
continuar el procedimiento?.
En respuesta a dicha solicitud de informe, el jefe de División de
Edificación de la Subdirección General de Concesiones, Patrimonio y
Conservación remite nuevo informe de TINSA que se pronuncia en
términos generales sobre la metodología empleada en los informes de
valoración de inmuebles, haciendo especial hincapié en el método de
comparación (el empleado tanto por la valoración aportada por la
Administración como por la asociación de afectados) con la finalidad de
obtener el margen de variación razonable medio de los valores de
tasación emitidos, en general por las empresas de tasación
homologadas por el Banco de España.
A juicio de este órgano consultivo, no puede apreciarse la
existencia de vicio alguno de nulidad radical porque tras la
34/46
incorporación del nuevo informe, se ha concedido un nuevo trámite de
audiencia a los interesados, dándose traslado del mismo y
concediéndoles un plazo de diez días para formular alegaciones y
presentar los documentos o que estimen pertinentes para desvirtuar la
nueva documentación incorporada, como prevé el artículo 82.1 de la
LPAC, respetándose así el principio de contradicción.
En efecto, el artículo 82.2 de la citada norma exige que la
audiencia de los interesados sea anterior a la solicitud de informe del
órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud de
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
comunidad autónoma, si lo hubiere, lo que se ha cumplido en el
presente caso, toda vez que, conferido el trámite de audiencia se ha
formulado la oportuna propuesta de resolución de estimación de la
responsabilidad patrimonial, pero reconociendo una indemnización en
una cuantía inferior a la pretendida por los interesados en el
procedimiento.
Por tanto, debe concluirse que la instrucción del procedimiento ha
sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite que tenga
carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver.
TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración
se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que
garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los
términos establecidos por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP en
su título preliminar, capítulo IV, artículos 32 y siguientes. La viabilidad
de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, según
doctrina jurisprudencial reiterada, requiere la concurrencia de varios
requisitos:
35/46
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de
personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos
extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Que exista una relación de causa a efecto entre el
funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por
fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009
(recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí recogidas, ?no
todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que
tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente,
aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el
particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de
la actuación administrativa?. Ha destacado esa misma Sala (por todas,
en Sentencia de 16 de marzo de 2016), que es el concepto de lesión el
que ha permitido configurar la institución de la responsabilidad
patrimonial con las notas características de directa y objetiva, dando
plena armonía a una institución como garantía de los derechos de los
ciudadanos a no verse perjudicados de manera particular en la
prestación de los servicios públicos que benefician a la colectividad y
que, ese concepto de lesión se ha delimitado con la idea de constituir un
daño antijurídico: ?(?) lo relevante es que la antijuridicidad del daño es
que no se imputa a la legalidad o no de la actividad administrativa -que
es indiferente que sea lícita o no en cuanto que la genera también el
36/46
funcionamiento anormal de los servicios- o a la misma actuación de quien
lo produce, que remitiría el debate a la culpabilidad del agente que
excluiría la naturaleza objetiva; sino a la ausencia de obligación de
soportarlo por los ciudadanos que lo sufren. Con ello se configura la
institución desde un punto de vista negativo, porque es el derecho del
ciudadano el que marca el ámbito de la pretensión indemnizatoria, en
cuanto que sólo si existe una obligación de soportar el daño podrá
excluirse el derecho de resarcimiento que la institución de la
responsabilidad comporta (?). Interesa destacar que esa exigencia de la
necesidad de soportar el daño puede venir justificada en relaciones de la
más variada naturaleza, sobre la base de que exista un título, una
relación o exigencia jurídica que le impone a un determinado lesionado el
deber de soportar el daño?.
CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica
precedente, se deduce que, sin la existencia de un daño real y efectivo a
quien solicita ser indemnizado, no cabe plantearse una posible
responsabilidad de la Administración. Tampoco procederá si el daño no
tiene la consideración de antijurídico, en el sentido de que el
administrado no tenga el deber de soportarlo.
