Última revisión
06/05/2024
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0209/24 del 18 de abril de 2024
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 18/04/2024
Num. Resolución: 0209/24
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 18 de abril de 2024, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por la consejera de Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por Dña. ??, Dña. ?? y D. ??, (en adelante ?los reclamantes?), por los daños y perjuicios sufridos, derivados del fallecimiento de su marido y padre respectivamente, D. ??, que atribuyen a una deficiente actuación del Hospital Universitario 12 de Octubre y del Hospital Universitario del Tajo.Tesauro: Informe de la Inspección sanitaria
Relación de causalidad no acreditada
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, en su sesión de 18 de abril de 2024, aprobado
por unanimidad, sobre la consulta formulada por la consejera de
Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido
por Dña. ??, Dña. ?? y D. ??, (en adelante ?los reclamantes?), por los
daños y perjuicios sufridos, derivados del fallecimiento de su marido y
padre respectivamente, D. ??, que atribuyen a una deficiente actuación
del Hospital Universitario 12 de Octubre y del Hospital Universitario del
Tajo.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por escrito registrado el día 20 de julio de 2022, por
abogada que dice actuar en representación de los reclamantes, se
formula reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio
Madrileño de Salud, por los daños derivados del fallecimiento de su
marido y progenitor que atribuyen a una incorrecta asistencia médica
prestada tanto en el Hospital Universitario 12 de Octubre (en adelante
HUDO) como en el Hospital Universitario del Tajo (en adelante HUT).
Dictamen n.º: 209/24
Consulta: Consejera de Sanidad
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 18.04.24
2/21
Relata la reclamación que el 31 de julio de 2021, los hijos del
paciente fallecido al llegar a casa encuentran una nota manuscrita por él
mismo, diciendo que había ingerido pastillas con alcohol y se despedía,
encontrando a su padre en el dormitorio y al no conseguir despertarle,
avisan al SUMMA 112 quienes intervienen y le trasladan al HUDO, donde
fue ingresado en el Servicio de Urgencias atendido por el Servicio de
Psiquiatría.
Reprochan los reclamantes que, a pesar de las circunstancias del
ingreso, de la ingesta medicamentosa y de la carta de despedida a
familiares encontrada y recogida por el SUMMA 112 con carácter previo
al traslado de su familiar, éste, fue dado de alta el mismo día 31 de julio
de 2021 poco más de dos horas después de su ingreso, sin que se
pusiera en marcha ningún tipo de protocolo ni actuación médica
suficiente y adecuada al gesto autolítico llevado a cabo por su familiar.
Continúa señalando la reclamación que, el día siguiente al ingreso
relatado, esto es el día 1 de agosto de 2021, al llegar la hija al domicilio
familiar encuentra a su padre con un comportamiento alterado y
agresivo, por lo que avisa a la policía. A la llegada de la policía, su
progenitor sufre un síncope y es derivado al HUT por el SUMMA 112,
siendo la descripción del informe del SUMMA la siguiente: Código 780.2,
sincope, Código 291.9 Psicosis Alcohólica. Indica el informe: ?Alteración
del comportamiento?. El paciente ingresa en el HUT a las 19:29 horas,
permaneciendo aproximadamente una hora siendo dado de alta a las
20:38 horas del mismo día.
Censuran que, el paciente es dado de alta apenas una hora después
de su ingreso, a pesar del gesto autolítico que provocó el ingreso el día
anterior en Urgencias del HUDO y a pesar de la psicosis alcohólica
informada por el SUMMA 112.
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Según se indica, el día 2 de agosto, su familiar fallece por muerte
violenta autolítica por ahorcadura, siendo levantado el cadáver a las
21:30 horas.
Fallecimiento de su familiar que, entienden los reclamantes, podría
haber sido evitado con el correcto diagnóstico y tratamiento por parte de
los servicios médicos que le atendieron en los dos días inmediatamente
anteriores al fallecimiento, indicando a estos efectos que, a pesar de los
indicios mencionados con anterioridad, por parte del servicio de salud no
se valoró un adecuado tratamiento, ni un ingreso en observación, ni un
tratamiento psiquiátrico, ni ninguna medida preventiva.
