Última revisión
06/05/2024
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0183/24 del 11 de abril de 2024
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 11/04/2024
Num. Resolución: 0183/24
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 11 de abril de 2024, sobre la consulta formulada por la consejera de Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por Dña. ??, D. ?? y Dña. ??, por los daños y perjuicios sufridos por el fallecimiento de su padre y esposo, D. ??, que atribuyen al retraso de tratamiento de una patología cardiaca en el Centro de Salud Abrantes.Tesauro: Lex artis
Lex artis. Obligación de medios
Relación de causalidad no acreditada
Retraso de diagnóstico
Retraso en la asistencia sanitaria
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 11
de abril de 2024, sobre la consulta formulada por la consejera de
Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de
diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial
promovido por Dña. ??, D. ?? y Dña. ??, por los daños y perjuicios
sufridos por el fallecimiento de su padre y esposo, D. ??, que
atribuyen al retraso de tratamiento de una patología cardiaca en el
Centro de Salud Abrantes.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 13 de julio de 2022, las personas mencionadas en
el encabezamiento, asistidas por un abogado, presentaron un escrito en
el registro del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), en el que
relataban que su familiar, el 19 de abril de 2021, acudió al Centro de
Salud Abrantes para revisar su tensión, puesto que en los últimos
meses se encontraba más alta de lo habitual. Refieren que el equipo
médico decidió llevar a cabo un electrocardiograma en el que se
evidenció una alteración, motivo por el cual se derivó al paciente al
Servicio de Cardiología, ?con mal control de TA, con ECG con
extrasístoles?. Según referían, dicho informe fue enviado y
Dictamen n.º: 183/24
Consulta: Consejera de Sanidad
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 11.04.24
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posteriormente revisado por el Servicio de Cardiología del Hospital 12 de
Octubre donde se consideró que el cuadro del paciente no revestía
gravedad y que teniendo en cuenta sus antecedentes clínicos no era
necesario llevar a cabo otras pruebas cardiológicas en ese momento, si
bien advertían que, en el caso de aparición clínica, el paciente fuera
remitido a la consulta de Cardiología.
Los reclamantes continuaban señalando que, el 2 de julio de
2021, su familiar acudió al centro de salud para la cura de una
pequeña úlcera que sufría en su pie y trasladó a la enfermera que
seguía sin recibir la citación para ser explorado por el Servicio de
Cardiología y alertó de que continuaba con alteraciones en la tensión
arterial y que además sufría una gran fatiga y dolor torácico. Refieren
que, en esta ocasión, la enfermera le confesó que se había olvidado de
llamarle pero que el cardiólogo le había confirmado que tras estudiar su
historial clínico había determinado que en su caso no era necesario
llevar a cabo ninguna prueba más pues que el cuadro cardiológico
presentado por el paciente se debía a sus patologías previas como la
obesidad y EPOC. Sin embargo, como continuaba encontrándose muy
mal, muy cansado y con una progresiva dificultad respiratoria, su
familiar solicitó una cita presencial con el cardiólogo, si bien, en
Atención Primaria le advirtieron que no podría ser presencial, sino
telefónica y que el mismo 27 de julio se pondrían en contacto con él.
Los reclamantes sostienen que el centro de salud hizo caso omiso
a las advertencias del paciente cuyo cuadro había empeorado desde
abril, con aumento de la disnea, fatiga y malestar general. Destacan que
la llamada agendada para el día 27 de julio tampoco se llegó a producir,
motivo por el que su familiar volvió a acudir al Centro de Salud
Abrantes, si bien se le volvió a advertir que no debía preocuparse por
nada, que su sintomatología se debía a los antecedentes clínicos, que
no se trataba de ninguna patología severa cardiológica y que se quedara
tranquilo. No obstante, en la tarde del 16 de agosto de 2021, su familiar
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se desplomó en su casa de Toledo falleciendo de manera instantánea.
Los Servicios de Urgencias del SESCAM iniciaron maniobras de
reanimación, pero sólo pudieron certificar su muerte.
Según el escrito de reclamación, el 17 de agosto de 2021, se llevó
a cabo, por parte del Instituto de Medicina Legal de Toledo, la autopsia
del cadáver que concluyó que la causa fundamental de la muerte fue
una miocardiopatía dilatada probablemente asociada a cardiopatía
isquémica, y la causa inmediata, una parada cardiorrespiratoria.
