Última revisión
16/10/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0378/23 del 13 de julio de 2023
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 13/07/2023
Num. Resolución: 0378/23
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 13 de julio de 2023, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por Dña. ??, D. ??, D. ??, D. ??, D. ?? y D. ??, por los daños y perjuicios causados por el fallecimiento de su respectiva madre y esposa, Dña. ??, que atribuyen a la asistencia dispensada en el Hospital Universitario La Paz, que consideran retrasó el diagnóstico de un tumor pancreático.Tesauro: Lex artis. Obligación de medios
Retraso de diagnóstico
Prueba diagnóstica
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, en su sesión de 13 de julio de 2023, aprobado
por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de
Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial
promovido por Dña. ??, D. ??, D. ??, D. ??, D. ?? y D. ??,
por los daños y perjuicios causados por el fallecimiento de su
respectiva madre y esposa, Dña. ??, que atribuyen a la asistencia
dispensada en el Hospital Universitario La Paz, que consideran
retrasó el diagnóstico de un tumor pancreático.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por escrito presentado el 2 de noviembre de 2021 en
el registro del Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
dirigido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el
abogado de las personas mencionadas en el encabezamiento formula
reclamación de responsabilidad patrimonial en la que los interesados
exponen el desarrollo del procedimiento de diagnóstico y tratamiento
que finalizó con el fallecimiento de su familiar.
Dictamen n.º: 378/23
Consulta: Consejera de Sanidad
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 13.07.23
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Los reclamantes explican que la fallecida sufría desde el mes de
octubre de 2017 fuertes dolores y molestias abdominales, de modo
que el 20 de octubre de 2017 acudió a su médico de cabecera ante la
persistencia de tales dolores, que en absoluto se mitigaron o
redujeron con el tratamiento médico general prescrito por la citada
doctora.
El escrito refiere que durante los meses de diciembre de 2017 y
enero de 2018, la fallecida ?percibía continuamente, y así se lo refirió a
su entorno familiar, que tenía algo muy extraño en su abdomen, que le
provocaba fuerte dolor y que describía como si le arañasen por dentro?.
Relatan que, con fecha 18 de enero de 2018, acudió nuevamente
a su médico de cabecera y le describió exactamente este síntoma, que
la doctora recoge escribiendo ?refiere como que le rayan, como si le
tocasen la piel del abdomen especialmente en la noche, sensación de
calor en el intestino?, de modo que, tras esta visita, la doctora le
prescribe una radiografía, que examina el día 23 de enero y concluye
que la radiografía ?no impresiona de patología?. Los reclamantes
indican que la doctora, para disponer de más datos clínicos, derivó a
la paciente a una prueba de ecografía de abdomen completo, para la
que fue citada el día 6 de junio de 2018.
El escrito continúa señalando que, con fecha 27 de enero de
2018 y habida cuenta de que la paciente padecía unos dolores
abdominales muy fuertes desde hacía varios días, que le impedían
incluso ingerir alimentos con normalidad, fue llevada por su esposo
al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de La Paz, donde
los facultativos concluyeron que se trataba de un ?dolor abdominal
inespecífico sin datos de alarma?. Posteriormente, según la
reclamación, el 29 de enero de 2018 acudió nuevamente a su médico
de cabecera para reiterar sus fuertes dolores, explicando el episodio
de atención en Urgencias, y el 6 de febrero de 2018 fue atendida por
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el Servicio de Digestivo, que solicitó una gastroscopia, una ecografía
abdominal por el protocolo ordinario y un test de aliento para valorar
la posibilidad de la presencia de Helicobacter pylori.
Los reclamantes exponen que los fuertes dolores abdominales
que padecía su familiar no solo no se mitigaban en absoluto con el
tratamiento prescrito sino que eran cada vez más graves,
imposibilitándole desarrollar cualquier actividad personal o
profesional y, dado que las pruebas que le habían prescrito tardarían
más de tres meses en realizarse, se vio obligada a acudir a la sanidad
privada, dirigiéndose en fecha 9 de marzo de 2018 a una clínica
privada. Refieren que en el citado centro sanitario, tras exponerle su
historial médico más reciente, la doctora determinó la necesidad
urgente de realizar una ecografía abdominal y urológica, que se
realizó ese mismo día 9 de marzo de 2018, y que objetivó una lesión
sólida en aparente dependencia de la cola del páncreas y múltiples
lesiones hepáticas nodulares.
Según el escrito, se le realizó un TAC de tórax, abdomen y pelvis,
que determinó la existencia de una lesión en la cola pancreática, con
abundante necrosis, que infiltraba y englobaba la glándula
suprarrenal por extensión directa, parte del estómago, e hilios
esplénico y renal izquierdos; ocasionaba trombosis subtotal de la
vena renal izquierda, trombosis de la vena esplénica con circulación
colateral secundaria y afilamiento marcado de la arteria esplénica;
lesiones hepáticas secundarias bilobares, así como pequeños
implantes nodulares de unos 5 mm de tamaño en el hipocondrio
izquierdo.
La reclamación relata que, con estos resultados, la paciente
acudió al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, donde fue
ingresada para comenzar de inmediato el tratamiento oncológico, que
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resultó del todo estéril, habida cuenta del estadio avanzado de su
tumor pancreático.