Se interesa una indemnización conjunta para los reclamantes por
importe de 228.100 euros, con el desglose individual que es de observar.
La reclamación viene acompañada de diversa documentación, de
entre la que cabe destacar, escrito firmado por los tres reclamantes
autorizando a la abogada actuante para la interposición de la
reclamación que nos ocupa, informe de Urgencias del HUDO fechado el
31 de julio de 2021, informe de alta de Urgencias del HUT del día 1 de
agosto de 2021, informe definitivo de autopsia del Juzgado de Instrucción
nº 3 de Aranjuez, D.P. 506/2021, certificación literal de fallecimiento y
copia del Registro de Estado Civil expedido por la República de Uruguay
del que resultan los vínculos de parentesco alegados en la reclamación.
SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes
hechos, de interés para la emisión del presente dictamen:
El paciente de 59 años a la fecha de los hechos objeto de
reclamación, presenta como antecedentes médicos más relevantes,
hipertensión arterial, hepatitis B asintomática, esteatosis hepática,
hipercolesterolemia, bebedor habitual de alcohol con consumo de 30
cigarrillos al día.
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Con fecha de 31 de julio de 2021, consta asistencia del SUMMA 112,
se recoge como ?motivo de consulta: Inconsciente. Sospecha de
Intoxicación por fármacos? y como ?Enfermedad actual: Paciente con
signos de Intoxicación Etílica que refiere amenazas de suicidio, escribiendo
notas?.
Consta volante de traslado forzoso para la dotación de la ambulancia
psiquiátrica para el traslado del familiar de los reclamantes.
Es trasladado al Servicio de Urgencias del HUDO, ingresando el
mismo día 31 de julio de 2021 a las 19:08 horas.
En el informe clínico de alta, se consigna ?HISTORIA ACTUAL.
Paciente derivado desde servicio de Urgencias Extrahospitalarias por gesto
autolítico (consumo de varios cmp de Lorazepam y OH) y hallazgo en
domicilio de carta de despedida a familiares.
El paciente refiere problema crónico de abuso enólico, así como
problemática familiar por la que inició hace un tiempo deshabituación en
CAID a pesar de lo cual hace unos días ha reiniciado consumo,
agravándose los problemas en domicilio llevándole a ingerir en el día de
hoy más comprimidos de lorazepam de los habituales y redactar carta de
despedida?.
A la exploración física se recoge ?consciente y orientado en las 3
esferas, atento y colaborador, refiere que el episodio actual ha sido por
claudicación de su situación y como manera de llamar la atención de sus
familiares, sin calra (sic) ideación autolítica, mínima ansiedad (situación
basal), hace crítica del episodio. No signos de de privación?.
Se recoge que se comenta con Psiquiatría de guardia para valoración
de ajuste de tratamiento y seguimiento por su parte.
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En el informe clínico de alta elaborado por Psiquiatría de guardia del
HUDO, se consigna en la historia actual, «paciente varón de 59 años que
acude al servicio de urgencias por ingesta medicamentosa. Ha sido
valorado previamente por el servicio de urgencias que ha descartado
patología aguda y ha sido dado de alta por su parte.
El paciente está tranquilo, colaborador, pero parcialmente abordable.
Refiere que hoy al llegar al domicilio al no ser esperado para la comida, y
al sentirse solo, escribió una carta, según refiere, ?de enfado?.
Posteriormente refiere haber tomado 1 lata de cerveza con 2
lorazepam, todo ello con intención movilizadora del entorno. También
expresa episodios conflictivos en el domicilio familiar en los últimos días.
Refiere que ha iniciado seguimiento en el CAID Aranjuez el día 22 de julio
(donde ha iniciado el tratamiento con Lorazepam y pregabalina. Niega
haber retomado consumo perjudicial de alcohol, solo la lata de cerveza
esta tarde.
Con respecto a la ingesta medicamentosa, niega intención autolítica.
Niega alteraciones del ánimo y verbaliza planes de futuro realistas, entre
los cuales, mantener el seguimiento en el CAID, con el cual está muy
satisfecho, y estar abstinente.
Acordamos con el paciente alta a domicilio sin cambios en el
tratamiento farmacológico y recomendamos mantener seguimiento con
CAID de zona (tiene nueva cita en 1 semana). El paciente se muestra
conforme con el plan terapéutico».
