Última revisión
16/10/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0458/23 del 14 de septiembre de 2023
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 14/09/2023
Num. Resolución: 0458/23
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 14 de septiembre de 2023, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido de oficio por la citada consejería con la titular del derecho de propiedad sobre la plaza de garaje nº ??, sita en la calle ??, de San Fernando de Henares (expediente RPO 56/22), por los daños derivados de las obras del tramo del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, en el que figura como interesada Dña. ??.Tesauro: Daño efectivo
Daño. Valoración
Legitimación activa
Interés legítimo
Daños y perjuicios
Procedimiento administrativo. Iniciación
Procedimiento administrativo. Tramitación
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, en su sesión de 14 de septiembre de 2023,
aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero
de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, al amparo del artículo 5.3 <p>de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre,en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial promovido de oficio por la citada consejería
con la titular del derecho de propiedad sobre la plaza de garaje nº ??,
sita en la calle ??, de San Fernando de Henares (expediente RPO
56/22), por los daños derivados de las obras del tramo del túnel de la
Línea 7B de Metro de Madrid, comprendido entre las estaciones de
Barrio del Puerto y Hospital del Henares, en el que figura como
interesada Dña. ??.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 24 de agosto de 2023 tuvo entrada en el registro
de la Comisión Jurídica Asesora la solicitud de dictamen preceptivo,
cursada a través del consejero de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras, en relación con la reclamación de responsabilidad
patrimonial mencionada en el encabezamiento.
Dictamen n.º: 458/23
Consulta: Consejero de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 14.09.23
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La citada solicitud se ha formulado con carácter urgente. La
urgencia se justifica por la gravedad de los daños causados a los
inmuebles; la elevada cantidad de afectados; la alarma social causada en
el municipio de San Fernando de Henares; las graves consecuencias
personales, familiares y económicas que están padeciendo los
damnificados y, finalmente, porque ?la complejidad de la tramitación de
los procedimientos de responsabilidad patrimonial, debido a la dificultad
de completar la documentación necesaria, al elevado número de
expedientes y a la singularidad técnica de los mismos, ha supuesto un
alargamiento en el tiempo de tramitación?.
A dicho expediente se le asignó el número 472/23, comenzando el
día señalado el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora,
aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno
(en adelante, ROFCJA).
La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la letrada
vocal Dña. Carmen Cabañas Poveda, que formuló y firmó la oportuna
propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de esta
Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 14 de septiembre de 2023.
SEGUNDO.- Del expediente remitido resultan los siguientes hechos,
de interés para la emisión del presente dictamen que, a continuación, se
relacionan:
1.- El contrato de obras ?Infraestructura de prolongación de la línea
7 del Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3:
Coslada-San Fernando de Henares? fue adjudicado por el ente de
derecho público de la Comunidad de Madrid, MINTRA, Madrid,
Infraestructuras del Transporte, en septiembre de 2004 a la empresa
Dragados, S.A. Dicho tramo pertenece a la línea 7B, que transcurre entre
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las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares y tiene un
total de siete estaciones.
El 25 de abril de 2006 se aprueba el modificado nº1 al ?Proyecto de
construcción de la infraestructura de prolongación de la línea 7 del Metro
de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San
Fernando?. Las obras finalizaron en 2007 y la línea entró en servicio.
2.- Entre tanto, tuvo lugar la extinción de MINTRA, operada por la
LLey 4/2011, de 28 de julio,e extinción de MINTRA, en cuyo artículo
único, apartado 2, se establecía que el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones resultantes de la extinción se integrarían en la Dirección
General de Infraestructuras, ?que prestará las funciones que
correspondían a dicha entidad?.
3.- Desde la puesta en funcionamiento del tramo de la línea 7 del
Metro de Madrid, que discurre entre las estaciones de Barrio del Puerto y
Hospital del Henares, se detectaron diversas incidencias, tanto en la
infraestructura misma del metro (túnel y pozo de bombeo PK 2+890)
como en las edificaciones del exterior, concentrándose la mayor parte en
la zona del pozo de ventilación del tramo del túnel ubicado en la calle
Rafael Alberti del municipio de San Fernando de Henares, a
consecuencia de filtraciones de agua, que provocaron movimientos del
terreno y daños a las edificaciones aledañas. Estas incidencias obligaron
a la realización de numerosas obras de rehabilitación y consolidación
desde prácticamente la puesta en funcionamiento del servicio hasta la
actualidad, conllevando en algunos casos, como el presente, la
demolición de determinados inmuebles.
4.- Con la finalidad de encontrar el origen de las patologías
detectadas, se encargó un informe por Dragados, S.A., como empresa
contratista, sobre ?seguimientos hidrogeológicos en el túnel de la Línea 7
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de Metro de Madrid- Tramo III Coslada-San Fernando?, que fue redactado
por GEOCISA, en el mes de diciembre de 2011.
Ese informe apunta que las entradas de agua se producían por
filtraciones a través de fisuras y grietas en las paredes del pozo de
evacuación, que se había convertido en un pozo de extracción de agua
subterránea, en lugar de uno de recepción.
Con la construcción del túnel y posterior drenaje del agua
procedente de éste, se produjo la movilización de un flujo de agua
subterránea y con él, el inicio de un proceso de disolución del terreno. A
su vez, la entrada progresiva de agua ocasionó la karstificación del
terreno, que es un fenómeno producido en suelos de yesos y calizas, que
se disuelven por efecto del agua, dando lugar a la aparición de
oquedades, rellenas o no, que pueden conllevar a hundimientos bruscos
del terreno.
Estos hechos señalaban una conexión hidráulica entre el túnel y el
río Jarama, dándose una inversión del flujo subterráneo preexistente,
actuando el rio como fuente de recarga del sistema kárstico y el pozo de
Metro como descarga artificial del mismo.
5.- A la vista de las deficiencias citadas, la Consejería de
Transportes e Infraestructuras acordó el inicio de un expediente de
exigencia de responsabilidad por vicios ocultos a la empresa contratista
Dragados S.A., que se resolvió por la Orden de 18 de noviembre de 2016,
por la que se dispuso declarar a la empresa Dragados, S.A. responsable
de los daños derivados de los vicios ocultos detectados en las obras, y se
le reclamó una cantidad en concepto de indemnización por los perjuicios.
Formulado recurso de reposición, este fue desestimado por Orden de 20
de diciembre de 2016.
