Última revisión
06/05/2024
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0174/24 del 4 de abril de 2024
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 04/04/2024
Num. Resolución: 0174/24
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 4 de abril de 2024, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial que para el citado municipio se habría derivado de la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial de 8 de noviembre de 2021, por la que se declaró la pérdida del derecho al cobro de la subvención asignada a la Comunidad de Madrid, por la Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, con fundamento en que la Comunidad de Madrid no cumplió diligentemente la obligación de certificación de los contratos adjudicados por la entidad local reclamante, conforme imponían las bases reguladoras.Tesauro: Prescripción. Interpretación restrictiva
Subvenciones
Contratación pública
Estándar de calidad
Expectativa de derecho
Dilaciones indebidas
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 4 de
abril de 2024, emitido ante la consulta formulada por el consejero de
Medio Ambiente, Agricultura e Interior, al amparo del artículo 5.3 de la
Ley 7/2015, de 28 de diciembre, sobre la reclamación de responsabilidad
patrimonial que para el citado municipio se habría derivado de la
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial de 8 de
noviembre de 2021, por la que se declaró la pérdida del derecho al cobro
de la subvención asignada a la Comunidad de Madrid, por la Resolución
de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, con fundamento en que la Comunidad de
Madrid no cumplió diligentemente la obligación de certificación de los
contratos adjudicados por la entidad local reclamante, conforme
imponían las bases reguladoras.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 25 de noviembre de 2022, la alcaldesa presidenta del
Ayuntamiento de Nuevo Baztán presentó un escrito de responsabilidad
patrimonial por los daños ocasionados al municipio, por la Resolución de
8 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Política
Dictamen n.º: 174/24
Consulta: Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e
Interior
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 04.04.24
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Territorial, por la que se declaró la pérdida del derecho al cobro de la
subvención previamente asignada a la Comunidad de Madrid, en virtud
de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado
de Política Territorial y Función Pública.
La reclamación se fundamenta en que, conforme al criterio de la
referida corporación local, la Comunidad de Madrid no cumplió con la
obligación que como entidad beneficiaria de la subvención le imponía el
artículo 12.1 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, rectora de las
subvenciones, consistente en aportar, dentro del plazo fijado al efecto,
los certificados de adjudicación de los proyectos de obra para los que les
había sido otorgada la subvención, según la información remitida por la
referida corporación local y que, dicho incumplimiento determinó que, en
virtud de la Resolución de Secretaría de Estado de Política Territorial de
8 de noviembre de 2021, antes citada, se declarase la pérdida del
derecho al cobro de la subvención previamente asignada a la Comunidad
de Madrid, en virtud de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, en la
parte correspondiente a los proyectos de los que el ayuntamiento
referenciado era destinatario.
Explica la entidad local reclamante que, a pesar de la concurrencia
de diversos obstáculos y circunstancias impeditivas, remitió a la
Comunidad de Madrid en tiempo y forma la documentación acreditativa
de la adjudicación de cinco de los proyectos promovidos por dicho
ayuntamiento y a los que se les había reconocido la correspondiente
subvención (los proyectos número 973, 984, 986, 990 y 992). No
obstante, afirma que la Comunidad de Madrid no cumplió con la
obligación que como entidad beneficiaria de la subvención le imponía el
precitado artículo 12.1 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero,
consistente en aportar, dentro del plazo fijado al efecto, los certificados
de adjudicación de los mencionados proyectos de obra a los que les
había sido otorgada la subvención, emitidos en atención a la
documentación presentada en plazo por el propio Ayuntamiento de
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Nuevo Baztán, y que dicho incumplimiento determinó que, la Secretaría
de Estado de Política Territorial declarase la pérdida del derecho al cobro
de la subvención previamente asignada a la Comunidad de Madrid, en
favor del municipio reclamante.
Por lo expuesto, la corporación local reclama a la administración
autonómica una indemnización en cuantía de 589.305 ?, o
subsidiariamente de 226.620,50 ?.
Tras efectuar la correspondiente solicitud de aclaración a la
administración local, mediante escrito de 9 de enero de 2023, sobre tales
importes, el Ayuntamiento de Nuevo Baztán explicó que la cantidad
principal reclamada equivale a la de las subvenciones inicialmente
asignadas a los cinco proyectos de obras, respecto de los que la
corporación local interesada aportó la documentación relativa a su
adjudicación en plazo; mientras que la indemnización solicitada de forma
subsidiaria coincide con la suma del importe subvencionable
correspondiente a los proyectos 986, 990 y 992, por ser esos los únicos
que, tras la pérdida de la subvención, el Ayuntamiento de Nuevo Baztán
tuvo capacidad económica para poder ejecutar.
SEGUNDO.- De la documentación aportada se desprenden los
siguientes hechos de interés:
1.Mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas HAP/196/2015, de 21 de enero de 2015, se aprobaron las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la ejecución de
obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e
instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las
mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes
viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y
comunidades autónomas uniprovinciales.
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Se determina en la referida orden, el procedimiento genérico que
permite aplicar el mecanismo subvencional de asignación de las ayudas
económicas indicadas, conferidas por la Administración General del
Estado- AGE-, que se encuentran destinadas a colaborar en la
financiación de los gastos de inversión que las entidades locales se vean
abocadas a realizar a consecuencia de determinadas catástrofes
naturales.
Así pues, entre otras cuestiones atinentes a su régimen jurídico, en
dichas bases se determinan quienes se consideran entidades
beneficiarias (entre las cuales se encuentran las comunidades
autónomas uniprovinciales), los fines y gastos subvencionados y el
procedimiento de concesión de las ayudas, con todos sus trámites
preceptivos y los plazos aplicables, además de su eventual reintegro.