Por lo que a la exploración psicopatológica se refiere, se recoge
?consciente y orientado en las 3 esferas. Colaborador. Parcialmente
abordable. Discurso minimizador. Sin alteraciones psicomotrices. No datos
de intoxicación ni abstinencia alcohólica. Tranquilo, no ansiedad referida ni
manifiesta. Eutimia, sin datos de semiología afectiva mayor. No clínica
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psicótica. Ingesta medicamentosa de 2 lorazepam con finalidad
movilizadora del entorno, sin intención autolítica. Niega ideas de muerte ni
ideación autolítica. Verbaliza planes de futuro realistas a corto y medio
plazo. No auto ni heteroagresividad. Sueño conservado
farmacológicamente. Apetito conservado. Juicio de realidad conservado?.
Se concluye en un juicio clínico de ?ingesta medicamentosa sin
finalidad autolítica, resuelta?.
Se recoge dentro del epígrafe de observaciones de Psiquiatría de
guardia que ?tras realizar el informe de alta y llamarle varias veces para
entregarlo, no localizamos al paciente, por lo que cancelamos ambulancia
solicitada?.
Con fecha de 1 de agosto de 2021, consta nueva intervención del
SUMMA 112. Al respecto de la misma, se recoge como enfermedad actual
?refiere su familia que tras ingesta etílica se muestra con trastornos del
comportamiento. A nuestra llegada está la Policía Nacional, que nos refiere
Lipotimia?. Figura igualmente que ?está consciente, se muestra
colaborador, pupilas I. N. Fuerza simétrica. Tolera bipedestación. AC:
rítmico, no oigo soplos, AR: MV presente y simétrico?. En cuanto al
tratamiento consta que ?debido a posible Síncope se deriva al hospital
pues, al parecer, iba a estar solo en su casa?, con una codificación, CIE-9:
Código CIE-9: 780.2 Sincope. 291.9 Psicosis alcohólica.
Es trasladado al HUT. En el informe de alta de Urgencias de dicho
centro hospitalario, se refleja en cuanto a la historia actual ?paciente de
59 años con antecedentes de consumo crónico de alcohol, que es derivado
de su domicilio tras valoración por facultativo con diagnóstico de posible
Síncope. Refiere la familia que tras ingesta etílica (dice haber tomado
whisky y cerveza) presenta trastorno del comportamiento. Al llegar el
S.U.M.M.A. 112 al domicilio se encuentra la Policía Nacional quienes
refieren lipotimia, además vacunación de CoVID. A la llegada de
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S.U.M.M.A. 112 se muestra consciente, colaborador, y examen físico sin
alteraciones patológicas, normotenso y normoglucémico?.
A la exploración física se advierte ?consciente y orientado, eupneico
en reposo. Con fetor etílico. -Neurológico: Glasgow 15, consciente y
orientado en tiempo, lugar y espacio. Colabora en la exploración. Habla sin
disartrias ni afasias?.
En cuanto a la evolución, se hace constar que permanece ?estable
durante su estancia. Estable en las 3 esferas. Deseo expreso de
marcharse. Damos alta.?, concluyendo en un diagnóstico principal de
?intoxicación etílica?.
El 2 de agosto de 2021, consta nueva intervención de SUMMA 112,
se recoge como motivo de consulta ?ahorcamiento?, consignándose en
cuanto a la ?enfermedad actual?, ?paciente asistido por este servicio y
trasladado a URGENCIAS del Hospital del Tajo donde permaneció en
Observación por presentar un cuadro de Síncope Neuromediado en el
contexto de Intoxicación Etílica Aguda. Hoy le encuentran suspendido del
cuello en genuflexión, con la extremidad derecha en genuflexión forzada
por estar la garganta aún apoyada en el borde de una silla situada en su
espalda. Presenta signos clínicos evidentes de muerte por ahorcamiento?.
Por facultativo del SUMMA 112 se levanta parte de defunción, por
muerte violenta.
TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción del
procedimiento de responsabilidad patrimonial de acuerdo con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).