En virtud de lo expuesto, los reclamantes reprochan que su
familiar falleció sin recibir asistencia cardiológica alguna, ni
seguimiento, ni tratamiento ni diagnóstico, a pesar de que la patología
cardiaca estuvo dando la cara durante meses.
El escrito de reclamación cuantifica el importe de la indemnización
solicitada en 281.278 euros, desglosados en 161.407,10 euros para la
esposa; 66.772,80 euros, para la hija y 53.098,80 euros, para el hijo.
Se acompañó al escrito con copia del libro de familia del fallecido;
documentación médica del familiar de los reclamantes; el informe de
autopsia; cálculo de la indemnización solicitada y certificado de
empadronamiento de la hija en el domicilio de los padres (folios 1 a 54
del expediente).
SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes
hechos de interés para la emisión del dictamen:
El familiar de los reclamantes, de 62 años de edad en la fecha de
los hechos que se describen en la reclamación, contaba con
antecedentes de considerable obesidad; hipertensión arterial; diabetes
mellitus; dislipemia sin claudicación intermitente; enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC); síndrome de apnea hipopnea
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obstructiva del sueño, por lo que el paciente era portador de CPAP y
sometido a revisiones periódicas; sospecha de síndrome aórtico agudo
con TAC realizado en el año 2009 que descartó dicha sospecha, por lo
que no recibió ningún tratamiento.
El 14 de abril de 2021, el paciente fue controlado por el síndrome
de apnea hipopnea obstructiva del sueño, apreciándose estabilidad
clínica y funcional. No presentaba tos, expectoración, fiebre o síndrome
constitucional. No tenía agudizaciones desde la última revisión.
Realizaba la medicación pautada. Disnea grado 0 mMRC. Buen control
y tolerancia con CPAP.
En la historia clínica del Centro de Salud Abrantes figura anotado
en el episodio de hipertensión arterial, el 19 de abril de 2021, consulta
telefónica con el Centro de Salud Carabanchel Alto: ?Con mal control de
TA, con TAS >, en lado D que, en el izdo, con ECG extrasístoles. Plan:
mañana se hace e-consulta a cardio?.
Se realiza e-consulta el 20 de abril 2021 y se anota en la historia
clínica: ?hablo con otra persona, el paciente se ha ido a caminar. Explico
q dejo PIC (e-consulta en mostrador)?.
Figura en la historia clínica del Hospital Universitario 12 de
Octubre (folio 113) la e-consulta con su contenido y respuesta:
?E_consulta.\r\nSolicitud: HTA (NO COMPL.), paciente de 62 años,
HTA con mal control (TAS 150-160 ), se realiza medición de TA en
brazo D 150/84 y brazo izdo 138/82, se realiza ECG. RS eje 30º,
onda Q en 111 (ecg en 2014 descrito), con extrasístoles aislados,
HVI. el paciente se encuentra asintomático, remito ECG , solicito
valoración, un saludo \'r\n\r\n Respuesta: Reviso el ECG donde
presenta RS a unos 80 1pm. QRS estrecho. Q en 111 y aVF. No
alteraciones de la conducción ni la repolarización. 1 EV. Reviso
historia y el paciente es SAHS y EPOC, donde estas ondas Q se
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presentan frecuentemente, sobre todo si además son obesos. Dado
que el paciente está asintomático, no considero necesario otras
pruebas cardiológicas en este momento. En caso de aparición de
clínica, remitir a nuestra consulta?.
El 2 de julio de 2021, se anota en la historia clínica de Atención
Primaria, en el apartado ?actividades preventivas?, que el paciente
realiza ?trasgresiones dietéticas (dulce, chocolate, pipas?) con ganancia
de peso y aumento de disnea. Peso desnudo en casa 112?. Se establece
como plan ?reflexionar que le lleva a trasgresiones dietéticas. Conoce
riesgos?.
El 22 de julio de 2021, se realizó la revisión de EPOC y SAHS en el
Hospital Universitario 12 de Octubre. Se anotó la estabilidad clínica y
funcional. Se pautó mantener su tratamiento habitual, perder peso,
Enurev una capsula inhalada cada 24 horas, Ventolin de rescate, CPAP
a 10 cmH2O durante todas las horas de sueño, incluida la siesta y cita
con Rx.