6.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la empresa
contratista contra las anteriores resoluciones (Procedimiento Ordinario
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8/2017), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección 3) dictó la Sentencia de 9 de enero de
2019 que anuló las citadas órdenes. Según la citada sentencia:
?La conclusión no puede ser otra que diseñado el pozo de bombeo
como permeable, el agua comenzó a filtrarse por el mismo cuando
MINTRA empezó a bombear agua, atrayendo más agua que disolvió
el terreno alrededor del pozo y por debajo del túnel, lo que provocó el
movimiento del mismo, abriéndose sus juntas al atacar las aguas
salinas el mortero del gap y acelerando el proceso de karstificación
que se desató, lo cual evidencia que la causa del problema radicó,
efectivamente, en el diseño de la permeabilidad del pozo, cuya
responsabilidad no puede atribuirse a Dragados, S.A., sino a MINTRA
que supervisó y aprobó el modificado del proyecto que incluía la
ejecución del pozo de bombeo como permeable, lo que se reveló como
el defecto de proyecto determinante de la inundación del túnel. No
cabe imputar Dragados, S.A. una mala ejecución del túnel, que no
solo no ha quedado en modo alguno acreditada, sino además porque
en el proyecto de la obra tampoco se recogía la impermeabilización
del túnel, de manera que la causa de la ruina producida fue el
defecto del proyecto consistente en no tener en cuenta las
singularidades del terreno que exigía un pozo impermeable en lugar
del que se diseñó y ejecutó conforme al proyecto de la obra?.
El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto
por la Comunidad de Madrid contra la citada sentencia, por lo que esta
devino firme.
7.- Desde la aparición de dichos daños, se efectuaron inspecciones
a las viviendas y auscultación y control de los edificios que pudieran
afectarse, para realizar un seguimiento constante de la situación. Entre
los años 2009 y 2021, se han realizado contratos de emergencia para la
estabilización de los terrenos del entorno como consecuencia de los
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asentamientos y para la impermeabilización del túnel de Metro de la
línea 7B. Las diversas actuaciones realizadas en la zona para solucionar
estas afecciones en principio parecían haber solucionado el problema.
No obstante, desde mediados de agosto 2018 y hasta octubre de
2019, se incrementaron las quejas de los vecinos, por lo que se procedió
a realizar nueva visita a las edificaciones, emitiendo informe la Unidad
de Seguimiento y Control del contratista de auscultación y supervisión
geotécnica (USAC).
Posteriormente, en enero del año 2020, se elaboró un informe
técnico por la UTE Servicios Comunidad de Madrid sobre ?la situación de
las edificaciones en el entorno de la línea 7 B de metro y su relación con
los movimientos del terreno?, en el que se determina que los daños
aparecidos en la calle de la Presa de San Fernando de Henares (según
inspecciones realizadas a lo largo del año 2019) podían calificarse de
graves en algunas viviendas, siendo muy posible su evolución a muy
graves.
8.- Debido a esta situación, se contrató por procedimiento de
emergencia a la empresa INES, Ingenieros Consultores, S.L. para la
ejecución del servicio de diagnosis y seguimiento geotécnico del terreno
en las inmediaciones de la línea 7B de Metro. La citada empresa emitió
una nota técnica el día 7 de diciembre de 2020, en la cual se indicaba
que, a partir de agosto de 2020, se observa una aceleración del proceso,
al haber nuevos descensos en el entorno del pozo PK 2+890, lo que hacía
necesario realizar nuevas actuaciones en las calles Presa y Rafael Alberti,
así como en el propio pozo.
Estas actuaciones consistieron fundamentalmente en obras de
consolidación del terreno, que finalizaron en el mes de abril de 2021, sin
haberse observado durante ese período movimientos relevantes de
asientos diferenciales, hasta la primera semana del mes de mayo, en la
que se produjeron nuevos movimientos de asiento en las viviendas.
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Dada la existencia de estos nuevos asientos del terreno cercanos a
las viviendas tras las obras de consolidación, se procede a buscar el
origen, detectándose una anomalía en el entorno del cruce de las calles
de la Presa y Rafael Alberti, donde se ubica el pozo PK 2+890, por lo que
se insta al Canal de Isabel II a su revisión, como responsable del
mantenimiento de la infraestructura y del alcantarillado municipal,
comprobándose que el pozo de registro, el PK 2+890, perteneciente a la
red general, se encontraba averiado y su fondo horadado, produciendo
pérdidas de agua.
El Canal de Isabel II realiza unos primeros trabajos de reparación
del pozo y del colector municipal en mayo y junio de 2021 y,
posteriormente, efectúa el desvío definitivo del agua bombeada desde el
pozo reparado a un nuevo colector (en la calle Francisco Sabatini) que
acomete al colector principal (en la calle Ventura de Argumosa).
Mediante Orden de fecha 26 de julio de 2021, de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, se declara por emergencia la realización
de los trabajos especializados de rehabilitación estructural del edificio
sito en la calle de la Presa, número 33 y de refuerzo estructural y
reparación de elementos asociados del edificio sito en calle de la Presa,
número 4 y calle de Rafael Alberti, números 1 y 3 de San Fernando de
Henares. La citada Orden es ampliada el 14 de septiembre del 2021,
para incluir las actuaciones de realojo de los ocupantes de las viviendas
de los edificios situados en calle de la Presa, número 4 y calle de Rafael
Alberti, números 1 y 3, de San Fernando de Henares.
9.- En fecha 22 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares emite el Decreto 1988/2021, por el que se declara
la situación de ruina física inminente de las edificaciones y se ordena los
propietarios y ocupantes de las viviendas, locales y garajes ubicados en
la calle de la Presa 4 y calle Rafael Alberti 1 y 3 desalojar las mismas.
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En fecha 26 de enero de 2022, el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares comunica el Decreto 171/2022, por el que se inicia el
expediente de declaración en estado o situación legal de ruina
urbanística de la calle de la Presa, 4 y calle Rafael Alberti, 1 y 3 y el día 6
de abril de 2022 el Ayuntamiento de San Fernando de Henares emite el
Decreto 0645/2022, por el que se declara en estado o situación legal de
ruina urbanística de las edificaciones de la calle de la Presa, 4 y calle
Rafael Alberti, 1 y 3, siendo el daño, por tanto, irreversible.
Con fecha 7 de abril de 2022, se dicta Orden la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de declaración de emergencia de
modificación y ampliación del encargo relativo a los trabajos de
estabilización estructural del edificio sito en calle de la Presa, 33 y los
trabajos de refuerzo estructural y reparación de elementos asociados del
edificio sito en calle de la Presa, 4 y calle Rafael Alberti, 1 y 3, y por la
que se ordena que para la ejecución de los trabajos y actuaciones de
demolición resulta imprescindible ampliar el plazo del encargo hasta el
20 de septiembre. Asimismo, se ordena ampliar hasta esa misma fecha
las actuaciones siguientes del encargo respecto al edificio sito en c/
Presa, 4 y c/ Rafael Alberti, 1 y 3: alojamiento y manutención,
guardamuebles, gastos de transporte entre alojamiento y puntos dentro
de San Fernando, vigilancia de los inmuebles desalojados, suministros
de agua, energía eléctrica, gas y telefonía del alojamiento, plazas de
garaje en plazas de estacionamiento privado durante la ejecución de los
trabajos.