Por escrito de la instrucción de 29 de julio de 2022, se pone en
conocimiento de los reclamantes la admisión a trámite de la reclamación
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formulada, se le informa de la normativa de aplicación y de los efectos del
silencio administrativo para el caso de inexistencia de resolución en
plazo.
Constan incorporados al expediente, informes atinentes a la
reclamación formulada, elaborados por los servicios médicos que
intervinieron en la asistencia médica prestada al familiar de los
reclamantes que es objeto de reproche.
Obra informe del Servicio de Psiquiatría del HUDO, fechado el 2 de
agosto de 2022, en el que en relación a la reclamación interpuesta se
recoge ?que cuando el paciente fue atendido se hallaba plenamente
consciente y orientado. Que la exploración psicopatológica no puso en
evidencia ninguna alteración que implicase una pérdida de contacto con la
realidad. Que el paciente manifestó haber ingerido una lata de cerveza y
dos comprimidos de lorazepam (su tratamiento habitual), lo que a todas
luces no entraña riesgo vital. Que de una manera clara y concisa el
paciente manifestó que tanto la carta de despedida como la ingesta de
alcohol y benzodiacepina constituían un modo de expresar su enfado y de
movilizar al entorno familiar. Que para su problema psiquiátrico primario,
el etilismo, ya había iniciado tratamiento en el CAID que le correspondía.
Que la evaluación psiquiátrica en Urgencias no puso en evidencia ninguna
otra enfermedad psiquiátrica concomitante. Que tampoco se puso de
manifiesto ninguna clínica de abstinencia al alcohol. Que, a la luz de los
hechos, es probable que el incumplimiento de la indicación de mantener la
abstinencia, ya el día después de haber sido dado de alta, contribuyese
significativamente al episodio autolítico. Que en la medida en que el
paciente negó toda intención suicida en el gesto realizado y que expresó
planes realistas de futuro a corto plazo, no procedía la derivación a ningún
otro recurso adicional. Que, respecto, a la conversación telefónica
mantenida por la esposa del finado con la Dra (?), a) es improbable que la
literalidad de lo expresado se pueda recordar con absoluta precisión y b)
parte de lo expresado de un modo diáfano por el propio paciente?.
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Figura seguidamente, informe de 10 de noviembre de 2022, del
Servicio de Urgencias del HUT. Indica el mismo que el paciente fue
trasladado a ese centro por SUMMA 112 al ser avisados tras presentar
alteraciones del comportamiento tras ingesta enólica, que en la
valoración de SUMMA 112 se indica que el paciente está consciente y
colaborador y se indica que el motivo del traslado es el posible síncope
debido a que iba estar sólo en casa. Sobre dicha base, informa que
?cuando fue valorado en nuestro Servicio de Urgencias el paciente se
encontraba acompañado por familia, quienes confirman la ingesta enólica
importante y se confirma fetor enólico. El paciente durante la valoración se
encuentra tranquilo, perfectamente orientado y no se aprecian alteraciones
neurológicas. En ningún momento de la valoración, ni por SUMMA 112 ni
en nuestro Servicio de Urgencias, se refiere la existencia por el paciente de
ideación autolítica alguna. Igualmente, tampoco se ponen en evidencia en
la valoración realizada ninguna otra alteración que haga presuponer una
pérdida de capacidad de juicio en el momento de la valoración?. Continúa
señalando que ?no se puso en evidencia en ningún momento de la
valoración clínica que el paciente hubiera sufrido un cambio en su estado
psíquico respecto al día previo, por lo cual se mantenían vigentes la
valoración realizada y las recomendaciones establecidas por el Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre el día anterior?.
Precisa que «el diagnóstico de ?psicosis alcohólica? realizado por SUMMA
112 está en relación con la alteración aguda del comportamiento por la
ingesta puntual de etanol. Por tanto, supone un cuadro transitorio, del que
no se apreciaban ya signos en la valoración llevada a cabo posteriormente
en este Servicio de Urgencias y que, de no mediar una nueva intoxicación
etílica, no supone una alteración posterior de la capacidad de juicio?,
concluyendo en que ?por todo ello, una vez completada la valoración
orgánica del paciente en este servicio, no procedía llevar a cabo ninguna
otra exploración y se indicó el alta, emitiéndose las correspondientes
recomendaciones».