Sobre la realidad del daño, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1
de febrero de 2012, consideró que ?(?) la existencia de un daño real y
efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas, constituye
el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial traducible en una
indemnización económica individualizada, de tal manera que resulte
lesionado el ámbito patrimonial del interesado que es quién a su vez ha
de soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente
causado?.
En el caso que nos ocupa, resulta evidente que los propietarios del
local comercial sito en la calle ??, de San Fernando de Henares, se
37/46
han visto privados del mismo, por la ruina que la ha afectado a
consecuencia la actuación constructiva de las infraestructuras del
Metro de Madrid.
El nexo causal entre ese daño y la referida intervención del servicio
público se aprecia en el informe emitido con fecha 19 de enero de 2023,
por subdirector general de Concesiones, Patrimonio y Conservación de
la Consejería de Transportes e Infraestructuras, en el que indica: ?Los
acontecimientos geotécnicos que han provocado los asientos del terreno
afectando a las construcciones de la zona, derivan de las obras de
construcción de la Línea 7B, todo ello sin perjuicio de la eventual
intervención de otros factores como las deficiencias en el mantenimiento
de la red de saneamiento municipal gestionada por el Canal de Isabel II
desde el 2012 y con anterioridad por el Ayuntamiento de San Fernando
de Henares. Por ello, existe una relación de causalidad entre la actuación
de la Comunidad de Madrid y los daños sufridos en las edificaciones de
la zona, por lo que esta Administración es responsable de los perjuicios,
con independencia de la posible concurrencia de otros agentes, cuya
participación y responsabilidad se determinará en el expediente
correspondiente.
También se deduce la relación de causalidad de la Sentencia de 9
de enero de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída
en el Procedimiento Ordinario 8/2017, que ha ganado firmeza, que
explicó las causas principales del problema y atribuyó su causación a
MINTRA, puesto que fue quien supervisó y aprobó el modificado del
proyecto que incluía la ejecución del pozo de bombeo como permeable,
??ya que en el proyecto de la obra no se recogía la impermeabilización
del túnel, de manera que la causa de la ruina producida fue el defecto del
proyecto consistente en no tener en cuenta las singularidades del terreno,
que exigía un pozo impermeable en lugar del que se diseñó y ejecutó,
conforme al proyecto de la obra?.
38/46
Por tanto, con independencia de que hayan podido influir otras
causas, que son apuntadas por el responsable de la Dirección General
de Infraestructuras, de lo actuado en el expediente que nos ocupa no
ofrece dudas que la causa directa de los daños en el local comercial que
nos ocupa ha sido las deficiencias en el proyecto elaborado por la
Comunidad de Madrid.
Tampoco ofrece ninguna duda que resulta antijurídica la situación
sufrida por los propietarios del local comercial a que se refiere este
dictamen, que se han visto privados de la misma a consecuencia de las
obras referenciadas, no siendo un daño que tenga obligación de
soportar.
Concurren pues todos los elementos de la responsabilidad
patrimonial de la administración y el procedimiento tramitado, incluido
el mecanismo de terminación convencional, se ajusta a derecho.
QUINTA.- Resta por analizar el importe de la indemnización que
deriva de esa responsabilidad, existiendo discrepancias entre la
propuesta y los interesados tanto en la valoración como en los
conceptos indemnizables.
A este respecto, la reparación integral del daño es la finalidad
esencial de la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas, en la medida que el particular ha sufrido una lesión en sus
bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos, que no tiene el deber jurídico de
soportar.
Ahora bien, la LRJSP no concreta los bienes y derechos cuya lesión
puede ser objeto de indemnización en un procedimiento de
responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, el primer objetivo será
identificar aquellos conceptos que pueden ser indemnizables en este
caso.
39/46
Respecto de su valoración, el artículo 34.2 de la LRJSP establece
que ?la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de
valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y
demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones
predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones
corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los
baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de
la Seguridad Social?.
