Última revisión
06/05/2024
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0196/24 del 11 de abril de 2024
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 11/04/2024
Num. Resolución: 0196/24
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 11 de abril de 2024, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido de oficio por la citada consejería con los titulares del derecho de propiedad sobre una vivienda, sita en la calle ??, de San Fernando de Henares (expediente RPO 40/22), por los daños derivados de las obras del tramo del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, en el que figuran como interesados D. ??, Dña. ??, Dña. ?.. y Dña. ??.Tesauro: Daño efectivo
Daño. Valoración
Legitimación activa
Interés legítimo
Daños y perjuicios
Procedimiento administrativo. Iniciación
Procedimiento administrativo. Tramitación
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, en su sesión de 11 de abril de 2024, aprobado
por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de
Vivienda, Transportes e Infraestructuras, al amparo del artículo 5.3 de
la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial promovido de oficio por la citada consejería
con los titulares del derecho de propiedad sobre una vivienda, sita en la
calle ??, de San Fernando de Henares (expediente RPO 40/22), por los
daños derivados de las obras del tramo del túnel de la Línea 7B de
Metro de Madrid, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto
y Hospital del Henares, en el que figuran como interesados D. ??,
Dña. ??, Dña. ?.. y Dña. ??.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 2 de abril de 2024 tuvo entrada en el registro de
la Comisión Jurídica Asesora la solicitud de dictamen preceptivo,
cursada a través del consejero de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras, en relación con la reclamación de responsabilidad
patrimonial mencionada en el encabezamiento.
Dictamen n.º: 196/24
Consulta: Consejero de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 11.04.24
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A dicho expediente se le asignó el número 212/24, comenzando el
día señalado el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora,
aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno
(en adelante, ROFCJA).
La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la letrada
vocal Dña. Carmen Cabañas Poveda, que formuló y firmó la oportuna
propuesta de acuerdo, deliberada y aprobada por el Pleno de esta
Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 11 de abril de 2024.
SEGUNDO.- Del expediente remitido resultan los siguientes
hechos, de interés para la emisión del presente dictamen que, a
continuación, se relacionan:
1.- El contrato de obras ?Infraestructura de prolongación de la línea
7 del Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3:
Coslada-San Fernando de Henares? fue adjudicado por el ente de
derecho público de la Comunidad de Madrid, MINTRA, Madrid,
Infraestructuras del Transporte, en septiembre de 2004 a la empresa
DRAGADOS, S.A. Dicho tramo pertenece a la línea 7B, que transcurre
entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares y tiene
un total de siete estaciones.
El 25 de abril de 2006 se aprueba el modificado nº1 al ?Proyecto de
construcción de la infraestructura de prolongación de la línea 7 del Metro
de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San
Fernando?. Las obras finalizaron en 2007 y la línea entró en servicio.
2.- Entre tanto, tuvo lugar la extinción de MINTRA, operada por la
Ley 4/2011, de 28 de julio, de extinción de MINTRA, en cuyo artículo
único, apartado 2, se establecía que el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones resultantes de la extinción se integrarían en la Dirección
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General de Infraestructuras, ?que prestará las funciones que
correspondían a dicha entidad?.
3.- Desde la puesta en funcionamiento del tramo de la línea 7 del
Metro de Madrid, que discurre entre las estaciones de Barrio del Puerto
y Hospital del Henares, se detectaron diversas incidencias, tanto en la
infraestructura misma del metro (túnel y pozo de bombeo PK 2+890)
como en las edificaciones del exterior, concentrándose la mayor parte
en la zona del pozo de ventilación del tramo del túnel ubicado en la calle
Rafael Alberti del municipio de San Fernando de Henares, a
consecuencia de filtraciones de agua, que provocaron movimientos del
terreno y daños a las edificaciones aledañas. Estas incidencias
obligaron a la realización de numerosas obras de rehabilitación y
consolidación desde prácticamente la puesta en funcionamiento del
servicio hasta la actualidad, conllevando en algunos casos, como el
presente, la demolición de determinados inmuebles.
4.- Con la finalidad de encontrar el origen de las patologías
detectadas, se encargó un informe por DRAGADOS, S.A., como empresa
contratista, sobre ?seguimientos hidrogeológicos en el túnel de la Línea 7
de Metro de Madrid- Tramo III Coslada-San Fernando?, que fue
redactado por GEOCISA, en el mes de diciembre de 2011.
Ese informe apunta que las entradas de agua se producían por
filtraciones a través de fisuras y grietas en las paredes del pozo de
evacuación, que se había convertido en un pozo de extracción de agua
subterránea, en lugar de uno de recepción.
Con la construcción del túnel y posterior drenaje del agua
procedente de éste, se produjo la movilización de un flujo de agua
subterránea y con él, el inicio de un proceso de disolución del terreno. A
su vez, la entrada progresiva de agua ocasionó la karstificación del
terreno, que es un fenómeno producido en suelos de yesos y calizas,
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que se disuelven por efecto del agua, dando lugar a la aparición de
oquedades, rellenas o no, que pueden conllevar a hundimientos bruscos
del terreno.
Estos hechos señalaban una conexión hidráulica entre el túnel y el
rio Jarama, dándose una inversión del flujo subterráneo preexistente,
actuando el rio como fuente de recarga del sistema kárstico y el pozo de
Metro como descarga artificial del mismo.
5.- A la vista de las deficiencias citadas, la Consejería de
Transportes e Infraestructuras acordó el inicio de un expediente de
exigencia de responsabilidad por vicios ocultos a la empresa contratista
Dragados, S.A., que se resolvió por la Orden de 18 de noviembre de
2016, por la que se dispuso declarar a la empresa Dragados, S.A.
responsable de los daños derivados de los vicios ocultos detectados en
las obras, y se le reclamó una cantidad en concepto de indemnización
por los perjuicios. Formulado recurso de reposición, este fue
desestimado por Orden de 20 de diciembre de 2016.
6.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la empresa
contratista contra las anteriores resoluciones (Procedimiento Ordinario
8/2017), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección 3) dictó la Sentencia de 9 de enero de
2019 que anuló las citadas órdenes. Según la citada sentencia:
?La conclusión no puede ser otra que diseñado el pozo de bombeo
como permeable, el agua comenzó a filtrarse por el mismo cuando
MINTRA empezó a bombear agua, atrayendo más agua que disolvió
el terreno alrededor del pozo y por debajo del túnel, lo que provocó el
movimiento del mismo, abriéndose sus juntas al atacar las aguas
salinas el mortero del gap y acelerando el proceso de karstificación
que se desató, lo cual evidencia que la causa del problema radicó,
efectivamente, en el diseño de la permeabilidad del pozo, cuya
responsabilidad no puede atribuirse a Dragados, S.A., sino a
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MINTRA que supervisó y aprobó el modificado del proyecto que
incluía la ejecución del pozo de bombeo como permeable, lo que se
reveló como el defecto de proyecto determinante de la inundación del
túnel. No cabe imputar Dragados, S.A. una mala ejecución del túnel,
que no solo no ha quedado en modo alguno acreditada, sino además
porque en el proyecto de la obra tampoco se recogía la
impermeabilización del túnel, de manera que la causa de la ruina
producida fue el defecto del proyecto consistente en no tener en
cuenta las singularidades del terreno que exigía un pozo
impermeable en lugar del que se diseñó y ejecutó conforme al
proyecto de la obra?.