Además, y ante la evidencia de la irreversibilidad de la situación, el
21 de febrero de 2022 se resolvió por Orden de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras iniciar de oficio los procedimientos de
responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en las obras de
construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro de Madrid. La
indicada Orden fue publicada el 7 de marzo de 2022 en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.
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Con fecha 3 de mayo de 2022 el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares da conformidad a la solicitud de demolición del edificio sito en
la calle de la Presa, 4 y en la calle Rafael Alberti, 1 y 3, de acuerdo con el
proyecto presentado a tal fin.
TERCERO.- La Orden de 21 de febrero de 2022 de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras acordó el inicio de oficio de los
procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en las
obras de construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro de
Madrid -documento 1-, a tramitar de conformidad con las previsiones de
la LeLey 39/2015, de 1 de octubre,el Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Se trata de una orden que dispone la incoación de expedientes de
responsabilidad patrimonial en favor de todos los posibles afectados, en
la que después de efectuar una relación de los hechos principales, se
recogen unos fundamentos de derecho, entre los cuales hay que destacar
el quinto, que individualiza los inmuebles afectados: calle de la Presa,
números 4, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 y 33; calle Rafael Alberti,
números 1 y 3; calle Pablo Olavide, números 9 y 11; calle Ventura
Argumosa, número 20 (F y G) y calle Nazario Calonge, número 5, ?sin
perjuicio de la posibilidad de incluir nuevos inmuebles afectados en el
caso de que se dieran las circunstancias y requisitos legales para ello?.
En su fundamento de derecho sexto determina quiénes tienen la
condición de interesados en los procedimientos, señalando a:
?- Las personas físicas o jurídicas titulares de los bienes inmuebles
citados.
- Las personas físicas ocupantes de las viviendas situadas en los
edificios citados.
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- Las personas físicas o jurídicas titulares de actividades económicas
desempeñadas en los edificios citados.
- Cualesquiera otros que acrediten ostentar un derecho o interés
legítimo, o bien que ello se deduzca de la tramitación del
correspondiente procedimiento?.
Finalmente, en el fundamento jurídico séptimo establece lo
siguiente:
?Estos procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician sin
perjuicio de la posible intervención de otros agentes en la producción
del daño, cuyas responsabilidades se determinarán en la tramitación
de los expedientes y respecto a los cuales la Consejería de
Transportes e Infraestructuras se reserva las acciones legales
necesarias para exigir y resarcir los perjuicios que les sean
imputables?.
La Orden de 21 de febrero de 2022 de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 7 de marzo de 2022, ?sin perjuicio de su
notificación individual a los interesados?.
En virtud de la indicada previsión, con fecha 19 de abril de 2022 se
efectuó la notificación individual de la Orden a la interesada referida en
el encabezamiento del presente dictamen, en su condición de propietaria
de la plaza de garaje identificada en el encabezamiento del presente
dictamen, de San Fernando de Henares. Adicionalmente se les requirió
que aportara documentación acreditativa de su identidad; de la
titularidad de los bienes y derechos afectados; relación de los daños
producidos en sus bienes y derechos; cuantificación del daño producido
y su justificación; en caso de haber percibido cualquier prestación por
parte de alguna Administración Pública por el objeto de la reclamación,
debían señalar su importe, el concepto y la Administración otorgante; en
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caso de haber presentado alguna reclamación por responsabilidad en vía
civil o administrativas por los mismos hechos, informar sobre la misma
y, finalmente, cualquier otra documentación que se considerara
adecuada -documento 2-.
El 13 de abril de 2022, se formuló consulta a la Abogacía General
de la Comunidad de Madrid sobre si cabría prorrogar la cobertura
económica de los gastos que estaban siendo sufragados una vez
finalizados los encargos de emergencia y si sería viable abonarlos como
anticipo de las futuras indemnizaciones.
El informe de 27 de abril de 2022 de la Abogacía General de la
Comunidad de Madrid, indicó que, extinguida la vigencia del encargo a
TRAGSA, no era posible seguir asumiendo los gastos de realojo de las
familias afectadas al amparo del mismo y que la regulación legal del
procedimiento de responsabilidad patrimonial no contempla la
posibilidad de realizar abonos a cuenta de futuras indemnizaciones, sin
perjuicio de la posibilidad de terminación convencional de los
procedimientos, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 39/2015 y
de dar respuesta a la subsistencia de la necesidad de realojo de los
afectados en viviendas del Parque de Viviendas de Emergencia Social de
la Agencia de Vivienda Social, o a través de la concesión directa de
subvenciones al amparo del artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
La perjudicada efectuó una primera contestación a los
requerimientos efectuados para que completara su documentación,
adjuntando la nota simple de la inscripción registral de su titularidad y
la escritura de compraventa del garaje. El día 11 de julio de 2022 se le
volvió a solicitar completar la subsanación de su reclamación -
documento 3-, aunque dicho requerimiento no fue atendido.
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Mientras tanto, se habían seguido desarrollando actuaciones para
consolidar los suelos de la zona y desarrollando estudios por encargo de
la administración madrileña que establecieron que el terreno es inestable
y susceptible de presentar disoluciones futuras, por lo que para
garantizar la estabilidad habría que implantar pilotes de gran
profundidad -de 55 a 60 metros- y de un diámetro muy considerable y,
por ello, según se concluye en la ?Nota Técnica?, de 16 de noviembre de
2022, que se ha incorporado al expediente y que fue elaborada por una
consultora dedicada al control de calidad de proyectos, ejecución de
materiales y obras, la ejecución de estudios de patología y rehabilitación
de estructuras y la asistencia técnica en la construcción: ?(?) desde el
punto de vista técnico (ejecución de pilotes de gran longitud y diámetro,
que deben soportar cargas elevadas) y desde el punto de vista económico
(por la carga que supone el coste que conlleva utilizar dicho tipo de
pilotaje, el cual superaría con creces el valor total de la edificación: vuelo y
suelo) se considera que no es viable e lcimentación mediante pilotes,
necesaria para poder realizar la edificabilidad prevista o del recalce de las
existentes?.
Consta un requerimiento de la jefa de Área de Recursos y Asuntos
Contenciosos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, de 26
de septiembre de 2022, dirigida a la Subdirección General de
Concesiones, Patrimonio y Conservación, al amparo del artículo 81.1 de
la LPAC, interesando aclaración sobre los siguientes extremos: relación
de causalidad entre el daño y el servicio público, concreción de los daños
producidos y valoración de las alegaciones y petición de los interesados.
Adicionalmente, el 2 de septiembre de 2022, se efectuó consulta a la
Abogacía General de la Comunidad sobre cuestiones de orden
procedimental, referidas a los procedimientos que de responsabilidad
patrimonial que se estaban tramitando.