Por consiguiente, por un lado, existe una remisión a los criterios de
valoración establecidos en la normativa que resulte de aplicación,
ponderándose las valoraciones predominantes en el mercado (valor de
mercado o de sustitución). Por el otro, en los casos de muerte o lesiones
corporales se pueden tomar como referencia los criterios de valoración
establecidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del
sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.
Consta sobre el particular un informe elaborado por una
consultora a instancias de la administración autonómica, de fecha 25
de noviembre de 2022, incorporado al procedimiento y basado en
numerosa jurisprudencia, que cita. En el mismo se indica que, si la
lesión provoca la destrucción del inmueble, como es el caso, se aplicará
el artículo 34.1.d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana (en adelante, ?TRLSRU?), que indica que la
valoración de las instalaciones, construcciones y edificaciones se rigen
por lo dispuesto en esa ley, cuando tenga por objeto la determinación de
la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y, en
concreto, su artículo 35.2 recoge para las edificaciones legales situadas
en suelo urbano, que se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma
40/46
prevista en el artículo 37.2 y se tendrá en cuenta su antigüedad y
estado de conservación, para evitar el enriquecimiento injusto.
Cabe reseñar que esta tasación es la seguida por el órgano
instructor para la valoración de los inmuebles de la misma finca y de
otras próximas de similares características, que han sido también
afectadas por la misma obra pública, y que han sido objeto de otros
procedimientos que han concluido con terminación convencional al
mostrar los afectados su conformidad con las valoraciones realizadas
por la tasadora independiente, dando lugar a nuestros dictámenes
320/23 de 15 de junio, 235/23, de 4 de mayo, y 217/23, de 27 de abril,
entre otros muchos. Teniendo en cuenta ese hecho, resultaría contrario
al principio de igualdad atender en el presente expediente a criterios
diferentes de valoración del inmueble, salvo que se hayan apreciado
errores en la tasación, lo que no consta haberse producido.
Ante la concurrencia de informes periciales de sentido diverso, la
valoración conjunta de la prueba pericial ha de hacerse, según las
reglas de la sana crítica, con análisis de la coherencia interna,
argumentación y lógica de las conclusiones a que cada uno de ellos
llega.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 11 de febrero de 2016 (rec. 1002/2013) manifiesta que ?las
pruebas periciales no acreditan irrefutablemente un hecho, sino que
expresan el juicio o convicción del perito con arreglo a los antecedentes
que se le han facilitado (...)? y ?no existen reglas generales
preestablecidas para valorarlas, salvo la vinculación a las reglas de la
sana crítica en el marco de la valoración conjunta de los medios
probatorios traídos al proceso (...)?.
De los métodos existentes para efectuar la valoración:
comparación, coste o reposición, actualización de rentas y residual los
dos informes periciales obrantes en el expediente optan por el método
41/46
de comparación que, como su nombre indica, compara diferentes
muestras encontradas en el mercado que deben ajustarse en la tasación
para que sean similares al inmueble objeto de valoración, tratándose del
método más objetivo.
Cabe destacar, que los estudios complementarios solicitados, ante
la discrepancia de las tasaciones de los interesados y de la
Administración, han puesto de manifiesto que la información de
mercado o de los comparables aportados por los interesados es
insuficiente y la conclusión que se extrae de los mismos no es adecuada
al obtenerse los valores partiendo de ofertas con precios brutos no
corregidos por factores como la negociación y/o comercialización.
Además, en la valoración de los interesados, el valor de mercado para el
uso de local comercial está determinado con una muestra sesgada en
localizaciones con mejor atractivo para este uso, falta trazabilidad de
sus características y se aplican coeficientes de homogeneización de
manera incoherente.
Todo ello nos debe llevar a considerar adecuada la valoración
realizada al inmueble por la tasadora independiente contratada al efecto
por la consejería y que asciende a 53.100,00 euros, acorde a la tasación
efectuada por TINSA por la pérdida del bien inmueble, local comercial,
del que son titulares los interesados.
