Última revisión
11/12/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0523/23 del 5 de octubre de 2023
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 05/10/2023
Num. Resolución: 0523/23
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 de octubre de 2023, sobre la consulta formulada por la consejera de Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por el abogado de Dña. ??, (en adelante, ?la reclamante?), por los daños y perjuicios sufridos, al considerar deficiente la asistencia dispensada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, tras una cirugía para la extirpación de un mioma uterino e histerectomía.Tesauro: Lex artis
Lex artis. Obligación de medios
Consentimiento informado
Consentimiento informado incompleto o insuficiente
Información insuficiente o inexistente
Daño moral
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 de
octubre de 2023, sobre la consulta formulada por la consejera de
Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial
promovido por el abogado de Dña. ??, (en adelante, ?la reclamante?),
por los daños y perjuicios sufridos, al considerar deficiente la asistencia
dispensada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, tras
una cirugía para la extirpación de un mioma uterino e histerectomía.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por escrito presentado en el registro electrónico de la
Comunidad de Madrid el día 10 de noviembre 2020, la persona citada
en el encabezamiento de este Dictamen dice formular una reclamación
de responsabilidad patrimonial en relación con la asistencia sanitaria
recibida en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde
se le realizó una histerectomía y extirpación de un mioma el 30 de
octubre de 2019.
El escrito expone que el postoperatorio cursó de manera
desfavorable, y la paciente presentó un cuadro de fascitis necrotizante,
Dictamen n.º: 523/23
Consulta: Consejera de Sanidad
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 05.10.23
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debiendo ser nuevamente intervenida para la limpieza de la cavidad y la
extirpación de restos del mioma que habían quedado sin retirar en la
intervención anterior. La reclamante refiere que en esta cirugía se
seccionó el uréter, por lo que tuvo que ser reintervenida para la su
reimplantación, y en esta nueva intervención se produjo una lesión del
nervio femoral.
La reclamación señala que en el presente caso se materializaron
demasiadas complicaciones que resultan de todo punto inexcusables:
fascitis, peritonitis, lesión uréter, lesión nervio femoral izquierdo,
necesidad de múltiples reintervenciones, etc.
La reclamación relata que la paciente padecía un mioma
pediculado gigante, por lo que, con fecha 30 de octubre de 2019,
ingresó en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de
manera programada, con el objeto de ser intervenida para la realización
de miomectomía. El escrito describe la intervención y refiere que el 1 de
noviembre de 2019 la paciente comenzó con severo enrojecimiento en la
región vulvar, que se extendía hacía la raíz del miembro inferior
izquierdo y costado izquierdo, de modo que los servicios sanitarios
pautaron la realización de un TC, prueba que evidenció hallazgos
altamente sugestivos de infección de partes blandas por gérmenes
productores de gas, es decir, fascitis necrotizante.
La reclamante indica que, ante estos hallazgos, fue trasladada al
Servicio de Cirugía General y Digestivo del mismo hospital donde, con
anestesia general, se llevó a cabo una laparotomía exploradora,
procediendo al lavado de la cavidad con suero salino fisiológico,
detectando restos del mioma morcelado ?que no habían sido
convenientemente retirados por falta de diligencia debida y falta de
revisión del campo quirúrgico?.
Según se afirma, la evolución resultó sumamente tórpida y
desfavorable, la paciente presentaba un cuadro de distensión
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abdominal acompañada de dolor y, con fecha 17 de noviembre,
comenzó con un cuadro febril, objetivándose en un TC una mayor
cantidad de líquido peritoneal comparado con estudio previo, lo que
confirmó un cuadro de peritonitis generalizada.
La reclamación indica que, con tales resultados, al día siguiente, el
18 de noviembre de 2019, la paciente fue reintervenida, realizándose
una nueva laparoscopia exploradora, que halló abundante liquido en
pelvis, ambas gotieras y región perihepática de características serosas;
peritonitis en 4 cuadrantes, especialmente en espacio de Douglas con
inflamación secundaría en todo el paquete intestinal, y abundante
fibrina en pelvis y sobre muñón vaginal. Además, continúa el relato, se
realizó un UROTC, que reveló la existencia de una fuga desde el uréter
pélvico izquierdo, confirmándose que el líquido hallado era de origen
urinario motivado por una perforación de uréter.
La reclamante refiere que, una vez valorada por el Servicio de
Urología, se decidió la realización de una nefrostomía izquierda para la
restauración del uréter que había sido seccionado durante la
intervención de fecha l de noviembre de 2019, y que dicha
reintervención quedó programada en un principio para el 19 de
diciembre de 2019, realizándose finalmente el 30 de diciembre de 2019.
Tal y como afirma, a partir de esta última intervención comenzó a
sufrir sensación de acorchamiento y disestesia desde tercio distal del
muslo al tercio proximal de la pierna, además de pérdida de fuerza para
la flexión de la misma, de modo que ?la paciente trasladó al equipo
médico que no sentía la pierna?.
La reclamante continúa señalando que, con fecha 9 de enero de
2020, incapaz de mantenerse en pie debido a su situación
traumatológica, sufrió una caída y fue valorada por el Servicio de
Neurología, donde fue diagnosticada de una neuropatía del nervio
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femoral izquierdo, diagnóstico corroborado por un electromiograma
realizado el 13 de enero de 2020.
Asimismo, según afirma, con fecha 14 de enero de 2020 se le
realizó una resonancia lumbo-sacroilíaca, que confirmó una asimetría
con aparente disminución de tamaño del tronco lumbosacro izquierdo
en el área próxima a la escotadura ciática con respecto al contralateral,
se visualizó alguna raíz que había perdido tensión, por lo que no se
descartaba alguna resección total o parcial de alguna de las raíces que
conforman el tronco lumbrosacro izquierdo.
En definitiva, la reclamante señala que recibió el alta el 16 de
enero de 2020 siendo portadora de sonda urinaria vesical en área
púbica y perianal, con motivo de una lesión de uréter provocada en la
intervención quirúrgica de fecha 1 de noviembre de 2019, además de
confirmarse que en la reintervención para el reimplante de uréter
realizada con fecha 30 de diciembre de 2019 también había sido
lesionado el nervio femoral izquierdo.