El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto
por la Comunidad de Madrid contra la citada sentencia, por lo que esta
devino firme.
7.- Desde la aparición de dichos daños, se efectuaron inspecciones
a las viviendas y auscultación y control de los edificios que pudieran
afectarse, para realizar un seguimiento constante de la situación. Entre
los años 2009 y 2021, se han realizado contratos de emergencia para la
estabilización de los terrenos del entorno como consecuencia de los
asentamientos y para la impermeabilización del túnel de Metro de la
línea 7B. Las diversas actuaciones realizadas en la zona para solucionar
estas afecciones en principio parecían haber solucionado el problema.
No obstante, desde mediados de agosto 2018 y hasta octubre de
2019, se incrementaron las quejas de los vecinos, por lo que se procedió
a realizar nueva visita a las edificaciones, emitiendo informe la Unidad
de Seguimiento y Control del contratista de auscultación y supervisión
geotécnica (USAC).
Posteriormente, en enero del año 2020, se elaboró un informe
técnico por la UTE Servicios Comunidad de Madrid sobre ?la situación
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de las edificaciones en el entorno de la línea 7 B de metro y su relación
con los movimientos del terreno?, en el que se determina que los daños
aparecidos en la calle de la Presa de San Fernando de Henares (según
inspecciones realizadas a lo largo del año 2019) podían calificarse de
graves en algunas viviendas, siendo muy posible su evolución a muy
graves.
8.- Debido a esta situación, se contrató por procedimiento de
emergencia a la empresa INES, Ingenieros Consultores, S.L. para la
ejecución del servicio de diagnosis y seguimiento geotécnico del terreno
en las inmediaciones de la línea 7B de Metro. La citada empresa emitió
una nota técnica el día 7 de diciembre de 2020, en la cual se indicaba
que, a partir de agosto de 2020, se observa una aceleración del proceso,
al haber nuevos descensos en el entorno del pozo PK 2+890, lo que
hacía necesario realizar nuevas actuaciones en las calles Presa y Rafael
Alberti, así como en el propio pozo.
Estas actuaciones consistieron fundamentalmente en obras de
consolidación del terreno, que finalizaron en el mes de abril de 2021,
sin haberse observado durante ese período movimientos relevantes de
asientos diferenciales, hasta la primera semana del mes de mayo, en la
que se produjeron nuevos movimientos de asiento en las viviendas.
Dada la existencia de estos nuevos asientos del terreno cercanos a
las viviendas tras las obras de consolidación, se procedió a buscar el
origen, detectándose una anomalía en el entorno del cruce de las calles
de la Presa y Rafael Alberti, donde se ubica el pozo PK 2+890, por lo que
se instó al Canal de Isabel II a su revisión, como responsable del
mantenimiento de la infraestructura y del alcantarillado municipal,
comprobándose que el pozo de registro, el PK 2+890, perteneciente a la
red general, se encontraba averiado y su fondo horadado, produciendo
pérdidas de agua.
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El Canal de Isabel II realizó unos primeros trabajos de reparación
del pozo y del colector municipal en mayo y junio de 2021 y,
posteriormente, efectuó el desvío definitivo del agua bombeada desde el
pozo reparado a un nuevo colector (en la calle Francisco Sabatini), que
acometía al colector principal (en la calle Ventura de Argumosa).
Mediante Orden de fecha 26 de julio de 2021, de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, se declaró por emergencia la realización
de los trabajos especializados de rehabilitación estructural del edificio
sito en la calle de la Presa, número 33 y de refuerzo estructural y
reparación de elementos asociados del edificio sito en calle de la Presa,
número 4 y calle de Rafael Alberti, números 1 y 3, de San Fernando de
Henares. La citada Orden fue ampliada el 14 de septiembre del 2021,
para incluir las actuaciones de realojo de los ocupantes de las viviendas
de los edificios situados en calle de la Presa número, 4 y calle de Rafael
Alberti números, 1 y 3, de San Fernando de Henares.
9.- En fecha 22 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares emitió el Decreto 1988/2021, por el que se
declaraba la situación de ruina física inminente de las edificaciones de
la Calle de la Presa, 4 y la Calle Rafael Alberti, 1 y 3 y se ordena a los
propietarios y ocupantes de las viviendas, locales y garajes ubicados en
ellas, desalojar las mismas.
En cuanto al inmueble objeto del presente acuerdo, sito en calle de
la ??, mediante Decreto 117/2022, de 19 de enero, a propuesta de la
Concejalía Delegada de Planificación y Desarrollo, el Ayuntamiento de
San Fernando de Henares dictó orden de desalojo y la ejecución de
obras de reforma y rehabilitación. En la misma se ordenaba, entre otros
extremos, el desalojo de la finca por motivos de seguridad y
habitabilidad, hasta restablecer las condiciones de habitabilidad de la
vivienda. Con fecha 21 de enero de 2022, el Ayuntamiento de San
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Fernando de Henares comunicó a la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, el indicado Decreto 117/22.
El mismo día 21 de enero de 2022, mediante Orden de emergencia
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, se encargó a
TRAGSA las actuaciones de realojamiento de los ocupantes de los
edificios sitos en la calle ??, números ?? de San Fernando de
Henares. La citada Orden fue ampliada y modificada por otras
posteriores, la primera, de 20 de junio de 2022, para ampliar el plazo de
las actuaciones de realojamiento del edificio de la calle ??, hasta el 31
de octubre de 2022. La segunda ampliación del encargo se produjo el
31 de octubre de 2022, al objeto de ampliar las actuaciones necesarias
para el realojamiento de los ocupantes de los edificios sitos en la calle
??, números ?...
Con fecha 29 de julio de 2022, el Ayuntamiento de San Fernando
de Henares inició la declaración de la situación legal de ruina
urbanística de la edificación de la calle ??, a través del Decreto
1587/2022 y con fecha 20 de septiembre de 2022, se declaró la
situación de ruina urbanística de la edificación de la calle ?? y se
dispuso la demolición del edificio, mediante el Decreto 1792/2022, del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
En el plano del análisis jurídico general, el 13 de abril de 2022, se
formuló consulta a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid
sobre si cabría prorrogar la cobertura económica de los gastos que
estaban siendo sufragados, una vez finalizados los encargos de
emergencia y si sería viable abonarlos como anticipo de las futuras
indemnizaciones.
El informe de 27 de abril de 2022 de la Abogacía General de la
Comunidad de Madrid, indicó que, extinguida la vigencia del encargo a
TRAGSA, no era posible seguir asumiendo los gastos de realojo de las
familias afectadas al amparo del mismo y que la regulación legal del
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procedimiento de responsabilidad patrimonial no contempla la
posibilidad de realizar abonos a cuenta de futuras indemnizaciones, sin
perjuicio de la posibilidad de terminación convencional de los
procedimientos, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 39/2015 y
de dar respuesta a la subsistencia de la necesidad de realojo de los
afectados en viviendas del Parque de Viviendas de Emergencia Social de
la Agencia de Vivienda Social, o a través de la concesión directa de
subvenciones al amparo del artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
TERCERO.- La Orden de 21 de febrero de 2022 de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras acordó el inicio de oficio de los
procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en
las obras de construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro de
Madrid, a tramitar de conformidad con las previsiones de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en adelante LPAC.
