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09/02/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0476/21 del 05 de octubre del 2021
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 05/10/2021
Num. Resolución: 0476/21
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 5 de octubre de 2021, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con la reclamación formulada por Dña. ??, (en adelante ?la reclamante?), por los daños y perjuicios que atribuye a una incorrecta extracción de médula ósea en el Hospital Universitario Ramón y Cajal (HURYC).Tesauro: Consentimiento informado
Lex artis
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 5 de
octubre de 2021, emitido ante la consulta formulada por el consejero de
Sanidad al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre, en relación con la reclamación formulada por Dña. ??, (en
adelante ?la reclamante?), por los daños y perjuicios que atribuye a una
incorrecta extracción de médula ósea en el Hospital Universitario Ramón
y Cajal (HURYC).
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La reclamante presentó el 6 de junio de 2019 en el
registro electrónico de la Comunidad de Madrid un escrito en el que
formula una reclamación por la atención sanitaria prestada en el
HURYC.
En el citado escrito expone que, en septiembre de 2015 tras
diversas pruebas, autorizó a la Fundación Josep Carreras para que se la
incluyese en la base de datos de donantes de médula ósea voluntarios
de forma altruista.
Dictamen nº: 476/21
Consulta: Consejero de Sanidad
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 05.10.21
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En febrero de 2018, la citada fundación contactó con la reclamante
para indicarle que había un receptor con leucemia compatible por lo que
fue citada para la donación de médula. Con carácter previo tuvo que
hacer una serie de pruebas iniciales entre febrero y abril de 2018 sin
que el escrito de reclamación precise el lugar donde se realizaron.
El 25 de abril de 2018 acudió al HURYC para la extracción de
progenitores de médula ósea con anestesia general y mediante la
punción en las crestas iliacas.
La intervención se prolongó durante cinco horas frente a la
duración habitual de dos y se le extrajo más médula de la prevista por lo
que se le generó una anemia que precisó la transfusión de dos
concentrados de hematíes quedando ingresada hasta el día siguiente.
Antes del alta presentó fuerte dolor al andar y agacharse por lo que
recibió analgesia intravenosa y fue vista por Hematología, pero cursó
alta sin exploración o prueba alguna.
El 30 de abril fue vista por una facultativa que comprobó que había
un mínimo hematoma en el punto de punción pero presentaba dolor a la
palpación y calor local. Se le pautó amoxicilina e ibuprofeno. Fue
remitida a otra facultativa.
El 4 de mayo de 2018 acudió a revisión en el Servicio de
Hematología del HURYC por fuertes dolores en cresta iliaca izquierda
que le impedían realizar vida normal y le obligaban a caminar encorvada
al irradiarse a la cara anterior del muslo, impidiendo la deambulación y
aumentando con los cambios posturales.
Se le diagnosticó dolor osteomuscular en relación con la
manipulación para la extracción de progenitores de médula ósea. Se le
prescribió reposo relativo, amoxicilina y paracetamol/enantyum.
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El 29 de mayo se le realizó un TAC en el que se encontraron
hallazgos compatibles con secuelas de trayecto de biopsia ósea en la
vertiente posterior de ambas palas ilíacas. Se asocia pequeña fractura
con fragmento óseo en la vertiente posterosuperior del lado izquierdo de
aproximadamente 9 mm, que se encuentra discretamente desplazado 7-
8 mm.
Se decidió tratamiento conservador y analgésico aconsejado por el
Servicio de Traumatología y el 7 de junio el Servicio de Hematología
comprobó que persistía el dolor de características mecánicas
desencadenado con mínimos movimientos por lo que se recomendó
evitar movimientos bruscos y mantener la baja laboral. Fue remitida a la
Unidad del Dolor el 19 de julio donde se le recomendó realizar vida
normal con consumo puntual de analgésicos menores.
A fecha de la reclamación estaba siendo tratada en la Fundación
Jiménez Díaz, estando pendiente de los resultados de una radiografía de
pelvis, resonancia magnética de pelvis ósea y de revisión.
Afirma que, según la Fundación Josep Carreras, en el 70% de los
casos se dona mediante citoaféresis o donación de sangre periférica. Se
lleva a cabo de forma ambulatoria previa administración durante 4-5
días de un factor de crecimiento hematopoyético.