El 28 de julio de 2021, el paciente es atendido en el centro de
salud por presentar una herida pequeña en pierna derecha que refiere
haber sufrido por usar calzado nuevo hace unos meses. Se limpió la
herida y se citó para comprobar evolución. El 30 de julio de 2021 se
constató que la herida estaba prácticamente curada y se realizó nueva
limpieza.
El 3 de agosto de 2021, el paciente consultó por gonalgia derecha,
diagnosticándose gonartrosis bilateral con control analgésico por parte
del médico de Atención Primaria.
El 10 de agosto de 2021, se anota en la historia clínica de
Atención Primaria ?informo de la e-consulta de cardio?.
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Según la documentación aportada por los interesados del
SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), el 16 de agosto de
2021, los familiares avisaron a los servicios de Urgencias porque habían
encontrado al paciente caído en el suelo con ausencia de signos vitales.
Se realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar, sin resultado,
y se certificó la muerte instantánea.
Según el informe de autopsia realizado por el Instituto de
Medicina Legal de Toledo, el 6 de septiembre de 2021, ?se objetiva
cardiomegalia y miocardiopatía dilatada. Se evidencia, así mismo, zona
oscurecida en el espesor de la cara posterior del ventrículo izquierdo que
permite sospechar la existencia de cardiopatía isquémica. Con el fin de
confirmar dicha hipótesis, se remite la víscera cardiaca fijada en formol al
Servicio de Histopatología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses de Las Rozas de Madrid??. Las conclusiones médico legales
del informe de autopsia son: ?Etiología médico legal del fallecimiento:
muerte natural. Data aproximada de la muerte: en torno a las 16:00
horas del día 16/8/21. Causa fundamental de la muerte: miocardiopatía
dilatada probablemente asociada a cardiopatía isquémica (en estudio).
Causa inmediata de la muerte: parada cardiorrespiratoria?.
TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción
del expediente conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).
Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica del paciente
del Centro de Salud Abrantes y del Hospital Universitario 12 de Octubre
(folios 57 a 252 del expediente).
Asimismo, consta en el procedimiento el informe de 10 de agosto
de 2022 de la directora del referido centro de salud, que se limita a dar
cuenta de la asistencia dispensada al familiar de los interesados según
consta en la historia clínica.
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El 6 de septiembre de 2022, la directora del Centro de Salud
Abrantes emitió un informe complementario, en el que indicó que no
hay en ningún episodio de la historia clínica ni ningún episodio de
Urgencias por dolor torácico o disnea, que haya sido valorado por
Enfermería ni por parte de Medicina de Familia. Indica haber hablado
con la enfermera que se encargaba del paciente y no recordaba que en
su situación clínica en la consulta hubiera precisado remitir a Medicina
de Familia para ser valorado en ese momento, siendo un paciente con
trasgresiones dietéticas y con mal control de sus factores de riesgo
cardiovascular que se le recordaba en las visitas de Enfermería.
Figura también en el procedimiento el informe de 28 de julio de
2023 de la Inspección Sanitaria que, tras analizar la historia clínica del
paciente, el informe emitido en el curso del procedimiento, así como
realizar las oportunas consideraciones médicas concluye que el
personal sanitario que atendió a este paciente actuó conforme a la lex
artis en todo momento y el fatal desenlace se debió a los múltiples
factores de riego que el familiar de los reclamantes tenía, muchos de
ellos ligados a su estilo de vida.
Una vez instruido el procedimiento se confirió trámite de
audiencia a los reclamantes. Consta que, el día 6 de noviembre de
2023, los interesados formularon alegaciones en las que incidieron en
los términos de su reclamación inicial y se opusieron a las conclusiones
del informe de la Inspección Sanitaria.
Finalmente, el 19 de febrero de 2024, se ha formulado la
propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación al considerar
que no se ha acreditado la infracción de la lex artis en la asistencia
sanitaria reprochada.
CUARTO.- El 13 de marzo de 2024 se formuló preceptiva consulta
a este órgano consultivo, registrada en la Comisión Jurídica Asesora de
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la Comunidad de Madrid con el n.º 158/24. La ponencia correspondió a
la letrada vocal, Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán, que formuló y
firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el
Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 11 de abril de
2024.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28
de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros , y a solicitud de la
consejera de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de
Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 19 de enero, (en adelante,
ROFCJA).
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, se regula en la LPAC de conformidad con su artículo 1.1,
con las particularidades previstas para los procedimientos de
responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su regulación
debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), cuyo
capítulo IV del título preliminar se ocupa de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.