Se trata de una orden que dispone la incoación de expedientes de
responsabilidad patrimonial en favor de todos los posibles afectados, en
la que después de efectuar una relación de los hechos principales, se
recogen unos fundamentos de derecho, entre los cuales hay que
destacar el quinto, que individualiza los inmuebles afectados: calle de la
Presa, números 4, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 y 33; calle Rafael
Alberti, números 1 y 3; calle Pablo Olavide, números 9 y 11; calle
Ventura Argumosa, número 20 (F y G) y calle Nazario Calonge, número
5, ?sin perjuicio de la posibilidad de incluir nuevos inmuebles afectados
en el caso de que se dieran las circunstancias y requisitos legales para
ello?.
En su fundamento de derecho sexto, la orden determina quiénes
tienen la condición de interesados en los procedimientos, señalando a:
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?- Las personas físicas o jurídicas titulares de los bienes inmuebles
citados.
- Las personas físicas ocupantes de las viviendas situadas en los
edificios citados.
- Las personas físicas o jurídicas titulares de actividades
económicas desempeñadas en los edificios citados.
- Cualesquiera otros que acrediten ostentar un derecho o interés
legítimo, o bien que ello se deduzca de la tramitación del
correspondiente procedimiento?.
Finalmente, en el fundamento jurídico séptimo establece lo
siguiente:
?Estos procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician sin
perjuicio de la posible intervención de otros agentes en la producción
del daño, cuyas responsabilidades se determinarán en la
tramitación de los expedientes y respecto a los cuales la Consejería
de Transportes e Infraestructuras se reserva las acciones legales
necesarias para exigir y resarcir los perjuicios que les sean
imputables?.
La Orden de 21 de febrero de 2022 de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 7 de marzo de 2022, ?sin perjuicio de su
notificación individual a los interesados?.
En virtud de la indicada previsión, con fecha 28 de marzo de 2022
se efectuó la notificación individual de la Orden a los interesados en
este procedimiento, en su condición de propietarios de la vivienda
situada en la calle ?? y trastero, de San Fernando de Henares.
Adicionalmente se les requirió que aportaran documentación
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acreditativa de su identidad; de la titularidad de los bienes y derechos
afectados; relación de los daños producidos en sus bienes y derechos;
cuantificación del daño producido y su justificación; en caso de haber
percibido cualquier prestación por parte de alguna Administración
Pública por el objeto de la reclamación, debían señalar su importe, el
concepto y la Administración otorgante; en caso de haber presentado
alguna reclamación por responsabilidad en vía civil o administrativas
por los mismos hechos, informar sobre la misma y, finalmente, podrían
incorporar cualquier otra documentación que consideraran adecuada -
documento 1-.
El 5 de abril de 2022 los interesados solicitaron la ampliación del
plazo para presentar la documentación interesada y formular sus
alegaciones, siendo resuelta en sentido favorable su solicitud, el día 13
de abril de 2022 -documentos 2 y 3-.
Haciendo uso del trámite, el día 18 de abril de 2022, formularon
los reclamantes su escrito de alegaciones, señalando que los daños
padecidos son imputables a la Administración, que los titulares del
inmueble al que se refiere este expediente no habían sido indemnizados
por la misma causa, por su aseguradora, ni por cualquier otra entidad o
administración y que, de cara a fundamentar su reclamación, habían
procedido, a través de la Asociación de Afectados de Metro Calles Rafael
Alberti y Presa de San Fernando de Henares, a realizar el encargo
profesional para la elaboración de una tasación oficial del inmueble
afectado y un informe pericial que determinara los bienes y derechos
lesionados y los cuantificara También manifestaban que, dada la
cantidad de afectados y el escaso margen de tiempo con el que se había
contado no se encontraban en disposición de aportarlos todavía,
comprometiéndose a poner tales informes en conocimiento de la
consejería tan pronto como obrasen en su poder.
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Junto con ese escrito, los interesados aportaron la nota simple del
Registro de la Propiedad, acreditando su titularidad sobre el inmueble,
como bien ganancial del matrimonio a que se refiere este procedimiento
y copia de la póliza de aseguramiento de la indicada vivienda.
Además pidieron la apertura de un periodo probatorio, en el que se
practicaran las siguientes pruebas:
I.- DOCUMENTAL PÚBLICA Y PRIVADA.- Consistente en que se
tengan por reproducidos los documentos públicos y privados que
acompañan o que puedan aportarse; la documentación de la
Comunidad de Madrid relacionada con la responsabilidad patrimonial,
que esté en poder de la Administración actuante; los documentos del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, relativos a la
responsabilidad patrimonial y la documentación de la Asociación de
Afectados Metro de Madrid Rafael Alberti y Presa de San Fernando de
Henares, relacionada o de interés a los efectos de la reclamación de
responsabilidad patrimonial.
II.- TESTIFICAL.- interesando el testimonio del titular de la Alcaldía
del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares y otros
altos cargos de la Administración del citado Ayuntamiento.
III.- TESTIFICAL PERICIAL.- De todos los técnicos de la
Administración de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares y de las empresas contratadas por los mismos.
IV.- PERICIAL.- Consistente en que sean recabados para su
incorporación al expediente y su ratificación, en caso de ser discutidos,
los certificados e informes de tasación encomendados por la asociación
de afectados, así como cualesquier otro informe que se puedan
incorporar al expediente, y de otro arquitecto que señalan, pues
consideran que posee gran experiencia y es conocedor de la tipología de
los inmuebles y de la evolución del mercado inmobiliario en la
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Comunidad de Madrid y especialmente en la localidad de San Fernando
de Henares ?documento 4-.
Mientras tanto, se habían seguido desarrollando actuaciones para
consolidar los suelos de la zona y estudios por encargo de la
administración madrileña que establecieron que el terreno era inestable
y susceptible de presentar disoluciones futuras, por lo que para
garantizar la estabilidad habría que implantar pilotes de gran
profundidad -de 55 a 60 metros- y de un diámetro muy considerable y,
por ello, según se concluye en la ?Nota Técnica?, de 16 de noviembre de
2022, que se ha incorporado al expediente y que fue elaborada por una
consultora dedicada al control de calidad de proyectos, ejecución de
materiales y obras, la ejecución de estudios de patología y rehabilitación
de estructuras y la asistencia técnica en la construcción: ?(?) desde el
punto de vista técnico (ejecución de pilotes de gran longitud y diámetro,
que deben soportar cargas elevadas) y desde el punto de vista económico
(por la carga que supone el coste que conlleva utilizar dicho tipo de
pilotaje, el cual superaría con creces el valor total de la edificación: vuelo
y suelo) se considera que no es viable la cimentación mediante pilotes,
necesaria para poder realizar la edificabilidad prevista o del recalce de
las existentes?.
Dado que el escrito de alegaciones que habían presentado los
reclamantes aparecía firmado por persona diferente a ellos mismos,
mediante requerimiento notificado el día 31 de mayo de 2022, se les
pidió a los reclamantes que aportase la documentación demostrativa de
la eventual representación que la misma ejerciera de sus intereses y se
les recordó que, en caso de que se acreditase tal representación, sería
necesario darse de alta en la aplicación de notificaciones telemáticas de
la Comunidad de Madrid, debido a su obligación de relacionarse por
medios electrónicos con la Administración, de conformidad con el
artículo 14.2 de la LPAC.