La reclamación considera actos médicos reprochables:
1º.- Falta de cuidado, negligencia, imprudencia y dejadez en la
primera cirugía llevada a cabo con fecha 30 de octubre (histerectomía
total + miomectomía), en la que se extirpó de manera incompleta el
mioma uterino, provocando además un cuadro infeccioso, así como en
la cirugía de fecha 1 de noviembre, cuando la paciente tuvo que ser
reintervenida para la extracción de los restos del mioma y la limpieza de
la cavidad, provocando en esta cirugía una perforación en el uréter.
2°.- Como consecuencia de la perforación en el uréter, la paciente
sufrió una peritonitis generalizada, ocasionando un continuado vertido
de orina hacia el interior de la cavidad y un progresivo empeoramiento
de su estado de salud, motivo por el cual, con fecha 30 de diciembre de
2019, un mes más tarde, se llevó a cabo la reintervención para la
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reimplantación del mismo, lesionando en esta última cirugía el nervio
femoral izquierdo.
3°.- El resultado es sencillamente desproporcionado e incompatible
con las consecuencias de una histerectomía +miomectomía.
La reclamación resalta que la paciente estuvo 309 días de baja
laboral, de los que 78 días fueron de hospitalización, y solicita una
indemnización por todos los conceptos de 191.982 euros.
Con el escrito de reclamación se adjunta diversa documentación
clínica (folios 1 a 98 del expediente).
SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes
hechos de interés para la emisión del dictamen:
Se trata de una paciente, de 47 años de edad en el momento de los
hechos reclamados, con antecedentes de quirúrgicos de cesárea y
exéresis de mioma uterino (2009); polipectomía por histeroscopia
(2012); miomectomía por laparotomía (2015). Ingresa de forma
programada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón para
exéresis laparoscópica de mioma uterino gigante el día 30 de octubre de
2019. En quirófano se realiza histerectomía, doble salpinguectomía
laparoscópica y miomectomía.
Durante la mañana del día 1 de noviembre de 2019, la paciente
comienza con enrojecimiento de región vulvar, que se extiende hacia
raíz del miembro inferior izquierdo y costado izquierdo. Ante la
progresión, se realiza TAC informado como: hallazgos altamente
sugestivos de infección de partes blandas por gérmenes productores de
gas (fascitis necrotizante). A correlacionar con la clínica de la paciente.
Por este motivo es trasladada desde el Hospital Materno-Infantil al
edificio central, donde es valorada por Cirugía General y Aparato
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Digestivo.
En todo momento permanece afebril, hemodinámicamente estable,
con diuresis en rango. Refiere dolor a la exploración de torso izquierdo y
raíz del miembro inferior izquierdo, con crepitación y eritema superficial
sin empastamiento. Dados los hallazgos en TC, se decide intervención
quirúrgica urgente. Se toma muestra de incisión inferior izquierda,
cultivo de S. pyogenes rápido.
Técnica: laparoscopia exploradora. Se toma muestra de líquido
peritoneal para cultivo. Lavado con abundante SSF. Extracción de resto
de mioma morcelado a través incisión en fosa ilíaca izquierda.
Se realizan incisiones hasta visualizar fascia en 1: región axilar; 2:
flanco izquierdo; 3: vulva, para toma de cultivo y realización de test de
S.pyogenes rápido. Fascia muscular de aspecto sano, sin apertura de
planos musculares con la disección roma, sin gas ni exudado
purulento.
Evolución postoperatoria tórpida, sin clara mejoría por parte de la
paciente durante los primeros días postoperatorios, con persistencia de
eritema y edema en hipogastrio y ambas raíces de miembros inferiores.
Se inicia cobertura antibiótica con meropenem. Es valorada por parte
del servicio de Alergología, ante la aparición de un exantema
maculopapular eritematoso de probable origen farmacológico
{meropenem vs nolotil vs enantyum), se prohíbe por tanto la
administración de beta lactámicos, pirazolonas y arilpropiónicos.
Durante su estancia es valorada por el Servicio de Ginecología,
quienes descartan complicaciones postquirúrgicas por su parte y
recomiendan descartar una trombosis pélvica. Se realiza una prueba de
imagen (TC el día 5.de noviembre, en el que se objetiva importante
mejoría radiológica, respecto a estudio previo, de los signos de fascitis
necrotizante, y se descarta la presencia de trombosis pélvica).
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Ante persistencia del cuadro, se solicita una ecografía doppler de
miembros inferiores el día 11 de noviembre de 2019, en la que se
descarta nuevamente la presencia de trombosis.
Durante los días posteriores la paciente comienza con cuadro de
distensión abdominal. Se realiza un TC el día 14 de noviembre de 2019,
en el que se observa moderada cantidad de líquido libre que ha
aumentado con respecto a estudio previo. La paciente presenta un
empeoramiento clínico, realiza un pico de fiebre, por lo que se solicita
una prueba de imagen ese mismo día, un TC, el 17 de noviembre, que
objetiva peritonitis generalizada, por lo que se decide realizar
laparoscopia exploradora el 18 de noviembre de 2019.
Técnica: laparoscopia exploradora. Se toma muestra para cultivo y
bioquímica. Aspiración de todo el contenido y lavado.
Hallazgos: abundante líquido en pelvis, ambas gotieras y región
perihepática, de características serosas. Peritonitis de 4 cuadrantes,
principalmente en espacio de Douglas, con inflamación secundaria de
todo el paquete intestinal. Abundante fibrina en pelvis, y sobre muñón
vaginal { sin visualizarse bien).
Con fecha 18 de noviembre de 2019, se realiza uroTC, con hallazgo
de fuga en el tercio distal de uréter izquierdo, por lo que el 20 de
noviembre de 2019 se lleva a cabo colocación de nefrostomía
percutánea izquierda, con imposibilidad de intubación de la misma.
Posteriormente, persistencia de débito por el drenaje, compatible con
orina, por lo que ingresa para reimplante ureteral abierto.
La intervención, programada para el día 19 de diciembre de 2019,
se suspende por fiebre, siendo valorada la paciente por Microbiología,
quienes pautan tratamiento antibiótico, con resolución del proceso
intercurrente, por lo que es reprogramada para el día 30 de diciembre
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de 2019.