El informe de 9 de septiembre explicó que el artículo 86.1 de la Ley
39/2015, permite la adopción de acuerdos no finalizadores del
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procedimiento administrativo, con carácter previo a la resolución que le
ponga fin y que, caso de producirse, tales acuerdos no finalizadores del
procedimiento no deberían ser sometidos al dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora, que sólo emite dictamen, en su caso, una vez
redactada la propuesta de resolución finalizadora del procedimiento o del
acuerdo de terminación convencional.
Entre tanto, consta un tercer requerimiento a la reclamante, de
fecha 1 de diciembre de 2022, al objeto de que aportara toda la
documentación interesada para atender la subsanación de su
reclamación inicial -documento 5-.
De mayor importancia resultó un tercer informe de 9 de enero de
2023, emitido por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tras
la oportuna consulta. El mismo concluyó que, para determinar el
alcance de la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por
tanto, el importe de la indemnización, la valoración del suelo debe
realizarse en los términos de los artículos 34 y siguientes del RDL
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y que la inclusión en esa
indemnización del valor del terreno y la edificación, no comporta, por sí
mismo, un enriquecimiento injusto, siempre que ello obedezca a criterios
legales, a fin de conseguir la reparación integra de los mismos que es la
función propia del procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Añadiéndose que, si se considerase que el terreno aún conserva algún
valor residual, dicho valor subsistente debería ser excluido de la
indemnización, siendo esa una cuestión técnica a dilucidar en los
correspondientes informes de tasación.
Finalmente se indicaba que aunar en un sólo procedimiento la
responsabilidad patrimonial y la adquisición por la administración
autonómica de la propiedad de los terrenos podría suponer una
contravención de la regulación propia de uno y otro procedimiento ?y, en
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consecuencia, de lo impuesto por el artículo 86.1 y 86.5 de la Ley
39/2015, al apartarse de la regulación respectiva de los procedimientos
de responsabilidad patrimonial y de adquisición de bienes, no sólo en
cuestiones de tramitación, sino también de competencia.
El 31 de enero de 2023, la interesada efectuó la integra
subsanación de su solicitud, aportando la documentación que se le
había solicitado. Asimismo, cuantificó su reclamación en 15.000?,
considerando a tal fin que el inmueble siniestrado fue valorado en esa
cantidad al incluirlo en el acervo hereditario de su padre, a efectos de su
división entre los herederos; según consta en la escritura pública de
aceptación de la herencia de su padre, que aporta, sin que allí se
indiquen los argumentos valorativos concretos empleados ?documento 6-
.
El día 6 de febrero de 2023, el subdirector general de Concesiones,
Patrimonio y Conservación de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras emitió el informe solicitado con fecha 1 de enero de
2023, en el que se pronuncia sobre la relación de causalidad y la
responsabilidad de la administración, indicando: ?Los acontecimientos
geotécnicos que han provocado los asientos del terreno afectando a las
construcciones de la zona, derivan de las obras de construcción de la
Línea 7B, todo ello sin perjuicio de la eventual intervención de otros
factores como las deficiencias en el mantenimiento de la red de
saneamiento municipal gestionada por el Canal de Isabel II desde el 2012
y con anterioridad por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Por
ello, existe una relación de causalidad entre la actuación de la Comunidad
de Madrid y los daños sufridos en las edificaciones de la zona, por lo que
esta Administración es responsable de los perjuicios, con independencia
de la posible concurrencia de otros agentes, cuya participación y
responsabilidad se determinará en el expediente correspondiente.
En resumen, las causas han sido las siguientes:
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-Permeabilidad del pozo de ventilación y bombeo PK 2+890 que ha
favorecido el drenaje de la zona con la consiguiente disolución de sales
solubles, asentamientos del terreno y desestabilización de todas las
infraestructuras cercanas.
-Rotura de parte del saneamiento municipal que ha recirculado el
volumen de agua drenada multiplicando los efectos de disolución de las
sales solubles.
-Comportamiento del túnel de Metro como un gran drenaje una vez
disuelto el relleno entre las dovelas que lo conforman y el terreno como
consecuencia del punto 1 que ha incrementado la capacidad de disolución
al facilitar el movimiento de un caudal superior de agua.
Todo ello ha ocasionado la aparición de asientos diferenciales en las
cimentaciones de las edificaciones y, en algunos casos, estos
asentamientos han provocado la ruina de las edificaciones?.
El informe valora la plaza de garaje siniestrada de acuerdo con la
estimación efectuada por la empresa Tinsa, en un total de 11.625,00 ?, y
se acompaña de toda la numerosa documentación citada en el mismo -
documentos 8.1 y anexo 8.2-.
Adicionalmente consta en el expediente otro informe técnico
jurídico, de fecha 25 de noviembre de 2022, encargado por la Consejería
de Transportes e Infraestructuras a un despacho privado, acerca de los
parámetros de cálculo que debían ser tenidos en cuenta para efectuar el
pago de las indemnizaciones en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, que respalda los criterios de valoración empleados -
documento 4-.
El día 1 de marzo de 2023 se notifica a la interesada el trámite de
audiencia, adjuntando el informe de la Dirección General de
Infraestructuras de Transporte Colectivo; el informe sobre valoraciones y
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una propuesta de acuerdo de terminación convencional finalizadora del
procedimiento que reconoce una indemnización por el importe total de
11.857,50 ?, tras la actualización de la valoración efectuada por Tinsa -
documentos 9.1 y 9.2-.
Asimismo, se concedió trámite de audiencia al Ayuntamiento de
San Fernando de Henares, adjuntando el informe técnico de la Dirección
General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, al Canal de Isabel II
y a la Asociación de Afectados Metro Rafael Alberti y Presa de San
Fernando de Henares.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, con fecha 28 de
febrero de 2023, presentó escrito de alegaciones en el que, partiendo del
reconocimiento de la existencia de responsabilidad patrimonial, afirma
que la administración autonómica es la única responsable de los daños
producidos, por causa del defecto del proyecto de la obra, que no tuvo en
cuenta las singularidades del terreno, que exigía un pozo impermeable y
afirma que así se determinó en la Sentencia 34/2019, de 9 de enero de
la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, incorporada
al procedimiento, con efectos de cosa juzgada. Adicionalmente niega
cualquier defecto en el mantenimiento de la red de saneamiento
municipal que le resulte imputable y explica que dicha labor luego se ha
asumido por el Canal de Isabel II, aunque considera que ?esa filtración
de agua con componentes corrosivos derivada de las obras de Metro
excedía con mucho cualquier labor ordinaria de mantenimiento?.