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Los reclamantes ostentan legitimación activa para promover el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a lo dispuesto
en el artículo 4 de la LPAC y el artículo 32 de la LRJSP, en cuanto que
sufren el daño moral causado por el fallecimiento de su esposo y padre.
Los interesados han acreditado la relación de parentesco con el fallecido
mediante copia del libro de familia.
La legitimación pasiva resulta indiscutible que corresponde a la
Comunidad de Madrid, toda vez que la asistencia sanitaria reprochada
se prestó por el Centro de Salud Abrantes, centro sanitario integrado en
la red sanitaria pública madrileña.
En cuanto al plazo para el ejercicio del derecho a reclamar, es de
un año contado desde que se produjo el hecho o el acto que motive la
indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo (cfr. artículo 67.1 de
la LPAC).
En el presente caso, ocurrido el fallecimiento del familiar de los
reclamantes el día 16 de agosto de 2021, la reclamación formulada el
13 de julio de 2022, se ha presentado indudablemente en el plazo legal.
En cuanto al procedimiento seguido en la tramitación de la
reclamación de responsabilidad patrimonial, se observa que en
cumplimiento del artículo 81 de la LPAC se ha emitido informe por el
servicio implicado en la asistencia sanitaria reprochada en el Centro de
Salud Abrantes. Además, se ha incorporado el informe de la Inspección
Sanitaria y la historia clínica del paciente fallecido. Tras la instrucción
del expediente se confirió el trámite de audiencia a los interesados y,
finalmente, se ha redactado la propuesta de resolución en sentido
desestimatorio de la reclamación de responsabilidad planteada.
En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la
instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido
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ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte imprescindible
para resolver.
TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración
se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española y garantiza el
derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos.
Según constante y reiterada jurisprudencia, el sistema de
responsabilidad patrimonial presenta las siguientes características: a)
unitario: rige para todas las Administraciones; b) general: abarca toda
la actividad -por acción u omisión- derivada del funcionamiento de los
servicios públicos, tanto si éstos incumben a los poderes públicos, como
si son los particulares los que llevan a cabo actividades públicas que el
ordenamiento jurídico considera de interés general; c) de
responsabilidad directa: la Administración responde directamente, sin
perjuicio de una eventual y posterior acción de regreso contra quienes
hubieran incurrido en dolo, culpa, o negligencia grave; d) objetiva,
prescinde de la idea de culpa, por lo que, además de erigirse la
causalidad en pilar esencial del sistema, es preciso que el daño sea la
materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el
servicio público; y, e) tiende a la reparación integral.
Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la
Administración son precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva
realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas. b) Que
el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una
relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin
intervención de elementos extraños que pudieran alterar dicho nexo
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causal. c) Ausencia de fuerza mayor, y d) que el reclamante no tenga el
deber jurídico de soportar el daño.
En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que
presenta este instituto es que por las singularidades del servicio público
de que se trata, se ha introducido el concepto de la lex artis ad hoc
como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. En este
sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11
de marzo de 2022 (recurso 771/2020), recuerda que, según consolidada
línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo,
«el hecho de que la responsabilidad extracontractual de las
Administraciones públicas esté configurada como una
responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste con
haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en
el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico
correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que
indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Antes, al
contrario: para que haya obligación de indemnizar es preciso que
haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el
daño recibido, y que éste sea antijurídico, es decir: ?que se trate de
un daño que el paciente no tenga el deber de soportar, debiendo
entenderse por daño antijurídico, el producido (cuando) no se actuó
con la diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc?.
En consecuencia lo único que resulta exigible a la Administración
Sanitaria ? ... es la aplicación de las técnicas sanitarias en función
del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse
una responsabilidad basada en la simple producción del daño,
puesto que en definitiva lo que se sanciona en este tipo de
responsabilidad es una indebida aplicación de medios para la
obtención de resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea
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absolutamente beneficioso para el paciente? ( STS Sección 6ª Sala CA
, de 7 marzo 2007).
En la mayoría de las ocasiones, la naturaleza jurídica de la
obligación de los profesionales de la medicina no es la de obtener en
todo caso la recuperación de la salud del enfermo, obligación del
resultado, sino una obligación de medios, es decir, se obligan no a
curar al enfermo, sino únicamente a dispensarle las atenciones
requeridas, según el estado de la ciencia (SSTS de 4 de febrero y 10
de julio de 2002 y de 10 de abril de 2003).