Según la reclamación ?esta indicación no fue opcional? (sic) ya que
al ser el receptor un paciente pediátrico no había otra alternativa por lo
que se realizó una punción de las crestas iliacas con anestesia general.
Expone las importantes diferencias entre una y otra modalidad.
Según la citada fundación la punción en las crestas tiene el riesgo
de dolor en la zona de punción que suele desaparecer a las 48 horas y se
controla con analgésicos. Sobre la base del informe de alta afirma que
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no sabe cuál de los dos facultativos firmantes del alta ?se posición (sic)
en la cresta iliaca izquierda?.
Critica que los facultativos no hicieran nada durante cinco
semanas cuando el dolor no era normal. Tras el TAC tuvo que
permanecer tres semanas más de baja pidiendo el alta voluntaria para
no perder su trabajo. Reprocha que los facultativos del HURYC le
instasen a no moverse para no tener que inyectarle heparina lo cual
agravó su situación.
Considera que no se actuó de forma adecuada ante el dolor que
padecía la reclamante sin realizar las pruebas necesarias para
diagnosticar la fractura de la cresta iliaca.
Entiende que concurren los requisitos de la responsabilidad
patrimonial de la Administración y reclama 20.000 euros teniendo en
cuenta los dolores que ha padecido, los 65 días de baja y las visitas a los
servicios médicos del HURYC.
Acompaña diversa documentación médica.
SEGUNDO.- En relación con el contenido de la reclamación, la
consulta del expediente administrativo al que se han incorporado la
historia clínica del HURYC ha puesto de manifiesto los siguientes
hechos.
La reclamante, nacida en 1977, figuraba como donante de médula
en el registro de donantes (REDMO) de la Fundación Josep Carreras
contra la leucemia. En dicha fundación se le habían realizado pruebas y
había firmado un consentimiento informado.
El 21 de marzo de 2018 REDMO remitió al HURYC una solicitud de
médula ósea formulada por un hospital alemán para un paciente varón
nacido en 2016. Se solicitaba médula para reducir el riesgo de injerto
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contra huésped. Se indicaba que habían contactado con la reclamante
que había mostrado su conformidad.
El 27 de marzo de 2018 la reclamante firmó un consentimiento
informado del Ministerio de Sanidad -ONT? Fundación Josep Carreras y
REDMO en el que aceptaba ser donante de médula ósea y en el que
figuraba como riesgo el ?dolorimiento de las zonas de punción que cede
con analgésicos suaves y desaparece en 24-48 horas. Excepcionalmente
puede prolongarse durante unos días o semanas pero sin limitar la
actividad diaria?.
En el HURYC firmó otro consentimiento informado en la misma
fecha en el que se describe la técnica, se indica que la extracción no
sobrepasara el 10-15% de su peso (800-1400 mm). La médula obtenida
se filtra y la intervención exige el ingreso hospitalario entre 24-48 horas.
Ingresó el 25 de abril de 2018 en la Unidad de Trasplante de
Progenitores Hematopoyéticos del Servicio de Hematología del HURYC.
Fue trasladada al quirófano a las 9:00 horas permaneciendo hasta
las 11:15 horas. De allí pasó a la Unidad de Despertar en la que figura
como hora de salida las 12:30 horas pasando a planta en la que ingresa
afebril y mareada.
A las 18:30 horas, al permanecer mareada y con cefalea se decide
transfundir (anemización con valor de hemoglobina (Hb) de 9,5). El
primer concentrado a las 20:00 y el segundo a las 21:45 horas. La Hb
remonta a 11,6.
Al día siguiente refiere dolor al andar o agacharse. Se pauta
analgesia intravenosa. Al presentar buen estado general, afebril y
hemodinámicamente estable se decide alta con recomendaciones
(analgesia).
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El 30 de abril de 2018 acude a revisión de Hematología anotándose
que presenta dolor en cresta iliaca izquierda, mínimo hematoma en
punto de punción con dolor a la palpación y calor local. Se pauta
amoxicilina e ibuprofeno.