El 30 de diciembre de 2019 se realiza reimplante ureteral izquierdo
+ flap de Boari, sin incidencias.
Evolución postquirúrgica: el primer día postoperatorio se cierra
nefrostomía percutánea izquierda. Posteriormente, pico febril de 38ºC,
de forma que se vuelve a abrir la nefrostomía. En tratamiento desde el
20 de diciembre de 2019 con amikacina IV por bacteriemia de origen
urinario por Pseudomonas aeruginosa (hemocultivos del 19 de
diciembre positivos para dicho microorganismo). Añadido ciprofloxacino
el 30 de diciembre de 2019. Urocultivo del 1 de enero de 2020: estéril.
Durante los siguientes días postoperatorios, la paciente se
mantiene afebril con buena evolución clínica. Con fecha 2 de enero de
2020, se retira el drenaje quirúrgico y se suspende tratamiento con
amikacína y ciprofloxacino por parte de Microbiología. El 3 de enero de
2020 se cierra de nuevo nefrostomía percutánea, con buena diuresis a
través de sonda vesical.
Con fecha 5 de enero de 2020, la paciente debuta de nuevo con
fiebre >38°C. El día 7 de enero de 2020 se recoge nuevo urocultivo y el 8
de enero se recogen nuevos hemocultivos y se inicia de nuevo
tratamiento con deprofloxacino iv. Posteriormente, la paciente se vuelve
a mantener afebril. Urocultivo del 7 de enero de 2020: estéril.
El día 9 de enero de 2020 informan del crecimiento de Candida
glabrata y Lactobacillus gasseri en cultivo de líquido peritoneal
realizado durante la cirugía. Microbiología inicia tratamiento con
Fluconazol y Metronidazol.
La paciente refiere desde la cirugía del 30 de diciembre de 2019
sensación de acorchamiento y disestesia, desde el tercio distal del
muslo al tercio proximal de la pierna, junto a pérdida de fuerza para la
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flexión de la pierna, sin recuperación de la misma. Es valorada por
Rehabilitación el día 9 de enero de 2020, con sospecha de neuropatía
por compresión. Se solicita interconsulta a Neurología, quienes valoran
a la paciente y es diagnosticada de neuropatía del nervio femoral
izquierdo.
Se realiza electromiograma el 13 de enero de 2020: el estudio
neurofisiológico muestra ausencia de potencial de acción nervioso
sensitivo (PANS) del nervio safeno izquierdo. Normalidad del PANS de
nervios seteno derecho y sural bilateral. Potencial de acción muscular
compuesto (PAMC) de nervios peroneales dentro de valores de
normalidad, sin asimetrías interlado significativas.
Ausencia de actividad muscular voluntaria junto a presencia de
denervación activa escasa en vastus lateralis y en rectus femoris
izquierdos. Presencia de potenciales de unidad motora normales en
iliopsoas, adductor longus, tibialis anterior y gastrocnemius edialis
izquierdos.
Con fecha 14 de enero de 2020, se realiza resonancia magnética
lumbo-sacroilíaca: en el espacio L5 S1, protrusión discal que no llega a
obliterar el espacio graso epidural anterior, por lo que no deforma el
saco tecal. Los forámenes de conjunción en todos los niveles lumbares
están dentro de la normalidad.
Estudio de plexo lumbosacro: cambios postquirúrgicos, con edema
de partes blandas a nivel inguinal izquierdo. Como único hallazgo, se
encuentra una asimetría con una aparente disminución de tamaño del
tronco lumbosacro izquierdo, en el área próxima a la escotadura ciática,
con respecto al contralateral, se visualiza asimismo alguna raíz que ha
perdido tensión por lo que no se descarta que exista alguna resección
total o parcial de alguna de las raíces que conforman el tronco
lumbosacro izquierdo. Aumento de señal del cuádriceps izquierdo,
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compatible con cambios de edema denervatorio.
La paciente es revalorada por Neurología tras las pruebas
complementarias, solicitándose electromiograma de control en 3
semanas para valoración por su parte al alta en consultas externas.
También es revalorada por parte de Rehabilitación, quienes enseñan
ejercicios y recomendaciones y dan cita de control en el CEP de
Moratalaz el día 10 de febrero de 2020 a las 13:40 horas.
Finalmente, se decide dar de alta con fecha 16 de enero de 2020.
Diagnóstico principal: atrapamiento ureteral izquierdo. Otros
diagnósticos: lesión del nervio femoral izquierdo.
Tratamiento: fármacos: paracetamol 1gr/8 horas si hay dolor.
Fluconazol 400mg cada 12 horas durante 2 días más. Metronidazol
500mg, medio comprimido cada 8 horas durante 2 días más.
Otras recomendaciones:
- Hidratación adecuada (2-3 litros de agua al día).
- Curas de herida con agua y jabón, mantener limpia y seca.
- Mantener sonda vesical y catéter doble jota hasta realización de
la cistografía; según resultados se valorará retirada de los catéteres.
- Acudir a las consultas de Urología de la Unidad de Litotricia
(Pabellón de Asistencia Ambulatoria) para la realización de cistografía.
- Citar con volante adjunto para revisión en consultas externas de
Neurología, previa realización de electromiograma.
- Acudir a consulta con Rehabilitación en el CEP de Moratalaz el
día 10 de febrero de 2020. Si hay fiebre >38°C o mal estado general,
acudir a Urgencias.
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La paciente acude a consulta de Rehabilitación en el CEP
Moratalaz el 16 de enero de 2020. Colaboradora, en sedestación.
Cicatriz quirúrgica con buen aspecto, sin lesiones cutáneas, sin
equimosis o tumefacción en zona pélvica. Miembros superiores y
miembro inferior derecho funcionales, reflejos osteotendinosos
conservados. Miembro inferior izquierdo tono normal, reflejos
osteotendinosos rotuliano y aquileo abolidos. Balance muscular psoas
3/5, cuádriceps 2/5, reto a distal 5/5. Sensibilidad grosera conservada.
Transferencia autónoma, marcha con claudicación del miembro inferior
izquierdo con andador.
Se encuentra algo mejor, aunque refiere dolor continuo, con
parestesias asociadas, en el miembro inferior izquierdo, más nocturno y
con la movilización. Tratamiento: paracetamol.· Caminar con dos
muletas/andador por su domicilio.