Los reclamantes señalan que, con fecha 6 de junio de 2018, se le
explicó ?para su absoluta desolación e impotencia, pues llevaba meses
intentando encontrar solución a sus padecimientos?, que su
enfermedad era terminal y fue remitida a cuidados paliativos, ?dado
que el abordaje terapéutico en un estadio tan avanzado es ya
imposible e ineficaz, comunicándole que debía haber comenzado el
tratamiento mucho antes?.
Afirman que, con fecha 11 de junio de 2018, la paciente falleció
en su domicilio, donde había decidido pasar sus últimos días en
compañía de sus familiares. De igual modo, indican que, con la
documentación clínica de que disponían, y a fin de averiguar si desde
una perspectiva médico legal había indicios forenses de una
negligencia médica, encargaron un pre-informe pericial, consistente
en estudio de viabilidad médico legal en relación a una posible
negligencia profesional en el diagnóstico de la enfermedad tumoral de
su familiar, realizado por un médico especialista en Medicina Legal y
Forense, en el que se concluye que en el presente caso existe un
retraso diagnóstico con pérdida de oportunidad terapéutica, ya que,
desde, al menos, el 23 de enero de 2018 no se realizó la ecografía
abdominal a pesar de las visitas al médico de Atención Primaria, al
especialista en Digestivo y al Servicio de Urgencias.
Los reclamantes reprochan que la doctora de Atención Primaria
y el especialista en Digestivo reiteraron la solicitud de la ecografía y,
sin embargo, en Urgencias, a pesar de la existencia de un dolor
abdominal de causa desconocida y sin diagnóstico etiológico de un
mes de evolución, no realizaron la prueba. Señalan que hubiera sido
mucho más prudente realizar la ecografía el 27 de enero de 2018, de
urgencia, evitando un mayor retraso diagnóstico, de modo que,
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cuando se le diagnostica (en la sanidad privada), porque en la pública
seguía esperando las pruebas solicitadas, el cáncer ya no es operable
ni existe ningún tratamiento curativo posible, restando únicamente la
posibilidad de un tratamiento paliativo, pues tal y como se refiere en
el estudio adjunto, ?el tumor pancreático suele tener una evolución
muy rápida y es fundamental el diagnóstico precoz?.
El escrito recoge que los familiares de la fallecida consideraron
que concurrían indicios forenses que permitían fundamentar la
existencia de una posible negligencia profesional en el diagnóstico del
tumor pancreático, y presentaron una denuncia por presunto delito
de homicidio por imprudencia profesional, del artículo 142.1 del
Código Penal, dando lugar a la apertura de las Diligencias Previas-
Procedimiento Abreviado 1273/2019, ante el Juzgado de Instrucción
nº 46, de Madrid.
Refieren que, en el seno de dicho proceso judicial de instrucción,
se emitió un informe médico forense en el que se señala lo siguiente:
?4.- Que la demora de las pruebas médicas a cuatro meses
después de la prescripción en la consulta de Digestivo resulta
excesiva. Los tiempos de demora de estas pruebas no se
encuentran en el ámbito de decisión profesional del médico sino
que vienen de la propia organización de la actividad sanitaria
pública en la Comunidad de Madrid.
5.- Que el desarrollo tumoral de la paciente (?) muy
probablemente habría sido algo menos extenso de haberse
detectado en las pruebas solicitadas por la doctora especialista o
por la médico del MAP si se hubieran practicado en un tiempo
razonable (pocos días después de su prescripción)?.
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Los reclamantes indican que el juez instructor dictó, con fecha
10 de julio de 2020, Auto nº 908/2020 por el que se decreta ?el
sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones,
sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas que, en su caso,
puedan corresponder al perjudicado?, de modo que los perjudicados
recurrieron en apelación dicho auto de sobreseimiento, y la Sección
17ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Auto nº 834/2020, de
fecha 16 de noviembre de 2020, acordando desestimar el recurso.
Por todo lo expuesto, los interesados consideran que ha existido
una pérdida de oportunidad, y reclaman una indemnización de
25.000 euros para cada uno de los hijos y de 50.000 euros para el
esposo.
El escrito de reclamación se acompaña de la copia de un poder
general para pleitos, copia del libro de familia, diversa documentación
médica, certificado de defunción de su familiar, el denominado
?estudio de viabilidad?, así como documentación relativa al
procedimiento penal sustanciado (folios 1 a 109 del expediente).
Posteriormente, con fecha 16 de noviembre de 2021, y a
requerimiento del instructor del expediente, el abogado de los
reclamantes, que solo había aportado el poder de representación de
tres de los hijos, remitió certificado de inscripción de apoderamiento
apud acta en el archivo electrónico de apoderamientos judiciales para
los otros dos hijos y el esposo de la fallecida.
SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes
hechos de interés para la emisión del presente dictamen:
Se trata de una paciente nacida en 1963, sin antecedentes
clínicos de interés, que el 18 de enero de 2018 acude al médico de
Atención Primaria por dolor abdominal, sin náuseas ni vómitos, sin
alteración en la deposición, sin fiebre ni síndrome miccional. En la
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exploración abdominal, se objetiva abdomen blando depresible, no
doloroso, sin signos de peritonismo. Se solicita radiografía. El 23 de
enero de 2018 se valora la radiografía, que no impresiona de
patología, y la paciente refiere haber notado sensación de ardor en la
boca del estómago ocasional. Se solicita ecografía y se prescribe
omeprazol.