En la revisión del 3 de mayo de 2018 presenta mejoría del dolor en
cresta iliaca y recuperación de la analítica de Hb. Se mantiene el hierro
un mes y la amoxicilina. En el informe se hace constar que desde el alta
refiere dolor a nivel de cresta iliaca izquierda con irradiación a cara
anterior del muslo que le dificulta la deambulación, el dolor es fijo pero
se incrementa con la deambulación y cambios posturales. En la
exploración presenta dolor a la palpación en cresta ilíaca
posterosuperior en relación con el punto de entrada de trócar para la
extracción de médula ósea. Mínimo hematoma superficial en fase
avanzada de evolución y aumento de la temperatura superficial sin
eritema o datos de sobreinfección superficial. Lassegue negativo.
Exploración neurológica con sensibilidad, fuerza motora y reflejos
osteotendinosos conservados.
Se emite como diagnóstico el de dolor osteomuscular en relación
con la manipulación para la extracción de progenitores de médula ósea
y se prescribe reposo relativo hasta mejoría sintomática.
El 29 de mayo de 2018 se realiza un TAC de pelvis ósea que se
informa como: ?Secuelas de biopsia ósea a nivel de ambas palas ilíacas.
Fractura de la vertiente posterosuperior de la pala iliaca izquierda con
pequeño fragmento óseo mínimamente desplazado que no interesa a la
interlínea articular?.
Es valorada en Traumatología el 31 de mayo de 2018
recomendando tratamiento sintomático.
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En la revisión de Hematología el 7 de junio de 2018 se anota que va
mejorando y a la exploración presenta mínima molestia. Control en un
mes.
El 19 de julio de 2018 es vista en la Unidad del Dolor que destaca
que en los tres meses de evolución el dolor ha disminuido en intensidad
de forma progresiva, por lo que no consume analgésicos. Se recomienda
realizar vida normal y consumir puntualmente analgésicos menores.
El 19 de julio de 2018 se realiza notificación a biovigilancia según
procedimiento.
El 22 de julio de 2018 Hematología mantiene las recomendaciones
de la Unidad del Dolor.
El 15 de octubre de 2018 no acude a la consulta de Hematología.
En marzo de 2019 acude al Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, en el cual el Servicio de Traumatología recoge el dolor
persistente en pala iliaca y una gonalgia en rodillas preexistente a la
extracción. En dicho centro se realiza una resonancia el 10 de abril de
2019 en la que se hace constar que presenta intensidad de señal de la
médula ósea homogénea, sin áreas de edema óseo ni líneas de fractura
detectables.
Recibe el alta el 12 de junio de 2019 con recomendaciones relativas
a su patología de rodillas.
TERCERO.- A raíz de la formulación del escrito de reclamación se
ha instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad
patrimonial y se han solicitado los informes que se consideraron
pertinentes, de los que se destacan los siguientes particulares.
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El 14 de agosto de 2019 se comunica a la reclamante, a través de la
abogada designada para la práctica de notificaciones, el inicio del
procedimiento, el plazo máximo para resolver y el sentido del silencio. La
notificación telemática es rechazada el 25 de agosto por expiración del
plazo. Es notificada el 5 de septiembre de 2019 por comparecencia
personal en la sede del SERMAS.
El 30 de agosto de 2019 la aseguradora del SERMAS acusa recibo
de la reclamación.
El 6 de agosto de 2019 emiten informe el jefe de Servicio de
Hematología del HURYC y un facultativo de dicho servicio en el que
responden a los distintos reproches contenidos en el escrito de
reclamación.
Comienzan destacando que la reclamante conocía las posibilidades
de donación bien mediante médula ósea o por sangre periférica. En
concreto, en la historia clínica consta que en la petición del registro de
médula ósea al HURYC figura que la reclamante estaba conforme.
Igualmente, al acudir al HURYC se anotó que la reclamante fue
informada de las distintas alternativas para la donación y aceptó la
donación de médula ósea, facilitándole el oportuno documento de
consentimiento informado en el que se consigna que el volumen
aspirado no sobrepasará el 10-15% de su peso.
Respecto a la extracción de médula exponen que el equipo médico
disponía de una gran experiencia, siendo imposible recordar quien se
ocupó del lado izquierdo a lo que se suma el no inusual cambio de
postura de los facultativos respecto del paciente para mitigar su
cansancio (entre 200-400 punciones). El procedimiento exige la
utilización de trócares que perforan el periostio óseo para la extracción
de los progenitores medulares nemopoyéticos por aspiración.
