Última revisión
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0407/11 del 20 de julio del 2011
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 20/07/2011
Num. Resolución: 0407/11
Resumen
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 20 de julio de 2011, ante la consulta formulada por el Consejero de Sanidad, sobre expediente de responsabilidad patrimonial instruido a nombre de E.Z.G., en solicitud de indemnización económica, por los daños y perjuicios ocasionados por inadecuado tratamiento de epilepsia y extravío de historial clínico en el Hospital Universitario de Getafe.Tesauro: Secuelas
Lex artis
Acumulación de expedientes
Contestacion
1
Dictamen nº: 407/11
Consulta: Consejero de Sanidad
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 20.07.11
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid, emitido por unanimidad, en su sesión de 20 de julio
de 2011, sobre expediente de responsabilidad patrimonial instruido a
nombre de E.Z.G., al amparo del artículo 13.1.f) 1.º de la Ley 6/2007, de
21 de diciembre, de creación del Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid, en solicitud de indemnización económica, por los daños y perjuicios
ocasionados por inadecuado tratamiento de epilepsia y extravío de historial
clínico en el Hospital Universitario de Getafe.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 2 de junio de 2011 tuvo entrada en el registro del
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid solicitud de dictamen
firmada por el consejero de Sanidad el día 24 de mayo de 2011, referida al
expediente de responsabilidad patrimonial aludido en el encabezamiento.
A dicho expediente se le asignó el número 379/11, comenzando el día
señalado el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 34.1 del Reglamento Orgánico del Consejo
2
Consultivo, aprobado por Decreto 26/2008, de 10 de abril, del Consejo de
Gobierno.
Su ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la Sección I,
cuyo presidente, el Excmo. Sr. D. Jesús Galera Sanz, firmó la oportuna
propuesta de dictamen, la cual fue deliberada y aprobada por unanimidad
por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo, en sesión celebrada el
día 20 de julio de 2011.
SEGUNDO.- El expediente de responsabilidad patrimonial remitido
tiene su origen en la reclamación formulada por E.Z.G., con registro de
entrada en la Consejería de Sanidad el 13 de agosto de 2009 (folios 1 y 2
del expediente). Con posterioridad, el día 6 de noviembre de 2009, la
reclamante presenta un nuevo escrito de reclamación en relación con el
supuesto extravío del historial médico (folio 215 del expediente).
Según la reclamante, en el año 1996 comenzó su asistencia a la consulta
de epilepsia/unidad del sueño en el Hospital Universitario de Getafe, en
donde refiere que los electroencefalogramas salían con defectos, según
algunos médicos, pero su doctora reflejaba en los informes del referido año
que la actividad bioeléctrica era normal sin alteraciones significativas. Señala
que en los informes correspondientes al año 1997, la referida doctora señaló
?que el electroencefalograma aparecía con discreto predominio hemisférico
derecho sin adquirir características definitivamente epileptiforme y un
ritmo de fondo con normalidad?.
Continúa señalando que en el año 1999, mientras otros médicos opinaban
que había muestras de una actividad cerebral con un ritmo alfa de tipo lento
y un índice moderadamente elevado de frecuencia theta, la doctora que le
atendía en el hospital decía que eso era normal y aconsejaba no salir de casa
y dormir muchas horas. Refiere que muy a menudo pasaba por la consulta
3
para decirle que con esa medicación cada vez se encontraba peor, pero,
según señala la reclamante, la doctora sin hacer ninguna prueba y sin pensar
en lo que le decía, le aumentaba la dosis, llegando a tomar unas 20 pastillas
al día. Refiere que ninguno de los informes precitados aparece cuando
solicitó el historial.
A continuación, la reclamante señala que en el periodo 2000-2001 figura
intoxicación por carbamezapina en el Hospital Universitario de Getafe y
tras esto se diagnosticó epilepsia parcial del lóbulo temporal fármaco
resistente, pero según refiere la reclamante, seguían sin hacerle más pruebas
que los electroencefalogramas. Aduce que con la referida intoxicación
empezó a perder visión y memoria, recibiendo tratamiento de ansiedad.
Continuando con el relato fáctico de su reclamación, señala la reclamante
que solicitó reiteradamente que le cambiaran de hospital, y añade que ?fue
imposible hasta que en el 2002 tuve un enfrentamiento muy fuerte con la
doctora y me trasladaron al Hospital Universitario de la Princesa donde
me hicieron pruebas de todas clases y al final una operación para poner
unos electrodos para localizar el lugar exacto y si podía ser operable, la
cual fue positiva y a los pocos días se realizó la operación con mucho
riesgo?.
Refiere a continuación, que después de tantos años de espera y por la
intoxicación, las secuelas que le han quedado progresivamente agravadas
son:
- Pérdida visual a consecuencia de una extensión del nervio óptico por la
intoxicación de carbamezapina. Tras la operación ve doble, y está perdiendo
visión en el ojo. Señala que consultados los especialistas a los que le derivan
los oftalmólogos del hospital dicen que ya lo tiene prácticamente perdido.
4
- Pérdida de memoria progresiva.
- Craniotomia temporal izquierda con extensa área encefalomalacica en
fosa craneal media izquierda.
- Gliosis post-quirúrgica afectando al polo anterior del lóbulo temporal
izquierdo que abarca a la región amigdalar y cuerpo hipocampo izquierdo
con lecho quirúrgico.
- Engrosamiento difuso de la calota craneal secundario a tratamiento
médico.
- Ausencia de perfusión en temporal anterior y medio izquierdo en
relación con el tratamiento quirúrgico.
Refiere que por todos estos motivos ha tenido que ser dada de baja en el
trabajo al no poder realizarlo.