Por su parte, el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre,
adoptó medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas y su artículo 1.1 declaraba varias zonas
de varias provincias y comunidades autónomas, como afectadas
gravemente por emergencias de protección civil ?tales como incendios,
temporales y otras catástrofes naturales-, adoptando medidas urgentes
en su interés.
Entre tales medidas, se incluían las de fomento, recogiendo una
serie de ayudas para solventar tales daños, a través de las cuales se
financiaría hasta el 50% de los proyectos directamente relacionados con
los siniestros antedichos, que ejecutasen los correspondiente
ayuntamientos y otras corporaciones públicas, como destinatarias
finales, relativos a las obras de reparación o restitución de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de su
titularidad, incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), facultando en su
artículo 9 a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y
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Función pública, a establecer un procedimiento para la concesión,
seguimiento y control de tales subvenciones.
Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Política
territorial y Función pública, de 25 de mayo de 2020 se aprobó una
convocatoria de las subvenciones previstas en el Real Decreto-Ley
11/2019, de 20 de septiembre, publicándose un extracto de la misma en
el BOE nº 155, de 2 de junio de 2020. Las entidades beneficiarias
podrían ser, entre otras, las comunidades autónomas uniprovinciales,
como la de Madrid, ?sin perjuicio del carácter de interesados de las
entidades locales solicitantes, incluidas en el ámbito territorial de
aplicación?.
Asimismo, se indicaba en la referida convocatoria, entre otras
normas procedimentales, un plazo de presentación de las solicitudes de
quince días, a contar a partir del 2 de junio de 2020, por el conducto de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones y, se reiteraba la previsión
del artículo 12.1 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, relativa a
otro plazo de tres meses, siguientes a la resolución de asignación de
subvenciones, para que las entidades beneficiarias ?en este caso, la
Comunidad de Madrid? remitiesen la documentación acreditativa de la
adjudicación de los proyectos para los que hubiese sido asignada
subvención y el artículo 12.4 de la Orden HAP/196/2015 determinaba
que, ?la falta de remisión, en la forma y plazo establecido, del certificado
de adjudicación, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención
asignada a la obra correspondiente?.
La reclamación de responsabilidad patrimonial que nos ocupa, se
plantea a consecuencia de la pérdida del derecho al cobro de ciertas
subvenciones previamente asignadas a la Comunidad de Madrid, en
interés del municipio de Nuevo Baztán, regidas por la normativa
antedicha.
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2. El Ayuntamiento de Nuevo Baztán interesó las ayudas
referenciadas para abordar las actuaciones más importantes destinadas
a reparar los daños sufridos en determinadas infraestructuras e
instalaciones municipales, a consecuencia de una DANA que tuvo lugar
el día 15 de septiembre de 2019.
El 20 de noviembre de 2020 se publicó en el BOE la Resolución de
17 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, por la que se acordó la asignación de las
subvenciones previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de
20 de septiembre, con cargo a determinadas asignaciones
presupuestarias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
vigentes en ese momento, incluyendo la relación de las subvenciones
asignadas nominalmente a la Comunidad de Madrid, algunas de ellas
con destino a la resolución de servicios e infraestructuras municipales
de Nuevo Baztán.
Habiéndose publicado en el BOE del día 20 de noviembre de 2020
la citada Resolución de 17 de noviembre de 2020, el plazo de tres meses
previsto para acreditar la adjudicación de los proyectos a los que se
había asignado la subvención habría vencido el 20 de febrero de 2021.
Según consta, el 23 de diciembre de 2020, la Dirección General de
Seguridad, Protección Civil y Formación de la entonces Consejería de
Justicia, Interior y Víctimas, comunicó al Ayuntamiento de Nuevo Baztán
su competencia en relación con la gestión de las subvenciones indicadas
y le requirió expresamente que le trasladara ?en el menor plazo de tiempo
posible, la información precisa para poder cumplir con los plazos de
justificación previstos?, a efectos de la emisión del certificado al que se
refiere el Anexo II de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero.
Entre tanto, la Dirección General de Cooperación Autonómica y
Local del ministerio competente, decidió ampliar de oficio el plazo de
justificación antes señalado, mediante Resolución de 21 de enero de
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2021, para todos los proyectos financiados en la convocatoria, hasta el 5
de abril de 2021, atendiendo a diversas circunstancias concurrentes que
pusieron de manifiesto diversas entidades locales, en su condición de
interesadas en el procedimiento de concesión de las subvenciones.
Dentro del señalado período de prórroga, el 25 de marzo de 2021 el
Ayuntamiento de Nuevo Baztán comunicó por medio de correo
electrónico a la Subdirección General de Protección Civil de la entonces
Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dicha entidad
local había solicitado una nueva prórroga del plazo para la certificación
de la adjudicación de las obras correspondientes, ante la imposibilidad
por parte del ayuntamiento solicitante de remitir dentro del plazo que
finalizaba el 5 de abril de 2021, la mayoría de los certificados de los
acuerdos de adjudicación de los contratos de obras relativos a los
proyectos que habían sido objeto de subvención, debido, entre otras
circunstancias, a la falta de cobertura del puesto de la Secretaría del
ayuntamiento.
El mismo día 25 de marzo de 2021, la Subdirección General de
Protección Civil de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, dirigió
un correo electrónico al ministerio, apoyando la petición formulada por el
Ayuntamiento de Nuevo Baztán y, en respuesta a dicha consulta, el 26
de marzo de 2021 se trasladó por la misma vía la imposibilidad de una
segunda ampliación del plazo, puesto que ya había sido ampliado de
oficio por el tiempo máximo legalmente permitido.