Con fecha 27 de enero de 2018, la paciente acude a Urgencias
del Hospital Universitario La Paz por dolor periumbilical de 1 mes de
evolución, en algunas ocasiones náuseas, sin llegar a vomitar. Sin
pirosis ni reflujo gastroesofágico. Sin alteraciones en el ritmo
intestinal. Puede expulsar flatulencias de manera normal. No refiere
fiebre ni sensación distérmica. No refiere pérdida de peso clara, ni
astenia, ni anorexia. Niega otra clínica intercurrente.
En la exploración física: tensión arterial: 115/50: frecuencia
cardiaca: 72 lpm; temperatura: 35º C; saturación: 98%. Buen estado
general. Bien hidratada y perfundida. Normocoloreada. Eupneica en
reposo. Tórax: auscultación cardiopulmonar rítmica sin soplos.
Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen:
ruidos hidroaéreos +, blando, depresible, no doloroso a la palpación
superficial y profunda, sin signos de irritación peritoneal. Blumberg y
Murphy negativos. No se palpan masas, ni megalias.
Analítica: en rango, salvo fibrinógeno 521 mg/dl (150-450),
proteína C reactiva 7,9 mg/l (0,0-3,0), urea 42 mg/dl (15-39).
Se pauta alta a domicilio con las siguientes recomendaciones:
paracetamol 1 gramo cada 8 horas, si hay dolor. Puede alternar con
Nolotil 575 mg cada 8 horas. Citarse en Digestivo de zona con el
informe. Control por su médico de Atención Primaria. Si hay
incidencias, volver a Urgencias. Al ser preguntada por el dolor, la
paciente refiere no necesitar analgesia y, por ello, no se prescribe. Al
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alta refiere astenia y anorexia ligera, que negó al ingreso. Refiere
alteración de la voz desde el inicio del dolor.
Con fecha 29 de enero de 2018, acude sin cita a consulta del
médico de Atención Primaria, porque ha sido vista en Urgencias por
dolor abdominal, que consideran debe ser estudiado por Digestivo.
El 6 de febrero de 2018 la paciente es atendida en Digestivo del
Hospital Universitario La Paz, donde acude por dolor epigástrico y
ardores de 1 mes de evolución. La analítica de 27 de enero de 2018,
sin alteraciones relevantes. Hemostasia normal. Toma omeprazol, que
debe suspender 4 semanas antes de la gastroscopia. En la
exploración física presenta buen estado general.
Exploraciones complementarias: se solicita gastroscopia con
sedación y ecografía abdominal. Juicio clínico/diagnóstico: los
previos. Se entrega hoja de recomendaciones para gastroprotección y
reflujo. La paciente puede tomar Almax Forte, 1 sobre media hora
después de las comidas.
El 9 de marzo 2018 acude a Urgencias del Hospital Universitario
Rey Juan Carlos con historia de dolor abdominal epigástrico desde
diciembre anterior, con molestias inespecíficas en epi y mesogastrio,
y pendiente de consulta y estudios en Digestivo en el Hospital
Universitario La Paz.
La paciente refiere que ha acudido ese mismo día por su cuenta
a realizarse estudios de imagen a una clínica privada, donde le han
realizado un TAC toracoabdomino-pélvico y una ecografía abdominal
y urológica, diagnosticándose "una lesión sólida en aparente
dependencia de cola de páncreas, con abundante necrosis que infiltra
y engloba la glándula suprarrenal por extensión directa, parte del
estómago e hilios esplénico y renal izquierdos. Ocasiona trombosis
subtotal de la vena renal izquierda, Trombosis de la vena esplénica
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con circulación colateral y afilamiento marcado de la arteria esplénica.
Múltiples lesiones hepáticas nodulares, que podrían estar en relación
con depósitos secundarios. Pequeños implantes nodulares de unos 5
mm de tamaño en el hipocondrio izquierdo?.
Se realiza analítica en Urgencias. Hematología: en rango, salvo
número total de leucocitos: 13.45 x 10³ ?l (3.5 - 11). INR 1.16 (0.85 -
1.15). Fibrinógeno derivado 490 mg/dl (200 - 400). Bioquímica: sin
alteraciones excepto, ALAT (GPT) 5 UI/l (10 - 49), Lipasa 57 UI/l (6 -
51).
Dados los hallazgos referidos, se decide ingreso a cargo de
Medicina Interna. Durante el ingreso, la paciente se encuentra
asintomática, excepto dolor epigástrico controlado con analgesia con
buena tolerancia. Se le realiza analítica, con anemia leve ferropénica,
elevación de marcadores tumorales CEA y CA 19.9; se ha puesto
heparina por los hallazgos de trombosis, sin sangrado posterior.
Se realiza biopsia de la lesión hepática que es la más accesible,
sin complicaciones posteriores. Dada la estabilidad clínica, se
procede a su alta, con cita en consulta para recoger el resultado de la
biopsia.
Juicio diagnóstico: lesión sólida en aparente dependencia de cola
de páncreas, con abundante necrosis que infiltra y engloba la
glándula suprarrenal por extensión directa, parte del estómago e
hilios esplénico y renal izquierdos. Trombosis subtotal de la vena
renal izquierda, Trombosis de la vena esplénica con circulación
colateral y afilamiento marcado de la arteria esplénica. Múltiples
lesiones hepáticas nodulares, que podrían estar en relación con
depósitos secundarios.
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Anatomía Patológica: lesión hepática en el lóbulo hepático
derecho: cilindro hepático que muestra infiltración por carcinoma con
datos morfológicos y perfil inmunohistoquímico, compatible con
origen colangio-bilio-pancreático en la muestra remitida.
