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09/02/2023
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0258/18 del 07 de junio del 2018
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 07/06/2018
Num. Resolución: 0258/18
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 7 de junio de 2018, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Pinto a través del entonces consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por D. ?? en representación de la comunidad de propietarios de la calle A con vuelta a la Avenida B a causa de los presuntos perjuicios que se han producido como consecuencia de un incendio originado en un local de la referida Comunidad de Propietarios.Tesauro: Trámite de audiencia
Legitimación activa
Licencias urbanísticas
Retroacción de las actuaciones
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 7 de
junio de 2018, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Pinto
a través del entonces consejero de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015,
de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial
promovido por D. ?? en representación de la comunidad de
propietarios de la calle A con vuelta a la Avenida B a causa de los
presuntos perjuicios que se han producido como consecuencia de un
incendio originado en un local de la referida Comunidad de Propietarios.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 10 de octubre de 2017, el secretario-administrador
de la comunidad de propietarios antes citada, actuando en
representación de la misma, presentó un escrito en el registro de
entrada del Ayuntamiento de Pinto en el que solicitaba el inicio de un
expediente de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios
producidos en los portales situados en la Avenida B nº bbb y ccc, Plaza C
nº ddd y calle A nº aaa, en los que sus representados tenían sus
viviendas. Se imputaba a la Administración culpa in vigilando en el
Dictamen nº: 258/18
Consulta: Alcalde de Pinto
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 07.06.18
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cumplimiento de la normativa urbanística, lo que el 15 de octubre de
2016 provocó el incendio del local destinado a restaurante de comida
asiática situado en la Avenida B nº ccc. El incendio se originó en la
cocina del restaurante y se extendió por el falso techo del local, los
soportales exteriores y el patinillo de instalaciones que albergaba la
chimenea de evacuación de humos. El humo y el hollín que provocó se
propagaron al falso techo del local y afectó al plénum del edificio, zonas
comunes y llegó incluso a las viviendas de la comunidad de propietarios.
Se aseguraba en el escrito que la propagación del humo se produjo
a través de la chimenea de evacuación de humos del local que, pese a
haber sido requerida su subsanación por los servicios técnicos
municipales, estos no habían comprobado después el cumplimiento de la
normativa urbanística. Así, aunque al aprobarse la licencia de
instalación del local mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno
municipal de 6 de junio de 2012 se advirtió de que para obtener la
licencia de funcionamiento era preciso el certificado de estanqueidad del
tubo de extracción de humos y olores de acuerdo con los planos en
aportación voluntaria, en realidad no se aportó al solicitar la licencia de
funcionamiento.
La deficiencia en la ejecución de las obras del local se había puesto
de manifiesto por la comunidad de propietarios mediante sendos
informes técnicos de 29 de marzo y 17 de abril de 2012, que se
acompañaban y en los que se comunicaba que la chimenea se había
desviado en su salida y se había conectado al shunt de ventilación
natural de las cocinas y a dos shunt de ventilación que discurrían por el
patinillo; que no contaba con protección contra incendios y que se había
revestido con lana de roca y papel, y, en un escrito de ampliación de 30
de abril de 2012, se estimaba que la única solución posible era extender
la chimenea por encima de la cubierta y reponer los revestimientos y
cerramientos de los conductos de ventilación o shunt.
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Antes las reiteradas quejas de los vecinos por los humos y malos
olores, el 26 de octubre de 2012 se giró visita de inspección en la que se
detectaron tres situaciones subsanables y se exigió forrar el tubo de
extracción con material ignífugo o realizarlo con las juntas debidamente
selladas, realizar las obras conforme a los planos visados en el COII y el
certificado aportado al solicitar la licencia, y acompañar un certificado de
un técnico competente que justificara las medidas correctoras
impuestas.
Prueba de que el titular del local no había cumplido los
requerimientos administrativos era que el 12 de diciembre de 2012 alegó
ante la Administración la dificultad de hacer las reparaciones requeridas
por no permitir el acceso ?unas supuestas obras en el hueco de
ventilación del local?.