El 30 de marzo de 2021 se recibió en la Subdirección General de
Protección Civil un correo electrónico procedente del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, recordando la inminencia del
vencimiento del plazo para la presentación de los certificados de
adjudicación de las obras objeto de subvención, lo que se trasladó el
mismo día al Ayuntamiento de Nuevo Baztán, por la autoridad
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autonómica madrileña. El referido ayuntamiento, en respuesta a tal
comunicación, dirigió un correo electrónico a la Subdirección General de
Protección Civil en el que manifestaba que ?a fecha de hoy, sólo podemos
enviar el Decreto de Adjudicación de las obras, puesto que seguimos sin
secretario que pueda certificar?.
3. Con fechas 31 de marzo de 2021 y 4 y 5 de abril de 2021, el
Ayuntamiento de Nuevo Baztán presentó en el registro de la entonces
Consejería de Vivienda y Administración Local, con destino a la
Dirección General de Administración Local de dicha consejería, los
decretos de adjudicación de las obras correspondientes a 5 de los 11
proyectos en interés del municipio, previstos en la subvención asignada
previamente a la Comunidad de Madrid, en concreto los denominados
?Reconstrucción del Camino del Boleo? (proyecto número 973),
?Reconstrucción depuradora piscina municipal? (proyecto número 990),
?Reconstrucción de la red de saneamiento de conexión ?Las Villas? y red
general en nodo Nuevo Baztán? (proyecto número 986), ?Reconstrucción
de la instalación eléctrica de Las Villas? (proyecto 992) y ?Restauración
del césped artificial en el campo de fútbol 11 Nuevo Baztán? (proyecto
número 984), firmados todos ellos únicamente por la alcaldesapresidenta
del mencionado ayuntamiento. En los mismos se efectuaba
una amplia exposición sobre el desarrollo del procedimiento de
contratación y se indicaban los siguientes datos sobre las
adjudicaciones:
-En referencia al proyecto 984, remitido el 5 de abril de 2021, se
indicaba,: ?Adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado el
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE EJECUCION DEL
PROYECTO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DEL CÉSPED ARTIFICIAL
EN EL CAMPO DE FÚTBOL 11 NUEVO BAZTAN (EXPTE SAG/CT/8/2021),
a la empresa?, con CIF n?., en el precio de adjudicación 131.648,93?
(108.800,77? de principal o neto, más IVA), más las mejoras en cuanto a
reducción del plazo de ejecución de la obra (14 días naturales sobre el
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plazo máximo de ejecución de 5 semanas o 35 días naturales fijado en el
Pliego y Proyecto Técnico) y aumento del plazo de garantía de la misma (3
años sobre el plazo de garantía previsto por la Administración y
establecido en el Proyecto Técnico de 2 años; lo que resulta un total de 5
años de garantía); al considerar que su oferta económica es la mejor y más
ventajosa a los intereses municipales, y se ajusta a los pliegos, a los
informes que constan en el expediente y a la legislación aplicable. ??.
- Sobre el proyecto 992, remitido el 31 de marzo de 2021, se
indicaba, tras: ??Adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado
el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE EJECUCION DEL
RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS VILLAS"
(Proyecto 992 DANA, RDL 11/2019), expte. SAG/CT/4/2021, a la
empresa?, con CIF ?, en el precio de adjudicación de 95.717,53 euros
(79.105,40 euros de principal o neto, más 16.612,13 euros de IVA; más
mejoras en cuanto al plazo de ejecución de la obra y el plazo de garantía
de la misma), al considerar que su oferta económica es la mejor y más
ventajosa a los intereses municipales, y se ajusta a los pliegos, a los
informes que constan en el expediente y a la legislación aplicable. ??.
-Sobre el proyecto 986, remitido igualmente el 31 de marzo-:
??Adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado el
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE EJECUCION DEL
PROYECTO DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
SANEAMIENTO DE CONEXIÓN "LAS VILLAS" Y RED GENERAL
EXPTE SAG/CT/3/2021, a la empresa?, con CIF?, en el precio de
adjudicación de ?.( de principal o neto, más de IVA), más mejoras en
cuanto a reducción del plazo de ejecución y aumento del plazo de
garantía, al considerar que su oferta económica es la mejor y más
ventajosa a los intereses municipales, y se ajusta a los pliegos, a los
informes que constan en el expediente y a la legislación aplicable?.?.
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- En cuanto al proyecto 990, remitido el día 4 de abril de 2021:
??TERCERO.- Autorizar y comprometer el gasto correspondiente a la
adjudicación de la contratación con cargo a la aplicación de gastos
102 340 63304-PROYECTO 990. REPARACIÓN DE LA DEPURADORA
DE LA PISCINA MUNICIPAL del vigente Presupuesto municipal
CUARTO.- Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y
tramítese el pago si procede??.
- El proyecto 973, fue remitido el 4 de abril de 2021, indicando
únicamente: ?? se adjudicó a la empresa?con CIF? por importe de??.
La referida documentación, por causas que no han quedado
acreditadas, no fue recibida por la Dirección General de Seguridad,
Protección Civil y Formación de la entonces Consejería de Justicia,
Interior y Víctimas, órgano responsable de la emisión de los certificados
de adjudicación a los que hace referencia el artículo 12.1 de la Orden
HAP/196/2015, de 21 de enero, hasta el 8 de abril de 2021, habiendo ya
finalizado el plazo máximo de presentación de los citados certificados,
tres días antes.