En consulta de Oncología, se vuelve a explicar el diagnóstico
oncológico, extensión, situación curativa, indicación de quimioterapia
en escenario paliativo, beneficio potencial, toxicidad asociada,
pronóstico esperable. Se explica además la posibilidad de ensayo
clínico HALO en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz,
sujeto a cumplimiento de criterios de inclusión, pues la paciente no
corresponde a ese área. Otra opción sería la derivación a su hospital
de referencia, el Hospital Universitario La Paz, para realizar allí el
tratamiento. Los familiares contactan a través de email, porque
desean valoración de inclusión en ensayo clínico HALO en la
Fundación Jiménez Díaz. Se contacta con el médico responsable del
paciente, quien informa que la paciente continuará en su centro de
referencia. Alta por parte del Servicio de Oncología.
Con fecha 6 de junio de 2018, su esposo y 2 hijos acuden a su
médico de Atención Primaria con los informes del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos y el último TAC del mes de mayo, que
objetiva un cáncer de páncreas avanzado, tras el diagnóstico el 9 de
marzo de 2018.
TAC: voluminosa masa solida tumoral retroperitoneal izquierda
que engloba la cola de páncreas que infiltra hilio renal izquierdo, pilar
diafragmático izquierdo y glándula adrenal ipsilateral con importante
afectación vascular y metástasis hepáticas extensas. Nódulos
pulmonares bilaterales, fractura patológica D6, afectación
metastásica ósea en cuerpos vertebrales (C6, D6, D7 y L3), afectación
metastásica costal bilateral con masa de partes blandas en 3º arco
costal posterior izdo.
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En una clínica privada le han dicho que es terminal y no quiere
morir en el hospital. La paciente fallece el 11 de junio de 2018.
TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción
>del procedimiento de responsabilidad patrimonial de acuerdo con la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).
Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica del
familiar de los reclamantes del Centro de Salud Fuencarral, del
Hospital Universitario La Paz y del Hospital Universitario Rey Juan
Carlos (folios 122 a 395).
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 81 de la LPAC, se ha
emitido informe el 20 de diciembre de 2022 por el jefe del Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital Universitario La Paz, implicado en el
proceso asistencial del familiar de los interesados, en el que se
explica que la paciente fue atendida por dicho servicio el 6 de febrero
de 2018, fecha en la que, según consta en la historia electrónica de la
paciente, se emitió un informe de esa visita, en él se refleja que la
paciente refería dolor epigástrico y pirosis de un mes de evolución,
sin otros síntomas. El informe indica que se le solicitó una
gastroscopia y una ecografía abdominal para estudiar la causa de
esos síntomas y que, posteriormente, la paciente no volvió a
consultas, ni se supo nada de ella en el Servicio de Aparato Digestivo.
Consta también en el expediente el informe de la coordinadora
de Urgencias del mismo centro hospitalario, emitido el 20 de
diciembre de 2022, en el que expone el procedimiento establecido
para el manejo de del dolor abdominal en Urgencias y señala que ?los
signos de alarma para el manejo de este síndrome incluyen:
taquicardia, hipotensión, frecuencia respiratoria superior a 30,
disminución del nivel de conciencia, distensión abdominal, signos de
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irritación peritoneal, ruidos intestinales ausentes o de lucha, presencia
de masas y/o masa pulsátil?. La paciente no presentaba en el
momento de la exploración ningún signo ni dato analítico de alarma??.
Posteriormente, con fecha 28 de diciembre de 2022, emite
informe la Inspección Sanitaria que, tras analizar la historia clínica y
el informe médico emitido en el curso del procedimiento, así como
realizar las consideraciones médicas oportunas, concluye que ?que la
asistencia sanitaria dispensada a Dña. ?en Atención Primaria,
Servicio de Urgencias y Digestivo del Hospital Universitario La Paz, en
2018, fue adecuada y de acuerdo a la lex artis?, si bien señala que ?la
demora para la realización de la ecografía no se considera
aceptable??.
Tras la incorporación al procedimiento de los informes
evacuados y de la historia clínica, se confirió el oportuno trámite de
audiencia a los reclamantes mediante oficio de 22 de marzo de 2023.
No figura en el procedimiento que los interesados formularan
alegaciones en el trámite conferido al efecto.
Finalmente, el 6 de junio de 2023, se formula propuesta de
resolución en la que se acordó desestimar la reclamación formulada
al considerar que la asistencia sanitaria prestada fue correcta y
ajustada a la lex artis.
CUARTO.- El día 8 de junio de 2023 tuvo entrada en esta
Comisión Jurídica Asesora la solicitud de dictamen en relación con la
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra la
Comunidad de Madrid.
Ha correspondido la solicitud de consulta del presente
expediente, registrada con el nº 340/23, al letrado vocal D. Francisco
Javier Izquierdo Fabre, que formuló y firmó la oportuna propuesta de
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dictamen, deliberada y aprobada, por el Pleno de esta Comisión
Jurídica Asesora en su sesión de 13 de julio de 2023.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de
28 de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros y por solicitud del
consejero de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de
Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 19 de enero,(en
adelante, ROFCJA).