Tras aportar fotografías sobre la salida de humo y requerir el
explotador del local un informe de los técnicos municipales sobre las
medidas correctoras adoptadas, el 4 de abril de 2013 el concejal
delegado de Ordenación del Territorio informó que ?se comprueba que la
terminación de la chimenea de salida de humos cumple la normativa de
aplicación, ya que el ángulo es de 90º?, pero se obvió la comprobación de
la subsanación de los materiales empleados y si la ejecución había sido
conforme al proyecto técnico. Además el sellado del tubo de extracción se
había realizado con simple cinta y no con uniones estancas.
Ante las múltiples quejas vecinales se giró otra visita de inspección
en 2015 y se hicieron nuevas pruebas de humo por parte de los servicios
municipales aunque en condiciones distintas a las habituales de la
actividad del restaurante y además no se comprobó el forrado de la
chimenea ni su estanqueidad.
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El secretario-administrador de la comunidad de propietarios
presentó también un informe pericial de valoración de daños que a su
vez hacía referencia a los informes antes referidos en los que se
relataban las deficiencias de las obras realizadas por el explotador del
restaurante, entre ellas, la falta de altura suficiente de la chimenea, cuyo
habitáculo discurría por un elemento comunitario, y la alteración de la
cubierta del edificio. También aludía a otro informe redactado por un
ingeniero técnico de Obras Públicas sobre los efectos del incendio y que
proponía una solución de limpieza que erradicase la presencia de hollín
en las cámaras de aire, plénum y patinejos, que valoraba en 133.546,14
?, IVA incluido.
Como anexos al informe pericial de valoración de los daños se
acompañaba el informe emitido el 23 de noviembre de 2016 por el
Cuerpo de Bomberos, que confirmó la intervención de efectivos en el
incendio del restaurante chino que afectó por humo a todas las viviendas
del portal nº bbb , habiéndose detectado también rastros de humo en el
portal nº ccc de la avenida B ?sin descartar otros posibles daños,
debiendo ser los peritos competentes en la materia los responsables de
definir las características del siniestro incluso sus causas, definir los
bienes afectados y valorar los daños ocasionados?.
Basándose en el informe pericial de valoración de daños, reclamaba
una indemnización de 128.505,13 ? a la Administración municipal,
importe al que alcanzaban los daños pendientes de subsanar, por la falta
de rigor en el ejercicio de sus competencias de control y vigilancia del
cumplimiento de la normativa urbanística. Solicitaba que se admitiese
como prueba diversa documentación que acompañaba y la ratificación
del informe pericial de valoración de daños y los que obraban en el
expediente ?que también se adjuntaban a la reclamación-, relativos a las
deficiencias detectadas en la ejecución de la chimenea del restaurante.
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SEGUNDO.- A causa de la referida reclamación y dada su fecha de
interposición, se ha instruido un procedimiento de responsabilidad
patrimonial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).
Constituyen aspectos de su tramitación a destacar, los siguientes:
Tras la reclamación presentada se requirió al solicitante la
acreditación de la representación de la comunidad de propietarios, el
informe pericial debidamente firmado y una declaración jurada de que
los interesados no habían recibido una indemnización por esos mismos
hechos. El secretario-administrador de la comunidad de propietarios
presentó una declaración jurada en la que se afirmaba que los
propietarios de la citada comunidad afectados por el incendio no habían
percibido una indemnización que cubriese la totalidad de los daños
reclamados al Ayuntamiento, que se estaban realizando obras en ese
momento y, una vez finalizadas, se rebajaría el importe de la
reclamación. Aportaba también el DNI de la presidenta de la comunidad
de propietarios (que no consta en el expediente remitido); un documento
de ?acreditación?, firmado por el secretario-administrador y por la
presidenta, en el que el secretario-administrador declaraba representar a
los propietarios afectados de la comunidad; y el acta de la comunidad de
propietarios en la que constaba el nombramiento de cargos y en la que
aparecía el solicitante como secretario-administrador.
