Última revisión
16/10/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0374/23 del 13 de julio de 2023
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 13/07/2023
Num. Resolución: 0374/23
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 13 de julio de 2023, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de ?Suministro de diverso vestuario para el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (CBCM)?, adjudicado a TECHNICAL UNIFORMS S.L./DANNER BOOTS S.L.Tesauro: Contrato de suministro
Efectos de resolución de los contratos;
Incumplimiento de contrato
Incumplimiento culpable
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 13 de
julio de 2023, emitido ante la consulta formulada por el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, al amparo del artículo 5.3 de la Ley
7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre
resolución del contrato de ?Suministro de diverso vestuario para el
Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), del Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid (CBCM)?, adjudicado a TECHNICAL
UNIFORMS S.L./DANNER BOOTS S.L.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 21 de junio de 2023 tuvo entrada en el registro
de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid solicitud
de dictamen preceptivo sobre la resolución del contrato citado en el
encabezamiento.
A dicho expediente se le asignó el número 362/23, comenzando el
día señalado el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora,
Dictamen n.º: 374/23
Consulta: Consejero de Presidencia, Justicia y
Administración Local
Asunto: Contratación Pública
Aprobación: 13.07.23
2/18
aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero,del Consejo de Gobierno
(en adelante, ROFCJA).
La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la letrada
vocal Dña. Rosario López Ródenas, quien formuló y firmó la propuesta
de dictamen, que fue deliberada y aprobada por el Pleno de la Comisión
Jurídica Asesora, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2023.
SEGUNDO.- Del expediente remitido, se extraen los siguientes
hechos de interés para la emisión del dictamen:
1-. Mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior de 20 de octubre de 2022 se acordó el inicio del procedimiento
de contratación del contrato denominado ?Suministro de diverso
vestuario para el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), del
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (CBCM)? por
procedimiento abierto simplificado abreviado.
Del clausulado de los pliegos interesa destacar lo siguiente:
- Según la cláusula 1 del PCAP, el objeto del contrato consiste en el
suministro de diverso vestuario para el grupo especial de rescate en
altura (GERA) del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid
(CBCM) cuyas características se especifican en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.
Por su parte, la cláusula 1 del PPT concreta que el objeto del pliego
se compone de un único lote que a su vez consta de las siguientes
unidades y conceptos:
Botas de rescate para alta montaña 75
Camisetas técnicas 210
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Pantalón montaña verano 75
Forro montaña 75
Prenda abrigo montaña 75
Prenda impermeable montaña 75
El PPT también establece las condiciones generales, descripción
técnica, personalización/diseño y diseño orientativo de los bienes a
suministrar. Sobre el tallaje, la cláusula 5 del PPT, expresa:
?A fin de garantizar el correcto suministro, será obligación del
adjudicatario la toma de tallas al colectivo según las instrucciones
que se proporcionen por el responsable del contrato. Una vez
realizado el tallaje completo del personal, se procederá a la
producción de las prendas, previa conformidad del Responsable del
contrato.
- Los ofertantes facilitarán un cuadro de tallas y medidas básicas de
cada bota (coincidentes con las actuales tallas y medidas utilizados
por el CBCM), indicando el rango de dimensiones de cada posible
usuario.
- En el caso de que se necesiten tallas por encima o por debajo de
las presentadas, el adjudicatario garantizará el suministro de las
mismas hasta el número máximo de tallas especiales siguiente (?)?.
- Según la cláusula 19 y el apartado 12 de la cláusula 1 del PCAP,
el plazo de ejecución total del contrato es de 2 meses, desde el 1 de
enero de 2023 o desde el día siguiente a la formalización del contrato si
esta fuese posterior. Contempla recepciones parciales y en las entregas
parciales se solicitará a la Intervención General la designación de un
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representante para las recepciones. La duración máxima del contrato
incluidas las prórrogas, es de 2 meses.
- La cláusula 17 del PCAP establece que el contrato se ejecutará
con sujeción a sus cláusulas y a las del de PTT y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere la Administración al
contratista a través, en su caso, del responsable del contrato. Además,
dispone que el contratista será responsable de la calidad de los bienes
que entregue, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores o métodos
inadecuados en la ejecución del contrato.