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Previa solicitud de los afectados, mediante resolución de la
Secretaría General Técnica de la consejería de 2 de junio de 2022 se
dispuso ampliar el plazo para cumplimentar el requerimiento y, por
escrito de 14 de junio de 2022, el representante de los interesados
aportó el poder notarial conferido por los propietarios del inmueble a su
favor -documento 5-.
El día de 5 de julio de 2022 se requirió nuevamente al
representante de los interesados que aportara el resto de la
documentación necesaria para tramitar el expediente, que ya había sido
solicitada en marzo de 2022 y el 28 de julio, la representación de los
interesados solicitó la ampliación de plazo para cumplimentar el
requerimiento y reiteró las alegaciones ya formuladas con anterioridad.
Por resolución de 29 de julio de 2022 de la Secretaría General Técnica
de la consejería, se acordó ampliar el plazo, conforme al artículo 32.1
De la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), -según consta en los
documentos 6, 7 y 8-.
El 1 de agosto de 2022 la representación de los interesados
presentó sendas tasaciones suscritas por un arquitecto y por una
entidad dedicada a la realización de valoraciones y tasaciones, sobre el
valor de las edificaciones situadas en la calle de la Presa, nº 4, 19, 25,
27 y en la calle Rafael Alberti, nº 1 y 3 de San Fernando de Henares y
un presupuesto de mobiliario ?documento 9-.
El día 5 de agosto se presentó un nuevo escrito de alegaciones
reiterando las manifestaciones de los anteriores, en el que ? además-, se
adjuntaban los DNI de los cuatro solicitantes, figurando en todos ellos
como domicilio la vivienda siniestrada y se cuantificaba
provisionalmente el importe de la reclamación en 447.273,82 ?
(vivienda 327.273,82 ? y daño moral de los dos copropietarios y de los
otros dos convivientes 120.000 ?) -documento 10-.
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Adicionalmente, el 2 de septiembre de 2022, se efectuó consulta a
la Abogacía General de la Comunidad sobre cuestiones de orden
procedimental, referidas a los procedimientos de responsabilidad
patrimonial que se estaban tramitando.
El informe de 9 de septiembre explicó que el artículo 86.1 de la
LPAC, permite la adopción de acuerdos no finalizadores del
procedimiento administrativo, con carácter previo a la resolución que
les ponga fin y que, caso de producirse, tales acuerdos no finalizadores
del procedimiento no deberían ser sometidos al dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora, que sólo emite dictamen, en su caso, una
vez redactada la propuesta de resolución finalizadora del procedimiento
o del acuerdo de terminación convencional.
Por medio de resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de 31 de octubre
de 2022 se resolvió sobre la práctica de la prueba que habían propuesto
los interesados, admitiendo las pruebas documentales y periciales y la
admisión de la pericial testifical relativa a los dictámenes y estudios que
se incorporasen al expediente, aunque no la de los autores de los
informes emitidos, ni la de algunos altos cargos señalados ?documento
11-.
Contra la resolución relativa a la práctica de la prueba, se
interpuso recurso de alzada por el representante de los interesados, el 2
de diciembre de 2022. Dado que el recurso aparecía firmado
electrónicamente por una letrada cuya representación no constaba en el
expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la
LPAC se les requirió para que subsanasen la deficiencia.
El 21 de febrero de 2023, se cumplimentó la aclaración del asunto
de la representación, indicando que los afectados eran miembros de la
asociación de afectados Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando
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de Henares y que la letrada que había formulado el recurso pertenencia
al mismo despacho que asumía su representación, estando igualmente
apoderada por todos los asociados.
Mediante Orden de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras, de resolución de 20 de abril de 2023,
se desestimó el recurso previamente interpuesto, pues las pruebas
denegadas a que se refería resultaban improcedentes o innecesarias, al
dirigirse a personas que no podrían dar cuenta de aspectos técnicos -las
de los responsables políticos- o no resultar apropiadas para la
determinación de los hechos controvertidos, pues ya se efectuarían las
valoraciones oportunas sobre las periciales aportadas por los
interesados -documento 11-.
Adicionalmente, consta emitido en este estado de tramitación del
expediente un informe técnico jurídico, de fecha 25 de noviembre de
2022, encargado por la Consejería de Transportes e Infraestructuras a
un despacho privado, acerca de los parámetros de cálculo que debían
ser tenidos en cuenta para efectuar el pago de las indemnizaciones en
los procedimientos de responsabilidad patrimonial, y los criterios de
valoración a emplear -documento 12-.
De interés resulta la emisión de un tercer informe de 9 de enero de
2023, emitido por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tras
la oportuna consulta del día 30 de diciembre de 2022. El mismo
concluye que, para determinar el alcance de la responsabilidad
patrimonial de la Administración y, por tanto, el importe de la
indemnización, la valoración del suelo debe realizarse en los términos
de los artículos 34 y siguientes del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana y que la inclusión en esa indemnización del valor del terreno y
la edificación, no comporta, por sí mismo, un enriquecimiento injusto,
siempre que ello obedezca a criterios legales, a fin de conseguir la
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reparación integra de los mismos que es la función propia del
procedimiento de responsabilidad patrimonial. Añadiéndose que, si se
considerase que el terreno aún conserva algún valor residual, dicho
valor subsistente debería ser excluido de la indemnización, siendo esa
una cuestión técnica a dilucidar en los correspondientes informes de
tasación.
Finalmente se indicaba que aunar en un sólo procedimiento la
responsabilidad patrimonial y la adquisición por la administración
autonómica de la propiedad de los terrenos podría suponer una
contravención de la regulación propia de uno y otro procedimiento ?y,
en consecuencia, de lo impuesto por el artículo 86.1 y 86.5 de la Ley
39/2015, al apartarse de la regulación respectiva de los procedimientos
de responsabilidad patrimonial y de adquisición de bienes, no sólo en
cuestiones de tramitación, sino también de competencia.
El día 9 de enero de 2022, se comunicó por la asociación de
afectados la baja de un letrado de los apoderados en esta reclamación.
El 14 julio 2023 el Área de Recursos y Asuntos Contenciosos,
solicitó a la Subdirección General de Concesiones y Patrimonio un
informe sobre los siguientes extremos: relación de causalidad, daños
producidos y alegaciones y petición de los interesados.
En contestación, la Dirección General del Transporte Colectivo ha
emitido informe el 18 de agosto de 2023, en el que se señala: ?Los
acontecimientos geotécnicos que han provocado los asientos del terreno
afectando a las construcciones de la zona, derivan de las obras de
construcción de la Línea 7B, todo ello sin perjuicio de la eventual
intervención de otros factores como las deficiencias en el mantenimiento
de la red de saneamiento municipal gestionada por el Canal de Isabel II
desde el 2012 y con anterioridad por el Ayuntamiento de San Fernando
de Henares. Por ello, existe una relación de causalidad entre la actuación
18/38
de la Comunidad de Madrid y los daños sufridos en las edificaciones de
la zona, por lo que esta Administración es responsable de los perjuicios,
con independencia de la posible concurrencia de otros agentes, cuya
participación y responsabilidad se determinará en el expediente
correspondiente.
En resumen, las causas han sido las siguientes:
-Permeabilidad del pozo de ventilación y bombeo PK 2+890 que ha
favorecido el drenaje de la zona con la consiguiente disolución de sales
solubles, asentamientos del terreno y desestabilización de todas las
infraestructuras cercanas.