Mediante la Resolución de 13 de mayo de 2021, la Dirección
General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública inició un procedimiento de declaración de
pérdida de derecho al cobro de la subvención asignada a la Comunidad
de Madrid mediante la Resolución de 17 de noviembre de 2020, con
fundamento en la falta de remisión en plazo, por parte de la beneficiaria
de las ayudas económicas, del certificado de adjudicación
correspondiente a cada uno de los proyectos de obra a los que les había
sido otorgada la subvención. Los proyectos afectados, eran los 11
presentados en interés del Ayuntamiento de Nuevo Baztán y 1 en interés
del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
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Una vez examinadas las alegaciones formuladas por los
ayuntamientos interesados, que fueron aportadas al procedimiento por
la entidad beneficiaria -la administración de la Comunidad de Madrid-;
el 8 de noviembre de 2021 la Secretaría de Estado de Política Territorial
dictó una Resolución por la que se declaró la pérdida del derecho al
cobro de la subvención inicialmente asignada a la Comunidad de
Madrid, en relación a los proyectos e importes relacionados en el
apartado primero de la parte dispositiva de la señalada resolución, entre
los que se encontraban todos los promovidos por el Ayuntamiento de
Nuevo Baztán.
La resolución, ponía fin a la vía administrativa y contra ella se
podría formular, ante la persona titular del Ministerio de Política
Territorial, potestativamente y con carácter previo a la interposición de
recurso contencioso-administrativo, requerimiento para su anulación o
revocación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a aquel en que tuviera lugar su notificación. Dicho
requerimiento se entendería rechazado si la Secretaría General Técnica
del Departamento no lo contestara en el mes siguiente a su recepción.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 a) y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se podría haber interpuesto directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución o, en
caso de haber interpuesto el requerimiento indicado anteriormente, a
aquél en que se recibiera la comunicación del acuerdo expreso o se
entienda presuntamente rechazado.
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Según se afirma por la representación del Ayuntamiento de Nuevo
Baztán, la indicada resolución les fue notificada por la AGE el día 24 de
noviembre de 2021.
El 24 de enero de 2022 tuvo entrada en el registro de la entonces
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior un escrito presentado por
la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, en virtud del
cual, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en
adelante LJCA, efectuaba un requerimiento previo a la vía contencioso
administrativa, dirigido conjuntamente contra la Secretaría de Estado de
Política Territorial del Ministerio de Política Territorial y contra la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de
Madrid, argumentando la inimputabilidad de esa administración
municipal en cuanto a los retrasos u omisiones en que hubiese podido
incurrir la Comunidad de Madrid, respecto de la observancia de su deber
de remisión en plazo de los certificados de adjudicación de los proyectos.
En el mismo, se indicaba que, el día 24 de noviembre de 2021, a
las 14:08 horas, se había recibido notificación electrónica desde la
dirección de correo de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de
Madrid, adjuntando la Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la
Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se declaró la
pérdida del derecho al cobro de la subvención inicialmente asignada a la
Comunidad de Madrid para costear diversos proyectos contractuales en
Nuevo Baztán.
En ese requerimiento la corporación local manifestaba que, ?en la
resolución de incoación del procedimiento se otorgó a la entidad
beneficiaria el plazo de 15 días para que adujese las alegaciones y/o
aportase la documentación justificativa que considerase oportunas. Pues
bien, salvo por lo recogido en la Resolución definitiva de pérdida de
derecho al cobro, el Ayuntamiento requirente no ha tenido noticia
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fehaciente alguna de las alegaciones que en su caso haya aducido la
Comunidad de Madrid, ni si las adujo o no?.
La Orden de 1 de marzo de 2022, del Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior inadmitió el indicado requerimiento previo a la vía
contencioso-administrativa formulado por la alcaldesa-presidenta del
Ayuntamiento de Nuevo Baztán, contra la resolución que había
declarado la pérdida del derecho al cobro de la subvención asignada a la
Comunidad de Madrid, de la que era beneficiaria el ayuntamiento, con
argumento en que la resolución lesiva de los intereses del municipio
procedía de la AGE, motivo por el que la administración autonómica
carecía de potestad para revocarla o anularla. Además, se indicaba que
resultaba improcedente ese requerimiento como mecanismo para
formular pretensiones resarcitorias, y que las mismas debieran
reclamarse por la vía de la responsabilidad patrimonial.
Dicha orden fue notificada al Ayuntamiento de Nuevo Baztán a
través de la Oficina de Registro Virtual de Entidades Locales (ORVE) el 4
de marzo de 2022.
No consta que del requerimiento efectuado por la administración
local se diera traslado a la Secretaría de Estado de Política Territorial del
Ministerio de Política Territorial, frente al que también se dirigía.
Con fecha 25 de noviembre de 2022, tuvo entrada en el registro de
la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, la reclamación de responsabilidad patrimonial
que motiva este procedimiento, formulada por la alcaldesa-presidenta del
Ayuntamiento de Nuevo Baztán, como consecuencia de los perjuicios que
para el citado municipio se habrían derivado de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Política Territorial de 8 de noviembre de 2021,
por la que se declaró la pérdida del derecho al cobro de la subvención
asignada a la Comunidad de Madrid, en virtud de la Resolución de 17 de
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noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Función Pública, de la que la indicada entidad local era beneficiaria; a
causa de la pretendida inobservancia de las obligaciones que, en su
condición de beneficiaria de la citada subvención, correspondían a la
Comunidad de Madrid.
TERCERO.- A causa de la referida reclamación se instruyó un
procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), del que constituyen
aspectos a destacar en su tramitación, los siguientes:
Mediante oficio de 22 de diciembre de 2022 la Subdirección
General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo de la Secretaría
General Técnica de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior comunicó a la entidad local reclamante el inicio del
procedimiento, con indicación de la normativa aplicable y del sentido
desestimatorio del eventual silencio administrativo. Igualmente se
interesó la aclaración en un plazo de 10 días de diversos extremos de la
reclamación, ex. artículo 68.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en adelante LPCA, teniendo al ayuntamiento reclamante por desistido de
la misma, en otro caso.