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Al realizase entre 200-400 pinchazos es posible que dos
perforaciones adyacentes puedan generar una pequeña
esquirla/fractura como se ve en las pruebas radiológicas, además de la
habitual imagen en ?sacabocados? en las crestas iliacas consecuencia de
las múltiples punciones. Esta necesidad de romper el hueso se explica
en los consentimientos al explicar el procedimiento mediante ?múltiples
punciones?. Al realizarse un número tan elevado de punciones sobre una
zona de 15-25 cm2 es posible que resulten fracturas y microfracturas.
En cuanto a la cantidad extraída (948 cc) una vez descontando el
anticoagulante, supone el 13% de su peso corporal, dentro, por tanto, de
lo indicado en el consentimiento informado. Este también recoge como
riesgo la anemia transitoria y los concentrados de hematíes eran de la
propia reclamante para evitar infecciones. Asimismo, es habitual que,
por precaución, los donantes queden ingresados durante una noche.
Respecto a la actuación posterior indican que fue vista en cuatro
ocasiones y se realizó un TAC aun cuando refería mejoría. Se solicitó
una resonancia que no fue realizada por ?paciente atendido/problema
solucionado? y una consulta a Traumatología.
También se solicitó una consulta con la Unidad del Dolor que
recomendó vida normal lo mismo que Traumatología (evitar movimientos
bruscos). Por último, la reclamante no acudió a la consulta programada
en octubre.
Por todo ello no hubo dejación ni falta de seguimiento. El dolor fue
remitiendo progresivamente con los consejos y el tratamiento pautados.
En definitiva, consideran que no hubo ninguna mala praxis.
En fecha que no consta el Servicio de Unidad del Dolor remite un
?informe de evolución de consultas externas? en el que se recoge la
asistencia prestada.
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El 7 de agosto de 2019 los jefes de Servicio y de Sección de Cirugía
Ortopédica y Traumatología emiten informe en el que indican que la
reclamante al acudir a ese servicio en mayo de 2018 presentaba fractura
en pala iliaca (ya que en la extracción de médula siempre hay que
romper la cortical del hueso para proceder a la extracción). Es un
proceso traumático y doloroso y hasta que no consolidan las lesiones no
desaparece el dolor. Consideran que la reclamante no precisa
tratamiento por parte de ese servicio salvo tratamiento sintomático.
El 27 de agosto de 2019 el jefe de Servicio de Hematología remite
información facilitada por el director médico de REDMO de la Fundación
Josep Carreras en el que se indica que la reclamante percibió todos los
gastos de desplazamientos, dietas, alojamiento de ella y su acompañante
y recibió 60 euros diarios durante los 66 días de baja (3.960 euros) del
seguro adicional que se hace a los donantes efectivos.
El 25 de febrero de 2020 la reclamante a través de su abogada
solicita copia del informe de la Inspección Sanitaria. El 7 de septiembre
de 2020 la jefa de la Unidad Técnica de Coordinación solicita que
acredite la representación o que presente la solicitud firmada por la
reclamante.
El 20 de octubre de 2020 emite informe la Inspección Sanitaria en
el que, tras exponer la asistencia sanitaria prestada, destaca que la
reclamante fue adecuadamente informada y valorada con carácter previo
a la extracción.
La extracción fue adecuadamente realizada sin incidencias y en la
evolución posterior presentó dolor, algo normal en estas intervenciones.
El control médico fue adecuado con un seguimiento correcto por el
Servicio de Hematología y el TAC realizado el 29 de mayo de 2018 (en un
plazo razonable) mostró una pequeña fractura que fue tratado de forma
sintomática y con evolución satisfactoria. Destaca que la reclamante
consultó en otro hospital muy posteriormente y en la resonancia que se
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realizó se apreció normalidad absoluta a la integridad de las estructuras
de la pelvis.
Por ello considera que no hay evidencias de alguna actuación
incorrecta.
El 10 de diciembre de 2020 la abogada de la reclamante presenta
un escrito por el que subsana un error en la reclamación y autoriza a la
Comunidad de Madrid a acceder a su historia clínica.
El 15 de marzo de 2021 se concede trámite de audiencia a la
reclamante que presenta escrito de alegaciones el 8 de abril.