Por providencia de la Concejalía de Hacienda y Patrimonio se
comunicó al reclamante el inicio del procedimiento ?que se fechaba el 7
de noviembre de 2017-, el plazo para su tramitación, y se le otorgó un
plazo de 10 días para alegar lo que su derecho conviniese y para aportar
los medios de prueba de que intentara valerse.
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Requerido informe de la Policía Local, el 27 de diciembre de 2017
informó que ?[p]ersonados en el lugar encontramos el establecimiento
abierto y en su interior una mujer de origen chino intentando apagar el
incendio, el cual proviene de la cocina del establecimiento chino y el humo
se ha propagado por un falso techo a los portales bbb y ccc de la Avda. B
y al portal nº ddd de la plaza C.
A la llegada de los vehículos de bomberos se tiene que rescatar a
varios vecinos del portal nº bbb con la escala por las ventanas, ya que el
portal tenía mucho humo?.
El 21 de febrero de 2018 la técnica jefe de Servicios de Licencias de
Apertura informó de todos los hitos que se habían ido sucediendo hasta
la apertura del restaurante:
- La licencia de instalación para la actividad de bar-restaurante se
solicitó el 16 de marzo de 2012 y se acompañó un proyecto de
instalaciones visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Madrid (en adelante, COII) con fecha 15 de marzo de 2012 y nº
de visado 2012*****.
El 26 de marzo la ingeniera técnica municipal requirió la adopción
de medidas correctoras relativas a la extracción de humos y
contaminación acústica. El 27 de abril el solicitante de la licencia
contestó al requerimiento y tras informe favorable del ingeniero
municipal al cumplir la normativa vigente, se otorgó la licencia de
instalación el 6 de junio de 2012.
- El 16 de abril de 2012 se solicitó la licencia urbanística para la
ejecución de obras de acondicionamiento y se adjuntó el proyecto
visado por el COII, tras lo que la técnica municipal emitió un
informe de medidas correctoras el 8 de mayo de 2012.
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El 30 de marzo, 19 de abril y 20 de abril el secretario de la
comunidad de propietarios presentó escritos para denunciar que las
obras no se estaban ejecutando conforme a la normativa de
aplicación, que se transmitían humos y olores a las viviendas y el
hueco del ascensor, y solicitaba la paralización de las obras y la
denegación de las licencias.
Tras el estudio de la documentación presentada por la comunidad
de propietarios y el solicitante de las licencias, mediante informe
técnico de 24 de abril de 2012 se obligó al titular de la actividad a
desmantelar la última parte del tubo, teniendo que presentar
justificación y documentación del cumplimiento de la normativa
vigente antes de realizar cualquier obra o instalación.
El 23 de mayo el titular de la explotación presentó un anexo al
proyecto ya presentado, visado por el COII, que fue informado
favorablemente por la ingeniera industrial municipal, por lo que se
concedió la licencia urbanística el 6 de junio de 2012.
- El 5 de julio de 2012 se solicitó la licencia de funcionamiento junto
con toda la documentación que se exigió con la licencia de
instalación y además un certificado de sistema de extinción
automática/manual para cocinas industriales, emitidos por la
empresa Tecnobrador, S.L. El 9 de julio se giró visita de inspección
para comprobar las medidas correctoras impuestas en la licencia de
instalación y se informó favorablemente por el ingeniero técnico
municipal, por lo que el 18 de junio la Junta de Gobierno local
concedió la licencia de funcionamiento.
- El 18 de julio de 2012 se concedió la licencia de primer uso por el
concejal de Ordenación del Territorio.
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Con las licencias concedidas, el 26 de octubre se levantó acta de
inspección con la concurrencia de los interesados y el 31 de octubre la
técnica ingeniera industrial emitió un informe con las medidas técnicas
que había de ejecutar el titular de la explotación, a lo que este contestó
que la terminación de la chimenea estaba a 90º y que la distancia que
sobresalía era mucho mayor que la exigida por la normativa urbanística.