En virtud de los hechos expuestos, solicita que se tenga por presentado
escrito de reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y se acuerde por esta declaración
sobre la existencia del daño producido, la relación de casualidad entre el
funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y una
indemnización por cuantía de 600.000,00 ?.
Posteriormente, consta en el expediente que el día 6 de noviembre de
2009 se presenta un nuevo escrito de reclamación, en el que refiere que, el
día 26 de octubre de 2009, acudió al Hospital Universitario de Getafe a
solicitar unas copias compulsadas de su historial, ya que según refiere debía
pasar por el tribunal médico el día 29 de ese mes. Señala que le plantearon
dificultades para tenerlo en tan breve plazo, aunque tras la intervención de
5
una trabajadora social no plantearon problema para entregarlo el día 28. Sin
embargo, según la reclamante, el día 27 se le informó de que el historial
estaba en Neurofisiología, por lo que le manifestaron que no podían atender
a su petición. Continúa señalando que el día 28 de octubre por la mañana
acudió al despacho de la trabajadora social, y tras diversas llamadas a
distintos departamentos ?resulta que ha desaparecido?. Refiere que esa
misma tarde en el archivo le indican que el historial está en Neurofisiología,
?donde la trabajadora social le dijo por la mañana que no estaba?, por lo
que acudió al servicio de atención al paciente para poner una reclamación.
Por todo lo expuesto solicita que se tenga por presentado escrito de
reclamación por extravío de historial clínico, valorando los daños
psicológicos que puede causar el no tener dicho historial cuando tenga que
acudir a consultas o pasar urgencias en la cuantía de 300.000 euros.
TERCERO.- Presentada la reclamación el día 13 de agosto de 2009, por
el Servicio Madrileño de Salud mediante escrito registrado de salida el 21
de agosto de 2009 se comunica a la interesada que se está tramitando su
solicitud al amparo del Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP-PAC), requiriéndole para que aporte copia
de los informes de la última asistencia recibida en relación con la lesión
objeto de su reclamación. Dicho requerimiento es atendido por la reclamante
el 4 de septiembre de 2009 mediante la aportación de diversos informes.
Al mismo tiempo, se remite la reclamación a A, la cual acusa recibo de la
misma en fecha 27 de agosto de 2009, dando cuenta de su traslado a B,
compañía aseguradora del Servicio Madrileño de Salud. Consta que por ésta
el 13 de diciembre de 2010 se notificó el rechazo del siniestro, al estar
excluido de cobertura por aplicación de la Cláusula 19 de la póliza, al
tratarse de hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de retroacción fijada
en la misma.
6
Se ha incorporado al expediente la historia clínica de la paciente remitida
desde el Hospital Universitario de Getafe y el Hospital Universitario La
Princesa.
Consta que en el curso del procedimiento se han evacuado los siguientes
informes: informe de 30 de junio de 2010 del jefe de Servicio de
Oftalmología del Hospital Universitario de Getafe; informe de 18 de
septiembre de 2009, de la Doctora de la consulta de epilepsia del Hospital
Universitario de Getafe, con el visto bueno del jefe de la Sección de
Neurofisiología Clínica del mencionado hospital, e informe de 24 de
septiembre de 2009 del jefe de la Sección de Neurología del reiterado
hospital. La emisión de dichos informes se incardina en la previsión
contenida en el artículo 10.1 del Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial,
aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante,
RPRP).
Asimismo, se ha emitido informe por parte de la Inspección Médica de la
Consejería de Sanidad, en fecha 20 de septiembre de 2010.
Concluida la instrucción del expediente, se ha dado trámite de audiencia a
la interesada el 14 de febrero de 2011, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC) y 11 del RPRP. Consta
que la reclamante presentó alegaciones el día 3 de marzo de 2011.
Finalmente, por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria ?por delegación
de firma en la secretaria general del Servicio Madrileño de Salud, según
Resolución 26/2010, de 28 de julio- se dictó propuesta de resolución en
fecha 27 de abril de 2011, en la que se desestima la reclamación
7
indemnizatoria presentada. Dicha propuesta de resolución ha sido informada
favorablemente por el Servicio Jurídico en la Consejería de Sanidad el
pasado 19 de mayo de 2011.
CUARTO.-Del examen de la historia clínica de la paciente y restante
documentación médica obrante en el expediente se extraen los siguientes
hechos, que se consideran de interés para la emisión del dictamen,
admitiéndose en lo sustancial los consignados en la propuesta de resolución:
La paciente, nacida en 1963, inició su asistencia por el Servicio de
Neurología del Hospital Universitario de Getafe en marzo de 1996 por
epilepsia focal de lóbulo temporal que presentaba desde los 6 años con
presentación clínica de crisis parciales complejas y generalizaciones tónico
clónicos frecuentes (1-2 por semana). Asimismo se inició valoración por
Servicio de Psiquiatría en relación con un cuadro psiquiátrico a filiar
inicialmente etiquetado con posterioridad de Síndrome Ansioso-Depresivo.
El 18 de mayo de 1996, tras efectuarse el diagnóstico de crisis comiciales
complejas determinando que éstas eran fármaco-resistentes (refractarias a los
diversos tratamientos farmacológicos establecidos), fue derivada a la
Consulta de Neurofisiología donde se probaron diferentes asociaciones
farmacológicas para intentar controlar la sintomatología (una crisis cada 2-3
días), realizándose controles reiterados de los niveles séricos alcanzados. La
asistencia sanitaria desde ese momento fue continuada de forma conjunta y
coordinada por el Servicio de Neurología y el Servicio de Neurofisiología,
con revisiones pautadas constantes y atención en consulta de forma no
programada según las necesidades de la paciente. Fue atendida igualmente
por otras diversas sintomatologías alegadas en los Servicios de Psiquiatría,
Cardiología y Oftalmología, siempre en coordinación con los anteriores.