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Por la Inspección Médica se emite el correspondiente informe con
fecha 24 de noviembre de 2023 en el que se señala que la actuación
médica fue correcta y acorde a la lex artis ad hoc.
Con fecha 15 de enero de 2024, se notifica el trámite de audiencia a
los reclamantes, que presentan escrito de alegaciones el día 25 de igual
mes, en las que trata de desvirtuar lo señalado en los informes de los
servicios médicos actuantes y en el informe de la Inspección Médica.
Finalmente se elabora por la viceconsejera de Sanidad la oportuna
propuesta de resolución, fechada el 7 de marzo de 2024, en la que se
interesa desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial que
nos ocupa.
CUARTO.- El 19 de marzo de 2024 tuvo entrada en el registro de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid la solicitud de
dictamen en relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial.
Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente 176/24 al
letrado vocal D. Javier Espinal Manzanares que formuló y firmó la
oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de
esta Comisión Jurídica Asesora en sesión del día citado en el
encabezamiento.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial
de cuantía superior a 15.000 euros, y a solicitud de la consejera de
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Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por
el Decreto 5/2016, de 19 de enero, (en adelante, ROFCJA).
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, se regula en la LPAC, de conformidad con su artículo 1.1,
con las particularidades previstas para los procedimientos de
responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su regulación
debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), cuyo
capítulo IV del título preliminar se ocupa de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.
Los reclamantes ostentan legitimación activa para promover el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a lo dispuesto
en el artículo 4 de la LPAC y el artículo 32 de la LRJSP, al ser la mujer e
hijos del fallecido a raíz de la actuación médica que tachan de incorrecta,
siendo así que el fallecimiento de su familiar les genera un indudable
daño moral legitimador de la reclamación interpuesta.
Consta en el procedimiento, escrito con la firma de los reclamantes
autorizando a la abogada actuante para intervenir en su nombre en el
expediente tramitado.
Procede señalar al respecto que como quiera que la Administración
ha entrado a conocer el fondo del asunto por entender correctamente
acreditada la representación conferida, esta Comisión a pesar de
considerar que existe un defecto de falta de representación, examinará la
concurrencia de los requisitos para estimar, en su caso, la presencia de
responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de recordar a la
Administración la necesidad de que la representación se acredite en
forma adecuada en los términos del artículo 5 de la LPAC.
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La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, toda
vez que la asistencia sanitaria controvertida fue dispensada por el HUDO
y por el HUT, centros integrados en la red sanitaria propia de esta
administración autonómica.
Por último y en lo relativo al plazo de presentación de la
reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la LPAC
el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración
prescribe al año de manifestarse el efecto lesivo y de que se haya
determinado el alcance de las secuelas. En el presente caso, la
reclamación se formula con fecha 20 de julio de 2022, constando en las
actuaciones que el fallecimiento del familiar de los reclamantes, tuvo
lugar el 2 de agosto de 2021, de manera que, atendiendo a esta fecha, la
reclamación estaría formulada dentro del plazo de un año que marca el
texto legal.
Por lo que se refiere al procedimiento seguido en la tramitación de la
reclamación de responsabilidad patrimonial, se observa que en
cumplimiento del artículo 81 de la LPAC se ha emitido informe por los
servicios médicos que intervinieron en la asistencia a la reclamante.
También se ha incorporado al procedimiento la historia clínica de la
paciente, comprensiva de la atención dispensada en el HUDO, en el HUT,
constando igualmente los partes de intervención del SUMMA 112,
habiéndose emitido informe por la Inspección Sanitaria con el resultado
expuesto en los antecedentes de este dictamen. Tras ello, se confirió
trámite de audiencia a los reclamantes.
Finalmente se redactó la propuesta de resolución en sentido
desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial
planteada.
En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la instrucción
del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite
que tenga carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver.