Para los bienes muebles se explica que los reclamantes fueron
desalojados de su local por vía de la emergencia y no pudieron retirar
sus pertenencias por lo que perdieron los bienes de su propiedad. Esto
ha ocasionado un daño que debe ser compensado. En principio, la
valoración de la compensación debería ser el valor de mercado de los
bienes según sus cualidades, antigüedad y estado de conservación. Sin
embargo, puede suceder que la pérdida de los bienes haya sido
repentina por lo que no resulte posible una determinación precisa de los
mismos y menos todavía de sus características, condiciones y estado y,
42/46
en consecuencia, de su cuantificación. En estas situaciones los
tribunales han establecido que cabe valorar la compensación por el
coste de reponer los efectos destruidos. En el presente caso, teniendo en
cuenta que el local comercial se dedicaba a ?? y que tenía contratada
una póliza de seguro, estando asegurado el contenido del local por valor
de 31.770,36 euros, esta es la cantidad que se propone como
indemnización por este concepto.
La valoración de la indemnización por daños morales carece de
módulos objetivos, como ha reconocido de forma recurrente esta
Comisión Jurídica Asesora, no obstante el informe referenciado destaca
que la jurisprudencia ha establecido determinados criterios a tener en
cuenta para valorar los daños morales causados por una orden de
demolición de viviendas por anulación por sentencia de la licencia de
obras otorgada, por ejemplo recogidos en la Sentencia del TS de fecha
23 de octubre de 2009, que confirma la Sentencia del TSJ de Cantabria
de fecha 9 de marzo de 2005, que dispuso que debía diferenciarse si se
trataba de primera o segunda vivienda, ?ya que el sufrimiento moral que
la pérdida de aquélla acarrea, en cuanto domicilio habitual, único, núcleo
de la vida personal y familiar, no es parangonable al que sufre el
adquirente de un inmueble destinado al recreo, ocio y esparcimiento
durante períodos más o menos largos de tiempo pero que no constituye
su domicilio habitual?? y en todo caso exige la residencia en la vivienda
del indemnizado por este concepto. Además, señaló que el cálculo de los
daños morales puede realizarse por grupos de propietarios, cuando se
trata de una situación generalizada que afecta a un colectivo muy
determinado de personas, cuyos padecimientos tienen un origen
idéntico y, por lo tanto, cabe prever que las reacciones psicológicas ante
el mismo sean, si no idénticas, sí muy similares.
En el caso que analizamos, estamos ante la pérdida de un local
comercial, en la que el interesado desarrollaba su actividad profesional
y era su medio directo de vida, a lo que se suma la especial
43/46
vulnerabilidad del interesado, al estar muy próxima la edad de
jubilación (actualmente tiene 65 años) no teniendo margen material
para abrir un negocio nuevo de similares características y continuar
ejerciendo su actividad, por lo que se propone una indemnización de
20.000 euros por este concepto.
En cuanto al lucro cesante, se ha realizado el cálculo de los
ingresos netos a efectos de determinar el lucro cesante a partir de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los
años 2017, 2018 y 2019, los tres años anteriores al incidente,
excluyendo 2020, al ser un año anómalo por la crisis sanitaria. Se ha
calculado un ingreso neto diario de 38,82 euros que se ha multiplicado
por el número de días del perjuicio, desde la fecha del desalojo, el 20 de
septiembre de 2021, hasta el día 23 de marzo de 2023, fecha en la que
el afectado cumplía la edad necesaria para acceder a la jubilación
ordinaria y acorde a la fecha fin que consta en el informe pericial
aportado de parte. La cantidad reconocida por este concepto es de
21.312,18 euros.