Además, durante el periodo 1996-2000, la paciente fue sometida a
exploraciones físicas completas, así como a controles analíticos, de imagen y
8
bioeléctricos necesarios de forma exhaustiva en su diversidad y reiterada en
su ejecución, descartando las valoraciones neurológicas reiteradamente
efectuadas cualquier alteración de la epilepsia (confirmado éste aserto por la
RMN craneal efectuada). Se descartó igualmente patología cardiaca o
neumológica. Los electroencefalogramas realizados en este periodo ponen de
evidencia signos marcados de trastorno cerebral epileptógeno cerebral focal
temporal izquierdo, con actividad de fondo normal al demostrarse de forma
evidente y taxativa la actividad epileptógena focal en el trazado que se
exteriorizaba fundamentalmente a nivel de la región temporal del hemisferio
izquierdo. El tratamiento dispensado a la paciente fue variando en el tiempo
ante la refractariedad de los síntomas, siendo probadas inicialmente pautas
monoterápicas y posteriormente con la asociación de varios fármacos
antiepilépticos para intentar una mejoría clínica. Hay constancia escrita
(nota en el evolutivo efectuada el 10-07-1996) del abandono voluntario por
parte de la paciente de la medicación, que condujo al incremento en la
repetición de las crisis convulsivas generalizadas.
En el evolutivo del Servicio del Servicio de Neurología del Hospital
Universitario de Getafe se anota el 4 de septiembre de 1996, dipoplía
ocasional y borrosidad en la visión. El mismo comentario es reiterado en el
evolutivo de la revisión efectuada el 31 de mayo de 2000.
Hay referencia expresa (nota efectuada el 19-02-1997 en el historial
clínico) sobre la utilización de otros servicios sanitarios y la intervención de
otros facultativos que efectuaron terapias distintas. La paciente sólo acudió
al Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Getafe en agosto de
1997 para solicitar informe clínico no reanudándose la intervención
sanitaria de dicho hospital hasta abril de 1998.
En consulta de psiquiatría en el Hospital Universitario de Getafe en
septiembre de 1998, la paciente refiere alteraciones en la memoria reciente,
9
existiendo reseña en el evolutivo de ?trastorno de memoria leve de
fijación?´, por lo que la paciente continuó en revisiones periódicas en el
Servicio de Neurología para el seguimiento de esta alteración.
El 22 de marzo de 2001 la paciente ingresa en el Servicio de Urgencias
del Hospital Universitario de Getafe por crisis convulsiva parcial compleja
con generalización secundaria en vía pública. Se emite como juicio clínico
inicial ?Intoxicación por Carbamacepina, crisis epilépticas refractarias,
trombopenia y neutropenia?, si bien los niveles de fármaco en sangre estaban
dentro del rango terapéutico aceptado universalmente (CBZ 11,19 pg/ml
yA.V 100 pgml). Se modifica el tratamiento de forma inmediata,
desapareciendo los síntomas indeseables. El juicio clínico definitivo fue de
epilepsia parcial de lóbulo temporal farmacoresistente y efecto adverso
farmacológico (probablemente por la carbamazepina). La exploración al alta
formalizada el 28 de marzo de 2001 fue normal.
La paciente es derivada para valoración al Servicio de Cirugía de la
Epilepsia del Hospital de La Princesa, ante la refractariedad a los diversos
tratamientos farmacológicos pautados y la mala calidad de vida, realizándole
el día 25 de septiembre de 2002 inserción de electrodos de foramen oval
bajo anestesia general. El 3 de octubre de 2002 es sometida a lobectomía
quirúrgica antero-mesial izquierda con favorable evolutivo post-operatorio
inmediato. Se ha de reseñar que firma consentimiento informado para ambas
intervenciones el 3 y el 25 de septiembre de 2002 .La paciente es dada de
alta el 9 de octubre de 2002 con diagnóstico de epilepsia fármaco resistente
con probable esclerosis mesial izquierda, pautándose tratamiento con
Lamogitrina.
El día 13 de enero de 2003 la reclamante fue vista por primera vez por el
Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Getafe, en la sección
de Neuro-oftalmología para la valoración de la dipoplía alegada tras la
10
intervención quirúrgica de craneotomía. Tras la realización de exploración y
pruebas complementarias, se emitió diagnóstico de posible Paresia de IV par
izquierdo en remisión con motilidad ocular extrínseca normal.
La paciente acude a distintas revisiones alternas en el Servicio de
Neurología del Hospital de Getafe y en el Servicio de Neurocirugía del
Hospital de La Princesa, resultando de las anotaciones efectuadas que el
evolutivo de la paciente fue favorable.
En consulta del Servicio de Neurología del Hospital de Getafe de 11 de
diciembre de 2007, la paciente refiere empeoramiento de sus problemas de
memoria, estableciéndose trastorno de memoria aislada en estudio. Se piden
pruebas analíticas, electrofisiológicas y de imagen.
En revisiones neurológicas posteriores no se aprecia alteración
neurológica en la exploración física de la paciente. Se aprecia favorable
evolución clínica (desaparición de la diplopía, déficit mnésico por deterioro
cognitivo primario incipiente) puesta de manifiesto por las pruebas de
imagen (RM craneal el 16-01-2008).
El 12 de noviembre de 2008 se remite a la reclamante a la sección de
retina del Hospital Universitario de Getafe, emitiéndose juicio diagnóstico
de posible membrana epirretiana macular de ojo derecho.