- La cláusula 20 recoge las penalidades por demora mientras que
en cuanto a la forma de pago la cláusula 26 indica que la forma de pago
es pago único a la entrega de la totalidad del objeto el contrato. Si por
causa no imputable al contratista no entregara el número total, se
abonará el importe correspondiente al efectivo número de unidades
suministradas.
- Respecto a las causas de resolución contractual, la cláusula 35
del PCAP se remite a los artículos 98, 211 y 306 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP/17).
2.- Tras la oportuna licitación, el contrato se adjudica mediante
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de 22 de
diciembre de 2022 a la empresa TECHNICAL UNIFORMS S.L./DANNER
BOOTS S.L.
3.- El 23 de diciembre de 2022 se formaliza el contrato, mediante
la firma de aceptación por el contratista de la orden de adjudicación,
con un precio total de 61.198,23 euros y un plazo de ejecución de 2
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meses, desde el 1 de enero de 2023 o desde el día siguiente a la
formalización del contrato, si esta fuera posterior.
No se constituye garantía definitiva en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 159.6.f) de la LCSP/17.
4.- El 20 de abril de 2023 el inspector de Unidades Especiales y
responsable del contrato informa:
?A día de hoy, la empresa adjudicataria no ha entregado ninguna de
las prendas objeto del contrato.
- Han transcurrido 3 meses y 20 días desde el inicio de la ejecución
del contrato, sobrepasado el plazo de entrega establecido en un
83%, por lo que se produce una demora en el plazo total de entrega
por causas imputables al contratista.
- Para la realización del tallaje, la empresa ha presentado al
responsable del contrato, prendas que no cumplen, en su mayoría,
las especificaciones técnicas del PPTP, o ni siquiera ha definido a
fecha actual las prendas que deberán fabricar. De hecho, a día de
hoy, solo ha enviado una prenda para producción que cumple lo
requerido en el PPTP, en concreto, el pantalón de montaña de verano
y basándose en una prenda del Cuerpo de Bomberos facilitada por
el Responsable del contrato con el fin de intentar que el
adjudicatario pueda cumplir el contrato?.
El informe describe cronológicamente las comunicaciones
mantenidas con la empresa. Señala que el primer contacto telefónico
del contratista con el responsable del contrato tuvo lugar el 17 de enero
de 2023 y el 24 de enero de 2023 se remitió a la empresa documento
con la serigrafía de todo el vestuario y logo del Cuerpo de Bomberos
solicitado en la conversación telefónica mantenida previamente y ?con el
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fin de ayudar a la empresa a clarificar el tipo de prenda que cumple con
el PPTP, se le proporciona un forro de montaña y un pantalón de verano
del Cuerpo de Bomberos que cumple con las especificaciones del pliego
técnico (?) actuaciones realizadas con el fin de ayudar a la empresa
para posibilitar el cumplimiento del objeto del contrato. Por otra parte, es
evidente que no era posible proceder al tallaje hasta que la empresa no
aportase prendas que cumpliesen las condiciones del contrato?.
Prosigue el informe señalando que a fecha 28 de marzo de 2023 la
situación de las prendas era la siguiente:
?Las botas de montaña enseñadas como muestra al responsable del
contrato no son las que se van a suministrar y no se ha definido el
modelo a suministrar.
- La prenda impermeable de montaña mostrada al responsable del
contrato no ha sido fabricada para este contrato sino sólo para
comprobar el tejido, y no cumple las condiciones técnicas del PPTP.
- No se ha definido por la empresa la prenda de abrigo de montaña
ni las camisetas técnicas
- La empresa ha definido una muestra de forro de montaña que no
cumple las condiciones técnicas del PPTP.
- Pantalón de montaña de verano. Se ha realizado el tallaje de los
pantalones y es la única prenda entregada para producción, aunque
conviene aclarar que la prenda entregada para fabricación era una
prenda del Cuerpo de Bomberos prestada por el responsable del
contrato al adjudicatario?.
