Caso práctico: Negligencia médica en un embarazo de alto riesgo

PLANTEAMIENTO

«A» con un embarazo de 35 semanas y de alto riesgo acudió a urgencias por molestias abdominales, donde se le revisó y se citó para esa misma tarde para monitorizarla. Tal control de monitores indicó que la frecuencia cardíaca fetal estaba alterada, pese al resultado se envió a «A» a su domicilio con cita para una nueva revisión pasadas las 24 horas.

Al día siguiente por la mañana acudió a su cita de control con diagnóstico de muerte fetal intraútero.

«A» pretende una indemnización por negligencia médica ya que entiende que la conducta adecuada del personal sanitario hubiera sido su ingreso para el control del bienestar fetal, y de haber permanecido el patrón de frecuencia cardíaca fetal alterado haber finalizado el embarazo.

¿Prosperará la pretensión de «A»?

RESPUESTA

Para resolver el presente caso práctico vamos a basarnos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia n.º 510/2023, de 14 de junio, ECLI:ES:TSJCV:2023:2960, que resuelve un caso similar al aquí planteado.

En primer lugar, cabe señalar que para que opere la responsabilidad patrimonial de la administración se exige la antijuricidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. En el ámbito de la actuación médica o sanitaria no es suficiente que exista una lesión, sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis para determinar si la actuación médica ha sido la correcta con independencia del resultado producido. 

Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en la sentencia 418/2018, de 15 de marzo, ECLI:ES:TS:2018:1084, señala:

«En definitiva, la pérdida de oportunidad exige tomar en consideración dos elementos: el grado de probabilidad de que la actuación médica omitida hubiera podido producir un resultado beneficioso y el alcance o entidad del mismo».

Asimismo, parece que en el presente caso la actuación médica no se ajustó a la lex artis ya que dado el resultado de las pruebas realizadas a «A» lo adecuado sería proceder a su ingreso y control, aunque dicha actuación no garantizara, necesariamente, la supervivencia del feto.

Por lo tanto, en atención a todo lo anterior, será de aplicación a este caso la doctrina de la pérdida de oportunidad, en la que la en la que la jurisprudencia incide en el nexo causal y, conforme a ella, no es el fallecimiento en sí mismo, sino la pérdida de expectativas de supervivencia el daño imputable al servicio público sanitario que la actora no tiene el deber de soportar. Señala la sentencia que, aunque la obligación médica es de medios y no de resultados, el paciente tiene derecho a que se le proporciones los medios que la ciencia médica establece como adecuados para su padecimiento.

Por tanto, concluye la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia:

«Concurren, pues, en estos términos, los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración que se reclama por la demandante por anormal funcionamiento del servicio público sanitario, debiendo, conforme a lo expuesto, concretarse el daño indemnizable, no en el fallecimiento del neonato, sino en la pérdida de oportunidad de supervivencia. Esta pérdida de oportunidad de supervivencia se cuantifica por la Sala a la vista de los diferentes informes médicos y del resultado de la autopsia en un 50%, lo que supone reconocer una indemnización de 45.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa».

En definitiva, posiblemente la pretensión de «A» prospere en los tribunales y sea indemnizada.