En cuanto a las emisiones de humos señalaba que ?el hueco del uso
exclusivo del restaurante se encuentra tapado (acto ilegal de los vecinos)
por lo que no se podía acceder al último tramo. Se pidió las llaves al
administrador de la finca y se negó a darnos las llaves del cuarto de
mantenimiento de la azotea. Conclusión es imposible realizar cualquier
comprobación, reparación del último tramo, ya que se encuentra tapado
por hormigón?. Posteriormente volvió a notificar al Ayuntamiento la
imposibilidad de acceder al hueco de ventilación del local donde estaba
la salida de humos, a lo que se contestó por el Ayuntamiento que, sin
entrar en el conflicto entre el titular de la explotación y la comunidad de
propietarios por las obras en el hueco de ventilación, que era un
elemento común, las medidas correctoras se debían acometer.
En septiembre de 2014 se volvió a solicitar por la comunidad de
propietarios el cierre de la actividad por molestias por humos. En junio
de 2015 se realizó una prueba de estanqueidad con el resultado de no
acreditarse ni humos ni olores en el patinillo donde estaba ubicado el
tubo de extracción del local.
El 21 de julio de 2015 el administrador de la comunidad de
propietarios volvió a solicitar la realización de una nueva prueba de
estanqueidad a lo que se contestó que se aportaran las pruebas que
consideraran necesarias.
También se mencionaba en el informe que el Ayuntamiento había
tenido conocimiento de una demanda en la jurisdicción civil en relación
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con la instalación de la chimenea en el hueco de ventilación, por
cuestiones de propiedad privada.
Tras este informe, el 21 de marzo de 2018 la ingeniera técnico
municipal de Medio Ambiente manifestó que la licencia de instalación se
había informado favorablemente tras la solicitud acompañada del
proyecto de instalaciones visado por el COII. La licencia de
funcionamiento se informó favorablemente al aportar toda la
documentación requerida y el certificado de extinción
automática/manual para cocinas industriales emitido por una empresa.
El 26 de octubre de 2012, tras visita de inspección para la comprobación
de la transmisión de humos y olores a las viviendas colindantes, se
levantó acta en la que se requerían como medidas correctoras:
?1. Si se tiene que forrar el tubo de extracción tendrá que realizarse
con material ignífugo, o realizarlo con juntas debidamente selladas,
para que no se produzca la salida del humo por el sellado realizado.
2. Visto que no se ha ejecutado de acuerdo con los planos visados en
el C.0.1.1. con nº 2012****** de fecha 26-4-12 y Certificado aportado
de fecha 2-7-12 para la Licencia, se tendrá que realizar conforme a
los mismos, aportando planos y fotografías del estado definitivo de
acuerdo con las medidas correctoras impuestas, acompañado de
Certificado de Técnico competente justificando las medidas
correctoras impuestas en el presente informe?.
Además el 3 de junio de 2015 se pasó nueva visita de inspección
con el mismo fin con la conclusión de que durante el proceso que había
durado la prueba no se había percibido la transmisión de humos a las
viviendas colindantes. Se acompañaban fotografías de las inspecciones
de 26 de octubre de 2012 y de 3 de junio de 2015 en las que se reflejó
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que solo durante la primera inspección se percibía la transmisión de
humos en el patinillo exclusivo del local pero no a las viviendas.
Aparecen también incorporados al expediente los informes
favorables de 9 de julio de 2012 por el que se relaciona la documentación
aportada y considerada para la concesión de la licencia de
funcionamiento; dos de 31 de octubre de 2012 que se emitieron tras la
visita de inspección para comprobar la trasmisión de humos, con el
resultado de exigir las dos medidas correctoras ya referidas al comprobar
que, aunque no se transmitían humos a las viviendas, el conducto no
estaba bien ejecutado y la terminación no acababa en un codo de 90º y
revocaba en la entrada del patinillo el humo que salía del conducto; y de
10 de junio de 2015, en el que se constató que durante la prueba
realizada en la visita de inspección no se habían percibido humos en las
viviendas.