5.- El 24 de abril de 2023 se realiza un acta de entrega de
suministro con las siguientes observaciones:
?OBSERVACIONES:
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? Observación del Representante de la Comunidad de Madrid
Ningún representante del contratista, TECHNICAL UNIFORMS S.L./
DANNER BOOTS, S.L, ha asistido al acto de entrega del suministro.
Se constata que no se ha recibido el suministro objeto de la
recepción en el Almacén Central del Cuerpo de Bomberos, sito en la
Ctra. La Coruña, Km. 22, El Pinar de Las Rozas, Madrid 28232.
? Observación del Director técnico del suministro por parte de la
Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid.
El contratista no ha entregado ninguna de las prendas objeto del
contrato de suministro n.º Exp.: A/SUM-035868/2022?.
6.- El 26 de abril de 2023 el director general de Emergencias, a la
vista del informe del responsable del contrato, informa que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 193.3 de la LCSP/17, la Administración <>podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del
contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato IVA excluido.
Asimismo, detalla que las prendas que conforman el objeto del
contrato no van a poder ser entregadas en plazo por el contratista por lo
que la imposición de penalidades no parece la opción adecuada
optándose por la resolución del contrato por demora en el cumplimiento
del plazo total por causas imputables al contratista.
Igualmente recoge el informe que al tratarse de un procedimiento
abierto simplificado y abreviado regulado en el artículo 159.6 de la
LCSP/17, no se exigió la constitución de la garantía definitiva y por ello
se propone una indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la
administración por importe del 5 % del precio del contrato, equivalente
al importe de la garantía definitiva que se hubiese exigido en otro tipo
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de procedimientos. Finalmente, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.2 de la LCSP/17, se solicita se tramite una vez resuelto el
contrato, prohibición de contratar al adjudicatario por haber dado lugar
por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las
comprendidas en el artículo 3 de la LCSP/17.
7.- Por Orden la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de 27
de abril de 2023 se dispone el inicio del expediente de resolución del
contrato, por causas imputables al contratista, al haber incurrido en
demora en el cumplimiento de los plazos, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 19 del PCAP, en relación al apartado 12 de la
cláusula 1, y de conformidad con los artículos 211.d) y 212 de la
LCSP/17.
8.- Consta en los documentos 8 y 9 del expediente que se confirió
trámite de audiencia a la empresa contratista.
9.- El día 12 de mayo de 2023 la empresa contratista formuló
alegaciones en las que señala que ha presentado los tallajes de las
prendas y ha remitido las muestras necesarias con los cambios
requeridos tras la reunión mantenida con el responsable del contrato,
cambios que considera una modificación del contrato, sin que este haya
requerido a la contratista para la toma de tallajes ni efectuado ningún
pedido, teniendo todos los medios necesarios, vía plataforma web de la
contratista, para hacer los pedidos o cualquier requerimiento.
A continuación, alega que ha recibido diversos escritos del
responsable del contrato, totalmente contradictorios y ha sido el
culpable de retraso porque han intentado ponerse en contacto con él,
sin respuesta alguna hasta finales de enero de 2023 que mantuvieron
un primer encuentro y en dicha reunión exigió cambios fundamentales
de diseño, tejidos, etc.
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Considera que el incumplimiento es de la Administración y no del
contratista y desconoce la fecha en la que puede realizar la entrega
porque no tiene ningún pedido oficial donde consten las unidades y
tallas, y la ausencia de dichos datos impide la entrega.
10.- Consta un informe de 24 de mayo de 2023 sobre las
alegaciones del contratista firmado por el inspector de Unidades
Especiales y responsable del contrato en el que señala que el contratista
no atendió la obligación establecida en la cláusula 5 del PPT, que el 20
de abril de 2023 el adjudicatario del contrato presentó prendas que no
cumplían, en su mayoría, las especificaciones técnicas del PPT y en
algún caso, no llegó a definir varias de las prendas objeto del
suministro, que el responsable del contrato ha colaborado con la
empresa en el cumplimiento del objeto del contrato, que el primer
contacto telefónico del contratista con el responsable del contrato tuvo
lugar el 17 de enero de 2023, 17 días después del inicio del contrato,
que el adjudicatario presentó prendas que no cumplían, en su mayoría,
las especificaciones técnicas del PPT y en algún caso, no llegó a definir
varias de las prendas objeto del suministro.