En definitiva, el título de imputación de la responsabilidad
patrimonial por los daños o perjuicios generados por el
funcionamiento normal o anormal de los servicios de asistencia
sanitaria, no consiste sólo en la actividad generadora del riesgo,
sino que radica singularmente en el carácter inadecuado de la
prestación médica llevada a cabo, que puede producirse por el
incumplimiento de la lex artis o por defecto, insuficiencia o falta del
servicio.
A lo anterior hay que añadir que no son indemnizables los daños
que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen
podido evitar o prever según el estado de los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existentes en el momento que se producen
aquéllos, de suerte que si la técnica empleada fue correcta de
acuerdo con el estado del saber, el daño producido no sería
indemnizable por no tratarse de una lesión antijurídica sino de un
riesgo que el paciente tiene el deber de soportar y ello aunque
existiera un nexo causal.
En la asistencia sanitaria el empleo de la técnica correcta es un
dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado
producido ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el
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estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si a
pesar de ello causó el daño o más bien pudiera obedecer a la propia
enfermedad o a otras dolencias del paciente».
CUARTA.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, resulta
acreditado el fallecimiento de una persona, que provoca un ?daño moral
cuya existencia no necesita prueba alguna y ha de presumirse como
cierto? (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2004 -
recurso 7013/2000- y en similar sentido la Sentencia de 25 de julio de
2003 -recurso 1267/1999).
Una vez determinado el daño en los términos expuestos, procede
analizar la concurrencia de los demás requisitos necesarios para
reconocer la existencia de responsabilidad patrimonial.
Los reclamantes aducen que su familiar falleció ?sin recibir
asistencia cardiológica alguna, ni seguimiento, ni tratamiento ni
diagnóstico, a pesar de que la patología cardiaca estuvo dando la cara
durante meses?. En este sentido reprochan que en la consulta con
Cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre, de 21 de abril de
2021, se indicó que ?en caso de aparición clínica? debía remitirse al
paciente al consulta y, sin embargo, a pesar de que el familiar de los
interesados acudió al centro de salud con alteraciones de la tensión
arterial, ?gran fatiga y dolor torácico?, no fue remitido al referido Servicio
de Cardiología.
Centrado así el objeto de la reclamación, vamos a analizar los
reproches enunciados, partiendo de lo que constituye la regla general y
es que la prueba de los presupuestos que configuran la responsabilidad
patrimonial de la Administración corresponde a quien formula la
reclamación. En este sentido se ha pronunciado, entre otras, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de abril de
2022 (recurso 1079/2019), con cita de la jurisprudencia del Tribunal
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Supremo. Además, como añade la citada sentencia, ?las alegaciones
sobre negligencia médica deben acreditarse con medios probatorios
idóneos, como son las pruebas periciales médicas, pues estamos ante
una cuestión eminentemente técnica?.
En este caso, los reclamantes no han aportado al procedimiento
ninguna prueba que acredite que la asistencia sanitaria no fue
conforme a la lex artis, sin que sirvan a tal efecto sus afirmaciones. Por
el contrario, los informes médicos que obran en el expediente
contrastados con la historia clínica examinada descartan la mala praxis
denunciada. En particular, la Inspección Sanitaria, tras analizar todo el
proceso asistencial ha considerado que ?el personal sanitario que ha
atendido a este paciente ha actuado conforme a la lex artis en todo
momento y el fatal desenlace se ha debido a los múltiples factores de
riesgo que el paciente tenía, muchos de ellos ligados a su estilo de vida?.
En este punto cabe recordar el especial valor que esta Comisión
Jurídica Asesora atribuye a la opinión de la Inspección Sanitaria, pues,
tal y como recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así su
Sentencia de 24 de mayo de 2022 (recurso 786/2020), ?sus
consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen también un
elemento de juicio para la apreciación técnica de los hechos jurídicamente
relevantes para decidir la litis puesto que, con carácter general, su fuerza
de convicción deviene de los criterios de profesionalidad, objetividad, e
imparcialidad respecto del caso y de las partes que han de informar la
actuación del Médico Inspector, y de la coherencia y motivación de su
informe?.