En concreto se le interesó la aclaración de las cuantías reclamadas
y la identificación de los proyectos de obras promovidos por el
Ayuntamiento de Nuevo Baztán respecto de los cuales se indicaba que se
había remitido a la Comunidad de Madrid la documentación justificativa
de su adjudicación en plazo, con aportación de copia de la señalada
documentación y de los justificantes de su remisión.
También se le pidió indicación sobre si por los mismos hechos se
seguían otros procedimientos de reclamación, si la entidad local
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reclamante había ya sido indemnizada por alguna entidad, compañía o
mutualidad de seguros, o por cualquier otra entidad pública o privada.
Mediante sucesivos escritos presentados telemáticamente los días
10 y 12 de enero de 2023 -el primero sin firmar y el segundo firmado, si
bien con firma de 9 de enero-, la alcaldesa presidenta de la corporación
local reclamante explicó las razones determinantes de la fijación de la
cuantía principal y accesoria reclamada, en la forma que ya se indicó al
referirnos a la reclamación formulada. Asimismo, adjuntó copia de los
decretos de adjudicación de cinco contratos administrativos de obras, así
como los justificantes de su remisión telemática a la Comunidad de
Madrid, los días 31 de marzo y 4 y 5 de abril de 2021. También se indicó
que no se había recibido indemnización alguna por los mismos hechos,
que no se seguía reclamación judicial o administrativa por su causa, ni
frente a la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial de
8 de noviembre de 2021, por la que se declaró la pérdida del derecho al
cobro de la subvención asignada a la Comunidad de Madrid, ni tampoco
contra la Resolución de 24 de febrero de 2022, por la que, la Secretaría
de Estado de Política Territorial inadmitió el requerimiento previo a la vía
contencioso-administrativa formulado por el municipio.
Seguidamente, se solicitó la emisión del informe previsto en el
artículo 81.1 de la LPAC y la incorporación de copia del expediente que
documentara las actuaciones seguidas con ocasión de la subvención
solicitada por la Comunidad de Madrid, a instancias del Ayuntamiento
de Nuevo Baztán, al amparo de lo establecido en la Resolución de 25 de
mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública.
En su virtud, se emitió un informe de fecha 2 de marzo de 2023,
suscrito por el director general de Seguridad, Protección Civil y
Formación.
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En el mismo se indica que la posición de beneficiaria que ostentaba
la Comunidad de Madrid respecto de la subvención analizada en este
procedimiento, la hacía responsable de cumplir los requisitos de la
convocatoria, como si los fondos fueran para sí misma.
De ese modo, la Comunidad de Madrid, por medio de la firma de la
subdirectora general de Protección Civil y el visto bueno del director
general de Seguridad, Protección Civil y Formación, tenía que certificar la
adjudicación de las obras de cada uno de los proyectos asignados al
Ayuntamiento de Nuevo Baztán, a la vista de los certificados de
adjudicación que dicho ayuntamiento debería haberle remitido para su
presentación, antes del 20 de febrero de 2021.
Además, destaca el informe que, de acuerdo con el resuelvo cuarto
de Resolución del secretario de estado de Política Territorial y Función
Pública de 25 de mayo de 2020, todos los trámites se habrían de llevar a
cabo de forma electrónica, a través de la aplicación informática ?Aura-
Subvenciones para catástrofes naturales? disponible en el portal de
Entidades locales https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/, y en el
apartado en el que detallaba la indicada resolución, para lo cual era
preciso que los representantes legales de dichas entidades cumplieran
con los requisitos técnicos especificados en la mencionada aplicación, a
través del aplicativo AURA.
Esas circunstancias técnicas y los requerimientos temporales se
comunicaron el 23 de diciembre de 2020 al Ayuntamiento de Nuevo
Baztán, mediante escrito de la subdirectora general de Protección Civil,
solicitando a la administración local que trasladara la información
precisa a través del referido aplicativo. En concreto se les dijo:
?...necesitamos que nos remitan en el menor plazo de tiempo posible,
para poder cumplir con los plazos establecidos, toda la
documentación y los certificados de todas las adjudicaciones, que
contengan los siguientes datos:
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a) Número y denominación del proyecto.
b) Entidad Contratante.
c) Fecha de adjudicación, en el supuesto de ejecución de obras por
administración se hará referencia a la fecha de aprobación del gasto.
d) Precio de adjudicación (IVA incluido), en el supuesto de obras por
administración se hará referencia al importe del gasto aprobado
(excluido, en su caso, gastos de personal).
e) NIF y nombre del adjudicatario.
f) Fecha prevista de finalización?.
Frente a lo precisado, los días 31 de marzo, 4 y 5 de abril de 2021,
de los once proyectos concedidos al ayuntamiento, la entidad local sólo
trasladó información de cinco de ellos, a través del Registro de la
Consejería de Administración Local y Digitalización y respecto de los
mismos, aportó como única documentación justificativa los
correspondientes decretos de alcaldía. Dicha documentación tuvo
entrada en la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y
Formación el 8 de abril de 2021.