11.- El 6 de junio de 2023 emitió informe el Servicio Jurídico de la
Comunidad de Madrid en sentido favorable a la resolución contractual.
12.- El 13 de junio de 2023 el director general de Emergencias,
respecto a los efectos de la resolución del contrato, cuantifica los daños
y perjuicios ocasionados en 2.528,87 euros, ?equivalente al importe de
la garantía definitiva que se hubiese exigido en otro tipo de
procedimiento? y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2.d) de
la LCSP/17 solicita que una vez resuelto el contrato se declare la
prohibición de contratar al contratista.
13.- Finalmente, se ha incorporado al expediente la siguiente
propuesta de orden de resolución del contrato:
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«Primero: Acordar la resolución del contrato denominado ?Suministro
de diverso vestuario para el Grupo Especial de Rescate en Altura
(GERA), del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid
(CBCM)?, formalizado con la empresa Technical Uniforms SL/Danner
Boots SL, por causas imputables al contratista, al haber incurrido en
demora en el cumplimiento de los plazos, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 19 del Pliego de cláusulas administrativas
Particulares, en relación al apartado 12 de la cláusula 1, y de
conformidad con los artículos 211.d) y 212 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.
Segundo: Requerir a Technical Uniforms SL/Danner Boots SL
adjudicataria del contrato el pago 2.528,87 por los daños y
perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento
culpable del contrato que ha dado lugar a su resolución?».
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, al amparo del artículo 5.3.f) d. de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre, conforme al cual: ?3. En especial, la Comisión Jurídica
Asesora deberá ser consultada en los siguientes asuntos: (?) f)
Expedientes tramitados por la Comunidad de Madrid, las entidades
locales y las universidades públicas sobre: (?) d. Aprobación de pliegos
de cláusulas administrativas generales, interpretación, nulidad y
resolución de los contratos administrativos y modificaciones de los
mismos en los supuestos establecidos por la legislación de contratos del
sector público?.
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La solicitud de dictamen ha sido formulada por el órgano
legitimado para ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.3.a)
del ROFCJA.
SEGUNDA.- El contrato cuya resolución se pretende se adjudicó
por Orden de 22 de diciembre de 2022 del consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, por lo que resulta de aplicación la LCSP/17.
Por lo que se refiere al procedimiento de resolución contractual,
habrá que estar a lo dispuesto en la normativa vigente en el momento
de su inicio, que como hemos expuesto fue por Orden de 27 de abril de
2023 del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, lo que supone la
aplicación de la LCSP/17, en particular sus artículos 191 y 212.
Además, ante la falta de desarrollo reglamentario en el aspecto
objeto de estudio de las disposiciones vigentes en materia de
contratación del sector público, debe considerarse lo dispuesto en el
artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (en adelante, RGLCAP), referido específicamente al
?procedimiento para la resolución de los contratos?.
Así, el artículo 191.1 de la LCSP/17 requiere que en el
correspondiente expediente se dé audiencia al contratista y por otro
lado el apartado 3. a) del mismo artículo dispone que será preceptivo el
informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación,
nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del
contratista.
De acuerdo con la normativa expuesta resulta que, en nuestro
caso, se ha dado audiencia al contratista el cual, ha manifestado su
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oposición a la resolución contractual proyectada, lo que hace preceptivo
el dictamen de esta Comisión Jurídica Asesora.
Del expediente examinado resulta que no se constituyó la garantía
definitiva al concurrir el supuesto previsto en el artícuulo 59.6.f) de la
LCSP/17.
Figura en el procedimiento el informe del Servicio Jurídico en la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 109 del RGLCAP, que se ha incorporado al
expediente tras el trámite de audiencia lo que respeta la previsión del
artículo 82.1 de la LPAC (?la audiencia a los interesados será anterior a
la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento
jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado y órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos
formaran parte del procedimiento?).
Por lo que respecta al informe de 13 de junio de 2023 del director
general de Emergencias, incorporado al procedimiento con posterioridad
al trámite de audiencia, en el que se cuantifican los daños y perjuicios
derivados del incumplimiento del contrato, viene a reiterar lo
manifestado al respecto en el iinforme de 26 de abril de 2023,n el que
ya se había fijado el criterio para su determinación, y por tanto no
introduce hechos nuevos que puedan causar indefensión a la entidad
adjudicataria.