Se realiza electromiograma el 25 de febrero de 2020. Conclusiones:
abundante denervación activa en toda la musculatura explorada
dependiente del nervio femoral izquierdo, incluyendo músculo iliopsoas
(ausente en anterior estudio, en probable relación al escaso tiempo de
evolución). Se observan cambios neurogénicos de intensidad moderada
en el músculo iliopsoas izquierdo, escasos datos de reinervación en
cuádriceps, aunque con presencia de algún potencial de unidad motora,
previamente ausentes. Ausencia del potencial de acción nervioso
sensitivo (PANS) en la conducción periférica del nervio safeno izquierdo,
al igual que en el estudio previo.
En conjunto, se observan hallazgos sugerentes de una lesión
axonal parcial en territorio del nervio femoral izquierdo, destacando
respecto al estudio previo la presencia de denervación también a nivel
proximal (músculo iliopsoas). Se observan cambios neurogénicos
crónicos, disminución del reclutamiento de unidades motoras de
intensidad moderada en músculo ilíopsoas y discreta reinervación a
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nivel del cuádriceps, aunque presente.
Juicio clínico: neuropatía femoral izquierda postquirúrgica (4
cirugías, última el 30 de diciembre de 2019) + tendinopatía rotuliana.
Con fecha 5 de mayo de 2020 se realiza exploración física en
Rehabilitación. Hombros: funcionales. Dolor y limitación en últimos
grados del hombro izquierdo. Balance muscular global conservado. En
los miembros inferiores, el derecho funcional. En el miembro inferior
izquierdo, amiotrofia del cuádriceps, sobre todo vasto interno. Balance
articular de la cadera y de la rodilla conservados. Sin edema en la
rodilla ni derrame. Balance muscular de psoas y glúteos 4/5,
cuádriceps 3+/5. Hipoestesia en la cara anterior de muslo y pierna.
Marcha con una muleta.
Nueva exploración el 18 de junio de 2020. El miembro inferior
izquierdo impresiona de menor amiotrofia del cuádriceps, sobre todo
vasto interno. Balance articular de la cadera y de la rodilla conservados.
Sin edema en la rodilla ni derrame. Balance muscular del psoas y
glúteos 4/5, cuádriceps 4/5. Hipoestesia en la cara anterior de muslo y
pierna. Dolor en la región del tendón rotuliano a la palpación. Marcha
independiente más estable. Apoyo monopodal 5 segundos. No realiza
cuclillas por dolor prerrotuliano.
El 3 de agosto de 2020 se realiza ecografía de la rodilla izquierda.
Leves cambios artrósicos. Leve derrame articular. Tendón del
cuádriceps dentro de la normalidad. Engrosamiento e hipoecogenicidad
del tendón rotuliano, mayor afectación en su inserción en tuberosidad
tibial anterior. Tendones colaterales sin alteraciones. No se observa
quiste de Baker ni trombosis venosa.
Conclusiones: tendinopatía del tendón rotuliano. Leve derrame
articular.
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Juicio clínico: neuropatía femoral izquierda postquirúrgica+
tendinopatía rotuliana. Se recomienda continuar con ejercicios,
rodillera con centraje de rótula para salir a exteriores. En situación de
pandemia, limitación en el tratamiento y no se consideran en ese
momento las ondas de choque como una opción.
El 8 de octubre de 2020 acude a revisión. En la exploración física,
en el miembro inferior izquierdo, menor amotrofia del cuádriceps, sobre
todo vasto interno. Balance articular de la cadera y de la rodilla
conservados. Sin edema en la rodilla ni derrame. Balance muscular de
psoas y glúteos 4/5, cuádriceps 4-/5.. Hipoestesia en la cara anterior
de muslo y pierna. Dolor en la región del tendón rotuliano a la
palpación. Dolor además suprarrotuliano y en inserción anserina.
Marcha independiente más estable con apoyo monopodal > 1O
segundos. Presencia de denervación también a nivel proximal (músculo
iliopsoas). Se observan cambios neurogénicos crónicos y disminución
del reclutamiento de unidades motoras de intensidad moderada en
músculo iliopsoas y discreta reinervación a nivel del cuádriceps,
aunque presente.
Juicio clínico: neuropatía femoral izquierda postquirúrgica +
tendinopatía rotuliana. Se pauta magnetoterapia en la rodilla y se da el
alta. Se solicita electromiograma y revisión con resultados.
La paciente acude a revisión el 21 de diciembre de 2020. Se
encuentra mucho mejor respecto al dolor rotuliano. Persisten
disestesias tolerables, en tratamiento con Pregabalina, y acude para ver
resultados del electromiograma de 26 de octubre de 2020: lesión axonal
parcial de grado moderado-importante en el nervio femoral izquierdo
con abundantes datos de reinervación en musculatura dependiente.
Potencial de acción del nervio safeno izquierdo ausente (sin cambios).
La última revisión que consta en el expediente data del 9 de mayo
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de 2022. Columna lumbar: alineada. Sin dolor a espinopresión. Dolor
en la musculatura paravertebral bilateral, sobre todo izquierda, y en
escotadura ciática en región piramidal. Balance articular de la columna
limitado en grados medios de los dos arcos. Hipoestesia cara interna de
muslo y pierna. Balance muscular izquierdo: psoas y cuádriceps 4+/5.
Tono bien. Marcha con una muleta claudicante.
El juicio clínico es neuropatía femoral izquierda postquirúrgica (4
cirugías, última el 30 de diciembre de 2019) + tendinopatía rotuliana +
lumbociatalgia izquierda en estudio (posible síndrome piramidal,
pendiente de estudio en uroTAC y radiografía de columna por su médico
de Atención Primaria).
TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción
del expediente conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).
Se incorporó al expediente la historia clínica de la paciente y, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y 81.1 de la LPAC,
se aportó también el informe del Servicio de Ginecología y Obstetricia
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, emitido el 15 de
febrero de 2021, en el cual, tras relatar la asistencia dispensada a la
paciente por el referido servicio y contestar los diferentes reproches
expuestos en el escrito de reclamación, se señala que ?la fascitis
necrotizante no fue más de una sospecha diagnóstica: informe de TAC
"hallazgos altamente sugestivos de fascitis necrotizante". En el protocolo
quirúrgico de la laparoscopia realizada a las 24 horas de la primera
cirugía (celeridad máxima) se especifica la no existencia de fascitis
necrotizante así como el cultivo negativo para Streptococcus pyogenes. Por
último en este apartado, en el informe de alta de la Unidad de Anestesia
Postquirúrgica se especifica "sospecha de fascitis necrotizante
descartada?.