El escrito de alegaciones explica que el citado ayuntamiento ha
costeado con el ?Plan Sanea? una obra que se justifica única y
exclusivamente en el deterioro del colector al que se estaban vertiendo
las aguas del pozo de bombeo, debido a la naturaleza corrosiva de los
vertidos y a su alto volumen y, por todo ello, el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares finalmente reclama los daños sufridos por dicho
ayuntamiento como consecuencia de las obras de la línea 7B de Metro en
las infraestructuras urbanas; en la recogida de residuos urbanos (al ser
17/35
necesarios los itinerarios de recogida, instalación de cubos móviles para
poder realizar la recogida de manera regular); en vallas y palenques;
afecciones sobre servicios municipales como la atención personalizada y
gestión de expedientes urbanísticos, servicios de emergencia y servicios
sociales; tasas e impuestos dejados de percibir y conexión del colector
con cargo al ?Plan Sanea?.
En relación con los expedientes de responsabilidad patrimonial
tramitados por la Comunidad de Madrid mantiene que las
indemnizaciones previstas son demasiado bajas, al considerar que no
son completas, ni incluyen el coste de reposición de los bienes. Además,
considera que la indemnización de los propietarios debería comprender
el coste del IBI y las tasas municipales suspendidas en el ejercicio 2022
y que esas cantidades deberán ser resarcidas al ayuntamiento o, en su
caso, a los propietarios para que las abonen al ayuntamiento.
El escrito de alegaciones del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares concluye solicitando la apertura de un expediente específico, en
el marco del expediente general de responsabilidad patrimonial por los
daños causados por la línea 7B de Metro, con la finalidad de valorar el
importe del resarcimiento que corresponde a ese ayuntamiento por los
perjuicios sufridos por dichas obras en los bienes y servicios
municipales; instando la apertura del período de prueba en dicho
procedimiento, para la concreta evaluación de tales daños y todo ello sin
perjuicio de las indemnizaciones futuras que procedan por la aparición
de nuevos daños -documento 11-.
Con fecha 28 de marzo de 2023 presentó sus alegaciones la entidad
Canal de Isabel II, en su condición de interesada y perjudicada en el
procedimiento de responsabilidad patrimonial. Alega que la autoría y
ejecución del proyecto fue redactado por la empresa contratada por
MINTRA; que hubo un error del proyecto: la falta de impermeabilidad del
túnel, del pozo y de las estaciones, que motivó la entrada de agua por las
18/35
paredes del pozo de bombeo, mediando la falta de detección temprana
del problema concurrente y, finalmente, el incorrecto diseño de las
infraestructuras proyectadas. Señala que resulta incontrovertido y
establecido en la precitada sentencia firme dictada, con efectos de cosa
juzgada material y formal, que los daños en las viviendas y edificios
comenzaron a manifestarse en el año 2008 y que Canal de Isabel II
comenzó a prestar el servicio de alcantarillado en el municipio de San
Fernando de Henares, tras la firma del convenio suscrito con fecha 6 de
junio de 2012 y añade que desconoce en qué términos el citado
ayuntamiento autorizó a MINTRA el vertido de las aguas freáticas
bombeadas desde el pozo de ventilación y bombeo PK 2+890, a la red de
alcantarillado municipal.
El escrito de alegaciones considera que no es posible que la
perforación lateral que presentaba el pozo de la red de alcantarillado sea
causa concurrente en la aparición de los daños en las viviendas y
edificios colindantes por los siguientes motivos:
?1.- No es creíble que esa pequeña perforación lateral haya pasado
desapercibida en la multitud de informes periciales aportados a la
reclamación, tanto en vía administrativa como judicial.
2.- No se acepta, ni como mera hipótesis, que los procesos de
karstificación registrados en la zona tengan su origen en los vertidos
que, a juicio de INES, se pudieron producir desde la fisura del colector
afectado.
3.- Canal de Isabel II, SA tardó 48 horas en arreglar la perforación
lateral detectada.
4.- Aunque se desconoce la causa de la perforación, es muy probable
que se produjese por el desgaste al que se vio sometida esa parte
alta del pozo, por unos vertidos continuados y con alta concentración
salina durante más de quince años.
19/35
5.- Los procesos de disolución de las sales del terreno operan
principalmente por el contacto con aguas limpias provenientes del
nivel freático del río Jarama, no por aguas con una alta concentración
de sales como las que se vertían al pozo de la red de alcantarillado.
6.- Conforme a un informe pericial elaborado por una consultora
externa que adjunta, en el peor de los casos analizados y a modo de
hipótesis, el colector podría haber generado un asiento máximo de 0,5
mm. Este asiento es prácticamente despreciable, y en ningún modo
puede considerase como responsable de ninguna patología sobre los
edificios próximos.
7.- Tras las rehabilitaciones de los colectores de la calle Presa y el
desvío de los caudales procedentes del freático bombeados desde el
pozo PK 2+890 a los que se ha hecho mención anteriormente, no se
ha reducido la evolución desfavorable de los movimientos verticales y
los asientos siguieron acusándose durante todo 2021, por lo que la
circulación del agua es totalmente ajena a la red de saneamiento?.
El escrito de alegaciones del Canal de Isabel II finaliza reclamando
los daños y perjuicios sufridos por dicha entidad, al haberse visto
afectada la prestación del servicio de depuración a través de la EDAR -
estación depuradora de aguas residuales- de San Fernando de Henares.
Refiere que ha recibido una reclamación de responsabilidad patrimonial
presentada por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares por los
daños causados en distintas especies arboladas y arbustivas y en
superficies cespitosas del municipio como consecuencia del uso para su
riego del agua regenerada proveniente de la EDAR comprometida por los
vertidos de agua derivadas de la obra ejecutada, y por la que se le
reclama una indemnización de 431.277,45 ?. Además, la Confederación
Hidrográfica del Tajo le ha requerido para que ajuste el vertido
procedente de la EDAR de Casaquemada a las condiciones bajo las que
fue otorgada la autorización de vertido y, además, le ha incoado dos
20/35
procedimientos sancionadores por incumplimiento del parámetro
?conductividad?, puesto que se cuestiona que la EDAR haya reducido
como debiera la contaminación de las aguas residuales que recibe, hasta
límites aceptables para el cauce receptor.
El referido escrito de alegaciones se acompaña del informe pericial
antes aludido, relativo a los problemas detectados en la línea 7 de Metro
y su eventual relación con las infraestructuras del Canal de Isabel II, de
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares contra el Canal de Isabel II y
a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la
Comunidad de Madrid, del requerimiento efectuado por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, así como de los procedimientos sancionadores -
documento 12-.
No constan alegaciones finales de la reclamante.
El día 16 de junio de 2023 se formula propuesta de resolución
finalizadora del procedimiento, que plantea la estimación parcial de la
reclamación, conforme a la valoración actualizada efectuada por la
administración madrileña.
El 28 de julio de 2023 emite informe el Interventor General de la
Comunidad de Madrid, que fiscaliza favorablemente la propuesta de
estimación parcial de la reclamación, por el importe de la valoración
administrativa actualizada -documento 13-.
Se nos remite como documento 14, la propuesta de resolución
finalizadora del procedimiento.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
21/35
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial
de cuantía superior a 15.000 euros, cursada a través de la solicitud del
consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, órgano legitimado
para ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3.a) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016,
de 19 de enero, (en adelante, ROFCJA).