En definitiva, el informe concluye que: ?A pesar de las
comunicaciones efectuadas desde este centro directivo, en particular la del
23 de diciembre de 2020 por la que se informa del cambio de tramitador
en la Comunidad de Madrid, así como los correos electrónicos entre ambas
administraciones, el Ayuntamiento de Nuevo Baztán decide presentar sin
la diligencia debida, o al menos por error, los decretos de alcaldía antes
citados en el registro de la Consejería de Administración Local y
Digitalización, y no ante la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
Además, al contrario que en otras ocasiones que se han acreditado, no se
envía ni por correo electrónico ni por llamada telefónica a la S.G. de
18/29
Protección Civil aviso alguno de que se ha presentado documentación
alguna. En este caso en particular, y tras más de tres meses de
comunicaciones con la S.G. de Protección Civil, este centro directivo
considera que había quedado perfectamente determinado tanto lo que
debía presentarse como ante qué órgano.
Hay que tener en cuenta que no nos encontramos ante un ciudadano
común que desconoce la estructura y organización interna de las
Administraciones Públicas, sino ante una administración conocedora del
órgano y unidad que debía presentar la documentación en el aplicativo
AURA del Estado?.
En cuanto al fondo de la documentación presentada, los decretos de
alcaldía referentes a los cinco proyectos no se correspondían con el tipo
de documentación solicitada, ya que como se ha puesto de manifiesto
anteriormente, tanto la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, como el
escrito de la Subdirección General de Protección Civil de 23 de diciembre
de 2020 consignan como característica de la documentación a presentar
por parte del ayuntamiento, la certificación por parte del secretario del
ayuntamiento de los extremos contemplados en el artículo 12 de Orden
HAP/196/2015, de 21 de enero, para que la Comunidad de Madrid
pudiera a su vez certificar y remitir en el Anexo II de la citada orden al
departamento ministerial competente.
A resultas de todo ello, el informe explica que la AGE inició un
procedimiento de declaración de pérdida de derecho al cobro de las
subvención, por Resolución de 13 de mayo de 2021 de la Dirección
General de Cooperación Autonómica y Local, que concluyó con la
Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial, recibida el 12 de noviembre y que dicha resolución
fue comunicada al ayuntamiento por la Delegación de Gobierno en la
Comunidad de Madrid, el día 24 de noviembre de 2021, según indica el
propio ayuntamiento reclamante en el encabezamiento del requerimiento
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previo formulado (?Que el 24 de noviembre de 2021, a las 14:08 horas, se
recibió notificación electrónica desde la dirección de correo electrónico
proteccion_civil.madrid@correo.gob.es, en la que se adjuntaba la
Resolución de 8 de noviembre de 2021??).
También se indica que, la suma de las cantidades correspondientes
al importe máximo de subvención asignada de los cinco proyectos
presentados -los números 973, 984, 986, 990 y 992-, era de 329.273,50
?, desconociendo en qué fundamentaba el ayuntamiento la cuantía de
589.305 ? que pretendía, puesto que como máximo la ayuda podría
haber alcanzado la cuantía antes citada.
Además, precisa el informe que, el límite del 50% subvencionable,
debía de calcularse con respecto al importe real de obra ejecutada, de
modo que, que para poder determinar el daño que pretende el
ayuntamiento, habría que calcularlo en el momento de la adjudicación.
Por tanto, admitiendo ?pese a no estar certificadas-, las cuantías que
figuran en los decretos de la alcaldía aportados, la cuantía resultante
sería 257.632,49 ?.
No obstante, se destaca que el ayuntamiento reclamante reconoce
que sólo ha podido ejecutar los proyectos 986, 990 y 992 y que
calculando el 50% subvencionable de su valor, la cantidad en que se
habría concretado el daño es de 168.544,42 ? y, por tanto afirma que,
con la precaución de que esta administración no posee los certificados de
ejecución de las obras de los proyectos 986, 990 y 992, que acrediten la
efectiva realización de la obra y el precio final por el que se ejecutaron,
ese centro directivo entiende que la cuantificación más ajustada en
derecho que pudiera corresponderle al ayuntamiento, en el caso de no
ser tenido en cuenta todo lo antedicho sobre los elementos de
responsabilidad patrimonial examinados, sería de 168.544,42 ?.
20/29
En ese estado de tramitación del procedimiento se concedió trámite
de audiencia a la entidad local reclamante y a la aseguradora de la
Comunidad de Madrid, en fechas de 31 de mayo y 6 de junio de 2023,
respectivamente.
El Ayuntamiento de Nuevo Baztán interesó la remisión de copia
completa del expediente el día 16 de junio de 2023, constando su
efectiva recepción y, sin efectuar posteriores alegaciones finales, se
formuló propuesta de resolución con sentido desestimatorio de la
reclamación formulada, el día 2 de noviembre de 2023, suscrita por el
secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura e Interior.
CUARTO.- La solicitud de dictamen ha tenido entrada en el registro
de la Comisión Jurídica Asesora el 19 de febrero de 2024,
correspondiendo su estudio, por reparto de asuntos (expediente 98/24) a
la letrada vocal Dña. Carmen Cabañas Poveda, que formuló la propuesta
de acuerdo, aprobada por el Pleno de este órgano consultivo en la sesión
de 4 de abril de 2024.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de
Madrid emite su dictamen preceptivo conforme a lo dispuesto en el
artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, por tratarse de
una reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida frente a la
administración autonómica de cuantía superior a quince mil euros. El
dictamen ha sido solicitado por el consejero de Medio Ambiente,
21/29
Agricultura e Interior, de conformidad con el artículo 18.3.c) del
ROFCJA.
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP) y por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPAC).
La entidad local reclamante está legitimada para promover el
procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 32
de la LRJSP, puesto que, con independencia del posterior análisis del
daño, en términos generales no puede negarse que constituya un
quebranto económico para la misma la pérdida del derecho a una
subvención nominativa, que previamente le había sido asignada, como
ocurre en este caso.