Según se constata en la historia clínica, el 19 de abril de 2021, el
familiar de los reclamantes consultó en el centro de salud por alteración
de la tensión arterial. Según refiere la Inspección Sanitaria, en ese
momento, se actuó de manera correcta por parte de los profesionales
del centro de salud, realizando un EGG, donde se observan algunas
alteraciones onda Q en III, por lo que rápidamente se realizó
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interconsulta con el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario
12 de octubre, que consideró que esas alteraciones son frecuentes en
pacientes obesos con SAHS y que, si no van acompañadas de clínica,
como fue el caso, no hay que hacer nada indicando que si apareciera
clínica sería entonces cuando habría que tomar medidas.
Los reclamantes sostienen que esa clínica se produjo en fechas
posteriores, si bien en la historia clínica examinada no se constata
dicha afirmación, pues únicamente se evidencia en la asistencia del día
2 de julio de 2021, el aumento de disnea, que se asocia con la ganancia
de peso, por lo que se recomienda evitar las trasgresiones dietéticas
pues el paciente ?conoce los riesgos?. Incluso en la revisión de 22 de
julio de 2021, por EPOC y SAHS en el Hospital Universitario 12 de
Octubre, se anotó la estabilidad clínica y funcional del paciente y de
nuevo se recomienda la bajada de peso. No hay constancia alguna de
otras consultas relacionadas con los síntomas que se detallan en la
reclamación, relativos a gran fatiga o dolor torácico.
Para la Inspección Sanitaria, la muerte súbita que llevó al
fallecimiento de este paciente vino motivada por los factores de riesgo
que padecía muchos de ellos ligados al estilo de vida. Así, la Inspección
Sanitaria destaca que el familiar de los reclamantes contaba con
importantes factores de riesgo. En este sentido, señala que tenía una
importante obesidad mórbida (120 kg en la fecha del fallecimiento con
una estatura de 1,60 m), que es el factor de riesgo de enfermedad
cardiovascular más prevalente y de diversas enfermedades coronarias
como son: infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, algunas
arritmias y muerte súbita. Además, se constata en la historia clínica las
trasgresiones dietéticas y el incumplimiento de las recomendaciones
médicas sobre la dieta (así en la consulta de 2 de julio de 2021 en el
Centro de Salud Abrantes). Asimismo, padecía hipertensión arterial y
diabetes mellitus mal controlada, junto con EPOC y síndrome de apnea
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obstructiva del sueño (SAOS), que, según la Inspección Sanitaria,
aunque leve, puede aumentar significativamente el riesgo de muerte
súbita cardiaca.
Asimismo, la Inspección Sanitaria subraya que en la autopsia se
apreció una cardiomegalia (aumento del tamaño del corazón) que,
según sus propias palabras, ?no es una enfermedad como tal? y una
zona más oscura en el corazón que podría ser sugerente de cardiopatía
isquémica por lo que se envió la pieza del corazón en formol al Servicio
de Histopatología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses de las Rozas en Madrid ?para que analizaran si era infarto o
no?. Según refiere la Inspección Sanitaria, los reclamantes, que
presentan la reclamación un año después, podrían haber solicitado este
nuevo informe y haberlo adjuntado y esto no lo han hecho, si bien, a su
juicio, no cambiaría la valoración del caso, pues incide en que la muerte
súbita que llevo al fallecimiento de este paciente estuvo ligada a los
mencionados factores de riesgo.
En definitiva, a falta de otro prueba aportada por los interesados y
a tenor del relevante criterio de la Inspección Sanitaria, es posible
descartar la relación causal entre el fallecimiento y la asistencia
sanitaria recibida por parte del Centro de Salud Abrantes, que de
manera inmediata, en cuanto apreció alteraciones en el EGG realizado
al familiar de los reclamantes el 19 de abril de 2021 consultó con un
servicio especializado, el Servicio de Cardiología del Hospital
Universitario 12 de Octubre, que asoció dichas alteraciones con la
obesidad y el problema de SAOS del paciente y recomendó consultar en
caso de aparición de clínica que, como hemos visto en líneas anteriores,
no se manifestó en consultas posteriores en el centro de salud.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
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CONCLUSIÓN
Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
al no haberse acreditado la relación de causalidad entre el fallecimiento
del paciente y la asistencia sanitaria recibida, y, en todo caso, no
haberse probado una infracción de la lex artis ad hoc.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 11 de abril de 2024
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 183/24
Excma. Sra. Consejera de Sanidad
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