El dictamen se ha solicitado con carácter urgente de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23.2 del Decreto 5/2016, de 19 de enero, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora, según
el cual:? Cuando por razones de urgencia así se solicite, el plazo para la
emisión del dictamen se reducirá a la mitad.?. La urgencia se justifica en
el número de afectados, la repercusión personal y económica en los
afectados, la alarma social en el municipio y la complejidad del
procedimiento que ha llevado a alargarse su tramitación.
A este respecto, cabe recordar que el carácter urgente en la solicitud
de dictámenes tiene un carácter excepcional en tanto que la limitación
de medios impide emitir dictámenes en la mitad del plazo cuando se
acude a la utilización de esta previsión en numerosos procedimientos.
Por tanto, no resulta posible acceder a esas peticiones cuando en breve
espacio de tiempo se solicitan con tal carácter decenas de dictámenes.
Llama la atención que la complejidaddad la tramitación del presente
procedimiento que justifica ?el alargamiento en el tiempo de tramitación?
22/35
?por la dificultad de completar la documentación necesaria, al elevado
número de expedientes y a la singularidad técnica de los mismos? no se
tiene en cuenta para este órgano consultivo al que se le pretende exigir
que emita el dictamen, incluso, en la mitad del plazo ordinario.
Sobre la solicitud de dictamen con carácter urgente, esta Comisión
Jurídica Asesora ha declarado, entre otras ocasiones en sus dictámenes
394/22, de 21 de junio y 294/23, de 8 de junio, que el plazo de urgencia
previsto en el artículo 23.2 ROFJCA debe ponerse en relación con el
artículo 33.1 de la LPAC:
?Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de
oficio o a petición del interesado la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos
establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la
presentación de solicitudes y recursos?.
De esta forma, la tramitación urgente debe acordarse al inicio del
procedimiento y la reducción de plazos afectar a todos los trámites del
procedimiento.
En el presente caso se observa que se declaró su urgencia, una vez
iniciado el procedimiento y, además, que una vez acordada la
tramitación urgente el día 11 de abril de 2023, no se ha aplicado el
trámite de urgencia más que al plazo para emitir dictamen por la
Comisión Jurídica Asesora.
En este sentido, es muy significativo que desde la presentación de
alegaciones por el Canal de Isabel II el día 28 de marzo de 2023, no
existe ningún otro trámite hasta el día 16 de junio de 2023, fecha en que
se dicta la propuesta de resolución.
Como ha señalado reiteradamente esta Comisión Jurídica Asesora,
entre otros, en el ya citado Dictamen 294/23 y en el Dictamen 348/23,
23/35
de 29 de junio, debe resaltarse el carácter excepcional de la tramitación
urgente y, a tal efecto, resulta pertinente recordar el criterio del Consejo
de Estado expuesto en su Dictamen 779/2009, de 21 de mayo:
«Desde una perspectiva general, es preciso traer a colación las
observaciones realizadas tanto por el Tribunal Supremo como por este
Consejo a propósito de la urgencia (dictamen 2.268/98, de 28 de junio). A
este respecto, cabe reiterar lo indicado por este consejo en su Memoria de
1990 y reiterado con posterioridad en algunos dictámenes, (entre ellos, el
dictamen 2.268/98, citado):
?Es importante elevar al gobierno la preocupación del Consejo de
Estado respecto de la conveniencia ?si no necesidad- de que se haga un
uso meditado y prudente de las declaraciones de urgencia. Esta
observación se apoya, básicamente, en las siguientes razones:
- Las declaraciones de urgencia se suelen producir ?según acredita
una simple verificación estadística- en asuntos de especial complejidad y
envergadura, en los que, por lo mismo, puede padecer más la calidad que
el Consejo de Estado se esfuerza en mantener en sus dictámenes.
- No es insólito que la declaración final de urgencia recaiga en
expedientes que ha experimentado notoria lentitud en su tramitación
anterior, ni lo es que se remita la documentación incompleta, obligando a
su devolución en petición de antecedentes.
- Es característica de la Administración consultiva clásica la de
operar con sosiego y reflexión, en un proceso no siempre rápido de
maduración, que puede quedar frustrado si se traslada al Consejo de de Estado, en demasía, las exigencias y apremios propios de la
Administración activa?».
A lo expuesto se une que, atender con carácter urgente a
determinados procedimientos, implica darles preferencia frente a los
24/35
re>remdos por otras consejerías o administraciones; dándose la
circunstancia que son numerosos los expedientes de de sponsabilidad
patrimonial en los que los daños vienen constituidos por lesiones físicas
de gravedad, que no pueden ser postergados por aquellos en los que se
trata de compensar daños materiales.
El presente dictamen ha sido emitido dentro del plazo ordinario
establecido en el artículo 23.1 del ROFCJA.
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial se regula en la LPAC, pues el procedimiento se incoó con
posterioridad a su entrada en vigor.
Según se expuso al relatar la secuencia de actuaciones del
procedimiento, nos encontramos ante un procedimiento iniciado de oficio
por la administración, ex. artículo 58 de la LPAC. Concretamente, según
consta, se trata de un supuesto que encaja en la situación prevista en el
artículo 67.1 de la LPAC que, como categoría particular dentro de ese
grupo referido a los procedimiento iniciado de oficio, incluye los iniciados
por petición razonada de otros órganos: ?? propuesta de iniciación del
procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene
competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las
circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien
ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección,
averiguación o investigación?.
Efectivamente, en este caso, con fecha 18 de febrero de 2022 la
Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo solicitó,
mediante petición razonada a la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, el inicio de aquellos
procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en los
daños derivados de las obras de construcción y mantenimiento de la
línea 7B de Metro de Madrid, en el tramo comprendido entre las
estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares.
25/35
De esa forma, mediante Orden de 21 de febrero de 2022, de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras se resolvió iniciar de oficio
los procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en
las obras de construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro de
Madrid. La indicada Orden fue publicada el 7 de marzo de 2022 en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, además de comunicarse
singularmente a los afectados que constaban identificados.
La comunicación singular de esta orden iniciadora a la interesada
se efectuó el 19 de abril de 2022, reconociéndole la administración
legitimación activa en el procedimiento, por su condición de propietaria
de la plaza de garaje identificada en el encabezamiento del presente
dictamen, siendo ese inmueble afectado por la declaración de ruina
subsiguiente a los acontecimientos motivadores de este procedimiento.
En cuanto al análisis de la legitimación pasiva, recordemos que se
plantea una responsabilidad patrimonial derivada de las complicaciones
subsiguientes a la parte ejecutada del contrato de obras ?Infraestructura
de prolongación de la línea 7 del Metro de Madrid a Coslada y San
Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San Fernando de Henares?, que
fue adjudicado por MINTRA, en septiembre de 2004 a la empresa
?Dragados, S.A.? y que la Sentencia de 9 de enero de 2019, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sección 3) atribuyó las filtraciones de agua causantes de los
daños analizados a defectos de proyecto de la obra, no imputables a la
mercantil contratista.