El últimamente mencionado artículo 32 de la LRJSP, al igual que el
art. 106.2 CE, hace referencia a los ?particulares?, pero ciertamente se
debe entender por particulares tanto a las personas físicas como a las
personas jurídicas, entre las cuáles también se pueden encontrar otras
Administraciones Públicas, tal y como indica la STS 1120/2016 de 16 de
marzo, en su fundamento jurídico tercero: ?No puede aceptarse la
conclusión de que la institución de la responsabilidad patrimonial no
puede aplicarse cuando el perjudicado sea una Administración pública
frente a otra, con el fundamento de que el artículo 139 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e incluso el artículo 106 de la Constitución, se
refiera a "los particulares" al regular la institución, porque no lo hace en el
sentido estricto de personas privadas frente a las jurídico-públicas y, como
se ha dicho, en esa relación puede producirse lesión, en sentido técnico
jurídico y, por tanto, la condición de perjudicado puede concurrir en una
relación interadministrativa, por lo cual nada impide que pueda entrar en
22/29
juego la necesidad de restitución del perjuicio ocasionado, cuando no
exista, por parte de una Administración pública, la obligación de
soportarlo y los demás presupuestos de la institución?.
Respecto a la legitimación pasiva, corresponde a la administración
autonómica madrileña, pues la Comunidad de Madrid era la beneficiaria
de la subvención y, conforme a su normativa reguladora, era la
interlocutora con la AGE y era responsable de cumplir los requisitos de
la convocatoria, como si los fondos fuera para sí misma y, en concreto,
por medio de la firma de la Subdirectora General de Protección Civil y el
visto bueno del Director General de Seguridad, Protección Civil y
Formación, tenía que certificar la adjudicación de las obras de cada uno
de los proyectos asignados al Ayuntamiento de Nuevo Baztán, cuyo
retraso se considera motivador de la responsabilidad que se reclama.
En cuanto al plazo, conforme al artículo 67.1 de la LPAC: ?Los
interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a
reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o
el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo??.
En el supuesto analizado, según consta, la corporación local
formuló un requerimiento previo del artículo 44 de la LJCA, frente a la
resolución de 8 de noviembre de 2021, presuntamente causante del daño
por el que se reclama, dirigiéndolo frente a la Administración de la
Comunidad de Madrid, y frente a la AGE y no fue hasta el día 1 de marzo
de 2022, cuando se dictó una resolución -notificada a la corporación
local reclamante el día 4 de marzo- que puso fin a esa vía,
inadmitiéndolo.
Por lo expuesto y dada la virtualidad teórica de ese requerimiento
de conducir a la modificación de la resolución de 8 de noviembre de
2021 que se reputa causante del daño y en coherencia con el principio
pro actione, que propugna una interpretación restrictiva de la institución
23/29
de la prescripción, tendremos la presente reclamación por formulada en
plazo legal.
En materia de procedimiento, se han observado los trámites legales
pues se ha incorporado el informe del servicio que se considera causante
del daño, se ha conferido el oportuno trámite de audiencia a la
reclamante y, por último, se ha formulado la correspondiente propuesta
de resolución que ha sido remitida, junto con el resto del expediente, a la
Comisión Jurídica Asesora para la emisión del preceptivo dictamen.
TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración
se rige por el artículo 106.2 de la Constitución Española a cuyo tenor:
?Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho
a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos?. El desarrollo
legal de este precepto se encuentra contenido actualmente en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en
adelante, LRJSP), completado con lo dispuesto en materia de
procedimiento en la LPAC.
En concreto, el artículo 32 de la LRJSP se expresa en los siguientes
términos: ?Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley?.
Por tanto, para apreciar la existencia de responsabilidad
patrimonial de la Administración, de conformidad con constante
jurisprudencia, por todas, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso de
24/29
casación 1111/2015) y 25 de mayo de 2016 (recurso de casación
2396/2014), se precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de
personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata
y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que
pudieran influir, alterándolo, en el nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009
(recurso 1515/2005) ?no todo daño causado por la Administración ha de
ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión
resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de
antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de
soportar los daños derivados de la actuación administrativa?.
De esa forma, en cuanto la responsabilidad de la Administración es
de resultado, lo relevante no es el proceder antijurídico de la
Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, de forma
que aunque, como se acaba de decir, es imprescindible que exista nexo
causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el
resultado lesivo o dañoso producido, sólo son indemnizables las lesiones
producidas por daños que el lesionado no tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la ley.
25/29
CUARTA.- Corresponde a continuación determinar si en la
presente reclamación concurren los requisitos anteriormente indicados,
para valorar su prosperabilidad.
En el caso que nos ocupa y a la vista de la línea argumental de la
administración local reclamante, resulta ineludible determinar en primer
lugar la cuestión capital de si el incumplimiento del plazo previsto para
la certificación de los contratos subvencionables, por parte de la
Comunidad de Madrid, requerida en las bases de la convocatoria ?ex.
artículo 12 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero y su anexo II-, se
debe o no reputar una actuación negligente.
La respuesta a la cuestión últimamente formulada, a la vista del
desarrollo factico anteriormente expuesto, debe ser forzosamente
negativa, según argumenta el informe de 2 de marzo de 2022, de la
Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, siendo ese el centro
directivo al que hubiera correspondido emitir la certificación, a partir de
la información proporcionada in extremis por la administración local.
Ese informe destaca que, los decretos de adjudicación de las obras
remitidos estaban firmados únicamente por la alcaldesa-presidenta y no
se hallaban certificados por el secretario municipal y, además, que en la
mayoría de esos decretos presentados tampoco se incluían referencias al
plazo de ejecución de las obras o al inicio de dicha ejecución, haciendo
imposible efectuar una estimación de la fecha prevista para la
finalización de las mismas, en los términos exigidos por el precitado
artículo 12 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero.