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Se ha incorporado también al expediente el informe del jefe del
Servicio de Cirugía General del centro hospitalario, de 22 de febrero de
2021, que relata pormenorizadamente la atención sanitaria prestada y
refiere que ?la lesión ureteral se trató de manera adecuada, primero con
la nefrostomía de control de la fuga y, de manera posterior, con cirugía
reparadora, que fue satisfactoria?La reentrada tardía en la cavidad
abdominal, tras varias cirugías y un proceso inflamatorio sufrido, puede
ser muy compleja por la fibrosis generada, aumentando el riesgo de
lesiones neurológicas y secuelas?.
Con fecha 23 de febrero de 2021, ha emitido también informe el
Servicio de Urología del hospital, que se limita al relato del ?manejo
clínico? de la paciente, realizado por el referido servicio.
Consta en el expediente que el 3 de marzo de 2023, y a petición de
la Inspección Sanitaria, por parte del órgano instructor ?se solicita
valoración del TC abdomino pélvico realizado el 1 de noviembre de 2019
por un Servicio de Radiodiagnóstico diferente al del centro sanitario en el
que se prestó dicha asistencia sanitaria?Se precisa nueva lectura de esta
prueba radiológica para confirmación o no de dicha interpretación; o bien
para valoración de otros posibles diagnósticos: enfisema subcutáneo?,
signos de rotura de uréter, peritonitis??.
Como consecuencia, con fecha 12 de abril de 2023 se remite
informe de la Unidad Central de Radiodiagnóstico, con las siguientes
conclusiones:
?Cambios post-quirúrgicos de histerectomía y doble anexectomía.
Colección en fondo de saco de Douglas, a valorar en el contexto
postoperatorio. Cambios inflamatorios/infecciosos en pared
abdominal antero-lateral izquierda, con colección subcutánea lumbar
izquierda asociada a enfisema de predominio subcutáneo y con
distribución entre fascias musculares?.
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Posteriormente, el 5 de mayo de 2023, se emite informe por parte
de la Inspección Sanitaria que, tras examinar la historia clínica, los
informes emitidos en el curso del procedimiento y efectuar las
oportunas consideraciones médicas, considera ajustada a la lex artis la
atención sanitaria dispensada a la paciente en el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.
Concluida la instrucción del procedimiento, y por oficio de 9 de
junio de 2023, se dio traslado del expediente para alegaciones a la
reclamante. Su abogado, por medio de escrito presentado el 4 de julio
de 2023, reitera el contenido de su reclamación y alega que en el
documento de consentimiento informado de la cirugía para el
reimplante ureteral izquierdo, llevado a cabo con fecha 30 de diciembre
de 2019, no consta en el apartado de riesgos generales y específicos del
procedimiento la posibilidad de que se pudiera producir la lesión del
nervio femoral o lesión neurológica alguna, como finalmente así ocurrió,
de modo que se ha infringido el derecho a la información de la paciente.
Además, aporta un informe pericial realizado por un médico
especialista en Aparato Digestivo y Medicina Interna, en el que se
señala que ?valorada la atención sanitaria en su conjunto, tanto la lesión
del uréter izquierdo más el resto de un mioma olvidado en la cavidad
pélvica, más el rechazo de haber tenido alguna complicación en la
histerectomía cuando se había descartado una fascitis necrotizante y la
paciente continuaba empeorando, lo consideramos una mala praxis... Se
tardaron 20 días en llegar a un diagnóstico correcto de la paciente sin la
ayuda de los ginecólogos y con dos nuevas intervenciones quirúrgicas
hasta tener la certeza que la peritonitis química era de causa urinaria por
una lesión del uréter izquierdo. Un tiempo excesivo que perjudicó a la
paciente?.
Finalmente, el 26 de julio de 2023 el viceconsejero de Sanidad y
director general del Servicio Madrileño de Salud formula propuesta de
17/30
resolución que desestima la reclamación, al considerar que la asistencia
sanitaria dispensada es conforme a la lex artis y el daño reclamado no
resulta antijurídico.
CUARTO.- Por escrito de la consejera de Sanidad, con registro de
entrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid el
día 5 de septiembre de 2023, se formuló la preceptiva consulta.
Correspondió el estudio del presente expediente 491/23 al letrado
vocal D. Francisco Javier Izquierdo Fabre, que formuló y firmó la
propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de esta
Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 5 de octubre de 2023.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28
de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros y por solicitud de
órgano legitimado para ello, de conformidad con el artículo 18.3.a) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016,
de 19 de enero (en adelante, ROFCJA).
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado a instancia de parte, se ha realizado conforme a lo
dispuesto en la LPAC.
18/30
La reclamante ostenta legitimación activa para promover el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo
artículo 4 de la LPAC y el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), al
ser la persona que recibió la asistencia sanitaria reprochada. Actúa por
medio de su abogado, con poder especial conferido al efecto.
Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Comunidad
de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, que forma parte de la red
sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.
En cuanto al plazo para el ejercicio del derecho a reclamar, es de
un año contado desde que se produjo el hecho o el acto que motive la
indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños de
carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a
computarse desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas (cfr. artículo 67.1 de la LPAC).
En el presente caso, la reclamante reprocha la lesión
supuestamente causada en una intervención realizada en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón el 30 de octubre de 2019, si
bien ha presentado una tórpida evolución clínica posterior e, incluso,
fue reintervenida el 30 de diciembre de 2019. Por lo tanto, la
reclamación, formulada el día 10 de noviembre 2020, está presentada
dentro del plazo legalmente establecido, con independencia de la fecha
de curación o de determinación de las secuelas.