En revisión neurológica en el Hospital Universitario de Getafe, el día 22
de julio de 2009, la paciente refiere ?ir muy mal de la memoria y muy
preocupada?. Tras exploración física completa y realización de estudios
diagnósticos se establece juicio clínico de déficit mnésico no progresivo y sin
datos asociados, achacables a aspectos de deterioro cognitivo.
11
El 10 de agosto de 2009, en la sección de Neuro-oftalmología en el
Hospital de Getafe, la paciente se queja de ?ver muy mal de lejos y de
cerca?´. Se realiza Tomografía de Coherencia Óptica e n la que se
comprueba que las máculas son normales, mostrando grosores
completamente dentro de lo reglamentario.
El 2 de septiembre de 2009 se emite juicio clínico de posible deterioro
cognitivo incipiente, que hace preciso estudio a largo plazo para determinar
evolución cierta.
En consulta de neuro-oftalmología el día 11 de septiembre de 2009, la
paciente ya no refiere diplopía.
A los hechos anteriores, les son de aplicación las siguientes
CONSIDERACIONES EN DERECHO
PRIMERA.- Es preceptiva la solicitud y emisión de dictamen por la
Comisión Permanente del Consejo Consultivo, de acuerdo con el artículo
13.1.f).1º de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo
Consultivo de la Comunidad de Madrid, conforme al cual este órgano
deberá ser consultado en el caso de ?Expedientes tramitados por la
Comunidad de Madrid, las entidades locales y las universidades públicas
sobre: 1.º Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando la
cantidad reclamada sea igual o superior a 15.000 euros o cuando la
cuantía sea indeterminada?.
12
En el caso que nos ocupa, la reclamación patrimonial presentada se ha
cifrado por la reclamante en 600.000 euros, por lo que se refiere a su primer
escrito de reclamación y en 300.000 euros, la perdida de la historia clínica
alegada en su segundo escrito, por lo que resulta preceptivo el dictamen del
Consejo Consultivo.
El dictamen ha sido recabado de órgano legitimado para ello ?el consejero
de Sanidad-, a tenor del artículo 14.1 de la misma Ley.
La competencia para resolver los procedimientos sobre responsabilidad
patrimonial corresponde al consejero de Sanidad, en virtud de lo establecido
en el artículo 55.2 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid. La tramitación corresponde al
viceconsejero de Asistencia Sanitaria, por el artículo 23.2.i) del Decreto
24/2008, de 3 de abril.
SEGUNDA.- La reclamante solicita indemnización por los daños y
perjuicios que se le han causado por los hechos descritos en los antecedentes
de hecho, concurriendo en ella la condición de interesada, exigida por mor
de los artículos 31 y 139.1 de la LRJAP-PAC.
La legitimación pasiva resulta indiscutible que corresponde a la
Comunidad de Madrid, toda vez que el daño cuyo resarcimiento se pretende
fue supuestamente causado por personal médico integrado dentro de la red
sanitaria pública madrileña.
El plazo para el ejercicio de la acción, es de un año, contado desde que se
produjo el hecho o el acto que motive la indemnización, o de manifestarse su
efecto lesivo (cfr. artículo 142.5 de la LRJAP-PAC). En el caso de daños
de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo se contará ?desde la
curación o la determinación del alcance de las secuelas?, lo que equivale a
13
decir que el plazo prescriptivo empieza a correr desde que se tenga
conocimiento cabal del daño realmente sufrido, y de su alcance y
consecuencias, lo que constituye una aplicación de la teoría de la «actio
nata», recogida en el artículo 1969 del Código Civil («actioni nondum
natae, non prescribitur»).
Por otra parte cabe recordar, la Sentencia de nuestro Alto Tribunal de 4
de abril de 1998 (RJ 1998\3698), con cita de las de 5 de febrero de 1980
(RJ 1980\582), 3 de febrero y 29 de abril de 1986 (RJ 1986\2977), 10
de febrero y 8 de junio de 1989 (RJ 1989\1101 y 1989\4638), y 7 de
febrero de 1997 (RJ 1997\982), señala que ?hay que interpretar en un
sentido ampliatorio y favorable para el actor el inicio del cómputo de
prescripción, siendo de tener en cuenta, a mayor abundamiento, el
principio pro actione,??. La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio
de 1982 (RJ 1982\4721), con cita de la de 4 de julio de 1980 (RJ
1980\3410), hizo referencia al ?principio general de la responsabilidad
objetiva y patrimonial de la Administración Pública?, elevado a ?principio
de la máxima jerarquía? en el artículo 106.2 de la Constitución, ?por lo
cual no es dable ya dudar que constituye pieza fundamental de nuestro
Estado de Derecho, cuyo natural carácter expansivo impide en su
aplicación toda interpretación que obstaculice su plena realización material,
y obliga, en congruente coordinación con el principio de interpretación más
favorable a los administrados, a dar preferencia al criterio hermenéutico
que conduzca al examen de la acción?.
En el presente caso, la reclamante vincula las secuelas que padece a una
supuesta intoxicación con Carbamecipina que tuvo lugar en el año 2001, así
como a la intervención quirúrgica practicada en el año 2002, por lo que en
principio, interpuesta su reclamación el 13 de agosto de 2009, habría que
concluir la prescripción de la acción, dado que habría transcurrido con
creces el plazo prescriptivo anual que marca el texto legal. Sin embargo,
14
consta en el expediente diversa documentación clínica que acredita la falta
de estabilización de las secuelas alegadas. Así, en relación con las lesiones de
carácter oftalmológico, consta revisión anterior a su reclamación de
noviembre de 2008, en la que se diagnostica el inicio de membrana
epirretiniana macular en ojo derecho, pautándose una revisión en 8-10
meses, que se efectúa el 10 de agosto de 2009. En cuanto a las lesiones
neurológicas alegadas, constan revisiones de evolución llevadas a cabo en el
año 2009 (la última antes de su reclamación de 22 de julio de 2009), en las
que se aprecia deterioro cognoscitivo, estando pendiente en el momento de
su reclamación de un estudio a más largo plazo para determinar su evolución
cierta. De lo dicho podemos concluir, que a la fecha de su reclamación, el 13
de agosto de 2009, aún no se había determinado el alcance definitivo de las
secuelas, siendo é sta la interpretación más favorable, en aplicación del
principio pro actione citado, en cuanto que nos permite el examen de la
acción.