-Rotura de parte del saneamiento municipal que ha recirculado el
volumen de agua drenada multiplicando los efectos de disolución de las
sales solubles.
-Comportamiento del túnel de Metro como un gran drenaje una vez
disuelto el relleno entre las dovelas que lo conforman y el terreno como
consecuencia del punto 1 que ha incrementado la capacidad de
disolución al facilitar el movimiento de un caudal superior de agua.
Todo ello ha ocasionado la aparición de asientos diferenciales en las
cimentaciones de las edificaciones y, en algunos casos, estos
asentamientos han provocado la ruina de las edificaciones?.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la LPAC, se
concedió a los interesados trámite de audiencia para que formulasen las
alegaciones y presentasen los documentos que estimasen pertinentes.
Se puso a disposición de los reclamantes toda la documentación
obrante en el expediente y, entre la misma, el informe de la Dirección
General de Infraestructuras de Transporte Colectivo; el informe sobre
valoraciones de los inmuebles afectados por el siniestro que motiva esta
reclamación y otro efectuado por la empresa Tinsa, alusivo en al
19/38
inmueble que constituía la vivienda de los interesados, que determina
que la vivienda de la calle ??, cuenta con de 94,29 m2 de superficie
construida y el trastero núm. 1 es de 6 m2 de superficie construida y
establece que el valor total del inmueble (que incluye suelo y
construcción) por el método de comparación, es de 184.205,79.
El informe últimamente referenciado, desarrolla motivadamente las
razones de sus discrepancias con las valoraciones establecidas en el
informe pericial de los reclamantes ?presentado a través de la
asociación de afectados- y argumenta que ese informe de parte
determina el valor del inmueble mediante una muestra sesgada
puntualmente al alza y mediante la aplicación de un proceso de
homogeneización de todas las viviendas afectadas por la declaración de
ruina, sin tener en cuenta todos los aspectos que pueden afectar al
valor y singularizan cada inmueble ?como por ejemplo, la antigüedad de
las viviendas o su concreta ubicación- y sin justificación de algunos de
los aspectos que toma en consideración.
Se concluye, por tanto, que el valor del inmueble en el informe
emitido por Tinsa, se ha calculado de una forma más rigurosa y
considerando las especificidades concretas de la promoción inmobiliaria
objeto de análisis, ratificándose en el mismo.
Asimismo, en dicha comunicación se indicaba a los interesados
que podían manifestar su intención de llegar a un acuerdo de
terminación convencional, no finalizador del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, con carácter previo a la resolución que le
ponga fin, conforme al artículo 86.1 y 5 de la LPAC, de acuerdo con la
propuesta que se adjuntaba. La propuesta formulada fue por importe
total de 4.102 ?, en concepto de gastos de alojamiento de los
interesados, desde el 1 de octubre de 2023 y hasta el plazo de los 5
meses siguientes, a razón de 820,40 ? mensuales en concepto de gastos
de alojamiento, o la que acreditase a través del contrato de
20/38
arrendamiento de vivienda suscrito o facturas por gastos de
alojamiento, con el límite de 820,40 ?/mes, durante cinco meses ?esa
cantidad, se explicaba que era la renta media mensual en el municipio
de San Fernando de Henares para el año 2021, conforme al índice de
precios medios de alquileres del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, actualizado al IPC de agosto de 2023, según los datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadística-.
Previa su oportuna fiscalización, el acuerdo se suscribió
efectivamente el 28 de noviembre de 2023, con el compromiso de los
interesados de aplicar esas cantidades a tal fin -documento 15-.
Igualmente, se concedió trámite de audiencia al Ayuntamiento de
San Fernando de Henares, al Canal de Isabel II, a la Asociación de
Afectados Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares.
Con fecha 23 de noviembre de 2023 presentó sus alegaciones la
entidad Canal de Isabel II, que se remite a sus anteriores escritos
tramitados en otros procedimientos y en los que ponía de manifiesto su
condición de interesada y perjudicada en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial. En síntesis, alegaba que la autoría y
ejecución del proyecto fue redactado por la empresa contratada por
MINTRA; que hubo un error del proyecto que motivó la entrada de agua
por las paredes del pozo de bombeo, mediando la falta de detección
temprana del problema concurrente y, finalmente, el incorrecto diseño
de las infraestructuras proyectadas. Señala que resulta incontrovertido
y establecido en la precitada sentencia firme dictada, con efectos de
cosa juzgada material y formal, que los daños en las viviendas y
edificios comenzaron a manifestarse en el año 2008 y que Canal de
Isabel II comenzó a prestar el servicio de alcantarillado en el municipio
de San Fernando de Henares, tras la firma del convenio suscrito con
fecha 6 de junio de 2012 y añade que desconoce en qué términos el
citado ayuntamiento autorizó a MINTRA el vertido de las aguas freáticas
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bombeadas desde el pozo de ventilación y bombeo PK 2+890, a la red de
alcantarillado municipal. El escrito finaliza reclamando los daños y
perjuicios sufridos por dicha entidad.
El día 29 de noviembre de 2023, la representación de los
interesados presentó sus alegaciones finales, en las que se rechazaba
provisionalmente la posibilidad de un acuerdo de terminación
convencional, al considerar las cantidades en que se habían valorado
los daños insuficientes, entender que se omitía el lucro cesante y/o
pérdida de disponibilidad de los inmuebles; los gastos asociados a la
pérdida del inmueble y necesarios para la compra de uno nuevo ?que se
calculan en torno al 6,34% del valor del nuevo inmueble en caso de que
sea de segunda mano y de 11,04% si fuera de obra nueva, de
conformidad con un estudio recabado por la asociación de afectados-;
los daños morales de todos los afectados; los llamados ?perjuicios
financieros?, por el impacto fiscal de las indemnizaciones; los gastos de
los afectados asumidos por la asociación y otros daños, tales como las
cargas asociadas a la propiedad.
El 18 de diciembre de 2023, se emitió un informe por parte del
Subdirector General de Concesiones Patrimonio y Conservación,
determinando el importe de las cantidades abonadas a estos
interesados, en concepto de gastos de realojo, dado que 30 de
septiembre de 2023 había finalizado la vigencia de la Orden de
emergencia y, por tanto, la posibilidad de abonar a los afectados los
gastos de alojamiento y manutención por esa vía. En el mismo se indica
que a estos interesados se les había abonado la cantidad de 152.084,89
?, por gastos de alojamiento en hotel, manutención y otros conceptos
amparados en dicha cobertura.
El 19 de marzo de 2023 emitió informe el Interventor General de la
Comunidad de Madrid, fiscalizando favorablemente la propuesta de
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estimación parcial de la reclamación, por el importe de la valoración
administrativa actualizada.
Se nos remite la propuesta de resolución finalizadora del
procedimiento, de fecha 13 de marzo de 2023, que plantea la estimación
parcial de la reclamación, conforme a la valoración actualizada
efectuada por la administración madrileña, en la cantidad de
284.876,12 ?.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28
de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, cursada a través de la
solicitud del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras,
órgano legitimado para ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por el
Decreto 5/2016, de 19 de enero, (en adelante, ROFCJA).
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial se regula en la LPAC, pues el procedimiento se incoó con
posterioridad a su entrada en vigor.