Según todo ello, resulta que la legitimación pasiva corresponde a la lap>Comunidad de Madrid, puesto que, desde la extinción del ente de
derecho público ?MINTRA, Madrid, Infrafraeucturas del Transporte?,
operada por la LeyLey 4/2011, de 28 de julio,Consejería de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha asumido la totalidad
del contenido de sus bienes, derechos y obligaciones, según dispuso el
26/35
artículo único, apartado 2, de la norma últimamente citada, que previno
que tal contenido patrimonial se integraría en la Dirección General de
Infraestructuras de la referida consejería que, en adelante ?prestará las
funciones que correspondían a dicha entidad?.
En cuanto al plazo de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial es de un año, contado desde que se produjo el hecho o el
acto que motive la indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo (ex
artículo 67 de la LPAC), siendo este límite temporal aplicable al supuesto
de la ina inción de oficio, según dispone el artículo 65.1 de la LPAC.
En el caso sujeto a examen, con fecha día 7 de octubre de 2021, el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares comunicó el Decreto núm.
2102/2021 de 7 de octubre, por el que se declaró el estado o situación
legal de ruina urbanística de la edificación sita en la calle Rafael Alberti
núm. 1 de San Fernando de Henares, siendo el daño, por tanto,
irreversible. Desde ese momento hasta la Orden de 21 de febrero de
2022, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras que resolvió
iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad patrimonial que
tuvieran su causa en estas fallidas obras, había pasado menos de un
año, por lo que la incoación de este procedimiento se ha producido en
plazo.
Respecto a la tramitación del procedimiento, ha de estarse a lo
establecido en la LPAC, en referencia a su tramitación, para los casos de
inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, que
dispone que ?el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los
particularularresuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez
días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información
estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean
pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se
instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se
personen en el plazo establecido?.
27/35
Por lo demás, en estos casos, la tramitación del procedimiento debe
continuar por sus trámites ordinarios, como ha ocurrido en el supuesto
analizado, debiendo desarrollarse la instrucción del procedimiento en su
totalidad para permitir establecer si concurren o no los presupuestos
normativos de la responsabilidad patrimonial de la administración.
En este caso, se ha solicitado informe del servicio al que se imputa
la producción del daño, conforme previene el artículo 81 de la LPAC,
habiéndose emitido por la Subdirección General de Concesiones,
Patrimonio y Conservación de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, en el que se aborda la relación de causalidad y la
responsabilidad de esta administración, e incluso, la valoración del
inmueble siniestrada.
Adicionalmente consta en el expediente un informe técnico jurídico,
de fecha 25 de noviembre de 2022, encargado por la Consejería de
Transportes e Infraestructuras a un despacho privado, acerca de los
parámetros de cálculo que debían ser tenidos en cuenta para efectuar el
pago de las indemnizaciones en estos procedimientos de responsabilidad
patrimonial.
A partir de todo ello, la administración madrileña elaboró una
propuesta de terminación convencional, ajustada a las previsiones al
efecto del artículo 86.1 la LPCA; pero que no ha sido aceptada por la
interesadas.
Posteriormente se ha concedido el trámite de audiencia y
alegaciones a la afectada-reclamante, al Ayuntamiento de San Fernando
Henares y al ente público Canal de Isabel II. En el caso de estos dos
últimos han alegado ampliamente que no se consideran responsables en
ninguna medida del evento lesivo que motiva la responsabilidad
patrimonial, apelando muy especialmente a la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, recaída con ocasión de la impugnación
28/35
de Dragados, S.A. frente a la Orden autonómica que le imponía
responsabilidades por estos daños, producidos en el contexto del
desarrollo y ejecución de un contrato de obras, sentencia a la que
atribuyen plenos efectos de cosa juzgada ada pese a la ausencia dentidad
subjetiva y han aportado informes periciales en sustento de sus
argumentaciones. Además, estos interesados se han presentado
expresamente como perjudicados frente a la administración autonómica
y han instado la incoación de singulares procerocedntos de
responsabilidad patrimonial en los que se analicen sus pedimentos.
Conferido el trámite de audiencia se ha formulado la oportuna
propuesta de resolución de estimación de la responsabilidad patrimonial,
pero reconociendo una indemnización en una cuantía inferior a la
pretendida por la interesada en el procedimiento.
Por tanto, debe concluirse que la instrucción del procedimiento ha
sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite que tenga
carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver.
TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se
recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que garantiza el
derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos
por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP en su título preliminar,
capítulo IV, artículos 32 y siguientes. La viabilidad de la acción de
responsabilidad patrimonial de la Administración, según doctrina
jurisprudencial reiterada, requiere la concurrencia de varios requisitos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de
personas.
29/35
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata
y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que
pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento
del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009
(recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí recogidas, ?no
todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que
tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente,
aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el
particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la
actuación administrativa?. Ha destacado esa misma Sala (por todas, en
Sentencia de 16 de marzo de 2016), que es el concepto de lesión el que
ha permitido configurar la institución de la responsabilidad patrimonial
con las notas características de directa y objetiva, dando plena armonía
a una institución como garantía de los derechos de los ciudadanos a no
verse perjudicados de manera particular en la prestación de los servicios
públicos que benefician a la colectividad y que, ese concepto de lesión se
ha delimitado con la idea de constituir un daño antijurídico: ?(?) lo
relevante es que la antijuridicidad del daño es que no se imputa a la
legalidad o no de la actividad administrativa -que es indiferente que sea
lícita o no en cuanto que la genera también el funcionamiento anormal de
los servicios- o a la misma actuación de quien lo produce, que remitiría el
debate a la culpabilidad del agente que excluiría la naturaleza objetiva;
sino a la ausencia de obligación de soportarlo por los ciudadanos que lo
sufren. Con ello se configura la institución desde un punto de vista
negativo, porque es el derecho del ciudadano el que marca el ámbito de la
30/35
pretensión indemnizatoria, en cuanto que sólo si existe una obligación de
soportar el daño podrá excluirse el derecho de resarcimiento que la
institución de la responsabilidad comporta (?). Interesa destacar que esa
exigencia de la necesidad de soportar el daño puede venir justificada en
relaciones de la más variada naturaleza, sobre la base de que exista un
título, una relación o exigencia jurídica que le impone a un determinado
lesionado el deber de soportar el daño?.
CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica
precedente, se deduce que, sin la existencia de un daño real y efectivo a
quien solicita ser indemnizado, no cabe plantearse una posible
responsabilidad de la Administración. Tampoco procederá si el daño no
tiene la consideración de antijurídico, en el sentido de que el
administrado no tenga el deber de soportarlo.