Efectivamente, el artículo 12.1 de la referida orden comprensiva de
las bases reguladoras de las subvenciones, determina que el certificado,
emitido por las entidades beneficiarias en atención a la documentación
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aportada por las entidades ejecutoras de las obras, debería especificar
los siguientes datos:
a) Número y denominación del proyecto.
b) Entidad Contratante.
c) Fecha de adjudicación, en el supuesto de ejecución de obras por
administración se hará referencia a la fecha de aprobación del gasto.
d) Precio de adjudicación (IVA incluido), en el supuesto de obras por
administración se hará referencia al importe del gasto aprobado
(excluido, en su caso, gastos de personal).
e) NIF y nombre del adjudicatario.
f) Fecha prevista de finalización.
Por tanto, la documentación aportada por la administración local,
no se correspondía formal, ni materialmente, con el tipo de
documentación requerida por las bases de la convocatoria de
subvenciones y no resultaba idónea para acreditar la adjudicación de las
obras en los términos y con la extensión requerida por esa normativa
rectora, dentro del plazo previsto al efecto, que finalizaba el 5 de abril de
2021.
A mayor abundamiento, a la hora de evaluar la trascendencia del
retraso en la que se pretende fundar la reclamación patrimonial,
debemos considerar igualmente las circunstancias y las fechas en que se
remitieron a la administración autonómica los 5 decretos de
adjudicación de los contratos de obras remitidos, toda vez que se
remitieron sin efectuar aviso previo de que así iba a hacerse en el último
momento, máxime cuando existía una dinámica de comunicación entre
la administración local y la autonómica en relación con la gestión de esta
subvención y, además, considerando que la indicada remisión se efectuó
27/29
los días 31 de marzo, 4 y 5 de abril de 2021; siendo los días 1, 2, 3 y 4
de abril de 2021 inhábiles, al coincidir, respectivamente, con las
festividades de Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo, ese año.
A la vista de tales particulares circunstancias, la exigencia a la
administración autonómica del comportamiento cuya omisión se
pretende causante de responsabilidad, supondría extender hasta límites
inasumibles el estándar del funcionamiento exigible a los servicios
públicos.
En ese mismo sentido y con particular referencia al nexo de
causalidad entre el daño y el servicio público, la Audiencia Nacional, en
su Sentencia de 12 de mayo de 2017 (Rec. 662/2015), dispuso ?la
relación de causalidad no opera del mismo modo en el supuesto de
comportamiento activo que en el supuesto de comportamiento omisivo.
Tratándose de una acción de la Administración, basta que la lesión sea
lógicamente consecuencia de aquélla. En cambio, tratándose de una
omisión de la Administración, no es suficiente una pura conexión lógica
para establecer la relación de causalidad. Si así fuera, toda lesión
acaecida sin que la Administración hubiera hecho nada por evitarla sería
imputable a la propia Administración, lo que conduciría a una ampliación
irrazonablemente desmesurada de la responsabilidad patrimonial de la
Administración. A la Administración sólo se le puede reprochar no haber
intervenido si, dadas las circunstancias del caso concreto, estaba obligada
a hacerlo?.
También esta Comisión se ha referido a la debida ponderación de
las dilaciones en la tramitación administrativa, al analizar supuestos de
pretendidos retrasos en materia urbanística o en relación con la
concesión de licencias, en los dictámenes 10/18, de 11 de enero y
290/19, de 4 de julio o en el más reciente 14/24, de 11 de enero, en los
que se diferencian las dilaciones justificadas en la complejidad del
procedimiento o en el propio comportamiento de los afectados, de las
28/29
irrazonables, indicando que las primeras no determinarían la existencia
de responsabilidad y resulta evidente que, en este caso, la emisión de la
certificación pretendida en plazo, hubiera excedido en mucho de la
razonable diligencia exigible al servicio público reclamado.
Además, a la vista de las particulares circunstancias concurrentes
en este caso, tampoco puede apelarse a la vulneración del ?principio de
confianza legítima? en la gestión de la administración autonómica, para
fundamentar la pretensión de la presente reclamación patrimonial,
puesto que de las comunicaciones entre las administraciones local y
autonómica precisamente se desprendía que la primera no podría
proporcionar debidamente los datos necesarios para que la Comunidad
de Madrid los certificara en plazo, a diferencia de lo que sucedía en otros
casos en que sirvió para hacer prosperar alguna reclamación patrimonial
en el contexto de la gestión de subvenciones nominativas. Así, en la
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2016, dictada por la
Sala Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en el Recurso nº
1354/2014, que desestimó un recurso de casación frente a la anterior
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 6 de marzo de 2014, confirmando
así su pronunciamiento favorable a la estimación de la reclamación, por
ese motivo.
Finalmente, en cuando a la necesaria certeza del daño reclamado
por el cauce de la responsabilidad patrimonial de la administración,
indicar que a la vista de las bases reguladoras de estas subvenciones, la
suerte y la cuantía que finalmente fuera concedida y abonada a las
administraciones beneficiarias de las subvenciones, dependería de las
efectivas circunstancias de la ejecución de los contratos inicialmente
designados, por lo que las cantidades reclamadas no pueden por menos
que calificarse como ?expectativas económicas?, pero en ningún caso
participan de las notas de certeza, seguridad y acreditación del daño que
reclama la institución en cuya virtud se reclaman.
29/29
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula
la siguiente
CONCLUSIÓN
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial al no
concurrir el necesario nexo causal entre el daño y el servicio público.
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según
su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de
quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo
establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 4 de abril de 2024
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 174/24
Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
C/ Alcalá, 16 - 28014 Madrid
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