Según se expuso al relatar la secuencia de actuaciones del
procedimiento, nos encontramos ante un procedimiento iniciado de
oficio por la administración, ex. artículo 58 de la LPAC. Concretamente,
según consta, se trata de un supuesto que encaja en la situación
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prevista en el artículo 67.1 de la LPAC que, como categoría particular
dentro de ese grupo referido a los procedimiento iniciado de oficio,
incluye los iniciados por petición razonada de otros órganos: ??
propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano
administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha
tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del
procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones
de inspección, averiguación o investigación?.
Efectivamente, en este caso, con fecha 18 de febrero de 2022 la
Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo solicitó,
mediante petición razonada a la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, el inicio de aquellos
procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa en
los daños derivados de las obras de construcción y mantenimiento de la
línea 7B de Metro de Madrid, en el tramo comprendido entre las
estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares.
De esa forma, mediante Orden de 21 de febrero de 2022, de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras se resolvió iniciar de oficio
los procedimientos de responsabilidad patrimonial que tuvieran causa
en las obras de construcción y mantenimiento de la línea 7B de Metro
de Madrid. La indicada Orden fue publicada el 7 de marzo de 2022 en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, además de comunicarse
singularmente a los afectados que constaban identificados.
La comunicación singular de esta orden iniciadora a los
interesados se efectuó el 19 de abril de 2022, reconociéndoles la
administración legitimación activa en el procedimiento, por su
condición de propietarios del inmueble sito en Calle Rafael Alberti, 3, 3º
A, siendo ese inmueble afectado por la declaración de ruina
subsiguiente a los acontecimientos motivadores de este procedimiento.
24/38
En cuanto al análisis de la legitimación pasiva, recordemos que se
plantea una responsabilidad patrimonial derivada de las complicaciones
subsiguientes a la parte ejecutada del contrato de obras
?Infraestructura de prolongación de la línea 7 del Metro de Madrid a
Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San Fernando
de Henares?, que fue adjudicado por MINTRA, en septiembre de 2004 a
la empresa ?Dragados, S.A.? y que la Sentencia de 9 de enero de 2019,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección 3) atribuyó las filtraciones de agua
causantes de los daños analizados a defectos de proyecto de la obra, no
imputables a la mercantil contratista.
Según todo ello, resulta que la legitimación pasiva corresponde a la
Comunidad de Madrid, puesto que, desde la extinción del ente de
derecho público ?MINTRA, Madrid, Infraestructuras del Transporte?,
operada por la Ley 4/2011, de 28 de julio, la Consejería de Transportes
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha asumido la totalidad
del contenido de sus bienes, derechos y obligaciones, según dispuso el
artículo único, apartado 2, de la norma últimamente citada, que previno
que tal contenido patrimonial se integraría en la Dirección General de
Infraestructuras de la referida consejería que, en adelante ?prestará las
funciones que correspondían a dicha entidad?.
En cuanto al plazo de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial es de un año, contado desde que se produjo el hecho o el
acto que motive la indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo (ex
artículo 67 de la LPAC), siendo este límite temporal aplicable al
supuesto de la iniciación de oficio, según dispone el artículo 65.1 de la
LPAC.
En el caso sujeto a examen, mediante Decreto 117/2022, de 19 de
enero, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares dictó orden de
ejecución relativa al edificio sito en calle ??, en la que se ordenaba
25/38
que, entre otros extremos, el desalojo de la finca por motivos de
seguridad y habitabilidad, siendo en septiembre de ese mismo año
cuando se declaró el estado o situación legal de ruina urbanística de la
edificación sita en la calle ??, de San Fernando de Henares.
Así, siendo la Orden de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, que resolvió iniciar de oficio los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, de fecha 21 de febrero de 2022, no hay
duda de que la incoación de este procedimiento se ha producido en
plazo.
Respecto a la tramitación del procedimiento, ha de estarse a lo
establecido en la LPAC, en referencia a su tramitación, para los casos
de inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,
que dispone que ?el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará
a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de
diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o
información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas
pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El
procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares
presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido?.
Por lo demás, en estos casos, la tramitación del procedimiento debe
continuar por sus trámites ordinarios, como ha ocurrido en el supuesto
analizado, debiendo desarrollarse la instrucción del procedimiento en
su totalidad para permitir establecer si concurren o no los presupuestos
normativos de la responsabilidad patrimonial de la administración.
En este caso, se ha solicitado informe del servicio al que se imputa
la producción del daño, conforme previene el artículo 81 de la LPAC,
habiéndose emitido por la Subdirección General de Concesiones,
Patrimonio y Conservación de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, en el que se aborda la relación de causalidad y la
26/38
responsabilidad de esta administración, e incluso, la valoración del
inmueble siniestrada.
Adicionalmente consta en el expediente un informe técnico
jurídico, de fecha 25 de noviembre de 2022, encargado por la Consejería
de Transportes e Infraestructuras a un despacho privado, acerca de los
parámetros de cálculo que debían ser tenidos en cuenta para efectuar el
pago de las indemnizaciones en estos procedimientos de
responsabilidad patrimonial y otro posterior para auditar la valoración
pericial aportada por los reclamantes.
Consta integrado en el procedimiento, un acuerdo parcial, no
finalizador del procedimiento, por el que se abonó a los interesados
ciertos gastos de alojamiento y manutención, durante un tiempo.
Posteriormente se ha concedido el trámite de audiencia y
alegaciones a los afectados-reclamantes, a la Asociación de Afectados
Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares, al
Ayuntamiento de San Fernando Henares y al ente público Canal de
Isabel II. En el caso de estos dos últimos han alegado ampliamente que
no se consideran responsables en ninguna medida del evento lesivo que
motiva la responsabilidad patrimonial, apelando muy especialmente a la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída con
ocasión de la impugnación de Dragados, S.A. frente a la Orden
autonómica que le imponía responsabilidades por estos daños,
producidos en el contexto del desarrollo y ejecución de un contrato de
obras, sentencia a la que atribuyen plenos efectos de cosa juzgada pese
a la ausencia de identidad subjetiva y han aportado informes periciales
en sustento de sus argumentaciones. Además, estos interesados se han
presentado expresamente como perjudicados frente a la administración
autonómica y han instado la incoación de singulares procedimientos de
responsabilidad patrimonial en los que se analicen sus pedimentos.
27/38
Lo reclamantes se han opuesto a la valoración efectuada en la
propuesta.
Finalmente, se ha formulado la oportuna propuesta de resolución
de estimación de la responsabilidad patrimonial, pero reconociendo una
indemnización en una cuantía inferior a la pretendida por los
interesados en el procedimiento.
Por tanto, debe concluirse que la instrucción del procedimiento ha
sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite que tenga
carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver.
Se observa que se ha superado ampliamente el plazo de seis
meses establecido para resolver y notificar la resolución previsto en el
artículo 91.3 de la LPAC, en gran parte motivado por las continuas
dilaciones en la aportación de documentación por los interesados. No
obstante, el transcurso del plazo no exime a la Administración de su
obligación de resolver expresamente y sin vinculación alguna con el
sentido del silencio desestimatorio producido ni, en consecuencia, a
esta Comisión Jurídica Asesora de informar la consulta.
TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración
se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que
garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los
términos establecidos por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP en
su título preliminar, capítulo IV, artículos 32 y siguientes. La viabilidad
de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, según
doctrina jurisprudencial reiterada, requiere la concurrencia de varios
requisitos:
28/38
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de
personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos
extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Que exista una relación de causa a efecto entre el
funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por
fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009
(recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí recogidas, ?no
todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que
tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente,
aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el
particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de
la actuación administrativa?. Ha destacado esa misma Sala (por todas,
en Sentencia de 16 de marzo de 2016), que es el concepto de lesión el
que ha permitido configurar la institución de la responsabilidad
patrimonial con las notas características de directa y objetiva, dando
plena armonía a una institución como garantía de los derechos de los
ciudadanos a no verse perjudicados de manera particular en la
prestación de los servicios públicos que benefician a la colectividad y
que, ese concepto de lesión se ha delimitado con la idea de constituir un
daño antijurídico: ?(?) lo relevante es que la antijuridicidad del daño es
que no se imputa a la legalidad o no de la actividad administrativa -que
es indiferente que sea lícita o no en cuanto que la genera también el
funcionamiento anormal de los servicios- o a la misma actuación de quien
29/38
lo produce, que remitiría el debate a la culpabilidad del agente que
excluiría la naturaleza objetiva; sino a la ausencia de obligación de
soportarlo por los ciudadanos que lo sufren. Con ello se configura la
institución desde un punto de vista negativo, porque es el derecho del
ciudadano el que marca el ámbito de la pretensión indemnizatoria, en
cuanto que sólo si existe una obligación de soportar el daño podrá
excluirse el derecho de resarcimiento que la institución de la
responsabilidad comporta (?). Interesa destacar que esa exigencia de la
necesidad de soportar el daño puede venir justificada en relaciones de la
más variada naturaleza, sobre la base de que exista un título, una
relación o exigencia jurídica que le impone a un determinado lesionado el
deber de soportar el daño?.
CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica
precedente, se deduce que, sin la existencia de un daño real y efectivo a
quien solicita ser indemnizado, no cabe plantearse una posible
responsabilidad de la Administración. Tampoco procederá si el daño no
tiene la consideración de antijurídico, en el sentido de que el
administrado no tenga el deber de soportarlo.
Sobre la realidad del daño, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1
de febrero de 2012, consideró que ?(?) la existencia de un daño real y
efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas, constituye
el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial traducible en una
indemnización económica individualizada, de tal manera que resulte
lesionado el ámbito patrimonial del interesado que es quién a su vez ha
de soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente
causado?.
En el caso que nos ocupa, resulta evidente que los interesados en
el procedimiento han sufrido un daño, puesto que todos ellos,
residentes en la vivienda siniestrada, se han visto privados de la misma
30/38
por la ruina en que ha devenido, a consecuencia la actuación
constructiva de las infraestructuras del Metro de Madrid.
El nexo causal entre ese daño y la referida intervención del servicio
público se constata en el informe emitido con fecha 6 de febrero de
2023, por subdirector general de Concesiones, Patrimonio y
Conservación de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, en el
que indica: ?Los acontecimientos geotécnicos que han provocado los
asientos del terreno afectando a las construcciones de la zona, derivan
de las obras de construcción de la Línea 7B, todo ello sin perjuicio de la
eventual intervención de otros factores como las deficiencias en el
mantenimiento de la red de saneamiento municipal gestionada por el
Canal de Isabel II desde el 2012 y con anterioridad por el Ayuntamiento
de San Fernando de Henares. Por ello, existe una relación de causalidad
entre la actuación de la Comunidad de Madrid y los daños sufridos en
las edificaciones de la zona, por lo que esta Administración es
responsable de los perjuicios, con independencia de la posible
concurrencia de otros agentes, cuya participación y responsabilidad se
determinará en el expediente correspondiente?.
También se deduce la relación de causalidad de la Sentencia de 9
de enero de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída
en el Procedimiento Ordinario 8/2017, que ha ganado firmeza, que
explicó las causas principales del problema y atribuyó su causación a
MINTRA, puesto que fue quien supervisó y aprobó el modificado del
proyecto que incluía la ejecución del pozo de bombeo como permeable,
??ya que en el proyecto de la obra no se recogía la impermeabilización
del túnel, de manera que la causa de la ruina producida fue el defecto del
proyecto consistente en no tener en cuenta las singularidades del terreno,
que exigía un pozo impermeable en lugar del que se diseñó y ejecutó,
conforme al proyecto de la obra?.
31/38
Por tanto, con independencia de que hayan podido influir otras
causas, que son apuntadas por el responsable de la Dirección General
de Infraestructuras; de lo actuado en el expediente resulta indubitada
la relación causal entre la ruina de la vivienda siniestrada y las
deficiencias del proyecto de obra elaborado por la Comunidad de
Madrid.
Tampoco ofrece ninguna duda que resulta antijurídico el daño
sufrido por los propietarios y residentes en la vivienda a que se refiere
este dictamen, que se han visto privados de la misma a consecuencia de
las obras referenciadas, no siendo ese un daño que tengan la obligación
de soportar.
Concurren pues todos los elementos de la responsabilidad
patrimonial de la administración y el procedimiento tramitado, incluido
el mecanismo de terminación convencional- que en este caso no ha
prosperado, más que en cuanto a una pequeña parte de los daños-, se
ajusta a derecho.
QUINTA.- Resta por analizar el importe de la indemnización que
deriva de esa responsabilidad, existiendo discrepancias entre la
propuesta y la interesada tanto en la valoración como en los conceptos
indemnizables.
A este respecto, la reparación integral del daño es la finalidad
esencial de la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas, en la medida que el particular ha sufrido una lesión en sus
bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos, que no tiene el deber jurídico de
soportar.
Ahora bien, la LRJSP no concreta los bienes y derechos cuya lesión
puede ser objeto de indemnización en un procedimiento de
32/38
responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, el primer objetivo será
identificar aquellos conceptos que pueden ser indemnizables en este
caso.
Respecto de su valoración, el artículo 34.2 de la LRJSP establece
que ?la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de
valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y
demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones
predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones
corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los
baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de
la Seguridad Social?.
Por consiguiente, por un lado, existe una remisión a los criterios de
valoración establecidos en la normativa que resulte de aplicación,
ponderándose las valoraciones predominantes en el mercado (valor de
mercado o de sustitución). Por el otro, en los casos de muerte o lesiones
corporales se pueden tomar como referencia los criterios de valoración
establecidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del
sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.
Consta sobre el particular un cumplido informe elaborado por una
consultora a instancias de la administración autonómica, de fecha 25
de noviembre de 2022, incorporado al procedimiento y basado en
numerosa jurisprudencia, que cita. En el mismo se indica que, si la
lesión provoca la destrucción del inmueble, como es el caso, se aplicará
el artículo 34.1.d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana (en adelante, ?TRLSRU?), que indica que la
valoración de las instalaciones, construcciones y edificaciones se rigen
por lo dispuesto en esa ley, cuando tenga por objeto la determinación de
la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y, en
33/38
concreto, su artículo 35.2 recoge para las edificaciones legales situadas
en suelo urbano, que se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma
prevista en el artículo 37.2 y se tendrá en cuenta su antigüedad y
estado de conservación, para evitar el enriquecimiento injusto.