Sobre la realidad del daño, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1
de febrero de 2012, consideró que ?(?) la existencia de un daño real y
efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas, constituye
el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial traducible en una
indemnización económica individualizada, de tal manera que resulte
lesionado el ámbito patrimonial del interesado que es quién a su vez ha de
soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente
causado?.
En el caso que nos ocupa, resulta evidente que la propietaria de la
plaza de garaje objeto del presente dictamen, de San Fernando de
Henares, se ha visto privada de la misma, por la ruina que la ha afectado
a consecuencia la actuación constructiva de las infraestructuras del
Metro de Madrid.
El nexo causal entre ese daño y la referida intervención del servicio
público se aprecia en el informe emitido con fecha 6 de febrero de 2023,
por subdirector general de Concesiones, Patrimonio y Conservación de la
31/35
Consejería de Transportes e Infraestructuras, en el que indica: ?Los
acontecimientos geotécnicos que han provocado los asientos del terreno
afectando a las construcciones de la zona, derivan de las obras de
construcción de la Línea 7B, todo ello sin perjuicio de la eventual
intervención de otros factores como las deficiencias en el mantenimiento
de la red de saneamiento municipal gestionada por el Canal de Isabel II
desde el 2012 y con anterioridad por el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares. Por ello, existe una relación de causalidad entre la actuación de
la Comunidad de Madrid y los daños sufridos en las edificaciones de la
zona, por lo que esta Administración es responsable de los perjuicios, con
independencia de la posible concurrencia de otros agentes, cuya
participación y responsabilidad se determinará en el expediente
correspondiente?.
También se deduce la relación de causalidad de la Sentencia de 9 de
enero de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el
Procedimiento Ordinario 8/2017, que ha ganado firmeza, que explicó las
causas principales del problema y atribuyó su causación a MINTRA,
puesto que fue quien supervisó y aprobó el modificado del proyecto que
incluía la ejecución del pozo de bombeo como permeable, ??ya que en el
proyecto de la obra no se recogía la impermeabilización del túnel, de
manera que la causa de la ruina producida fue el defecto del proyecto
consistente en no tener en cuenta las singularidades del terreno, que
exigía un pozo impermeable en lugar del que se diseñó y ejecutó, conforme
al proyecto de la obra?.
Por tanto, con independencia de que hayan podido influir otras
causas, que son apuntadas por el responsable de la Dirección General de
Infraestructuras, de lo actuado en el expediente que nos ocupa no ofrece
dudas que la causa directa de los daños en la vivienda de la interesada
ha sido las deficiencias en el proyecto elaborado por la Comunidad de
Madrid.
32/35
Tampoco ofrece ninguna duda que resulta antijurídica la situsituan
sufrida por la propietaria de la plaza de garaje a que se refiere este
dictamen, que se ha visto privada de la misma a consecuencia de las
obras referenciadas, no siendo un daño que tenga obligación de soportar.
Concurren pues todos los elementos de la responsabilidad
patrimonial de la administnistrn y el procedimiento tramitado, incluido
el mecanismo de terminación convencional -que en este caso no ha
prosperado-, se ajusta a derecho.
QUINTA.- Resta por analizar el importe de la indemnización que
deriva de esa responsabilidad, existiendo discrepancias entre la
propuesta y la interesada tanto en la valoración como en los conceptos
indemnizables.
A este respecto, la reparación integral del daño es la finalidad
esencial de la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas, en la medida que el particular ha sufrido una lesión en sus
bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos, que no tiene el deber jurídico de
soportar.
Ahora bien, la LRJSP no concreta los bienes y derechos cuya lesión
puede ser objeto de indemnización en un procedimiento de
responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, el primer objetivo será
identificar aquellos conceptos que pueden ser indemnizables en este
caso.
Respecto de su valoración, el artículo 34.2 de la LRJSP establece
que ?la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración
establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás
normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones
predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones
corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los
33/35
baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de
la Seguridad Social?.
Por consiguiente, por un lado, existe una remisión a los criterios de
valoración establecidos en la normativa que resulte de aplicación,
ponderándose las valoraciones predominantes en el mercado (valor de
mercado o de sustitución). Por el otro, en los casos de muerte o lesiones
corporales se pueden tomar como referencia los criterios de valoración
establecidos en la Ley Ley 35/2015, de 22 de septiembre, reforma del
sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.
Consta sobre el particular un cumplido informe elaborado por una
consultora a instancias de la administración autonómica, incorporado al
procedimiento y basado en numerosa jurisprudencia, que cita. En el
mismo se indica que, si la lesión provoca la destrucción del inmueble,
como es el caso, se aplicará el artículo 34.1.d) del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante,
?TRLSRU?), que indica que la valoración de las instalaciones,
construcciones y edificaciones se rigen por lo dispuesto en esa ley,
cuando tenga por objeto la determinación de la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública y, en concreto, su artículo 35.2
recoge para las edificaciones legales situadas en suelo urbano, que se
tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el artículo
37.2 y se tendrá en cuenta su antigüedad y estado de conservación, para
evitar el enriquecimiento injusto.
Cabe reseñar que esta tasación es la seguida por el órgano
instructor para la valoración de los inmuebles de la misma finca y de
otras próximas de similares características, que han sido también
afectadas por la misma obra pública, y que han sido objeto de otros
procedimientos que han concluido con terminación convencional al
34/35
mostrar los afectados su conformidad con las valoraciones realizadas por
la tasadora independiente, dando lugar a nuestros dictámenes 320/23,
de 15 de junio; 235/23, de 4 de mayo y 217/23, de 27 de abril, entre
otros muchos. Teniendo en cuenta ese hecho, resultaría contrario al
principio de igualdad atender en el presente expediente a criterios
diferentes de valoración del inmueble, salvo que se hayan apreciado
errores en la tasación, situación que no consta.
Todo ello nos debe llevar a considerar adecuada la valoración
realizada al inmueble por la tasadora independiente contratada al efecto
por la Consejería, sin poder contrastarla con la propuesta por la
reclamante que, sin mayor argumentación, indicó como única razón de
la valoración asignada en su reclamación, que el garaje siniestrado fue
valorado en esa cantidad, al incluirlo en el acervo hereditario de su
padre, a efectos de su división entre los herederos, siendo ese su título
de adquisición sobre la plaza de garaje.
En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede reconocer la responsabilidad patrimonial de la Comunidad
de Madrid por la pérdida de la plaza de garaje a que se refiere el presente
dictamen, de San Fernando de Henares, en favor de sus propietarios,
indemnizándoles por la cantidad total de 11.625,00 ?, cantidad que
deberá actualizarse al momento de su reconocimiento.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según
su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de
35/35
quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo
establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 14 de septiembre de 2023
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 458/23
Excmo. Sr. Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
C/ Maudes,17 - 28003 Madrid
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