En el mismo reitera los planteamientos de la reclamación inicial e
índice especialmente que los consentimientos informados no
contemplaban el riesgo de fractura de la cresta iliaca.
Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública
formuló propuesta de resolución, de 2 de agosto de 2021, en la que
propone al órgano competente para resolver desestimar la reclamación
al haberse ajustado la asistencia sanitaria a la lex artis tanto en la
asistencia sanitaria propiamente dicha como en la información facilitada
a la reclamante.
CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta por
trámite ordinario que ha tenido entrada en el registro de la Comisión
Jurídica Asesora el 27 de agosto de 2021, correspondiendo su estudio,
por reparto de asuntos, al letrado vocal D. Carlos Yáñez Díaz, que
formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, siendo deliberada y
aprobada, por unanimidad, en el Pleno de la Comisión en su sesión de 5
de octubre de 2021.
El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la
documentación que se consideró suficiente.
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A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, por ser
la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a
15.000 euros y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor del
artículo 18.3 del Reglamento de Organización y funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado por
Decreto 5/2016, de 19 de enero (ROFCJA).
El presente dictamen se emite en plazo.
SEGUNDA.- La reclamante ostenta legitimación activa para
promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del
artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) en
relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) en cuanto es la persona
que recibió la asistencia sanitaria que considera incorrecta y causante
del daño.
Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Comunidad
de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el HURYC que
forma parte de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.
Por lo que se refiere al requisito temporal, las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año,
a tenor del artículo 67.1 de la LPAC.
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En este caso, el día inicial del plazo vendría determinado por la
determinación de la secuela consistente en la fractura de la cresta iliaca
el 29 de mayo de 2018. Por dicha secuela recibió tratamiento médico
hasta el 22 de julio de 2018. De esta forma la reclamación presentada el
6 de junio de 2019 estaría formulada dentro del plazo legal.
En cuanto al procedimiento, de conformidad con lo establecido en
el artículo 81 de la LPAC, se recabó el informe de los Servicios de
Hematología, Unidad del Dolor y Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Igualmente se ha evacuado el informe de la Inspección Sanitaria.
De conformidad con el artículo 82 de la LPAC se ha concedido el
trámite de audiencia a la reclamante.
TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la
Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la
Constitución Española y su desarrollo en las Leyes 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, exige, según una constante y reiterada
jurisprudencia, una serie de requisitos, destacando la sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que es
necesario que concurra:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de
personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata
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y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños
que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño
cabalmente causado por su propia conducta.
Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad
del daño que consiste, no en que la actuación de la Administración sea
contraria a derecho, sino que el particular no tenga una obligación de
soportar dicho daño [así sentencias de 1 de julio de 2009 (recurso
1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 3021/2011)].
CUARTA.- La reclamación plantea varias críticas a la asistencia
sanitaria recibida. De un lado considera que no debía haberse extraído
médula sino una extracción de sangre periférica. En segundo lugar,
considera que la extracción fue realizada de forma incorrecta de tal
forma que se le fracturó la cresta iliaca. Entiende que no fue
adecuadamente informada de ese riesgo y, por último, considera que el
manejo de la complicación tras la extracción de médula fue inadecuado.
En las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial sanitaria el
criterio determinante es el cumplimiento o no de la lex artis, en cuanto
buena práctica médica. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
junio de 2008 (recurso 2364/2004) define este concepto indicando (FJ
4º), que: ?según jurisprudencia constante de esta Sala, un acto médico
respeta la lex artis cuando se ajusta al estado de conocimientos de la
comunidad médica en ese momento y, así, realiza lo que generalmente se
considera correcto en el tipo de situación de que se trate?.
La carga de la prueba de la vulneración de esa lex artis corresponde
en principio a quien reclama el reconocimiento de la responsabilidad
patrimonial conforme lo establecido en el artículo 217 de la Ley de
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Enjuiciamiento Civil si bien teniendo en cuenta lo dispuesto en ese
precepto legal en cuanto a la facilidad probatoria tal y recuerda la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de
diciembre de 2017 (recurso 39/2015).
En este caso, la reclamante critica que se optase por la extracción
de médula y no de sangre. No ofrece explicación científica alguna y
mucho menos algún respaldo probatorio adecuado. Por el contrario, el
informe del Servicio de Hematología afirma que la extracción de médula
era necesaria al ser el receptor un varón de corta edad y el hospital
alemán que solicitó la donación pidió médula para evitar un rechazo.