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TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se
recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española y garantiza el
derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos por
la ley. Según constante y reiterada jurisprudencia, el sistema de
responsabilidad patrimonial presenta las siguientes características: a)
unitario: rige para todas las Administraciones; b) general: abarca toda la
actividad -por acción u omisión- derivada del funcionamiento de los
servicios públicos, tanto si éstos incumben a los poderes públicos, como
si son los particulares los que llevan a cabo actividades públicas que el
ordenamiento jurídico considera de interés general; c) de responsabilidad
directa: la Administración responde directamente, sin perjuicio de una
eventual y posterior acción de regreso contra quienes hubieran incurrido
en dolo, culpa, o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de
culpa, por lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del
sistema, es preciso que el daño sea la materialización de un riesgo
jurídicamente relevante creado por el servicio público; y, e) tiende a la
reparación integral.
Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la
Administración son precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva
realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas; b) que el
daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una
relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin
intervención de elementos extraños que pudieran alterar dicho nexo
causal; c) ausencia de fuerza mayor, y d) que el reclamante no tenga el
deber jurídico de soportar el daño.
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La responsabilidad de la Administración es objetiva o de resultado,
de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la
Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, siendo
imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o
anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.
En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que
presenta este instituto es que por las singularidades del servicio público
de que se trata, se ha introducido el concepto de la lex artis ad hoc como
parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. En este sentido la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de marzo de
2022 (recurso 771/2020), recuerda que, según consolidada línea
jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo:
«El hecho de que la responsabilidad extracontractual de las
Administraciones públicas esté configurada como una
responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste con haber
ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en el
mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico
correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que
indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Antes, al
contrario: para que haya obligación de indemnizar es preciso que
haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el daño
recibido, y que éste sea antijurídico, es decir: que se trate de un daño
que el paciente no tenga el deber de soportar, debiendo entenderse
por daño antijurídico, el producido (cuando) no se actuó con la
diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc.
En consecuencia lo único que resulta exigible a la Administración
Sanitaria ?... es la aplicación de las técnicas sanitarias en función del
conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una
responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto que
en definitiva lo que se sanciona en este tipo de responsabilidad es
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una indebida aplicación de medios para la obtención de resultado,
que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso
para el paciente? (STS Sección 6ª Sala CA, de 7 marzo 2007).
En la mayoría de las ocasiones, la naturaleza jurídica de la obligación
de los profesionales de la medicina no es la de obtener en todo caso la
recuperación de la salud del enfermo, obligación del resultado, sino
una obligación de medios, es decir, se obligan no a curar al enfermo,
sino únicamente a dispensarle las atenciones requeridas, según el
estado de la ciencia (SSTS de 4 de febrero y 10 de julio de 2002 y de
10 de abril de 2003).
En definitiva, el título de imputación de la responsabilidad patrimonial
por los daños o perjuicios generados por el funcionamiento normal o
anormal de los servicios de asistencia sanitaria, no consiste sólo en la
actividad generadora del riesgo, sino que radica singularmente en el
carácter inadecuado de la prestación médica llevada a cabo, que
puede producirse por el incumplimiento de la lex artis o por defecto,
insuficiencia o falta del servicio.
A lo anterior hay que añadir que no son indemnizables los daños que
se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido
evitar o prever según el estado de los conocimientos de la ciencia o de
la técnica existentes en el momento que se producen aquéllos, de
suerte que si la técnica empleada fue correcta de acuerdo con el
estado del saber, el daño producido no sería indemnizable por no
tratarse de una lesión antijurídica sino de un riesgo que el paciente
tiene el deber de soportar y ello aunque existiera un nexo causal.
En la asistencia sanitaria el empleo de la técnica correcta es un dato
de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido
ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber,
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resulta extremadamente complejo deducir si a pesar de ello causó el
daño o más bien pudiera obedecer a la propia enfermedad o a otras
dolencias del paciente».
CUARTA.- En este caso, como hemos visto en los antecedentes, los
reclamantes consideran que se ha vulnerado la lex artis en la asistencia
que le fue prestada a su familiar en el HUDO y en el HUT, al no valorar
adecuadamente su estado psiquiátrico, vulneración que se traduce a su
entender en el suicidio del mismo.
En este caso, de acuerdo con las alegaciones efectuadas por la
reclamante, lo relevante a la hora de enjuiciar la responsabilidad
patrimonial es si efectivamente se incurrió en la mala praxis denunciada,
pues como hemos señalado reiteradamente en nuestros dictámenes, en la
medicina curativa nos encontramos ante obligaciones de medios y no de
resultado, de tal forma que se cumple la lex artis cuando se utilizan todos
los medios (de diagnóstico, de tratamiento, etc.) de los que se dispone.