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, se regula en la LPAC de conformidad con su artículo 1.1, on las particularidades prevstas para los procedimientos de
responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su
regulación debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo,
LRJSP), cuyo capítulo IV del título preliminar se ocupa de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Los reclamantes ostentan legitimación activa para promover el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a lo
dispuesto en el artículo 4 de la LPAC y el artículo 32 de la LRJSP, al
sufrir el daño moral causado por el fallecimiento de su familiar. Se ha
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acreditado debidamente en el procedimiento la relación de parentesco
que liga a los reclamantes con la paciente fallecida mediante copia del
libro de familia. Actúan por medio de abogado, con poder incorporado l expediente, conferido en escritura pública o, respecto a dos de los
hijos y el esposo de la fallecida, aportando un certificado de
inscripción de apoderamiento apud acta en el archivo electrónico de
apoderamientos judiciales. Dicho apoderamiento apud acta ante un
letrado de la Administración de Justicia no es válido para actuar ante
una Administración pública y, de hecho, el propio certificado limita
su validez a actuaciones judiciales. Por ello no puede tenerse por
acreditada fehacientemente la representación a los efectos del
artícul 5 de la LPAC. No obstante, puesto que se ha tramitado el
procedimiento, y sin perjuicio de que la Consejería de Sanidad deba
requerir la acreditación de esa representación, se procederá a
examinar el fondo de la reclamación.
La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid
ya que el daño cuyo resarcimiento se pretende fue supuestamente
causado por el Hospital Universitario La Paz, centro sanitario público
de su red asistencial.
En lo relativo al plazo de presentación de la reclamación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la LPAC el derecho a
reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de
daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará
a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas.
En el presente caso, en el que se reclama por el fallecimiento del
familiar de los reclamantes, lo que aconteció el 11 de junio de 2018
(no el ?11 de junio de 2019?, como figura erróneamente en la
reclamación y en diversos documentos del expediente), dicha fecha
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constituye el dies a quo. Ahora bien, según resulta del expediente
examinado, por los hechos objeto de reclamación los familiares de la
fallecida interpusieron una denuncia por la que se siguieron unas
actuaciones penales, a las que cabe atribuir eficacia interruptiva de
la prescripción.
En efecto, como ya ha dicho esta Comisión Jurídica Asesora en
anteriores dictámenes (así nuestro Dictamen 30/17, de 26 de enero,
entre otros muchos), haciéndonos eco de la doctrina del Consejo de
Consultivo de la Comunidad de Madrid y de la jurisprudencia, la ley
ha configurado el plazo como de prescripción, lo que supone que
ciertas actuaciones pueden interrumpirlo y, en especial, el ejercicio
de la acción penal. En relación a la existencia de actuaciones penales
y su posible eficacia interruptiva sobre los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, la jurisprudencia del Tribunal Supremo
admite la interrupción del plazo para el ejercicio de la acción de
reclamación de responsabilidad patrimonial en los casos de
existencia de un proceso penal soobrelos mismos hechos
determinantes de la responsabilidad administrativa, en aplicación del
principio de actio nata -conforme al cual la acción sólo puede
comenzar cuando ello es posible y esta coyuntura se perfecciona
cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el
daño y la comprobación de su ilegitimidad-, de tal suerte que la
pendencia de un proceso penal encaminado a la fijación de los
hechos o del alcance de la responsabilidad subsidiaria de la
Administración comporta dicha eficacia interruptiva del plazo de
prescripción de un año establecido por el artículo 67.1 de la LPAC.
En este caso, como hemos dicho, los familiares de la fallecida
presentaron una denuncia que dio lugar a la tramitación de las
Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 1273/2019,
dictándose Auto de 10 de julio de 2020 que acordó el sobreseimiento
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provisional y archivo de la causa. Dicho auto fue objeto de recurso de
apelación, desestimado por Auto 834/2020, de 16 de noviembre, que,
según el escrito de reclammacin, fue notificado a los recurrentes el 20
del mismo mes y año (si bien no hay constancia en el expediente de
tal notificación).
En todo caso, dada la fecha de esta última resolución judicial, y
a la vista de todo lo expuesto, cabe concluir que la reclamación
formulada el día 2 de noviembre de 2021 se ha presentado en plazo
legal.
El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de
anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las
actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad
procedimental y, así, se ha emitido el informe preceptivo previsto en
el artículo 81.1 LPAC, esto es, de los servicios de Aparato Digestivo y
de Urgencias del Hospital Universitario La Paz, implicados en el
proceso asistencial del familiar de los reclamantes. En este sentido,
cabe señalar que, si bien la propuesta de resolución remitida parece
entender que la reclamación también reprocha la asistencia
dispensada en Atención Primaria, tal circunstancia no se deduce del
escrito de reclamación y, en consecuencia, no entendemos necesario
que se emita informe por partte del Centro de Salud uencarral, al
existir en el expediente suficientes elementos de juicio para la
emisión del presente Dictamen.
También consta haberse solicitado y emitido informe por la
Inspección Sanitaria, y se ha incorporado al procedimiento la historia
clínica de la paciente fallecida. Tras la instrucción del procedimiento
se confirió trámite de audiencia a los interesados, que no formularos
alegaciones. Por último, se ha formulado la oportuna propuesta de
resolución desestimatoria de la reclamación.
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TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración
se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española y garantiza
el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos
por la ley.
La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la
Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada de la que es
exponente la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de
2018 (núm. rec. 5006/2016), requiere la concurrencia de varios
requisitos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo
de personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de
elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Que exista una relación de causa a efecto entre el
funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida
por fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el
daño. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de
2009 (recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí
recogidas, ?no todo daño causado por la Administración ha de ser
reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión
resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de
18/28
antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber
jurídico de soportar los daños derivados de la actuación
administrativa?.