En cuanto a la realización de la extracción que la reclamante
considera efectuada de forma incorrecta, lo que habría causado la
fractura de la cresta iliaca, tampoco aporta prueba alguna que permita
acreditar siquiera sea de forma indiciaria la existencia de mala práxis.
Por el contrario, el informe del Servicio de Hematología afirma que
la extracción se realizó de forma adecuada, tanto en la forma como en la
cantidad de médula extraída. Esta opinión es avalada por el informe de
la Inspección Sanitaria.
Es reiterado el criterio de esta Comisión en cuanto a que el informe
de la Inspección Sanitaria presenta una especial relevancia dada la
independencia y criterio profesional de la Inspección, criterio que es
también acogido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
sentencias como la reciente de 11 de mayo de 2021 (rec. 33/2019).
Así pues, hay que concluir que la extracción de médula fue
adecuada y su ejecución se realizó de forma correcta sin que la
reclamante haya aportado prueba alguna en contrario.
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Lo mismo ha de decirse en cuanto a la afirmación de un incorrecto
manejo de la complicación. La reclamante fue atendida en todo
momento del dolor que presentaba y que era una complicación habitual
prevista en el consentimiento informado. Es más, para asegurar un
correcto seguimiento se le realizó un TAC y fue remitida a los servicios
de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de la Unidad del Dolor que
ratificaron las medidas que había adoptado Hematología.
Por último, al acudir la reclamante a un hospital distinto para
tratar una patología diferente, se le realizó una resonancia que en
opinión de la Inspección ratifica que el problema de la cresta iliaca
estaba solucionado. Se desvirtúa así lo afirmado por la reclamante en el
trámite de audiencia en cuanto a que en junio de 2019 el problema
continuaba al acudir a interconsultas de Traumatología. Se trataba de
un hospital distinto, por una dolencia diferente y en las pruebas que se
hicieron el problema de la columna estaba resuelto.
Todo lo anterior conduce a entender que la asistencia sanitaria fue
correcta.
QUINTA.- La reclamante afirma en el trámite de audiencia que no
fue adecuadamente informada al no figurar entre los riesgos ?la fractura
de la cresta iliaca a consecuencia de las sucesivas punciones que se
realizan en la misma? (folio 169).
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, establece en su artículo 8 que el
consentimiento será verbal por regla general con una serie de supuestos
en los que será escrito como son las intervenciones quirúrgicas, los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general,
aquellos procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de
notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
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En todo caso la información comprenderá, según el artículo 10 de
dicha Ley: a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la
intervención origina con seguridad; b) Los riesgos relacionados con las
circunstancias personales o profesionales del paciente; c) Los riesgos
probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al
estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de
intervención; d) Las contraindicaciones.
Como se puede comprobar, el precepto utiliza conceptos
indeterminados que han de interpretarse de acuerdo con los criterios del
artículo 3 del Código Civil, especialmente el teleológico.
A este respecto el artículo 4 de la Ley 41/2002 establece como
premisa que la información será verdadera, se comunicará al paciente
de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a
tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
La jurisprudencia ha destacado que la información no puede ser
excesiva. Para la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de
2011 (rec. 13100/2007) no existe una deficiente información si el
paciente conoce los riesgos de la cirugía propuesta, ?siendo una
interpretación absurda del deber de informar el hecho de que no se utilice
el nombre técnico con que se conoce en medicina el cuadro o patología que
presente?.
En nuestro reciente Dictamen 401/21, de 31 de agosto, citamos la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de marzo
de 2021 (rec. 719/2019) recuerda que:
?Es evidente que la información que se debe suministrar al paciente
no puede ser tan exhaustiva a los conocimientos precisos que exigen
el conocimiento de las diversas técnicas, procedimientos, patologías,
dolencias, consecuencias, etc., no puede ser tan exhaustivo que
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escape a las posibilidades de razonable y comprensión de la
situación derivada de una intervención, en este caso de una
intervención quirúrgica. No puede resultar tan amplio y tan
descriptivo que comprenda todos y cada una de las posibles
consecuencias de una cirugía como la que en este caso se iba a
practicar, por mínima que pudiera ser o por muy infrecuente que
pudiera ser. Exigir que el documento firmado por el paciente para
casos como el presente (cirugía cardíaca) resulte total y
absolutamente comprensivo de cualquier consecuencia, posible o
probable, por infrecuente que sea, determinaría la necesidad de una
gran amplitud del documento y de la información que debe ser
suministrada al paciente?.