También hemos dicho con frecuencia que esta obligación de medios debe
entenderse ceñida al contexto del momento y las circunstancias en que
se efectúa la asistencia, es decir, a los síntomas que presenta el paciente
y a las probabilidades, en función de los mismos, de que padezca una
determinada patología. En este sentido, con cita de la jurisprudencia,
hemos recordado que lo que procede es un empleo de medios ordinarios y
diligencia para cerciorarse de los diagnósticos que se sospechen, sin que
se pueda cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución posterior de los
acontecimientos.
Centrado así el objeto de la reclamación, vamos a analizar los
reproches formulados, partiendo de lo que constituye la regla general y es
que la prueba de los presupuestos que configuran la responsabilidad
patrimonial de la Administración corresponde a quien formula la
reclamación. En este sentido se ha pronunciado, entre otras, la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de abril de 2022
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(recurso 1079/2019), con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Además, como añade la citada sentencia, ?las alegaciones sobre
negligencia médica deben acreditarse con medios probatorios idóneos,
como son las pruebas periciales médicas, pues estamos ante una cuestión
eminentemente técnica?.
Partiendo de lo señalado, entendemos que los reclamantes no han
aportado prueba alguna que venga a acreditar que la asistencia prestada
fuera incorrecta en los términos que son objeto de reproche, mientras
que, por el contrario, los informes médicos que obran en el expediente
contrastados con la historia clínica examinada descartan la mala praxis
denunciada.
Particularmente, la Inspección Sanitaria, tras analizar el proceso
asistencial que consta en las actuaciones, ha considerado que la
actuación asistencial prestada fue conforme a la lex artis. En este punto
cabe recordar el especial valor que esta Comisión Jurídica Asesora
atribuye a la opinión de la Inspección Sanitaria, pues, tal y como
recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así su Sentencia de
24 de mayo de 2022 (recurso 786/2020), ?sus consideraciones médicas y
sus conclusiones constituyen también un elemento de juicio para la
apreciación técnica de los hechos jurídicamente relevantes para decidir la
litis puesto que, con carácter general, su fuerza de convicción deviene de
los criterios de profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto del
caso y de las partes que han de informar la actuación del Médico
Inspector, y de la coherencia y motivación de su informe?.
El informe de la Inspección Médica, previamente a formular su juicio
crítico, recoge una serie de consideraciones generales sobre los aspectos
clínico-epidemiológicos sobre el suicidio, la valoración del suicidio en las
Urgencias hospitalarias, la intoxicación etílica aguda y el traslado de
pacientes con patología psiquiátrica aguda, para posteriormente y en
base a las mismas fundamentar el apuntado juicio crítico en el que como
18/21
ya hemos señalado se concluye en la inexistencia de irregularidad alguna
en la asistencia controvertida.
Analiza en primer lugar la asistencia prestada el día 31 de julio en el
HUDO. Comienza señalando al respecto que ?en el Informe Clínico de Alta
de URGENCIAS del Hospital Universitario 12 de Octubre se puede apreciar
una relación empática generadora de confianza entre el paciente y el
médico psiquiatra?, y si bien censura que ?no aparece referencia a Escala
de Predicción del Riesgo de Suicidio, no se profundiza en la exploración de
los factores reconocidos como potenciadores o protectores frente al riesgo
de suicidio?, sí que señala posteriormente que ?sí contiene referencias a
varios aspectos clave en la anamnesis de un intento autolítico como la
crítica del episodio, finalidad del acto, evaluación del entorno y existencia
de planes de futuro. En el Informe, tanto en la valoración general como en
la exploración psicopatológica, se aprecia una descripción detallada de la
situación psico-social del paciente, que se mantenía consciente, orientado
en tiempo-espacio-persona, parcialmente abordable con discurso
minimizador en el interrogatorio, identificó situación conflictiva en el
entorno familiar derivada del abuso crónico de alcohol, agravada tras
reiniciar consumo a pesar del tratamiento deshabituador. En este contexto,
los facultativos no apreciaron clara intencionalidad autolítica en la ingesta
de varios comprimidos de LORAZEPAM y alcohol, interpretando
claudicación del paciente ante la situación que era incapaz de gestionar,
sin apreciar ideación, comunicación ni conducta sugerente, de manera
explícita ni implícita, de la intención de acabar con su vida?.