A este respecto, debemos recordar que es doctrina reiterada de esta
Comisión Jurídica Asesora (así, el dictamen 294/19, de 11 de julio;
dictamen 155/18, de 5 de abril y el dictamen 516/16, de 17 de
noviembre, entre otros muchos) que la audiencia a los interesados debe
practicarse inmediatamente antes de dictar la propuesta de resolución
sin que puedan incorporarse con posterioridad informes que
introduzcan hechos nuevos, de manera que si los informes citados
añaden hechos nuevos o argumentan cuestiones nuevas para la
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resolución, generan indefensión y lo procedente es la retroacción del
procedimiento, circunstancia que no ocurre en el caso que nos ocupa.
Resta por analizar la cuestión relativa al plazo para resolver el
procedimiento, cuyo incumplimiento determina la caducidad conforme
a lo establecido en el artículo 212.8 de la LCSP/17. El criterio
mantenido por esta Comisión ha resultado esencialmente modificado a
partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 68/2021, de 18 de
marzo, recaída a raíz de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el Gobierno de Aragón, que ha procedido a declarar la
inconstitucionalidad de algunos preceptos de la LCSP/17 y ha afectado
señaladamente a esta cuestión. En concreto, el artículo 212.8, fue
impugnado al considerar que vulneraba la doctrina constitucional sobre
la legislación básica, puesto que contendría una regulación de detalle o
de procedimiento, que cercenaría la posibilidad de desarrollo legislativo
por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Como es sabido, la citada Sentencia 68/2021, al analizar la
impugnación del artículo 212.8, considera (FJ 5º) que tal precepto
recoge una norma de naturaleza auxiliar y procedimental que no puede
ser considerada básica, por lo que el Tribunal Constitucional no anula
el precepto en cuanto es de aplicación a los procedimientos de
resolución de la Administración General del Estado, pero consiside que
infringe las competencias de las comunidades autónomas y por tanto
no es de aplicación a estas, ni a las entidades locales.
Por ello, esta Comisión Jurídica Asesora ha venido considerando
aplicable el plazo de tres meses previsto en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en adelelante, LPAC).
Pues b
diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad
14/18
Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad
de Madrid, ha establecido un plazo específico para el procedimiento de
resolución contractual, pues su artículo 31, bajo la rúbrica,
?Modificación de la LeLey 1/2001, de 29 de marzo,r la que se establece
la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos?, establece que: ?La Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de
silencio administrativo de determinados procedimientos, queda
modificada como sigue...
Tres. Se introduce un nuevo epígrafe en el apartado 3 del Anexo, que
será el apartado 3.9. con la siguiente redacción: «3.9. Expedientes de
resolución contractual que se rijan por la legislación sobre contratos
públicos. Ocho meses. Caducidad (iniciados de oficio). Desestimatorio
(iniciados a instancia del contratista)?.
Dicha previsión resulta de aplicación a los procedimientos
iniciados tras su entrada en vigor, por lo que al presente procedimiento
le resulta de aplicación el plazo de ocho meses y puesto que se inició el
27 de abril de 2023, el procedimiento de resolución no se encuentra
caducado.
TERCERA.- Una vez analizado el procedimiento, debemos estudiar
si concurre o no causa de resolución del contrato.
La propuesta de resolución invoca como causa de resolución del
contrato la demora del contratista en el cumplimiento de los plazos de
entrega establecidos en la cláusula 19 del PCAP en relación con el
apartado 12 de la cláusula 1 e invoca la causa de resolución
contractual prevista en el artículo 211.d), ?La demora en el cumplimiento
de los plazos por parte del contratista?, de la LCSP/17.
Respecto a la ejecución del contrato de suministro, el artículo
300.1 de la LCSP/17 dispone que ?el contratista estará obligado a
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entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el
contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas?. En consonancia con lo establecido en la ley, en este
caso, la cláusula 17 del PCAP establece que ?el contrato se ejecutará con
sujeción a las cláusulas del presente pliego y a las del de prescripciones
técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diere la Administración al contratista a través, en su caso,
del responsable del contrato. El contratista será responsable de la
calidad de los bienes que entregue así como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones,
errores o métodos inadecuados en la ejecución del contrato?.