En concreto, cuando se trata de daños derivados de la asistencia
sanitaria, la responsabilidad patrimonial presenta singularidades
derivadas de la especial naturaleza de ese servicio público porque el
criterio de la actuación conforme a la denominada lex artis se
constituye en parámetro de la responsabilidad de los profesionales
sanitarios.
Así, el Tribunal Supremo, en doctrina reiterada en numerosas
ocasiones (por todas, la Sentencia de 15 de marzo de 2018, RC
1016/2016) ha señalado que ?no resulta suficiente la existencia de
una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los
límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex
artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta,
independientemente del resultado producido en la salud o en la vida
del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la
Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del
paciente, por lo que si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una
o varias infracciones de la lex artis, no cabe apreciar la infracción que
se articula por muy triste que sea el resultado producido ya que la
ciencia médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una
respuesta coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que
a pesar de los avances siguen evidenciando la falta de respuesta
lógica y justificada de los resultados?.
CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica
precedente, se deduce que no cabe plantearse una posible
responsabilidad de la Administración sin la existencia de un daño
real y efectivo a quien solicita ser indemnizado. En este sentido
19/28
recuerda la SSentencia de 13 de febrero de 2018el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (recurso 597/2017), con cita de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo que ?la existencia de un daño
real y efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas?
constituye el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial
traducible en una indemnización económica individualizada, de tal
manera que resulte lesionado el ámbito patrimonial del interesado
?que es quien a su vez ha de soportar la carga de la prueba de la
realidad del daño efectivamente causado?.
Ciertamente ya hemos adelantado la existencia del daño moral
de los reclamantes por el solo hecho del fallecimiento de su familiar,
?daño moral cuya existencia no necesita prueba alguna y ha de
presumirse como cierto? (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de
noviembre de 2004 ?recurso 7013/2000- y en similar sentido la
Sentencia de 25 de julio de 2003 ?recurso 1267/1999-, entre otras) y
que jurisprudencia consolidada ha admitido como supuesto de lesión
indemnizable (Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de noviembre
de 1993 -recurso 395/1993-, 19 de noviembre de 1994 ?recurso
12968/1991- y 28 de febrero de 1995- recurso 1902/1991-), aunque
de difícil valoración económica.
La existencia de un daño, sin embargo, como ya hemos visto, no
es suficiente para declarar la existencia de responsabilidad, por lo
que ha de analizarse si concurren los demás requisitos necesarios
para apreciarla.
Como hemos visto en los antecedentes, los reclamantes
reprochan que los servicios del Hospital Universitario La Paz
omitieron la diligencia debida en el tratamiento de la sintomatología
que padecía su madre y esposa respectiva, lo que retrasó el
diagnóstico de la patología oncológica que padecía y le privó de la
oportunidad de beneficiarse de los tratamientos de quimioterapia que
20/28
podía haber recibido de haber sido diagnosticado con mayor premura
y, con ello, de la posibilidad de haber prolongado su vida.
Para centrar la cuestión relativa a la supuesta infracción de la
lex artis por parte de los profesionales que atendieron al marido de la
reclamante, debemos partir de lo que constituye regla general y es
que la prueba de los presupuestos que configuran la responsabilidad
patrimonial de la Administración corresponde a quien formula la
reclamación. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 5 de noviembre de 2019 (recurso 886/2017).
Como es sabido, y así lo destaca, entre otras, la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de marzo de 2020
(recurso 829/2017) ?las alegaciones sobre negligencia médica deben
acreditarse con medios probatorios idóneos, como son las pruebas
periciales médicas, pues estamos ante una cuestión eminentemente
técnica y este Tribunal carece de los conocimientos técnicos-médicos
necesarios, por lo que debe apoyarse en las pruebas periciales que
figuren en los autos, bien porque las partes hayan aportado informes
del perito de su elección al que hayan acudido o bien porque se
hubiera solicitado la designación judicial de un perito a fin de que
informe al Tribunal sobre los extremos solicitados?.
En el presente caso, los reclamantes aportan un ?informe de
viabilidad? en apoyo de sus argumentos, elaborado por un
especialista en Medicina Legal y Forense, que considera que ha
existido un retraso en el diagnóstico con pérdida de oportunidad
terapéutica, pues ya desde el 27 de enero de 2018, cuando la
paciente acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario La
Paz, debió realizársele la ecografía abdominal efectuada
posteriormente en la sanidad privada, y que también fue prescrita
por el Servicio de Aparato Digestivo del citado centro hospitalario.
21/28
En este punto, y en cuanto a la valoración del citado informe,
cabe recordar lo señalado en la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 11 de febrero de 2016 (recurso 1002/2013), a
cuyo tenor ?las pruebas periciales no acreditan irrefutablemente un
hecho, sino que expresan el juicio o convicción del perito con arreglo a
los antecedentes que se le han facilitado ?? y ?no existen reglas
generales preestablecidas para valorarlas, salvo la vinculación a las
reglas de la sana critica en el marco de la valoración conjunta de los
medios probatorios traídos al proceso ??.
En este sentido, y a la hora de enjuiciar la práctica médica en el
presente supuesto, es preciso distinguir lo concerniente al análisis de
la concreta actuación de los distintos servicios implicados en la
asistencia a la paciente, en especial el Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario La Paz, y lo relativo a la demora en la
realización de la ecografía abdominal precisa para un adecuado
diagnóstico.