En lo concerniente al procedimiento, se ha incorporado la historia
clínica de la paciente y se ha recabado el informe del centro implicado
en el proceso asistencial de la reclamante, contra el cual dirige sus
reproches. Así, constan en el expediente los informes de los servicios de
Ginecología y Obstetricia, Cirugía General y Aparato Digestivo y
Urología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. También
19/30
ha emitido informe la Inspección Sanitaria, se ha dado traslado del
expediente a la reclamante para alegaciones y, posteriormente, se ha
dictado la correspondiente propuesta de resolución.
En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la
instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido
ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte imprescindible
para resolver.
TERCERA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la
Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución Española
a cuyo tenor: ?Los particulares, en los términos establecidos por la ley,
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos?. El
desarrollo legal de este precepto se encuentra contenido actualmente en
los artículos 32 y siguientes de la LRJSP, completado con lo dispuesto
en materia de procedimiento en la ya citada LPAC.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016
(recurso 2396/2014) recoge lo siguiente a propósito de las
características del sistema de responsabilidad patrimonial:
?(...) el art. 139 de la LRJAP y PAC, establece, en sintonía con el art.
106.2 de la CE, un sistema de responsabilidad patrimonial : a)
unitario: rige para todas las Administraciones; b) general: abarca
toda la actividad -por acción u omisión- derivada del funcionamiento
de los servicios públicos, tanto si éstos incumben a los poderes
públicos, como si son los particulares los que llevan a cabo
actividades públicas que el ordenamiento jurídico considera de
interés general; c) de responsabilidad directa: la Administración
responde directamente, sin perjuicio de una eventual y posterior
acción de regreso contra quienes hubieran incurrido en dolo, culpa, o
20/30
negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de culpa, por lo
que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del sistema,
es preciso que el daño sea la materialización de un riesgo
jurídicamente relevante creado por el servicio público; y, e) tiende a
la reparación integral?.
Según abundante y reiterada jurisprudencia, para apreciar la
existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son
precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o
perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con relación a
una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial
sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos, en una relación directa e inmediata
y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños
que pudieran alterar dicho nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor, y
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
La responsabilidad de la Administración es objetiva o de resultado,
de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la
Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, siendo
imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o
anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.
En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que
presenta este instituto es que por las singularidades del servicio público
de que se trata, se ha introducido el concepto de la lex artis ad hoc
como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. En este
sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18
de septiembre de 2017 (recurso 787/2015), recuerda que, según
consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo,
«en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no
resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la
responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que
21/30
es preciso acudir al criterio de la ?lex artis?, que impone al profesional el
deber de actuar con arreglo a la diligencia debida, como modo de
determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del
resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es
posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la
sanidad o la salud del paciente. Así pues, sólo en el caso de que se
produzca una infracción de dicha "lex artis" respondería la
Administración de los daños causados; en caso contrario, dichos
perjuicios no son imputables a la Administración y no tendrían la
consideración de antijurídicos por lo que deberían ser soportados por el
perjudicado».
CUARTA.- Como hemos visto en los antecedentes de este
dictamen, la reclamante alega la existencia de una negligencia en la
primera intervención, en la que se extirpó de manera incompleta el
mioma uterino, provocando además un cuadro infeccioso, así como en
la segunda, cuando tuvo que ser reintervenida para la extracción de los
restos del mioma y la limpieza de la cavidad, provocando en esta última
cirugía una perforación en el uréter y una posterior peritonitis. Como
consecuencia, según afirma, tuvo que ser nuevamente intervenida para
la reimplantación del uréter, sufriendo una nueva lesión, esta vez en el
nervio femoral izquierdo. Por tanto, considera que ?el resultado es
sencillamente desproporcionado e incompatible con las consecuencias de
una histerectomía +miomectomía?.
Por último, ya en fase de alegaciones, la interesada reprocha que,
respecto a la lesión en el nervio femoral, no se informó a la paciente de
acuerdo con las exigencias recogidas en la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
Centrado así el objeto de la reclamación, vamos a analizar tal
22/30
reproche partiendo de lo que constituye la regla general y es que la
prueba de los presupuestos que configuran la responsabilidad
patrimonial de la Administración corresponde a quien formula la
reclamación. En este sentido se ha pronunciado, entre otras, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de
noviembre de 2018 (recurso 309/2017), con cita de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo. Además, como añade la citada sentencia, ?las
alegaciones sobre negligencia médica deben acreditarse con medios
probatorios idóneos, como son las pruebas periciales médicas, pues
estamos ante una cuestión eminentemente técnica?.
Pues bien, en este caso la reclamante ha incorporado al
procedimiento un informe médico pericial realizado por un médico
especialista en Aparato Digestivo y Medicina Interna con las
conclusiones expuestas en los antecedentes de hecho del presente
Dictamen. Frente a ello, los informes de los diferentes servicios que
intervinieron en la asistencia sanitaria prestada a la paciente y,
especialmente, el informe de la Inspección Sanitaria, sostienen que la
atención dispensada fue conforme a la lex artis y coinciden en afirmar
que las diversas complicaciones acaecidas en la tórpida evolución de la
paciente aparecían reflejadas como riesgos eventuales de las diferentes
intervenciones quirúrgicas a que fue sometida y que recibieron el
tratamiento adecuado.
Ante la concurrencia de informes periciales de sentido diverso e
incluso contradictorio en sus conclusiones, la valoración conjunta de la
prueba pericial ha de hacerse, según las reglas de la sana critica, con
análisis de la coherencia interna, argumentación y lógica de las
conclusiones a que cada uno de ellos llega. En este sentido, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de febrero
de 2016 (rec. 1002/2013) manifiesta que «?las pruebas periciales no
acreditan irrefutablemente un hecho, sino que 18/23 expresan el juicio o
convicción del perito con arreglo a los antecedentes que se le han
23/30
facilitado (...)? y ?no existen reglas generales preestablecidas para
valorarlas, salvo la vinculación a las reglas de la sana crítica en el marco
de la valoración conjunta de los medios probatorios traídos al proceso
(...)?». La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de
febrero de 2022 (rec. núm. 77/2019) señala que, ?en estos casos es
procedente un análisis crítico de los mismos, dándose preponderancia a
aquellos informes valorativos de la praxis médica que, describiendo
correctamente los hechos, los datos y fuentes de la información, están
revestidos de mayor imparcialidad, objetividad e independencia y cuyas
afirmaciones o conclusiones vengan dotadas de una mayor explicación
racional y coherencia interna, asumiendo parámetros de calidad
asentados por la comunidad científica, con referencia a protocolos que
sean de aplicación al caso y estadísticas médicas relacionadas con el
mismo. También se acostumbra a dar preferencia a aquellos dictámenes
emitidos por facultativos especialistas en la materia, o bien con mayor
experiencia práctica en la misma. Y en determinados asuntos, a aquéllos
elaborados por funcionarios públicos u organismos oficiales en el ejercicio
de su cargo y a los emitidos por sociedades científicas que gozan de
prestigio en la materia sobre la que versa el dictamen?.