También se incorporó un informe por la técnica jefe de servicio de
Patrimonio en el que se relacionaban los distintos informes emitidos
durante el procedimiento y su valoración, a efectos de emitir la
propuesta de resolución.
En la misma fecha del informe anterior se confirió trámite de
audiencia al reclamante, a una compañía aseguradora y a una compañía
de mediación de seguros. Según la propuesta de resolución, no consta
que presentasen alegaciones.
El 13 de abril de 2018 se dictó propuesta de resolución en la que se
desestimaba la reclamación al no haber quedado acreditada la
inactividad administrativa como causa de los daños por los que se
reclamaban y en consecuencia, por no existir nexo causal. Señalaba,
además, que la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas obligaba al titular de la actividad a suscribir un
seguro de responsabilidad civil y cobertura de incendios, que en este
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caso, figuraban en el expediente, por lo que a él debían imputársele los
daños alegados por la comunidad de propietarios.
TERCERO.- El alcalde de Pinto, a través del entonces consejero de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de
conformidad con el artículo 5.3.f).a de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre, formuló por trámite ordinario, mediante oficio de 16 de abril
de 2018 que ha tenido entrada en el registro de la Comisión Jurídica
Asesora el 4 de mayo de 2018, una consulta preceptiva cuyo estudio
correspondió por reparto de asuntos a la letrada vocal Dña. M.ª Dolores
Sánchez Delgado, que firmó la oportuna propuesta de dictamen,
deliberada y aprobada por unanimidad en la sesión del Pleno de la
Comisión Jurídica Asesora de 7 de junio de 2018.
El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de
documentación numerada, relativa al expediente.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de
Madrid emite su dictamen preceptivo de acuerdo con el artículo 5.3.f).a
de la Ley 7/2015, de 28 de noviembre, por ser la reclamación de
responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros y a
solicitud de un órgano legitimado para ello según el artículo 18.3.c) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016,
de 19 de enero, del Consejo de Gobierno.
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El presente dictamen ha sido evacuado dentro del plazo ordinario
establecido en el artículo 23.1 del citado Decreto 5/2016.
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada según consta en los
antecedentes, se regula en la LPAC según establece su artículo 1.1 y su
disposición transitoria tercera, apartado a), dado que este procedimiento
se incoó a raíz de una reclamación presentada tras de la entrada en vigor
de dicha norma, con las particularidades previstas para los
procedimientos de responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y
91. Su regulación debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo,
LRJSP), cuyo capítulo IV del Libro preliminar se ocupa de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
En cuanto a la legitimación activa, corresponde a los particulares
que sufran lesiones en cualquiera de sus bienes y derechos derivados del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, según lo
dispuesto en el artículo 32.1 de la LRJSP. En este caso, la reclamación la
presenta el secretario-administrador de la comunidad de propietarios,
que decía actuar en representación de esta. Requerido por el
Ayuntamiento antes de iniciar el procedimiento, se presentó una
?acreditación?, visada por la presidenta de la comunidad de propietarios
en la que el secretario-administrador declaraba representar a los
propietarios de las viviendas situadas en la Avenida B, nº bbb y ccc,
Plaza C nº ddd y calle A, nº aaa. Aportó también el acta de la reunión de
la comunidad de propietarios en la que se le nombraba secretarioadministrador
, pero el acta aparece incompleta.
Según la propuesta de resolución, al comunicar el inicio del
procedimiento se aportó poder de representación de la presidenta de la
comunidad de propietarios a favor del secretario-administrador. Dicho
poder de representación no consta en el expediente remitido (salvo que
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así sea considerada la ?acreditación? visada por la presidenta de la
comunidad de propietarios en un documento privado).