Advertida por la Inspección algunas contradicciones entre la
asistencia extrahospitalaria y la hospitalaria, señala la Inspección que
?considerando que la observación e interrogatorio son los medios
principales en la exploración general y psicopatológica del paciente con
gesto autolítico, no resulta infrecuente que aparezcan contradicciones
derivadas de la subjetividad del paciente y de los profesionales?.
19/21
Refiere la Inspección que ?en relación con la ingesta farmacológica, el
paciente negó alteración del estado de ánimo manifestando de manera
explícita en la exploración psicopatológica planes de futuro realistas,
incluyendo mantener el seguimiento en el Centro de Atención Integral a
Drogodependientes, y mantener abstinencia.
El informe emitido por el equipo médico de guardia de PSIQUIATRÍA
del Hospital Universitario 12 de Octubre aclara que, con estabilidad clínica,
a partir del relato del paciente en relación con ingesta de 1 lata de cerveza
y 2 comprimidos de lorazepam, en ausencia de otra fuente de información
fiable para los facultativos?. De lo que concluye en cuanto a esta
asistencia del HUDO que ?la clara intencionalidad autolítica fue
razonablemente descartada, y el grado de letalidad atribuible al acto pudo
calificarse de nulo.
En consecuencia, la valoración del episodio como bajo riesgo suicida
y, por tanto, la decisión de proceder al alta hospitalaria desde el Servicio
de URGENCIAS, se aprecian acertadas en este paciente sin
manifestaciones de homo- ni heteroagresividad, desorganización del
pensamiento ni alteraciones de la senso-percepción de nivel psicótico?.
En relación a la posterior asistencia hospitalaria del día 1 de agosto
de 2021, refleja la Inspección que ?a partir de los datos recogidos en la
anamnesis y exploración física, no parece adecuado el diagnóstico de
Psicosis Alcohólica reflejado en el Informe Médico del S.U.M.M.A. 112, al no
aparecer sintomatología compatible con Síndrome Delirante Agudo,
Alucinosis ni Celotipia.
El cuadro de alteración conductual intensa, aunque sin mayor
precisión en cuanto al volumen de la ingesta alcohólica, sería compatible
con el diagnóstico de Intoxicación Etílica Aguda Atípica, en la que pueden
presentarse agitación, violencia, delirio, alteraciones senso-perceptuales e
ideación suicida?.
20/21
Precisa seguidamente que ?en este episodio clínico concreto, como se
recogió en el Informe Clínico de Alta de URGENCIAS del Hospital
Universitario del Tajo, el paciente refirió ingesta de Whisky y cerveza sin
referencia a volumen aproximado ni detalles de la alteración conductual en
el domicilio, encontrándose el paciente consciente, orientado, con aliento
etílico, conversación fluida, sin alteración clínico-analítica ni focalidad
neurológica, se aprecian acertados el diagnóstico de Intoxicación Etílica y
la decisión, consensuada con el paciente, de alta a domicilio?.
Así, sobre la base de estas consideraciones, concluye la Inspección
en que la asistencia reprochada por los reclamantes fue correcta,
señalando que ?se consiguió la continuidad asistencial con actuación
coordinada en los niveles de atención extrahospitalaria y hospitalaria, y la
actuación de los equipos sanitarios se aprecia ajustada a la situación
clínica del paciente y a las recomendaciones del Sistema Nacional de
Salud?, reseñando en cuanto a la eventual evitación del lamentable
resultado fatídico que ?con los datos clínicos disponibles, no se estima
previsible ni evitable con estas intervenciones sanitarias, el desenlace
infausto con fallecimiento por muerte violenta autoinfligida del paciente?.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula
la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede desestimar la presente reclamación al no haberse acreditado
infracción de la lex artis ad hoc.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según
su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de
21/21
quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo
establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 18 de abril de 2024
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 209/24
Excma. Sra. Consejera de Sanidad
C/ Aduana, 29 - 28013 Madrid
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