Así, en cuanto al primero de los aspectos, los informes médicos
que obran en el expediente, contrastados con la historia clínica
examinada, ponen de manifiesto que la asistencia sanitaria
dispensada fue conforme a la lex artis. En este sentido, resulta
relevante lo informado por la Inspección Sanitaria, ya que como
hemos señalado reiteradamente, actúa con imparcialidad, objetividad
y profesionalidad, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en multitud de sentencias, entre ellas la
dictada el 13 de septiembre de 2018 (recurso no 309/2016). Pues
bien, en este caso, la Inspección Sanitaria, en el informe que ha
emitido en el curso del procedimiento, partiendo del hecho de que se
trata de un cáncer de páncreas cuya ?presentación clínica suele ser
tardía, siendo ésta la causa de su diagnóstico tardío y mal pronóstico y
variará en función de la ubicación del tumor? considera adecuada a la
22/28
lex artis la actuación de los servicios sanitarios, ante la ausencia de
una sintomatología reveladora de la patología concreta que sufría la
paciente.
En este punto, conviene recordar que para evaluar la corrección
de una concreta práctica médica hay que estar a la situación y
síntomas del momento en que se realiza esta. Ello se traduce en que
se deben aplicar a los pacientes todos los medios disponibles para su
diagnóstico y tratamiento. Esta obligación de medios debe entenderse
ceñida al contexto del momento y las circunstancias en que se
efectúa la asistencia, es decir, a los síntomas que presenta cada
paciente y a las probabilidades, en función de los mismos, de que
padezca una determinada patología.
Como destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 26 de abril de 2018 (recurso 75/2017):
?La fase de diagnóstico es una de las más importantes y difíciles
de la práctica médica a la que se llega después de un proceso de
aproximaciones sucesivas que requiere del examen de la historia
clínica, la exploración física y las pruebas complementarias
pertinentes al caso y que se efectúan progresivamente para llegar
al diagnóstico concreto. Se trata de un proceso complejo en el que
intervienen muchos factores y en sus primeras fases resulta difícil
poder hablar de un error, dado que determinadas sintomatologías
pueden sugerir diversas patologías que deben ser, o no,
descartadas. No obstante, lo anterior, respecto al error de
diagnóstico es importante advertir que para que este sea
generador de responsabilidad es necesario que atendidas las
circunstancias del caso y en particular el estado de conocimiento
de la ciencia en el momento de producirse el evento lesivo, pueda
afirmarse que resultaba factible para el servicio sanitario realizar
dicho diagnóstico y que el mismo, de haberse realizado,
23/28
posibilitara alguna oportunidad de curación. En definitiva, es
necesario que la falta de diagnóstico, o bien su error o su retraso
sea imputable a la Administración y por ello sea determinante de
la lesiona del derecho del paciente a un diagnóstico correcto en
tiempo oportuno?.
En realidad, en este caso, la reclamación incurre en la
denominada prohibición de regreso, puesto que enjuicia la actuación
sanitaria a partir resultado final del diagnóstico del proceso
cancerígeno que afectó al familiar de los interesados.
En este punto, procede tener presente que la asistencia médica
ha de atender a las circunstancias y a los síntomas del enfermo,
mediante un juicio ex ante y no ex post. Así lo ha manifestado el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre otras, en Sentencia de
4 de abril de 2017 (recurso 532/2015) según la cual:
?No es correcto realizar una interpretación de lo acontecido
conociendo el resultado final. La calificación de una praxis
asistencial como buena o mala no debe realizarse por un juicio ?ex
post?, sino por un juicio ex ante, es decir, si con los datos
disponibles en el momento en que se adopta una decisión sobre la
diagnosis o tratamiento puede considerarse que tal decisión es
adecuada a la clínica que presenta el paciente?.
En este caso, los informes incorporados al procedimiento, que no
han sido contradichos con prueba alguna aportada por la interesada,
permiten entender que no hubo ninguna vulneración de la lex artis,
sino que se hizo un seguimiento adecuado del paciente por parte de
la doctora de Atención Primaria y por parte del Servicio de Aparato
Digestivo del Hospital Universitario La Paz, que prescribieron las
pruebas oportunas, y también del Servicio de Urgencias del mismo
centro hospitalario, que derivó a la paciente a Digestivo, todos ellos
24/28
actuando en función de los signos y síntomas que presentaba en
cada momento, ninguno de ellos expresivos de la patología tumoral,
en contra de lo que sostienen los interesados.
En especial, respecto de la actuación del Servicio de Urgencias,
conviene recordar que, como ha señalado esta Comisión Jurídica
Asesora, entre otros, en su Dictamen 29/20, de 30 de enero, la
función de los Servicios de Urgencias va dirigida a las patologías
urgentes. Así se manifiesta el Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes
del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización. Esta norma contiene, en su anexo IV, la cartera de
servicios comunes de prestación de atención de urgencia, que se
define como ?aquella que se presta al paciente en los casos en que su
situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata? de tal
forma que concreta que ?una vez atendida la situación de urgencia, se
procederá al alta de los pacientes o a su derivación al nivel asistencial
más adecuado y, cuando la gravedad de la situación así lo requiera, al
internamiento hospitalario, con los informes clínicos pertinentes para
garantizar la continuidad asistencial?. En el presente supuesto, y ante
la ausencia de otra sintomatología, la paciente fue derivada para su
adecuado estudio por el Servicio de Aparato Digestivo.