Si ese es el caso y se hubiera considerado como poder de
representación a ese documento privado, hay que advertir que esta
Comisión ha señalado en reiterados dictámenes (Dictámenes 430/16, de
29 de septiembre, 500/16, de 3 de noviembre, 208/17, de 25 de mayo y
161/18, de 12 de abril, entre otros), que si bien es cierto que, en el
ámbito privado, el artículo 1710 del Código Civil establece que el
mandato puede ser expreso o tácito, y que el expreso puede otorgarse en
documento público o privado, y aun de palabra, en el ámbito del
procedimiento administrativo, el artículo 5 de la LPAC es muy explícito al
exigir la acreditación de la representación. Se infiere así que los
documentos privados no cumplen el requisito de fehaciencia impuesto
por la normativa de procedimiento administrativo.
Por otro lado, el artículo 13.3 de Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
Propiedad Horizontal dispone que ?el presidente ostentará la
representación legal de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los
asuntos que la afecten?. Es la presidenta y no el secretarioadministrador
, salvo apoderamiento en tal sentido, quien ostenta
legitimación para reclamar los daños en los elementos comunes de la
comunidad de propietarios.
En este sentido, sin embargo, el Tribunal Supremo, sala de lo civil,
en su sentencia de 24 de junio de 2016 (rec. núm. 458/2014) señaló que
incluso para ejercitar acciones judiciales en defensa de la comunidad de
propietarios es necesario un previo acuerdo de la junta que autorice
expresamente al presidente de la comunidad, salvo que los estatutos
expresamente dispongan lo contrario o el presidente actúe en calidad de
copropietario:
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?Pese a que la Ley de Propiedad Horizontal reconozca al presidente
de la comunidad de propietarios la representación de la misma en
juicio y fuera de él, la jurisprudencia ha matizado que «esto no
significa que esté legitimado para cualquier actuación por el mero
hecho de ostentar el cargo de presidente ya que no puede suplir o
corregir la voluntad de la comunidad expresada en las juntas
ordinarias o extraordinarias» (sentencia 659/2013, de 19 de febrero,
citada por la más reciente 622/2015, de 5 de noviembre)?.
En el acta de la comunidad de propietarios remitida consta en el
orden del día, en el punto 6º, ?[p]ropuesta de un grupo de propietarios
afectados por el incendio: solicitud de nueva peritación y contratación, en
su caso, de un nuevo despacho jurídico. Nombramiento de nuevos peritos.
Medidas a adoptar?. No obstante, se ignora lo debatido y acordado en
este punto puesto que el acta que consta en el expediente remitido está
incompleto y, por tanto, se ignora si se realizó algún apoderamiento a
favor del secretario-administrador o de su presidenta para reclamar los
daños derivados del incendio.
En una interpretación favorable al ejercicio de acciones podría
reconocerse la legitimación activa de la comunidad de propietarios para
reclamar los daños en los elementos comunes, siempre que quedase
acreditado en el expediente el apoderamiento (no en documento privado)
necesario para ello a favor de la persona que ha formulado la
reclamación.
Hecha la anterior puntualización y como quiera que la
Administración ha entrado a conocer sobre el fondo del asunto sin
reparar en la deficiente representación conferida, esta Comisión a pesar
de considerar que existe un defecto de falta de representación,
examinará la concurrencia de los requisitos para estimar, en su caso, la
presencia de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de recordar a la
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Administración la necesidad de que la representación se acredite en
forma adecuada.
En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde al Ayuntamiento de
Pinto al ser titular, por mandato del artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local, de las competencias en materia
de urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística
?según la redacción de la ley en el momento de producirse el incendio al
que se imputan los daños que se reclaman-.
En cuanto al plazo, las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial, a tenor del artículo 67.1 de la LPAC, tienen un plazo de
prescripción de un año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En este caso se
formuló la reclamación el 10 de octubre de 2017 para reclamar los daños
derivados del incendio producido el 15 de octubre de 2016 por lo que la
acción se habría ejercitado en el plazo legalmente establecido.