Cabe reseñar que esta tasación es la seguida por el órgano
instructor para la valoración de los inmuebles de la misma finca y de
otras próximas de similares características, que han sido también
afectadas por la misma obra pública, y que han sido objeto de otros
procedimientos que han concluido con terminación convencional al
mostrar los afectados su conformidad con las valoraciones realizadas
por la tasadora independiente, dando lugar a nuestros dictámenes
320/23, de 15 de junio; 235/23, de 4 de mayo y 217/23, de 27 de abril,
entre otros muchos. Teniendo en cuenta ese hecho, resultaría contrario
al principio de igualdad atender en el presente expediente a criterios
diferentes de valoración del inmueble, salvo que se hubieran apreciado
errores en la tasación, situación que no consta.
La valoración realizada a instancias del órgano instructor, a
diferencia de la contratada por la interesada, incluye elementos
objetivos de especial interés como es el análisis de valores de las
transmisiones reales obtenidas del Colegio de Registradores de España,
de los últimos años que, de manera estadística, establecen una
aproximación de valores medios del uso residencial plurifamiliar en esa
localidad.
Por lo demás, el informe referenciado no ha previsto que el suelo en
el que se emplazaba la vivienda siniestrada conserve un valor residual
que deba ser excluido de la indemnización, restándoselo al valor del
suelo, dado que en tal situación se pudiera producir un enriquecimiento
injusto, contrario a derecho.
34/38
Todo ello nos debe llevar a considerar adecuada la valoración
realizada al inmueble por la tasadora independiente contratada al efecto
por la Consejería.
A la vista de todo lo expuesto, se observa que se ha motivado la
valoración de los daños propuesta y que se han tenido en consideración
sus circunstancias concretas, por lo que a criterio de este órgano
consultivo la cuantía indemnizatoria propuesta, respecto de la vivienda
y el trastero, resulta adecuada, debiendo actualizarse al momento de su
reconocimiento conforme al artículo 34.3 de la LRJSP.
La valoración de la indemnización por daños morales carece de
módulos objetivos, como ha reconocido de forma recurrente esta
Comisión Jurídica Asesora, no obstante el informe referenciado destaca
que la jurisprudencia ha establecido determinados criterios a tener en
cuenta para valorar los daños morales causados por una orden de
demolición de viviendas por anulación por sentencia de la licencia de
obras otorgada, por ejemplo recogidos en la Sentencia del TS de fecha
23 de octubre de 2009, que confirma la Sentencia del TSJ de Cantabria
de fecha 9 de marzo de 2005, que dispuso que debía diferenciarse si se
trataba de primera o segunda vivienda, ?ya que el sufrimiento moral que
la pérdida de aquélla acarrea, en cuanto domicilio habitual, único, núcleo
de la vida personal y familiar, no es parangonable al que sufre el
adquirente de un inmueble destinado al recreo, ocio y esparcimiento
durante períodos más o menos largos de tiempo pero que no constituye
su domicilio habitual?? y en todo caso exige la residencia en la vivienda
del indemnizado por este concepto. Además, señaló que el cálculo de los
daños morales puede realizarse por grupos de propietarios, cuando se
trata de una situación generalizada que afecta a un colectivo muy
determinado de personas, cuyos padecimientos tienen un origen
idéntico y, por lo tanto, cabe prever que las reacciones psicológicas ante
el mismo sean, si no idénticas, sí muy similares.
35/38
En el caso que analizamos, estamos ante la pérdida de la primera
vivienda de una familia, por lo que, ateniéndose a los criterios generales
aplicados para otros supuestos similares, se ha decidido conceder por
este concepto 29.000? a cada uno de los cotitulares del inmueble,
perteneciente a la sociedad conyugal y 20.000? para cada una de las
hijas del matrimonio.
Restan por analizar otros posibles conceptos indemnizables que no
se tiene en cuenta por el órgano instructor y que se reclaman por los
interesados.
Así, se pretende también por los interesados que les sean
indemnizado el valor de cierto mobiliario que habría sido realizado a
medida, aunque tal pretensión no puede ser acogida puesto que ya se
les abonó un importe por el traslado y trastero del mobiliario de la
vivienda siniestrada y no se ha acreditado fehacientemente que existiera
algún otro bien mueble afectado y/o inservible.
En cuanto a la indemnización requerida ?y adicional- por el valor
del lucro cesante y/o pérdida de disponibilidad de la vivienda, carece de
todo fundamento, puesto que el importe de la indemnización que se
propone precisamente trata de compensar la imposibilidad del uso de la
vivienda y el trastero, como facultad integrada en el derecho de
propiedad del que sus titulares se han visto privados por la ruina del
inmueble.
En referencia a los gastos de gasolina y lavandería que también se
reclaman, debe recordarse que a estos afectados ya se les abonaron
anteriormente 152.084,89 ?, en concepto de gastos de alojamiento,
manutención y guardamuebles, asignando un valor máximo diario a
tales fines.
36/38
En cuanto a los gastos soportados por la asociación de afectados,
gastos y honorarios de asesoramiento, defensa, peritaciones y similares,
no procede incluir en la indemnización de responsabilidad patrimonial
coste alguno por los mismos, según es criterio constante de esta
Comisión Jurídica Asesora así en el dictamen 284/19, de 4 de julio-,
toda vez que la formulación y tramitación de los expedientes de
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no
precisa de la intervención de abogado, ni de procurador, ni de la
aportación de pruebas concretas y, por tanto, se trata de gastos
voluntarios en un procedimiento administrativo que han asumido los
reclamantes y que no pueden repetir por vía de la responsabilidad
patrimonial.
Respecto a los gastos asociados a la pérdida del inmueble y
necesarios para la compra de uno nuevo, que se reclaman -y se
calculan en torno al 6,34% del valor del nuevo inmueble en caso de que
sea de segunda mano y de 11,04% si fuera de obra nueva, de
conformidad con un estudio recabado por la asociación de afectadostampoco
son indemnizables, puesto que nada obliga a los reclamantes a
invertir la indemnización que reciban en la adquisición de otra vivienda.
Los daños morales ya se han valorado, por cuanto así lo previene el
informe de valoración que se ha tomado como referencia para calcular
la indemnización propuesta que, por ejemplo, en el caso de las
viviendas, considera superiores los daños que deben ser indemnizados
por este concepto a los propietarios que residían en los inmuebles
afectados, por comparación con los que sufren los que las tenían
arrendadas o, incluso, si se tratara de segundas viviendas.
En referencia a los llamados ?perjuicios financieros?, causados por
el impacto fiscal de las indemnizaciones, señalar que tampoco se
concretan ni acreditan por los reclamantes, y recordar que el artículo
7.q) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
37/38
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio, dispone que están exentas las indemnizaciones
satisfechas por las Administraciones Publicas por daños personales
como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos,
cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos
previstos en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
públicas en materia de responsabilidad patrimonial hasta el 1 de
octubre de 2016, y con posterioridad a esa fecha por los artículos 91 y
92 de la LPAC y a los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, la parte de
daño moral estaría exenta de tributación, si bien en cuanto al resto, el
referido impacto fiscal dependería del destino de la indemnización y, por
tanto, se trataría de un ?daño? incierto que, por eso no encaja entre los
que resultan indemnizables en el ámbito de la institución de la
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede reconocer la responsabilidad patrimonial de la Comunidad
de Madrid por los daños en la vivienda, sita en la calle ??, de San
Fernando de Henares, una cuantía total de 286.927,22?, cantidad que
deberá actualizarse al momento de su reconocimiento.
38/38
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 11 de abril de 2024
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 196/24
Excmo. Sr. Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
C/ Maudes,17 - 28003 Madrid
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