Por lo que se refiere a la reclamación relativa al extravío del historial
clínico, habiendo ocurrido los hechos por los que reclama entre el 27 y 28
de octubre de 2009, no cabe duda de la presentación en plazo de su
reclamación el día 6 de noviembre de ese mismo año.
TERCERA.- En la tramitación del procedimiento, se han seguido los
trámites legales y reglamentarios. Dicho procedimiento para la tramitación
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y artículo
55 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid, se encuentra regulado en el Título X de la
LRJAP-PAC (artículos 139 y siguientes), desarrollado en el citado RPRP.
15
A este procedimiento se encuentran sujetas, en virtud de la disposición
adicional duodécima de la LRJAP-PAC (en redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero) y la disposición adicional primera del RPRP, las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sean estatales
o autonómicas, así como de las demás entidades, servicios y organismos del
Sistema Nacional de Salud.
Como se dijo supra, se ha recabado y evacuado informe de los servicios
médicos afectados, cuya preceptividad resulta del artículo 10.1 del RPRP.
También se ha solicitado y emitido informe de la Inspección Sanitaria,
trámite no preceptivo, si bien, como resulta del apartado IX.9.1 de la
Circular 3/1999, de 30 de noviembre, de la Presidencia Ejecutiva del
INSALUD, sobre Organización y Funciones de la Inspección Sanitaria -
cuya aplicación opera en el ámbito autonómico con carácter supletorio-, la
Inspección Médica ?elaborará los informes que le sean solicitados, en
relación con los expedientes de Responsabilidad Patrimonial?. Así pues, este
informe garantiza el acierto de la decisión administrativa que ponga fin al
procedimiento, constituyendo un elemento de juicio de indudable valor.
Asimismo, se ha dado trámite de audiencia a la interesada, de
conformidad con los artículos 84 de la LRJAP-PAC y 11 del RPRP,
habiendo ésta formulado alegaciones en tiempo y forma.
En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la instrucción del
expediente ha sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite que
tenga carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver.
No obstante lo dicho, interesa señalar que habiéndose formulado por la
interesada dos escritos de reclamación, no existe en el expediente el acuerdo
de acumulación de las dos reclamaciones presentadas, al guardar ambas
16
?identidad sustancial o íntima conexión?, a los efectos de lo dispuesto, con
carácter general, por el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
y, en particular, por el artículo 6.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo; no obstante, es evidente que la Administración procedió a acumular
dichas reclamaciones hasta el punto de formular una única Propuesta de
Resolución, por lo que entendemos que la referida omisión no tiene especial
trascendencia.
CUARTA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la
Administración se reconoce en el artículo 106.2 de la Constitución
Española de 1978, desarrollado por los artículos 139 y siguientes de la
LRJAP-PAC, y supone el reconocimiento del derecho de los particulares a
ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Según abundante y reiterada jurisprudencia, para apreciar la existencia de
responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes
requisitos: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,
en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin
intervención de elementos extraños que pudieran alterar dicho nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor, y d) Que el reclamante no tenga el deber
jurídico de soportar el daño.
La responsabilidad de la Administración es objetiva o de resultado, de
manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración,
sino la antijuridicidad del resultado o lesión, siendo imprescindible que
exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio
17
público y el resultado lesivo o dañoso producido. La STS (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 5 de junio de 1998 (RJ
1998\5169), se pronunció al respecto del carácter objetivo de la
responsabilidad de la Administración, previniendo frente al riesgo de erigir
dicho principio de responsabilidad objetiva en un sistema providencialista
que llevaría a la Administración a responder de cualesquiera daños que se
produjesen como consecuencia del funcionamiento de un servicio público o
de la utilización de bienes de titularidad pública, sin exigir la presencia de
ese nexo causal de todo punto imprescindible para la apreciación de dicha
responsabilidad. El fundamento primero de dicha Sentencia se pronunciaba
en los siguientes aclaratorios términos:
?(?) esta Sala ha declarado reiteradamente que no es acorde con el
principio de responsabilidad objetiva, recogida en los artículos 40.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 139.1 de la
vigente de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992,, la
generalización de dicha responsabilidad más allá del principio de
causalidad, aun en forma mediata, indirecta o concurrente, de manera
que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal
entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso
producido, que en este caso, como ha declarado la sentencia de instancia, no
puede apreciarse ya que la socialización de riesgos que justifica la
responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de
los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta
cubrir cualquier evento por el mero hecho de que se produzca dentro de sus
instalaciones cuando ni éstas constituyen un riesgo en si mismas ni sus
características arquitectónicas implican la creación de tal situación de riesgo
ni, mucho menos, se ha acreditado que el accidente lesivo se haya producido
por un defecto en la conservación, cuidado o funcionamiento de éstos, de tal
manera que el hecho causal causante del accidente es ajeno por completo al
18
actuar de la Administración y en consecuencia ninguna relación existe
entre el resultado lesivo y el funcionamiento normal o anormal del servicio
público, ni de manera directa ni indirecta, inmediata o mediata, exclusiva
ni concurrente.