Respecto a la tramitación del procedimiento, el artículo 81.1 de la
LPAC ?que recoge las especialidades de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial en cuanto a la instrucción del mismo- exige
informe de los servicios a los que se imputa la producción del daño.
Constan, en este sentido, informes de la técnica jefe de Servicios de
Licencias de Apertura y de la ingeniera técnica de Medio Ambiente.
Asimismo, se incorporó el informe de la Policía Local y aparece
incorporado también el informe del Cuerpo de Bomberos, aportado por el
reclamante.
Además, se ha conferido el oportuno trámite de audiencia a la
comunidad de propietarios, a una compañía seguradora (suponemos que
del Ayuntamiento, aunque no se especifica) y a una empresa mediadora
de seguros, de conformidad con el artículo 82 de la LPAC.
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No obstante, en la propuesta de resolución se apunta al titular de la
actividad como persona a la que debe imputarse la responsabilidad por
los daños de la comunidad de propietarios sin que se le haya dado
audiencia en este procedimiento por lo que se le puede ocasionar
indefensión ya que no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el
incendio y circunstancias que concurrieron en la obtención de las
licencias cuando tiene una indudable condición de interesado en el
procedimiento.
El artículo 82 de la LPAC configura ese trámite con la finalidad de
garantizar el derecho de defensa de los interesados en el procedimiento
administrativo, interesados que no se limitan a los que hayan iniciado el
procedimiento sino también a los que, sin haberlo iniciado, puedan
resultar afectados por la decisión que en ellos se adopte (artículo 4.1,b)
de la LPAC).
Como dijimos en los Dictámenes 340/16, de 21 de julio y 512/16,
de 10 de junio, por ejemplo, este trámite de audiencia es esencial en
cualquier procedimiento, y como tal es destacado por la propia
Constitución en el artículo 105.c) que alude a la regulación legal del
procedimiento ?garantizando cuando proceda la audiencia del
interesado?.
Hay que señalar la relevancia que tiene el trámite de audiencia en el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, con el fin de que los
interesados puedan realizar alegaciones o aportar nuevos documentos o
justificaciones al expediente, y de que esa actuación de parte sea
potencialmente efectiva, esto es, tenga virtualidad suficiente para influir
en el ánimo del órgano competente para resolver, si bien, lo esencial es
que los interesados tengan la posibilidad de conocer todas las
actuaciones administrativas para poder, después, alegar lo que estimen
pertinente en defensa de su derecho.
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En el presente caso resulta claro que la situación de indefensión se
ha producido, ya que el Ayuntamiento se exime de responsabilidad y
apunta que es el titular de la explotación del restaurante a quien deben
imputarse los daños, sin que este haya podido alegar y probar cuanto a
su derecho conviniese para desvirtuar esa aseveración que le hace
responsable de los daños, máxime cuando ni siquiera tiene conocimiento
de la existencia de este expediente, por lo que procede la retroacción del
procedimiento para cumplir este esencial trámite y, al tiempo, completar
el expediente con los documentos que faltan (acreditación de la
representación, acta completa de la comunidad de propietarios),
concretar las indemnizaciones percibidas por los hechos por los que se
reclama, así como incluir las expedientes relativos a las licencias
concedidas para la apertura del restaurante de los que, si bien constan
algunos informes, convendría que se incorporasen al procedimiento de
responsabilidad patrimonial ya que se cuestiona la actuación del
Ayuntamiento en los mismos.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula
la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede retrotraer el procedimiento para que se comunique al
titular de la explotación del restaurante incendiado la existencia del
presente procedimiento de responsabilidad patrimonial y se le dé trámite
de audiencia, así como al resto de interesados para que, a la vista de la
documentación incorporada, puedan alegar lo que a su derecho
convenga, tras lo que habrán de realizar una nueva propuesta de
resolución a elevar para dictamen de esta Comisión Jurídica.
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A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según
su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de
quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo
establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 7 de junio de 2018
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen nº 258/18
Sr. Alcalde de Pinto
Pza. de la Constitución, 1 ? 28320 Pinto
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