En definitiva, a la luz de los informes incorporados al expediente
contratados con la historia clínica y en particular, teniendo en cuenta
el relevante criterio de la Inspección Sanitaria, para quien la
asistencia sanitaria dispensada fue conforme a la lex artis, debemos
concluir, a falta de otra prueba aportada por los interesados que
desvirtúe dichas afirmaciones, que no se ha acreditado la mala praxis
denunciada.
QUINTA.- Cuestión distinta, como ya señalábamos, es la relativa
a la demora en la citación para la realización de una ecografía
25/28
abdominal que, a la postre, resultó definitiva para un diagnóstico
preciso, y donde sí cabe apreciar un daño antijurídico.
En este sentido, coinciden tanto la Inspección Sanitaria como el
?informe de viabilidad? aportado en considerar excesivo un plazo de
más de cuatro meses para su realización, e incluso, el informe
médico forense emitido a instancias del Juzgado nº 46 de Madrid en
las Diligencias Previas-Procedimiento Abreviado 1273/2019, refiere
de modo concluyente lo siguiente: ?4.- Que la demora de las pruebas
médicas a cuatro meses después de la prescripción en la consulta de
Digestivo resulta excesiva. Los tiempos de demora de estas pruebas no
se encuentran en el ámbito de decisión profesional del médico sino que
vienen de la propia organización de la actividad sanitaria pública en la
Comunidad de Madrid.
5.- Que el desarrollo tumoral de la paciente (?) muy
probablemente habría sido algo menos extenso de haberse detectado
en las pruebas solicitadas por la doctora especialista o por la médico
del MAP si se hubieran practicado en un tiempo razonable (pocos días
después de su prescripción)?.
A la hora de valorar la entidad de los perjuicios sufridos, debe
tenerse en cuenta, por una parte, que, según reflejan los informes
médicos, la evolución de la paciente no hubiera sido mucho mejor
aun habiendo iniciado anteriormente el tratamiento, es decir que la
pérdida de oportunidad de curación se presenta en un grado apenas
relevante, toda vez que, según los diversos informes médicos
aportados al procedimiento, en especial el de la Inspección Sanitaria,
una detección anterior de la enfermedad apenas hubiera podido
influir sobre su evolución. De esta forma, la oportunidad perdida se
limita a la posibilidad de que se hubiera podido retrasar en corta
medida el fallecimiento del familiar de los reclamantes.
26/28
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016
(recurso 2396/2014) recuerda que en la pérdida de oportunidad no
se indemniza la totalidad del perjuicio sufrido, sino que precisamente
ha de valorarse la incertidumbre acerca de que la actuación médica
omitida pudiera haber evitado o minorado el daño. Es importante
señalar que la pérdida de oportunidad resulta de difícil o incierta
apreciación en la mayoría de las ocasiones, pues se trata en realidad
de una hipótesis o conjetura de lo que hubiera pasado si se hubiera
actuado de otro modo, por lo que hay que acudir a las circunstancias
concretas del caso y su valoración.
Consideramos más acertado reconocer una cantidad global y no
aplicar el baremo establecido para los accidentes de tráfico, pues
entendemos que los conceptos que se recogen en el baremo no
encuentran encaje para indemnizar el caso que nos ocupa. En este
punto, cabe traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 15 de junio de 2016 (recurso 306/2013) en la
que, en un caso parecido de pérdida de oportunidad, rechaza la
aplicación del baremo respecto al que destaca ?que según la doctrina
jurisprudencial de la Sala Tercera?no tiene carácter vinculante, pues
de acuerdo con la doctrina consolidada de esta Sala, antes citada, su
aplicación se efectúa a efectos orientadores o analógicos, sin que limite
las facultades de la Sala en orden a la concreción de la indemnización
que estime aplicable para procurar la indemnidad del perjudicado, en
atención a las circunstancias concurrentes?.
La sentencia opta por la valoración global del daño, acogiendo
doctrina del Tribunal Supremo (así Sentencia de 17 de julio de 2014)
en la que se dice que ?la Jurisprudencia ha optado por efectuar una
valoración global que, a tenor de la STS 3 de enero de 1990 , derive de
una ?apreciación racional aunque no matemática? pues, como refiere
la Sentencia del mismo Alto Tribunal de 27 de noviembre de 1993, se
?carece de parámetros o módulos objetivos?, debiendo ponderarse
27/28
todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluyendo en
ocasiones en dicha suma total el conjunto de perjuicios de toda
índole causados, aun reconociendo, como hace la Sentencia de 23 de
febrero de 1988, ?las dificultades que comporta la conversión de
circunstancias complejas y subjetivas en una suma dineraria?.
Asimismo, el hecho de que el inspector actuante refleje como factores
concomitantes al retraso en la realización de las pruebas, la
dificultad del diagnóstico y el mal pronóstico de la enfermedad,
conlleva la aplicación de un factor de moderación de la
responsabilidad patrimonial.
Atendido lo anterior, y que únicamente se está indemnizando el
daño moral derivado del fallecimiento del paciente (concretado en la
pérdida de oportunidad) según hemos precisado al tratar sobre la
legitimación activa, consideramos razonable indemnizar de un modo
conjunto a los reclamantes en un importe de 6.000 euros, que debe
considerarse actualizado.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad
patrimonial objeto del presente dictamen, indemnizando a los
reclamantes en la cuantía de 6.000 euros, previa subsanación del
defecto de representación observado.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
28/28
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de
conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 13 de julio de 2023
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 378/23
Excma. Sra. Consejera de Sanidad
C/ Aduana, 29 - 28013 Madrid
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