Es decir, el paciente ha de estar informado de los riesgos de la
técnica médica a la que se somete sin que haya que explicarle
pormenorizadamente la génesis de tales riesgos.
En el caso que nos ocupa la reclamante firmó un primer
consentimiento en la Fundación Josep Carreras en el que constaba
como riesgo (folio 75) el ?dolorimiento de las zonas de punción que cede
con analgésicos suaves y desaparece en 24-48 horas. Excepcionalmente
puede prolongarse durante unos días o semanas pero sin limitar la
actividad diaria?.
En el HURYC firmó un segundo consentimiento en el que figuraba
el mismo riesgo pero limitado a ?unos días?.
En ambos consentimientos se explica que la técnica consiste en
punciones repetidas de las crestas iliacas posteriores que se identifican
con ?prominencias óseas de la parte postero-superior de la cadera? o más
sencillamente como ?huesos de la cadera?.
En ambos casos la reclamante se declara debidamente informada.
19/21
La cuestión es determinar si la referencia al dolor en la zona de la
punción con una duración de días o semanas era suficiente o debía
consignarse expresamente la posibilidad de fractura ósea.
Tal y como se ha avanzado no parece razonable exigir que se
informe tanto del riesgo como de la posible causa de ese riesgo. La
reclamante sabía que la donación conllevaba la posibilidad de
experimentar dolor durante días o semanas.
Ese riesgo se materializó y la atención sanitaria posterior determinó
que se había producido una pequeña fractura de la cresta que no
precisó más tratamiento que el de reposo relativo y la administración de
analgésicos menores.
Por ello no puede considerarse que existiera una indebida o
insuficiente información y, por tanto, no habría lugar a la
responsabilidad patrimonial de la Administración.
No obstante, aun cuando se admitiera, a efectos dialécticos, que la
información suministrada fue insuficiente, ha de destacarse que la
aseguradora de la Fundación Josep Carreras abonó a la reclamante una
indemnización de 60 euros por día de baja hasta un total de 66 días y
3.960 euros. Este hecho, omitido en la reclamación y que no ha sido
negado por la reclamante en el trámite de audiencia, determina que la
reclamante ya ha sido indemnizada por los daños por los que reclama.
El daño causado, ya se entienda como daño moral o físico, ha sido
de escasa entidad ya que la reclamante conocía que el procedimiento
generaba dolor durante días o semanas. Dicho dolor fue controlado con
analgésicos menores y no precisó otro tipo de medidas. Por ello la
indemnización por tales daños no parece que debiera ser superior a la
cantidad ya percibida lo que excluiría el abono del daño por la
20/21
Administración para evitar una duplicidad indemnizatoria que generaría
un enriquecimiento injusto.
En este sentido la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de
octubre de 2013 (rec. 46/2011) con cita de la sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de mayo de 1996 recuerda que:
?La necesidad de evitar el enriquecimiento injusto comporta el
principio de la compensación con otras reparaciones surgidas de
regímenes jurídicos y por títulos ajenos al de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas: el principio
compensatio lucri cum damno. No obstante, el mero reconocimiento
legal de aquéllas no lleva consigo una exclusión del régimen de
responsabilidad patrimonial. Sólo será así cuando la ley lo prevea o
cuando las circunstancias del caso concreto demuestren que se ha
llegado a una reparación total confrontando la valoración de los
daños y perjuicios causados con la cuantía de la indemnización o
compensación obtenida. En los demás casos, se impone únicamente
el tener en cuenta la reparación obtenida por otros conceptos al hacer
las valoraciones encaminadas a determinar la cuantía de la
indemnización procedente a título de responsabilidad patrimonial?.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula
la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede desestimar la presente reclamación al no haberse
acreditado la existencia de infracción de la lex artis.
21/21
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 5 de octubre de 2021
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen nº 476/21
Excmo. Sr. Consejero de Sanidad
C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid
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