Ahora bien, cabe recordar que, en determinadas ocasiones, la
jurisprudencia admite la inversión de la carga de la prueba, como en
aquellos supuestos, como el presente, en que, como consecuencia de la
asistencia sanitaria, se haya producido un daño desproporcionado, en
los que existe una presunción de prestación sanitaria contraria a la lex
artis, que corresponde a los servicios médicos destruir mediante la
aportación de la pertinente prueba. La Sentencia del Tribunal Supremo
de 19 de mayo de 2016 (recurso 2822/2014) resume los requisitos de
esta figura de daño desproporcionado, tal y como la ha configurado la
jurisprudencia contencioso-administrativa: «La doctrina del daño
desproporcionado o "resultado clamoroso" significa lo siguiente: 1º Que el
resultado dañoso excede de lo previsible y normal, es decir, no guarda
24/30
relación o proporción atendiendo a la entidad de la intervención médica
pues no hay daño desproporcionado, por ejemplo, si el resultado lesivo es
un riesgo inherente a la intervención, pero ha habido una errónea
ejecución. 2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso
inasumible - por su desproporción- ante lo que cabe esperar de la
intervención médica; es, por tanto, un resultado inesperado e inexplicado
por la demandada. 3º Ante esa quiebra de lo normal, de lo esperable y lo
desproporcionado del efecto dañoso, se presume que el daño es causado
por una quiebra de la lex artis por parte de la Administración sanitaria,
presunción que puede destruir si prueba que la causa está fuera de su
ámbito de actuación, es decir, responde a una causa de fuerza mayor. 4º
Por tanto, para que no se le atribuya responsabilidad por daño
desproporcionado, desde el principio de facilidad y proximidad probatoria
la Administración debe asumir esa carga de probar las circunstancias en
que se produjo el daño. 5º De no asumir esa carga, la imprevisibilidad o
la anormalidad del daño causado atendiendo a la entidad de la
intervención médica es lo que hace que sea antijurídico, sin que pueda
pretextarse un caso fortuito, excluyente de la responsabilidad por el daño
causado».
En este sentido, y en primer lugar, el Servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón destaca
en su informe, frente a las afirmaciones contenidas tanto en el escrito de
reclamación como en el informe médico pericial aportado, que, si bien en
el protocolo quirúrgico inicial de la primera intervención se reflejaba que
"la técnica utilizada consistía en la realización de una laparoscopia con
morcelación en bolsa", no obstante ?este error proviene de una lectura
errónea del protocolo quirúrgico. En él se expone: Procedimiento previsto
inicial MIOMECTOMÍA LPC VERSUS HT LPC SALPINGUECTOMIA (con
morcelación)? Este comentario corresponde a un procedimiento previsto
(morcelación), pero NO realizado. En el apartado técnica quirúrgica del
mismo protocolo no se hace mención a la realización de morcelación
intraabdominal. A más, puestos al habla con los cirujanos presentes en la
25/30
intervención corroboran que en ningún momento se procedió a la
morcelación del mioma?
De igual modo, y frente al reproche de la reclamante relativo a la
existencia de ?trozos del mioma a nivel intraabdominal tras la primera
cirugía", el citado Servicio de Cirugía del centro hospitalario, tal y como
corrobora también la Inspección Sanitaria, recuerda cómo ?en el informe
de alta de la Unidad de Anestesia y Reanimación (documento 3) cuando
transcriben el protocolo quirúrgico especifican: "extracción de resto de
mioma morcelado (error en la interpretación del protocolo quirúrgico ya
explicado ) a través de incisión en fosa ilíaca izquierda?en pelvis se
objetiva fragmento de mioma morcelado".
En todo caso, tal y como coinciden en afirmar el Servicio de Cirugía
General y la Inspección Sanitaria la existencia de dicho resto obedece a
las dificultades técnicas en su exéresis, ?lo cual sucede con una relativa
frecuencia?, de modo que así consta en el documento de consentimiento
informado que firmó la paciente, donde se alude a "lesiones ureterales,
infecciones y miomectomías incompletas? como complicaciones posibles
de la cirugía.
Por otro lado, la reclamante también alude en su escrito a una
supuesta "fascítis necrotizante" como complicación de la primera
cirugía, pero la historia clínica y los informes obrantes en el expediente
revelan que dicha patología sólo fue una sospecha diagnóstica, de modo
que consta en el informe de alta de la Unidad de Anestesia
Postquirúrgica a las 24 horas de la intervención, se especifica ?sospecha
de fascitis necrotizante descartada".
Aun así, el Servicio de Cirugía General refiere en su informe que ?a
pesar de que no parecía clínicamente una fascitis, los hallazgos del TC
obligan a hacer una revisión del campo quirúrgico y a la toma de
nuestras microbiológicas para tomar decisiones?. En consecuencia, se
26/30
realiza una nueva laparotomía exploradora, con firma previa por la
paciente del correspondiente documento de consentimiento informado
en el que, como señala la Inspección Sanitaria, constaban como
posibles complicaciones las lesiones ureterales. Además, tal y como
refiere la propia Inspección ?se especifica también que las
complicaciones pueden aparecer en el mismo acto quirúrgico, en el
período inmediato o a medio y largo plazo. Se ha reflejado en el apartado
anterior la casuística de estas lesiones y la dificultad en ocasiones para
identificarlas, ya que no tienen unos síntomas específicos, por ello a
menudo el diagnóstico se realiza de manera tardía. En la bibliografía?
se habla de una media de tiempo para su diagnóstico de 6-20 días; en
otros casos hasta 10-30 días?. En este caso, el diagnóstico se produce
en la última TAC, según el Servicio de Cirugía, al apreciarse la fístula
ureteral.