La prestación por la Administración de un determinado servicio público
y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su
prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial
objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras
universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda
producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo
contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un
sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico?.
En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que presenta
este instituto es que por las singularidades del servicio público de que se
trata, es que se ha introducido el concepto de la lex artis ad hoc como
parámetro de actuación de los profesionales sanitarios, siendo fundamental
para determinar la responsabilidad, no sólo la existencia de lesión, en el
sentido de daño antijurídico, sino también la infracción de ese criterio
básico, siendo obligación del profesional sanitario prestar la debida asistencia
y no garantizar, en todo caso, el resultado.
Además, en materia de daños causados como consecuencia de la
prestación de asistencia sanitaria, es también doctrina jurisprudencial
reiterada, por todas las sentencias de 20 de marzo de 2007 (recurso
6/7915/03), 7 de marzo de 2007 (recurso 6/5286/03), 16 de marzo de
2005 (recurso 6/3149/01) que ?a la Administración no es exigible nada
más que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento
de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada
19
en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que se
sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación
de medios para la obtención del resultado, que en ningún caso puede
exigirse que sea absolutamente beneficioso para el paciente?, por lo que no
cabe apreciar responsabilidad sólo por la producción de un resultado dañoso,
debiendo éste reunir además la condición de antijurídico.
Como antes se dijo, en el caso de la responsabilidad patrimonial de la
Administración, nos hallamos en presencia de una responsabilidad objetiva,
en el ámbito de la cual la jurisprudencia se ha encargado de ir perfilando los
caracteres y requisitos que ha de reunir para poder apreciar o no su
concurrencia. Así, si la actuación de los servicios públicos sanitarios no
puede garantizar siempre un resultado favorable a la salud del paciente, por
razones obvias, se hace necesario establecer un requisito adicional que nos
permita diferenciar los casos en que debe responder la Administración
Sanitaria, de aquellos otros en los que se ha de considerar que el daño no es
antijurídico y que no procede de la actuación administrativa, sino de la
evolución de la propia patología del enfermo. Este requisito, que se debe a la
jurisprudencia y a la doctrina, sirve para establecer un límite razonable a la
aplicación rigurosa del carácter objetivo de la responsabilidad, evitando así
el riesgo de llegar a un estado providencialista que convierta a la
Administración Sanitaria en una especie de aseguradora universal de
cualquier resultado lesivo.
Pues bien, este requisito adicional y específico en materia sanitaria, no es
otro que la infracción de la lex artis, basado en que la obligación del
profesional de la medicina es de medios y no de resultados, de tal forma que
los profesionales de la salud están obligados a prestar la atención sanitaria a
los enfermos mediante la adopción de cuantas medidas diagnósticas y
terapéuticas conozca la ciencia médica y se hallen a su alcance, no
comprometiéndose en ningún caso a la obtención de un resultado
20
satisfactorio, por ser contrario tanto a la naturaleza humana como a las
limitaciones de su arte y ciencia. Esto es, si la prestación sanitaria es
correcta y con arreglo a los conocimientos y prácticas de la ciencia médica,
se dirá que la actuación médica se ha ajustado a la lex artis, sin que nazca
entonces responsabilidad alguna.
En este sentido, el Tribunal Supremo ha declarado que la responsabilidad
surge del carácter inadecuado de la prestación médica dispensada, lo que
ocurre cuando ?no se realizan las funciones que las técnicas de la salud
aconsejan y emplean como usuales, en aplicación de la deontología médica y
del sentido común humanitario? (vid. SSTS de 14 de diciembre de 1990, 5
y 8 de febrero de 1991, 10 de mayo y 27 de noviembre de 1993, 9 de
marzo de 1998, y 10 de octubre de 2000), a lo que hay que añadir que ?la
violación de la lex artis es imprescindible para decretar la responsabilidad
de la Administración, no siendo suficiente la relación de causa efecto entre
la actividad médica y el resultado dañoso, pues el perjuicio acaecido, pese al
correcto empleo de la lex artis, implica que el mismo no se ha podido
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la
técnica existentes en el momento? (STS de 14 de octubre de 2002).
Y a mayor abundamiento, la STS de 25 de abril de 2002 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo), es concluyente al establecer que el posible
resultado dañoso no puede calificarse como antijurídico cuando la atención
médica es prestada con corrección desde el punto de vista técnico-científico,
añadiendo que ?prestada la asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la
buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la
enfermedad o el padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables
a la actuación administrativa y por lo tanto no pueden tener la
consideración de antijurídicas?.
21
Conforme a las reglas generales aplicables en orden a la carga de la
prueba, es al reclamante a quien corresponde, de ordinario, probar tanto la
violación de la lex artis como la existencia de nexo causal.
QUINTA.- Para centrar la cuestión relativa a la supuesta infracción de la
lex artis por parte de los profesionales que atendieron al paciente, debemos
partir de que, en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por
asistencia sanitaria, es al reclamante al que incumbe la carga de la prueba.
Así lo proclama la jurisprudencia, de la que sirve como exponente la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1707/2008,
de 17 de septiembre, que desplaza la carga de la prueba en estos casos sobre
quien reclama. La Sentencia citada argumenta en los siguientes términos:
?(?) las obligaciones exigibles a los servicios médicos en relación con
prestaciones como las examinadas en este expediente son obligaciones de
medios y no de resultado. Corresponde al reclamante la prueba de todos los
hechos constitutivos de la obligación cuya existencia se alega. En particular,
tiene la carga de acreditar que se ha producido una violación de la lex artis
médica y que ésta ha causado de forma directa e inmediata los daños y
perjuicios cuya indemnización reclama?.