Por último, en cuanto al fondo de comercio, se razona que su valor
se nutre principalmente de su cartera de clientes, y por ello, ante la
falta de más datos en el presente caso, que pudieran indicar el número
de clientes, así como su fidelización, entre otras cuestiones relevantes
para la valoración, se ha considerado razonable asignarle el valor
resultante a los beneficios medios que genera y más cuando se observa
que estos son muy similares año tras año, lo que hace intuir la
existencia de una cartera de clientes estable a lo largo de los años. En
consecuencia, se ha considerado razonable indemnizar por la pérdida
del fondo de comercio por el valor del beneficio promedio que genera y
que se ha calculado anteriormente a efectos del lucro cesante,
ascendiendo a la cantidad de 14.170,50 euros.
44/46
A la vista de todo lo expuesto, se observa, que se ha motivado la
valoración de los daños propuesta y se han tenido en consideración sus
circunstancias concretas, por lo que a criterio de este órgano consultivo
la cuantía indemnizatoria resulta adecuada, debiendo actualizarse al
momento de su reconocimiento conforme al artículo 34.3 de la LRJSP.
Resta por analizar otros posibles conceptos indemnizables que no
se tiene en cuenta por el órgano instructor y que se reclaman por los
interesados.
Así, se pretende también una indemnización por pérdida de
disponibilidad del inmueble. Alegan que se han visto privados del uso
ordinario, o bien de su legítima explotación en el mercado, en virtud de
las facultades dominicales que la ley les otorga, privación que, en su
opinión, debiera ser resarcida con el valor equivalente al precio del
arrendamiento de esos inmuebles en condiciones de mercado.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial por la pérdida de un bien se compensa al
titular por la privación de su derecho de propiedad lo que incluye todas
las facultades dominicales derivadas del mismo, por lo que no cabe que
por la misma causa se indemnice doblemente. La pérdida del inmueble
conlleva la falta de disponibilidad del mismo.
Los gastos inherentes a la compra de otro local, que también se
interesan, no constituyen daños reales y efectivos. En efecto, son los
perjudicados los que libremente pueden decidir y disponer de la
indemnización que se reconozca por la pérdida del inmueble sin que ello
tenga que implicar la adquisición de otro nuevo ni de un valor
determinado.
Otro concepto que se reclama son los impactos fiscales que la
indemnización conlleve, sin que tampoco se haga ninguna concreción al
respecto. En todo caso, cabe recordar que el artículo 7 d) de la Ley
45/46
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, declara
exentas las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad por
daños personales, entre los que podrían encontrase los daños morales;
respecto a la indemnización por daños materiales solo estaría sujeta si
conlleva una ganancia patrimonial que, de producirse, es obvio que
resultaría carente de sentido que se intente trasladar como
indemnizable al no implicar ninguna pérdida o perjuicio.
Por último, se solicitan los gastos asumidos por una asociación de
afectados. Gastos que nuevamente no se concretan y que en ningún
caso son susceptibles de ser indemnizados. En efecto, más allá de no
apreciar en el expediente ninguna intervención relevante de la
asociación, cabe recordar que el procedimiento administrativo de
responsabilidad patrimonial no requiere la intervención de abogados ni
de ningún otro profesional, dándose además la especial circunstancia
en el procedimiento concreto que nos ocupa de que se ha iniciado de
oficio por la propia administración y se ha recabado una pericial
independiente para una adecuada valoración de los daños. Por tanto,
cualquier gasto superfluo tendría carácter voluntario y no es
susceptible de ser indemnizado.
En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede reconocer la responsabilidad patrimonial de la Comunidad
de Madrid por la pérdida del local comercial, ??, sito en la calle ??,
de San Fernando de Henares e indemnizar a sus titulares con la
46/46
cantidad de 140.353,04 euros, según el desglose que figura en la
propuesta de resolución, cantidad que deberá actualizarse conforme a
lo dispuesto en el artículo 34.3 de la LRJSP, a la fecha de la resolución
que ponga fin al procedimiento.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 19 de octubre de 2023
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen nº 556/23
Excmo. Sr. Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
C/ Maudes, 17 - 28003 Madrid
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