De la documentación examinada se desprende que desde el inicio
de la vigencia del contrato (1 de enero de 2023) el contratista, para la
realización del tallaje, presentó al responsable del contrato muestras
que no cumplían, en su mayoría, con las especificaciones del PPT,
habiéndosele trasladado incluso algún modelo para que pudieran
cumplir con las características del PPT, sin que a la fecha de
finalización del contrato (1 de marzo de 2023), el contratista haya
cumplido con la obligación de suministro de los bienes objeto del
contrato, lo que se constata en el actacta de 24 de abril de 2023.p>Por su parte, la empresa contratista reconoce que fue requerida
por el responsable del contrato para que los bienes objeto de suministro
se adecuaran al PPT y alega que no puede facilitar fecha de entrega
alguna porque no tienen ningún pedido ?oficial? por parte del
responsable del contrato con indicación de las unidades y tallas que se
solicitan, cuando las unidades figuran claramente indicadas en el PPT.
De lo expuesto hasta ahora cabe considerar que el contrato no ha
sido ejecutado, pues como establece el artículo 210 de la LCSP/17: ?El
contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
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realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración la totalidad de la prestación?.
En nuestro caso, los bienes a suministrar y las características de
los mismos se encontraban detalladas en el PPT y el contratista ha
incumplido el plazo de dos meses de que disponía para la entrega del
suministro contratado, por tanto no ha ejecutado el contrato y, en
consecuencia, no puede quedar exento de responsabilidad por razón del
incumplimiento culpable pues la Administración ha venido poniendo de
manifiesto al contratista en diferentes momentos, que las prendas que
presentaba no cumplían, en su mayoría, las especificaciones técnicas
establecidas en el PPT.
Así las cosas, no cabe duda que resulta procedente la resolución
contractual por causa imputable al contratista, pues conforme a lo
dispuesto en el artículo 300.1 de la LCSP/17, es obligación del
contratista ?entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar
fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas?, y en este caso, dicha obligación resulta
claramente incumplida por la empresa suministradora.
Concurre por tanto la causa de resolución prevista en el artículo
212.d) de la LCSP/17 ?la demora en el cumplimiento de los plazos por
parte del contratista?, que acoge la propuesta de resolución, y que
supone un incumplimiento del objeto mismo del contrato.
CUARTA.- En cuanto a los efectos de la resolución, a tenor de lo
establecido en el artículo 307 de la LCSP/17 la resolución del contrato
de suministro lleva aparejada ?la recíproca devolución de los bienes y del
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente
para la Administración, habrá de abonar ésta el precio de los
efectivamente entregados y recibidos de conformidad? efecto que no
acontece en este caso, puesto que el contratista no ha realizado la
entrega de los bienes nes to de suministro.
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Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.3 de
la LCSP/17 ?3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además,
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantía incautada?.
En el mismo sentido se expresa la cláusula 35 del PCAP ?en los
casos de resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los artículos
212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en
los artículos 213 y 307 de la LCSP?.
En este caso no se exigió garantía al tratarse de un procedimiento
abierto simplificado abreviado y tras la observación del Servicio Jurídico
acerca de que no se incorporaba ninguna justificación a propósito de los
daños y perjuicios que el incumplimiento del contratista hubiera podido
producir, se justifica y cuantifica el importe de los daños y perjuicios
sufridos por la Administración en la cantidad de 2.528,87 euros,
equivalente, según los informes obrantes en el expediente, al importe de
la garantía definitiva que se hubiese exigido en otro procedimiento de
contratación.
En mérito a lo que antecede, esta Comisión Jurídica Asesora
extrae la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede la resolución del contrato de suministro de diverso
vestuario para el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), del
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (CBCM), con los
efectos indicados en la consideración cuarta.
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A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 13 de julio de 2023
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 374/23
Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Administración
Local
Pza. de Pontejos, 3 - 28012 Madrid
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