En el caso que nos ocupa, la interesada refiere que las lesiones que padece
derivan de una supuesta mala praxis del personal médico que le trató de la
patología de epilepsia que padecía, habiéndose derivado secuelas de la
intervención quirúrgica practicada y de una supuesta intoxicación por un
medicamento prescrito como tratamiento de su dolencia. Sin embargo, no ha
acreditado que, en efecto, tal intervención o el tratamiento prescrito fueran
incorrectos o contrarios a las exigencias derivadas de la lex artis ad hoc,
como debía haber hecho, en aplicación de la jurisprudencia acabada de
mencionar.
22
Por el contrario, del examen de la documentación clínica y los informes
periciales obrantes en el expediente, se infiere la adecuación de la asistencia
sanitaria a los parámetros de la lex artis, por lo que no puede imputarse el
daño padecido a la actuación sanitaria dispensada, en una relación de causa a
efecto, lo que excluye la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas.
En efecto, el informe de la Inspección médica es concluyente cuando
señala que ?la asistencia sanitaria prestada a E.Z.R. se ha ajustado
siempre a la Lex Artis, evidenciándose un adecuado cumplimiento de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados obligatorios según los
protocolos establecidos universalmente para la sintomatología objetivada. El
seguimiento realizado durante toda su enfermedad ha sido constante con
una adecuada coordinación interdisciplinar e interhospitalaria. Las
complicaciones clínicas sufridas pueden ser adjudicadas plenamente a
circunstancias previas y/o adversas de la propia paciente y no a una
inadecuada o negligente práctica profesional, pues no ha existido en ningún
momento ni incorrecta consideración del estado previo, ni falta de atención
sanitaria, ni escasez en la realización de pruebas diagnósticas, ni
insuficiencia en los controles clínicos realizados ni tardanza en las
actuaciones efectuadas, ni falta de agotamiento de los recursos existentes
según el estado de la ciencia actual?.
Para un mejor análisis de la reclamación, procede que examinemos cada
uno de lo reproches de la reclamante que esta imputa a la mala praxis del
personal sanitario, y que en opinión de este Consejo, resultan desvirtuados
por las pruebas que obran en el expediente. Así, por lo que se refiere a la
supuesta sobredosificación farmacológica que determinó su ingreso en el
Hospital Universitario de Getafe el 22 de marzo de 2001, cabe señalar que,
aunque figura como juicio clínico inicial ?Intoxicación por Carbamacepina,
crisis epilépticas refractarias, trombopenia y neutropenia?, consta en el
23
expediente que los niveles de fármaco en sangre estaban dentro del rango
terapéutico aceptado universalmente (CBZ 11,19 pg/ml yA.V 100 pg!ml).
En este punto el informe de la Inspección médica señala que ?la toxicidad
detectada se debió exclusivamente a la susceptibilidad individual de la
paciente que en ese momento estaba presentando crisis cada 2-3 días a pesar
de la terapia instaurada. Esto motivó la modificación del tratamiento de
forma inmediata, desapareciendo los síntomas indeseables, no restando
efectos residuales objetivos excepto la percepción subjetiva de la paciente. En
este apartado cabe la consideración que la combinación de Ac. Valproico
con Carbamacepina está aceptada por toda la ciencia médica actual y la
toxicidad producida no deja efectos residuales ni genera efectos a largo
plazo ni consecuencias tardías en la visión?. Cabe señalar que el juicio
clínico definitivo fue de epilepsia parcial de lóbulo temporal
farmacoresistente y efecto adverso farmacológico (probablemente por la
Carbamazepina). En este punto el informe del Servicio de Neurología del
Hospital Universitario de Getafe aportado al expediente, también es claro
cuando señala que los niveles de los fármacos que tomaba estaban en el
límite alto de lo normal, precisando que ?la combinación que estaba tomando
en ese momento es una combinación aceptada y utilizada en casos de
epilepsia de difícil control. La toxicidad provocada por estos fármacos
desapareció al modificar el tratamiento y no se pueda pensar en una
toxicidad residual aunque sea percibida de forma subjetiva por la paciente.
Tampoco se puede pensar que actualmente presente consecuencias a nivel de
la visión por esta intoxicación?.
En cuanto a la diplopía alegada por la reclamante que atribuye a la
supuesta intoxicación por sobredosis de Carbamacepina el 22 de marzo de
2001, que como ya se ha puesto no fue tal intoxicación pues los niveles
séricos de los fármacos siempre estuvieron dentro del rango terapéutico
aceptado universalmente, resulta contradicha por los antecedentes del
expediente, constando tal dolencia ya en la nota manuscrita efectuada en el
24
evolutivo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Getafe el
4 de septiembre de 1996 en donde se hace referencia a una diplopía
ocasional y borrosidad en la visión. Este comentario también fue consignado
en el evolutivo de la revisión efectuada el 31 mayo de 2000. Esta diplopía
se indica como desaparecida en la reseña de la revisión del 1 de diciembre de
2004 en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de La
Princesa, apareciendo nuevamente su mención en el evolutivo del Servicio
de NeuroOftalmología del Hospital Universitario de Getafe en la revisión
del 11 de septiembre de 2009. Respecto a la pérdida de visión secundaria
por la supuesta intoxicación por sobredosis de Carbamacepina el 22 de
marzo de 2001, señala el informe de la Inspección que no puede
considerarse efecto adverso pues tiene antecedentes constatados en las
reseñas hechas en el evolutivo del Servicio de Neurología del Hospital
Universitario de Getafe el 4 de septiembre de 1996 y el 31 de mayo de
2000. Sobre esta sintomatología, refiere el informe de la Inspección, que la
valoración realizada en la consulta de la Sección de Retina del Hospital de
Getafe permitió establecer un juicio clínico de ?Inicio de Membrana
epirretiniana macular en ojo derecho? complicación frecuente de la Pars
Planitis padecida por la paciente. El informe de la Inspección hace
referencia a la fiebre reumática padecida por la paciente en su infancia,
?pudiéndose considerar dicha circunstancia como uno de los posibles
condicionantes del desarrollo de la Pars Planitis?.