Diagnosticada la lesión, el Servicio de Cirugía General explica en
su informe que se solicitó valoración por Urología, que recomendó una
nefrostomía del lado lesionado, para controlar la fuga urinaria, y la
reparación quirúrgica del uréter, al no ser subsidiaria la lesión de
intubación retrógrada. ?Tras la nefrostomía, la paciente evoluciona
favorablemente del problema inflamatorio. La cirugía de reparación se
difiere hasta que el estado de los tejidos sea el adecuado?. En cuanto a
la intervención posterior, la Inspección considera que ?la reparación del
uréter se realizó de manera adecuada y el resultado ha sido
satisfactorio?, si bien la paciente ha sufrido una lesión iatrogénica del
nervio femoral que la Inspección indica ?es un problema bien conocido y
documentado, como complicación de muchos procedimientos quirúrgicos.
Se ha identificado que la lesión se caracteriza por un pronóstico
favorable, con una recuperación motora y sensorial satisfactoria
alcanzable en la mayoría de los casos en 6 a 12 meses y sólo con
rehabilitación?.
Todo ello lleva a la Inspección Sanitaria a concluir que la asistencia
27/30
sanitaria dispensada a la paciente fue adecuada y de acuerdo a la lex
artis, conclusión a la que debemos atenernos, dado que el informe de la
Inspección Sanitaria obedece a criterios de imparcialidad, objetividad y
profesionalidad, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en multitud de sentencias, entre ellas la dictada el
22 de junio de 2017 (recurso 1405/2012):
??sus consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen un
elemento de juicio para la apreciación técnica de los hechos
jurídicamente relevantes para decidir la litis, puesto que, con
carácter general, su fuerza de convicción deviene de los criterios de
profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de
las partes que han de informar la actuación del médico inspector, y
de la coherencia y motivación de su informe?.
QUINTA.- No obstante, y en el trámite de audiencia, la reclamante
también alega que no fue debidamente informada durante el proceso
asistencial de la eventual lesión neurológica que finalmente sufrió,
aunque firmó el correspondiente documento de consentimiento
informado para la intervención.
En este sentido, es preciso destacar la relevancia de la información
que ha de suministrarse al paciente, tal y como se regula en la
actualidad en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, y recoge la STC
37/2011, de 28 de marzo, que considera que la privación de
información equivale a una limitación del derecho a consentir o
rechazar una actuación médica determinada, inherente al derecho
fundamental a la integridad física y moral contemplado en el artículo 15
de la Constitución.
En este sentido, si bien es reiterada la jurisprudencia que destaca
que no cabe exigir al documento de consentimiento informado una
información exhaustiva de todos los riesgos que pueden surgir en la
28/30
actuación médica, ya que ello iría en contra tanto de la buena práctica
médica como de la propia finalidad del consentimiento informado
(sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero (recurso 5805/ 2010),
19 de junio (recurso 3198/2011) y 9 de octubre de 2012 (recurso
6878/2010), no lo es menos que los informes obrantes en el expediente
coinciden en señalar que la lesión neurológica sufrida por la paciente es
una complicación frecuente y documentada de este tipo de cirugías.
Más aún, y en cuanto a la situación concreta de la reclamante, el propio
Servicio de Cirugía señala en su informe que ?la reentrada tardía en la
cavidad abdominal, tras varias cirugías y un proceso inflamatorio
sufrido, puede ser muy compleja por la fibrosis generada, aumentando el
peligro de lesiones neurológicas y secuelas?, circunstancia que debió
hacerse constar en el apartado de riesgos personalizados del documento
de consentimiento informado.
El incumplimiento del deber de brindar información suficiente a la
paciente, y la consiguiente omisión del consentimiento informado,
constituyen una mala praxis. Según ha señalado el Tribunal
Constitucional (STC 37/2011, de 28 de marzo) ?el consentimiento y la
información se manifiestan como dos derechos tan estrechamente
imbricados que el ejercicio de uno depende de la previa correcta atención
del otro, razón por la cual la privación de información no justificada
equivale a la limitación o privación del propio derecho a decidir y
consentir la actuación médica, afectando así al derecho a la integridad
física del que ese consentimiento es manifestación?. Además, como
recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31
de enero de 2019 (recurso 290/2017), con cita de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, ?no solo puede constituir infracción la omisión
completa del consentimiento informado, sino también descuidos
parciales?.
A la vista de todo ello, cabe entender que se ha producido una
vulneración del derecho de la reclamante a una adecuada información
29/30
previa a la práctica de la intervención quirúrgica de reparación ureteral.
Así pues, esta Comisión considera procedente estimar la reclamación en
el indicado punto de la infracción del derecho a la información de la
reclamante, sin perjuicio de que la actuación sanitaria en sí misma
considerada no sea reprochable desde el punto de vista médico.
En estos casos, la valoración de dicho daño es extremadamente
complicada por su gran subjetivismo, como hemos señalado
reiteradamente [así nuestro Dictamen 165/18, de 12 de abril, en el que
se citan las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2010
(recurso 592/2006) y 23 de marzo de 2011 (recurso 2302/2009)]. En
punto a su concreta indemnización, la Sentencia de 11 de mayo de
2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, (P.O. 1018/2013), resalta la dificultad de
cuantificar ese daño moral, y señala que la cuantía debe fijarse ?de un
modo estimativo atendiendo a las circunstancias concurrentes, sin que, ni
siquiera con carácter orientativo, proceda fijar la cuantía de la
indemnización con base en módulos objetivos o tablas indemnizatorias
como las contempladas en las resoluciones de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones?.
Por ello, esta Comisión, como en dictámenes anteriores, valora el
daño ocasionado por la falta de información completa a la reclamante,
al no contemplarse en el documento de consentimiento informado los
riesgos personales, en 6.000 euros.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
CONCLUSIÓN
30/30
Procede estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada y reconocer una indemnización de 6.000 euros
por la vulneración del derecho a la información de la reclamante.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 5 de octubre de 2023
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen nº 523/23
Excma. Sra. Consejera de Sanidad
C/ Aduana, 29 - 28013 Madrid
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