Respecto a la falta de memoria, el informe de la Inspección concluye que
puede considerarse estado previo. En efecto, ya en septiembre de 1998, en
una revisión por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de
Getafe la paciente alegaba alteraciones en la memoria reciente, existiendo
reseña en el evolutivo de ?trastorno de memoria leve de fijación?. Según el
informe de la Inspección médica este déficit es frecuente en los pacientes
con epilepsia de lóbulo temporal en relación con la disfunción de la zona
epileptogena y el efecto inevitable de los fármacos precisos para su
25
tratamiento. Esta alteración de la memoria reciente de aparición episódica
continuaba existiendo, según la paciente manifestó en una revisión
programada en el Servicio de Neurología del Hospital de Getafe en febrero
de 2004, tras la cirugía efectuada si bien, según consta el informe de 24 de
septiembre de 2009 del referido servicio, la propia paciente refirió que no
limitaba sus actividades instrumentales de la vida diaria e incluso se había
producido un incremento en su capacidad de atención, mejorando su estado
de ánimo y calidad de vida.
Finalmente, en cuanto a las presuntas secuelas invalidantes derivadas de
las intervenciones quirúrgicas, el informe del Servicio de Neurología de 24
de septiembre de 2009, señala que ?como consecuencia de la operación
neuroquirúrgica quedó una zona gliosis posquirúrgica lo cual sucede
siempre que se realiza una intervención por el proceso fisiológico de
cicatrización. También es lógico que se demuestre una zona de
hipoperfusión en lóbulo temporal anterior y medio izquierdo tras tas una
cirugía de amigdalohipocampectomía izquierda?. El informe de la
Inspección médica precisa que las presuntas secuelas invalidantes alegadas
?quedan en contradicción ante la favorable evolución clínica evidenciada
con posterioridad ?puesta de manifiesto y por las pruebas de imagen,
TAC cerebral el 24-09-2007 y RM craneal el 16-01-2008?´. Y añade
como comentario final ?que se ha de recordar que la paciente asumió las
posibles secuelas al formalizar adecuadamente los Consentimientos
Informados de la implantación de electrodos y de la Lobectomia (3 y 25 de
septiembre respectivamente) tras recibir una extensa y clara información?.
En relación con esta apreciación, cabe señalar que, en efecto, en el
documento de consentimiento informado firmado por la paciente el 3 de
septiembre de 2002, para la intervención de craneotomía por epilepsia del
lóbulo temporal, figuran como riesgos inherentes a la intervención concreta
diversos déficits neurológicos, siendo los más específicos, algunos de los que
26
refiere la reclamante, esto es, pérdida de memoria y pérdida de campo
visual, entre otros.
En este caso, por tanto, cabe concluir que el tratamiento fue el adecuado a
las patologías de la paciente, que fue sometida a numerosas pruebas
diagnósticas y controles clínicos, con una adecuada coordinación
interdisciplinar e interhospitalaria, resultando acreditado por los informes
que constan en el expediente, que las complicaciones sufridas por la paciente
se deben a circunstancias previas de la propia patología que padecía, no
existiendo en ningún momento infracción de la lex artis ad hoc por parte de
los profesionales sanitarios que atendieron a la paciente, no existiendo en
consecuencia responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.
Procede finalmente hacer referencia al reproche formulado por la
reclamante en relación con el extravío de su historia clínica. En este punto
cabe recordar que la custodia de las historias clínicas es una obligación legal
a partir de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. En este sentido el artículo 17.1 de la
referida Ley señala que ?Los centros sanitarios tienen la obligación de
conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su
correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el
soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo
adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha
del alta de cada proceso asistencia?.
Ahora bien, en el presente supuesto no cabe sino concluir que el reproche
de la reclamante en relación con el extravío de su historia clínica carece de
todo fundamento. En efecto, el expediente instruido contiene la historia
clínica de la paciente remitida tanto por el Hospital Universitario de Getafe
y como por el Hospital Universitario de La Princesa. Consta además, que
27
en el procedimiento tramitado, dicho expediente ha sido puesto de
manifiesto a la interesada el día 3 de marzo de 2011 en cumplimiento del
tramite de audiencia, sin que esta haya efectuado en su escrito de
alegaciones ninguna manifestación u observación en relación con la historia
clínica que consta en el expediente. Incluso el informe de la Inspección
médica señala expresamente que se ?ha podido verificar la accesibilidad e
integridad del Historial Clínico?. En definitiva, entiende este Consejo que
el reproche de la reclamante ha quedado desvirtuado por las pruebas que
obran en el expediente, no existiendo responsabilidad de la Administración
sanitaria en este punto.
A la vista de todo lo anterior, el Consejo Consultivo formula la siguiente
CONCLUSIÓN
La reclamación de responsabilidad patrimonial presentada debe ser
desestimada.
A la vista de todo lo expuesto, el Órgano consultante resolverá según su
recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de quince
días, a este Consejo de conformidad con lo establecido en el artículo 3.7 del
Decreto 26/2008, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
Madrid, 20 de julio de 2011
LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS
Responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas. Paso a paso
14.50€
13.78€